Sábado, 26 Octubre 2013 07:42

Se prenden las alarmas sobre la economía

Se prenden las alarmas sobre la economía

The Economist informó que Colombia era el segundo país del mundo con mayor riesgo ante una disminución de los flujos de capital extranjero, fenómeno de muy probable ocurrencia. Ante un concepto tan negativo, y de una de las consideradas biblias neoliberales, el ministro de Hacienda reclamó. Y la revista, condescendiente, corrigió: que efectivamente no era el segundo peor de la tierra en ese sentido... sino el quinto. La severa advertencia se explica por un déficit muy alto en la balanza de la cuenta corriente, del orden de 12 mil millones de dólares, el 3 por ciento del PIB. Pero ello no impidió que Cárdenas fuera condecorado en una reunión de banqueros en Washington. Dime quién te pone la medalla y te diré qué defiendes.

 

Las cifras prueban el fracaso del libre comercio para impulsar el desarrollo de Colombia, incluso en términos de sus propias y mediocres metas. Porque muestran que la economía colombiana no es capaz de generar los dólares que requieren sus intercambios internacionales y que si esos dólares ajenos llegaren a reducirse, el país sufriría un grave quebranto, fenómeno que puede suceder en cualquier momento, dados los problemas de Colombia y de Estados Unidos, Europa y China.

 

Una prueba más del fracaso de todos los gobiernos desde el de César Gaviria, incluidos los dos posteriores a la crisis económica de Pastrana en 1999, los cuales, a pesar de haber disfrutado de una prolongada y vigorosa bonanza de precios de las materias primas que exporta Colombia, fueron incapaces de impulsar en serio el avance del país. Su apego dogmático al libre comercio no lo permitió. Y es obvio que lo poco logrado no se les debe a ellos sino a las vacas gordas extranjeras, luego que no cobren por méritos ajenos. Muy extraño sería, y las protestas agrarias así lo advierten, que en el futuro próximo, con un agro y una industria empeorando, no aumentaran el malestar y los reclamos sociales.

 

En otro país, este sería el centro del debate y la reelección de Santos no tendría ninguna posibilidad. Pero como en Colombia estamos, lo que predomina en los medios es la retórica entre cínica y ridícula del santismo sobre un país maravilloso que para casi todos solo existe en los discursos, mientras que un puñado de nativos y extranjeros se queda con todo al amparo de las determinaciones oficiales. Y también predomina el extorsivo reparto de la mermelada oficial a cambio de votar por Santos y sus intermediarios, quienes no les ofrecen a sus conmilitones –trabajadores y de cuello blanco, del sector público y del privado– gobernar bien, sino compensarlos con clientelismo por las malas medidas gubernamentales. De ahí que aumente la idea de que a Santos no lo quieren, ni abajo, ni en el medio y ni arriba, sino que le temen.

 

Ojalá que el país no caiga en el propósito de los mandamases de ponerlo a escoger entre Santos y el candidato del Uribe Centro Democrático, de manera que el debate se reduzca a cómo someter a la guerrilla y se evadan los elementos determinantes del modelo económico y social, en los que, como es sabido, ellos son infinitamente más coincidentes que contradictorios.

 

Porque si Colombia no cambia de rumbo, tal y como lo propone en solitario el Polo en el Congreso, el país no tendrá cómo librarse de las cadenas que lo atan al atraso y la pobreza, a pesar de tener en sus gentes y en su territorio las riquezas suficientes para descontarles terreno a los países que han logrado situarse en los mayores niveles del proceso civilizatorio.

 

Por Jorge Enrique Robledo, Bogotá, octubre 25 de 2013

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El proyecto eleva el techo de la deuda hasta el 7 de febrero y otorga fondos para reabrir la administración federal. También contempla formar un comité bipartidista de trabajo en el Congreso para lograr un presupuesto definitivo.

 

Legisladores demócratas y republicanos alcanzaron ayer un acuerdo de última hora para elevar el techo de la deuda pública, evitar el default y reabrir el gobierno tras 16 días de parálisis. El proyecto acordado por senadores de los dos partidos fue aprobado anoche en la Cámara alta por 81 votos a 18. Más tarde, la Cámara de Representantes aprobó el convenio y lo transformó en ley, con 285 votos a favor y 144 en contra. El acuerdo se alcanzó apenas unas horas antes de que venciera la autorización del Congreso al Departamento del Tesoro para tomar deuda, lo cual hubiese llevado al gobierno a incumplir sus compromisos financieros.

 

El convenio eleva el techo de la deuda hasta el 7 de febrero y otorga fondos para reabrir la administración federal, que está paralizada desde principios de mes, hasta el 15 de enero, anunció el líder de la mayoritaria bancada senatorial demócrata, Harry Reid. El texto, que los demócratas negociaron con el líder de la bancada republicana, Mitch McConnell, también contempla formar un comité bipartidista de trabajo en el Congreso para debatir y lograr un acuerdo en cuanto a un presupuesto definitivo, que debería ser presentado para mediados de diciembre. Sin embargo, no toca el programa de salud del gobierno, dejando a los republicanos con las manos vacías en cuanto a su principal demanda.

 

La iniciativa fue aprobada tanto por el Senado, que está controlado por el oficialismo demócrata, como por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, antes de llegar a manos del presidente, Barack Obama, para que la promulgue. "El presidente felicita a Harry Reid y a Mitch McConnell por trabajar juntos para forjar este compromiso y alienta al Congreso a actuar rápidamente" había mencionado el jefe de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, momentos después de conocerse la noticia del acuerdo y antes de la votación en el Congreso. "El presidente confía en que el Congreso actúe para que él pueda firmar una ley que reabra la administración", había indicado el portavoz. "Esperamos que cada Cámara sea capaz de actuar rápidamente, porque ya estamos en el día 16 de una paralización de la administración completamente innecesaria".

 

El acuerdo requería también que se verificara el nivel de ingresos para las personas que buscan subvenciones para sus seguros de salud bajo la reforma sanitaria aprobada por Obama. La Casa Blanca se había resistido hasta ahora a aceptar ningún plan presupuestario que incluyera modificaciones a la reforma sanitaria, si bien ayer Carney había asegurado que no se opondrían a la disposición incluida en la propuesta. "Nos parece bien", había señalado el portavoz, ya que la verificación acordada no presupone una modificación del plan. Carney se había manifestado sobre la necesidad de acabar con la paralización del gobierno, que definió como una crisis prefabricada que ha hecho perder tiempo sobre otros objetivos, como mejoras económicas para la clase media y legislación para una reforma migratoria.

 

Al anunciar el convenio desde el recinto del Senado, Reid dijo que la cooperación de McConnell fue esencial para cerrar las negociaciones bipartidistas y resaltó que no era momento de dedos acusadores o de culpas, sino momento de reconciliación. Por su parte, McConnell señaló que las pasadas fueron semanas largas y desafiantes para el Congreso y para el país, y llamó a sus correligionarios a dejar a un lado las diferencias, poque era tiempo de que los republicanos se reunieran detrás de otros objetivos cruciales.

 

Las discusiones por el riesgo de default dejaron en superficie la división que impera en las filas republicanas en la Cámara baja, sobre todo entre Boehner y el ala más radical del partido, representada por el movimiento ultraconservador Tea Party. De hecho, la doble crisis que enfrenta Estados Unidos comenzó hace dos semanas cuando el Tea Party condicionó su aprobación del presupuesto a desfinanciar la ley de salud promulgada por Obama en 2010, algo que los demócratas rechazaron y que provocó el cierre de la administración federal por falta de fondos. Luego, los congresistas del Tea Party exigieron recortes de gasto para permitir un aumento del techo de la deuda, condición que también fue rechazada por la Casa Blanca. Sin embargo, en los últimos días los republicanos fueron renunciando a la mayoría de sus exigencias al ritmo de una fuerte caída en los sondeos de opinión, que mostraban que una gran parte de los estadounidenses los cree responsables de la crisis. En un reflejo de esto, el acuerdo del Senado, que Reid y McConnell habían comenzado a negociar el lunes, no contiene ninguna de las exigencias originales del Tea Party.

 

El martes, Boehner presentó dos propuestas para competir con la del Senado, que también permitían reabrir el gobierno y evitar un default, pero fueron rechazadas por la Casa Blanca e incluso por los congresistas republicanos más radicales, lo que evidenció la incapacidad del presidente de la Cámara de controlar a su tropa.

 

Reid criticó fuertemente la jugada de Boehner de presentar una propuesta rival a la del Senado y lo acusó de ser un rehén del Tea Party –que podría no renovarle su apoyo para que siga siendo presidente de la Cámara– y de querer salvar su puesto a expensas de Estados Unidos. Esto llevó incluso a que en los pasillos del Congreso resurgiera el fantasma de 1997, cuando un reducido grupo de republicanos, Boehner entre ellos, se reunió para discutir la posibilidad de sacar de su puesto al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich.

 

Con los líderes del Partido Republicano en ambas cámaras dispuestos a pagar el costo político de subir el techo de la deuda para sortear el default, el gobierno de Estados Unidos quedó para reabrir sus puertas a partir de hoy.

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La CIA y la guerra (no tan) secreta contra Venezuela

La expulsión por el presidente Nicolás Maduro de la jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, Kelly Keiderling Franz y dos de sus colaboradores evidencia el recrudecimiento del plan para derrocar a la revolución bolivariana. Maduro aseguró poseer pruebas del involucramiento de los estadunidenses en el sabotaje contra la economía nacional y el sector eléctrico.

 

Keiderlin no es la mansa paloma que están mostrando las pantallas de la mafia mediática. De eso nada. La damita es una oficial hecha y derecha de la CIA, cuyas poco diplomáticas actividades durante su paso por la Sección de Intereses de Estados Unidos (SINA) en La Habana quedaron al desnudo en el testimonio de Raúl Capote, el agente David de la seguridad del Estado cubana supuestamente reclutado por la funcionaria, con quien llegó a establecer una estrecha amistad.

 

En entrevista con el periodista español Pascual Serrano una vez develada su verdadera identidad, David explicó algunas misiones que a través de Kinderling recibió de la SINA: "Daban tres, cuatro o cinco mil dólares y ni siquiera miraban si habíamos organizado la actividad para la que pedíamos el dinero. Les gustaban temas como de microemprendedores, cómo organizar la sociedad civil, cursos de liderazgo, proporcionaban manuales y cosas así". Imagínese el lector si Estados Unidos permitiría por un minuto a un diplomático extranjero que se dedicara a estas actividades en su territorio.

