MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

El futuro primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, del Likud, alcanzó un acuerdo con los ultranacionalistas de Israel Beitenu, lo que le permite formar un gobierno restringido de derecha. Así, la llegada de Lieberman a la cúpula de la diplomacia israelí quedó a un paso de concretarse. Esta alianza provoca inquietudes en el mundo.
 
“Estamos de acuerdo en todos los principios y asuntos, así como en la distribución de ministerios y en la opción de un gabinete de unión”, dijo Guideon Saar, un diputado del Likud (derecha, 27 diputados), tras la firma en la madrugada de ayer de un acuerdo de coalición con Israel Beitenu (15 escaños sobre 120), el partido de Avigdor Lieberman. “No cerramos la puerta a un gobierno ampliado y, si se forma, provocará cambios” en el acuerdo del Likud y de Israel Beitenu, añadió Saar, que supervisa las negociaciones para la formación del gabinete.
 
Según los términos de este primer acuerdo de coalición, Israel Beitenu obtendrá el Ministerio de Relaciones Exteriores, atribuido a Lieberman, al igual que los de Seguridad Interior, Infraestructuras, Turismo e Integración (inmigración). Voceros partidarios afirmaron no obstante que el nombramiento de Lieberman como ministro de Relaciones Exteriores todavía no está acordado definitivamente. Los dos partidos por sí solos no alcanzan la mayoría de las 120 bancas del Parlamento, por lo que aún deben reclutar a otras agrupaciones para su coalición.
 
La vocera del Likud, Dina Libster, dijo que el convenio alcanzado incluye un compromiso de que ambas agrupaciones acepten como socios de gobierno a partidos más moderados, como la formación Kadima, de la canciller saliente Tzipi Livni. Este acuerdo deja por lo tanto un resquicio –aunque pequeño–- para que Livni continúe al frente de la diplomacia del país. Livni confirmó ayer las informaciones de que el Likud había renovado los esfuerzos para reclutarla, pero dijo que los contactos todavía no la habían convencido.
 
La canciller saliente reiteró que sólo formará parte de un gobierno comprometido con la firma de un acuerdo de paz definitivo con los palestinos. “No es ningún secreto que durante la semana pasada hubo discusiones con el presidente del Likud, la persona designada para formar gobierno. Pero las cosas no cambiaron”, dijo Livni. El domingo a la noche, Netanyahu se reunió con el presidente Shimon Peres en Jerusalén para intentar convencerlo de que intervenga ante Kadima (28 escaños), el partido centrista de Tzipi Livni, la canciller saliente, y ante el Partido Laborista de Ehud Barak, ministro de Defensa, para que acepten formar un gobierno de unión nacional.
 
Y es que el gobierno de marcado carácter conservador que se perfila es fuente de preocupación, en particular en Egipto y en Jordania, los dos países árabes que firmaron tratados de paz con Israel. “Estamos confrontados a un factor negativo, que potencialmente puede crear daños en el proceso de paz, que es la emergencia de un gobierno de extrema derecha en Israel”, declaró el jefe de la diplomacia egipcia, Ahmed Abul Gheit, en Bruselas.
 
El rey Abdalá II de Jordania estimó, por su parte, que la constitución de un nuevo gobierno en Israel no debía ser una excusa para retrasar las negociaciones de paz israelo-palestinas. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Javier Solana, repitió que los europeos estarían “dispuestos a trabajar normalmente con un gobierno israelí que aceptase trabajar por una solución de dos Estados”. “Si no fuera el caso, la situación sería diferente”, añadió.
 
Netanyahu rechaza la ida de un Estado palestino y prefiere hablar de una “paz económica” que prevea una mejora de las condiciones de vida de los palestinos en Cisjordania. El canciller francés, Bernard Kouchner, exhortó, por su parte, a evitar el ostracismo: “Hará falta, y deseo que sea lo más abierto posible, trabajar con el gobierno israelí”. El riesgo de Netanyahu de formar un gobierno sólo con aliados de la extremaderecha es altísimo, máxime cuando se trataría de un gabinete apoyado por 65 diputados.
 
El Likud proseguirá las negociaciones con sus aliados naturales, los partidos religiosos y de extremaderecha, en particular el Shass (ultraortodoxo sefardí, 11 escaños), la Lista Unificada de la Torá (ultraortodoxo ashkenazi, cinco diputados), la Unión Nacional (cuatro) y Hogar Judío (tres).
 
Según el plazo legal, Netanyahu tiene que formar gobierno y someterlo al Parlamento antes del jueves, de lo contrario deberá pedir al presidente israelí, Shimon Peres, una prórroga de dos semanas.
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Cuando la revista People le preguntó a George W. Bush cuáles eran los episodios de sus ocho años en la Casa Blanca que recordaba con más frecuencia, el presidente resaltó uno en particular: la vez que lanzó la bola inicial en la final del campeonato nacional de béisbol. "Curiosamente, nunca sentí tanta ansiedad en ningún otro momento de mi presidencia", explicó.

Los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, la guerra en Irak, Abu Ghraib, Guantánamo, las cárceles secretas de la CIA, Gaza, la implosión del sistema financiero mundial... Nada comparado con el terror que sintió el presidente saliente ante la posibilidad de hacer el ridículo en un campo deportivo. Lo cual no debería de provocar demasiada sorpresa. En parte porque la gran pasión de Bush es y siempre ha sido el béisbol (se ha comentado en Washington más de una vez que el puesto de presidente de la federación nacional del deporte representaba el límite de sus posibilidades de gestión); y sobre todo, porque la carga de las grandes decisiones que se han tomado durante su presidencia no la ha asumido él, sino su vicepresidente, Dick Cheney.

Retratar a Cheney como la figura siniestra y malévola (Darth Vader es uno de los sobrenombres que le han dado en Washington) que ha concebido y puesto en práctica la política de la Casa Blanca durante los últimos ocho años, y a Bush como el títere que se ha limitado a firmar las iniciativas vicepresidenciales y a darles apoyo publicitario, es una caricatura que no se aleja tanto de la realidad. Bush no sólo ha sido el peor presidente de la historia de Estados Unidos, según una abrumadora mayoría de historiadores especializados, sino el más vago, el que menos atención le ha prestado a la letra pequeña, el que más días de vacaciones se ha tomado, habitualmente en su rancho de Tejas. Cheney, en cambio, es un detallista fanático que muchas veces empieza su día de trabajo a las 4.30 de la mañana y es considerado entre los expertos de izquierda y derecha en Washington, por unanimidad, como el vicepresidente más poderoso que ha tenido su país.

Toda una colección de libros sobre el funcionamiento interno de la Casa Blanca de Bush (destacan El lado oscuro, de Jane Mayer, de la revista The New Yorker; El pescador: la vicepresidencia de Cheney, de Barton Gellman del The Washington Post, y La guerra interna, del legendario Bob Woodward) promueven la tesis en mayor o menor medida de que Cheney ha sido el ventrílocuo del muñeco Bush.

El mismo presidente la sustentó, de manera no necesariamente intencionada, al declarar en 2003: "Cuando se habla conmigo, se habla con Cheney".

El gran atractivo para Bush es que Cheney hace casi todo el trabajo y no exige nada del crédito. Está feliz en la sombra. Más bien, ha preferido no salir de ella, evitando así el papel protocolario que tradicionalmente le corresponde a un vicepresidente. Los aplausos del público le llenan menos que la autosatisfacción secreta de saber que él es el que ejerce el poder. No perdió el tiempo en asumirlo. Nada más ser elegido candidato a la vicepresidencia, se encargó en el interregnum entre las elecciones de 2000 y la inauguración presidencial de enero de 2001, de seleccionar los candidatos que iban a ocupar los puestos clave de la nueva Administración republicana. Bush fue el que aprobó la lista final pero todos, sin excepción, habían sido los que había propuesto Cheney.

Dan Quayle, que fue el vicepresidente de Bush padre, entendió que Cheney se proponía reinventar su antiguo puesto en una reunión que celebraron los dos a los pocos días de que Cheney se instalara en el ala oeste de la Casa Blanca.

"Le dije, 'Dick, ya sabes, tendrás que viajar mucho al exterior... ir a funerales", Quayle recordó en una entrevista citada en el libro El pescador. "Es decir, en esto consiste la tarea de un vicepresidente". Cheney le dirigió una leve sonrisa y contestó: "Yo tengo otro tipo de conexión con el presidente".

Ha sido una conexión no tanto de subordinado como de guía paterna. Cheney, la última persona con la que Bush habitualmente hablaba antes de firmar un decreto, fue el principal promotor, junto a su viejo compinche el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld, de la guerra de Irak. Y no hubo nadie que luchara con más empeño a favor de la política más polémica durante la presidencia de Bush dentro de Estados Unidos y la que más daño ha causado a la imagen internacional del país: la tortura como método para interrogar a los presos sospechosos de terrorismo. El entusiasmo de Cheney por suspender la aplicación de la Convención de Ginebra en la guerra contra el terror llevó al almirante Stansfield Turner, jefe de la CIA en los años setenta, a darle el apodo de "vicepresidente de la tortura".

Cheney es un personaje que, como las figuras totalitarias a las que Estados Unidos se opuso durante la guerra fría, cree firmemente en la doctrina de que el fin justifica los medios. Nadie participó de manera más dinámica que Cheney en lo que el premio Nobel de Economía Paul Krugman describió en su columna del The New York Times hace dos días como "el escándalo más grande de todos": la manera deliberada con la que la Administración de Bush engañó al pueblo estadounidense para que apoyara la invasión de Irak

Sobre las supuestas armas de destrucción masiva que poseía Sadam Husein, el pilar central del argumento a favor de la guerra en Irak, Cheney fue más lejos que Bush al desdeñar en público los consejos de la CIA, que insistían en que Husein estaba lejos de construir una bomba nuclear y lo mejor sería insistir en un programa agresivo de inspecciones. "La inteligencia es un negocio incierto", replicó Cheney, con una de sus pequeñas sonrisas irónicas, en un discurso en agosto de 2002, siete meses antes de la invasión estadounidense. Pero fueron muchos lo que participaron en aquel gran engaño. Donde Cheney ejerció de director de orquesta fue en la fabricación del segundo gran argumento a favor de la guerra, el que convenció al norteamericano medio de que no quedaba más remedio que eliminar a Sadam. Aquí no hubo ninguna incertidumbre, ni posibilidad, siquiera, de autoengaño. Consistió en divulgar la mentira de que Irak estuvo involucrado en los ataques del 11 de septiembre de 2001, mentira que la mayoría de los estadounidenses, según repetidos sondeos, eligieron creer. Cheney citó un supuesto informe de inteligencia (en este caso el negocio dejó de ser tan incierto) según el cual uno de los terroristas suicidas del 11-S, Mohamed Atta, se había reunido en Praga con un integrante del servicio de espionaje iraquí. Tal era su urgencia por lograr un consenso nacional a favor de la guerra que emergió, contra natura, de las sombras para declarar en entrevistas televisivas a lo largo de 2002 que Al Qaeda y el régimen iraquí eran cómplices en la guerra santa contra Estados Unidos.

En diciembre de 2001 declaró que se había "confirmado" la existencia de una reunión entre Atta y un "alto oficial" del servicio de inteligencia iraquí en Praga en abril de ese mismo año. Pese a que tanto la CIA como el servicio de inteligencia checa le decían en privado que no tenían ninguna información al respecto, Cheney reiteró en marzo de 2002 que la reunión había sido "un hecho", y lo volvió a ratificar en septiembre de ese año.

Un par de años después, con el Ejército de Estados Unidos ya estancado en Irak, actuó de manera incluso más descarada. Fue en plena campaña electoral durante un debate televisivo. Su rival demócrata para la vicepresidencia, John Edwards, denunció sus mentiras sobre Irak y Al Qaeda. Con una firmeza implacable, Cheney le contestó: "El senador se equivoca. No he sugerido que existiera una conexión entre Irak y el 11-S".

Bush llegó a la presidencia en 2001 tras una campaña electoral en la que se había vendido como promotor de una filosofía que denominó "conservadurismo compasivo". Cheney se ocupó desde un principio de borrar la palabra compasión del léxico bushiano. En el terreno de la ecología combatió arduamente a favor de las industrias más contaminantes de Estados Unidos, cuyas empresas amigas (grandes contribuyentes en muchos casos a las campañas electorales de Bush) preferían no invertir en tecnología que reduciría la emisión de gases perjudiciales para la capa de ozono. Y en cuanto a la economía, Cheney contribuyó de manera agresiva al caos reinante hoy al insistir en reducir los impuestos de los más ricos. Cuando Paul O'Neill, el secretario del Tesoro que él mismo había elegido, le defraudó al cuestionar en 2002 la política de reducción de impuestos, Cheney recomendó a Bush que lo despidiera y Bush, sin apenas pensárselo, asintió.

Esto fue una mera anécdota, sin embargo, comparado con el ejemplo de anticompasión más flagrante de la era Bush: el trato que se dio a los presos en la prisión de Abu Ghraib, en Irak, y en la base militar estadounidense de Guantánamo, en la isla de Cuba.

Cheney hizo pública su posición al respecto a los dos meses del 11-S en un discurso ante la Cámara Americana de Comercio. Los terroristas, dijo, "no merecen ser tratados como prisioneros de guerra". Pasarían 10 semanas hasta que el propio Bush se declarara al respecto, y lo hizo firmando un documento de cuatro páginas que Cheney y sus asesores legales confeccionaron sin consultar siquiera al entonces secretario de Estado, Colin Powell. La Convención de Ginebra (que un íntimo asesor de Cheney describió como "obsoleta") sencillamente no se aplicaría ni a los presos supuestamente afiliados a Al Qaeda o a los talibanes de Afganistán.

Los primeros presos llegaron a Guantánamo en enero de 2002. "De ese momento en adelante", según escribió el The Washington Post en un amplio reportaje que ganó el Premio Pulitzer, "Cheney se dedicó a la cuestión práctica de aplastar la voluntad de resistir de los cautivos... La oficina del vicepresidente desempeñó un papel central en hacer añicos a los límites impuestos a la coerción de presos bajo la custodia de Estados Unidos".

Cheney fue el pionero de una casuística distinción teórica entre la tortura no permitida y métodos violentos de interrogación sí permitidos que se tradujo en la práctica a una sistemática violación de los derechos humanos denunciada en el mundo entero.

Un documento clasificado del Departamento de Justicia, pero motivado por Cheney y su equipo de "gobierno dentro del Gobierno", según reveló el Post, determinó que la ley estadounidense en contra de la tortura "prohíbe sólo las peores formas de trato cruel inhumano o degradante", con lo cual permite otras. El documento especificó que la tortura prohibida consistía en aquella que causaba dolor "equivalente en intensidad" al del "fallo de un órgano vital... O incluso la muerte".

Tal es el secretismo con el que opera Cheney (siempre se ha negado incluso a revelar cuánta gente trabaja con él en la Casa Blanca) que su no siempre eficiente jefe de relaciones públicas, George W. Bush, es el que pagará el precio histórico por las atrocidades y desastres de los últimos ocho años. Pero lo que muchos sospechan en Washington es que Bush habría ejercido la presidencia de manera menos radical si hubiera optado por otro consigliere; si hubiera elegido como vicepresidente a un Dan Quayle dispuesto a aceptar su papel secundario, lejos del centro de poder, o a uno más inclinado a poner en práctica el concepto en que quizá Bush alguna vez creyó de conservadurismo compasivo.

En dos días pondrá fin a un mandato de ocho años que su sucesor, Barack Obama, ha denunciado por su "espectacular irresponsabilidad", pero lo curioso es que Bush da la sensación de que todavía carece de la experiencia necesaria para ser presidente. Su presidencia lleva su nombre, pero la huella es la de Cheney. La razón es sencilla: a Bush siempre le ha atraído más el título que el cargo de presidente, y las responsabilidades que conlleva. Por temperamento, el trabajo duro del día a día no le interesó y se lo dejó, con descuidada tranquilidad, al maquiavélico Cheney, mientras él se preocupaba por su estado de salud (Bush es un obsesivo del fitness), por cuidar su rancho tejano y por el béisbol.

