Lunes, 18 Noviembre 2013 06:19

Tapicería

Tapicería

El tapiz estadunidense es cada día más difícil de describir, cuanto menos de explicar. La cúpula política está mareada con sus juegos de poder, que insisten en disfrazar de algo hecho a nombre del pueblo a pesar de que las encuestas registran que ese pueblo los reprueba y rechaza. Mientras tanto, la cúpula económica está borracha como nunca en un siglo, goza de un banquete que la ha llevado a riquezas impensables y, por ahora, sin amenaza de una respuesta de los millones que pagan sus cuentas ante la desigualdad económica más extrema desde poco antes de que estallara la gran depresión.


Tal vez por eso las noticias más locas a veces son una manera más coherente de describir el momento.


Por ejemplo, en el escándalo sobre el espionaje masivo a la ciudadanía estadunidense (como la mundial), que ha estallado gracias a las filtraciones de Edward Snowden, donde se ha demostrado que el gobierno no reconoce los derechos a la privacidad, hay respuestas como esta de uno de los defensores de la Agencia de Seguridad Nacional: no puedes tener tu privacidad violada si no sabes que tu privacidad ha sido violada, ¿verdad? Ese fue el representante republicano Mike Rogers, presidente del Comité de Inteligencia, el cual está encargado de supervisar a las agencias de espionaje. O sea, hasta lo de Snowden, nadie sabía, entonces no había bronca.


O cosas como que los encargados de la seguridad personal de presidentes, mandatarios visitantes y otros altos funcionarios parecen estar buscando amor por todas partes. Según información entregada al Senado, agentes del Servicio Secreto y sus jefes han tenido conductas sexuales inapropiadas en 17 países a lo largo de varios años, reportó el Washington Post. El más famoso de éstos, todos recordarán, fue el escándalo en Colombia el año pasado, donde varios agentes encargados de preparar la seguridad para una visita presidencial se emborracharon y contrataron prostitutas. Esta semana, el Post reportó que dos supervisores del Servicio Secreto asignados al presidente Barack Obama fueron despedidos después de que se descubrió que habían enviado correos electrónicos sexualmente explícitos a una agente del servicio. Uno de los cesados ayudó a encabezar la investigación interna del escándalo en Colombia. Los correos se descubrieron después de que accidentalmente uno dejó una bala en el cuarto de una mujer en el famoso hotel de lujo Hays Adams, a una cuadra de la Casa Blanca, y cuando regresó por ella la mujer rehúso dejarlo entrar, lo que llevó al escándalo.


Hablando de seguridad pública, está el caso de un detective de la policía de Nueva York que se infiltró en el movimiento Ocupa Wall Street, donde convivió con los activistas durante la ocupación del parque Zuccotti participó en reuniones y acciones, espiando todo el tiempo al movimiento. Fue descubierto hace un par de semanas, cuando fue arrestado junto con otros 10 motociclistas que golpearon al conductor de una camioneta después de un incidente de tránsito.


O el monitoreo de un sitio de Internet antiguerra por la FBI durante seis años por error, después de que el editor del sitio contactó a la agencia para informar que había recibido una amenaza de violencia, y algún burócrata tomó mal la información y provocó que el sitio fuera vigilado como posible amenaza a la seguridad pública de este país.


O hay noticias como la de una demora en las ejecuciones oficiales por falta de drogas letales. Los 32 estados donde se aplica la pena de muerte han sido obligados a buscar drogas nunca probadas para matar a sus reos porque empresas farmacéuticas han suspendido la producción de las drogas tradicionales, repetidamente comprobadas como eficaces. La inyección letal es la técnica más usada para las ejecuciones: de las más de 250 realizadas desde 2008, todas menos cinco usaron inyección letal, informó el New York Times. Eso ha llevado a considerar el regreso a formas más antiguas de ejecutar a reos, como la silla eléctrica o la cámara de gas.


También hay noticias de líderes espirituales muy enfocados en placeres carnales. Un nuevo libro revela lo que sabían muchos dentro de la comunidad budista estadunidense: líderes espirituales zen tuvieron relaciones sexuales clandestinas y extramaritales con muchas de sus discípulas. Por ejemplo, Eido Shimano Roshi, fundador y líder de la Sociedad de Estudios Zen de Nueva York (entre las comunidades budistas occidentales más grandes en este país, con celebridades y altos ejecutivos entre sus integrantes), tuvo relaciones sexuales con múltiples discípulas a lo largo de 30 años, todas encubiertas por el líder espiritual que es casado, y no es el único. Muchos afirman que las relaciones fueron parte de la exploración espiritual.


A la vez, hay expresiones democráticas como cuando votantes en cinco condados del estado de Colorado aprobaron, en un referendo no obligatorio, la secesión del estado para crear el estado 51 de la Unión, que sería llamado Colorado del Norte, todo porque algunos ciudadanos estaban furiosos porque la legislatura estatal había promulgado mayores protecciones ambientales y medidas para reducir la violencia por arma de fuego.


Y hablando de armas de fuego, y de que todos los días hay incidentes en que se anuncia una emergencia por alguien que porta o dispara armas en este país, cuya población es la que tiene más armas en el mundo, también hay casos chistosos: en Oklahoma, un joven escuchó un sonido detrás de él en un campo, dio la vuelta y disparó, hiriendo a su compañero. El alguacil que llegó a investigar el incidente descubrió, por confesión de los dos, que ambos estaban cazando a Big Foot, una bestia famosa, pero imaginaria.


La lista de hipocresías, locuras y tonterías cometidas por funcionarios y algunos ciudadanos son infinitas, pero ilustran cosas bastante serias que ocurren en este país. O tal vez no tan serias, sino este tapiz de locuras más bien revela que a veces no se debería tomar en serio a este país cuando pretende ser faro de la humanidad, un país tan superior que se atreve a ser juez de todos los demás.

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Lunes, 18 Noviembre 2013 06:15

Sin diminutivos

Sin diminutivos

¿El Ecuador que comanda Rafael Correa es una de las experiencias clave de la región para hablar de un cambio de época, antes que de una época de cambios? ¿Es nada más –o nada menos- que una vuelta de tuerca atrayente dentro de lo que la nomenclatura de izquierda denomina "el sistema"? ¿Es el Ecuador de Correa un proceso más contradictorio que firme o es exactamente al revés?


Por lo pronto, puede afirmarse con total certeza que, tal como respecto de las imágenes argentinas de hace poco más de diez años y las de hoy, cuesta imaginarse a este Ecuador como el mismo país que estalló por todos los costados algo antes que nosotros. Con pérdida total de su soberanía monetaria y unos índices de pobreza y desigualdad entre los más bochornosos del mundo entero, Ecuador es ahora –a partir de que en 2007 comenzó desde los palotes, con grandes interrogantes, esto que llaman "socialismo del buen vivir"– un territorio con indicadores de mejoramiento social que son o deberían ser la envidia de vecinos contiguos y más alejados. Así se ve y se respira por las calles de Quito, que todos consideran determinantes para medir la temperatura nacional. Y es difícil encontrar a quien sostenga que en el resto del país no sucede lo mismo. El apoyo a Correa y a su gobierno, que vienen de ganar con casi el 60 por ciento de los votos, se advierte de convincente a aplastante en cada testimonio que cita un "ahora" en el cual la educación pública es gratuita incluso a nivel terciario y universitario; en el que los niveles de violencia urbana disminuyeron en forma notable; donde el indígena no sólo se incorporó a la noción de "ciudadanía" en cuanto a sus derechos constitucionales, sino que reivindica orgulloso su identidad en los espacios mediáticos. Un Ecuador que dispone por primera vez histórica de un plan de desarrollo a mediano y largo plazo, con cambios de raíz en su matriz productiva mucho más allá de dejar atrás la exportación de bananas y cacao. Un ahora en el que la derecha, abrumada y dividida, se quedó sin opciones de confrontación potente que no sean sus medios de comunicación. Aun en Guayaquil, la ciudad costera que enraiza las tendencias más conservadoras, para la administración aldeana sigue eternizándose un liberal furioso; pero para el mando de Ecuador triunfa Correa.