 

Un cable confidencial al departamento de Estado firmado por Keiderling en Caracas en septiembre de 2011, posteriormente filtrado por Wikileaks, reporta una entrevista con el entonces candidato a la presidencia Henrique Capriles, de la que reproduzco fragmentos: "Capriles dijo que apreciaba la ayuda que le había sido entregada y recibió con beneplácito la información de que para febrero de 2012 el apoyo de todos los candidatos con los que anteriormente ha trabajado la USAID está más que garantizado... Capriles lamentó la salida de John Caufield, está de acuerdo al mismo tiempo en que ello, de ninguna forma, pondrá en peligro nuestros objetivos... Capriles reiteró que si obtiene la victoria en las próximas elecciones, la política exterior de Venezuela será profundamente revisada, y Caracas se convertirá en un confiable aliado de EU".

 

Más adelante la señora le sugiere a Capriles que para minimizar las acusaciones del gobierno de Chávez sobre la injerencia de Washington en la campaña electoral venezolana los próximos encuentros los tengan en Colombia o en Estados Unidos a principios de 2012 para trabajar sobre la estrategia posterior. Por último Keiderling le informa que los fondos del año en curso serán alocados según lo convenido y que partidas adicionales vendrán a través de ONG en Chile, Panamá, Colombia y la Unión Europea (cubadebate.cu).

 

Más claro ni el agua. El agente de la CIA y cabecilla contrarrevolucionario Capriles ha estado recibiendo instrucciones de su oficial de caso CIA Kelly Keiderling Franz, destinada en la embajada de Estados Unidos bajo el manto de encargada de negocios, jefa de misión, pues por similares actividades el gobierno venezolano ha expulsado ya a dos embajadores.

 

Como era de esperar, Washington respondió de inmediato expulsando a Calixto Ortega, encargado de negocios de Venezuela, y a dos miembros más de la misión venezolana. Pero lo que más llama la atención es el total incumplimiento por Obama de su solemne promesa en la llamada Cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago, recién iniciado su mandato, de un nuevo comienzo en las relaciones con América Latina. Dejemos por un momento el escandaloso espionaje electrónico contra los gobiernos de Brasil y México.

 

En lo que ha derivado esa promesa de Obama es en la entrega de la política hacia América Latina –en particular hacia Venezuela y los países de la Alba– a la escoria de la ultraderecha estadunidense y de la contrarrevolución cubana en Estados Unidos, veteranos del golpe contra Chávez de 2002 como Otto Reich y Roger Noriega en complicidad con el fascista Álvaro Uribe y terroristas como Luis Posada Carriles y su pandilla.

 

El presidente Maduro ha dicho muy claro que no permitirá la creación de un escenario como el de Siria en su país mediante los ataques especulativos, el acaparamiento y los negocios con dólares del Estado. La paciencia del pueblo de Chávez tiene un límite.

 

Twitter:@aguerraguerra

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Miércoles, 02 Octubre 2013 08:41

Guerra ideológica: la clausura de un gobierno

 Guerra ideológica: la clausura de un gobierno

Para la agenda neoliberal el gobierno siempre es el enemigo. Es el diablo que hay que eliminar, no importa que eso pueda provocar una recesión o una crisis. El breviario ideológico de la derecha es el mismo, de Grecia a Washington, pasando por Berlín y Bruselas.

 

El cierre de las operaciones de rutina del gobierno estadunidense es el último resultado de una furiosa ofensiva ideológica lanzada por el núcleo ultraconservador del Partido Republicano. Su dominio en la Cámara de Representantes le permitió desafiar a la Casa Blanca. El pretexto es frenar el gasto público y el endeudamiento excesivos. El objetivo real es destruir la reforma de salud que impulsó la administración Obama y atajar cualquier intento que tenga visos de regresar a esquemas parecidos al estado de bienestar (en especial en materia de salud y educación).

 

El esquema de la reforma en salud de Obama no tiene nada de radical: sus beneficiarios son unos 40 millones de personas que anteriormente carecían de un seguro médico y... las compañías de seguros. Pero el eje ultra de los republicanos considera al Obamacare, como le dicen peyorativamente, un paso más en la 'inexorable marcha hacia el socialismo' impuesta por el gobierno 'central'. Por eso retó al ejecutivo buscando imponer una enmienda en la ley del presupuesto para impedir el financiamiento de la reforma de salud.

 

El argumento de los republicanos es que "el pueblo de Estados Unidos no quiere la reforma Obamacare". Pero esa reforma fue aprobada por el Congreso hace un año y fue debidamente promulgada. Un grupo neoliberal argumentó que era anticonstitucional y el caso llegó hasta la Suprema Corte. El fallo del tribunal fue claro: la reforma sobre salud está de acuerdo con los términos de la ley suprema de la unión. Aun así, el núcleo ultraconservador de los republicanos dice saber que el pueblo está en contra y eso le confirma su decisión inquebrantable de oponerse al gobierno federal.

 

Para estos caballeros de la pureza neoliberal, todo se vale. Por ejemplo, el senador republicano de Texas Ted Cruz subió a la tribuna y habló durante veintiún horas, comparando al gobierno con el régimen Nazi y con la Unión Soviética. La táctica de ocupar la tribuna es permitida a un orador (aunque con algunas restricciones como la de no poder sentarse o ir al baño) pero el desplante de Cruz no pudo evitar que el Senado votara las enmiendas necesarias para desbloquear los fondos requeridos por la reforma en materia de salud de Obama. Aunque puede ser prematuro para hacer conjeturas, es posible que la maniobra de Cruz se le revierta a los republicanos. Lo cierto es que en la guerra ideológica nada se perdona, especialmente si se tiene la consigna de no tomar prisioneros.

 

La economía estadunidense sigue estando en una situación delicada. Su fragilidad se puede observar en casi todos los indicadores importantes: tasa de crecimiento, mercado laboral, construcción y precios de bienes raíces, desconfianza de los hogares frente a la incertidumbre, inversión endeble, etcétera. El cierre de las operaciones del gobierno ciertamente no ayuda en un contexto en el que la demanda agregada todavía no se acaba de recuperar. Por supuesto, la magnitud del efecto negativo depende de la duración del cierre de operaciones: un cierre de tres semanas podría restarle 1.4 puntos porcentuales al crecimiento del último trimestre del año en curso. Eso sería desastroso para la economía estadunidense y sus satélites (léase México).

 

El drama del cierre gubernamental debe ser evaluado a la luz de los efectos de la austeridad fiscal en Europa. El año pasado el Fondo Monetario Internacional admitió haberse equivocado al subestimar el impacto de la política de austeridad fiscal sobre la actividad económica. Los modelos del FMI partían del supuesto de que un recorte fiscal equivalente al uno por ciento del PIB tendría un multiplicador de 0.5. Pero en octubre 2012 el FMI dio a conocer un estudio sobre 28 economías que descubrió multiplicadores de entre 0.9 y 1.7. Es decir, la llamada consolidación fiscal (en búsqueda de reducir el déficit) ha tenido un impacto negativo sobre el crecimiento hasta tres veces más severo que el pronosticado por los modelos del FMI. A pesar de esto, la OCDE y el comisionado Olli Rehn siguen empeñados en sus alabanzas a la austeridad fiscal aunque la tasa de desempleo supera 27 y 26 por ciento en Grecia y España, respectivamente.

 

En este último episodio de guerra ideológica los ultraconservadores enarbolan la bandera de bajos impuestos, menos gobierno y más libertad. Es una vieja canción que se promueve por los neoliberales. Es la consigna del uno por ciento que se ha beneficiado por el neoliberalismo. Mientras Fox News pueda seguir moldeando la opinión pública a su antojo, una parte importante de la población estadunidense podría seguir avalando ese lema. Pero el estancamiento económico, con su secuela de desempleo, pobreza y desigualdad no va a desaparecer. La clausura gubernamental prolongará y profundizará el letargo de la economía estadunidense.

 

Twitter @anadaloficial

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El silencioso golpe militar que se apoderó de Washington

En la pared tengo colgada la primera página del 'Daily Express' del 5 septiembre de 1945 con las siguientes palabras: "Escribo esto como una advertencia al mundo". Así comenzaba el informe de Wilfred Burchett sobre Hiroshima. Fue la noticia bomba del siglo. Con motivo del solitario y peligroso viaje con el que desafió a las autoridades de ocupación estadounidenses Burchett fue puesto en la picota, sobre todo por parte de sus colegas empotrados. Avisó de que un acto premeditado de asesinato en masa a una escala épica acababa de dar el pistoletazo de salida a una nueva era de terror.

 

En la actualidad, [la advertencia de] Wilfred Buirchett está siendo revindicada por los hechos casi a diario. La criminalidad intrínseca de la bomba atómica ha quedado corroborada por los Archivos Nacionales de EE.UU. y por las ulteriores décadas de militarismo camuflado como democracia. El psicodrama sirio es un ejemplo de ello. Una vez más somos rehenes de la perspectiva de un terrorismo cuya naturaleza e historia siguen negando incluso los críticos más liberales. La gran verdad innombrable es que el enemigo más peligroso de la humanidad está al otro lado del Atlántico.

 

La farsa de John Kerry y las piruetas de Barack Obama son temporales. El acuerdo de paz ruso sobre armas químicas será tratado al cabo del tiempo con el desprecio que todos los militaristas reservan para la diplomacia. Con al-Qaeda figurando ahora entre sus aliados y con los golpistas armados por EE.UU. sólidamente instalados en El Cairo, EEUU pretende aplastar a los últimos Estados independientes de Oriente Próximo: primero Siria, luego Irán. "Esta operación [en Siria]", dijo el exministro de Exteriores francés Roland Dumas en junio, "viene de muy atrás. Fue preparada, pre-concebida y planeada".

 

Cuando el público está "psicológicamente marcado", como describió el reportero del Canal 4 Jonathan Rugman la abrumadora oposición del pueblo británico a un ataque contra Siria, la supresión de la verdad se convierte en tarea urgente. Sea o no cierto que Bashar al-Assad o los "rebeldes" utilizaran gas en los suburbios de Damasco, es EEUU, no Siria, el país del mundo que utiliza esas terribles armas de forma más prolífica.

 

En 1970 el Senado informó: "EEUU ha vertido en Vietnam una cantidad de sustancias químicas tóxicas (dioxinas) equivalente a 2,7 kilos por cabeza". Aquella fue la denominada Operación Hades, más tarde rebautizada más amablemente como Operación Ranch Hand, origen de lo que los médicos vietnamitas denominan "ciclo de catástrofe fetal". He visto a generaciones enteras de niños afectados por deformaciones familiares y monstruosas. John Kerry, a cuyo expediente militar le chorrea la sangre, seguro que los recuerda. También los he visto en Irak, donde EE.UU. utilizó uranio empobrecido y fósforo blanco, igual que hicieron los israelíes en Gaza. Para ellos no hubo las "líneas rojas" de Obama, ni tampoco psicodrama de enfrentamiento.

