Domingo, 09 Junio 2013 06:09

Diez días seguidos de furia en Turquía

Diez días seguidos de furia en Turquía

Decenas de miles de ciudadanos se reunieron ayer en la céntrica plaza Taksim de Estambul, epicentro de las protestas antigubernamentales que desde hace diez días sacuden Turquía. Al mismo tiempo que el gobernador de Estambul, Hüseyin Avni Mutlu, descartaba un nuevo desalojo de los miles de manifestantes que desde hace más de una semana ocupan el parque Gezi, el partido del primer ministro Tayyip Erdogan rechazaba los pedidos de elecciones adelantadas. “No existe motivo alguno para llamar a elecciones anticipadas. El gobierno, el Parlamento y el gabinete funcionan a la perfección”, explicó el vicepresidente del Partido Justicia y Desarrollo (AKP) de Erdogan, Hüseyin Celik, tras mantener una reunión con la cúpula del partido. “El mundo está lideando con una crisis económica y las cosas están yendo bien en Turquía. Las elecciones no se convocan porque hay gente marchando en las calles”, agregó.

 

Por su parte, Erdogan había manifestado el viernes estar abierto a las exigencias democráticas y había rechazado las acciones violentas en un gesto dirigido a calmar los ánimos de los manifestantes que reclaman su dimisión y a reducir la presión de la Unión Europea (UE), preocupada por la violencia policial. Después de mostrarse firme contra los extremistas el jueves por la noche ante sus partidarios, el jefe del gobierno turco adoptó un tono más conciliador al declararse dispuesto a escuchar todas las reivindicaciones democráticas. “Estamos en contra de la violencia, el vandalismo y las acciones que amenazan a los otros en nombre de las libertades, pero recibimos de todo corazón a los que vienen con exigencias democráticas”, había dicho Erdogan en Estambul.

 

Pasado el mediodía, numerosas organizaciones feministas se dieron cita en la cercana calle Istiklal para iniciar una marcha “por una vida sin abusos y sin Tayyip”. Las mujeres se mantienen en la primera fila de las protestas desde que éstas se iniciaron, el martes 28 de mayo, en defensa de un parque público de Estambul, que pronto se convirtieron en un movimiento de crítica al estilo autoritario del AKP, un partido islamista moderado. “La gente está enfadada con el primer ministro, pero las mujeres están más enfadadas aún, porque desde hace diez años son el blanco del ataque de todos sus discursos, como cuando quiso prohibir el aborto”, explicó Asli Goymen, secretaria de redacción en una revista y una de las manifestantes. La activista se quejó de que el actual gobierno no ha hecho nada para frenar el acoso a las mujeres en el espacio laboral. “Esto es el inicio de una nueva era”, pronosticó.

 

Además, las hinchadas de dos de los tres clubes de fútbol más importantes de Estambul, el Fenerbahce y el Besiktas, marcharon hacia la plaza desde sus respectivos estadios al grito de “¡Tayyip renuncia!” y “¡Codo a codo contra el fascismo!”. Los hinchas reemplazaron en parte la presencia de los estudiantes universitarios, que normalmente son el grueso de los manifestante en la plaza, pero que se encontraban ocupados en una jornada de exámenes.

 

La represión policial con la que el gobierno respondió a las primeras manifestaciones, que dejó al menos 3 muertos y más de 5000 heridos, provocó que las movilizaciones se extendieran a las principales ciudades del país. Ayer en Ankara, la capital del país, al igual que en el parque Gezi de Estambul, la policía había recibido la orden de retirarse del parque Kugulu Park, después de varios días de represión contra los manifestantes.

 

“Esto es un levantamiento del pueblo. El pueblo está enojado. Algunas fuerzas políticas intentan utilizar este movimiento para intimidar al gobierno, no para buscar un nuevo futuro”, explicó Kemal Okuyan, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Turquía (TKP). Okuyan también descartó que se trate de una crisis revolucionaria como intentan presentarla desde algunos sectores. “Estamos muy lejos de ella. Al menos por ahora”, explicó. Sin embargo, ni Erdogan ni el AKP esperaban que las protestas y la respuesta del gobierno desencadenaran una manifestación masiva en todo el país.

 

“Afortunadamente, no hay motivos para convocar elecciones anticipadas”, dijo Celik, tras el encuentro, al que acudió Erdogan. También insistió en que el Ejecutivo estaba abierto a escuchar demandas razonables de los ciudadanos. La Plataforma Taksim, que coordinó las primeras protestas contra la urbanización del parque Gezi, insistió ayer en pedir la dimisión de quienes consideran responsables de abusos policiales contra manifestantes. Entre ellos nombraron a los gobernadores y jefes policiales de Estambul, Ankara y Hatay. Celik volvió a referirse a que la ola de protestas estaba manipulada por la oposición política y que pretendían echar sombra sobre los éxitos del gobierno, como la apertura de un proceso de paz con la guerrilla kurda o la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

 

Celik trató además de suavizar las acusaciones de Erdogan en los primeros días de protestas, cuando dijo que los manifestantes eran saqueadores, extremistas y delincuentes. “El primer ministro habló de tres o cinco saqueadores”, dijo, tratando de revertir el impacto de la palabra, que se ha convertido en símbolo de la revuelta y sinónimo de luchador por los derechos. También aseguró que las autoridades locales compartirán con los manifestantes los planes de reurbanización del parque Gezi, la mecha que encendió las protestas, y que no hay, en ese sentido, motivo de preocupación.

Publicado enInternacional
Lunes, 03 Junio 2013 07:03

El arte de la política pública

La crisis económica sigue en pleno curso. Es, ciertamente, de índole global y tiene un rasgo específico que la define: se centra en los países más ricos y desarrollados, de donde se extiende y ramifica por todas partes. En ese entorno han surgido y persisten hondas disputas políticas e ideológicas para administrarla. De ellas no han surgido medidas claras ni se desprende una dirección de salida técnica ni políticamente validada.

 

Esas disputas han reivindicado la aguda apreciación de Kindleberger (en Manías, pánicos y crisis, publicado en 1978), de que en condiciones de grave crisis y desajustes económicos y sociales “el análisis último del quehacer de la política económica internacional… es un arte”. Expresa además que eso “no dice nada y lo dice todo”.

 

Son crecientes las críticas que se hacen a la gestión de la crisis en la Unión Europea, donde las medidas de austeridad han prevalecido sobre cualquier acción decisiva para detener el desempleo y la caída del producto, reordenar el uso de los recursos y reforzar las estructuras sociales. Se ha enfocado la atención, en cambio, en la salvaguarda de un sistema financiero que requiere un replanteamiento a fondo y en la contabilidad de la deuda pública bajo criterios bastante estrechos.

 

Esta deuda se ha desatado violentamente en varios casos a causa de la misma crisis y en otros la ha agravado. En las circunstancias que enmarcan el funcionamiento de los mercados financieros globales no hay forma de refinanciar la deuda de modo que sea menos gravosa para la parte más frágil de la sociedad europea. La contienda por el excedente es feroz y profundamente desigual. De ahí se ha derivado una rígida austeridad y la parálisis de los negocios.

 

El ajuste de las cuentas públicas es, al mismo tiempo, un ajuste de cuentas políticas que está dejando a la gente en condiciones de mucha debilidad, a jóvenes y viejos por igual. No sólo en materia de empleos e ingresos, lo que ya es suficientemente serio, sino en lo relativo a vivienda, educación, salud y pensiones. En ese entorno la distribución de los ingresos y la riqueza se hace aún más inequitativa.

 

La población ha aguantado cada vez con menor capacidad el rigor de la crisis y la imposición política de sus gobiernos y de las autoridades de la Unión Europea. Pero la resistencia se agota desde Lisboa hasta Grecia, pasando prácticamente por todos los países; así ocurre de modo notorio hasta en la antes modélica Suecia por su mayor igualdad social.

 

Este no es, por supuesto, el arte al que se refería Kindleberger. Este es, más bien, un desastre. Los costos ya incurridos se pueden medir y son muy grandes; los que aún habrá que afrontar pueden ser todavía mayores. Todo esto a pesar de las declaraciones hueras de los gobernantes en turno y, todavía más, de los funcionarios comunitarios, quienes van de un desacierto a otro.