No hay en nada de lo descripto ni en lo que puede agregarse por la positiva, una pizca de exageración ni de ánimo propagandístico, lo cual podría sospecharse tratándose de un proceso afín a los gustos ideológicos del firmante. De igual manera, las tensiones por esta cosa inédita que vive Ecuador son inocultables. Pero no es una tirantez que se note entre los sectores populares. Se advierte en algunos ámbitos académicos y núcleos ultrapolitizados que, ya se sabe, hacen del denuncismo su práctica favorita y exclusiva. Que si Correa es posneoliberal pero no poscapitalista; que si el camino al socialismo no debe pensarse con urgencia, en lugar de atravesar la transición con valores de neodesarrollismo industrialista en un país atrasado y campesino; que si el modelo de agricultura familiar y el cuidado obsesivo por el medio ambiente no deben figurar a la cabeza de cualquier esquema de progreso, estimable como revolucionario. Debates, todos, tan atractivos como importantes y hasta necesarios, pero que en la realidad concreta de Ecuador no salen de las teorías de laboratorio. El propio Francois Houtart, sacerdote belga, marxista, intelectual de fuste radicado en Ecuador hace unos años y de muy buena cercanía con Correa, señala que tiene una mirada crítica de esta "revolución ciudadana" a pesar de sus logros innegables, que hay serios peligros por derecha hacia dentro del gobierno progresista y que la concepción de desarrollo debe ser revisada con prisa y sin pausa. Pero admite que ese otro modelo no existe, literalmente, ni como fuerza intelectual significativa ni, mucho menos, entre las opciones políticas reales. Además, la recorrida por diversas fuentes informativas permite establecer que hay mucho de mito y agitación en varios aspectos apuntados como graves, o enormemente conflictivos, para la marcha del gobierno ecuatoriano. Uno de ellos, y no el menor, es el choque con los intereses de las comunidades indígenas. Lo cierto es que la inmensa mayoría de ellas, que a su vez son el 7,4 por ciento de la conformación étnica ecuatoriana, acuerdan con el oficialismo en sus objetivos de expansión productiva y que, de hecho, lo respaldan electoralmente. Pero lo que tiene prensa, sobre todo en el exterior, es una minoría de extremizados, burócratas y otras yerbas, que corren al gobierno por izquierda desde un fundamentalismo indigenista abrevado en sí mismo y en la ya curiosa inflexibilidad de ciertas ONG.
Galo Mora, secretario ejecutivo de la alianza gobernante y probablemente el asesor más influyente de Rafael Correa, es contundente: "La izquierda es seguramente honesta, en algunos casos, y piensa que deberíamos ir a la velocidad de un Fórmula Uno en un camino de herradura. Por más honesta que sea, es una izquierda que no se basa en condiciones objetivas. Y hay otro usufructuario, el oenegeísmo.

 

Ese es el refugio donde se instalan quienes tienen varios motivos para atentar. Uno es evidentemente ideológico, porque no coinciden. Otro es político, porque no fueron convocados, por ejemplo, para este combate. Y un tercer motivo, que nadie admite porque moral y éticamente no conviene, es lisa y llanamente la envidia. ¿Cómo viene a encabezar Rafael Correa, que estudió en Estados Unidos, y no yo que estuve todos los años con los sindicatos? Entonces, es no entender. Y no hay tampoco un mea culpa. Sacan el 2,85 por ciento de los votos, y sin embargo, quieren manejar el Estado ecuatoriano invocando la democracia". Mora, un tipo con una capacidad narrativa admirable que encima la reviste de profundidad analítica y provocativa en cada oración, se pregunta "dónde está la izquierda ecologista, ambientalista, conservacionista o como quiera tipificársela. ¿Por qué no nos acompaña en el combate contra Chevron, que es el más difícil? Ahí está la primera y definitiva prueba. Si no está en el proceso más difícil, que puede quebrar al Estado donde ellos viven, donde nacieron y supuestamente se enorgullecen, hay entonces una orientación antigobierno, antipolítica y antirrevolución. Eso es lo que los determina. No es el ecologismo, porque de lo contrario deberían ser los primeros en desfilar con nosotros. Probablemente, el 12 de diciembre hagamos una gran marcha contra Chevron, como ciudadanos; y yo voy a ver si están ahí o si el discurso es nada más que enfrentarse a Rafael Correa".


Al margen de que son declaraciones formuladas a este cronista por un cuadro político con altas responsabilidades de gestión, no es nada fácil desmentirlo cuando se observa –incluso en los medios de comunicación opositores– que el centro de los cuestionamientos al gobierno pasa por otro lado y no por las acusaciones sobre características del extractivismo o disgustos de minorías étnicas. Precisamente, la ley de medios aprobada hace unos meses, de fuertes similitudes con la argentina en el reparto antimonopólico del espectro radiofónico y televisivo, es uno de los caballitos de batalla con el que se intenta golpear a Correa. También se cuestiona el funcionamiento del Congreso, unicameral, donde el gobierno cuenta con un centenar de asambleístas sobre un total de 137. Con eso les basta para hablar de un autoritarismo que pondría en riesgo las instituciones republicanas, a pesar de que cada paso proviene de la mayoría surgida en elecciones incuestionables. Una música idéntica a la que se escucha por nuestros pagos. No hace falta ser ninguna luminaria para corroborar que lo que hiere y atemoriza a las grandes corporaciones es un Ecuador donde se rehabilitó, o directamente dio nacimiento, al papel del Estado como regulador de los desequilibrios sociales. Y como actor protagónico de las grandes decisiones sobre el desarrollo nacional, en una dirección intervencionista a la que nadie estaba acostumbrado. En estas horas fuimos testigos del lamento, a voz en cuello, de tres contratistas estatales que venían de perder una licitación. La queja era por la cantidad y calidad de exigencias impuestas, y se preguntaban a dónde iría a parar el país si la derecha no es capaz de recomponer sus fuerzas. La anécdota está en línea con los dos ejes que cualquier referente gubernamental expresa como centrales: dotar a todos los ecuatorianos con el rango efectivo de ciudadanos y recomponer el rol del Estado. Una duda inquietante es cuáles son los márgenes de movimiento siendo que Ecuador no dispone de moneda propia. Sólo circula el dólar, gracias, entre otros, a los oficios de Domingo Cavallo, cuando en 1999 la crisis adquirió dimensiones de no retorno y el sucre, la vieja moneda nacional, desapareció del mapa. Sin embargo, consultados inclusive algunos de los críticos más severos del gobierno de Correa desde posiciones a su izquierda, es coincidencia generalizada de que salir ahora de la dolarización traería muchos más costos y riesgos que beneficios. El oficialismo acepta que la traba de una moneda que no puede emitir es condicionante y peligrosa, porque obliga a depender de números favorables en la balanza comercial como solitario recurso de administración. Pero entiende que hay desafíos más grandes que ése, y entre ellos las dificultades para avanzar en la integración regional. En su gira por Rusia, Bielorrusia y Francia, de la que retornó esta semana, Correa dijo sin ambages que, desde la muerte de Kirchner, la Unasur afronta una parálisis que el fallecimiento de Chávez agravó. Y a Ecuador se le suma estar geográficamente aprisionado por la Alianza del Pacífico, Colombia y Perú mediante, como una de las apuestas más significativas de Estados Unidos para dividir a la región. De postre amenazador, desde ya, se agrega el clima enrarecido que vive Venezuela.