 

El repetitivo y estéril debate sobre si "nosotros" debemos "tomar medidas" contra "dictadores" seleccionados (es decir, si debemos vitorear a EE.UU. y a sus acólitos en otra nueva matanza aérea) forma parte de nuestro lavado de cerebro. Richard Falk, profesor emérito de Derecho Internacional y relator especial de la ONU sobre Palestina, lo describe como "una pantalla legal/moral unidireccional con ínfulas de superioridad moral y llena de imágenes positivas sobre los valores occidentales e imágenes de inocencia amenazada cuyo fin es legitimar una campaña de violencia política sin restricciones". Esto "está tan ampliamente aceptado que es prácticamente imposible de cuestionar".

 

Se trata de la mayor mentira, parida por "realistas liberales" de la política anglo-estadounidense y por académicos y medios autoerigidos en gestores de la crisis mundial más que como causantes de ella. Eliminando el factor humanidad del estudio de los países y congelando su discurso con una jerga al servicio de los designios de las potencias occidentales, endosan la etiqueta de "fallido", "delincuente" o "malvado" a los Estados a los que luego inflingirán su "intervención humanitaria".

 

Un ataque contra Siria o Irán o contra cualquier otro "demonio" estadounidense se basará en una variante de moda, la "Responsabilidad de Proteger", o R2P, cuyo fanático pregonero es el ex ministro de Relaciones Exteriores australiano Gareth Evans, copresidente de un "centro mundial" con base en Nueva York. Evans y sus grupos de presión generosamente financiados juegan un papel propagandístico vital instando a la "comunidad internacional" a atacar a países sobre los que "el Consejo de Seguridad rechaza aprobar alguna propuesta o que rehúsa abordarla en un plazo razonable".

 

Lo de Evans viene de lejos. El personaje ya apareció en mi película de 1994, 'Death of a Nation', que reveló la magnitud del genocidio en Timor Oriental. El risueño hombre de Canberra alza su copa de champán para brindar por su homólogo indonesio mientras sobrevuelan Timor Oriental en un avión australiano tras haber firmado un tratado para piratear el petróleo y gas del devastado país en el que el tirano Suharto asesinó o mató de hambre a un tercio de la población.

 

Durante el mandato del "débil" Obama el militarismo ha crecido quizá como nunca antes. Aunque no haya ni un solo tanque en el césped de la Casa Blanca, en Washington se ha producido un golpe de Estado militar. En 2008, mientras sus devotos liberales se enjuagaban las lágrimas, Obama aceptó en su totalidad el Pentágono que le legaba su predecesor George Bush, completo con todas sus guerras y crímenes de guerra. Mientras que la Constitución va siendo reemplazada por un incipiente Estado policial, los mismos que destruyeron Irak a base de conmoción y pavor, que convirtieron Afganistán en una pila de escombros y que redujeron Libia a una pesadilla hobbesiana, esos mismos son los que están ascendiendo en la administración estadounidense. Detrás de su enmedallada fachada, son más los antiguos soldados estadounidenses que se están suicidando que los que mueren en los campos de batalla. El año pasado 6 500 veteranos se quitaron la vida. A colocar más banderas.

 

El historiador Norman Pollack llama a esto "liberalfascismo": "En lugar de soldados marchando al paso de la oca tenemos la aparentemente más inofensiva militarización total de la cultura. Y en lugar del líder grandilocuente tenemos a un reformista fallido que trabaja alegremente en la planificación y ejecución de asesinatos sin dejar de sonreír un instante". Todos los martes, el "humanitario" Obama supervisa personalmente una red terrorista mundial de aviones no tripulados que reduce a "papilla" a las personas, a sus rescatadores y a sus dolientes. En las zonas de confort de Occidente, el primer líder negro en el país de la esclavitud todavía se siente bien, como si su mera existencia supusiera un avance social, independientemente del rastro de sangre que va dejando. Esta obediencia a un símbolo ha destruido prácticamente el movimiento estadounidense contra la guerra. Esa es la particular hazaña de Obama.

 

En Gran Bretaña las distracciones derivadas de la falsificación de la imagen y la identidad políticas no han triunfado completamente. La agitación ya ha comenzado, pero las personas de conciencia deberían darse prisa. Los jueces de Nuremberg fueron escuetos: "Los ciudadanos particulares tienen la obligación de violar las leyes nacionales para impedir que se perpetren crímenes contra la paz y la humanidad". La gente normal de Siria, y mucha otra más gente, igual que nuestra propia autoestima, no se merecen menos en estos momentos.

 

23 SEPTIEMBRE 2013 
Por John Pilger

(Tomado de The Guardian. Traducido para Rebelión por LB)

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Miércoles, 18 Septiembre 2013 16:50

Colombia, el país con más desplazados del mundo

Colombia, el país con más desplazados del mundo

“En los últimos 30 años, los abusos y hechos de violencia asociados con el conflicto armado interno de Colombia han forzado a más de 4,8 millones de colombianos a abandonar sus hogares, y se ha generado así la población de desplazados internos más numerosa del mundo.
Se estima que los desplazados colombianos, que en su mayoría escapan de zonas rurales a entornos urbanos, se han visto obligados a abandonar 6 millones de hectáreas de tierra (el equivalente al territorio de Massachusetts y Maryland juntos), gran parte de las cuales fueron usurpadas por grupos armados, sus aliados y otros terceros. Privados de su tierra y sus medios de subsistencia, la inmensa mayoría de los desplazados colombianos viven en condiciones de pobreza y no cuentan con vivienda adecuada”.


Así inicia el informe que sobre Derechos humanos, desplazamiento y restitución de tierras presentó sobre nuestro país la agencia norteamericana Human Rights Watch (HRW), en el cual explica las grandes dificultades tenidas por la Ley de restitución de tierras promulgada en junio de 2011 por el actual gobierno.


“La ley estableció un proceso híbrido de naturaleza administrativa y judicial destinado a restituir millones de hectáreas despojadas y abandonadas a desplazados durante el transcurso de una década. El programa de restitución de tierras representa la iniciativa más importante de derechos humanos impulsada por el gobierno de Santos. Si se implementa de manera efectiva, ayudará a que miles de familias que han sido devastadas por el conflicto puedan regresar a su hogar y reconstruir sus vidas, a la vez que debilitará el poder de grupos armados y mafias delictivas. La Unidad de Restitución del gobierno ya ha conseguido importantes resultados al aplicar la ley en algunas regiones”, explica el informe.


A pesar de estos avances, subsisten obstáculos significativos que se interponen a la aplicación efectiva de la ley. Muchos de los desplazados que han intentado hasta el momento recuperar tierras a través de la Ley de Víctimas y otros mecanismos de restitución, han sufrido abusos generalizados vinculados con estos reclamos, incluidos asesinatos, nuevos incidentes de desplazamiento forzado y amenazas de muerte. Desde enero de 2012, más de 500 reclamantes y líderes de restitución de tierras informaron haber recibido amenazas.
El gobierno ha denunciado continuamente ataques contra desplazados que exigen medidas de restitución y ha otorgado a cientos de reclamantes en riesgo medidas de protección como teléfonos celulares y escoltas. Pero hemos comprobado que, si bien son medidas importantes, no han sido complementadas por acciones suficientes destinadas a que los responsables rindan cuentas por sus actos, lo cual resulta indispensable para poner freno al origen de las amenazas a la vida de los reclamantes y prevenir ataques.


Total impunidad


“Las amenazas y los ataques son totalmente previsibles, si se toma en cuenta la ausencia casi crónica de justicia por abusos cometidos en la actualidad y en el pasado contra reclamantes de tierras. Los delitos perpetrados contra desplazados en represalia por sus reclamos de restitución casi siempre quedan impunes: los fiscales no han imputado cargos en ninguna de las investigaciones que impulsan sobre amenazas sufridas por reclamantes de tierras y líderes. También son excepcionales los casos en que las autoridades judiciales juzgan penalmente a quienes inicialmente desplazaron a los reclamantes y se apropiaron de sus tierras. De las más de 17.000 investigaciones en curso de casos de desplazamiento forzado a cargo de la principal unidad de la Fiscalía que tiene a su cargo estos delitos, en menos del 1 por ciento se ha dictado una condena. La falta de justicia por estos delitos es una de las causas principales de los abusos que se producen actualmente contra reclamantes de tierras: los actores más interesados en conservar el control de las tierras despojadas a menudo continúan en libertad y pueden frustrar mediante actos de violencia el retorno de los ocupantes originarios”. denuncia el informe
Colombia no ha podido contrarrestar de manera significativa el poder de los grupos sucesores de los paramilitares, lo cual también implica una amenaza directa para la seguridad de quienes reclaman tierras, a la vez que atenta de un modo más amplio contra la vigencia del estado de derecho en las zonas adonde los desplazados pretenden retornar. Estos grupos heredaron las operaciones delictivas de la coalición paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (auc), responsable de despojos generalizados, ocurridos antes de que el gobierno Uribe pusiera en marcha un proceso de desmovilización que presentó graves falencias. Hasta el momento, los grupos sucesores han sido los autores de gran parte de las amenazas y los ataques contra reclamantes y líderes de restitución de tierras. Asimismo, algunos terceros que se instalaron en las tierras o las adquirieron luego de que fueron expulsados sus ocupantes originarios, al igual que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc), también han atacado y hostigado a reclamantes en respuesta a sus exigencias de restitución.


En los próximos ocho años, el gobierno tiene previsto tramitar las solicitudes de restitución de tierras presentadas por cientos de miles de desplazados. A menos que Colombia asegure el juzgamiento de los abusos cometidos en la actualidad y en el pasado contra desplazados reclamantes y consiga avances significativos en la desarticulación de grupos sucesores de los paramilitares, muchas de estas familias sufrirán nuevas amenazas, episodios de desplazamiento y asesinatos. Y la iniciativa más importante del gobierno de Santos en materia de derechos humanos podría verse irreversiblemente desvirtuada.


Abusos genralizados


Numerosos reclamantes de tierras y sus líderes han sido objeto de abusos generalizados como resultado de sus esfuerzos por conseguir la restitución, que han incluido asesinatos, intimidación y amenazas, así como nuevos incidentes de desplazamiento forzado. Este informe documenta ejemplos de estos casos, en los cuales víctimas de Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Sucre, Tolima, y también de Bogotá, han intentado recuperar tierras a través de la Ley de Víctimas y otros mecanismos de restitución. Los datos oficiales y otras evidencias examinadas por HRW indican que el patrón de abusos se extiende por todo el país.