Preguntado por el periodista Bob Woodward una vez sobre la influencia de su padre, presidente entre 1989 y 1993, en el ejercicio de su presidencia, George W. contestó: "Hay otro padre en las alturas al que apelo". Lo que no quedó del todo claro fue si se refería a la divinidad cristiana, o a su vecino en la Casa Blanca, Dick Cheney.

Por, JOHN CARLIN 18/01/2009
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Miércoles, 24 Diciembre 2008 10:08

Uruguay: Políticas sociales y desigualdad

Los planes sociales vienen mostrando su capacidad  para disminuir la pobreza y fomentar la integración, pero están escasamente relacionados  con la cuestión de la desigualdad. Recientes datos conocidos en Uruguay avalan esta apreciación.

Días atrás se difundieron datos que viene trabajando el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) sobre la evolución de la desigualdad. Aún incompletos pueden ser útiles para abrir un debate sobre el modelo económico.

Según datos difundidos por los medios, el índice Gini –con el que se mide la desigualdad- pasó en Uruguay de 0,438 en 1998 a 0,457 en 2007. Cuanto más cerca de 1 mayor es la desigualdad y a medida que se acerca a 0 mejor es la distribución de la riqueza. Loa curioso del dato es que en 2007 la desigualdad es superior aún que en el pico de la crisis económica de 2002, cuando el índice alcanzó 0,451. Entre 2006 y 2007 la desigualdad creció en 13 de los 19 departamentos aunque la pobrezá bajó en 16. Montevideo se econtraba a la cabeza de la desiguldad con 0,46.

Para 2008 el MIDES espera computar datos sobre el impacto del impuesto a la renta y la reforma de la salud, con lo cual es posible que la desigualdad no crezca o incluso disminuya. Por otro lado, entre 2005 y 2007 el PIB creció un 21 por ciento y los Consejos de Salarios permitieron una considerable recuperación de los ingresos de los trabajadores del 14 por ciento en el mismo período. Además, en el período mencionado se pusieron en marcha los diversos planes sociales y en particular el Plan de Emergencia hoy sustituído pro el Plan de Equidad.

Así y todo, la desiguldad creció. Peor aún: con la crisis económica en curso es muy
probable que buena parte de los avances registrados por los planes sociales sean
revertidos o se estanquen. En paralelo, el Instituto Nacional de Estadística estima que el incremento del precio de los alimentos en el primer semestre de 2008 impidió un mayor descenso de la pobreza y la indigencia.

Todo lo anterior es cierto, así como la voluntad de las autoridades de mejorar los
indicadores sociales. Sin embargo, la persistencia de un modelo económico concentrador de la riqueza, y excluyente, es lo que explica el crecimiento de la desigualdad. Si a ese modelo le llamamos neoliberalismo o de cualquier otro modo, tiene poca importancia. La especulación financiera que caracterizó al Uruguay de los 90 continúa aunque ya no está focalizada en el sector bancario sino en el productivo, con la soja y otros cultivos como principales exponentes. Entre ellos, habría que sumar la forestación y la producción de celulosa.

Se podría argumentar, con entera razón, que un pequeño país como Uruguay no puede salir sólo del modelo, y que para promover tal ruptura debe contar por lo menos con el apoyo de sus poderosos vecinos, en particular de Brasil. Este país, como se sabe, no sólo no ha hecho esfuerzos para salir del modelo neoliberal sino que lo ha profundizado en la agricultura y en la especulación financiera y bancaria. Así y todo, sería imprescindible debatir sobre el modelo, sobre los perjuicios que provoca al país, sobre el deterioro que produce al medio ambiente, sobre su capacidad para concentrar riqueza en un polo y pobreza en el otro… No hacerlo supone que los planes sociales sean funcionales al modo de acumulación, y no una base para revertilo.

Por, Raúl Zibechi, periodista uruguayo, docente e investigador en la Multiversidad
Franciscana de América Latina, y asesor de varios grupos sociales.
ALAI AMLATINA, 23/12/2008, Montevideo.-

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Mientras se agudiza la crisis financiera mundial, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informa que hay más de diez millones de estadounidenses desempleados. El desempleo alcanzó el 6,7% en noviembre. A esto se agregan 7,3 millones de “trabajadores de medio tiempo” que quieren trabajar tiempo completo pero no logran hallar un puesto. Las solicitudes para acceder al seguro de desempleo alcanzaron la cifra más alta en los últimos 26 años, mientras treinta estados afrontan una posible escasez de fondos para el seguro de desempleo. * Nuevamente saltaron a la vista las sorprendentes fallas de reguladores, como la Comisión de Bolsa y Valores, a partir del arresto del ex presidente del NASQDAQ Bernard Madoff (sí, se pronuncia ‘made off’, que en inglés es sinónimo de estafa) acusado de dirigir el mayor fraude financiero piramidal del mundo, con pérdidas estimadas en cincuenta mil millones de dólares, hacen parecer pequeñas a las cifras del escándalo de Enron. La imagen es desalentadora… a menos, claro, que usted sea ejecutivo de una empresa.

Se suponía que el paquete de rescate financiero de 700 mil millones de dólares, conocido como el Programa de Alivio de Activos en Problemas, TARP, por sus siglas en inglés, obligaría a eliminar las compensaciones exorbitantes a ejecutivos y los llamados “contratos blindados”. Mientras los contribuyentes estadounidenses pagan con los dólares que tanto les costó ganar, los ejecutivos de alto vuelo y los directorios de las empresas ahora están considerando adjudicarse bonificaciones multimillonarias.

Según el Washington Post, el lenguaje específico de la ley TARP que prohibía dichos pagos extraordinarios fue cambiado a último momento, mediante una pequeña pero importante edición de una oración realizada por el gobierno de Bush. El Post informó: “El cambio estipuló que la pena se aplicaría solamente a las empresas que recibieron fondos del rescate mediante la venta al gobierno de activos en problemas en una subasta”.

Lea la letra chica. De los fondos de rescate del TARP a ser desembolsados, tan sólo se les impondrían límites en el pago a ejecutivos a aquellos fondos que técnicamente se gastaron “en una subasta”. Pero el Secretario del Tesoro Henry Paulson y su ex colega de Goldman Sachs, Neel Kashkari (sí, se pronuncia “cash carry”, que en inglés significa ‘llevar dinero’), que está a cargo del programa, no tienen intención de gastar los fondos en subastas. Prefieren su Programa de Compra de Capital, que entrega dinero en efectivo en forma directa. Recuerden el curriculum vitae de Paulson: comenzó como asistente especial de John Ehrlichman durante el gobierno de Nixon y luego continuó trabajando durante un cuarto de siglo para Golman Sachs, una de las mayores receptoras de fondos del rescate financiero y principal competidora de Lehman Brothers, la empresa que Paulson dejó que quebrara.

La Oficina de Responsabilidad del Gobierno publicó un informe sobre el TARP el 10 de diciembre, en el que expresa preocupaciones sobre la falta de supervisión de las empresas que recibieron fondos del rescate. El informe plantea que “sin una fuerte función de supervisión y monitoreo, la capacidad del Tesoro de asegurar un nivel adecuado de rendición de cuentas y transparencia será limitada”. La organización de noticias sin fines de lucro ProPublica ha hecho un seguimiento del programa de rescate que reveló detalles que permanecen ocultos por el Tesoro. Al martes pasado, 202 instituciones habían obtenido fondos de rescate por un total de alrededor de 250 mil millones de dólares.

La Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo recientemente: “La implementación del TARP por parte del Departamento del Tesoro no es suficientemente transparente y no rinde cuentas a los contribuyentes estadounidenses”. Barney Frank, diputado demócrata de Massachussetts y presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, dijo anteriormente: “La utilización de estos fondos (…) para bonificaciones, para el pago de indemnizaciones por despidos, para dividendos, para la adquisición de otras instituciones, etc., es una violación a las disposiciones de la ley”.

El senador Republicano Charles Grassley de Iowa dijo acerca del vacío legal: “Las delgadas restricciones a las compensaciones a ejecutivos en el proyecto de ley original desaparecieron”. Dejando de lado por el momento que los tres votaron a favor de la legislación, la ley claramente debe ser corregida antes de que se otorguen fondos adicionales.

Las sumas de dinero que se están llevando estos titanes de Wall Street son estremecedoras. En su informe anual “Exceso Ejecutivo”, los grupos United for a Fair Economy (Unidos por una economía justa) y el Institute for Policy Studies (Instituto de Estudios sobre Políticas) informaron que la compensación de 2007 para Lloyd Blankfein, Presidente de Goldman Sachs (el sustituto de Paulson) fue de 54 millones de dólares, y la de John Thain, Presidente de Merril Lynch, fue la cifra astronómica de 83 millones de dólares. Desde entonces Merrill fue vendida a Bank of America, luego de perder más de 11 mil millones de dólares este año; sin embargo, Thain aún quiere una bonificación de diez millones.

Paulson, Kashkari y su jefe, el Presidente George W. Bush, quizá no sean las personas más indicadas para gastar los próximos 350 mil millones de dólares del dinero de los contribuyentes estadounidenses, apenas semanas antes de que se reúna el nuevo Congreso, el 6 de enero, y de que Barack Obama asuma la presidencia, el 20 de enero. Al igual que el informante de Watergate, Garganta Profunda, le habría dicho a Bob Woodward cuando Paulson recién comenzaba: “Sigue la pista del dinero”. El pueblo estadounidense, sus representantes en el Congreso y el nuevo gobierno de Obama deben seguir el rastro del dinero, remediar el vacío legal en relación con el pago a ejecutivos y exigir rendición de cuentas de los bancos rescatados por el público.
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Denis Moynihan colaboró como investigador para esta columna.
Amy Goodman es presentadora de Democracy Now! un noticiero diario de una hora que se emite por radio y televisión en más de 550 emisoras en inglés y 200 emisoras en español.
Por, Amy Goodman
Texto En Inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
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Sábado, 20 Diciembre 2008 09:30

Breves reflexiones sobre la revuelta en Atenas

1. Pienso que nuestras sociedades están supersaturadas con rabia no reconocida, una que repentinamente puede cristalizar en torno a algún incidente aislado de abuso policiaco o de represión estatal. Aunque las semillas de la revuelta se han sembrado flagrantemente, la sociedad burguesa casi no reconoce que es su propia cosecha.

En Los Ángeles en 1992, por ejemplo, cada adolescente en las calles (o para el caso todo policía de turno, a pie) supo que venía el Armagedón. Las ensanchadas líneas de quiebre entre la juventud de las barriadas y el gobierno de la ciudad debieron haber sido visibles hasta para el más ingenuo de los observadores: arrestos masivos semanales, innumerables tiroteos de policías contra chavales desarmados, una indiscriminada caracterización de los jóvenes de color como gángsters, unos injuriantes dobles criterios de justicia, y así por el estilo. No obstante, cuando ocurrió la erupción, en la ola del veredicto de la corte que exoneraba al policía que casi había matado a Rodney King a golpes, las elites políticas y de los medios reaccionaron como si alguna fuerza secreta, impredecible, se hubiera desatado desde las profundidades de la Tierra.

Subsecuentemente, los medios (que sobrevolaban en helicópteros casi todos) intentaron manejar la percepción mundial del motín mediante la simplificación y el estereotipamiento drásticos: las pandillas de negros estaban en las calles incendiando y saqueando. De hecho, el veredicto en torno al caso Rodney King se volvió el núcleo respecto del cual diversos agravios se aglutinaron. De los miles arrestados pocos eran en realidad los miembros de pandillas y únicamente un tercio era siquiera afroestadunidense. La mayoría eran inmigrantes pobres o sus hijos, que fueron arrestados por robar pañales, zapatos y televisores de las tiendas locales. La economía de Los Ángeles estaba (aún está) en un profunda recesión y los barrios latinos pobres al oeste y al sur del centro de la ciudad fueron los más afectados, pero la prensa nunca había informado de su miseria existencial, así que casi se ignoró por completo la dimensión de “motín por pan” del levantamiento.

De modo semejante, en la Grecia actual, una atrocidad policiaca “normal” finalmente dispara un brote que se estereotipa como furia inexplicable y se culpa a los anarquistas de las sombras, cuando que, de hecho, “guerra civil de baja intensidad” es el término que mejor caracterizaría lo que desde hace mucho es la relación entre la policía y varios estratos de jóvenes.

2. No estoy calificado, en lo absoluto, para comentar la especificidad de las condiciones griegas, pero tengo la impresión de que hay importantes contrastes con la Francia de 2005. La segregación espacial de los jóvenes inmigrantes y pobres parece menos extrema que en París, pero las perspectivas de empleo para los muchachos pequeñoburgueses son considerablemente peores: la intersección de estas dos condiciones trae a las calles de Atenas a una coalición más diversa de estudiantes y jóvenes adultos desempleados. Más aún, heredan una continuada tradición de protesta y una cultura de la resistencia que es única en Europa.

3. ¿Qué demanda la juventud griega? Seguramente percibe con claridad implacable que la depresión mundial cancela las reformas tradicionales del sistema educativo y el mercado laboral. ¿Por qué habrían de tener fe alguna en la repetición seriada del Pasok (el Panellinio Sosialistiko Kinima o Movimiento Socialista Panelénico) y sus promesas rotas?

Pero sí, están ustedes en los cierto: ésta es una especie original de revuelta, prefigurada por los motines anteriores en Los Ángeles, Londres y París, pero que surge de un nuevo y más profundo entendimiento de que el futuro ya lo saquearon por adelantado. De hecho, ¿qué generación en la historia moderna (aparte de los hijos de la Europa de 1914) ha sido tan totalmente traicionada por los patriarcas?
Me angustia esta pregunta porque tengo cuatro hijos y aun el más joven entiende que su futuro puede ser radicalmente diferente que mi pasado. La cohorte de mi generación [los llamados bayboomers] le hereda a sus hijos una economía mundial rota, extremos de inequidad social que aturden, brutales guerras en las fronteras imperiales y un clima planetario fuera de control.

4. A Atenas se le mira ampliamente como la respuesta a la pregunta: “¿Y después de Seattle qué?” Recuerden las manifestaciones contra la OMC y la “batalla de Seattle” en 1999, que abrieron una nueva era de protestas no violentas y activismo de base; la tremenda popularidad de los Foros Sociales Mundiales; las demostraciones de protesta contra la invasión de Irak por Bush en 2003, que tenían la fuerza de millones de personas, y el amplio respaldo hacia los Acuerdos de Kyoto, todo esto auguraba una enorme esperanza de que un “mundo alterno” podía aún nacer.

Desde entonces, la guerra no ha terminado, las emisiones de gases con efecto invernadero aumentaron muchísimo y el movimiento del foro social ha languidecido. Un ciclo completo de protesta llegó a su fin justo en el momento en que estalló la caldera de Wall Street del capitalismo globalizado, y deja en su ola problemas más radicales y nuevas oportunidades para el radicalismo.

La revuelta en Atenas termina con la reciente sequía de rabia. Sus cuadros parecen tener muy poca tolerancia hacia las consignas esperanzadoras o las soluciones optimistas, lo que los distingue de las demandas utopistas de 1968 o el espíritu anhelante de 1999. Esta ausencia de demandas de reforma (y como tal, de cualquier manejo convencional de las protestas), por supuesto, es lo que es más escandaloso, no los cocteles molotov o las vitrinas rotas. No recuerda tanto a la izquierda estudiantil de los años 60 sino a las intransigentes revueltas del anarquismo de los descastados de Montmartre en la década de 1890 o del Barrio Chino de Barcelona a principios de la década de 1930.

Algunos activistas estadunidenses, por supuesto, consideran esto como la renovación de la protesta al estilo Seattle, con la cuota temporal de pasión mediterránea. Encaja con una idea de que “Obama-traerá-cambios”, en un paradigma de entendimiento que es una repetición de los movimientos de reforma política de los años 30 o los 60.