 


Cuando se vivencia y toma nota de estos aspectos supra estructurales, en los que se juega buena o la mayor parte del destino sudamericano, uno no puede menos que crisparse frente a los chiquitajes funcionales a la derecha operados desde grupos, figuras, intelectuales, que orondamente se plantan por izquierda. Esa gente que siempre tiene claro cómo debe funcionar el mundo, y que jamás se preocupa por cómo lo hace el poder ni por cómo se lo construye. Qué más da, si no es eso a lo que aspiran. Ecuador y la experiencia progresista encabezada por Correa es otro de esos campos que reta a definirse, sin perder pensamiento crítico, entre los tiempos que lleva el armado de poder con reparaciones populares y las fantasías de revolución de las masas a la vuelta de la esquina. Esto último como si las masas fuesen un sujeto único de intereses comunes, además. Parece mentira que, con todo lo logrado en estos siete años por este país bastante más chico que la provincia de Buenos Aires; surcado por las contradicciones propias de una nación multiétnica; proveniente de una historia ancestral de saqueo a mansalva de sus riquezas y de índices de miseria africanos; aplastado por dictaduras militares y gobiernos civiles tan corruptos como aquéllas, pueda haber quienes alegremente lo remiten a la condición de "democracia burguesa" algo o bastante más prolija que lo que conoció hasta hoy. Es de reiterar, igualmente, que ese facilismo despectivo se plasma más afuera que acá dentro, donde la población defiende a un gobierno que le mejoró su calidad de vida y de perspectivas, cualquiera sea el parámetro que se tome. Se verá si es una época de cambios o un cambio de época, pero mientras tanto vayan a contárselo a todos los ecuatorianos que viven mejor gracias a una gestión que sólo un loco calificaría de neoliberal.


Aquí en Quito, con sus 2800 metros sobre el nivel del mar, dicen que la receta es caminar despacito, comer poquito y dormir solito. Los diminutivos son válidos para manejarse en la altura. No para referirse a este proceso de alteraciones y alternativas dirigido por Correa, salvo creer que lo poco o lo mucho siempre tiene que ser demasiado y ya mismo.

 

Por Eduardo Aliverti
Desde Quito, Ecuador

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Viernes, 15 Noviembre 2013 06:33

Bachelet promete educación gratuita

Bachelet promete educación gratuita

Como si nunca se hubiera ido a Nueva York para dirigir ONU Mujer después de terminar su gobierno, como si fuera una madre a la que se le creen todas sus convicciones, así era aclamada Michelle Bachelet en el cierre de su campaña en el parque Quinta Normal de Santiago. "Vamos a necesitar estas mismas ganas porque tenemos que jugarnos por la primera vuelta, porque tenemos tanto que hacer", les manifestó a sus seguidores la candidata de Nueva Mayoría (ex Concertación), diciéndose conmovida por las muestras de afecto. "Chile cambió en estos años. Es un país capaz de mirarse a sí mismo con sentido crítico y dar un gran salto para enfrentar la desigualdad."

 

Apoyada por una coalición de centroizquierda aún más amplia que la que sostuvo su gobierno de 2006 a 2010, gracias a la incorporación del Partido Comunista y sus aliados, Bachelet es favorita para ganar el próximo domingo. La sigue Evelyn Matthei de la alianza de derecha oficialista y siete candidatos más, entre ellos Marco Enríquez-Ominami, disidente socialista, y Franco Parisi, liberal independiente.
En el cierre de ayer Bachelet prometió educación gratuita, un asunto que quedó visibilizado como nunca durante las movilizaciones de los universitarios y secundarios en el 2011, y que tuvo su germen en la revolución de los pingüinos –estudiantes secundarios– durante su gobierno. También propuso una reforma de la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet y un aumento del 20 al 25 por ciento en los impuestos a las empresas. Sus simpatizantes, reunidos desde temprano en la tarde en el parque ubicado en el centro de la capital, se mostraron ilusionados y eufóricos con sus proclamas.


"¡Bachelet, nuestro voto es para usted!", coreaba un grupo de señoras. Entre ellas, Norma Huentenao, una comerciante independiente de 55 años, que contó a Página/12 por qué va a votar por la dirigente socialista. "Michelle es la presidenta del pueblo, la que lucha por los pobres, la que defiende la dignidad de las personas. Va a ganar en primera vuelta, amiga", dijo agitando una bandera con la cara sonriente de su candidata.


De acuerdo con los sondeos, Bachelet va a ganar, pero no se sabe si le alcanzarán los votos para evitar la segunda vuelta. La última encuesta del Centro de Estudios Públicos, la más reconocida por los analistas, arrojó una intención de voto del 47 por ciento para la candidata de la Nueva Mayoría y un 14 por ciento para su rival de la derecha. Y la gran incógnita está dada por ver cuánta gente irá a votar, ahora que el sufragio es voluntario.


En medio de la gente pasaba una mujer con un sombrero Panamá, adornado con dos prendedores con la letra "M". "Michelle es una dama, como su padre fue un caballero. Yo tengo 60 años, y cuando él vivía yo tenía 20. Era un hombre que luchaba por la justicia. Por eso Michelle es de 'tomo y lomo', ¿qué significa? de buena cepa", dijo Ana María Pavón, vendedora.


El general de Aviación Alberto Bachelet, leal a Salvador Allende, había sido torturado hasta la muerte por sus compañeros de armas. Quiso la historia de un modo caprichoso que la candidata rival, Evelyn Matthei, fuera hija de otro general que conocía muy bien a Alberto Bachelet, pero que le dio la espalda. Fernando Matthei era director de la Academia de Guerra de la Aviación, el lugar donde estuvo detenido el papá de Michelle. Sin embargo, la Justicia chilena descartó que Ma-tthei estuviera directamente implicado en la muerte del general.


"¿Esa qué va a hacer en el gobierno? Es una rota, una ordinaria", dijo Ana María sobre la candidata de la alianza de derecha (UDI-Renovación Nacional). Es que el carácter temperamental le jugó más de una mala pasada a Matthei y contrasta con los modos suaves y conciliadores de su contrincante principal. Tampoco le ha sido fácil a la aspirante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) asumir la candidatura luego de que renunciaran por diversas causas a la carrera presidencial dos referentes de la derecha como Laurence Golborne y Pablo Longueira.
El analista Juan Carlos Gómez Leyton, profesor de posgrado en la Universidad Central de Chile, dijo a este diario que la valoración positiva que tienen los chilenos por Bachelet es un fenómeno sociológico. "Michelle tiene carisma, simpatía, un don, similar al que tenía Eva Perón con las masas argentinas. El ciudadano popular confía en Bachelet, no confía en uno igual."


Gómez Leyton no cree que la candidata favorita modifique las estructuras del modelo chileno. Tampoco sus contendientes. "El proceso de acumulación neoliberal no va a cambiar, no hay ninguna propuesta que apunte a romper el modelo. Por ejemplo, la mayoría de los candidatos plantea una jubilación estatal, pero para que conviva con las AFP. Es decir, que agrega algo, pero no modifica la estructura neoliberal."


Las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones, similares a las extintas AFJP argentinas) fueron creadas por el ministro de Trabajo de Pinochet, José Piñera –hermano del actual mandatario– y son el único sistema previsional en Chile. Gracias a una reforma impulsada por el gobierno de Bachelet en 2008, el Estado ahora garantiza una jubilación mínima.


Durante la campaña fue creciendo la demanda popular por una asamblea constituyente que, entre otras cosas, reemplace la Constitución pinochetista. Mientras Ma-tthei rechazó de plano esa iniciativa azuzando el fantasma de Venezuela, Bachelet no descartó su convocatoria.
Pareciera que muchos creen en la promesa de Bachelet de un "Chile para todos" en un país que crece de forma sostenida, pero mantiene la concentración de la riqueza y la desigualdad.


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Viernes, 15 Noviembre 2013 06:30

La Constitución de un partido, no de un país

La Constitución de un partido, no de un país

Las numerosas reformas a la Constitución Política de Nicaragua propuestas por el partido oficial serán aprobadas sin duda de manera abrumadora, porque abrumadora es su mayoría en la Asamblea Nacional. Cuando todo se paraliza bajo el peso de una voluntad única, las discusiones se vuelven gratuitas.