Durante la investigación realizada para este informe, HRW documentó 17 casos de asesinatos de reclamantes de tierras y sus líderes ocurridos desde 2008 –en sucesos en los cuales perdieron la vida 21 personas– donde existen pruebas convincentes de que los ataques fueron motivados por los reclamos o el activismo de las víctimas en relación con la restitución de tierras. “En otros cuatro casos, no se pudo determinar claramente, sobre la base de la información disponible, si las muertes se vinculaban con los reclamos impulsados por las víctimas, aunque existen indicios de que podría haber sido así. También se documentan dos tentativas de homicidio y el secuestro de un líder de restitución de tierras. Las víctimas de estos asesinatos y agresiones –ocurridos en cinco departamentos distintos– incluyen a líderes, reclamantes individuales, familiares de estos y sus abogados”.


“Diversos informes de autoridades estatales y organismos internacionales señalan que los asesinatos de reclamantes y líderes de restitución de tierras se han producido en una escala incluso mayor. Por ejemplo, en agosto de 2013 la Fiscalía General de la nación informó que estaba investigando 49 casos de asesinatos de “líderes, reclamantes o partícipes en asuntos de restitución de tierras” perpetrados en 16 departamentos desde 2000, en los cuales murieron 56 personas. La Defensoría del Pueblo informó al menos 71 asesinatos de líderes de restitución de tierras ocurridos en 14 departamentos entre 2006 y 2011.


“Las muertes han conseguido infundir de manera permanente el temor a que se produzcan otros ataques, no sólo entre familiares de víctimas y otros reclamantes, sino también entre las autoridades que trabajan en aspectos vinculados con la restitución. En una carta enviada en marzo de 2013 al presidente Santos, decenas de jueces especializados en causas de restitución de tierras de todo el país pidieron que se les concedieran medidas de protección y manifestaron que temían seriamente por su seguridad en los siguientes términos: ‘Son de público conocimiento los atentados a que se han enfrentado las víctimas reclamantes, sus líderes y los miembros de las organizaciones que los respaldan’”.


Responsables


El informe retoma un discurso pronunciado en julio de 2012 por el presidente Santos, donde identificó a los principales responsables de las amenazas contra reclamantes de tierras: “Muchos de los que están amenazando [...] son los propios dueños o supuestos dueños de las tierras que han sido reclamadas (...) Hay otros sectores. Sectores que yo he llamado de la extrema izquierda [...] y de la extrema derecha, que están vinculados con los antiguos paramilitares, que no quieren que les quiten sus tierras, que se apropiaron en forma indebida”. HRW también comprobó que grupos sucesores de los paramilitares, terceros que despojaron a los desplazados de sus tierras –a veces en connivencia con paramilitares– y, en ciertas zonas, las farc, son los principales responsables detrás de los abusos contra reclamantes y líderes de restitución de tierras.


En la mayoría de los casos de asesinatos, tentativas de homicidio y nuevos incidentes de desplazamiento forzado que documentamos, la evidencia sugiere en forma persuasiva que grupos sucesores de los paramilitares, en particular los Urabeños, serían responsables; y estos mismos grupos son además los autores de muchas de las amenazas. La información aportada a HRW por distintas entidades estatales refuerza estas conclusiones. Los grupos sucesores de los paramilitares se dedican al narcotráfico y otras actividades mafiosas en muchas de las regiones en que anteriormente las redes paramilitares cometieron despojos de tierras, como Córdoba y Urabá, donde se ha producido una proporción significativa de los asesinatos de reclamantes y líderes de restitución de tierras.

El secuestro en noviembre de 2011 del líder de restitución Héctor Cavadía, del corregimiento de Totumo, Antioquia, es un claro ejemplo de los ataques deliberados perpetrados por los Urabeños. Cavadía contó que, mientras estuvo secuestrado, le dijeron que la tierra que reclamaba tenía un dueño y le hicieron preguntas sobre otros líderes de su asociación de desplazados que exigían la restitución de tierras. Durante un encuentro mantenido en 2011 en la región, un jefe de ese grupo dio la orden de que a “todo el que fuera a reclamar tierra […] lo iban a desaparecer”, según surge del testimonio judicial prestado por un ex miembro de ese grupo.


También terceros que adquirieron u ocuparon tierras luego de que sus habitantes originarios fueron obligados a abandonarlas han sido responsables de muchos de los abusos. Estos terceros incluyen desde ganaderos y empresarios hasta paramilitares desmovilizados. Las evidencias indican de manera convincente que los grupos sucesores y otros actores han intimidado, amenazado y, en algunos casos, incluso asesinado a reclamantes de tierras por iniciativa de terceros.


El informe también incluye a las guerrillas: “En algunas zonas las farc y el eln han amenazado y asesinado a desplazados que reclamaban la restitución de sus tierras. Por ejemplo, Germán Bernal, quien trabaja activamente para conseguir que desplazados puedan retornar a Santiago Pérez, un corregimiento en el sur del departamento de Tolima, dijo haber recibido amenazas reiteradas del Frente 21 de las farc debido a sus reclamos. Las cifras del gobierno indican que las amenazas de las guerrillas se extienden a otras regiones del país: desde enero de 2012, más de 50 reclamantes y líderes de al menos 13 departamentos que exigían la restitución a través de la Ley de Víctimas han informado a las autoridades que recibieron amenazas de guerrillas.

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Cadena humana cruza Cataluña para exigir su independencia de España

“Independencia” y “derecho a decidir con una consulta ciudadana”, fueron las principales reivindicaciones de una histórica movilización celebrada hoy en Cataluña, donde centenares de miles de personas formaron una cadena humana a lo largo de 400 kilómetros para exigir la secesión del Estado español y un cambio de dirección en la política económica.

 

El clamor independentista catalán, pacífico y festivo, contrastó con el ataque de la extrema derecha española en la sede del gobierno catalán en Madrid, donde un grupo de falangistas lanzó gas lacrimógeno, golpeó a algunas personas –incluidos diputados– y provocó cinco heridos leves, entre ellos una niña de cuatro años.

 

El 11 de septiembre se celebra la Diada de Catalunya, el día nacional de esta comunidad autónoma al noreste de España, que reclama su derecho a una consulta sobre su futuro desde hace décadas. Hace cinco años se intensificó el movimiento independentista, sobre todo a raíz del rechazo del Tribunal Constitucional de España del estatuto de autonomía aprobado en Cataluña en un referendo. A partir del fallo creció el clamor separatista al punto que la mayoría del arco parlamentario catalán ya defiende abiertamente un discurso independentista.

 

Una cadena humana, de más de 500 mil personas, según el gobierno español, y más de millón y medio, según las organizaciones convocantes, se desplegó a lo largo y ancho del territorio catalán, desde el norte en la localidad fronteriza francesa de Le Pedrthus, hasta el sur en el límite con la comunidad valenciana de Alcanar, para exigir un Estado propio, ajeno a las políticas centralizadoras de Madrid y del actual gobierno del conservador Mariano Rajoy.


La cadena pasó por las ciudades de Gerona, Barcelona y Tarragona.

 

La cadena fue convocada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), organización civil que nació con la vocación de aumentar el autogobierno y defender los derechos catalanes ante lo que consideran “agravios” de Madrid, como el rechazo al Estado de autonomía que aprobó la sociedad catalana en referendo, o las continuas descalificaciones de la sociedad catalana por parte de las autoridades españolas. La presidenta de la ANC, Carme Forcadell, aseguró que “la cadena humana ha sido una éxito sin precedente y hemos demostrado que queremos un Estado al que tenemos derecho. Y lo queremos ahora, no en 2016”.

 

En Madrid, en la sede del gobierno catalán, un grupo de extrema derecha –de la Falange Española y del partido Alianza Nacional– irrumpió en un acto oficial con gas lacrimógeno, golpes y al grito de: “no nos engañen, Cataluña es España” o “Arriba España”. Los atacantes golpearon a varias persona, entre ellas el diputado de Convergencia i Unió, Daniell Sánchez Lliure. El acto se tuvo que cancelar ante los efectos de los gases. La policía llegó unos 15 minutos después del ataque y hasta el cierre de esta edición no informó de la detención de ninguno de los agresores, a pesar de que actuaron a cara descubierta y algunos son asiduos en los mítines de las formaciones de extrema derecha

 

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La piñata de los baldíos y los abogados robatierras

“[…] La habilidad y el patriotismo de los abogados colombianos al servicio de las compañías extranjeras consiste precisamente en enredar inteligentemente las palabras para que pierdan su significación gramatical en beneficio de la patraña jurídica […]. Estas argucias desleales y sutiles no se les ocurren a los abogados de la Universidad de Columbia, sino a los profesores de la Universidad de Colombia […]”.

Luis Cano, 1926 (¿?), citado en Jorge Villegas, Petróleo, oligarquía e imperio, Editorial E.S.E., Bogotá, 1969, p. 269.

 


Si se trata de rastrear el origen histórico de la desigualdad e injusticia de nuestra sociedad es necesario remitirse al despojo de la tierra a que han sido sometidos los pobladores pobres del campo (indígenas, campesinos, afrodescendientes, colonos…), a lo cual hay que agregar la usurpación fraudulenta de los baldíos, o territorios de la nación, en la que han participado desde 1820 militares, empresarios nacionales y extranjeros, abogados, notarios, terratenientes, tenedores de bonos de deuda pública…

 

La “piñata de los baldíos” que se ha desatado en tiempos recientes no es ninguna novedad en Colombia, simplemente es la repetición de una vieja historia, que tiene como protagonistas consuetudinarios a las clases dominantes de siempre y al Estado. Con esto se demuestra que estructuralmente este país nunca ha cambiado, y sigue siendo manejado con la lógica de una gran hacienda, en la cual los poderosos hacen lo que se les viene en gana con los territorios nacionales y con los campesinos, los que, en el mejor de los casos, son arriados como sirvientes, o son vistos como un estorbo que debe ser eliminado.

 

La orinoquia y el modelo Riopaila

 

Según la Superintendencia de Notariado y Registro un baldío es un “terreno urbano o rural sin edificar o cultivar, que forma parte de los bienes del Estado porque se encuentra dentro de los límites territoriales y carece de otro dueño”. Una importante porción de esos baldíos se encuentra en la altillanura del oriente del país, con una superficie de cuatro millones de hectáreas “libres”, un apetecible bocado para inversionistas nacionales y extranjeros que perciben la región como un “polo de desarrollo”, un tecnicismo que se pronuncia para referirse a la siembra de cultivos de exportación y agrocombustibles.

 

La empresa azucarera Riopaila, que tradicionalmente se ha enriquecido con el robo de tierras en el Valle del Cauca y con la explotación inmisericorde de los trabajadores, ahora continúa con su zaga de despojo en la Orinoquía colombiana. ¿Cómo lo realizó?