 


Concebir la política económica, incluso la política pública en general, como un arte no significa que no requiera de un sustento técnico, como ocurre con cualquier expresión de calidad este tipo. Ni una ni las otras se improvisan.

 

Tampoco está al margen de los consensos sostenibles entre partidos y gobierno, y entre éste y la sociedad. Y en el cimiento de todo este complejo proceso está la dimensión temporal, que es implacable y que, en última instancia, se remite a la unicidad de la vida humana y su relativa brevedad. Ni modo, en el largo plazo en verdad todos estaremos muertos.

 

En México padecemos de modo directo las repercusiones de la crisis. Algunas se expresan como freno al crecimiento productivo y sus secuelas en términos de la creación de empleo formal, recaudación de impuestos, pobreza y definición de las prioridades para la asignación de los recursos.

 

El gobierno ha acometido una serie de reformas, como la laboral, la educativa y la de telecomunicaciones, y ha presentado iniciativas para otras más, como el caso de la reforma financiera y faltan la fiscal y la política. Estas modificaciones tienen que ubicarse necesariamente en el marco global y en las particularidades de las relaciones económicas y políticas del país.

 

Todo esto se presenta con el sustento técnico correspondiente, según las visiones que se tienen en el gobierno; sobre esto se puede discutir ampliamente. De modo similar se puede discrepar sobre sus características en función de un objetivo primordial, que es el crecimiento sostenido y articulado de la economía y su efecto sobre el bienestar general.

 

Esa parte, que incluye el arte a la manera de Kindleberg, no es evidente en cuanto a su articulación en las acciones emprendidas y los consensos que se han alcanzado. Eso se trata de proponer en el Plan Nacional de Dasarrollo (2013-2018), pero de manera general y con una serie de estrategias sectoriales que no son sencillas de integrar conceptualmente ni consumar de manera práctica.

 

En una entrevista reciente, el presidente Mújica, de Uruguay, reflexionaba sobre el carácter de la política tanto en un sentido de los principios que se adoptan para actuar en ella como en su contenido pragmático. Lo comparaba con un juego de billar, en el que no es suficiente pegar a las bolas y meterlas en la buchaca o hacer una carambola. Es igualmente relevante el lugar donde queda colocada la bola con la que se tira para poder hacer la siguiente jugada con alguna ventaja. Esta es otra buena metáfora para analizar y conformar las políticas públicas y las reformas en curso.

Publicado enInternacional
El Banco Central gana un pulso al Gobierno en Brasil

La sorpresiva subida en Brasil de medio punto de los intereses por parte del Banco Central, que se han puesto en un 8%, uno de los más altos del mundo, ha sido vista no sólo como un hecho de cariz económico, sino también político. Los analistas destacan que el Banco Central, con una decisión tomada “por unanimidad”, ha ganado el pulso al Gobierno de Dilma Rousseff que apostaba por dejar los intereses como estaban.

 


Eso, porque 24 horas antes se había conocido el resultado, también inesperado a la baja de 0,6% del PIB del primer trimestre. Las previsiones del Gobierno eran de un 1.2%. Del palacio del Planalto habían hecho saber que un PIB , la mitad de lo esperado, debía hacer pensar al Banco Central para no aumentar los intereses.  En realidad, la pugna o dilema, desde que Dilma llegó al Gobierno, se juega entre inflación y crecimiento. En los años del Gobierno del expresidente Lula da Silva, todo el acento fue puesto en mantener la inflación a raya, para que los 30 millones de familias que habían sa

 

lido de la pobreza pudieran consumir tranquilas. A Lula Le preocupaba menos los altos intereses impuestos por el Banco Central.


 
Cuando Dilma llegó al Gobierno en 2010, manifestó enseguida su intención de poner el acento en el crecimiento económico, para lo cual necesitaba bajar los intereses. Fue una de sus banderas. Y consiguió bajarlos hasta un 7%. La inflación, junto a una disminución del crecimiento, se disparó saliéndose de la meta. Y el Banco Central paró el descenso de los intereses y hasta llegó aumentarlos de nuevo.


 
En un viaje a Africa, meses atrás, Dilma afirmó que no iba a sacrificar el crecimiento del país a causa de la inflación. Sus palabras sacudieron los mercados. La Presidenta protestó contra los que la habían “interpretado mal”. Y reafirmó que por ningún motivo “sacrificaría la inflación”. Se llegó a poner en tela de juicio la autonomía que el Banco Central había manifestado años atrás. La decisión de ayer ha dejado claro que Dilma respeta dicha autonomía aún cuando pueda verla en contraste con sus planes de crecimiento económico.


 
La semana pasada, el Presidente del Banco Central ya había hecho saber que “haría del todo para frenar la inflación”. Y lo ha hecho. El economista del MB Asociados, Sérgio Vale estaba convencido que el Banco Central, siguiendo la línea de Dilma, “preferiría la expansión de la actividad económica, en vez de centrarse en el combate a la inflación”. Con el resultado de la decisión del Banco Central en la mano, que ha colocado los intereses en un 8%, el economista ha afirmado hoy que el “Banco Central no estará libre de presiones políticas”. Y llega a decir: “Ciertamente el Banco Central será llamado por la presidenta y tendrá que revisar su posición en sus próximas decisiones".


 
Los meses próximos dirán, en efecto, si el Banco Central consigue bajar la inflación con su política de intereses altos o si con su sorpresiva decisión no agudizará aún más los problemas de crecimiento. El pulso sigue en pie.

 


Juan Arias 30 MAY 2013 - 16:41 CET3

Publicado enInternacional
Miércoles, 15 Mayo 2013 06:20

Segundas partes nunca fueron buenas

Segundas partes nunca fueron buenas

La mayoría de la gente esperaba que la demasiado familiar enfermedad de Washington se declarara, pero pocos predijeron que los síntomas aparecerían tan pronto. Seis meses después de su triunfante reelección, la segunda termitis golpeó al presidente Obama, acosado por escándalos simultáneos que podrían frustrar sus ya débiles esperanzas de pasar la nueva legislación en el Congreso. El giro es tanto más asombroso porque previamente la Casa Blanca de Obama había estado casi libre de escándalos, la única mancha era el fracaso de la empresa llamada Solyndra de energía solar. Pero los republicanos no tuvieron éxito en mostrar que 400 millones del dinero de los contribuyentes que se gastaron en Solyndra no era más que una apuesta a la alta tecnología que se frustraba.

 

Sin embargo, la administración está de pronto a la defensiva en tres frentes: su manejo del período posterior al ataque al consulado en Benghazi en septiembre pasado, el hecho de que las autoridades impositivas les apunten a los grupos políticos conservadores y ahora las escuchas secretas hechas por el Departamento de Justicia a los periodistas de la agencia Associated Press (AP), en su búsqueda por filtrar información sobre el frustrado complot de Al Qaida el año pasado. Nada se acerca a Watergate, que destruyó a Richard Nixon, o el asunto Irán-Contra que envolvió a Ronald Reagan.

 

Tampoco le otorgan todavía a Obama el estatus de “pato rengo” al que, antes o después, cada presidente recibe en su segundo mandato. Pero señalan una verdad eterna. Desde Franklin Roosevelt y su intento de formar una Corte Suprema tendenciosa, Nixon y Watergate, Reagan e Irán-Contra, a Bill Clinton y Mónica Lewinsky, y más recientemente George W. Bush y el huracán Katrina, caos en Irak y la crisis financiera de 2007-2008, los segundos mandatos están donde golpean los problemas.

 

De los tres, el asunto Benghazi parece el menos amenazante. Si se hubieran podido prevenir las muertes del embajador Christopher Stevens y tres miembros de su personal en el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2012, no sería más un tema. Lo que les molesta a los republicanos es la manera en la que la administración mostró los ataques. Y su presa es tanto la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton –a quien los republicanos ven como su más potente opositora en el 2016–, como Obama mismo.