La parte declarativa, donde se define la filosofía del Estado, será una extraña mescolanza de principios jurídicos tradicionales y de inserciones curiosas. Allí estarán, elevados a rango supremo, los lemas oficiales que vemos desplegados constantemente en vallas gigantescas, en las pantallas de televisión y aun en los membretes de los documentos burocráticos: la plenitud de los ideales socialistas y de los valores cristianos, el amor al prójimo y la reconciliación entre hermanos de la familia nicaragüense, ahora integrada en la red benefactora de los Consejos de Familia que pasan a ser constitucionales.


Pero hay, además, otras novedades: se establece que El bien común supremo y universal, condición para todos los demás bienes, es la misma Tierra, que es nuestra Gran Madre; ésta debe ser amada, cuidada, regenerada y venerada. El bien común de la Tierra y de la humanidad nos pide que entendamos la Tierra como viva y sujeta de dignidad. Dejemos de un lado la prosa. Entendamos nada más que viviremos en una sociedad donde el cristianismo se mezcla con el panteísmo.


Un régimen que además de panteísta será corporativo, pues se establece la participación protagónica de las cámaras, federaciones y confederaciones de empresarios, como parte de los mecanismos de democracia directa, bajo el principio de responsabilidad compartida; todo lo cual desemboca en el funcionamiento de consejos corporativos regionales y municipales, donde los representantes de empresarios y sindicatos se sentarán con los del Poder Ciudadano, otra entidad que pasa a ser constitucional, hasta llegar a los Consejos Nacionales, para la búsqueda del bien común.


Si antes la Constitución prohibía que los miembros del ejército y la policía ejercieran cargos públicos, ahora lo permitirá, con lo que el nuevo Estado viene a asentarse en una alianza del partido oficial, las cámaras empresariales, el ejército y la policía, evidencia de que los llamados partidos históricos, liberal y conservador, son dados por enterrados y no se les necesita ya como parte del nuevo consenso corporativo.
No será un avance, pero es una novedad. La familia Somoza, del partido liberal, gobernó el país manteniendo en la oposición al partido conservador mediante pactos políticos, para aparentar un sistema bipartidista; y en tiempos de consolidación de su poder, a finales del siglo anterior, Ortega se valió de un pacto con el jefe liberal Arnoldo Alemán para reformar la Constitución y rebajar el porcentaje de votos necesarios para ser elegido presidente. Hoy eso ha pasado a la historia. El sistema de pluralismo político subsiste en la letra de la Constitución, pero nada más en la letra, mientras le llega el turno de desaparecer.


Y dado que estamos ya de frente a la realidad de un partido único, que se entiende a mejor conveniencia con las corporaciones y no con otros partidos, no es sorprendente que se suprima la disposición constitucional mediante la cual los partidos que pretenden el restablecimiento de todo tipo de dictadura o de cualquier sistema antidemocrático, pierden su legitimidad. La preminencia de la defensa de la democracia, como asunto de principios, pasa a ser obsoleta.


Y como la democracia viene a volverse prescindible, es que esta Constitución, cortada tan a la medida, se muestra muy previsora de anular los espacios de libertad en las comunicaciones electrónicas, al disponer que las redes de Internet, y la emisión y transmisión de datos, quedan bajo el control del Estado, al igual que las emisiones de radio y televisión; que el almacenamiento de datos de las redes digitales sólo puede hacerse en territorio nacional; y también, que el espectro radioeléctrico y satelital que incida en las comunicaciones nicaragüenses deberá ser controlado por el Estado. Nadie podrá instalar su propio canal virtual desde su computadora, o hacer emisiones de voz, sin previo permiso.


En tiempos de globalización de las comunicaciones, se manda imponer el aislamiento del país, que queda reducido a la condición de un pequeño Estado medieval, y para controlar y someter las emisiones de Internet, lo que se emite en las redes sociales, lo que se escribe en los blogs, deberá organizarse necesariamente algo así como una ciberpolicía, que perseguirá aun a quienes, huyendo del ojo del Gran Hermano, se refugien en las nubes virtuales, que quedan igualmente prohibidas.


Sin embargo, toda esta felicidad cristiana, panteísta y corporativa que se nos promete no se conseguirá sin una mano benefactora y perpetua, la de un supremo guía que podrá ser relegido las veces que se presente a elecciones, pues la Constitución suprime esa estorbosa prohibición; y se elimina la molesta segunda vuelta electoral, de modo que el presidente podrá ser elegido con una mayoría relativa de votos, algo más que sobrancero, pues quienes cuentan los votos en el Consejo Supremo Electoral siguen siendo, y seguirán siendo, los mismos paniaguados de siempre.


Además, las reformas conceden al presidente el poder de emitir decretos administrativos con fuerza de ley, con lo que la Asamblea Nacional, que hasta ahora ha funcionado como una dócil maquinaria para hacer cumplir la voluntad suprema, podrá pasar a tener largos meses de vacaciones, hasta que llegue la hora de su disolución.


Si se me pidiera elegir un término para definir este escenario, sería el de indefensión. En las sociedades democráticas los cambios constitucionales son siempre el resultado de grandes consensos, y esta mezcolanza inconsulta viene a ser impuesta desde arriba por una voluntad omnímoda. Tampoco las instituciones pueden detener la mano que las impone, porque no funcionan sino como brazos del poder único.


El autoritarismo, con cartas marcadas, sienta a jugar a la democracia una partida amañada, y por supuesto se la gana. Nicaragua será regida por la Constitución de un partido, no de un país.


Masatepe, noviembre 2013


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Viernes, 08 Noviembre 2013 06:13

Transmilenio: una "guaca" urbana

Transmilenio: una "guaca" urbana

Aurelio Suárez, excandidato a la Alcaldía, analiza cómo durante la administración de Gustavo Petro las ganancias de los operadores privados han aumentado mientras el costo de la rebaja al pasaje ha salido del bolsillo de los ciudadanos.


El debate sobre los desequilibrados contratos suscritos entre el Distrito de Bogotá y los concesionarios privados que operan las troncales de Transmilenio ha rodeado el sistema desde sus inicios.


El Índice de Pasajeros por Kilómetro (IPK), las primas de riesgo y la amortización del costo de los buses en 10 años, estimados para cada uno en un recorrido total de 850 mil kilómetros, fueron algunas de las tantas gabelas introducidas en la fórmula para liquidar la distribución de los ingresos, que derivaron en que un puñado de firmas se alzara hasta con el 90% de las entradas de Transmilenio, sumando las de los alimentadores, también de su propiedad.
Tal anomalía produjo fallos de distintos tribun

ales que exigen más equilibrio, sobre todo para el Distrito, que apenas percibe el 5% del recaudo, y mayor calidad del servicio para los usuarios, víctimas de las frecuencias amañadas de las rutas y del hacinamiento.


Entre 2008 y 2011, mientras el número de vehículos de las troncales creció el 20%, el de pasajeros por cada bus lo hizo en el 57% y algo similar pasó con los alimentadores. Los estados financieros de los concesionarios reflejaron menor endeudamiento, mayor propiedad patrimonial y muy buenas utilidades como provechoso resultado de ese modus operandi, de exprimir hasta el último céntimo posible del convenio.


Cuando en agosto de 2012 Petro anunció rebaja de tarifas, la ciudadanía pensó que iba a "coger el toro por los cachos". No ha sido así. Los estados de ingresos y costos para 2012 de las firmas SI 99, Express del Futuro, Conexión Móvil, S.O. Móviles, Transmasivo y Citimovil, que operan en las troncales de la Caracas, la NQS, la Calle 80, la Avenida Suba y la Autopista Norte —según datos suministrados por la Superintendencia de Transporte— dicen que, mientras en 2011 sus ingresos fueron de $452.509 millones, para 2012 sumaron $550.829 millones, 22% más. En cuanto a las utilidades antes del impuesto a la renta para estas mismas, en 2011 fueron de $23.813 millones y en 2012 de $40.755 millones. Crecieron 71%.


