MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Entre el 15 y el 16 de noviembre se llevó a cabo el encuentro “Por el Reconocimiento Político y Social del Campesinado”, al cual asistieron alrededor de 1.500 campesinos y campesinas de diversas partes del país, especialmente del oriente caucano. Retomamos a continuación apartes de los textos discutidos y las conclusiones de las deliberaciones.

Problemática campesina

La política estatal de guerra y la rural en los últimos 20 años acentúa el desconocimiento social y político del campesinado. Ese nivel es cada día mayor, hasta el punto de hacer parecer que no hay campesinos, como si éstos fueran un mito. Es terrible que haya que decir: “¡Oiga! Los campesinos sí existen, como antes se dudaba de que los indígenas tuvieran alma. Uno de los aspectos de esta “ignorancia”, evidenciado en el encuentro de Inzá, tiene que ver con la tensión que se da en el municipio, entre campesinos e indígenas.

Esta tensión refleja cómo el Estado, en su reconocimiento parcial de derechos de las comunidades indígenas, legisla sin observar que los territorios habitados por los indígenas son también espacios habitados por el campesinado. Así, se busca que los nuevos resguardos por constituirse en Turmina y Pedregal se extiendan sobre territorios habitados por campesinos. Unos y otros tenemos derecho al suelo, unos porque sus títulos de resguardo datan de la Colonia, mientras los otros llevamos varias décadas allí. Unos y otros somos víctimas del desplazamiento y el ordenamiento territorial que en diferentes períodos históricos han impuesto los poderosos, generalmente grandes propietarios de tierra.

La tensión de las comunidades evidencia que no hay una política estatal que conciba la nación y el territorio (local, regional y nacional) como construcción pluricultural y equitativa, que para el caso permitiría que el territorio indígena no sea el que se les quite a los campesinos, pues el Estado está obligado a distribuir tierras, entre otras cosas porque los dueños legítimos de muchas tierras son campesinos, indígenas y afrodescendientes.

Lo que sucede en Inzá entre estos dos sectores no está aislado; es una estrategia para dividir a los sectores populares, beneficiando a los politiqueros, los grandes dueños de la tierra e intereses multinacionales, más aún cuando el movimiento indígena caucano es epicentro de recientes luchas sociales, y el campesinado sobrelleva debilitamiento por la acción paramilitar.

En 2005, con la recuperación territorial bajo la campaña de Liberación de la Madre Tierra, salió a flote el verdadero interés terrateniente. Mientras los indígenas y algunos sectores campesinos lideraban la toma de haciendas, se convocó a una movilización para defender la propiedad privada, y por el derecho a la existencia del campesinado y la democracia. En Silvia se movilizó la comunidad urbana contra la toma de tierras; en Caloto, la administración y la Gobernación convocó  a campesinos y afrodescendientes. Desde los medios de comunicación, el Gobierno dice que los indígenas son terratenientes con mucha tierra, pero oculta la naturaleza de ésta y la realidad de su concentración en el departamento, causa real que explica el arrinconamiento histórico, y la falta de tierra, que padecen las comunidades.

Zonas de Reserva Campesina (ZRC)

A fines de los años 80 del siglo XX, en zonas cocaleras y de frontera agrícola se empezó a hablar de esta figura. En 1994 se promulga. Las marchas cocaleras de 1996 exigieron reglamentar la Ley 160 y crear las ZRC, hechas realidad en El Pato (Huila), Cabrera (Cundinamarca), Calamar (Guaviare), Valle del Cimitarra (Antioquia), Morales (Bolívar), con ayuda del Banco Mundial. Muchas otras regiones pidieron lo mismo en Boyacá, Santanderes, Cesar, Nariño, Tolima y Cundinamarca.

Ante la tensión indígenas-campesinos expuesta en el Encuentro, los campesinos presentan como opción crear una ZRC, definida así: “Se trata de fortalecer las comunidades con la aplicación de sus derechos a la tierra y sus recursos, con el apoyo del Estado, para incorporar formas adecuadas, ‘sostenibles', de aprovechamiento del territorio y de recursos y para fortalecer sus organizaciones, y su desarrollo económico, político y cultural. Se trata de hacer un nuevo ordenamiento que compatibilice las necesidades comunitarias y las posibilidades de su medio ambiente, como base real para la viabilidad de país”2. En el corto plazo y ante la situación de vulnerabilidad del campesino, la ZRC es una figura jurídica que ayuda a salvaguardar sus territorios y plantear la distribución de la tierra y el ordenamiento territorial alrededor de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), como base económica y cultural campesina, sostén de la seguridad alimentaria.
En Inzá no es la primera vez que se propone la creación de una ZRC, y los campesinos son conscientes de que, así como hay limitantes para crear resguardos, también los hay para crear las ZRC. El hecho de que en este municipio la propiedad de la tierra se caracterice por ser minifundio y microfundio, lleva a plantear que la ZRC debe ser una propuesta territorial que vaya más allá del espacio municipal. La situación demuestra que en Colombia los territorios son muy diversos y que gran parte de su problemática exige tocar el problema de la tenencia de la tierra y del ordenamiento territorial.