Pero otros jóvenes que conozco rechazan esta interpretación sacada de la manga. Se identifican a sí mismos (igual que los anarquistas de fin d’siecle) como una “generación condenada” y miran en las calles de Atenas la métrica apropiada de su propia rabia.

Hay el peligro, por supuesto, de sobrestimar la importancia de una erupción en un escenario nacional específico, pero el mundo se ha vuelto inflamable y Atenas es el primer chispazo.

Por, Mike Davis
Traducción: Ramón Vera Herrera.
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Viernes, 19 Diciembre 2008 09:00

El Estado extorsionador

En uno de sus más celebrados ensayos, el sociólogo e historiador Charles Tilly, recientemente fallecido, afirma que la formación del Estado es uno de los ejemplos más importantes de crimen organizado. La construcción del Estado es, según esta visión, un proceso que opera a base de extorsión con la ventaja de la legitimidad. Dado que los gobiernos son los que usualmente simulan, estimulan y/o fabrican las amenazas de guerra externa, y que las actividades represivas de estos mismos gobiernos frecuentemente constituyen la peor amenaza a la subsistencia de sus ciudadanos, en esencia muchos gobiernos funcionan, según Tilly, igual que los extorsionadores. Claro que hay una diferencia, los extorsionadores, en la definición convencional, operan sin la venia del gobierno.

Si definimos a un extorsionador como alguien que crea un peligro y luego nos cobra por librarnos de él, se puede entender la protección que dan los gobiernos como una extorsión. Se produce o se falsifica un peligro y luego se cobra para evitar que esto afecte a los ciudadanos. No hace falta mucha imaginación sociológica para ver que esta manera novedosa de entender a la construcción y funcionamiento de los Estados modernos se puede aplicar a situaciones contemporáneas como la creada alrededor de Irak y la “guerra contra el terrorismo”. Pero también se puede utilizar la idea del Estado como extorsión organizada para analizar casos no ligados a guerras externas, sino a situaciones menos conocidas y menos deslumbrantes. El caso de los actuales de-salojos en la ciudad de Buenos Aires es uno de ellos. Productos de la valorización inmobiliaria, de los cambios en el poder judicial, y de una política que, en sus efectos, aparenta ser coordinada, los desalojos han crecido exponencialmente durante el último año. En los primeros ocho meses de este año que culmina se llevó a cabo un promedio de un procedimiento de desalojo por día.

Veamos lo que sucede habitualmente cuando hay un desalojo en la ciudad. Junto a la policía que lleva a cabo el procedimiento de desalojo, suelen aparecer funcionarios municipales de segundo rango. Los funcionarios judiciales, según un reciente estudio del Centro de Estudios Legales y Sociales, rara vez se toman el trabajo de hacerse presentes. Mientras los desalojados (muchas veces inquilinos engañados por alguien que dice ser propietario del inmueble) sacan sus pocas pertenencias, el funcionario municipal les comunica la existencia de un “subsidio” para gente en “situación de calle” (subsidio al que sólo se puede acceder una vez que se está en la calle y no antes, como aconsejaría el sentido común). Este subsidio, en el mejor de los casos, costea los gastos de habitación por seis meses. Pasado ese período, el Estado asume que la “situación de calle” se resolverá. Frente a la destitución creada por el propio Estado, se ofrece algo de protección paliativa y fe en lo que expertos urbanistas describen como quimera.

Si pensamos en lo que sucede en cada desalojo veremos que el Estado genera un peligro y al mismo tiempo una protección degradada, a cambio de un silencioso consentimiento. Si bien son distintos poderes y distintas dependencias las que operan en los desalojos, el Estado como un todo funciona como una organización de extorsión.

En momentos en que la “corrupción” está en boca de todos (pocas veces un término fue tan inútil política y analíticamente), quizá sería mejor pensar que el Estado funciona como una organización extorsiva aun en ausencia de actividades ilícitas. Como en el caso de las mafias y de los Estados en guerra, sabemos que cuando el Estado funciona de esta manera, el sufrimiento de los ciudadanos más vulnerables termina siendo el ineluctable resultado.

Por, Javier Auyero*.
* Profesor de Sociología de la Universidad de Texas-Austin. Autor de Inflamable (Paidós) y La zona gris (Siglo XXI).
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En reunión convocada por la Secretaria General de la Presidencia de la República entre el presidente Lula y Movimientos Sociales y ONGs, fue entregada al gobierno Lula, el 26/11 una carta firmada por cerca de 60 entidades, con las preocupaciones y propuestas sobre la situación social y económica del país. La reunión aconteció desde las 3 p.m. en el Palácio do Planalto, contando también con la presencia de los ministros Luiz Dulci (Secretaria General), Dilma Roussef (Casa Civil) y Guido Mantega (Hacienda).

Presidente Lula,

Saludamos el Gobierno Federal por la iniciativa de escuchar a los movimientos sociales y sindicales, populares, pastorales sociales y entidades que actuamos organizando nuestro pueblo, frente al grave cuadro de crisis que ya se hace sentir y que -todo lo indica- se va a profundizar sobre nuestra economía, nuestra sociedad y especialmente sobre el pueblo brasilero.

Queremos aprovechar esa oportunidad para presentar nuestras propuestas concretas que el Gobierno Federal debe implementar con vistas a la preservación de los intereses del pueblo, no solo el de las empresas y del capital.

El conjunto de esas propuestas está inserto en el espíritu general de que debemos aprovechar la brecha de la crisis para cambiar la política macroeconómica de naturaleza neoliberal en aras de construir un nuevo modelo de desarrollo nacional, basado en otros parámetros, sobretodo en la distribución de la renta, en la generación de empleo y en el fortalecimiento del mercado interno.

Nuestra preocupación fundamental es aprovechar para que en ese cambio se logren medidas concretas que logren mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, garantizando los derechos a la educación pública, gratuita, democrática y de calidad en todos los niveles; a la vivienda digna; acceso a la cultura e a las reformas urbana y agraria.

Desgraciadamente, gran parte de nuestro pueblo no tiene acceso a esos derechos básicos. Sabemos que poderosos intereses de los capitalistas locales, de las empresas trasnacionales y, sobretodo, del sistema financiero, concentra cada vez más riqueza, renta e impiden que nuestro pueblo pueda desfrutar de la riqueza por él mismo producida.

Ya estamos hartos de tanta dominación capitalista y nos damos cuenta de las crisis financieras y de la ofensiva de los intereses del imperio que controla las riquezas naturales, minerales, el agua, las semillas, el petróleo, la energía y el resultado de nuestro trabajo.

Frente a eso, queremos presentarle algunas propuestas concretas para que podamos solucionar, de hecho, los problemas que afectan al pueblo e impedir que las grandes empresas trasnacionales y los bancos trasfieran para el pueblo el costo de la crisis.

Propuestas de articulaciones internacionales:

1. Como respuesta a la crisis, defendemos el fortalecimiento de la estrategia de integración regional, que se materializa desde mecanismos tales como el MERCOSUR, Unasur y Alba.

2. Apoyamos medidas como la sustitución del dólar en las transacciones comerciales por monedas locales, como recién se hizo entre Brasil y Argentina, y sugerimos que esa medida sea adoptada por el conjunto de los países de América Latina.

3. Defendemos la consolidación lo más rápido posible del Banco del Sur, como un agente que promueva el desarrollo regional y estimule el crecimiento del mercado interno entre los países de América Latina y como un mecanismo de control de nuestras reservas, APRA impedir la especulación de los bancos, del FMI y de los intereses del capital de los Estados Unidos.

4. Afirmamos que la crisis actual económica y financiera es de responsabilidad de los países centrales y de los organismos por ellos dirigidos: la OMC, el Banco Mundial y el FMI. Defendemos un nuevo orden internacional que respete la soberanía de los pueblos y naciones.

5. Pedimos vuestro empeño y compromiso con la retirada inmediata de todas las fuerzas extranjeras de Haití. Ningún país de América Latina debe tener bases y presencia militar extranjera. Proponemos, en su lugar, la constitución de un fondo internacional solidario para la reconstrucción económica y social de aquel país. Presentamos también nuestra oposición a la reactivación de la Cuarta Flota de la Marina de Guerra de Estados Unidos en aguas latinoamericanas.

PROPUESTAS DE POLÍTICAS INTERNAS

1. Controlar y reducir inmediatamente las tasas de interés.

2. Imponer un riguroso control del movimiento del capital financiero especulativo, instituyendo quarentenas e impidiendo el libre camino, penalizando con elevados impuestos sus ganancias.

3. Defendemos que todos los gobiernos deben utilizar las riquezas naturales, de energía, del petróleo, de los minerales, para crear fondos solidarios para invertir en la solución definitiva de los problemas del pueblo, como derecho al empleo, educación, tierra, vivienda. Para ello, el gobierno brasilero necesita cancelar inmediatamente la nueva subasta del petróleo, marcada para el 18 de diciembre próximo.

4. El Gobierno Federal debe revisar la política de mantenimiento del superávit primario, que es una vieja y desgastada orientación del FMI -uno de los responsables por la crisis económica internacional. Y debemos usar los recursos del superávit primario para hacer voluminosas inversiones gubernamentales en transporte público, construcción de viviendas populares para la gente de bajos ingresos, valorizando de esa forma la reforma urbana y agraria; incentivando a la producción de alimentos por la agricultura familiar y campesina. Hacer fuertes inversiones en la construcción de escuelas, contratación de profesores para universalizar el acceso a la educación de nuestros jóvenes, en todos los niveles, en escuelas públicas, gratuitas y de calidad.

5. Defendemos que el gobierno establezca metas para la apertura de nuevos puestos de trabajo desde un amplio programa de incentivo a la generación de empleos formales, especialmente, entre los jóvenes. Reajustar inmediatamente el salario mínimo y los beneficios de la seguridad social como principal forma de distribución de renta entre los más pobres.

6. Controlar los precios de los productos agrícolas pagados a los pequeños agricultores, implantando un masivo programa de garantía de compra de alimentos, a través de la CONAB (Compañía Nacional de Abastecimiento). Hoy, las empresas trasnacionales que controlan el comercio agrícola están penalizando a los agricultores, reduciendo en 30%, en media, los precios pagados por el leite, maíz, carne de cerdo y aves. Pero, en el supermercado, el precio continúa en ascenso.

7. Revocar la Lei Kandir (1) y volver a tener impuesto sobre las exportaciones de materias primas agrícolas y minerales para que la población no sea penalizada, para estimular su exportación.

8. El gobierno federal no puede usar dinero público para subsidiar y ayudar a salvar los bancos y empresas especuladoras que siempre ganaron mucho dinero y ahora, en la crisis, quieren transferir su costo a toda la sociedad. Quien siempre defendió el mercado como su "dios regulador", ahora que asuma las consecuencias de eso. En ese sentido, los bancos públicos (BNDES-Banco Nacional de Desarrollo Social, Caja Económica Federal e Banco de Brasil) deberían estar orientados no para prestar socorro al gran capital, sino APRA beneficio de todos los pueblos.

9. Reducir la jornada de trabajo en todo el país y en todos los sectores, sin reducción de los salarios, como una de las formas de aumentar los cupos. Y apenar duramente a las empresas que están dimitiendo.

10. La media continúa concentrada en manos de pocos grupos económicos. Ese cuadro refuerza la difusión de un pensamiento único que privilegia el lucro en perjuicio de las personas y excluye la visión de segmentos sociales y de sus organizaciones del debate público. Para revertir esa situación y poner la media al servicio de la sociedad es preciso ampliar el control de la población sobre las concesiones de radio y TV, fortalecer la comunicación pública y garantizar condiciones para el funcionamiento de las radios comunitarias, poniendo fin a la represión sobre ellas. Por todo eso es urgente que el gobierno federal convoque la Conferencia Nacional de Comunicación.

11. Para garantizar los territorios y la integridad física y cultural de los pueblos indígenas y quilombolas (2), como determina la Constitución, el gobierno federal debe continuar demarcando las tierras y realizando la ‘desintrusão’ (3) de estos territorios en todo el país, sin ceder a las crecientes presiones de los sectores anti-indígenas -tanto políticos como económicos. En la lucha por sus derechos territoriales, los pueblos indígenas y quilombolas han enfrentado la violencia y la discriminación cada vez más fuerte en todo el país. Llamamos especial atención en ese momento a la urgencia para la demarcación de las tierras tradicionales del pueblo indígena Guarani Kaiowá, que vive en Mato Grosso do Sul (centro-oeste de Brasil). Actualmente, ellos están confinados en ínfimas porciones de tierra y, principalmente, por ello hay un alto índice de suicidios entre el pueblo.

12. Realizar la auditoría integral de la deuda pública para lanzar las bases técnicas y jurídicas para la renegociación soberana de su montante y de su pago, considerando las deudas histórica, social y ambiental de las cuales el pueblo trabajador es creedor.

13. Defendemos una reforma política que amplíe los espacios de participación del pueblo en las decisiones políticas. Una reforma no solo electoral, sino que amplíe los instrumentos de democracia directa y participativa.

14. En tiempos de crisis, hay una investida predatoria sobre los recursos naturales como forma de acumulación fácil y rápida; por ello, no podemos aceptar las propuestas irresponsables de cambios en la legislación ambiental por parte de los representantes del agronegocio, que pretende reducir las áreas de reservas legales en la Amazonia y las áreas de encuestas, topos de sierras y áreas inundadas en el que resta de la Mata Atlántica. Demandamos la creación de una política de preservación y recuperación de los biomas brasileros

15. Contra la criminalización de la pobreza y de los movimientos sociales. Por el fin de la violencia y por el libre derecho de manifestación de los que luchan en defensa de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos.

Esperamos que el gobierno ayude a desencadenar un amplio proceso de debate en la sociedad, en todos los segmentos sociales, para que el pueblo brasilero perciba la gravedad de la crisis, se movilice y luche por cambios.

Atentamente,

* Firman:

Via Campesina Assembléia Popular - AP Coordenação dos Movimentos Sociais - CMS Grito dos Excluídos Continental Grito dos Excluídos Brasil Associação Nacional de Ong’s - ABONG Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST Central Única dos Trabalhadores - CUT União Nacional dos Estudantes - UNE Marcha Mundial de Mulheres - MMM Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB Central Geral dos Trabalhadores do Brasil - CGTB Central de Movimentos Populares - CMP Associação Brasileira de Imprensa - ABI Confederação das Associações das Associações de Moradores - CONAM Caritas Brasileira CNBB/Pastorais Sociais Comissão Pastoral da Terra - CPT Conselho Indigenista Missionário - CIMI Movimento dos Pequenos Agricultores - MPA Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB Movimento das Mulheres Camponesas - MMC União Brasileira de Mulheres - UBM Coordenação Nacional de Entidades Negras - CONEN Movimento dos Trabalhadores Desempregados - MTD Movimento Trabalhadores Sem Teto - MTST União Nacional Moradia Popular - UNMP Confederação Nacional das Associações de Moradores - CONAM Movimento Nacional de Luta por Moradia - MNLM Ação Cidadania Conselho Brasileiro de Solidariedade com Povos que Lutam pela Paz - CEBRAPAZ Associação Brasileira de Rádios Comunitárias - ABRAÇO Coletivo Brasil de Comunicação - INTERVOZES Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais Jubileu Sul Brasil Movimento pela Libertação dos Sem Terras - MLST União Estudantes Secundaristas - UBES União Juventude Socialista - UJS Evangélicos pela Justiça - EPJ União nacional de Entidades Negras - UNEGRO Federação Estudantes de Agronomia do Brasil - FEAB Pastoral da Juventude do Meio Rural - PJR Associação dos Estudantes de Engenharia Florestal - ABEEF Movimento dos Trabalhadores Desempregados - MTD Confederação Nacional Trabalhadores Entidades de Ensino - CONTEE Confederação Nacional Trabalhadores da Educação - CNTE Confederação Nacional do Ramo Químico - CNQ/CUT Federação Única dos Petroleiros - FUP Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas - SINTAP/CUT Associação Nacional de Pós-graduandos - ANPG Confederação Nacional dos Metalúrgicos - CNM/CUT Movimento Camponês Popular - MCP Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira - COIAB Conselho Indigenista de Roraima - CIR Federação Trabalhadores Metalúrgicos do Rio Grande do Sul Ação Franciscana de Ecologia e Solidariedade Instituto Nacional Estudos Sócio-econômicos - INESC


Notas de la traducción / edición:

(1) La Ley Kandir isenta del tributo ‘ICMS’ (Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Prestación de Servicios) los productos y servicios destinados a la exportación. Su autor fue el diputado Antônio Kandir (PSDB- SP)

(2) Quilombolas es designación común a los esclavos refugiados en ‘quilombos’, o descendientes de esclavos cuyos antepasados huyeron de las plantaciones de caña de azúcar para constituir comunidades quilombolas. Hoy, más de dos mil comunidades quilombolas en todo el territorio brasilero se mantienen vivas y actuantes, luchando por el derecho a la propiedad de sus tierras, consagrado por la Constitución Federal de 1988.