¿Cómo entender que, pese a la rebaja, se acrecienten así los logros monetarios de estos operadores? Según la Contraloría Distrital, la Secretaría de Hacienda le hizo traslados a Transmilenio S.A. por cerca de $60 mil millones para "remunerar a los agentes privados", a fin de cubrir el desfase entre los componentes de la tarifa. Es decir, el descuento no salió del bolsillo de los operadores, sino de la misma ciudadanía, de sus impuestos.


Para 2013 el asunto pinta peor. A junio, Transmilenio S.A., que sí ha sufrido caída en sus ingresos por razón de las menores tarifas, registró pérdidas operacionales por $7.800 millones, porque no le alcanza para cubrir los gastos cotidianos, pero además recibió transferencias de la Secretaría de Hacienda por $165 mil millones para limpiar tal déficit y trasladar más dinero a los operadores privados, quienes definitivamente montaron negocio de "burro amarrado".


Como si fuera poco, la administración de Petro convino una modificación al contrato de los operadores del año 2000 presentada como transición de Transmilenio al Sistema Integrado de Trasporte Público (SITP). En ella se otorgan todavía más ventajas a las concesionarias. Primero se les reafirma la concesión, pero, además, aunque se cambia el "célebre" IPK, se introducen dos perlas: el pago por costo medio por kilómetro y, por arte de magia, se les alarga la vida útil a los articulados, aun a riesgo de la seguridad de los usuarios, hasta 1'240.000 kilómetros, 400 mil más que los previstos.


Esto implica que no devolverán los vehículos al Distrito, como se exigió en el caso del aseo, sino que su amortización, ya cubierta, se continuará remunerando a una tasa del 10%, pagándolos dos veces. Además, incluir el "costo medio" en la tarifa, y no el costo real, que es el costo marginal —correspondiente al del último usuario que utiliza el sistema—, consiste en un viejo truco para trasladar mayores montos del bienestar del consumidor al prestador privado del servicio.


En la modificación, fuera de que se prescribe una "rentabilidad razonable" para el operador, insólitamente, y luego de más de 10 años de ganancias, se sostiene una prima de riesgo del negocio del 15%. Todas estas cargas hacen que hoy la tarifa técnica esté en $1.841, fruto del costo promedio reconocido por kilómetro, a partir de $6.729 en abril de 2013, y que se va incrementando mes a mes. Lo que falte lo pondrá el erario. Hace poco el secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien comprende que el sistema es de costos crecientes, anunció que tendría que haber alza de tarifas. A los pocos días fue refutado por el alcalde.


Petro —quien, dicho sea de paso, prohibió la minería en el Distrito y lo hizo bien— la canjeó por una "guaca" urbana para los operadores privados de Transmilenio, mayor que lo hecho por cualquier administración anterior. Tuvo la oportunidad de imprimir el predominio de "lo público". Infortunadamente no la aprovechó.

 

Por Aurelio Suárez Montoya, El Espectador, Bogotá, noviembre 6 de 2013

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Los industriales hondureños avalan el retorno de Zelaya

A tres semanas de las elecciones hondureñas, el Partido Libre, que lidera el expresidente Manuel Zelaya, se ha convertido en la única opción factible de cambio ante la continuidad del gobierno actual. Ante un empate técnico entre el candidato oficialista y la esposa del exmandatario, y con el resto de partidos a más de 12 puntos de diferencia, los actores se reposicionan. En la presentación del programa de Libre se personaron la embajadora de EE UU en Honduras, Lisa Kubiske y Adolfo Facussé, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales, que agrupa alrededor de 600 medianas y grandes empresas.


Adolfo Facussé forma parte de una de las estirpes empresariales más poderosas del país, donde se cuenta el mayor terrateniente hondureño y un expresidente liberal, y él mismo está considerado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como uno de los artífices del golpe que derrocó hace cuatro años a Zelaya. De hecho en aquel entonces Facussé le dijo a esta periodista que el golpe había sido un mal menor: "Si vas manejando y se te cruza un perro en un lado de la calle y una señora del otro, ¿qué haces? Matas al perro por no matar a la señora". Ahora parece que el mal menor es el regreso de Zelaya como asesor de su esposa, Xiomara Castro, la primera mujer presidenciable en Honduras. Al candidato oficialista, Juan Orlando Hernández –quién le pisa los talones a Castro en las encuestas– Facussé lo califica como "un pequeño dictador en ciernes". "Él ha destruido el sistema de separación de poderes, destituyó sin procedimiento a cuatro magistrados de la Corte Suprema, su partido presionó hasta controlar la fiscalía, bajo este gobierno ha habido una corrupción enorme y un despilfarro tremendo y somos el país más violento del mundo. Hay que cambiar", agrega.


Honduras es un país en quiebra. Según un estudio publicado este miércoles por el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Washington el crecimiento anual del gobierno de Zelaya fue de un 5,7% mientras en la actual legislatura solo llegó al 3,5%. La desigualdad se disparó y en un país de 8,2 millones de habitantes dos terceras partes sobreviven con menos de dos dólares al día, 1.800.000 personas más que hace cuatro años.


Esta situación también afecta a los empresarios, que ven disminuir sus negocios. "¿De qué nos sirve a nosotros una población muerta de hambre? ¿Qué negocio hacemos nosotros?" confiesa Facussé y propone avanzar en un modelo similar al de Brasil o Ecuador. En ese sentido apuesta por "un gobierno de izquierdas que llegue a un acuerdo con la empresa privada, estamos con Xiomara siempre que no instigue la confrontación".


Estas declaraciones suponen un cambio de giro radical para un sector de la patronal que en 2009 se enfrentó abiertamente con Zelaya a raíz del incremento en un 60% del salario mínimo urbano y su propuesta de reformar la Constitución. Ahora Castro vuelve a levantar la bandera de instaurar una Asamblea Constituyente como uno de sus pilares de campaña. Los industriales ahora no se oponen, solo ponen como condición que sea dentro del Congreso. "Que se cree una asamblea revisora o independiente donde puedan ir los talentos que tiene el pueblo hondureño. Gente capaz, inteligente y honesta que busque un consenso para la transformación de Honduras, y se someta a un plebiscito", explica su líder.


Para el sociólogo hondureño Eugenio Sosa este giro ideológico se enmarca dentro de la coyuntura actual donde cabría una victoria de Castro con un congreso fragmentado en nueve fuerzas políticas. "Libre no va a poder en una legislatura cambiar el modelo económico, va a hacer política social a favor de los pobres, pero no pondría en peligro a la empresa privada. Lo han visto en Nicaragua, en Sudamérica. Y por otro lado Juan Orlando Hernández tiene un grupo de poder que lo apoya, que son las élites más emergentes, pero a gran parte de las élites tradicionales las ha tenido desplazadas. Yo no desconocería que hayan existido conversaciones y negociaciones de Xiomara y Mel Zelaya con estos grupos económicos", concluye Sosa.


Por Majo Siscar Banyuls Tegucigalpa8 NOV 2013 - 03:54 CET

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El juicio al primer presidente electo de Egipto

No todos los días se hace una fila para conseguir una entrada para el juicio del primer presidente electo de Egipto. Pero ahí estaba el domingo Fouad sentado en el centro de prensa del gobierno –exactamente donde lo vi por primera vez hace 37 años– diciéndonos alegremente a todos nosotros que volviéramos después de las cinco, como si estuviera haciendo los arreglos para un viajecito por el Nilo, en lugar de un asiento en la primera fila para el juicio del ex presidente Mohamed Mursi (foto). Nadie nos había dicho si iba a aparecer personalmente en el primer día del proceso judicial.