 

Para empezar, tanto en la región como en el resto del país existe un obstáculo legal que dificulta el acaparamiento de tierras en zonas de antiguos baldíos, que se denomina la Unidad Agrícola Familiar (UAF), establecida por la Ley Agraria 160 de 1994, cuyo tamaño varía según la región y de acuerdo a la extensión mínima indispensable para garantizarle una vida digna a una familia campesina. En la Orinoquia, esa UAF puede llegar a ser de hasta 1.500 hectáreas pero en promedio es de 1000. Además, según el artículo 72 de la mencionada Ley, las tierras baldías deben ser adjudicadas a pobres del campo y no pueden comprarse para constituir grandes haciendas.

 

Para eludir esta limitación, Riopaila decidió recurrir a las argucias jurídicas –que tan conocidas son en este país de leguleyos santanderistas- y para eso se valió de la asesoría de una “prestigiosa” firma de abogados, Brigard & Urrutia, que dirigía Carlos Urrutia, hasta hace pocas semanas Embajador de Colombia en los Estados Unidos. Como resultado de las propuestas de esta firma se conformaron 27 Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), cada una con un capital inicial de 100 mil pesos, con sede en la oficina de los abogados, y compraron por separado territorios contiguos, hasta alcanzar las 42.000 hectáreas, con el fin de implementar el Proyecto Veracruz, en el Vichada, destinado a producir caña de azúcar, soja y palma aceitera. Eso no tendría nada de raro si no fuera porque el 95% de los predios apropiados eran baldíos que habían sido adjudicados a campesinos beneficiarios de reforma agraria entre 1991 y 2009. Cada SAS compró la tierra por separado, con dinero suministrado por Riopaila, y luego le arrendaron cada predio a la empresa azucarera por un lapso de 30 años. Llama particularmente la atención que “empresas” de fachada con un lánguido capital inicial de 100 mil pesos –con el que, de pronto, se puede comprar el tiquete de entrada a un estadio de futbol profesional en cualquier ciudad de Colombia- hayan adquirido tierras que alcanzaron un precio de 40 mil millones de pesos.

 

Como para no dejar huellas de su acción delictiva, los abogados cedieron en forma gratuita la propiedad de las SAS a cinco firmas españolas que a su vez las traspasaron a otras que fueron constituidas por la sociedad Asturias Holding S.A.R.L., con sede en Luxemburgo, un paraíso fiscal con muy malos antecedentes. De esta forma, Riopaila y sus “honorables abogados” cerraban un testaferrato, con apariencia de un negocio transnacional, para dificultar el conocimiento del asunto, maquillar su acción delictiva y, sobre todo, tener seguridad jurídica al presentar la transacción como un asunto internacional. Para completar la faena, entre otras acciones de dudosa ortografía se generó un repentino encarecimiento de los predios, algunos de los cuales fueron comprados por 10 millones de pesos y al mes fueron vendidos en 3.100 millones de pesos.

 

Riopaila es un modelo que se replica a lo largo y ancho del país, en especial en la altillanura oriental. Con los mismos procedimientos fraudulentos de los azucareros se han implantado empresas del grupo Sarmiento Angulo, con 17.000 hectáreas y una inversión de cien millones de dólares en palma y caucho. Aunque Alejandro Santo Domingo no ha comprado tierras, ha optado por alquilarlas, en cuya modalidad tiene 4.000 hectáreas. La familia Eder, dueños del ingenio Manuelita, se ha apoderado de 20.000 hectáreas en el Meta y 10.000 en Casanare, destinadas a palma de aceite y agrocombustibles. El industrial santandereano Jaime Liévano posee 13.000 hectáreas, con una inversión de 100 millones de dólares en Puerto Gaitán, en cultivos de soya y de maíz. Entre los “honestos” empresarios extranjeros se encuentran la firma Timberland Holdings Limited, con 10 predios en La Primavera (Vichada), que abarcan un total de 13 mil hectáreas, mientras la empresa estadounidense Cargill –el principal monopolio mundial de la alimentación- adquirió 52.500 hectáreas, adquisición que también contó con el asesoramiento de Brigard & Urrutia. Hasta el momento, en el Vichada se han ubicado 140 mil hectáreas en situación similar a la de Riopaila.

 

El modelo agrario de Riopaila se basa en el despojo y el fraude legal –lo cual no significa que desprecien el uso de la violencia, puesto que unos años antes los paramilitares arrebataron las tierras de la altillanura a los colonos-, porque aparte de sus acciones ilegales para acaparar antiguos baldíos, los empresarios reciben prebendas del Estado. A Riopaila en particular se le ha dado un trato especial, con subsidios estatales, exenciones tributarias, créditos subsidiados, dineros de Agro Ingreso Seguro, todo lo cual suma unos 35 mil millones de pesos.

 

La “ley Urrutia”: premio al ladrón

 

A los grandes delincuentes de cuello blanco de este país, que se precian de ser honorables, se les suele premiar de múltiples maneras por sus incondicionales servicios al capital y a los poderosos, y el abogado Carlos Urrutia no podía ser la excepción. Por eso, el gobierno de Juan Manuel Santos decidió nombrarlo como Embajador en Washington, aunque el Incoder había alertado mucho antes de esa designación sobre los negociados de los baldíos en los que estaba involucrada la firma Brigard & Urrutia Ese individuo se desempeñaba tranquilamente en ese cargo, cuando se conocieron las primeras denuncias sobre Riopaila y Carguill. Como suele ser usual en un país de cinismo extremo, el personaje mencionado se limitó a negar que se hubiera presentado apropiación de baldíos y su bufete hubiera asesorado a Cargill. Casi al mismo tiempo agregó que él había vendido sus acciones en la empresa de abogados apenas lo habían designado Embajador en Washington, en agosto de 2012. Esta es una pobre disculpa, porque la piñata con los baldíos de la altillanura se había consumado entre el 2009 y el 2011, cuando el leguleyo en cuestión era el jefe de su propia oficina de abogados.

 

Como sus burdas explicaciones no fueron suficientes, Urrutia renunció a su cargo de Embajador. Tanto su carta de renuncia como la de Juan Manuel Santos indican hasta dónde puede llegar la impunidad de los delincuentes de “alta alcurnia” en este país. Urrutia sostuvo que “en el país se avecina ‘un debate eminentemente político’ entre sectores que aún viven en un modelo de desarrollo ‘arcaico’ que impondrá restricciones al desarrollo agropecuario y los que buscan generar la seguridad jurídica que permitirá el desarrollo de estas remotas regiones”. Como se nota, el abogado-embajador desvió el asunto central, el de la apropiación ilegal de los baldíos, que es un delito, a una cuestión política, en la que se debaten diversas posiciones sobre el “desarrollo agrario”. Esta fue una típica maniobra leguleyista de los abogados de los poderosos. Por su parte, Juan Manuel Santos aseguró que la renuncia de su embajador era un acto de “gallardía”, ya que “no tiene motivos sino para sentirse muy orgulloso por los servicios que le ha prestado al país y es merecedor de toda mi gratitud y la de todos los colombianos”i. ¡Claro, debemos estar agradecidos con la gallardía de haber robado a los campesinos, en representación de Riopaila y Carguil, cerca de 100 mil hectáreas de tierra, 42 mil de la primera y 53 mil de la segunda!

 

A raíz de conocimiento público de las maniobras de estas empresas, el gobierno en lugar de investigar y sancionar a los responsables ha procedido a impulsar una Ley en el Congreso de la República con la finalidad de hacer legales los procedimientos ilegales de bufetes de abogados como los de Brigard & Urrutia y de legitimar el despojo a que han sido sometidos los campesinos por parte de capitalistas nacionales y extranjeros. Debido a esta relación, algunos han denominado a este engendro jurídico como la “Ley Urrutia”.

 

El proyecto que cursa en el Senado está hecho a la medida de los intereses del capital extranjero, los nuevos llaneros y el sector financiero, puesto que se elimina el número de las UAF de que puede disponer un mismo propietario, sin importar si son baldíos. Así mismo, se consideran como legales las acumulaciones de UAF por los grandes inversionistas en predios que hayan sido titulados antes de 1994. Con este mico jurídico se legaliza la mayor parte de las adquisiciones fraudulentas de Riopaila y demás acaparadores de tierras en la altillanura. También se impone como condición de la pretendida modernización agrícola el establecimiento de “alianzas productivas” entre campesinos y empresarios, una figura decorativa para justificar el despojo de los primeros. Todo esto se hace a nombre de suministrarle protección jurídica a los inversionistas de la agroindustria, lo cual se justifica en forma demagógica como la única vía de garantizar el suministro de alimentos, cuando en esas tierras Riopaila y compañía van a sembrar de todo menos cultivos para alimentar a la gente, aunque si para “nutrir” automóviles con los irracionales agrocombustibles.

 

Con esos procedimientos, se reafirma la impunidad de los delincuentes de “fina estampa”, en este caso los abogados y sus clientes, porque de manera cínica la firma Brigard & Urrutia pretendió tapar su delito al decir que lo hacía porque “la mayoría de las más reconocidas firmas de abogados del país, presentaron vehículos similares para adquirir las tierras”. Es decir que si unos roban, todos podemos robar, sentencian con suficiencia estos abogados, que se supone no deben violar las leyes. Y para reafirmar su “ética” profesional sostienen, sin rubor alguno, que “la función de una firma de abogados como la nuestra, consiste en desarrollar soluciones jurídicas para nuestros clientes”ii. O sea, que si los clientes matan, atracan o trafican, Brigard & Urrutia sabe y dispone como librarlos de culpa.

 

Ante tanto descaro, valga evocar las palabras del escritor liberal Alejandro López quien en el año de 1927 manifestaba que en torno a los baldíos se libra una “lucha sorda entre el papel sellado y el hacha, entre la posesión efectiva de ésta y la simplemente excluyente de aquél”iii. El papel sellado que esgrimen los abogados de los empresarios y terratenientes y el hacha de los campesinos y colonos que descuajan monte y selva, de la que luego son violentamente expulsados por las armas del Estado o de los particulares que las se emplean cómo instrumentos convincentes que respaldan el papel sellado en el que se registran los títulos fraudulentos e ilegales de los grandes empresarios, hombres que sus gallardas acciones hacen patria y enorgullecen a todos los colombianos “de bien”.

 

Los rabulas robatierras

 

Otro mito persistente en Colombia es sostener que este es un país de abogados, para deducir en forma automática que somos un “Estado social de derecho”. Lo que menos se menciona es que al parecer somos el país del mundo con más facultades de Derecho, pero también el lugar en donde el 97% de los delitos quedan en la impunidad y, para remarcar el sello de clase de la justicia que se imparte, siempre se persigue a los de ruana, como reza un sabio dicho popular.