(3) ‘Desintrusão’ - retirada de los invasores de tierras.

Por, Adital
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36246

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Alfonso Cano, cuyo nombre civil es Guillermo León Sáenz Vargas (Bogotá, 1948), es el comandante de la guerrilla más antigua del mundo. En esta entrevista con Público, la primera que concede a un medio de comunicación en 19 meses, el líder intelectual de la guerrilla analiza la época de Alvaro Uribe y mantiene qué es difícil avanzar en el camino hacia la resolución de la guerra civil que dura ya décadas con el nuevo mandatario Juan Manuel Santos. Cano contestó a las preguntas a través de un cuestionario que devolvió firmado el 21 de mayo de 2011 en “las montañas de Colombia”.

¿Cuáles son las razones por las que luchan las FARC?


Nuestros objetivos son la convivencia democrática con justicia social y ejercicio pleno de la soberanía nacional, como resultado de un proceso de participación ciudadana masivo que encause a Colombia hacia el socialismo.

Son la guerrilla más antigua del mundo. ¿Siguen vigentes los motivos por los que iniciaron su lucha armada o éstos han cambiado con el tiempo?

En estos 47 años se desató una vertiginosa transformación en la ciencia y en la tecnología, se elevaron los índices de crecimiento económico en muchos países, colapsó el modelo soviético de construcción socialista e irrumpió incontenible la República China. Sin embargo, pese a todo ello y a muchas otras novedades trascendentes, el hambre creció en el planeta, las injusticias, las brechas sociales y los conflictos persistieron y aumentaron mientras que cerca de 10.000 individuos espantosamente adinerados deciden la suerte de miles de millones de personas. Las FARC nacimos resistiendo a la violencia oligárquica que utiliza sistemáticamente el crimen político para liquidar a la oposición democrática y revolucionaria; también como respuesta campesina y popular a la agresión latifundista y terrateniente que inundó de sangre los campos colombianos usurpando tierras de campesinos y colonos, y nacimos también, como actitud digna y beligerante de rechazo a la injerencia del Gobierno de EEUU en la confrontación militar y en la política interna de nuestra patria, tres razones esenciales que gestaron a las FARC tal como se señala en el Programa Agrario de Marquetalia elaborado y difundido en 1964. Una somera mirada sobre la realidad colombiana de mayo de 2011 nos muestra que, a pesar del contexto internacional reseñado, estos tres factores germinales persisten y se agravan en la actualidad.

¿Cree que es posible abrir un proceso negociador con el presidente Juan Manuel Santos?

Con el esfuerzo mancomunado de muchos sectores progresistas y democráticos interesados en una solución incruenta del conflicto, siempre será posible construir escenarios e iniciar conversaciones directas de horizontes ciertos, con cualquier gobierno, incluyendo al actual pese a que este, empezando con su mandato, redujo las posibilidades al imponer una ley que cierra puertas a diálogos dentro del país. Pero somos optimistas sobre la eventualidad de lograrlo.

Ante la negativa del Gobierno de aceptar canjes de rehenes por guerrilleros presos, ¿qué planes tiene para los secuestrados que siguen en poder de las FARC?

Le entiendo que usted se refiere a los prisioneros de guerra que tenemos en nuestro poder, porque una aproximación desapasionada, rigurosa y objetiva al tema, en una confrontación política, social y militar de cerca de 47 años, que enfrenta a dos adversarios debe aludir a prisioneros de guerra que las partes capturan en el devenir de esa confrontación, ¿cierto?. La negativa actual del gobierno al canje no tiene por qué arredrarnos en la aspiración de tener con nosotros, libres, a los camaradas presos en la actualidad y a que regresen a sus hogares los prisioneros, militares y policías capturados en combate, que tenemos en nuestro poder, a quienes sus familias también aspiran a tener de nuevo en su seno. Por encima de la indiferencia del Estado sobre los propios soldados, vamos a perseverar. Se sabe que mientras perdure una confrontación habrá prisioneros en poder de las partes.

El Comité Internacional de la Cruz Roja es un organismo neutral encargado de velar por el cumplimiento del derecho internacional humanitario. En su último informe indica que "mientras las partes en conflicto adelanten los enfrentamientos armados en zonas rurales, la población que habita estas áreas vive en permanente peligro y está expuesta a violaciones del DIH como: homicidios y/o ataques a personas protegidas por el DIH: desapariciones forzadas; violencia sexual; toma de rehenes; reclutamiento forzado; malos tratos físicos y/o psicológicos; y desplazamiento forzado. La falta de respeto al principio de distinción entre combatientes y civiles, las presiones para colaborar generando represalias directas contra los civiles, la ocupación de bienes civiles privados o públicos y la contaminación por armas son otros factores agravantes que afectan la vida de las comunidades".

¿Cuáles de estas violaciones comete las FARC?

Para ser rigurosos habría que referir uno a uno los casos informados por el CICR y como este no es el espacio adecuado, le puedo comentar que para nosotros, lo primero y más importante de nuestra lucha es la población, no solo por razones de principios políticos e ideológicos, sino prácticos de la guerra. Únicamente en la medida que respondamos a las necesidades objetivas de la población en cada área, podemos resistir, crecer y avanzar. De lo contrario es imposible.

Hace años y dada la intensidad de los combates, difundimos unas normas de comportamiento para que la población civil no permitiera su utilización como escudo por parte de la fuerza pública que construye cuarteles en medio de los poblados, utiliza el transporte público para sus movimientos, entrevera caravanas de vehículos militares en medio del transporte civil para sus desplazamientos por carreteras, pernocta en las escuelas y colegios, etc., prácticas que la fuerza pública utiliza, creándole peligrosos riesgos a la población.

Eventualmente unidades nuestras pueden violentar las normas, pero como estamos regidos por unos Estatutos, unas Normas y unos Reglamentos de Régimen Disciplinario estricto, cimentados en una concepción revolucionaria de la vida, que armonizan las relaciones entre combatientes y también, las nuestras con la población civil garantizando una profunda, sincera, armónica y sólida relación, tomamos los correctivos que señalan nuestros documentos.

Respecto al DIH y a sus Protocolos adicionales, mantenemos algunas reservas porque, en ocasiones, dificultan la aproximación a ciertas situaciones, dado que fue concebido y diseñado para conflictos entre naciones y, pese a los protocolos adicionales, no siempre proporciona el justo equilibrio. Por ejemplo, calificar como "ejecuciones extrajudiciales" la homicida, criminal y sistemática práctica de las Fuerzas Armadas oficiales de Colombia durante los últimos 63 últimos años, de asesinar civiles, vestirlos con ropa militar y colocar armas a sus cadáveres para hacerlos pasar como guerrilleros "dados de baja" en combate, en un país que se ufana de ser un Estado de Derecho y cuya legislación no contempla la pena de muerte, posibilitó un trato benigno y celestino a los criminales, que ha escamoteado una condena drástica, vertical, diáfana y oportuna al terror desarrollado por el Estado colombiano desde hace más de 47 años.

La norma sobre el uso de armas no convencionales, es una reglamentación para la guerra entre naciones que no puede abarcar a movimientos populares como el nuestro que se armó desde un comienzo con palos y machetes para defenderse de una agresión gestada y ejecutada por el Estado, con la contribución militar, financiera y tecnológica de la Casa Blanca. Equivale a recriminar al bíblico David porque utilizó piedras para defenderse de la agresión del coloso Goliat.

Valdría la pena trabajar un escenario internacional donde analizar, desde diferentes ópticas, estas situaciones y otras del mismo tenor e intercambiar conceptos sobre la "neutralidad" que por encima de cualquier consideración, deben mantener quienes se reclaman sus garantes.

Las FARC hacen uso de minas antipersona, entre otras cosas contra operaciones de erradicación manual de cultivos de hoja de coca. ¿Por qué continúan usando un arma prohibida por el derecho humanitario y que todo el mundo acordó en 1998 erradicar en el Tratado de Ottawa o la Convención sobre la prohibición de minas antipersonales?

Le reitero que acerca del armamento utilizado por la guerrilla en su lucha de resistencia, en la irregularidad de su táctica y como consecuencia de la asimetría que caracteriza una confrontación como la colombiana, será necesario que en un escenario internacional ampliamente representativo, con la presencia de la guerrilla revolucionaria por supuesto, nos ocupemos de abordar este tema con objetividad, sin mentiras, buscando unas conclusiones realistas que todos podamos acatar rigurosamente, incluyendo a los gobiernos. Es ridículo, por calificarlo de alguna manera, que cuando el Estado colombiano lanza operativos contra insurgentes en una proporción de 100 militares por cada guerrillero, con bombardeos de ablandamiento ejecutados con miles de toneladas de pentolita , realizados por una aviación dotada de cohetes de todo tipo, ametrallamientos desde sus centenares de helicópteros gringos y rusos de última tecnología, fuego de artillería con morteros de 120 mm, salgan luego los altos mandos militares a quejarse y a denunciar, porque muchas de sus unidades cayeron en campos minados en tan desigual teatro de operaciones. O, como también sucede, es criminal forzar a civiles a servirles como guía en sus labores de rastreo y seguimiento con consecuencias muchas veces lamentables para quienes han sido obligados. O, como sucede en otras ocasiones, es perversamente fariseo dar dinero a civiles para que ejerzan como soplones, quienes buscando información, muchas veces son víctimas de la confrontación.

Sin duda, nadie puede escatimar esfuerzos por separar a la población civil del conflicto. Esto debe privilegiarse en todos y cada uno de los hechos que se acometan como parte del conflicto, pero como entender esto en el caso de Colombia, donde el gobierno nacional desató una intensa campaña para reclutar civiles como informantes a cambio de dinero, integrándolos a un aparato llamado Red de Cooperantes, ¿se estarán ciñendo a las normas del DIH?. ¿O existe una contradicción entre su discurso maniqueo frente a la normatividad internacional y las políticas que desarrolla?. Son muchos los temas que deberá abocar una reunión de actualización del DIH, en la que sería vital la participación de los Estados Unidos de Norteamérica para también analizar la sindéresis entre las exigencias que hace al resto del mundo respecto a los Derechos Humanos y su práctica cotidiana y universal.

¿Tienen futuro las FARC si se mantienen al margen del narcotráfico? ¿Qué relaciones tienen ahora con el cultivo y tráfico de drogas? ¿Es hoy en día su principal fuente de financiación? ¿Cuánto dinero ingresan al año por este concepto?

Nuestra lucha por permanecer al margen del narcotráfico no ha sido fácil ya que en los últimos 30 años Colombia ha sido permeada y contaminada, de pies a cabeza, por los dineros del narcotráfico: las instituciones del Estado sin excepción, la industria, la banca, el comercio, la política, el deporte, el agro, la farándula, las fuerzas militares y de policía, y en general, el conjunto del tejido social.

La guerra contra las drogas decretada por la Casa Blanca ha sido un fracaso, especialmente en Colombia pues ha dejado una enorme estela de sangre, desintegración social y pérdida de valores sustantivos de la ética y a moral, mientras que el área sembrada de coca oscila pendularmente entre las 90 mil y las 180 mil hectáreas y el país continúa a la cabeza del tráfico mundial, según informes de diversos organismos internacionales.

De tiempo atrás, hemos manifestado nuestro acuerdo con la legalización o con la despenalización que, desde las épocas del premio nobel norteamericano Milton Friedman hasta hoy incluyendo a 4 expresidentes latinoamericanos y a gran cantidad de personalidades y organizaciones del mundo entero, se promueve como salida realista para liquidar definitivamente las enormes ganancias de este tráfico, manejar su creciente consumo como un problema de salud pública y desarrollar estrategias preventivas con la certeza de su superación definitiva.

En épocas del Caguán, en sesión especial ante embajadores y representantes de diversos países y organismos multilaterales, presentamos un plan detallado para experimentar en un área delimitada una estrategia de sustitución de cultivos que desestimulara a los campesinos cultivadores de coca y les contribuyera en la creación de alternativas económicas ciertas. Muchos narcotraficantes y dirigentes políticos de los partidos de gobierno se atravesaron a la propuesta y la frustraron.

El narcotráfico no es un problema de las FARC. Es un fenómeno nacional, latinoamericano y mundial al que se le debe hacer frente con una estrategia nacional y convergente encabezada por los primeros responsables y también grandes víctimas de este cáncer: los países desarrollados.

Quisiera serle taxativo en esto: ninguna unidad fariana, de acuerdo a los documentos y decisiones que nos rigen, pueden sembrar, procesar, comerciar, vender o consumir alucinógenos o sustancias psicotrópicas.

Todo lo demás que se diga, es propaganda.

Al margen del narcotráfico, ¿cómo se financian las FARC?

Las FARC - EP tenemos tres fuentes básicas de financiación: aportes de amigos y simpatizantes que creen sinceramente en el compromiso revolucionario de las FARC y en la causa por la que luchamos; impuestos que cobramos a los ricos, a través de la ley 002 y, rentas generadas de inversiones que mantenemos.

Las FARC han sufrido sus golpes más duros durante el Gobierno de Uribe, como la Operación Jaque, la Operación Fénix, la Operación Camaleón... ¿En qué situación se encuentra la guerrilla? ¿Cuáles son sus efectivos y qué territorio controla?

Para ser sinceros el golpe más serio y de mayor calado lo recibimos luego de la segunda conferencia guerrillera realizada en 1966, en el departamento de Quindio, donde perdimos gran cantidad de combatientes y el 70% de las armas. Solo hasta la quinta conferencia, después de muchos años, pudo decir el comandante Marulanda: "Por fin nos hemos repuesto del mal que casi nos liquida".

Operativos como Jaque, desarrollado a partir de la traición del jefe de la unidad guerrillera que vendió los prisioneros de guerra bajo su custodia, no tienen las connotaciones promocionadas por el Gobierno. Innumerables veces hemos rescatado nuestros presos de las cárceles del Estado. Son hechos de guerra que llaman a las partes a tomar nuevas medidas de seguridad. No modifican ni la concepción, ni los diseños operacionales ni mucho menos la estrategia de nuestra fuerza.

En los últimos 9 años, y como consecuencia de la mayor injerencia militar de Washington en los asuntos internos de Colombia, la guerra se ha intensificado. Hemos sufrido golpes. Las muertes de Raúl, de Jorge, de Iván Ríos y de muchos camaradas, nos duelen y nos generan ese dolor revolucionario que desata, incontenible, mayor compromiso con nuestros ideales de socialismo. Ya las hemos asimilado. Con el legado y ejemplo de nuestros héroes y mártires, las nuevas promociones toman su lugar y trinchera, nuevas promociones de revolucionarios dispuestos, como los más antiguos, a darlo todo, hasta la vida, por los objetivos de la Nueva Colombia.

Pero, se sabe que en toda guerra hay muertos, de ambos bandos , y la colombiana no es la excepción.

También estos 9 años, han demostrado el tamaño y la calidad del compromiso de las FARC con nuestros ideales de cambio y de transformación revolucionaria. Como es evidente en los partes militares también hemos golpeado a las fuerzas militares y paramilitares del estado, a las institucionales y a las para institucionales, a todas, incluyendo aquellas que tiran la piedra y esconden la mano, que cínicamente dicen desconocer la estrategia de los "falsos positivos", que niegan ante los medios su contubernio con el narcoparamiliarismo, pero le abren en la oscuridad de la noche las puertas secretas de sus palacios, mansiones y haciendas para conspirar contra la convivencia, la democracia y contra el pueblo.