Mursi es juzgado, junto con catorce compañeros miembros de los Hermanos Musulmanes, por incitar a la gente a "cometer asesinatos deliberados y premeditados" y "el uso de la violencia, matonería, coerción, posesión de armas de fuego, municiones y arrestos ilegales, deteniendo y torturando a manifestantes pacíficos". Estos increíbles cargos se refieren a la violencia que hubo afuera del palacio presidencial en diciembre cuando fueron asesinados cinco civiles, pero podrían haber sido hechos contra los policías y sus matones que tuvieron un ataque de locura homicida hacia los Hermanos Musulmanes en agosto, matando a más de 600 hombres, mujeres y niños. Treinta y seis hombres murieron asados vivos en un camión de la policía incendiado en su camino a prisión.


Todos sabíamos lo que Mursi iba a decir ante el tribunal. Y lo dijo ayer: "Soy el presidente de Egipto". Es una profesión arriesgada. El rey Farouk fue depuesto en 1952, pero le permitieron navegar en su yate real hasta Italia. El general Mohamed Neguib fue puesto bajo arresto domiciliario por Gamal Abdul Nasser y luego Nasser murió de un ataque al corazón en 1970, tres años después de que perdiera su fuerza aérea, sus ejércitos y el desierto de Sinai en manos de Israel. Luego, uno de sus oficiales de menor rango, Anwar Sadat, ganó de vuelta parte del Sinai, visitó Jerusalén y fue asesinado de un disparo por uno de sus propios soldados por lograr la paz con Israel. Su compañero de la fuerza aérea Hosni Mubarak tomó el poder y terminó en un juicio después del levantamiento de la Primavera Arabe de 2011. El general Mubarak está ahora en una etapa de apelación y su sucesor también va a juicio.


No conocemos, por supuesto, el futuro destino del hombre que sacó a Mursi del poder –el amado y sublime general Abdul Fattah al Sisi–, quien debe decirnos todavía si se postulará para la presidencia egipcia. Cuidado, es todo lo que le puedo decir... "No nos divierte" es, por cierto, el rasgo gobernante de los actuales dirigentes de Egipto, algunos de los cuales trabajaron para el general Mubarak y por lo menos uno de ellos –nada menos que el amado y sublime general– trabajó para Mursi. Tomemos el caso de Mohamed Yousef, el campeón de Egipto de kung-fu y ganador de una medalla de oro en el campeonato de San Petersburgo el mes pasado, que fue lo suficientemente insensato como para usar una remera con el símbolo pro Mursi de cuatro dedos de una mano contra un trasfondo amarillo. La usó en la ceremonia de la entrega de medallas, dijo, para recordar a sus amigos entre las víctimas de la masacre de la mesquita Rabaa al Adawiya en julio. Una pena. Fue devuelto a su casa inmediatamente y por ahora le está prohibido participar en competencias, con el total apoyo del ministro de Deportes egipcio.


Esta semana, Bassem Youssef –cirujano de cerebro y humorista político por excelencia en medio de los shows televisivos de mal gusto– también recibió su merecido. Ni una sola vez respondió Mursi –mientras estuvo en el poder– a los constantes ataques de Youssef contra él y sus amigos de los Hermanos Musulmanes, pero un nuevo programa que se burlaba del nuevo gobierno egipcio no electo, incluyendo al amado y sublime general –aunque no por su nombre– no tardó en ser sacado del aire. De acuerdo con sus críticos, había demasiadas obscenidades en el programa del canal CBC de Egipto. Sus partidarios afirman que se mudará a YouTube, donde comenzó su vida como satirista.


La policía, lejos de sentir algún remordimiento por las matanzas de agosto, se está haciendo un festín ejercitando el "estado de emergencia" del 14 de agosto –la misma ley que los manifestantes revolucionarios de 2011 insistieron en que debía ser cancelada–. Ahora se debe informar a la policía de cualquier manifestación con 24 horas de anticipación, junto con los nombres de todos los organizadores, y tener un permiso para cancelar cualquier protesta sin motivo.

 

Por Robert Fisk de The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12.
Traducción: Celita Doyhambéhère.

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«Los pobres organizados en movimientos desarticularon las viejas gobernabilidades», sostiene el autor, que considera que los actuales gobiernos progresistas de la región serían incomprensibles sin aquel ciclo de luchas. Observa y presenta multitud de datos del repunte de un nuevo ciclo, centrado en la minería, los monocultivos y la especulación urbana que cree profundizará los cambios iniciados hace más de una década.

 

Cada vez que los sectores populares lanzaron desafíos profundos a las clases dominantes, consiguieron modificar el escenario político, tanto a escala regional como en cada uno de los países integran la región. En la década de los sesenta y parte de los setenta, fueron demandas obreras, campesinas y estudiantiles por derechos democráticos que se defendieron con tanta intensidad que hicieron tambalear las estructuras de poder y se saldaron, en general, con la instalación de regímenes autoritarios alineados con Estados Unidos.
Movimientos campesinos en Brasil, Paraguay, Perú y Bolivia; levantamientos obreros en Argentina (los célebres Cordobazo y Rosariazo), mineros en Bolivia y de todos los sectores populares en Chile, cuya potencia puede expresarse en un solo dato: en 1970 cerca de la mitad de la ciudad de Santiago estaba «tomada» por pobladores que autoconstruían barrios, viviendas y servicios. Algo similar sucedía en otras capitales, conformando un amplio desborde popular desde abajo que sólo pudo ser contenido con represión y muerte.


Dos décadas después, cuando el modelo neoliberal hizo estragos entre los sectores populares y las capas medias, comenzó un nuevo ciclo que volvió a modificar el escenario político de la región, pero en sentido inverso, desgastando a los partidos tradicionales y facilitando así el acceso a los gobiernos de fuerzas progresistas y de izquierda. El punto de partida de este ciclo de protestas suele considerarse el Caracazo de febrero de 1989, el levantamiento masivo y macizo de la población de Caracas contra un paquete de alzas de precios decretado por el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez (amigo personal de Felipe González).


El gobierno lanzó a los militares contra la población. Según las diversas fuentes masacraron entre 400 y tres mil personas, sobre todo en los cerros, los barrios más pobres de la capital. Fue el comienzo del fin del bipartidismo venezolano que despejó el camino al triunfo electoral de Hugo Chávez en 1998. Luego suceden una decena de insurrecciones populares en Ecuador (donde cayeron tres presidentes), en Bolivia (dos «guerras» por el gas y una por el agua), en Argentina, Perú y Paraguay, además de importantes movilizaciones en Brasil, Chile y Uruguay. Este impresionante ciclo popular puso a la defensiva tanto a las derechas como a las burguesías aliadas de Washington y modificó el escenario político por lo menos durante una década.


Los actuales gobiernos progresistas de la región serían incomprensibles sin este ciclo de luchas que desbordó las instituciones existentes, tanto las estatales como las políticas. Los partidos que gobiernan Bolivia, Venezuela y Ecuador, por ejemplo, no existían antes que los pobres organizados en movimientos desarticularan las viejas gobernabilidades. A diferencia del ciclo de los sesenta, donde se registró un fuerte protagonismo de las guerrillas y los partidos comunistas, en el de los noventa los movimientos fueron capaces de auto-organizarse en base a sus comunidades territoriales en campos y ciudades. Mientras el primer ciclo fue protagonizado por obreros, campesinos y estudiantes, en el segundo jugaron un papel destacado los indígenas y los pobres urbanos y rurales, los llamados «margi-nales» por la sociología y parte de las izquierdas.


Ante nuestros ojos está despuntando, al parecer, un nuevo ciclo de protestas y movilizaciones. La resistencia está centrada en la minería y los monocultivos, en particular la soja, así como en la especulación urbana, o sea en los diversos modos que asume el extractivismo. Según el Observatorio de Conflictos Mineros en la región hay 197 conflictos activos por la minería que afectan a 296 comunidades. Perú y Chile, con 34 conflictos cada uno, seguidos de Brasil, México y Argentina, son los países más afectados.