 

Las controversias de la AP y de la Dirección General Impositiva (IRS, por sus siglas en inglés) pueden ser más dañinas. En la primera, el Departamento de Justicia está buscando no tanto el servicio de cables como el funcionario que filtró detalles de la operación en 2012 para frustrar un plan terrorista de la rama yemení de Al-Qaida para poner una bomba en un avión comercial con destino a Estados Unidos.

 

Se puede presumir que las administraciones demócratas son más relajadas con las filtraciones que las republicanas. No es así con la de Obama, que inició una acción penal contra seis funcionarios por filtrar información clasificada a los periodistas. El alcance de la investigación, según los expertos legales, es excepcional. En una carta al fiscal general, Eric Holder, Gary Pruitt, el presidente de AP, denunció una intrusión masiva y sin precedentes en la actividad periodística que no tiene justificativo posible y exigió la devolución de las grabaciones.

 

El asunto impositivo puede tener la mayor cantidad de ramificaciones y, por cierto, toca las cuerdas históricas más oscuras. Con su examinación del estatus libre de impuestos del Tea Party y otros grupos políticos de derecha, la dirección general impositiva trajo a la memoria la Casa Blanca de Nixon y su uso de las autoridades impositivas para perseguir a los opositores políticos, salvo que esta vez los roles están revertidos, siendo los conservadores el blanco.

 

En la conferencia de prensa del lunes con David Cameron, Obama describió la conducta del IRS, (que admite que fue inapropiada) como escandalosa. No tenía razón de ser y debe totalmente responsable de sus actos, dijo. Nadie está afirmando que el presidente haya ordenado la investigación, por cierto desde Watergate, los presidentes legalmente no pueden contactarse con el IRS. Que la misma pregunta actuó como ilustración de cómo los escándalos son distracciones para la más disciplinada Casa Blanca. Obama ya está aprendiendo la lección.

 

Por Rupert Cornwell, de The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12

Traducción: Celita Doyhambéhère.

Publicado enInternacional
El Estado de sitio, esta vez, para proteger la “inversión” canadiense

ALAI AMLATINA, 06/05/2013.-  El Presidente Otto Pérez Molina, militar retirado (acusado por sus ex camaradas como co responsable de genocidio cometido durante la guerra interna), decretó, el pasado 1 de mayo, el segundo Estado de sitio en lo que va de su gobierno. Esta vez, para reprimir al pueblo indígena Xinca, en los municipios de Jalapa y Mataquescuintal (Departamento de Jalapa), y en Casillas y San Rafael Las Flores (Departamento de Santa Rosa), y para proteger las “inversiones” de la empresa minera canadiense Tahoe Resources (Mina San Rafael).


 
El 1 de mayo del 2012, Pérez Molina también decretó otro Estado de sitio en contra del pueblo Maya, en el Municipio de Barillas, Huehuetenango, para defender los intereses de la empresa española Hidro Santa Cruz, que actualmente opera con mediana calma porque se logró asesinar y encarcelar a las y los dirigentes de las organizaciones en resistencia del lugar.
 


Estos estados de sitio no sólo coinciden en fechas y objetivos, sino en su método de aplicación.


 
Estado de sitio permanente como método de gobierno


 
Tanto en el caso de la hidroeléctrica española, como en el caso de la minera canadiense, el gobierno autorizó a ambas empresa la exploración y explotación de los proyectos, en contra de la voluntad expresa de los pueblos indígenas afectados del lugar.


 
Ante la presencia incómoda de las maquinarias de las empresas, ambos pueblos indígenas gestionaron diálogos con el gobierno, y al no ser escuchados se movilizaron e impidieron la invasión de las empresas a sus territorios. En ambos casos, las guardias privadas de las empresas dispararon y asesinaron a bala a algunos de los dirigentes indígenas movilizados, situación que desató la ira de las y los organizados en resistencia quienes incluso quemaron maquinarias y detuvieron a agentes estatales.


 
En ambos casos, inmediatamente el gobierno decretó Estado de sitio movilizando vario millares de militares/policías a la zona para detener a todos los y las dirigentes indígenas, para luego llevarlos a la cárcel por delito de terrorismo y crimen organizado. ¿Será una coincidencia? ¿O será el método poco inteligente del gobierno de Mano Dura?


 
En lo que va del gobierno de Otto Pérez Molina, se asesinaron selectivamente cerca de 20 dirigentes de organizaciones sociales e indígenas del país que se oponían a la invasión de las empresas extractivas a sus territorios. ¡Pero no existe un solo detenido o enjuiciado por dichos delitos! Eso sí, las cárceles se están llenando de dirigentes indígenas y campesinos conscientes que encarnan la soberanía y dignidad de este país asediado por las transnacionales.


 
Sólo para indicar un par de datos. La ilusión en la “inversión” privada es tal en Guatemala que, cerca del 60% del territorio nacional cultivable se encuentra bajo el control de las empresas de monocultivo. Existen 428 proyectos mineros (176 son metálicas) en todo el territorio nacional, cuya extensión es mucho más pequeña que un Departamento de Bolivia o de Perú.


 
Inversión o invasión canadiense


 
En los últimos tiempos, Canadá ha expandido a más 100 países sus inversiones en materia de minería y de petróleo. Del total de la inversión canadiense en estos rubros, el 70% se encuentran en el extranjero. Pero, las acusaciones por violaciones de derechos humanos, generación de convulsión socioambiental, conflictos laborales, etc. se levantan en diferentes partes del mundo en contra de las empresas canadienses. Sólo para mencionar casos en Latinoamérica:


 
Chile. Las actividades de la empresa canadiense Barrick Gold, en el mega proyecto minero Pascua-Lama, fueron paralizadas por orden de autoridades judiciales chilenas por delitos socioambientales.


 
Bolivia. El gobierno boliviano revirtió recientemente el negocio minero de South American Silver Corporation en Potosí, por incumplimiento de los acuerdos. Actualmente, dicha empresa canadiense inició un arbitraje internacional en contra del Estado boliviano.


 
Perú. El pasado año, la empresa canadiense petrolera Talismán salió urgido de la Amazonía peruana ante la resistencia y convulsión del pueblo Achuar, también por abusos medioambientales.


 
Honduras. La empresa minera canadiense Goldcorp (que extrae oro a cielo abierto en Valle de Siria, Morazán, Honduras), fue acusada como una de las empresas promotoras del golpe de Estado que destituyó a Manuel Zelaya, en junio de 2009. El motivo del involucramiento de esta empresa en dicho golpe habría sido porque el entonces Presidente Manuel Zelaya intentó prohibir la minería a cielo abierto, el uso de cianuro y la sobreutilización del caudal de las cuencas hídricas en los proyectos mineros. Hace unos meses atrás, el gobierno de Pepe Lobo (que emergió fruto del golpe de Estado), promulgó una Ley minera redactada entre Toronto y Tegucigalpa que aprueba todo lo que Zelaya intentó prohibir. Actualmente, de las más de 200 solicitudes de concesiones mineras en Honduras, cerca de la mitad son de empresas canadienses.


 
Guatemala. En la actualidad, en Toronto, Canadá, un tribunal estudia si juzga o no a la empresa minera canadiense Hudbay por violaciones de derechos humanos en Guatemala. Y, desde el 1 de mayo, del año en curso, el pueblo Xinca (en el oriente del país) soporta la militarización y el Estado de sitio para garantizar las actividades a la empresa minera canadiense Tahoe Resources, en contra de la voluntad expresa de dicho pueblo indígena.


 
¿Será que la milicia de traje y corbata, que (des)gobierna a este país policromático desconoce estas referencias? ¿O será que se tomó muy en serio el espejismo neoliberal del “crecimiento” económico que supuestamente hace de Guatemala un país pujante? ¿Qué ocurrirá en la mente del Sr. Presidente quien argumenta no tener las manos manchadas de sangre?


 
Lo cierto es que el haber convertido al deficiente Estado de Guatemala en un desalmado gendarme de la “inversión” extranjera para criminalizar, perseguir y asesinar a la conciencia moral del pueblo nadie lo va a perdonar. Las y los guatemaltecos conscientes, indígenas o no, organizados y movilizados para defender los bienes naturales del país, no son criminales, ni terroristas. Son el reducto y bastión de la dignidad y de la soberanía de este país cuyas élites fueron incapaces de expresar.