 

Como manifestación palpable de que el derecho se usa para beneficiar a los poderosos de aquí y de afuera (como a las empresas multinacionales) desde tiempos inmemoriales que se proyectan hasta el día de hoy se ha erigido una casta de rábulas de media y alta alcurnia que sirven en forma incondicional a todo tipo de empresarios –incluidos los narcotraficantes y paramilitares-, entre los que sobresalen los del sector petrolero, minero y agrícola. Así como los “abogados aceitosos”, que fueron estudiados por Jorge Villegas en su célebre libro Petróleo, oligarquía e imperio (1969), facilitan y legalizan todos los robos que las empresas multinacionales de hidrocarburos le han hecho a los colombianos, también debe hablarse de los abogados robatierras.

 

Éstos se han erigido en los portavoces de los grandes terratenientes y capitalistas del agro y en enemigos jurados de campesinos e indígenas. Son los encargados de legalizar el despojo y la expulsión de sus tierras de los pobres del campo, así como de falsificar e inventar títulos a nombre de los usurpadores. También facilitan el robo de baldíos y redactan leyes –que luego son aprobadas en el Parlamento, que está repleto de abogados aceitosos y robatierras- para legitimar la expropiación y proporcionarles seguridad jurídica a los ladrones de “cuello blanco”. Además, los abogados robatierras se presentan a sí mismos como la encarnación de la patria, la propiedad y el derecho y por eso, como lo acaba de hacer la firma Brigard & Urrutia, sostienen sin recato alguno que sus actuaciones se hacen para beneficiar a los verdaderos dueños del país, porque éstos engrandecen la patria, con sus acciones fraudulentas y sus crímenes.

 

No sorprende en estas condiciones que esos abogados estén tras la redacción de una “Nueva Ley” –que sería la Ley Urrutia- en la que se legalice el despojo de miles de hectáreas que se le ha hecho a los campesinos colombianos y digan que tal disposición beneficia a la agricultura colombiana, en la cual solo caben latifundistas, grandes empresarios agrícolas y multinacionales. Estos abogados se encargan de darle un lustre de aparente legalidad a lo que son simplemente delitos, pero como lo efectúan los poderosos, tal maniobra se muestra como resultado de la genialidad y sapiencia jurídica de los rábulas que roban la tierra, a nombre de los prohombres de la patria, cuyas sabias opiniones coinciden al pie de la letra con lo que piensa Juan Manuel Santos y los funcionarios gubernamentales, los voceros de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y Riopaila, Carguill, Fazenda y compañía. Todos ellos quieren que se validen las apropiaciones de los baldíos de la nación que se hicieron antes de 1994 y que las efectuadas después de esa fecha sean legitimadas, con el sofisma que eso era posible porque en el certificado de tradición y propiedad no figuraba la expresa prohibición de comprar y acumular terrenos de UAF.

 

Y tampoco sorprende que la “gran prensa” que representa a las fracciones dominantes de la tierra y del capital salga tanto en defensa de los abogados que delinquen como del proyecto de convertir la altillanura en un emporio del capital transnacional. Editoriales, artículos de opinión (cuyos columnistas son bien pagos), publicidad y propaganda en los grandes medios se encargan de lavar la imagen de los robatierras, tanto los de toga y birrete como de los “honorables empresarios”. Al respecto un comentario de la Revista Semana es suficientemente ilustrativo, si se considera la vuelta de tuerca que le da a los hechos, con el objetivo de lavar la imagen de los delincuentes de “noble cuna” y de exonerarlos de antemano de cualquier responsabilidad:

 

“La solución de la altillanura no es la agricultura campesina, sino la agroindustria. […] Como afirmó el gobernador de Vichada, Andrés Espinosa, el desarrollo de la región solo será posible si llegan los capitales privados.

 

Eso también lo pensaban los últimos gobiernos, los cuales eran conscientes de esas inversiones agroindustriales, que en ese momento eran consideradas convenientes. La tierra en la altillanura es muy mala y no es apta para el agro. El nivel de acidez es tan elevado que se requieren cuantiosas inversiones para volverla fértil. Ese problema no se podía solucionar si se le daba una interpretación restrictiva a la Ley 160 de 1994, pues la explotación de una sola UAF no podía ser rentable.

 

Como toda ley tiene más de una interpretación, se buscaron fórmulas jurídicas para responder a esas realidades económicas. […]

 

A Carlos Urrutia lo convirtieron en el pararrayos de todo ese episodio para que la acusación tuviera algún gancho político. Como se trataba de negocios entre particulares que estaban arriesgando su propio capital, se requería algún nexo con el gobierno para que el escándalo despegara. […]

 

Esto produjo la inusual situación de que un debate de baldíos que tenía múltiples protagonistas –desde los compradores de las tierras, los habitantes de la región y hasta el gobierno– se centró en un concepto jurídico, en una firma de abogados y en uno de sus socios.

 

Un concepto jurídico no es más que una opinión que se puede acoger o no. Puede ser bueno, regular o malo, pero no judicializable como se ha llegado a especular ahora. Carlos Urrutia ha sido considerado siempre uno de los abogados más respetados del país y se había perfilado como un gran embajador en Washington”iv.

 

Esta larga cita nos sirve para ilustrar hasta dónde puede llegar la apología del delito en Colombia por parte de la “gran prensa”, que sigue al pie de la letra lo que dicen y hacen los abogados robatierras. Por qué el asunto es si puede considerarse como un simple “concepto jurídico” que un abogado (Carlos Urrutia), contratado por grandes empresas, como Riopaila y Carguill, les proponga, como lo sugirió a la empresa estadounidense mencionada, que fundara cuatro sociedades ficticias, como efectivamente se hizo, y que a esas cuatro empresas de fachada (Black River Colombia SAS, Cargill Trading Colombia Ltda, Cargill de Colombia Ltda y Colombia Agro SAS), se les subordinaran otras 17 SAS y cada una de ellas comprara un predio UAF, en violación flagrante del artículo 72 de la Ley 160 de 1994. Fue de esta forma delincuencial que Carguil se apropió de 26 mil hectáreas de tierra con una inversión de 40 mil millones de pesos, todo lo cual se realizó por iniciativa de la firma de abogados Brigard & Urrutiav. Esto no puede considerarse una simple opinión jurídica sino un auténtico delito, con robo incluido. Como son miles de hectáreas y miles de millones de pesos, la Revista Semana dice que eso es una simple opinión jurídica, pero cuando se trata de los campesinos de El Catatumbo que piden una Zona de Reserva Campesina, eso se juzga cómo una solicitud inaudita y delictiva, porque se agrega que detrás de eso están las fuerzas insurgentes. Con esto se demuestra que, según los periodistas del establecimiento, cuando la tierra se roba para beneficio de los grandes empresarios el hecho se interpreta como una simple opinión o como una gran jugada jurídica, pero cuando la tierra la reclaman los pobres campesinos se les niega y se les criminaliza.

 

Por lo visto, lo que se requiere para que un delito sea visto como una simple opinión jurídica es que quien lo lleve a cabo pertenezca al gremio de los encopetados abogados robatierras, cuyos apellidos ilustres se presentan como ejemplo de “honestidad” y “patriotismo”. En conclusión, en Colombia la ley es para (casi) todos, menos para los ricos y poderosos, o como decía Solón: “Las leyes son como las telarañas, enredan al débil, pero son rotas por los fuertes”. Y a los rábulas robatierras se les aplica al pie de la letra el siguiente chiste, nada ficticio por lo demás, como hemos visto: un abogado se dirige con su hijo a su hacienda ganadera y éste le pregunta: Papá, papá, todo lo que se encuentra en esta finca es ganado. Y con una increíble dosis de sinceridad, el abogado le responde: ¡No hijo, no es ganado, es robado!

 

Objetivo principal: la eliminacion de los campesinos

 

Tras la fraudulenta y criminal maniobra de apropiarse de la altillanura por parte de los grandes empresarios nacionales y extranjeros, a cuyo servicio se encuentran unos rábulas incondicionales, se perfila un terrible objetivo de las clases dominantes de Colombia: la eliminación de los campesinos.

 

Tal pretensión por parte del conjunto de las clases dominantes y de sus amos extranjeros continúa con un proceso de larga duración de los últimos 70 años, cuyo resultado ha sido la reducción relativa de los campesinos, perseguidos y expulsados de sus parcelas, las cuales han pasado a manos de grandes latifundistas. Para justificar ese exterminio se ha recurrido a distintas artimañas y pretextos: que los campesinos son atrasados, analfabetos, bárbaros, que son la base social de la insurgencia armada, y ahora se repite que no son productivos y, frente a la gran empresa agraria capitalista, no tienen nada que ofrecer ni son competitivos. Eso se sostiene con toda la impunidad del caso, a pesar de que los pequeños productores del campo sigan abasteciendo de alimentos en un alto porcentaje al territorio nacional, y a las grandes ciudades.

 

Por supuesto, decir que los campesinos son improductivos y poco competitivos es el estribillo de moda de todos aquellos que se presentan a sí mismos como “modernizadores” y “altamente tecnificados” –como Riopaila y Carguill- para legitimar el despojo que los escuadrones paramilitares realizan a su nombre y que luego legalizan los abogados robatierras. Esos empresarios consideran que los campesinos son un obstáculo al desarrollo y al libre comercio, y no están en condiciones de implementar los paquetes tecnológicos que supuestamente nos convertirán en una potencia agroindustrial. Por ello, a los campesinos se les aplasta por todos los medios posibles, legales y violentos. Contra los campesinos se han desplegado las fuerzas armadas y los paramilitares, que los matan y destierran. En contra de ellos se firman los Tratados de Libre Comercio, que desprotegen por completo las economías de campesinos e indígenas, mientras les conceden todos los privilegios a las transnacionales y sus súbditos locales. Para apropiarse de las tierras y territorios de los pequeños productores del campo se aprueban todas las leyes que propician el despojo y el saqueó de los minerales, hidrocarburos y riquezas forestales que allí se encuentren. Contra los labriegos e indígenas se difunde una propaganda mediática criminal, aupada por el Estado y los grandes medios de desinformación, que los cataloga de enemigos del progreso y que, finalmente, propende por su desaparición, con la peregrina suposición de que los alimentos que ellos producen pueden ser proporcionados a menores precios y con mejor calidad por las multinacionales y sus supermercados. Contra los campesinos se libra esa cruel batalla transgénica por destruir sus semillas nativas, a nombre de la defensa de la propiedad de las semillas de Monsanto y las multinacionales, que lleva a perseguir y destruir la base natural de la milenaria producción campesina, como sucedió hace poco en el Departamento del Huila.

 

Todas estas estrategias anticampesinas sólo buscan reforzar a los latifundistas tradicionales, a las transnacionales y sus lacayos locales, minorías insignificantes que actúan con la perspectiva de vincularse a las cadenas productivas de tipo exportador, que ni siquiera van a generar alimentos, sino productos propios de los enclaves agrícolas, tales como palma aceitera, caña, soja o caucho, destinados a los mercados internacionales. Por todo lo anterior, en los últimos meses se ha exacerbado el desprecio y criminalización de campesinos e indígenas, como se registra con los pobladores de El Catatumbo y como acontece en estos momentos con quienes participan en el paro agrario nacional.