Gracias a las comunidades indígenas y afrodescendientes, en el norte del Cauca hay una gran riqueza pluricultural respecto a la propiedad colectiva de la tierra, está riqueza puede contribuir en la concepción de propiedad privada y colectiva que caracterizaría una ZRC. Una nueva concepción de propiedad privada en los campesinos evitaría que los terratenientes y los medios de comunicación los engañen cuando éstos los llaman a rechazar las tomas de tierra, pues no es lo mismo la propiedad privada de dos o tres hectáreas en la montaña marginada que la propiedad privada de dos o tres haciendas en un fértil valle, cerca de los circuitos comerciales.

El actual gobierno reconoce las ZRC en su ley de tierras, pero al respecto se cree que debemos tener en cuenta lo planteado por el congresista Jorge Robledo en el debate de la plenaria del Senado (septiembre 21-2010) sobre la propuesta del gobierno: “En el artículo 69, expresa que se desmontará la UAF, obstáculo que Uribe no pudo desmontar en su gobierno…. van a eliminarla y se la pegarán a las Zonas de Desarrollo Empresarial de gran producción”. Al respecto, el analista Alfredo Molano subraya: “Sería algo así como liquidar en las ciudades el criterio de estrato, que de alguna manera ha favorecido a los pobres”3.

De concretarse una ZRC desde Inzá, en el contexto actual de la ley de tierras y reparación, y del modelo agroindustrial y comercial que se promueve, sería un gran referente en el país porque permitiría generar debate y alternativas, y demostraría que la causa real de la tensión indígenas-campesinos es el problema de la concentración de la tierra. Es triste y hasta ridículo pensar que, mientras las comunidades tienen conflictos por la estrechez de los territorios que habitan, en 2005, mientras los indígenas y los campesinos eran reprimidos y engañados por el Gobierno respecto a las tomas de tierras, éste era complaciente con las miles de hectáreas que los paramilitares les arrebataron a los campesinos. La cosa ha sido de un nivel de desfachatez que hasta la Procuraduría reconoció la vergonzante situación de concentración de la tierra.

El gobierno quiere ZRC sin UAF porque éstas representan la posibilidad de la pequeña y la mediana propiedad en contexto comunitario, de economía campesina, no convenientes a la actual etapa del modelo agroindustrial y empresarial; más cuando el modelo busca que el gran capital internacional compre y usufructúe grandes extensiones. Estas compras de tierra necesitan un territorio libre de figuras de propiedad como la UAF, obstáculo para expandir sus negocios, y que la ZRC sea útil al modelo y fuente de mano de obra barata.

El problema de la tierra y el territorio tiene varias caras. Se maneja de diferentes formas: unas regiones o zonas focalizadas tendrán ley de tierras y restitución, mientras otras, como el Cauca, están dentro del despliegue político y social con población que se hace bajo el ‘plan Colombia'. En la restitución de los dos millones de hectáreas que propone el gobierno hay muchas dudas sobre el proceso económico, cultural, social y de garantías para que los campesinos vuelvan a sus predios con la posibilidad real de poder iniciar un nuevo proceso vital. Se teme que la falta de condiciones lleve a que muchos campesinos vendan su tierra y ésta pase a engrosar el latifundio.

La Ley de Tierras, al legalizar predios, despierta dinámicas de mercado que permiten hacer deseable las propiedades de campesinos que carecen de condiciones para cultivar la tierra, pero además ayudan a legalizar grandes propiedades de procedencia dudosa. Dado tal proceso de legalización, se dan condiciones para extranjerizar la tierra, es decir, para que varios capitales y países se interesen en adquirir tierras en Colombia, entre otras cosas para producir comida aquí y llevarla a sus países, asegurando su seguridad alimentaria.

Que en Colombia se importen ocho millones de toneladas de alimentos, mientras los campesinos están excluidos de la posibilidad de una economía campesina que garantice nuestra seguridad alimentaria, es un absurdo que sólo favorece el modelo agrícola empresarial y extractivo minero-energético que invade territorios campesinos, indígenas y campesinos. Tal razón hace que tensiones como las que se presentan entre las comunidades de Inzá busquen alternativas pluriculturales para develar las reales causas de los problemas. En este camino de búsquedas hay que advertir referentes como el Mandato Campesino de 2003, el Congreso de los Pueblos, las experiencias de las mingas, de las ZRC, de los cabildos y los territorios afro, casos de otros países, además del sentido de la lucha cuando surge del seno del movimiento indígena, campesino y popular.

Conclusiones.
Frente a los actuales problemas del país, proponemos:


  1. Defender los territorios como espacios legítimos donde definir cómo queremos vivir.
  2. Construir relaciones armónicas con los demás pueblos que habitan nuestro territorio.
  3. Trabajar conjuntamente para defender la vida rural ante la oleada minera de gran escala, la privatización del agua y la entrega de tierras para la población campesina.
  4. Producir alimentos en condiciones de exigibilidad de derechos para los campesinos y las campesinas.
  5. Fortalecer la visibilidad del campesinado y la construcción de derechos para la población.