Las FARC mantenemos nuestra influencia, sólida influencia, en las áreas donde existimos, por todos los rincones de la geografía nacional, nacida y cimentada en la justeza de nuestros planteamientos políticos, en nuestro trabajo y ayuda permanente a las comunidades, respeto hacia todas ellas y por nuestra autoridad surgida del compromiso sincero del que no pretende nada a cambio de su esfuerzo, salvo la satisfacción de aportarle esperanza al pueblo en su propia capacidad de movilización, organización, lucha y en su futuro bienestar.

No le puedo comentar cuántas unidades conforman las FARC - EP porque somos una organización irregular. Pero, accionamos, trabajamos y luchamos en todo el territorio nacional.

¿Qué hay de cierto en el supuesto contenido del ordenador de Raúl Reyes?

Los elementos que pudieron haber quedado funcionando, luego del bombardeo sobre la humanidad del Camarada Raúl y su guardia, fueron manipulados al amaño del gobierno. Ni la propia INTERPOL quiso comprometerse con las truculencias de Alvaro Uribe y manifestó públicamente, luego de un detallado análisis, que había sido quebrada la Cadena de Custodia, lo que significa, en buen romance, que luego de la muerte de Raúl se manipularon los contenidos del disco duro "sobreviviente", si fue que lo hubo luego de semejante infierno de explosivos. Se trataba de inventar y retorcer acontecimientos para chantajear a las FARC y a muchos amigos de la paz de Colombia con ese estilo muy particular que caracteriza al señor Alvaro Uribe y que impuso a toda su administración. Esta semana que termina, la Corte Suprema de Justicia declaró como ilegal cualquier prueba levantada sobre los llamados computadores de Raúl Reyes, precisamente porque se manipularon los materiales supuestamente encontrados y además se desvirtuaron los procedimientos judiciales.

Curiosamente, no trascendieron informes que nos llegaban y que el Comandante Raúl debía de conservar, por ejemplo, alrededor de los pagos a altos oficiales de la policía, hoy generales, que hizo el narcotraficante Wilber Varela y que comentó personal y detalladamente a uno de nuestros comandantes en el Valle del Cauca el coronel Danilo González, quien aún en servicio activo, buscó a las FARC pretendiendo la liberación de unos sospechosos que habíamos retenido; tampoco se mencionaron informes precisos alrededor de la utilización plena del DAS por parte del paramilitarismo con la total anuencia del Presidente de entonces, ni de los encuentros, whisky en mano, en Bogotá, de jefes paracos con "prestantes" personalidades linajudas para planificar las agresiones contra la izquierda, ni otras muchas que harían muy larga esta entrevista y que seguramente no incluyeron en las copias que han ido regalando, a algunos de sus gobiernos amigos, a la CIA, al MI5 y al MI6 ingleses, al MOSSAD israelí y a otros que continúan publicitando inverosímiles historias a través de sus organizaciones de bolsillo.

¿Cree usted que el proceso de desmovilización de paramilitares impulsado por la ley de Justicia y paz ha sido exitoso? ¿Cuál es su opinión sobre este proceso?

Ese proceso se planificó y ejecutó como una farsa para sacar en limpio a los verdaderos jefes del paramilitarismo luego que Alvaro Uribe, uno de ellos, ganó las elecciones presidenciales en el 2002.

Como cobertura, utilizaron a narcotraficantes y sicarios con ínfulas de jefes contrainsurgentes, a quienes prometieron estatus político y respeto a sus incalculables fortunas. Luego los desecharon, en una historia que se recicla donde la aristocracia y algunos trepangos delinquen buscando el poder y la riqueza utilizando a criminales y bandidos, a quienes luego condenan, encarcelan o mandan asesinar en un repetido espectáculo de escarnio público.

El país sabe que el paramilitarismo es una estrategia del estado para asesinar sistemáticamente opositores, buscando ocultar la sangre que mancha hasta la médula a las instituciones públicas, detrás de bandas de sicarios y delincuentes de apariencia civil.

La oligarquía colombiana, impotente en su lucha contra los avances de la insurgencia revolucionaria, se entregó a la práctica paramilitar a la que posteriormente, en las décadas del 70, articuló con el naciente narcotráfico dando origen al narcoparamilitarismo, ensalzado y consentido socialmente por los poderosos durante largos años, quienes ahora luchan por zafarse del estigma y por lavar sus propias porquerías.

A los narcos que creyeron en sus palabras, los exhibieron y promocionaron como grandes jefes contrainsurgentes y luego, los extraditaron a los Estados Unidos con el fin de silenciarlos. Tiempo después, cuando desde allá y por la presión de las víctimas procedieron a confesar villanías, a mencionar a sus compinches, socios, contactos, mecenas políticos y militares, la oligarquía utilizó sus medios para sembrar la duda: ¿cómo creerle a un criminal y no a un aristócrata, a un político tradicional o a un prestigioso general de las Fuerzas Militares?.

La ley de justicia y paz, ha sido una gran farsa, que pasó por la venta de títulos como "comandantes paramilitares" a sicarios narcotraficantes, pasó también por las fotos de grandes "desmovilizaciones" de desempleados y bandidos contratados para la ocasión con fusiles y armas compradas para la fotografía, y terminará con la absolución de Álvaro Uribe, en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes del Parlamento colombiano, salvo que los millones de afectados por esta criminal estrategia le impriman una mayor dinámica a sus esfuerzos y luchas y se reciba mayor solidaridad mundial. Solo así en Colombia, como sucedió en Argentina y otros países, se podrá condenar también a los responsables materiales e intelectuales de las negras y sangrientas noches en que hundieron el país.

¿Por qué tiene sentido la lucha armada para las FARC y no la defensa a través de vías democráticas de los ideales políticos y las transformaciones socioeconómicas que consideran necesarias?

Porque en Colombia a la oposición democrática y revolucionaria, la asesina la oligarquía. La masacre de la Unión Patriótica es la muestra palmaria.

A todo líder, a cualquier organización no oligárquica que amenace los poderes establecidos, lo asesinan o la masacran como parte de una estrategia oficial de Seguridad Nacional. Los poderosos la han instituido como característica de la cultura política y ahora la han incrustado en la concepción del Estado.

Extensos pasajes de la historia nacional que datan desde septiembre de 1828 cuando las facciones progringas colombianas de entonces atentaron contra el Libertador Simón Bolívar, hasta estos años, pasando por el asesinato del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, del líder liberal Rafael Uribe Uribe, de Jorge Eliécer Gaitán, de Jaime Pardo Leal, de Luis Carlos Galán, de Bernardo Jaramillo Ossa, de Manuel Cepeda Vargas y de centenares de líderes más, parecieran ratificar un viejo y descarnado aserto popular: la oligarquía colombiana no entiende sino el lenguaje de los tiros.

Aquí en las FARC pensamos que a pesar de esa histórica agresión antipopular que caracteriza el devenir nacional, es realista e inaplazable trabajar la construcción de espacios de convergencia, donde entre todos los colombianos construyamos los acuerdos que cimenten la convivencia democrática. El comandante Jacobo Arenas insistió en que el destino de Colombia no podía ser la guerra civil, en consecuencia hemos luchado, una y otra vez, por encontrar con los distintos gobiernos, la salida política al conflicto colombiano. NO se ha logrado porque la oligarquía piensa en rendiciones y nosotros en cambios de fondo, democráticos, a la vida institucional y a las reglas de convivencia, pero no por ello, cejaremos de luchar la solución incruenta como esencia de nuestra concepción revolucionaria y sustento de la Nueva Colombia.

¿Qué lecciones sacaron de la creación del partido Unión Patriótica?

Fue una experiencia tan llena de riqueza como dolorosa, que debemos analizar y referenciar permanentemente. Dentro de sus muchas lecciones le podría mencionar algunas como lo difícil que es avanzar en un proceso de solución política, cuando la oligarquía colombiana mantiene sus estrategias de paz de los sepulcros y Pax Romana, pues frente a este proyecto mostró su mezquindad y fue esencialmente sanguinaria y cruel. Prefirió el asesinato de cerca de 5000 dirigentes democráticos y revolucionarios en una razzia de corte hitleriano, que abrir espacios a todas las vertientes de la izquierda, hecho que de haberse logrado hubiese generado una nueva dinámica en la confrontación política y posibilitado la concreción integral de los Acuerdos de La Uribe hace más de 25 años.

Con el exterminio de la UP no solo perdió una generación casi completa de dirigentes revolucionarios, la mayoría de ellos de gran dimensión política e inmensos valores éticos, cuya ausencia hoy es notoria en el escenario público de la nación como del continente, también se frustró por muchos años, la posibilidad de firmar un acuerdo de convivencia.

La experiencia de la UP nos enseñó que cualquier avance hacia la paz que surja de acuerdos exige la transparencia, que todo tropiezo debe clarificarse antes de emprender un nuevo escalón, pues los Acuerdos de La Uribe, origen de la UP, fueron saboteados por el Alto Mando militar desde el primer momento a pesar de lo cual, todos los comprometidos con dichos acuerdos, luchamos como Quijotes, por sacarlos adelante.

Pero logra la firma de acuerdos de paz en La Uribe en 1984 y garantizar su cumplimiento total hasta culminarlos, fue imposible. Así que los colombianos que emprendimos con gran optimismo y mayor entusiasmo una histórica jornada por la convivencia, perdimos esa batalla civilizada frente a los "enemigos agazapados de la paz", que hoy ya no se esconden tanto.

Un proceso de paz exitoso, tiene como premisa ineludible, el respaldo lento, decidido, transparente y activo, de la mayoría de la población.

No me cabe la menor duda que las nuevas generaciones de colombianos, en un futuro cercano, rendirán honores y harán reconocimiento a los mártires de la Unión Patriótica que "a pecho descubierto" lucharon por un mejor país para sus hijos, por la democracia y la convivencia, con una generosidad, un desprendimiento y una valentía ejemplares.

Destacados líderes políticos de izquierdas colombiano han dicho a Público que creen que la existencia como guerrilla de las FARC es la responsable de la "derechización extrema" de la sociedad colombiana, ya que "izquierda" se asocia a guerrilla. ¿Está usted de acuerdo?

Digamos genéricamente, que se está a la izquierda si se prioriza lo social, la democracia popular y los cambios revolucionarios, en oposición a quienes privilegian la ganancia económica, el hegemonismo burgués y la defensa del statu quo. No se trata solo de estar al lado izquierdo de la derecha, sino de defender integralmente intereses de clase, populares. Integralmente.

Puntualizo para comentarle que no he escuchado a ningún destacado dirigente, de izquierda, afirmar lo que menciona en su pregunta.

En Colombia los hay, bastantes, muy importantes y muy consecuentes, que con enorme responsabilidad y altura discrepan de la lucha armada revolucionaria, se apartan de ella, pero entendiendo sus circunstancias históricas, trabajan por encontrar los caminos de la solución política respetando el compromiso de quienes combatimos desde la insurgencia y, priorizando sus debates contra la oligarquía y contra el neo coloniaje imperial, verdaderos generadores de la violencia en Colombia.

De pronto existan quienes han militado en la izquierda y ya no defiendan sus posiciones originales sino las del régimen, como sucede en muchas partes del mundo. Habrá que respetar sus nuevas posturas, pero sin inscribirlos como defensores de los intereses populares ni ubicarlos a la izquierda en el ajedrez de la política.

También puede darse el caso de quienes pretenden ocultar sus propias fallas, tras el esfuerzo ajeno.

La lucha nuestra desde Marquetalia es por la democracia, por la posibilidad cierta de desarrollar una acción de masas, abierta, por los cambios revolucionarios y el socialismo. Y esta opción, es la que ha saboteado a tiros la oligarquía colombiana.

Asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán, legislaron con el anticomunismo como soporte durante la dictadura militar, crearon el Frente Nacional bipartidista para excluir y perseguir a los revolucionarios, y aprobaron una Constitución en 1991, con elementos positivos en su diseño y textos, que dejó intacta la concepción de Seguridad Nacional del enemigo interno que campea desde hace un poco más 47 años en nuestro país. La misma del paramilitarismo y los falsos positivos.

La derecha, en Colombia y en todo el mundo, propagandiza y difunde sus pretextos, reales o ficticios, para confundir, atacar y desvirtuar las luchas populares por bienestar y progreso social. Y utiliza variedad de formas para ello, incluyendo a muchos quienes algún día algún día fueron activistas de la izquierda.

En los tiempos que corren, con el desarrollo de los medios de comunicación, no hay confusión posible. Quienes defienden el orden existente, no lo pueden ocultar.

La confrontación en Colombia se ha prolongado demasiado. Luchar y clamar por la paz es expresión de un sentimiento profundamente popular y revolucionario.

Las FARC firmaron un pacto de no agresión con la guerrilla del ELN en diciembre de 2009. ¿Qué obstáculos ha habido en su implementación?

Tanto el Comando Central del ELN como el Secretariado del Estado mayor Central de las FARC - EP, hemos reconocido con sentido autocrítico, el error que significó no detener drástica, tajante y oportunamente los roces que se fueron dando en diversas áreas del país, entre combatientes de las dos fuerzas, de tiempo atrás.

Ahora, trabajamos con enorme convicción revolucionaria en todas esas áreas por superar, definitivamente, las asperezas, los mal entendidos, las emulaciones mal hechas y los enfrentamientos. Es un proceso complejo, teniendo en cuenta la coyuntura actual, de intensa confrontación política y militar con el Estado. Pero vamos avanzando con solidez.

La autocrítica es a fondo y en eso estamos. Falta tiempo, hay mucho terreno por recorrer pero avanzamos en firme haciendo conciencia, a todos los niveles de nuestras organizaciones, que somos parte del mismo contingente de lucha popular, revolucionaria, antiimperialista, bolivariana y socialista. Y que ello es lo que fundamenta la forma de relacionarnos, las convergencias que debemos trabajar y luchar para elevar a nuevos niveles la necesaria estrategia unitaria de los revolucionarios colombianos.

Recogimos el legado del gran revolucionario, el sacerdote Camilo Torres Restrepo de enfatizar lo que nos une. Las divergencias las debemos ventilar y airear en mecanismos que estamos creando para ello.

Estamos obligados a ser ejemplo de unidad. Y de madurez. Así también le contribuiremos a la unidad popular de los colombianos, proyectando en los hechos la prioridad "del bien común" por encima de cualquier interés particular.

Nos falta un buen trecho, pero ya lo empezamos. Y eso es lo estratégico.

Según un auto de la Audiencia Nacional, dos testimonios de antiguos miembros de las FARC implican al Ejército de Hugo Chávez en los cursillos de adiestramiento que ETA impartió a los guerrilleros colombianos en suelo venezolano. Los relatos de los arrepentidos forman parte de un informe de la Comisaría General de Información de la Policía. En el apartado del auto dedicado a los "hechos" se describe cómo en agosto de 2007 dos presuntos miembros de ETA impartieron en la selva venezolana dos cursos sobre manejo de explosivos a guerrilleros de las FARC. ¿Han tenido en el pasado las FARC relación con la banda ETA? ¿Mantienen relación en la actualidad y, en caso afirmativo, en qué consiste?

La experiencia de las FARC en materia de explosivos tanto de su fabricación, como de su almacenamiento y utilización es larga y abundante, lo que desde hace mucho tiempo nos permite autoabastecernos sin recurrir a ningún tipo de ayudas, simplemente porque no lo hemos necesitado. Tenemos nuestros propios instructores. Así de simple. Esto para rechazar las afirmaciones sobre tales cursillos con personal extranjero que solo pretenden afectar al gobierno bolivariano de Venezuela.

En Colombia, a partir de ofrecimiento de dineros, viajes a Europa y rebaja considerable de penas, algunos desertores, se prestaron para atestiguar en contra nuestra y favorecer políticas nacionales o internacionales del gobierno de Álvaro Uribe. Pero como la mentira no perdura, los montajes que fabricaron a partir de miles de falsos testimonios se están desmoronando. Todos caerán como castillos de naipes.