 

Todo indica que en la realidad dura de Colombia están enfrentados dos modelos de agricultura: la de los campesinos y pequeños productores, que abastecen de alimentos a todo el país, y la del gran capital, que quiere convertirnos en un vasto enclave agroindustrial, en donde ya no existan campesinos, tan solo unos cuantos proletarios agrícolas, sometidos a una brutal explotación. Es el modelo malasio el que se busca implantar en Colombia, el de la palma aceitera, que destila a chorros sangre de campesinos e indígenas. Ese es el modelo agrícola del santismo, que pretende legitimar el despojo a nombre de las supuestas virtudes productivas de los grandes empresarios y las multinacionales.

 

En este sentido, resultan llamativas como ejemplo del despiste de muchos comentaristas y periodistas ante el problema agrario del país, las afirmaciones poco fundamentadas del escritor William Ospina, quien ha señalado que “el gobierno de Juan Manuel Santos no representa al viejo latifundio empobrecedor que ha retrasado el avance de la sociedad colombiana durante 150 años, ni representa a los poderes que, aliados con ese latifundio, están arruinando al empresariado con su lavado de activos, cerrando la posibilidad de una economía campesina y desintegrando los últimos residuos de legalidad y de moralidad de la vieja Colombia”. Para el mencionado comentarista, el gobierno de Santos “representa a un sector industrial, financiero, agrícola y de pequeños y medianos propietarios que, si corrigiera su tradicional espíritu excluyente y su sistema de privilegios, podría liderar un modelo más moderno de orden económico y social. Representa el respeto que la vieja dirigencia colombiana mostró, así fuera a menudo de manera hipócrita, por las formas de la legalidad y por los rituales de la democracia, y eso todavía le asegura cierta respetabilidad en el ámbito internacional”vi.

 

Por lo visto, William Ospina está hablando de otro país y de otro régimen, porque en Colombia el santismo tiene de todo menos algún talante democrático, de respeto a la “legalidad” y no está interesado en mantener las economías campesinas de pequeños y medianos productores, porque todos los días se contempla un absoluto irrespeto y desprecio por sus justas peticiones, y se implementa una burda criminalización de la protesta rural, al mismo tiempo que se respaldan y apoyan a los grandes capitalistas y a las multinacionales para que se apropien de manera fraudulenta de la tierra y, con el apoyo de las fuerzas represivas del Estado, expulsen con las armas a los campesinos.

 

Porque una cosa si es clara, tanto el uribismo como el santismo son proyectos de clase que se identifican en su odio hacia los campesinos e indígenas y en su respaldo a todo aquello que signifique el fortalecimiento de la gran propiedad, en un caso del latifundio tradicional, y en el otro caso de las empresas exportadoras agrocapitalistas. Ambos han recurrido al paramilitarismo para llevar a cabo sus planes de limpieza y exterminio de los pobres del campo. En ambos casos, el modelo se sustenta en la misma lógica de limpiar la tierra de campesinos, para despejarle el terreno a los terratenientes y ganaderos o a capitalistas y multinacionales. En ninguno de los dos casos el campesino aparece como un sujeto ni como un protagonista de la historia colombiana, sino como un obstáculo al que debe quitarse del camino para facilitar la marcha de los negocios de una rancia oligarquía que ve en la tierra una vasta empresa de acumulación de capital por la vía del despojo.

 

Notas:

 


i. http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12943662.html

ii. “Cuestionan 52 mil hectáreas de multinacional Carguill”, en http://www.verdadabierta.com/despojo-de-tierras/component/content/article/48-despojo-de-tierras/4645-cuestionan-52-mil-hectareas-de-multinacional-cargill/

iii. Alejandro López, “Problemas colombianos”, en Obras Selectas, Imprenta Nacional, Bogotá, 1983, p. 25.

iv. “Los baldíos y el posconflicto llanero”, Revista Semana, agosto 17 de 2013.

v. “La Luciérnaga revela en exclusiva comprometedor documento de la firma Brigard & Urrutia”, en http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/la-luciernaga-revela-en-exclusiva-comprometedor-documento-de-la-firma-brigard--urrutia/20130618/nota/1918135.aspx

vi. William Ospina, “La moneda en el aire”, El Espectador, agosto 17 de 2003.

Renán Vega Cantor es historiador. Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, de Bogotá, Colombia. Autor y compilador de los libros Marx y el siglo XXI (2 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 1998-1999; Gente muy Rebelde, (4 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 2002; Neoliberalismo: mito y realidad; El Caos Planetario, Ediciones Herramienta, 1999; entre otros. Premio Libertador, Venezuela, 2008. Su último libro publicado es Capitalismo y Despojo.

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El caso que derrumbó al canciller de Dilma

El comunicado oficial dice que en la noche de ayer el canciller brasileño Antonio Patriota presentó su renuncia. Quien conoce a Dilma Rousseff y su estilo entenderá que en verdad Patriota fue renunciado. Convocado para una conversación con la presidenta en el Palacio do Planalto al comienzo de la noche, entró en el despacho de Dilma como ministro y salió como diplomático a la espera de algún destino. Su lugar será ocupado por el hasta ahora embajador de Brasil ante la ONU, Luis Alberto Figueiredo Machado.

 

El detonante de su caída ha sido la rocambolesca historia de un subordinado menor, el ministro-consejero que estaba a cargo de la embajada brasileña en Bolivia, y que obedeciendo exclusivamente a sus parcas luces decidió contrabandear a Brasil, en un vehículo oficial, a un senador opositor que se encontraba asilado en la legación diplomática.

 

El senador en cuestión, Roger Pinto Molina, está ahora asilado en Brasil, denunciado por el gobierno de Evo Morales como prófugo de la Justicia en su país y con pedido de captura enviado a Interpol.

 

El diplomático de segundo escalón, Eduardo Saboia, no sabe qué pasará con su carrera. Su hasta ayer jefe, Antonio Patriota, sabe que su carrera termina sin pena ni gloria.

 

La verdad es que en los últimos meses Antonio Patriota, diplomático de trayectoria más bien gris, venía dando muestras de una formidable capacidad de irritar a la presidenta y a los estrategas de política exterior del PT, y a sorprender a analistas por sus actuaciones erráticas y carentes de consistencia. No perdía oportunidad para demostrar su falta de iniciativa, o para dejar claro que cuando decidía tener alguna el resultado era inconsistente.

 

El incidente que lo fulminó comenzó en mayo del año pasado. Fueron 455 largos días con sus largas noches. Durante ese tiempo Roger Pinto Molina vivió en un cuartito –él dice ‘cubículo’– en la embajada brasileña en La Paz, como asilado político, aguardando que el gobierno del presidente Morales emitiese un salvoconducto para poder viajar a Brasil, o que la presidenta Rousseff revisara la decisión y suspendiese el asilo concedido. El pasado viernes, poco después de las tres de la tarde, dos coches con patente diplomática –y con la misma inmunidad territorial de la legación asegurada por las normas internacionales– salieron de la embajada. Uno llevaba una escolta de fusileros navales brasileños. El otro, el encargado de negocios de Brasil en Bolivia, Eduardo Saboia, y Roger Pinto Molina, además del motorista y de otro escolta.

 

Han sido 22 horas de viaje hasta Corumbá, en Mato Grosso do Sul, donde un avión privado lo aguardaba para llevarlo a Brasilia. En el camino pasaron por cinco puestos de fiscalización vial: cinco veces en que Saboia esgrimió sus credenciales diplomáticas y exigió pase libre.

 

La presidenta Rousseff sólo supo de la aventura cuando Pinto Molina ya estaba en territorio brasileño. El canciller Antonio Patriota dice que tampoco sabía nada.

 

Terminó así la odisea del asilo de Pinto Molina, y empezó uno de los embrollos más complejos involucrando al Itamaraty, como es conocido en Brasil el Ministerio de Relaciones Exteriores. La serie de dudas e interrogantes sobre cómo se dio esa acción es similar a las que existen sobre la oscura figura de Roger Pinto Molina.

 

Uno de los principales dirigentes de la oposición al gobierno de Evo Morales, Pinto Molina es también autodenominado pastor de una de esas sectas evangélicas que se multiplican con la velocidad de hongos después de la lluvia. Responde a una nutrida serie de denuncias en la Justicia boliviana. Es acusado de venta irregular de tierras estatales, traspaso ilegal de fondos públicos, favorecimiento irregular de bingos y casinos, además de asesinato, al ser uno de los responsables de la masacre de campesinos en el departamento de Pando, en 2008.

 

Hay que reconocer que, a sus 53 años de vida, el senador ostenta un prontuario judicial digno de respeto: las acusaciones de las que es objeto conforman casi un Código Penal completo. Niega todo, por supuesto. Dice que es nada más que una víctima inocente de la persecución implacable e inhumana de un gobierno perverso.

 

Las causas judiciales existen desde fines de 2011. Mejor dicho: desde 2008, pero ha sido a fines de 2011 que avanzaron en la Justicia. En mayo del año pasado, el cerco empezó a cerrarse rápidamente. A mediados de aquel mes fue intimado a comparecer ante un tribunal. No apareció.

 

El 24 de mayo pidió que se lo convocara otra vez, y la nueva audiencia fue fijada para el primero de julio. El 28 de mayo, Pinto Molina ingresó a la embajada brasileña y pidió asilo diplomático, argumentando ser víctima de persecución política.

 

Tres días antes había viajado de La Paz a Cobija. Podría haber cruzado la frontera con Brasil caminando. Todavía no era, legalmente, un bandido. Pedir asilo ha sido, hay que reconocer, una iniciativa bastante más eficaz para alcanzar la repercusión ansiada por la derecha boliviana.

 

Aconsejada por su entonces ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Patriota, que a su vez fue recomendado por el entonces embajador brasileño en Bolivia, Marcel Biato, Dilma concedió asilo diplomático a Pinto Molina. Y el tema se transformó en un callejón sin salida: el gobierno de Morales se negó a conceder el salvoconducto necesario para que el asilado fuese trasladado a Brasil, y el gobierno de Dilma se resistió duramente a rever la concesión del status facilitado al senador.

 

La intransigencia boliviana tenía como base los procesos judiciales contra Pinto Molina. La intransigencia brasileña, el respeto a la Constitución y a la tradición del derecho a asilo.

 

En los últimos meses la situación de Pinto Molina dentro de la embajada se hizo más dura. Si en los primeros tiempos él tenía acceso a teléfonos y concedía entrevistas, además de firmar documentos oficiales del Senado, casi siempre para justificar su ausencia en las sesiones parlamentarias, se determinó que no recibiese más que visitas de un familiar por vez y de sus abogados.