 
Sr. Presidente, no acelere Ud. la dinámica de la creciente convulsión social generalizada en el país que podría derrocarlo desde las calles antes que Ud. cumpla el período de su mandato. Este pueblo ya comenzó a perder el miedo al rifle y a la bota militar. Recuerde, Sr. Presidente, que los procesos revolucionarios de Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, etc. se deben, en buena medida, al recrudecimiento violento de la tiranía del sistema neoliberal.

Publicado enInternacional
Sábado, 04 Mayo 2013 06:41

Asegurar la seguridad

En el año 2012 el asesor de guerra sucia electoral J.J. Rendón aconsejó centrar la propaganda en un tema: la inseguridad. Los medios de comunicación opositores se dedicaron obsesivamente a reseñar crímenes horrendos y divulgar cifras de muertes violentas que confundían tendenciosamente homicidios y accidentes de tránsito o laborales. En el cierre de campaña electoral, el candidato opositor clamó: Que cese la violencia. La estrategia rindió dividendos, a pesar de que el estado que el candidato perdedor gobierna presenta los mayores índices de homicidios del país, seguidos por los de otros estados administrados por la oposición.

 

Repetidas veces señalamos que toda la campaña opositora se fundamenta en un trabajo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009, (Caracas, mayo 2010), el cual no registra homicidios ni delitos reales, sino la percepción de una muestra de 5 mil 496 hogares o 16 mil 419 personas, cuyas respuestas se extrapolan como válidas para representar 28.946.101 venezolanos ¿Son las encuestas un método confiable para decidir cuestiones trascendentes y puntuales como quién será presidente de la república o el número de homicidios?

 

A juzgar por los resultados electorales, no. Y menos si sus métodos suscitan la sospecha y sus conclusiones el asombro. La página 67 de la encuesta del INE cuenta un total de delitos reportados de 21 mil 132 homicidios en 2009; la página 68 registra 19 mil 113 víctimas de ellos. ¿Cómo 21 mil 132 homicidios causan apenas 19 mil 113 víctimas? Sólo la matemática o la confusa categorización del INE podría explicarlo. La misma página afirma que de esos 19 mil 113 homicidios, 3 mil 151 nunca fueron denunciados ¿En qué cabeza entra que la sexta parte de crímenes tan graves y notorios como asesinatos no sea denunciada? ¿Y por qué sí se efectúa la denuncia ante el encuestador? La misma página 67 nos asigna una tasa de 75 mil 8 homicidios por 100 mil habitantes. ¿Es concebible que casi cuadrupliquemos los 22.7 de México y los 21 de Brasil y que dupliquemos ampliamente los 31.4 de Colombia, que un año antes presentaba el doble, 61 mil 7847 homicidios por cada 100 mil personas? ¿Si los tres miembros encuestados de una familia conocen un mismo homicidio, éste es registrado como un solo delito o como tres? ¿Y por qué la encuesta inquiere obsesivamente si las muertes son causadas por las FARC o por el ELN, o si el entrevistado desconfía de los tribunales venezolanos? ¿Trata de probar la aserción imperial de que Venezuela es la base de los rebeldes colombianos o de que nuestros tribunales deben ser suplantados por la Corte Interamericana de la OEA?

 

¿Esta supuesta percepción es veraz? En la investigación para Latinobarómetro La seguridad ciudadana: el problema principal de América Latina, Marta Lagos y Lucía Dammert afirman que cuando la opinión pública se recoge en estudios de opinión es un conglomerado de respuestas individuales que no tienen un ente articulador, es esencialmente miope, no tiene visión de futuro y refleja lo que el investigador pregunta.

 

Y añaden que hoy día en América Latina las crisis de representación y liderazgo le han entregado a las encuestas de opinión pública un rol y expectativas que no pueden cumplir. Ellas son vistas como sustitutas de liderazgos que nunca podrán cumplir, porque las encuestas de opinión recogen una visión estática y miope de la realidad. En todo caso, dicho estudio de Latinobarómetro, que utiliza datos de 2008, no deja tan mal parada a Venezuela. Inquirió de una muestra de ciudadanos de 20 países que calificaran, en una escala de 10, el nivel de violencia de su país. El promedio fue de 5.6; los países percibidos como más violentos resultaron, respectivamente, Guatemala, con siete; El Salvador, 6.4, Brasil, 6.3, y México, 6.2. Colombia está en el puesto seis. Los menos violentos resultaron Venezuela, Nicaragua y Chile, empatados en un puntaje de 4.8; Paraguay, 4.7; Ecuador, 4.6, y Uruguay, cuatro. El nuestro estaría en el cuarto rango de menos violento de la región.

 

¿Cómo se explican estas diferencias de encuesta a encuesta en la percepción de la inseguridad? Ocurre que no es lo mismo percepción que ocurrencia real de delitos. Eleazar Díaz Rangel señala en Últimas Noticias, del 16/11/2011, que en Venezuela 27 por ciento de los encuestados en 2010 dijo haber sido víctima de delitos, pero que 64 por ciento afirmó que la inseguridad es el primer problema: la percepción de la inseguridad superaba el número de delitos reales en 37 por ciento, y casi lo duplicaba, registrando la diferencia más alta de la región. Opina Díaz Rangel que la alianza de partidos de oposición y medios de comunicación explica esta diferencia. Urge entonces precisar y cuantificar la magnitud real y objetiva, y no la percepción del problema.

 


¿Y las cifras reales de homicidios?, se preguntará el lector. Inútilmente consultará los informes de la fiscalía: presentan sólo cifras totales de delitos, como si fueran lo mismo asesinatos que amenazas o arrebatones. Tampoco los informes de la Defensoría del Pueblo presentan cifras reales y particularizadas de homicidios. Grupo de Investigación Social Siglo XXI apunta que entre 1990 y 2000 la tasa promedio de delitos fue de mil 163.2 por 100 mil habitantes, y entre 2000 y 2008 disminuyó hasta 954.3, pero tampoco distingue entre tipos de delitos. Y en efecto, si nos referimos al número total de éstos y consultamos www.nationmaster.com/graph/cri_tot_cri-crime-total-crimes, encontramos que el país con mayor cantidad es Estados Unidos, con 11.878.218 crímenes, en una lista donde Venezuela apenas ocupa el puesto 34, con 236 mil 165 delitos. En el estudio Violencia interpersonal y percepción de la situación de seguridad ciudadana en Venezuela 2010, el Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Incosec) afirma que 90.2 por ciento de los encuestados señalan la inseguridad como el principal problema a enfrentar en el país, seguido por el desempleo, alto costo de la vida, vialidad y escasez de alimentos, y que 82.9 por ciento de las personas siente que la inseguridad en el país ha aumentado, pero se basa en la citada encuesta de percepción del INE y en investigaciones hemerográficas que principalmente atestiguan la voluntad de los medios de exacerbar el pánico. Las mismas fuentes esgrimen todos los ensayos de la oposición sobre el tema. He consultado a altos funcionarios de los poderes públicos; ninguno me ha proporcionado cifras reales y fácticas de homicidios.

 

No es como para andar dependiendo de percepciones y subjetividades imprecisas en momentos cuando el poder real se gana o se pierde mediante campañas sobre la inseguridad. No podremos enfrentarla mientras el tema se reduzca a encuestas de percepción que alimentan el pánico mediático y a pánicos mediáticos que exacerban la percepción en las encuestas. Percepción no es lo mismo que victimización. Y esa percepción no refleja los consistentes esfuerzos del gobierno bolivariano en pro de la seguridad: abrupta disminución de los niveles de pobreza, creación de la Policía Nacional, instauración de una universidad nacional de la seguridad, incremento de la dotación y del personal de los cuerpos de orden público, campañas de eliminación de armas de fuego. Compilemos las cifras verdaderas, obremos en consecuencia y divulguemos eficazmente las medidas adoptadas para garantizar la paz y la vida. Encuestas certeras no aseguran la elección correcta, pero falsas encuestas pueden favorecer una elección equivocada.