Por ejemplo, actualmente cursan investigaciones penales y administrativas, de la Fiscalía y también de la Procuraduría General de la Nación, contra altos funcionarios del gobierno Uribe y contra altos mandos militares de la época, por las comedias que montaron, farsas, falsas deserciones llenas de infames afirmaciones como parte de su ofensiva contra las FARC.

El mundo se está enterando cómo en el departamento del Tolima también se reclutaron bandidos y desocupados, con quienes "formaron" una columna guerrillera, los vistieron con uniformes militares, les dotaron algunos fusiles viejos y otros muchos de palo, llamaron a los periodistas, les tomaron fotos, peroraron una diatriba insulsa, les dieron algún dinero a los farsantes, difamaron sobre muchos ciudadanos a quienes luego encarcelaron y, luego, felices ratificaron que el fin del fin estaba cerca, incluyendo al presidente de entonces.

Dijéramos que esa fue una tónica general del gobierno colombiano anterior, buscando imponer sus políticas fascistas, levantó todo tipo de aduanas morales, legales, éticas, discrecionalmente, para otorgarse la licencia de calumniar, difamar, mentir e inventar. Valdría la pena que la justicia española verificara y confrontara a fondo las informaciones que le fueron proporcionadas en ese entonces.

Nuestras relaciones, que en este momento tienen carácter clandestino, con gran cantidad de organizaciones democráticas y revolucionarias del mundo, armadas y civiles, están regidas por las conclusiones de la Conferencias Guerrilleras que, como ya señalé, orientan sobre el no desarrollo de acciones militares en otros países, respetando la soberanía de cada país y las luchas de cada pueblo.

¿Es cierto que las FARC pidieron apoyo a ETA para atentar contra varias personas, entre ellas el presidente, Álvaro Uribe, cuando visitara España o la UE?

Esa es la propaganda que se hacía el mismo Uribe, en Colombia y en el exterior, para proyectar una imagen de víctima.

Las fuerzas de seguridad españolas detuvieron a Remedios García Albert, a quien consideran vinculada con las FARC. ¿Tienen las FARC vínculos con Remedios García Albert?. En caso afirmativo, ¿en qué consisten?

No conozco vínculos de Remedios García con las FARC. A ella, la referencio exclusivamente por una mención periodística de las autoridades colombianas , durante el periodo de incontinencia propagandística que sufrió el gobierno alrededor del supuesto ordenador del Comandante Raúl Reyes. Nunca antes ni nunca después la escuché nombrar. Podría afirmar, si de algo sirve, que en los tiempos de las conversaciones de paz en el Caguán, gran cantidad de personas venidas del mundo entero, a título individual o como representantes de organizaciones de muy diversa índole o de gobiernos, hicieron presencia e intercambiaron opiniones con nuestros representantes alrededor del proceso que se adelantaba. No podría agregar nada más al respecto.

¿Qué relación mantienen con los gobiernos de Cuba, Venezuela y Ecuador?

Si usted me lo permite, preferiría abstenerme de una respuesta alusiva a nuestras relaciones con cualquier gobierno del mundo.

¿Creen que España puede jugar algún papel en la solución del conflicto colombiano? ¿Cuál?

Siempre hemos percibido positivamente la participación de la comunidad internacional en la solución política del conflicto. Pero, dadas sus características actuales y las permanentes y agresivas declaraciones oficiales, es necesario que le demos tiempo al tiempo.

¿Qué sabe de los falsos positivos? ¿Por qué las FARC no han difundido más revelaciones sobre ese tema?

El asesinato sistemático de civiles en estado de indefensión por parte de militares y policías, y su posterior presentación como "guerrilleros dados de baja en combate", es una práctica institucional en Colombia, desde el año 1948.

No es algo novedoso ni mucho menos. Hace parte de una guerra sucia desarrollada por el Estado colombiano contra "el enemigo interno" que también concibe y ejecuta el asesinato selectivo de líderes políticos de la oposición, de dirigentes sindicales comprometidos con los trabajadores, la desaparición de activistas revolucionarios, las torturas, el terror y las masacres que intimiden y generen miedo, parálisis, pánico y desplazamiento.

Todo ello se ha denunciado y se continúa denunciando. Existen centenares de libros, miles de denuncias, millares de evidencias y de pruebas que demuestran la responsabilidad del Estado colombiano en el desarrollo de esta estrategia, solo que hasta ahora, la comunidad internacional acepta la tesis oficial que señala como hechos aislados, bajo la responsabilidad de algunas manzanas podridas, esta criminal práctica institucional.

Son centenares de miles las víctimas civiles de la guerra sucia que el Régimen ha emprendido, según afirma, en "defensa de las instituciones y del Estado de Derecho".

A mediados de los años setenta, la estrategia oligárquica de terror fundió sus prácticas paramilitares con el narcotráfico, bajo la dirección y jefatura de poderosos empresarios, destacadas personalidades de la política tradicional y altos mandos militares, con el objetivo de intensificar sus crímenes y atesorar dineros provenientes del narcotráfico, pero ocultando a sus verdaderos jefes y orientadores.

Hoy, muchas evidencias empiezan a salir a flote, desde las farsas de las cárceles asignadas a los militares y políticos responsables de crímenes atroces, pasando por la usurpación masiva de tierras por parte de hacendados, militares, industriales y dirigentes de los partidos tradicionales, acuerdos políticos empapados de sangre entre gamonales y narcos, enriquecimiento desmesurado e inusitadamente rápido de un reducido sector social vinculado a los distintos gobiernos de estos años, institucionalidad permeada casi sin excepción por dineros mafiosos y al servicio de estos, hasta los nexos del alto gobierno con esta estrategia que por lo pronto visibiliza a dos de sus "eminentes" cabezas, el señor Narváez y Álvaro Uribe Vélez.

Y, aunque hasta hoy no hay militares condenados por los llamados "falsos positivos", la sociedad avanza en la lucha por llegar al fondo del problema, por determinar cada situación con precisión, castigar a los autores materiales y también a los autores intelectuales y determinadores, lo que inevitablemente alcanzará la reglamentación militar existente, inspirada, concebida y diseñada bajo la óptica de la Seguridad Nacional pregonada por Washington desde los tiempos de la guerra fría, que fue uno de los temas tabú en la Constituyente de 1991 y causa de fondo de los miles y miles de muertos de todos estos años. Colombia perdió mucho tiempo por ese veto que impuso la oligarquía en los conciliábulos de aquellos años.

Tamaña equivocación, no puede repetirse. Las soluciones que requiere el país son estructurales, si queremos la reconciliación sobre bases ciertas y no zurcir otro remiendo como aquel de 1991. Por eso también es trascendente, que si logramos construir un nuevo escenario en función de la solución incruenta, en algún momento puedan participar representantes de la fuerza pública, donde seguramente muchos de sus integrantes, sin responsabilidades en las bajezas de la guerra sucia, también estarán clamando por la reconciliación y la reconstrucción nacional.

A raíz de la muerte de Jorge Briceño en un bombardeo el 22 de septiembre, el presidente Santos reiteró que se ahora sí se vislumbraba el fin del fin de las FARC. ¿Qué opina sobre esto?

Desde 1964 hemos conocido tal declaración oficial en boca de distintos presidentes y ministros de guerra, en ocasiones haciendo de agoreros, otras veces en forma de promesa y otras a manera de amenaza, siempre con la pretensión de ocultar las raíces del conflicto que hicieron necesaria la existencia de las FARC.

Así, han justificado la violencia terrorista del Estado.

Así, han incrementado año tras año el presupuesto militar y policial, para solaz de los generales y de los señores de la guerra.

Así, han ocultado desde hace tiempo su propia incapacidad, su intransigencia y la profunda corrupción que corroe las instituciones oficiales.

Así, pretenden cubrir su vergonzoso y humillante arrodillamiento frente al Pentágono Norteamericano y a la Casa Blanca.

Mientras no aboquemos seriamente, entre todos, la búsqueda de soluciones a los problemas estructurales del país, la confrontación será inevitable. Unas veces más intensa, otras no tanto. En algunos momentos con la iniciativa militar del Estado, en otros, con la iniciativa popular, en una trágica ciclotimia que debemos superar, inteligentemente, con grandeza histórica.

Como prosigue la confrontación, habrá más muertos. De lado y lado. Más tragedias para el pueblo. Y no llegarán la paz y ni la convivencia para Colombia.

No se trata de la muerte de uno o de otro comandante guerrillero. El conflicto no es tan sencillo ni tan simple. Las circunstancias históricas del país son muy particulares. La existencia de guerra de guerrillas revolucionarias en Colombia no es consecuencia del voluntarismo de un puñado de valientes o de unos aventureros, o de unos "terroristas" o de unos "narcoterroristas", tales calificativos podemos dejárselos a la propaganda oficial. La insurgencia colombiana es reflejo del sumun de una serie de factores estructurales que los distintos gobiernos no pueden empecinarse, terca y criminalmente, en desconocer.

La oligarquía colombiana ha conformado una fuerza pública armada de más de 500 mil hombres, en un país de alrededor de 45 millones de habitantes con enormes necesidades y carencias. ¡Inaudito!. Cerca de la quinta parte del presupuesto nacional del año entrante han sido aprobados para gastos militares. Se invirtieron casi $10.000 millones de dólares de ayuda norteamericana en el Plan Colombia, para una guerra fracasada. Sin embargo la confrontación prosigue.

Cuando bombardearon el campamento del comandante Jorge Briceño, con casi un centenar de aeronaves que dejaron caer miles y miles de toneladas de explosivos durante muchos días, en un dantesco infierno. Instalaron en la periferia del lugar de tiendas de campaña con espejitos y regalos y ropa nueva, zapatos Reebock y Nike invitando a los guerrilleros a través de altoparlantes durante semanas, a la traición y a la deserción.

Todo lo que obtuvieron fue una heroica respuesta militarde la guerrillerada, colmada de moral y de conciencia revolucionaria, que produjo centenares de bajas en la fuerza de ocupación oficial y la solicitud masiva de ingreso de nuevos guerrilleros en la región y en muchas otras zonas del país.

La cercanía de la paz democrática, de la convivencia y de la justicia social no se puede medir en litros de sangre. Eso lo sabe el país y por supuesto el presidente Santos.

En su último informe ONG colombiana Nuevo Arco Iris, que hace seguimiento al desarrollo del conflicto militar cruzando informaciones oficiales y de analistas, aunque reconoce la supremacía aérea del gobierno, ha dicho que los combates en tierra les son notoriamente adversos.

¿Cuáles son los resultados reales de esta larga confrontación?

Al respecto tan solo quisiera anotar que diariamente hay combates y hechos de guerra entre la guerrilla revolucionaria y la fuerza pública institucional y parainstitucional en la mayoría de los 32 departamentos del país, donde se obtienen victorias y en ocasiones también se reciben golpes, en una confrontación que se prolongó en el tiempo y en la que la iniciativa militar se altera, se modifica, cambia en el tiempo y en las diferentes áreas, pero no estratégicamente. Los partes militares que hacemos públicos, cuantifican alrededor de los efectos de la guerra en nuestro adversario y en nuestras propias filas con cifras irrebatibles. Quisiera destacar que la ofensiva oficial actual iniciada desde hace algo más de 11 años, a partir del llamado Plan Colombia, diseñado en el Pentágono norteamericano, dirigido y financiado por ellos y alimentado sin descanso por armamento de última generación desde Washington, fracasó. Es la más grande y prolongada operación contrainsurgente adelantada en el continente y es también la más grande demostración que la solución del conflicto en Colombia no pasa por la Pax Romana.

¿Qué condiciones exigen ustedes hoy para desmovilizarse?

Desmovilizarse es sinónimo de inercia, es entrega cobarde, es rendición y traición a la causa popular y al ideario revolucionario que cultivamos y luchamos por las transformaciones sociales, es una indignidad que lleva implícito un mensaje de desesperanza al pueblo que confía en nuestro compromiso y propuesta bolivariana.

No tenemos ninguna dubitación, ninguna duda sobre nuestra obligación de luchar permanentemente y sin desmayo, con convicción y optimismo, por acercarnos con certeza a la solución política, incruenta, del conflicto. Los colombianos, con la contribución de países amigos, debemos construir un escenario de diálogo donde hilvanar y tejer mancomunadamente un proceso que concluya en acuerdos, cuya materialización incida contundente e irreversiblemente en la liquidación de las causas que en su momento originaron el conflicto armado y que hoy lo nutren abundantemente.

Una vez erigido el escenario, en un proceso que también debe trabajar la reconstrucción de la confianza entre las partes, tendremos que conversar sobre los prisioneros de guerra, militares, policías y guerrilleros en poder de las partes, como un aspecto político y humanitario que reclama prelación. Y, en función de objetivos de largo aliento, contamos como punto de partida con una herramienta excepcional cual es la Agenda Común por el cambio hacia una Nueva Colombia, firmada como acuerdo entre el Estado Colombiano y las FARC-EP, en El Caguán.

Por supuesto que lo importante es construir el escenario, con voluntad de decisión política, pensando en el país y en su futuro, haciendo abstracción de las mentiras inventadas por la propaganda oficial que alejan la solución definitiva porque hace pensar al establecimiento con sus propios deseos. Y, en estos procesos es indispensable mantener la antena en tierra.

Los dolorosamente frustrados intentos que hemos hecho desde La Uribe en 1984 por encontrar caminos civilizados, son evidencia de las enormes dificultades que conlleva encontrar el camino correcto sin que ello implique resignación.

Colombia atraviesa una coyuntura crítica porque recién terminó el periodo del gobierno más violento y corrupto de la historia nacional encabezado por Álvaro Uribe. Decenas de los congresistas y dirigentes políticos que e hicieron campaña presidencial y participaron de su gestión están en la cárcel condenados como determinadores del narcoparamilitarismo, otros muchos enfrentan investigación preliminar por parte de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia, varios de sus ministros también están sindicados o son investigados mientras que decenas de mandos medios de esta administración ya están encarcelados todos por corrupción y/o paramilitarismo.

El velo está cerca de caer. La capa de teflón construida por los amigos de Uribe posibilitando el enriquecimiento desmesurado de este círculo mafioso como fruto de una inconmensurable corrupción administrativa, la contemporización complaciente de muchos con la estrategia y práctica paramilitar que ya se le conocía y su fascistoide rechazo visceral a una solución política del conflicto, todo este vergonzoso velo, está a punto de caer, lo que abrirá nuevas perspectivas a la civilidad y a la democracia verdadera.

Cuando el país además de la violencia y la corrupción, lo azota la naturaleza en forma de lluvia inclemente, le está reclamando a sus dirigentes grandeza y estatura histórica para sortear la difícil coyuntura y proyectarlo con fuerza hacia el futuro.

A los odios enfermizos irrigados por el anterior gobierno, que polarizaron a Colombia, les están pasando su cuarto de hora. A las licencias que se arrogó para birlar la ley como ruina les está poniendo fin la Fiscalía, los jueces y las Cortes. El haber retrotraído al DAS a los tiempos de la tenebrosa POPOL, policía política del régimen en los años 50 y aparato criminal del bolsillo presidencial, no será un delito impune.

La inane insistencia uribista condensada en su señalamiento a las FARC como terrorista, no le hace ni sombra a la contundente verdad sobre la existencia del conflicto armado en Colombia contenida en el proyecto de la llamada Ley de víctimas, si tenemos en cuenta que fue sobre la tesis mentirosa de inexistencia del conflicto, que Uribe construyó su tinglado fascista.

Como revolucionarios que lo hemos entregado todo por nuestros ideales y el bienestar del pueblo, persistimos en la solución política del conflicto.

PUBLICO.ES MADRID 11/06/2011 00:01 Actualizado: 11/06/2011 02:09

Publicado enColombia
A solo tres meses de ser expedida una nueva reforma de la Ley 100 mediante la Ley 1438, que pretendía controlar los problemas del sistema de salud colombiano dejando todo igual, sale a flote el gran desfalco propiciado por las EPS privadas a las finanzas públicas de salud.