 

Causa de permanente irritación para el gobierno boliviano, el problemático embajador Marcel Biato salió de escena cuando Dilma finalmente decidió proceder a un nuevo examen del asilo concedido a Pinto Molina. Biato ha sido llamado a Brasilia para gozar de inesperadas vacaciones. En su lugar quedó el ministro consejero Eduardo Saboia, como encargado de negocios.

 

Mientras, las delicadas negociaciones seguían. La cuestión era buscar una salida viable para los dos gobiernos. Y, como de costumbre, las gestiones diseñadas y llevadas a cabo por Patriota no llegaron a lugar alguno.

 

Así las cosas, Eduardo Saboia decidió tomar la iniciativa. En clara combinación con un senador de la base aliada de Dilma, Ricardo Ferraço, del PMDB, sacó al asilado y lo trasladó por tierra a Brasil.

 

Dice que no hizo más que salvar la vida de un perseguido que estaba al borde de la desesperación y que podía cometer suicidio en cualquier momento. Dice que actuó movido por el supremo sentido de defender la vida. Dice que todas las negociaciones entre Brasil y Bolivia no eran más que un intento de embromar a un perseguido. Faltó decir que se considera un héroe de la humanidad.

 

Una vez que haya ingresado a Brasil, Pinto Molina no podrá ser extraditado a Bolivia. Curiosamente, quien estaba enfermo y al borde del suicidio no fue atendido por ningún equipo médico, no fue conducido hacia un hospital o clínica especializada: fue llevado a Brasilia, en andas como héroe, y está previsto que conceda hoy una conferencia de prensa.

 

Eduardo Saboia, por si fuese poco, cometió la imprudencia de decir que todo lo que hizo fue “ayudar a un hombre perseguido, como la presidenta Dilma Rousseff lo fue –perseguida– en el pasado”.

 

No se sabe hasta qué punto es ingenuo o si se trata de una de las más claras demostraciones de idiotez de que se tiene noticia en mucho tiempo.

 

De acuerdo con los asesores de Dilma, el canciller Patriota irritó más que nunca a la presidenta brasileña. Además de una serie de fallas anteriores, quedó claro que ni siquiera tenía conocimiento de lo que hacían sus descabellados subordinados. Lo del senador contrabandeado ha sido la gota que colmó un vaso que hace mucho estaba lleno.

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Nueva cúpula militar: contra Timochenko y el Bloque sur

De las cuatro patas de la Mesa, una de cada lado es el factor militar. Aunque siempre circuló en voz baja, la insurgencia ya hizo público que «silenciará» pero no "entregará" las armas. Con esta anticipación al resultado de la agenda, al gesto duro de la reunión de los primeros comandantes de las farc y el eln, vino el de la otra parte: El Fiscal cumplió su declaración de diciembre 2012: Por delitos de lesa humanidad "[...] el próximo semestre se harán acusaciones a las farc". Hasta nueva orden, la intensidad del conflicto recae sobre las montañas del Centro Occidente y, en las fronteras con protagonismos de las bacrim.

 

Tras de las palabras del Fiscal, cárcel que cierra o inclusión y participación política que abre, es el nuevo portón de la paz, cuando todavía son bastantes los silencios y rechazos a una salida política y la inconformidad social muestra más aristas. Con sonrisas del ministro de defensa, suman cincuenta los mandos "medios" de segunda línea abatidos por las Fuerzas Armadas. Sus operativos élite ya no son sólo para batir dirigentes altos, sino a los más vulnerables: obligados al contacto más cercano con la población periferia de los frentes, hasta donde con los años, penetra la inteligencia contraria. En otro ángulo, durante el segundo ciclo de conversaciones, Democracia e Inclusión, con la moderna tecnología y forma de información escrita, radial, de televisión y cibernética, sin monopolio y desventaja; resultan tan o más difíciles que los puntos de avance sobre Tierra y reforma en la propiedad, que debieron dejar temas en el tintero. A su vez, gesto tras gesto de las partes y, sobre todo la coyuntura electoral, pone a la mesa en un embudo.

 

Relevo de mandos para el ajuste de la guerra de oriente a occidente sur

 

Por más de una década, tras la ruptura de conversaciones en el Caguán, el dispositivo conjunto con despliegue del 'plan Colombia', los mandos militares y policiales, la acción "encubierta" paramilitar con apoyo de entes estatales y de la Justicia, bajo la doctrina inmoral y mando de Álvaro Uribe y sus largos ocho años, tuvieron un blanco prioritario en las acciones de guerra, masacre y desplazamiento, con su transversalización por el territorio: Determinaron como blanco o eje operativo, y de las acciones de propaganda y sicología militar, atacar a fondo la mayor concentración guerrillera oriente-sur de las farc.

 

En tal empeño oficial y de la asesoría extranjera del Comando Sur (US) , estuvo sobre los mapas de los generales, enfrentar al Bloque Oriental con sus frentes localizados desde la frontera con Venezuela y Brasil hasta Cundinamarca y la ribera oriental del río Magdalena, en apuesta de avance a largo plazo sobre Bogotá, corazón del Estado. En su "misión", la acción paramilitar de las auc, operó contra el acumulado norte-interior del eln y la indicación de separar, cortar y quebrar en el área del Magdalena Medio, los corredores y el círculo que por el norte, cerraba sobre Bogotá el Bloque del Magdalena Medio de las farc, bajo la dirección de Timochenko. Así, desarticular el proyecto guerrillero parte del Plan Estratégico, de cerrar la capital por el occidente, con el Comando Conjunto Central, en tarea de constituir otro Bloque. Comando este en territorio del Tolima y el norte del Huila, bajo el mando operativo de Gerónimo y la dirección de Alfonso Cano, quien cumplía esta misma y doble función, sobre el Comando Conjunto Occidental, de prolongación al sur occidente de este flanco, bajo el mando directo de Pablo Catatumbo.

 

Hacia el otro eje. El objetivo de neutralizar la proyección del Bloque Oriental, con el paso de los días tuvo resultados. Para las Fuerzas Armadas, este blanco operacional quedó "concluido" con la baja del Mono Jojoy. A continuación, y con nuevos mapas en las salas de mando, por el flanco occidental de Bogotá, allende el río Magdalena hasta las orillas del Océano Pacífico, y en otra prioridad de tarea que está en ciernes, el general Leonardo Barrero –recién nombrado Comandante de las Fuerzas Militares–, asumió la persecución de la estructura del Comando Conjunto Central que sobre las cordilleras occidental y central conecta en directo con el Comando Conjunto Occidental y enlaza con el Bloque Sur. Al respecto, dan por sentado que la caída de Alfonso Cano conlleva su debilitamiento.

 

El ataque contra el Bloque Oriental con repercusión en una población y unos centros urbanos no mayores en densidad, como Florencia, Neiva y Villavicencio, no significó la derrota militar y social de las farc, una guerrilla con una reserva de impacto, en los frentes del Bloque Sur y del Comando Conjunto Occidental –diferente a los Llanos– con reflejo y noticia sobre Cali, Pasto, Popayán, Buenaventura, sus vías de comunicación y la dinámica de movimientos sociales y, podría rehacer influencia sobre Ibagué y el Viejo Caldas. Un supuesto operacional de la guerrilla que en otro tiempo, movió a los jefes guerrilleros Iván Marino Ospina, en el antecedente, y luego a Carlos Pizarro, Álvaro Fayad a proyectar en esa área el Batallón América del M-19 y sus vínculos con organizaciones guerrilleras de Ecuador, Perú, Chile, y núcleos de memoria guevarista: Alfaro Vive, ¡Carajo!, MRTA –con reductos del PRT argentino, el MIR chileno, entre otros.

 

Aunque tenga el fin de imponer ritmo y exigencia en la conversación de La Habana, en este nuevo "teatro de operaciones" vendrán y son diferentes las implicaciones políticas, sociales y de repercusión humanitaria. Debajo de la manga, la nueva cúpula y la inteligencia de la policía siguen el rastro de Timochenko, a cuya caída dan el valor, que no es novedoso, de "golpe definitivo" y determinante en la Mesa.

 

Santos apuesta a redondear una "derrota social" de la guerrilla; Uribe al "aniquilamiento"

 

Como consta en toda la investigación sin concluir con respecto a la parapolítica, tras los dos gobiernos de Uribe que anduvieron en línea con el partido republicano de los Estados Unidos, con los intereses militares del estado sionista, con el entorno mafioso anticubano y del 'exilio' venezolano; con su empuje agro narco para institucionalización, en llave con el hábitat financiero territorial de las auc –que deriva en bacrim y contactos clandestinos con oficiales del arma de inteligencia del ejército, la armada y la policía; sostiene un discurso y quehacer que descarta admitir las causas del conflicto. En fin, dos periodos en la Presidencia que desprestigió y debilitó el papel diplomático y económico de Colombia en el continente.

 

Un hecho que obligó ahora, como característica del actual gobierno Santos, a la búsqueda de un "reacomodo institucional" a efecto de una (re)legitimación de la élite oligárquica, con uso de las conversaciones con la insurgencia –que ésta admitió en una condición de repliegue forzado en un vasto territorio de municipios y una diferente correlación política y militar a la existente en 1999-2002.

 

La frágil ventana de paz que delibera en La Habana

 

En medio de los silencios del conjunto social, domina en la imagen de paz por alcanzar, el sentir de las grandes urbes y los cascos municipales determinados por la inercia de la "salida militar" que agita Uribe, y desconectó a extensos sectores de los ideales de organización y lucha. No existe aún en la nación, una deliberación ni un "actor nacional" 'desinteresado' por la paz.

 

En este marco, la Mesa está virando de la Fase inicial de posicionamiento y «conveniencia común» de cada una de las partes, a la segunda de rechazos y presión, que el Presidente puede precipitar, definitivamente, al final de noviembre. O, tener una pausa: hasta el resultado de la elección para 2014-2018, con base en un nuevo mapa de las fuerzas políticas oficiales. Difícil en esta fecha, el logro de una variación e iniciativa por parte de los nervios sociales, alternativos, de izquierda, y de la correlación pública en alta voz, a favor de una Colombia sin privilegios ni causas del conflicto.

 

Está a la vista, una campaña electoral que puede venir con promesas y preparación de la opinión para ir a partir de mayo 2014, a la Fase tercera en la Mesa de estocada y lenguaje intransigente y exigente, con plazo para la "desmovilización" con desarme de las farc y de contera para el eln.

 

Ante la coyuntura electoral que ya domina en la cotidianidad informativa, la Mesa pasa por un cuello de botella, porque con excepción de la base del poder institucional, sus partidos oficiales y las ramificaciones de clientelismos, y de los diversos lenguajes y sesgos de las víctimas con dolor, el conjunto de la sociedad todavía no asume como manija de movilización: la paz.

Publicado enEdición 194