 

PD: Según llevo anticipándolo hace años, la oposición demandará la anulación de las elecciones venezolanas ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, que siempre decide en favor de Estados Unidos. Realicé una larga campaña para que nos retiráramos de dicho organismo, hasta que todos los poderes públicos adoptaron dicha iniciativa. Pero gracias a una Gaveta Voraz que retrasó comunicar dicha decisión durante cinco meses, todavía está abierto el lapso de un año para que se introduzcan demandas contra la soberanía de nuestro país. Gracias, Gaveta Voraz, por favor concedido.

 

Luis Britto García, escritor venezolano, ganador del Premio Nacional de Literatura 2002 de ese país.

luisbrittogarcia-fr.blogspot.com

Publicado enInternacional
Domingo, 21 Abril 2013 14:20

Dialéctica de la democracia

Dialéctica de la democracia

 

Edición 2013. Formato: 17 x 24 cm, 352 páginas
P.V.P:$35.000 ISBN:978-958-8093-92-5

 

Reseña:

Antonio García resalta, en "Dialéctica de la democracia", la pluralidad de imágenes de la "democracia": la liberal burguesa de tipo formal, representativa, política; la populista, basada sobre la redistribución de los ingresos y el acceso a nuevas clases y nuevas fuentes de poder, mediante la instauración de un Estado asistencialista, paternalista; y la socialista, que en distintos grados apunta a diversas formas limitadas de democracia económica o social. Frente a este fraccionamiento de la democracia, el Maestro Antonio García Nossa plantea frontalmente que el desarrollo económico es un todo y debe integrarse al desarrollo social, político, como arte y parte de una misma ecuación humana, social e institucional, lo cual encuentra plena vigencia en las discusiones que como sociedad tenemos que afrontar en la actual coyuntura que vive el país.

 

Antonio García Nossa. Nacido en Bogotá el 16 de Abril de 1912.Su obra, amplia y vital, en lo fundamental desconocida en nuestro país, resume la vivencia que tuvo en distintos países del continente, donde fue asesor de diversos gobiernos, en especial de asuntos agrarios, desde la primera presidencia de su amigo boliviano Hernán Siles Zuazo, pasando por el presidente socialista, el militar peruano Juan Velasco Alvarado, hasta el socialista chileno Salvador Allende.Otra faceta de su vida, la docencia, la practicó con dedicación a lo largo de América Latina, desde Argentina hasta México.

 
 
Adquirir en libreria Virtual.

 

 

Informes-Pedidos:



Transv 22 N 53D-42. Int 102 (Bogotá)

Carrera 48 N 59-52 Of. 105 (Medellín)

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (todas las ciudades

Teléfonos: 345 18 08 / 217 89 92 (Bogotà y otras ciudades) / 291 09 69 ( Medellìn)

Whatsapp: 3204835609

Facebook : http://bit.ly/2bwXbER

 

 

Miércoles, 10 Abril 2013 07:08

La democracia como verdad y mentira

La democracia como verdad y mentira

En agosto del año pasado celebramos en Centroamérica el 25 aniversario de los acuerdos de Esquipulas, la llave para la solución política de la guerra que envolvió a toda la región a lo largo de la década de los ochenta del siglo pasado. Y este mes se celebra un cuarto de siglo de los acuerdos de Sapoá, firmados entre el gobierno sandinista y la Resistencia Nicaragüense, la contra, que abrieron el camino hacia las elecciones pacificadoras de 1990, y que el sandinismo perdió.

El escenario global cambiaba entonces, se deshacía el bloque soviético, se acababa el mundo bipolar, y en esta pequeña esquina del tablero la democracia se convertía por primera vez en décadas en el actor principal, y decisivo. Desde entonces empezamos a elegir gobiernos sin importar más su color ideológico, y los golpes de Estado se volvieron asuntos del oscuro pasado, salvo por el derrocamiento del presidente Zelaya en Honduras, que ojalá siga siendo una excepción. Hay dos gobiernos electos provenientes de organizaciones guerrilleras, en El Salvador y Nicaragua. También hay en Guatemala un presidente que procede de los altos rangos militares, pero no a consecuencia de un golpe de Estado, sino de elecciones democráticas. Podemos afirmar que por primera vez estamos viviendo bajo las reglas de la democracia representativa.

 

El promedio de participación electoral en Centroamérica ronda 70 por ciento, contra 40 por ciento o menos en Estados Unidos. ¿Qué hemos ganado, en fin de cuentas, hasta hoy? Que en la gran mayoría de nuestros países podemos votar con confianza, sin temor a los fraudes. Es una cuenta positiva, pero para defenderla hay que ponerla en cuestión. No podemos dar por garantizado que no habrá retrocesos. Que las instituciones no sean manipuladas, ni malversadas, ni sujetas a voluntades autoritarias, ni a la corrupción, ni a las influencias del narcotráfico, o lo que es peor, a una mezcla maligna de todo eso.

 

¿Funciona entonces la democracia en Centroamérica? ¿Son las instituciones suficientemente sólidas? ¿Tenemos garantizada la supervivencia del sistema a largo plazo? ¿Son los jueces independientes del poder político? ¿Existe de verdad la libertad de expresión en todos los países del área? ¿Se puede confiar en la transparencia en el uso de los recursos públicos? ¿Nos hemos librado de la impunidad? ¿Se ha ausentado para siempre el caudillismo? Desgraciadamente no. Las elecciones periódicas no son capaces de responder por sí solas a este conjunto crucial de preguntas. Un sí a todas ellas significa la plena democracia. Pero aún tenemos varios no pendientes.

 

Y entre todas esas preguntas, hay aún otra de trascendental importancia: ¿ha sido capaz en estos años la democracia de generar bienestar? ¿Ha sido capaz de producir cambios estructurales? Reducción en los niveles de extrema pobreza, distribución equitativa de la riqueza, un sistema tributario justo, empleos calificados, la ampliación de la clase media. Cambios profundos en el sistema educativo, para que llegue a ser capaz de producir desarrollo real. Cobertura universal, escolaridad básica de al menos ocho años, tasas efectivas de retención escolar, calidad de la educación. ¿Cuánto más se está invirtiendo en la educación? Las instituciones financieras y la Unesco aseguran que, sin duplicar al menos la inversión en educación, las modestas tasas de crecimiento alcanzadas hasta ahora en Centroamérica seguirán congeladas, y en el futuro seguiremos teniendo, por tanto, un desarrollo mediocre. Marcar el paso no es avanzar. Y para avanzar se necesitan dos bases imprescindibles: educación e institucionalidad democrática.

 


La autocracia sigue siendo una amenaza. Cuando el poder personal debilita a los partidos políticos y debilita a la sociedad civil, la democracia empieza a asfixiarse. Es mala la excesiva fragmentación política, porque perjudica el sistema de partidos y convoca la ingobernabilidad; y es mala la concentración de poder en un solo partido o en una sola persona porque destruye la participación democrática y a la postre llegará a transformarse también en ingobernabilidad, como la historia nos enseña.

 

Un primer balance razonable nos debería convencer de que, pese a todos sus tropiezos, y a veces retrocesos, la democracia es una obra en marcha, que se sigue por el sistema de prueba y error en el que, al menos eso deseamos, la cantidad de yerros vaya siendo cada vez menor que la de aciertos. Los ciudadanos, mientras más ciudadanos sean, elegirán cada vez mejor. Y mientras más educados sean, elegirán aún mucho mejor. Siempre que no se les impida. Y para que el voto sea confiable y efectivo, los órganos electorales deben ser ejemplarmente transparentes e independientes.

 

La democracia tiene que enfrentar amenazas, y algunas de ellas son mutables. Cambian de rostro y de ropaje. Hoy escuchamos hablar de proyectos políticos de nuevo socialismo, que, precisamente porque en su concepción populista marginan la participación pluralista de la sociedad, se convierten en proyectos antidemocráticos. Éstas son más bien utopías regresivas, porque, por desgracia, la ambición de controlar a la sociedad desde el poder es de vieja data en el continente americano, y no nos dice nada nuevo.