La resistencia es particularmente potente en Perú, donde el 25% del territorio fue concesionado a multinacionales mineras. La conflictividad hizo caer dos gabinetes del gobierno de Ollanta Humala, llevó a la militarización de varias provincias y provocó la muerte 195 activistas entre 2006 y 2011. El proyecto Conga de minería aurífera en el norteño departamento de Cajamarca, sigue paralizado por la contumaz resistencia de miles de comuneros que acampan en las lagunas para impedir su contaminación.


La cordillera andina registra importante actividad anti-minera en Chile y Argentina. La canadiense Barrick Gold, la principal productora de oro del mundo, se vio forzada a suspender su proyecto Pascua Lama en la frontera entre Chile y Argentina, por la presión social que forzó decisiones judiciales adversas. La minería no sólo contamina sino que fuerza la construcción de mega-represas hidroeléctricas para sostener el elevado consumo de energía que requieren.


La resistencia a la soja, el principal cultivo transgénico en la región, se está haciendo sentir con fuerza en Argentina. Primero fueron las Madres de Ituzaingó que ganaron un juicio contra productores y fumigadores que provocaron muertes y enfermedades en la localidad de seis mil habitantes del sur de Córdoba, rodeada de campos de soja. Un pequeño grupo de madres descubrieron que los índices de cáncer son 41 veces superiores al promedio nacional, porque el agua que consumen está contaminada con plaguicidas por las fumigaciones aéreas. El 80% de los niños de Ituzaingó tienen agroquímicos en la sangre y el 33% de las muertes son por tumores.


Estos días Monsanto debió paralizar la construcción de una enorme planta cerca de Córdoba, donde pretende instalar 240 silos de semillas de maíz transgénico con el objetivo de llegar a 3,5 millones de hectáreas sembradas. Decenas de militantes acampan frente a las entradas de la planta en construcción y durante un mes impidieron el ingreso de camiones con amplio apoyo de la población. La cuestión ambiental está instalada en toda la región, pero lo novedoso es que ya no sólo se denuncia sino que se empiezan a conseguir victorias.


En Chile los estudiantes y los mapuche han conseguido un amplio apoyo a sus demandas. En Colombia se registró, entre agosto y setiembre, la mayor movilización campesina en décadas contra las consecuencias del TLC con Estados Unidos. El paro agrario nacional movilizó a miles de productores de alimentos que atraviesan una profunda crisis que los está forzando a abandonar tierras y cultivos. Sus movilizaciones confluyeron con los camioneros, los pequeños y medianos mineros y con una parte de la población urbana insatisfecha, como los trabajadores de la salud y la educación.


Finalmente, en junio estallaron las ciudades brasileñas. Luego de un intenso mes donde millones de manifestantes ocuparon las calles en 140 ciudades y consiguieron revertir los aumentos del precio del transporte en más de cien ciudades, una nueva juventud sigue en las calles demandando el derecho a la ciudad y la democratización de la vida urbana, lo que pasa por acotar la especulación y las grandes obras que demandan eventos como el Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 en Rio de Janeiro.


Aún es pronto para saber si este ciclo incipiente se consolidará. Menos aún para detectar los rumbos que irá tomando. Lo cierto es que apunta contra las facetas más depredadoras del modelo extractivo, tanto en las áreas rurales como en las urbanas, y parece destinado a profundizar los cambios iniciados hace más de una década.


Fuente original: http://gara.naiz.info/paperezkoa/20131103/430771/es/Hacia-nuevo-ciclo-luchas-America-Latina

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Lunes, 04 Noviembre 2013 06:49

Ser de izquierda en la era neoliberal

¿Qué es ser de izquierda en los tiempos de hegemonía neoliberal, cuando varias fuerzas que estaban en el campo de la izquierda –socialdemócratas, nacionalistas– han desertado, para asumir programas neoliberales?


El marco latinoamericano es una desmentida concreta a los que han planteado el fin de la división entre derecha e izquierda. La diferencia entre gobiernos como los de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera y el de Hugo Chávez; la diferencia entre los gobiernos de Fernando Collor de Mello y de Fernando Henrique Cardoso y los de Lula y Dilma Rousseff; la diferencia entre los gobiernos de los partidos de derecha uruguayos y los gobiernos de Tabaré Vázquez y de Pepe Mujica; la diferencia entre los gobiernos previos a los de Evo Morales y de Rafael Correa y los gobiernos de éstos bastarían para demostrar que las contraposiciones siguen vigentes y definen el campo politico de los grandes enfrentamientos que vive América latina.


Nadie puede negar que esos países han cambiado mucho y han cambiado para mejor con los nuevos gobiernos. Así como nadie puede negar que esos gobiernos defienden tesis frontalmente contrapuestas a los programas neoliberales, así como a las defendidas por el gobierno de los Estados Unidos, por el FMI y por el Banco Mundial. Defienden la centralidad de las políticas sociales –más que justificada en el continente más desigual del mundo– y no de los ajustes fiscales. Defienden la prioridad de los proyectos de integración regional y no de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos. Defienden un rol activo en lo económico y lo social del Estado, en lugar del Estado mínimo y de la centralidad del mercado.


Son esos gobiernos los responsables de recuperar la expansión económica para nuestros países y hacer de América latina el continente que más contribuye a la disminución de la desigualdad y de la miseria en un mundo donde esos fenómenos se expanden.
Son esos gobiernos los que hacen de América latina la única región del mundo que tiene procesos de integración regional autónomos respecto de Estados Unidos –con el Mercosur, Unasur, el Consejo Sudamericano de Defensa, el Banco del Sur, la Celac, el Alba, Petrocaribe, entre otros procesos regionales de integración–. Además del privilegio de la integración regional, el del intercambio Sur-Sur, que han permitido que esos países resistan a la recesión del centro del capitalismo.


La lucha de resistencia al neoliberalismo y la construcción de alternativas posneoliberales es la más grande tarea contemporánea de la izquierda. Porque el neoliberalismo es el traje que viste el capitalismo en el período histórico actual.


El anticapitalismo, que siempre ha caracterizado a la izquierda, a lo largo del tiempo, fue asumiendo formas distintas, conforme el propio capitalismo se fue transformando, de un período histórico a otro, de un modelo hegemónico a otro. La izquierda fue antifascista, en los años 1920 y 1930, fue adepta al Estado de Bienestar social y al nacionalismo en la segunda posguerra, fue democrática en los países con dictaduras. Así como la derecha fue cambiando de traje, en la misma medida: fue liberal, fue fascista, fue adepta a la Doctrina de Seguridad Nacional, conforme a las configuraciones históricas que tuvo que enfrentar.


En la era neoliberal, impuesta tras inmensos retrocesos económicos, sociales, políticos e ideológicos, con reveses históricos en escala mundial, los ejes centrales de los debates y de las polarizaciones han cambiado, así como las configuraciones de los campos políticos.
La derecha logró imponer su modelo liberal renovado, marcado por la centralidad del mercado, del libre comercio, de la hegemonía del capital financiero, de la precarización de las relaciones de trabajo, del privilegio del consumidor sobre el ciudadano, de las relaciones mercantiles sobre los derechos. A la par de la descalificación de las funciones reguladoras del Estado, de las políticas redistributivas, de la política, de los partidos, de los derechos de ciudadanía.


Es en ese marco que América latina ha pasado de víctima privilegiada del neoliberalismo a única región del mundo con gobiernos y políticas posneoliberales, que se proponen concretamente la superación del neoliberalismo, con políticas como las mencionadas arriba, con el privilegio de las políticas sociales, de los procesos de integración regional, de rescate del rol del Estado. Esa contraposición define los campos de la izquierda y la derecha realmente existentes en la era neoliberal.