El gobierno de Santos quiere mostrarlo como su gran hallazgo, cuando en realidad desde hace varios años las organizaciones sociales, las organizaciones de los trabajadores de la salud, las asociaciones de usuarios de la salud, las ligas de enfermos y sectores académicos han denunciado esta situación y muchas otras, que configuran una verdadera crisis humanitaria en el campo de la salud en Colombia.



Las investigaciones hechas en los últimos años por la Universidad Nacional de Colombia y el Observatorio de Medicamentos de la Federación Médica Colombiana evidenciaron cómo las EPS estaban haciéndole recobros1 de medicamentos al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) por precios entre 10 y 70 por ciento más altos que en países vecinos2.

Más recientemente, la Corporación Arco Iris reveló nexos entre grupos paramilitares y jefes políticos para desviar los recursos de la salud3 (Romero, 2010), asunto que desde hace años denunció Anthoc, el sindicato nacional de trabajadores públicos del sector salud.

De tal suerte que el problema con los recursos públicos de salud no es solamente lo que hoy sale a la luz sobre el robo de las EPS a través de los recobros sino también el cruce de información entre EPS para no atender pacientes, las gestiones de éstas para reducir el POS, aumentar la UPC y sostener la integración vertical4 (aspecto que han logrado con las dos reformas que se han dado, la Ley 112 de 2007 y la Ley 1430 de 2011), desviar los recursos para actores paramilitares y particulares, todo bajo la complicidad de las instituciones de control, en especial la Superintendencia de Salud y, lo que es peor, a expensas del sufrimiento, la enfermedad y la muerte de la gente.

Hallazgos del fraude en las finanzas públicas de salud

La olla se destapó a partir de los resultados de la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio que evidenció un ‘acuerdo’ entre 14 EPS privadas del régimen contributivo a través de su gremio, Acemi, para favorecer sus finanzas. En tanto para 2006 los recobros participaban con el 5,6 por ciento en el total de ingresos operacionales de estas EPS, para 2009 constituían el 18 por ciento de sus ingresos operacionales5.

De acuerdo con los resultados de esta investigación se halló que las EPS unificaron su proceder para negar sistemáticamente a los usuarios del régimen contributivo un conjunto de servicios que hacen parte del POS con cargo a la UPC, y recobrarlos ante el Fosyga por la vía de aprobación por tutela o por concepto del Comité Técnico Científicos (CTC)6, con lo cual obtenían pagos por la UPC y por los recursos de recobro, es decir, cobraban dos veces por un mismo servicio de salud. Esta información suministrada por las EPS al Fosyga era previamente manipulada, revisada y ajustada en el escenario de Acemi, impidiendo la debida transparencia7.

Los datos de la investigación indican que los valores recobrados por las EPS pasaron de $336.647.644.862 en 2006, a $1.798.892.621.322) en 2009, con un incremento de 434 por ciento en cuatro años. Para 2009, el monto total de recobros financiados por el Fosyga ascendió a más de dos billones de pesos8.

En los últimos años se dispararon los recobros, como lo muestra la gráfica siguiente. En 2006, vía tutelas y CTC, estas 14 EPS le recobraron al Fosyga 336 mil millones de pesos por servicios y procedimientos NO POS. En 2009, la cifra llegó a un billón $798 mil millones, y a 2,4 billones de pesos en 2010 (incremento de 714 por ciento en cinco años)9.



No hay que olvidar que, producto de esta situación, el gobierno nacional vía emergencia social, a comienzos de 2010, decretó nuevos impuestos que le reportaron ingresos adicionales al SGSSS de 1,7 billones de pesos. Es decir, hemos dado más dinero para que las EPS roben más.

De otro lado, se ha destapado también la forma como las EPS se lucran a través del recobro de medicamentos. Entre 2005 y 2010, el Fosyga les pagó a las EPS casi un billón de pesos por más de 100 tipos de medicamentos incluidos en el POS, que debían haber sido cubiertos por ellas10. Fármacos y elementos básicos que hacen parte del POS, como oxígeno, acetaminofén, diacepam, loratadina y omeprazol, negados en principio por las EPS, después eran recobrados al Fosyga, por lo cual las EPS recibieron $889.180 millones11.

De otro lado, el recobro de los medicamentos se hace con unos precios desmesurados, pues el país se enfrenta al monopolio de compañías multinacionales. Por ejemplo, el trastuzumab resulta 150 por ciento más costoso que en Costa Rica; el rituximab, que el país adquirió por US$ 3.500 la unidad, en Chile tiene un precio cercano a US$ 2.000; y el vortezomib, que aunque en el mercado tiene un precio aproximado de $ 3.295.002, registra distintos valores de recobro por las EPS, llegando hasta $ 6.557.054312.

Según el observatorio de medicamentos de la Federación Médica, en uno solo de éstos, el riruximab, que se usa para tratamientos contra el cáncer, las EPS privadas lo recobraron con sobrecostos de más de 70.000 millones pesos. Esto, según la Federación, ha sido posible en Colombia como producto de la desregulación de los precios de los medicamentos que se hizo a través de la circular 04 de 2006.

Con este tipo de robos, tanto por la vía de recobros de servicios como de medicamentos, se estima que el monto robado es cercano a $4.5 billones, es decir, más del 50 por ciento de las finanzas que históricamente maneja el Fosyga. En otras palabras, dinero para sostener el sistema de salud sí ha habido, pero se ha quedado en los bolsillos de las EPS privadas.

El modus operandi

Las investigaciones del CID de la Universidad Nacional, la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Corporación Arco Iris hablan de un modus operandi de las EPS para incrementar sus ganancias y establecer nexos con actores armados, fortaleciendo sus relaciones de poder.

Las estrategias de actuación han sido varias:
1. Falseamiento de información. Favorecido por el débil sistema de información de salud en Colombia, que además las EPS han estimulado para que se mantenga de esta manera, establecieron varias estrategias:
  • presentación de cuentas a nombre de personas inexistentes, con cédulas falsas o incluso de personas ya fallecidas;
  • cifras exagerada del costo de medicamentos y procedimientos NO POS;
  • duplicación de facturas, a nombre de un mismo paciente;
  • recobros por medicamentos e insumos que nunca se utilizaron o que nunca les fueron entregaron a los usuarios;
  • pagos por servicios y medicamentos NO POS, obtenidos supuestamente por tutelas que en realidad nunca se interpusieron.

2. Negación de servicios. Medida que les da réditos a las EPS por punta y punta. De un lado, instaurar barreras de acceso a los servicios de salud les garantiza no tocar los recursos de la UPC, porque ésta la reciben si atiendan o no a las personas. Y de otro lado, obligan a los usuarios a recurrir a los CTC o la tutela, por cuya vía recibirán las EPS el recobro y no afectan los recursos de la UPC.

3. Cambios legislativos a su favor. Es evidente la gran incidencia de las EPS sobre las decisiones del Congreso de la República y el gobierno nacional, que les ha posibilitado que las dos reformas de la Ley 100 no afecten el tema de la integración vertical, manteniéndolo. Además, busca incidir en la reducción del contenido del POS y el aumento del monto de UPC13.

4. Alianzas entre políticos, actores gubernamentales y actores paramilitares. Se expresa en acciones con claro carácter de corrupción y mafiosa, como por ejemplo:
  • cobro de comisiones para levantar glosas, es decir, eliminar reparos para gestionar los recobros ante el Fosyga;
  • recobro de medicamentos e insumos de contrabando, que fueron obtenidos a más bajo precio;
  • vínculos entre grupos paramilitares y jefes políticos para desviar los recursos de la salud, como es el caso del ex senador Dieb Maloof, a través de ‘cooperativas de trabajo’ que monopolizaban la contratación de la ESE José Prudencio Padilla, entidad liquidada en 200614.

Responsables: un cartel de la muerte, con mucho poder

Indudablemente, hay que hablar de cartel bajo el entendido de una alianza entre diversos actores para lucrarse cada uno, con actuaciones corruptas y mafiosas. Enfrentamos un sistema de salud que creó grandes poderes privados, que nunca fue capaz de regular, vigilar y controlar. Y estos grandes poderes, que se pueden ubicar en las EPS y la industria de las tecnologías en salud, en especial de medicamentos, tienen su agenda y avanzaban en ella. Por un lado, la agenda de las EPS es avanzar a un POS limitado, o sea, que se concentre en las patologías más prevalentes, para configurar un seguro de salud con prestaciones explicitas, donde la salud como derecho, las tutelas y la Corte Constitucional son un obstáculo por enfrentar. Por su lado, la agenda de la industria de tecnología de la salud es un modelo de negocio en el que la innovación es una inversión y el crecimiento de las ventas un imperativo15.

Estos propósitos llevan a que se establezca una alianza entre el gremio de las EPS privadas, con actores gubernamentales nacionales y locales, políticos y actores paramilitares, lo cual posibilita desplegar el conjunto de estrategias para su modus operandi, todo a expensas del sufrimiento, la enfermedad y la muerte de la gente.

En un asunto sí podemos estar de acuerdo con una de las aseveraciones hechas recientemente por el gobierno nacional, y es que nos encontramos ante enemigos muy poderosos en lo económico y en el plano del control de la información, con incidencia en el Congreso de la República, con control de sectores del gobierno nacional y locales, y con redes mafiosas y paramilitares.

¡Basta ya! ¡Que se vayan todos los que han robado los recursos y quitado la salud!

No se puede aceptar, al conocerse este fraude, el trillado argumento del gobierno nacional de que existe una crisis financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), argumento con el que implantó la emergencia social en salud y con el que avanzó en la nueva reforma del sistema por medio de la Ley 1438. Recursos hay más que suficientes. El problema es que las EPS y los cómplices del Gobierno se los han robado.

El modelo de la Ley 100, a partir del establecimiento de la intermediación financiera, ha generado un mecanismo perverso que posibilita el robo sistemático de los recursos públicos de salud por parte de las EPS privadas ¿No decían que lo privado era incorruptible? ¿No que lo público era podredumbre? ¿Qué más podredumbre que este cartel constituido entre las EPS privadas y su gremio Acemi, con la participación de altos funcionarios del Ministerio de la Protección Social y la complicidad de la Superintendencia de Salud?

Frente a esta situación, hay que ahondar la indignación, gritar estrepitosamente ¡Basta ya! ¡Que se vayan todos los que nos han robado los recursos y, lo peor, que nos han quitado la salud! No podemos desaprovechar esta nueva coyuntura nacional que ubica el tema de la salud como prioritario. Se debe retomar la movilización social por el derecho a la salud como la que se impulsó contra la emergencia social en salud, pero esta vez debemos avanzar en la configuración de una gran Convergencia Nacional por el Derecho a la Salud, que tenga capacidad política para liderar el establecimiento de un nuevo modelo de salud.

Es hora de actuar contundentemente y tumbar por fin la Ley 100, que acabe con las rateras EPS y se establezca un modelo de salud público y universal, garante del derecho a la salud para todo el pueblo colombiano y en el que prevalezcan la vida y la salud, y no el sentido de ganancia.

Como parte de las propuestas actuales que se promueven desde los sectores sociales está el impulso a la octava papeleta en las elecciones del próximo 30 de octubre, la cual se constituye en mecanismo político de la sociedad colombiana para demandar que no haya más Ley 100, bajo un nuevo modelo de salud. La propuesta se articula con el impulso a una Iniciativa Popular Legislativa que permita un acuerdo colectivo sobre el nuevo modelo de salud nacional, para que sea aprobado en el Congreso de la República como un mandato de la ciudadanía.

No podemos permitir que las EPS se salgan con las suyas. Debemos actuar en la dirección correcta y, hoy más que nunca, actuar con inteligencia política, con un claro sentido de articulación para potenciar los sectores que están en la orilla de la salud como derecho humano.
  1. Los recobros son el dinero que el Sistema General de Seguridad Social en Salud les reembolsa a las EPS a través del Fosyga por la prestación de servicios por fuera del POS (NO POS) a sus afiliados, sean procedimientos asistenciales o medicamentos.
  2. Rodríguez, Óscar. Política de seguridad social no toca fondo. UN Periódico Edición Nº 139, noviembre de 2010.
  3. Romero, Mauricio (editor). La economía de los paramilitares. Redes de corrupción, negocios y política. Corporación Nuevo Arco Iris, Bogotá, 2011.
  4. El POS es el Plan Obligatorio de Salud, paquete de servicios de salud que se recibe al estar asegurado a una EPS; la UPC es la Unidad de Pago por Capitación, dinero que recibe cada EPS por cada persona registrada en su base de datos, y la integración vertical es la contratación directa que hace cada EPS con su propia red de IPS, es decir, que se pasan el dinero de un bolsillo a otro.
  5. Superintendencia de Industria y Comercio. Informe Motivado: Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia. Recomienda sancionar a 14 EPS por participar en ‘acuerdo’ para la negación de servicios de salud. Bogotá, 2011. http://www.sic.gov.co.
  6. Los Comités Técnico-científicos (CTC) deciden si un servicio NO POS es asumido por la EPS. Una vez autorizado por el CTC, la EPS debe garantizar el acceso del usuario al tratamiento y puede solicitar el recobro correspondiente al Fosyga.
  7. Superintendencia de Industria y Comercio, op cit.
  8. ídem.
  9. ídem.
  10. Redacción salud. EPS ganaron casi un billón por drogas que no deban cobrar. El Tiempo, edición 7 de mayo de 2011.
  11. íd.
  12. Rodríguez, Óscar, op. cit.
  13. Ver nota 4.
  14. Romero, Mauricio (editor), op. cit.
  15. He tomado en este párrafo las ideas de Francisco Rossi, en un intercambio virtual de ideas.

Recuadro 1
 

Para no enredarse con algunos términos


Fosyga. Fondo de Solidaridad y Garantías. Administra los recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), que provienen de diversas fuentes, entre ellas las cotizaciones al régimen contributivo, y los impuestos al licor y los juegos de azar.

Recobros. Dinero que el SGSSS les reembolsa a las EPS a través del Fosyga por la prestación de servicios por fuera del POS (NO POS) a sus afiliados, por procedimientos asistenciales o medicamentos.

POS. Plan Obligatorio de Salud, paquete de servicios de salud que se recibe al estar afiliado a una EPS.

UPC. Unidad de Pago por Capitación. Dinero que recibe cada EPS por cada persona registrada en su base de datos. La UPC equivale hoy a $505.627 para el régimen contributivo.

Integración vertical. Contratación directa que hace cada EPS con su propia red de IPS, es decir, que se pasan el dinero de un bolsillo a otro.

Comités Técnico-científicos. Deciden si un servicio NO POS es asumido o no por la EPS. Cada EPS tiene uno. Están integrados por médicos, científicos y tratantes, que no pueden ser personal de las EPS.


Recuadros

Diversas voces

La corrupción en la salud colombiana es mucho más profunda que la denunciada


Con enorme preocupación recibe Acesi la información de los últimos días que muestra cómo de manera sistemática y perversa se desangra el sistema de salud colombiano, siendo lo más grave que las irregularidades partan del interior del propio SGSSS.

El problema de fondo es mucho más profundo que los actos individuales de corrupción. En los últimos años ha visto el país cómo el sector salud llega a la sala de cuidados intensivos por la implementación de la Ley 100, pero, además, por los privilegios que se les entregaron a las EPS para que intermedien financieramente el sector. El desmesurado e injustificado aumento de los recobros, que superan los dos billones de pesos, no se explica con el comportamiento corrupto de una veintena de funcionarios; las acciones de investigación que ahora se emprenden deben llegar hasta la raíz del sistema, y las sanciones no se pueden dejar en señalamientos públicos y procesos contra empleados de niveles medios y bajos. El desangre del SGSSS ha sido denunciado desde tiempo atrás, e irregularidades de todo tipo son difundidas ampliamente por los medios de comunicación y sufridas por los colombianos. El incumplimiento sistemático de los contenidos del POS por las EPS debe ser tratado como delito contra la integridad y la vida de los usuarios del sistema de salud. La permanente mora en el pago de las obligaciones financieras a los prestadores públicos y privados es una falta grave contra la oportunidad en el sistema, como lo ha señalado incluso la Corte Constitucional y debe acarrear las máximas sanciones posibles.