 

Un gobierno populista crea satisfacciones paliativas en la población que se transforman en apoyo electoral, pero al costo de degradar la dignidad de los electores con donaciones, subsidios y regalías. Pero estas políticas ni resuelven el problema de la democracia, que más bien debilitan, ni resuelven el problema del desarrollo económico sostenible. Es lo que ocurre en Nicaragua.

 

Democracia, seguridad ciudadana, libre expresión del pensamiento, equidad social, justicia económica. Fortaleza de las instituciones, transparencia de la gestión pública. Educación de calidad como palanca imprescindible del desarrollo. La pregunta real es si un gobierno autoritario, sea duro o moderado, puede asegurar hacia el futuro esta convergencia de fortalezas de la democracia, o más bien la destruye. La historia de América Latina puede ser vista también como un museo, donde estos proyectos mesiánicos y mentirosos se apolillan en sus urnas

.

Facebook: escritorsergioramirez

Twitter: sergioramirezm

http://sergioramirez.com

Publicado enInternacional
Acuerdo de paz con reforma política y electoral a fondo

Las negociaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana entre el gobierno Santos y las farc, y muy posiblemente el eln, apuntan, según diversos fuentes, a finalizar por el bien de Colombia con excelentes resultados, es decir, en la paz que tanto anhelamos. Pero dicha paz no puede ser lograda a cualquier precio, en especial en lo referente a la participación política de los alzados en armas en futuras contiendas electorales. De ahí que sea indispensable realizar una reforma política y electoral a fondo.

 

La peor apuesta que puede hacer el "sistema", es entregarle unas cuantas curules a los hoy alzados en armas, o disponerles un sistema transitorio de favorabilidad con tal que elijan unos cuantos parlamentarios en las elecciones de marzo de 2014. Nuestro "sistema" es dado a los tiempos rápidos, mientras la guerrilla se caracteriza por lo tiempos pensados. Ni el uno ni lo otro, pero las reformas citadas sí son necesarias.ç

 

Pensar y calcular, como lo hacen muchos parlamentarios liberales y conservadores, que la guerrilla entre al Congreso "y que después la molemos", es lo peor que nos podría suceder como país. A Colombia le hace falta una oposición orgánica, seria y consecuente, pero sobre todo que pueda existir y desempeñarse con garantías.

 

En Colombia, el clientelismo y la corrupción son las características esenciales, tanto del sistema político como del electoral. La compra y venta de votos, la comercialización de líderes –entre estos concejales y diputados–, el control y monopolización de entidades públicas por parte de los partidos (hoy la Unidad Nacional, ayer el uribismo, antes liberales y conservadores), los contratos a dedo, la financiación de los partidos por debajo de la mesa, el apoyo de los cacaos a los partidos liberal y conservador, el aparato estatal y con ellos sus funcionarios base del "sistema" a disposición de gamonales y caciques electorales, la financiación de las maquinarias políticas tradicionales por parte del paramilitarismo y del narcotráfico, etcétera, todo esto hace casi que imposible, a cualquier partido político de sesgo opositor, disputar de tú a tú curules para el Congreso. No más imaginar que la elección de un senador de la República, a precios de 2014, puede costar cerca de 5.000 millones de pesos, en especial en la costa Atlántica, ya da una imagen del tipo de régimen político que tenemos y la dificultad para, siquiera, oxigenarlo.

 

Estas son algunas imágenes de la corrupta cotidianidad que apabulla al régimen político colombiano y a su sistema electoral, pero se pueden citar miles de sus perversos ejemplos: congresistas que se apropian de entidades públicas –como base de su entendimiento con el Gobierno–, como sucedió con los conservadores en el entonces Seguro Social, con Efraín Cepeda a la cabeza, lo cual le permitió pasar en pocos años de ser un inédito congresista en Bogotá a obtener 7.000 votos en el 2010 en la capital de la República, colocando además a su exdirector como concejal capitalino, el flamante Roger Carrillo, investigado por desfalco. Un simple ejemplo de cómo opera, de manera mancomunada, nuestro sistema político y electoral (Ver: Penumbras y demonios en la política colombiana, ediciones Desde Abajo, 2011).

 

Por ello, más que espacios políticos transitorios lo que debe garantizarse, como parte de la negociación en curso, es una reforma política y electoral a fondo, tendiente a cambiar el sistema de repartición de curules, darle oportunidades a la guerrilla en sus tradicionales zonas de influencia, permitiéndoles ser actores protagónicos del sistema político, de manera que se sientan parte de nuestra democracia, más no excluidos, como actualmente sucede. La participación política no debe estar al servicio de los delfines y familiares de altas "cumbres" sociales, sino que debe ser el escenario de la confrontación de ideas y proyectos de sociedad y gobierno.

 

En este sentido, la oposición, como explica Giovanni Sartori, deberá contar con un estatuto serio a su favor, ya que "Cuando no se limita el ejercicio del principio mayoritario, surge la tiranía de la mayoría. En sustancia, aquí el problema es o son los derechos de la minoría".

 

Por esto, entre los puntos de acuerdo por establecer en La Habana deberá estar el derecho de acceso a la información del Estado, clasificada o no; la presencia de la oposición, por derecho, en el Consejo Nacional Electoral; acceso al registro electoral del país y de colombianos en el exterior; implantación del voto electrónico en todo el territorio nacional; representación en las registradurías departamentales y municipales; financiación plena de las campañas electorales; representación amplia en las Mesas Directivas de Senado y Cámara, así como sus Comisiones, incluyendo sus secretarías por derecho propio; posibilidad de réplica en todos los medios de comunicación; participación en las Comisiones Accidentales, incluyendo la de Relaciones Exteriores, Endeudamiento Externo y Militar; participación en las directivas de Ecopetrol, Banco de la República y servicio civil, entre otras; participación en los órganos de control, y derecho propio en la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Contraloría. Pero también se les debe abrir canales para participar en la selección de los magistrados de las altas Cortes, e incidir en el sistema judicial, etcétera. Son todos estos aspectos a tener presente en las negociaciones de La Habana si de verdad no queremos repetir la historia de tragedia y muerte de los últimos 60 años.

 

Pero si el "sistema" aporta a la democracia, tanto la guerrilla como la izquierda también deberán aportar a la democracia y a la sociedad, empezando por vencer sus egos, "ismos" y divisiones que le han caracterizado a través de su historia, entendiendo por esto –por las razones expuestas– que la unidad en sí misma es la razón de su supervivencia en un sistema político y electoral altamente competitivo.

 

Por ALFREDO DE LÉON MONSALVO, magister en ciencia política, Universidad de los Andes.

 

Publicado enEdición 189
“La matanza de Curuguaty fue una conspiración”

Es el candidato del Frente Guasú, la alianza formada para tratar de reconquistar el gobierno del desplazado Fernando Lugo. Aquí, explica cómo se rearma la base política de los sectores progresistas y qué proponen al electorado paraguayo. También da cuenta de la investigación sobre la masacre de campesinos y policías que derivó en el golpe al ex presidente.

 

–La gestión de gobierno de Fernando Lugo, ex obispo y ex presidente, terminó en un juicio político que pareció una abreviada obra teatral. Ahora, ¿cómo se preparan para el inicio de la próxima etapa en la joven democracia paraguaya?