Los pueblos de esos países se han manifestado reiteradamente a favor de esas alternativas, eligiendo, reeligiendo a sus gobernantes, así como a sus sucesores, a lo largo de su primera década posneoliberal, después de rechazar, derrotar y aislar a los responsables por la maldita era neoliberal. Se han constituido nuevas mayorías políticas en nuestros países, apoyados en los nuevos derechos sociales que esos gobiernos han promovido.


En la era neoliberal, la línea divisoria fundamental está impuesta por el modelo neoliberal, que sigue vigente en escala mundial y mantiene todavía fuertes posiciones dentro de nuestros propios países. Lo nuevo da una dura pelea para afirmarse, mientras lo viejo lucha desesperadamente para sobrevivir. Es la lucha más grande de nuestro tiempo, entre neoliberalismo y posneoliberalismo.
En prácticamente todos los períodos históricos hubo una izquierda moderada y una izquierda radical. La socialdemocracia fue un ejemplo de la primera, mientras que los comunistas y las fuerzas de la izquierda radical, de la segunda.


En el período histórico actual hay, en América latina, gobiernos posneoliberales moderados –como los de Brasil, Argentina, Uruguay– y radicales –como los de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador y además, está claro, el de Cuba. Unos y otros han roto con los tres principios estratégicos mencionados del neoliberalismo: centralidad del ajuste fiscal, de los TLCs, del mercado, y avanzan en su superación concreta.
El primer grupo de gobiernos es antineoliberal, mientras que el segundo, además de antineoliberal, se propone ser anticapitalista, articular la lucha contra el neoliberalismo con la lucha contra el capitalismo. La unidad férrea de los dos grupos de gobiernos es condición esencial para los avances de todos esos gobiernos.


Ser de izquierda hoy es luchar contra la modalidad asumida por el capitalismo en el período histórico contemporáneo, es ser antineoliberal, en cualquiera de las dos modalidades. La moderación o la radicalidad están en las formas de articulación –o no– entre antineoliberalismo y anticapitalismo. La comprensión de la naturaleza del período histórico contemporáneo, con todos sus rasgos nuevos –pasó del mundo bipolar al mundo unipolar, bajo hegemonía imperial norteamericana; pasó de un ciclo largo expansivo del capitalismo a un ciclo largo recesivo; pasó de la hegemonía de un modelo regulador, de bienestar social a un modelo liberal de mercado, con todos los retrocesos en la correlación de fuerzas que han traído–, es condición esencial para captar las condiciones de lucha para la izquierda contemporánea, la izquierda del siglo XXI.

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El camino de Honduras hacia una democracia plena ha sido tan sinuoso como violento. Las elecciones nacionales pautadas para el 24 de este mes, si algo tienen de novedosas, es que cuatro de las ocho fuerzas políticas que competirán por la presidencia se constituyeron después del golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009. El histórico bipartidismo entre nacionales y liberales se rompió con la creación de Libre, que lleva como candidata a Xiomara Castro –la esposa del ex mandatario depuesto y ahora aspirante a una banca en el Congreso–; el PAC del presentador televisivo Salvador Nasralla y dos alternativas con menores chances de llegar al poder ejecutivo: la alianza de izquierda Faper-UD del abogado Andrés Pavón y el partido derechista del general retirado Romeo Vásquez, quien depuso a Zelaya.


La vigilia previa a los comicios no supera los índices deseables de tranquilidad y previsibilidad. Organizaciones de derechos humanos y sociales denuncian un "contexto peligroso" en Honduras. Los crímenes son moneda corriente. En el país centroamericano, la tasa de asesinatos llega a 86 cada 100 mil habitantes. La mayoría fueron cometidos contra militantes políticos que siguen a Castro, quien podría transformarse en la primera mujer que accede a la Jefatura de Gobierno en 192 años de independencia.


A tres semanas de las elecciones, 5.355.112 hondureños están empadronados, aunque el voto no es obligatorio. El gobierno de Porfirio Lobo puso toda su estructura a favor de Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional. La misma fuerza por la que aquel accedió a la presidencia en comicios considerados ilegítimos tras la destitución de Zelaya y el régimen cívico-militar de Roberto Micheletti que le siguió.
El ex titular del Congreso es ahora uno de los dos candidatos con más chances de ganar el domingo 24. Pero Castro le saca ventajas a Hernández, de acuerdo a ciertas encuestas. Los muestreos también arrojan resultados diversos. Incluso algunos determinaron un empate técnico entre los dos aspirantes que intentan suceder a Lobo.


El Tribunal Superior Electoral (TSE) que controlan los nacionales y también los liberales del candidato Mauricio Villeda, sostiene que "es una de las mejores campañas de todos los tiempos desde que se implementó la democracia en Honduras en 1982". Esa conclusión es refutada por Castro, de Libertad y Refundación (Libre) y el candidato Nasralla del Partido Anticorrupción (PAC), quienes coincidieron en exigir el voto electrónico utilizado en Venezuela porque sospechan un presunto fraude. El Centro Carter avala esta posición. El TSE les dijo que no. Denuncias cruzadas fomentan la idea de trampas. Mencionan que se están vendiendo las credenciales que utilizarán los delegados de mesa.
Los hondureños elegirán aspirantes a 27.000 cargos en todo el país, desde el presidente a 128 diputados y 298 alcaldes. Habrá 16.000 mesas electorales ubicadas en 5437 centros de votación que serán custodiados por 14.000 efectivos del ejército, la fuerza que secuestró a Zelaya hace más de cuatro años. A su frente estaba uno de los ocho candidatos presidenciales: el general Vásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto y ahora líder de la Alianza patriótica Hondureña. El militar que hoy dice: "Honduras no puede continuar siendo el país con mayor inestabilidad política de la región, el más pobre, el más corrupto y con menos desarrollo de América latina".


Vázquez olvidó mencionar las conclusiones de la Mesa de Análisis sobre la Situación de los Derechos Humanos creada el 25 de octubre. La componen cinco organizaciones: el Cofadeh (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras), el CDM (Centro de Derechos de Mujeres), el CEM-H (Centro de Estudios de la Mujer-Honduras), el Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla y el Stibys (Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares).


En un extenso comunicado denunciaron que "la situación extremadamente peligrosa en que se desenvuelve el proceso electoral en el país, impacta directamente en los derechos humanos". Y mencionaron una serie de hechos recientes, entre los que se destaca: "El Partido Nacional, a través de la candidatura presidencial de Juan Orlando Hernández, ha lanzado la Policía Militar de Orden Público contra los opositores políticos". Y señala que "hasta ahora es el Partido Libertad y Refundación (Libre) el más impactado por los hostigamientos, amenazas y asesinatos contra sus miembros, procedentes de instituciones públicas generadoras de un ambiente tenso con terror, que beneficiaría al candidato nacionalista".


Dos días antes de difundirse el comunicado, el 23 de octubre, fue encontrado muerto por tres tiros el camarógrafo Manuel Murillo Varela en la ciudad de Comayagüela. Era beneficiario de medidas cautelares de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y había trabajado filmando a Zelaya durante su presidencia. El 2 de febrero de 2010, con Lobo recién llegado al gobierno, lo secuestraron y torturaron efectivos policiales mientras se desempeñaba en Globo TV. Es uno de los 36 periodistas asesinados en Honduras desde 2003. De esa cifra, un solo caso ha sido juzgado y recibió condena.


Bajo estas condiciones se votará en un país que registra uno de los índices de violencia más altos del mundo fuera de las áreas de guerra. Recién este año, pasó de encabezar el ranking en América al tercer lugar, según el reporte Vision Humanity (http://www.visio nofhumanity.org/) publicado por el Instituto de Economía de la Paz (IEP), con sede en EE.UU. La publicación es utilizada como fuente de consulta por la ONU, el Banco Mundial y organismos no gubernamentales. Honduras ocupó el lugar 123 en el índice de Paz Global (GPI por su sigla en inglés) sobre 162 naciones analizadas, detrás de Colombia (147) y México (133). Esta organización ubicó a EE.UU. en el puesto 99 de su lista y a la Argentina en el 60.


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