Asociación Colombiana de Empresas del Estado y Hospitales Públicos (Acesi)


La cadena de desfalcos, a nombre de la protección del derecho a la salud, está a la orden del día


Son múltiples los hechos que demuestran el desfalco, los sobrecostos y el enriquecimiento de actores institucionales y personas naturales en el sistema de salud colombiano. […]. Estos escándalos no son nuevos, se denunciaron de diferentes maneras pero hubo oídos sordos y silencio por parte del Congreso, en los Ministerios de Protección Social y Hacienda, en la Presidencia de la República y en la Superintendencia Nacional de Salud encargada de la vigilancia del sistema de salud.

Esta situación, antes de mejorar, se profundiza, y lo que más causa indignación es que con la Ley 1438 de 2011 y su reglamentación se pretende darles más poder a quienes generan estos desfalcos porque las EPS podrán acordar no sólo cómo negar servicios (barreras de acceso); seguir recobrando procedimientos, medicamentos e insumos que están cubiertos en el POS con sobrecostos astronómicos, sino que adicionalmente podrán acodar cómo sacarle mayor rendimiento financiero para contener las acciones de promoción y prevención a nombre de la Atención Primaria en Salud (APS).

Lo anterior demuestra que la causa de todos estos males de la salud es la Ley 100 de 1993 y sus reformas posteriores, y de ahí la necesidad del cambio total del SGSSS por uno que garantice la salud y la seguridad social como derechos fundamentales, sin intermediación privada. Por eso nuestra campaña denuncia la vulneración del derecho a la salud y proclama la construcción de una ley integral de salud y seguridad social que reemplace la Ley 100, a través de un pronunciamiento público de la sociedad colombiana en las elecciones de octubre de 2011 por medio de la Octava Papeleta Salud y Seguridad Social. Universal, Pública, Equitativa e Integral.

Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social
 

Academia Nacional de Medicina


A los 17 años de implementación de la reforma en salud, los resultados finales son la mejor evidencia: la Ley 100, que creó el actual SGSSS, fue un gran error y el Gobierno y el Congreso, libres de presiones y pensando sólo en el bien de Colombia, deben emprender una reforma estructural que cambie el modelo con una visión de aseguramiento social universal, basado en el fortalecimiento de los derechos humanos, de primacía de la ciencia, la educación y el profesionalismo al servicio de la sociedad. Por ello, la Academia Nacional de Medicina expresa profunda preocupación por el proyecto de reforma que cursa en el Congreso, que eleva a principio constitucional la sostenibilidad fiscal por encima de los derechos humanos universales, consagrados en la Constitución y que afecta directamente la atención de la salud.

Ahora, más que nunca, se requiere recrear un muy fuerte Ministerio de Salud (no de Salud y Protección Social, que fundamentalmente no modificaría las cosas), fuerte y técnico, libre de politiquería, como lo fue en épocas pasadas, y el fortalecimiento del Instituto Nacional de Salud y del Invima. Rígida vigilancia y control son indispensables, y el sistema de información con registro único es inaplazable. La vigilancia y el control deben estar libres de presiones y de cualquier conflicto de intereses.


Federación Médica Colombiana


Mientras el enriquecimiento indebido y las ilícitas actuaciones de los accionistas y empresarios ligados a muchas EPS se evidencian ante la opinión pública, simultáneamente más de cinco billones de pesos les adeudan esas mismas EPS a todos los prestadores de servicios de salud del país, llevándolos a ellos, a sus profesionales y a sus trabajadores a un calamitoso estado de postración y deterioro, todo lo cual forma parte de la intención de debilitar las redes de servicios y llevarlas a la quiebra, para afianzar su dominio oligopólico en todo el sector de la salud.

La Federación Médica Colombiana se permite exhortar a todos los profesionales y trabajadores del sector de la salud que laboran en IPS privadas o en Hospitales Públicos (ESE), por intermedio de las ‘cooperativas de trabajo asociado’, a que se organicen de inmediato en diferentes actividades de rechazo a tal forma anómala e inconstitucional de contratación, y que se utilice adecuada y prontamente la coyuntura actual de rechazo a todas las formas de intermediación en el sector de la salud.

La Federación Médica Colombiana invita a que todos los profesionales y trabajadores del sector de la salud acojan las consignas:

¡No más intermediarios en el sector de la salud!
¡No más intermediación laboral en Colombia!


Facultad Nacional de Salud Pública


Es difícil seguir argumentando que la crisis del sector se debe a la insuficiencia de recursos cuando los hechos están demostrando la magnitud de la corrupción, y más cuando el señor Presidente anuncia que apenas estamos descubriendo la punta del iceberg. No son las demandas de la población lo que ha quebrado al sistema; son sus administradores guiados por una racionalidad que privilegia el negocio y el lucro sobre los derechos de los enfermos. Lo han sido las empresas privadas administradoras de los recursos, que han refinado sus métodos para gestionar los procedimientos y fondos del sistema en su propio beneficio, como viene demostrándolo también la Superintendencia de Industria y Comercio, que investiga a varias aseguradoras por haber acordado estrategias dirigidas a negar los servicios a los usuarios, falsear información y aumentar de manera ficticia el valor de la UPC, hechos que, de comprobarse, podrán configurar conductas delictivas y particularmente asociación para delinquir.

Por eso lamentamos profundamente, como se lo hicimos saber al señor Presidente en nuestro derecho de petición de diciembre pasado, que el Congreso de la República haya perdido la oportunidad de corregir estas fallas del sistema y que, sin sopesar a fondo sus consecuencias, hubiera aprobado la Ley 1438 de 2011 que consolida el negocio del aseguramiento como eje central del modelo de salud de nuestro país. Los hechos ratifican lo planteado por los profesores en el mencionado derecho de petición, donde advertíamos que desconocer esta información en el momento de formular la ley y las políticas públicas en materia de un asunto tan importante y delicado como la salud implicaba por parte de los servidores públicos obrar de forma temeraria y en contra de los fines del Estado Social de Derecho.


Campaña Nacional por Salud y Seguridad Social Universal, Pública, Equitativa e Integral

Octava papeleta: ¡Voz y voto por tus derechos!

La Octava Papeleta es un concepto que permite posicionar la necesidad de un modelo de seguridad social como derecho fundamental para todos los colombianos, indiferente de la capacidad de pago y vínculo laboral, mediante una estrategia de comunicación que parte de recordar la importancia de la séptima papeleta en 1991, para legitimar el cambio de la Constitución de 1886, con el discurso de la participación y de construcción del Estado Social de Derecho, y teniendo en cuenta los 20 años de este mecanismo.

Se entregará una papeleta que se llamará Octava Papeleta, ¡Voz y voto por tus derechos! para mantener vigente el tema de la búsqueda de ese cambio en seguridad social en Colombia, ante el pueblo, medios de comunicación, gobierno y estamentos internacionales, mediante entregas periódicas de esta papeleta con los temas que se seleccionen, durante el tiempo necesario para lograr nuestro objetivo, acompañada de otras actividades, de formación, organización y movilización. La primera fecha objetivo serán las elecciones de octubre 30 de 2011.

Esta iniciativa se articula con la de una Iniciativa Popular Legislativa, que, como un mecanismo de participación constitucional, demanda configurar un Proyecto de Ley, en este caso de un nuevo modelo de salud para el país, que debe ser respaldado por un conjunto amplio de firmas ciudadanas, para luego presentar al Congreso de la República para que sea incorporado como Ley de la República.

Para vincularse activamente a la campaña y/o lograr mayor información, escriba a:

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• www.comosoc.org.co
• http://movimientonacionalporlasalud.blogspot.com/

Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (Comosoc)
Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social
Publicado enEdición 169
Invierno, fenómeno de La Niña y decretos de emergencia. Una revisión cuidadosa de la legislación expedida por el gobierno nacional con motivo de los sucesos de diciembre trasluce -como el manejo ambiental del país- incoherencia, contradicciones, desconocimiento.

Parto de dos certezas y una presunción: la primera certeza, que existen suficientes razones para que el gobierno nacional haya declarado el estado de emergencia con base en el artículo 215 de la Constitución Nacional; la segunda, que los efectos de La Niña 2010 demuestran que ni el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (creado en 1988), ni el Sistema Nacional Ambiental (que existe desde 1993) ni todos los sistemas, actores y sectores que manejan este país han logrado reducir su vulnerabilidad ni frente a las dinámicas naturales ni frente a muchas de las dinámicas sociales que se pueden convertir en amenazas.

Y la presunción: que el Gobierno ha actuado de buena fe al expedir las normas, y tomar las medidas que ha adoptado para conjurar la emergencia y reducir la posibilidad de que ocurran nuevos desastres, por lo menos por temporadas invernales.

Decretos de emergencia

Los dos decretos madre que declaran el estado de emergencia (Decreto 4580 de 2010 y Decreto 20 de 2011) y los casi 40 decretos-leyes expedidos en desarrollo de los primeros, son herramientas constitucionales y legales para hacer gestión del riesgo, es decir, para intervenir en la medida de lo posible sobre los factores que generan los riesgos, con el fin de reducirlos y evitar que se conviertan en desastres, y también para facilitar la recuperación de los ecosistemas y de las comunidades que hayan resultado afectadas por un desastre inevitable.

Pero a la gestión del riesgo también hay que hacerle gestión del riesgo, para que cumpla sus objetivos y no agrave los riesgos existentes, ni cree nuevas amenazas y vulnerabilidades…, ni genere nuevos y más graves desastres.

Como es bien sabido, el Estado de Derecho en las democracias liberales se basa en la separación de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, cada una con funciones específicas. La Constitución ha previsto un mecanismo de excepción (el ya citado artículo 215) para que, cuando haya razones de extrema gravedad que pongan en peligro el orden ecológico, económico y social del país, el Ejecutivo asuma por un tiempo determinado la función legislativa, que le corresponde al Congreso. En ese orden de ideas, el Gobierno expide normas con jerarquía de ley, con las cuales, entre otras cosas, puede modificar o derogar leyes (porque ley mata ley).

Como el estado de emergencia representa una especie de suspensión temporal de ese aspecto fundamental del Estado de Derecho, la Corte Constitucional, constituida precisamente con ese fin, debe vigilar muy cuidadosamente que exista absoluta coherencia y conexidad entre los decretos-leyes que expida el presidente de la república y las causas que motivaron la declaratoria del estado de excepción. Es decir, es responsabilidad de la Corte evitar que el ordenamiento jurídico se convierta en otro damnificado del desastre invernal.

Dejemos de lado las –para mí indudables– buenas intenciones del Gobierno, y no descartemos la necesidad de introducirles profundas reformas al Sistema Nacional Ambiental (incluyendo a las CAR) y al de Prevención y Atención de Desastres. Pero recordemos que, en derecho, tan importantes como el contenido son las formalidades, el debido proceso y, como ya dijimos, la coherencia y la conexidad (¿Qué conexidad existe, por ejemplo, entre el desastre invernal y la reducción del límite de velocidad en las carreteras del país?).

La parte considerativa de los decretos que declaran el estado de emergencia se abre con un error absoluto en materia científica, repetido en algunos de los decretos-ley: “…el fenómeno de La Niña constituye un desastre natural de dimensiones extraordinarias e imprevisibles”.

No. La Niña es un fenómeno natural, no un desastre. Eso equivale a expedir una ley cambiando los horarios de trabajo, con el argumento de que el Sol está girando alrededor de la Tierra más rápido que antes… o algo así. Me niego a creer que el IDEAM, institución científica de primera calidad, haya metido la mano en esa ‘consideración’. Es posible que el error de afirmar que “La Niña es un desastre natural” (error que amerita un “cero aclamado” en Ciencias Naturales para quien lo cometió) no tenga implicaciones jurídicas. Esperemos que sea así porque, de lo contrario, tratándose de los dos decretos madre sobre los cuales se basan todos los demás, significa la caída de toda la legislación de emergencia, lo que dejaría al Gobierno sin herramientas jurídicas para conjurar el desastre.

En cambio, lo de que las dimensiones del fenómeno (o, más bien, sus efectos en el territorio colombiano) son “extraordinarias e imprevisibles”, además de constituir también un error (en este caso de información o de percepción, pues el IDEAM y otras instituciones nacionales e internacionales venían advirtiendo desde meses antes lo que podía suceder, además de que, de alguna manera, lo que ocurrió ya había pasado antes, muchas veces en todas las regiones afectadas), puede tener consecuencias jurídicas, en particular en lo que hace referencia al Decreto 141 de 2011, mediante el cual se reforman varios aspectos de la estructura y el funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

Ya dijimos que los efectos de La Niña 2010 demuestran que el Sistema Nacional Ambiental (además de otros actores) ha sido incapaz de reducir la vulnerabilidad del país. Pero si, como lo anotan otros analistas, en los decretos madre se dice que las dimensiones del fenómeno son “extraordinarias e imprevisibles”, ¿cómo es que el Decreto 141 afirma que “dentro de los efectos ocasionados por el fenómeno de La Niña, se identifican algunos que pudieron ser prevenidos o evitados en el marco de las competencias y las funciones que les fueron asignadas a las CAR, de Desarrollo Sostenible y Grandes Centros Urbanos”?

Cierta o no esa consideración, hay un problema de coherencia y conexidad con lo expresado en la norma fundamental, además de que el decreto-ley parece reducir a las CAR todo el Sistema Nacional Ambiental, en cuya cabeza están el Presidente de la República, y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

El citado Decreto 141 tiene, además, graves implicaciones que deben conducir a actuaciones concretas: cuando esa norma, que es ley (en un hecho sin precedentes, por lo menos hasta donde yo sé), declara que “en la revisión de la gestión ambiental en el territorio nacional a cargo de las autoridades ambientales regionales, se evidenciaron omisiones y acciones que contribuyeron a la ocurrencia de los eventos de catástrofe y calamidad”, que “adicionalmente esas autoridades ambientales omitieron sus deberes de actuación como autoridades de policía en la defensa de la cuenca, los recursos naturales renovables y la vida”, y “que así mismo existe negligencia de parte de las autoridades ambientales en el ejercicio de sus funciones de policía que la ley les impone”, está acusando genéricamente a un conjunto de funcionarios y personas que cumplen funciones públicas en las juntas directivas de esos organismos, de una serie de delitos, entre otros, de prevaricato por omisión (“El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones…”, art. 414 Código Penal –CP).

Y si, como efectivamente sucedió, en algunos lugares se perdieron vidas humanas como consecuencia y expresión del desastre, los funcionarios ‘negligentes’ deben ser procesados por homicidio culposo (“El que por culpa matare a otro…”, art. 329 CP). El artículo 37 del CP dice que “la conducta es culposa cuando el agente realiza el hecho punible por falta de previsión del resultado previsible o cuando, habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo”.

Al gobierno nacional le corresponde, entonces, hacer las denuncias concretas, pero no solamente contra las autoridades ambientales vinculadas formalmente a las CAR sino también, por ejemplo, contra quienes, con posterioridad a la expedición del Código Minero, otorgaron u ordenaron otorgar títulos mineros en páramos. Y contra todas las autoridades, del nivel nacional hacia abajo, que a sabiendas tomaron decisiones contrarias a la integridad y la diversidad de los ecosistemas, cuya protección es responsabilidad expresa del Estado en virtud del artículo 79 de la Constitución Nacional (por ejemplo: autorizar la construcción de una carretera en una zona protegida y sin previa licencia ambiental).

¿Qué es eso si no prevaricato por acción? (“El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley…”, art. 413 CP).

¿Habrá cárcel para tanta gente? O ¿a cuántos funcionarios tendrán que darles el cargo por cárcel, previa reforma del Código Penal?

Hay más comentarios sobre esta legislación excepcional. Pero, por ahora, el espacio se agotó.
Publicado enEdición 166