 

–Dos elementos son los fundamentales. Uno tiene que ver con la defensa de un gobierno de cambio que, en su primera etapa, avanzó en muchos frentes en sus casi cuatro años (del período de cinco) de gestión. Nosotros pensamos que los cuatro años de Fernando Lugo trajeron planteos reformistas con los que se inició un período de gestión que se caracterizó por varios aspectos positivos. En primer lugar, desaparecieron las persecuciones a los empleados, que era una práctica habitual cuando se daba un cambio de gobierno, incluso dentro de un mismo partido. Existía una suerte de persecución, una inestabilidad laboral en el sector público. Fue un acto de respeto hacia una enorme masa de trabajadores del Estado. En segundo lugar, se establece una política de derechos, contraria a una política prebendaria. A través de la universalización de la salud, la gratuidad del servicio de salud, se abre al país. Se amplían los servicios. Se establecen concursos para acceder a la función pública, prácticamente el 50 por ciento de la gente que entra a la función pública durante el gobierno de Fernando Lugo lo hace por concursos. Ese fue un hecho absolutamente inédito en el Paraguay. El antecedente era de cero por ciento en los gobiernos del Partido Colorado. Ni siquiera había concursos entre colorados. Se desarrollaron políticas sociales que empezaron a tener impacto en la sociedad. Se atienden las zonas más pobres, se van dotando de servicios de salud básica, se crea un sistema de transferencias condicionadas, entendiendo que son políticas sociales de emergencia en un país marcado por el 45 por ciento de pobreza rural.

 

–Una de las críticas más escuchadas era que los insumos no llegaban a destino, a los pobres que los necesitaban. Las mafias enquistadas en toda burocracia las hacían robar, o las vendían a terceros, o las hacían desaparecer.

 

–En un comienzo puede ser, pero eso era un proceso de perfeccionamiento continuo. Es decir, el pasar de dos millones de consultas anuales a ocho millones de consultas establece un ejemplo y una demanda enorme, nueva.

 

–Es razonable preguntar si los ocho millones de consultas están documentadas...

 

–Por cierto que sí. Hay que suponer que en algunas situaciones especiales un centro puede no haber tenido todos los insumos necesarios, pero no era habitual. Las setecientas unidades de atención a la familia que se abrieron en un período de casi cuatro años contaban con los elementos básicos para la atención primaria. Hay que recordar que esta red fue de cero a setecientos en cuatro años. Eran setecientos en las comunidades más pobres y más alejadas en el país.

 

–Es importante retomar el hilo de la explicación de la base sobre la cual usted y el Frente Guasú se relanzan ahora a intentar volver al poder.

 

–Sí, hay que retomar... Un primer eje es la defensa del gobierno, entendiendo que con sus dificultades y deficiencias había dado pasos iniciales en reformas que tuvieran como objetivo gobernar con un sentido de derechos y para todos los paraguayos, sin exclusión. Por otro lado, el proceso paraguayo tiene una democracia herida, una democracia institucional en la que el respeto a las normas, el respeto a la convivencia, ha sido reemplazado mediante un acto de fuerza que ha destituido al presidente Lugo y que esa democracia herida requiere ser restaurada.

 

–En ese sentido, ¿es razonable programar, cuando han sido derrocados como lo fueron, que puedan llegar a la Presidencia de la Nación?

 

–Sí, podemos, confiados principalmente en la voluntad ciudadana, entendemos que hay una ciudadanía que crece en sus convicciones democráticas. Mediante esas convicciones se empieza a ver qué actores políticos tienen coherencia democrática. Por otra parte hay amplios sectores de la sociedad paraguaya que reconocen los avances que se lograron durante el gobierno de Fernando Lugo. Avances reales. En tercer lugar, podemos estar confiados porque hoy contamos con un instrumento político mucho más desarrollado que es el Frente Guasú, con el que no contábamos anteriormente, ahora sí. Es una herramienta política que se está construyendo, que se consolida, y que se está proyectando con capacidad para disputar el poder. Hay capacidad de gestión y capacidad de definir objetivos. También hay que recordar, en este tercer lugar, que tenemos un contexto internacional favorable a un gobierno de carácter progresista que logró reintegrar al Paraguay a la comunidad internacional y la integración continental. Confiamos en avanzar con la presentación de una lista única, unida, de parlamentarios encabezada por Fernando Lugo como senador. Yo tengo mucha confianza en que la voluntad ciudadana creciente es por la democracia y por desprenderse del viejo modelo de Estado. Los compatriotas reconocen las enormes falencias que tiene el viejo sistema. Estamos en condiciones de repetir un triunfo electoral de las características de 2008, cuando llegamos al gobierno. Las condiciones ahora son más favorables que cuando llegamos hace cinco años. Tenemos el beneficio de la experiencia de gestión y una mayor conciencia democrática en la ciudadanía.

 

–¿Cómo se puede encarar una reforma agraria en un país que tiene una de las mayores concentraciones de propiedad de la tierra en América y buena parte del resto del mundo?

 

–Una reforma agraria, que tiene entre sus componentes fundamentales la tenencia de la tierra, solamente será posible con una base de una mayoría transformadora y un nuevo consenso social. No es posible encarar una reforma agraria si no se tiene un parlamento que pueda facilitar la elaboración de leyes que permitan llevar adelante la transformación como programa.

 

–¿Cómo ve la exclusión de Paraguay por Unasur y Mercosur? Puede ser visto como ventajoso para el Frente Guasú en una contienda electoral, aun cuando no es bueno para el país.

 

–Las sanciones son políticas, fundamentalmente, y no económicas. Pero el efecto es de exclusiva responsabilidad del gobierno golpista. Nosotros no somos responsables de esta circunstancia. Un segundo concepto es que la solución del problema paraguayo corresponde a la ciudadanía. Nosotros nos oponemos a todo tipo de repercusión económica que surja de las sanciones políticas. Este gobierno sufre el desconocimiento casi mundial (salvo quizás Honduras o Guatemala, que son de la peor reputación democrática). Pero el país tiene que superar este problema. El gobierno (de Federico Franco) está asilado, es de facto.

 

–¿Qué hacen ustedes como grupo y cómo van a proyectarse a futuro?

 

–Quizás primero el diálogo tenga que recorrer un poco del pasado. Participamos primero dentro del gobierno y más recientemente en el campo político en términos de ir asegurando la base política y social que pudiera sostener al gobierno de Fernando Lugo...

 

–Pero fracasaron...

 

–Llegó al gobierno con muchas dificultades, con un congreso adverso, que desde el inicio se convierte en un parlamento obstruccionista con una prensa hostil que, inmediatamente después de la elección de Lugo, empieza un proceso sostenido de hostigamiento, de desgaste, con el objetivo de derribar el gobierno. Por otro lado, también sufríamos una debilidad en el sentido de que habíamos llegado a las elecciones del 2008 con la centro izquierda fragmentada. Nos llevó a tener una muy pequeña presencia parlamentaria. Escasa. Era un gobierno con gran apoyo ciudadano, había un amplio consenso social acerca de la necesidad de una alternancia, de arrancar un proceso de cambio, había mucha confianza en la figura de Fernando Lugo como elemento positivo. El elemento negativo era una gran fragilidad institucional donde el poder legislativo, como el poder judicial, respondían al viejo Estado y el viejo sistema, y, por otro lado, una prensa que formó un cerco mediático inmediatamente después de asumir Fernando Lugo.

 

–¿Cómo se cambia eso en estas próximas elecciones...?

 

–En primer lugar, ya superamos la etapa de gran debilidad debido al desconocimiento de la gestión de gobierno, además de la debilidad parlamentaria...

 

–¿No podía ser que lo que se proponía en materia de cambio para la ciudadanía no estaba suficientemente explicitado en la campaña?

 

–Se llega con una posición bastante clara, se llega con una alianza política que, entre paréntesis, incluía a un partido Liberal Radical que resultó ser otro factor de debilidad. Constituimos una alianza patriótica para el cambio, una alianza que tenía esbozados seis grandes ejes de sus compromisos con la ciudadanía. Era un programa bastante claro que incluía saneamiento del Estado, ampliación del espectro de las políticas sociales, integración latinoamericana, reafirmación democrática, modificaciones de carácter fiscal, es decir había un esbozo claro que planteaba no solamente una alternancia, no sólo un cambio de color en términos de banderas, no sólo un desplazamiento del Partido Colorado del poder, sino que también interpretaba las demandas sociales principales que hay en el Paraguay. Esa es una transformación o más bien una reforma de carácter político y social que era un compromiso asumido ante la gente.

 

–Usted piensa que eso estaba bastante claro...

 

–Sí. El conflicto empieza a darse con el sistema dominante, con el “establishment”, empieza a darse cuando un gobierno va ampliando sus políticas sociales, que busca participar en un proceso de integración latinoamericana que busca el ingreso de Venezuela al Mercosur, que integra a Paraguay al Unasur, que se compromete con intenciones de democratización y avance en términos de integración. Cuando se inicia levemente un esfuerzo por aclarar la tenencia legal de la tierra en Paraguay, que es un capítulo oscuro de la legalidad paraguaya en el sentido en que gran parte de la propiedad de las tierras en el Paraguay tiene un origen oscuro, entonces, cuando se empiezan a tocar los grandes intereses, fundamentalmente en cuanto a la tierra, entonces sí ya tenemos un nivel de conflictividad mucho mayor. Otro elemento de fricción también se da cuando desde el gobierno se empieza a plantear la democracia participativa, entendiendo que, si bien las instituciones constituyen un avance democrático, estas mismas tienen que perfeccionarse; sin embargo, cuando el gobierno habla de democracia participativa genera una reacción de los sectores conservadores que entienden que esto puede llevarlos a situaciones incontrolables para ellos.

 

–Usted mencionó el plan de actuar dentro de lo que es Unasur... Como parte de la campaña electoral de ahora, ¿cómo quedará esa idea luego de una elección bien llevada? Para “afuera”, ¿puede quedar superada la controversia, olvidarse como un incidente en el Congreso? ¿Enterrarse el conflicto político teórico además de práctico? ¿Cómo se transmite, dentro y fuera del Paraguay, el concepto, la idea duradera, de que esto fue un golpe de estado parlamentario? ¿O quedará para muchos la idea de que no fue un golpe, y listo?

 

–En primer lugar, tomemos lo político. Hubo un golpe. En nuestra lectura, y sin lugar a dudas, el golpe resultó producto de una conspiración que se inicia con la matanza de Curuguaty. (En el norte del país, en junio 2012, cuando fueron muertos a balazos seis policías y once campesinos. El 15 de enero se mostró en Asunción por primera vez un video documental de la matanza.) Entre la matanza y el golpe hubo una semana nada más.

 

–Pero no vamos a pensar que la conspiración se genera y ejecuta en una semana...

 

–Eso ya lo dijimos. La conspiración estaba instalada desde el comienzo del gobierno de Fernando Lugo. Involucraba con mucha fuerza al Partido Colorado y el Partido Unace (del general Lino Oviedo, muerto en un accidente en Hayes, el 2 de febrero). A comienzos del gobierno de Lugo ya hubo una denuncia de una reunión en donde se habla del juicio político. El gobierno de Lugo fue amenazado en 23 oportunidades con el juicio político. Ocurre en el intento número 24, un primer shock social que conmociona al país porque no había sucedido nunca, culmina en Curuguaty donde una oscura situación recibe una lectura comunicacional que la presente como una suerte de matanza entre campesinos y policías. Los grandes intereses empiezan a hablar de juicio político. Los primeros que hablan así son la unión de gremios de la producción y la asociación rural del Paraguay, las dos entidades más grandes del país. La primera representa a los grandes sojeros –que se han beneficiado en enormes niveles de exportación– y los latifundistas en general, y, por el otro lado, son los ganaderos. El tema lo toma el Partido Colorado en la persona del empresario y dirigente deportivo Horacio (Manuel) Cartes (Jara), que en enero acusó al gobierno de Federico Franco de irregularidades. Cartes es el que arrastra el Partido Colorado y luego el Liberal en el juicio político. Se suma luego a la conspiración un partido de centro conservador, Patria Querida. Nuestra lectura política muestra que Curuguaty no fue un enfrentamiento sino una mano externa en forma de un equipo profesional de asesinos que hicieron fuego desde lugares estratégicos alrededor de policías y campesinos que se reunían para conversar una orden de desalojo de un juez. Había una gran fuerza policial y unos cuarenta campesinos, con sus hijos y sus esposas. El objetivo del gobierno de Lugo en esta situación siempre fue mantener la paz.

 

–¿Han identificado a los atacantes? Usted dice que eran muy buenos tiradores...

 

–Han desaparecido, pero los policías pudieron describir la situación. Es territorio controlado por el narcotráfico, muy marcado por el crimen. Incluso pocos días después de la masacre, a poca distancia del lugar, se encuentran enormes plantaciones de marihuana. Hay pistas de despegue y aterrizaje, una infraestructura de apoyo para este tipo de gente. Eso es nuestra lectura política de la situación que une Curuguaty con el golpe parlamentario. Otro elemento que se ha sumado fue el asesinato del dirigente campesino Vidal Vega, a comienzos de diciembre pasado. Era un importante referente en la investigación de la masacre. Fue asesinado por dos sicarios, en su casa.

 

–Mi pregunta inicial viene a ser puntual ahora, ¿qué van a hacer ustedes, los que han sido desplazados por esta conspiración?

 

–Tenemos que seguir en la legalidad. Sabemos que la Constitución atribuye al parlamento la posibilidad de hacer un juicio político. Este no es cualquier juicio político. El presidente de la república no fue puesto por el parlamento, que si fuera así se le retira el apoyo parlamentario para destituirlo. En esto hablamos de un juicio político con causas bien fundamentadas, donde tiene que haber una acusación con pruebas capaces de respaldar acusaciones específicas. Y, por otro lado, tiene que haber un derecho a la defensa razonable, constitucional, garantizado. Acá las acusaciones están basadas en recortes periodísticos, en vaguedades, sin sustento legal. La defensa ha tenido menos de 24 horas para prepararse, y tuvo dos horas en el recinto. Fue una comedia.

 

–Bueno, ¿qué se hace ahora para superar esta situación?

 

–Hay que esclarecer... Hay que sentar el precedente de una investigación documentada que se constituya en un testimonio histórico. Desde el punto de vista político estamos llevando el mensaje a la ciudadanía. En cuanto a las investigaciones existen varios equipos que están trabajando para ofrecer un testimonio fuerte, el más conocido de los equipos se llama Plataforma de Investigación. Ha atraído técnicos extranjeros y ha aportado importantísimos datos en cuanto a la interpretación de los videos, la característica de las balas y de las vainas que se han encontrado. Hay filmaciones, algunas tomadas en el lugar, otras de la policía... Hubo muchas dificultades para lograr este material por las obstrucciones de la fiscalía. Esta fiscalía paraguaya sostiene la tesis de un enfrentamiento campesino-policial. Es una tesis que cada día se deshace más por la envergadura de las heridas de las personas fallecidas. Hay que imaginar que de ese grupo de treinta campesinos con siete escopetas precarias, sólo dos de ellas presentan evidencia de haber sido usadas, no pudieron herir de muerte a seis policías que estaban con chalecos antibalas y a cada uno muerto con tanta puntería para recibir balas en la cabeza o en el cuello. Además fueron heridos 24 policías. Hay gran desmesura entre la capacidad de fuego denunciada y el daño real causado. Es tan grave la investigación de la fiscalía, y tan tendenciosa y tan irregular y tan falta de garantías para la sociedad, que están sólo imputados los campesinos. No hay investigación oficial y formal. Tampoco hay ninguna información de cómo murieron los campesinos. Parece que hubiesen sido muertos entre ellos o de la nada.

 

Bueno, ¿qué hacemos? Desde el punto de vista político, difundimos nuestra interpretación. Sigue la investigación a fin de lograr cada vez más claridad. Y desde el punto de vista jurídico, hemos reunido juristas nacionales e internacionales que han hecho diferentes interpretaciones. En enero, presentamos un libro de Emilio Camacho que registra todo lo que se ha hecho. Vinieron juristas chilenos, argentinos, también paraguayos, colorados y liberales, quienes dieron su lectura jurídica del juicio político.

 

–¿Qué efecto puede tener ese documento?

 

–Hay una convicción generalizada en la sociedad paraguaya de que Curuguaty y el golpe estaban vinculados, de que fue una arbitrariedad, un abuso del derecho que tiene y tendrá repercusión internacional y un abuso de la Constitución. El juicio político quedará como una acción sin sustento mínimo al no respetarse derechos básicos, como es el derecho a la defensa.

Publicado enInternacional