Ante la escasa interlocución del campesinado con el Gobierno, queremos:

1. Reconocimiento de la consulta previa y del Convenio 141 de la OIT. Exigencia de declaratoria de los derechos del campesino, emitidas por la ONU, e identificación de los derechos y las reivindicaciones del campesinado.
2. Defensa de las formas de producción y la vida campesina mediante la autonomía agroalimentaria y exigibilidad de certificaciones propias de los productos.
3. Creación de una gran mesa campesina con miras a discutir y formular una política pública para la ruralidad.
4. Defender la soberanía alimentaria en los territorios, promoviendo formas de producción económica del sector campesino, intercambio y trueque de productos agrícolas, recuperación de semillas y producción orgánica, y capacitación e información sobre la problemática agroalimentaria.
5. Construcción de mandatos para la exigibilidad de derechos y propuestas como Zonas de Reserva Campesina (ZRC), desarrollo de iniciativas de ley, y mandatos para el fortalecimiento interno y la movilización.
6. Creación de un comité departamental para impulsar las ZRC.
7. Reivindicar la declaración de los derechos del campesino y los pueblos, trascendiendo la lógica liberal, individual, hacia los derechos colectivos.
8. Reconocimiento de la mujer como actor socio-político, fortaleciendo la participación de las mujeres en escenarios de discusión y decisión de los espacios de organización social sectorial y multisectorial.
9. Construcción de una propuesta educativo-cultural que dé cuenta de las particularidades locales del campesinado.
 
1    Rincón García, John Jairo (enero-abril 2009). Diversos y comunes: elementos constitutivos del conflicto entre comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas en el Cauca, Universidad Nacional, revista Análisis Político, vol. 22, Nº 65, Bogotá.
2    Montaña Fajardo, Darío (abril de 2000), “Las zonas de reserva campesina: ¿estrategia de desarrollo regional y contra el desplazamiento?, en: http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article4066.
3    Molano Bravo, Alfredo (2010), “Sacar campesinos”. domingo 12 de septiembre.
Publicado enEdición 164
El agua está cubriendo todo el país. Día a día, desde diversas coordenadas del territorio nacional, se informa de nuevas poblaciones cubiertas por ríos como el Magdalena, el Cauca y muchos más. Las imágenes que transmite la televisión impactan, pero las familias afectadas, en su gran mayoría, son las mismas que sobreviven ahogadas en pobreza, falta de tierra, desempleo, vivienda inadecuada, ingresos insuficientes. Sin duda, muchas de ellas desplazadas de la primera, la segunda o la actual ola de violencia que sacude al país, y bajo la cual millones sufren el robo de su tierra y su techo.

El invierno llegó con todo al país, pero ya se sabía que en 2010 sería más intenso, pues se cuenta con el efecto de La Niña, que reproduce las lluvias por efectos de vientos llegados desde el océano Pacífico. Si esto se sabía, si se conocía que estaríamos sometidos a ese fenómeno hidrometeorológico, lo que vivimos es además falta de prevención, desidia gubernamental, y los efectos innegables de un modelo que niega el derecho a vida digna para la mayoría de quienes habitan Colombia. Los datos oficiales hablan ahora de 1.600.000 damnificados, 174 muertos, 19 desaparecidos y 225 heridos, datos que no tienen en cuenta a los afectados por el deslizamiento de tierra sobre el barrio La Gabriela, de Bello (Antioquia), donde las víctimas pueden pasar de 150.
 
Los vientos y el agua se suman a las precarias condiciones en que viven miles de familias colombianas, las cuales, ante la concentración de la tierra y la riqueza en pocas manos, se tienen que recostar al lado de las montañas, aruñando un pedazo de tierra para levantar en ella sus viviendas, para garantizarles protección a los integrantes de cada una de estas familias.
 
El invierno no cae sobre la nada. “Ni la variabilidad ni el cambio climáticos hacen su aparición en escenarios en blanco sino en territorios sobre los que ya pesan múltiples amenazas de carácter natural (como los terremotos y las erupciones volcánicas), o de origen directa o indirectamente humano, como los deslizamientos y las inundaciones debidas al manejo inadecuado de las cuencas hidrográficas”. 
 
Dirigentes sinvergüenzas
 
Apenas iniciado el invierno, y con los primeros cientos de miles de afectados, el anuncio de las autoridades oficiales fue realizar colectas para poder atender a las víctimas de los desastres naturales, pero también, como ya lo dijimos, reflejar la falta de planeación y de la evidencia de un modelo económico y social que no responde sino por la minoría.
 
El llamado ha sido reiterativo. Un Estado con un presupuesto anual de 148 billones de pesos, en su mayoría destinado a pagar deuda externa y sostener un guerra que quieren llevar hasta el extremo del arrasamiento del enemigo, lo primero que hace cuando ve que el invierno arrecia es acudir a la colecta pública, nacional e internacional. Y en televisión aparecen los ‘dadivosos’ banqueros, beneficiarios de las prebendas de un sistema totalmente financiarizado, que ganan al año 10 billones de pesos, entregando mil o dos mil millones de aporte deducibles de la renta, para que por sus ‘generosidades’ sean presentados como héroes de la beneficencia pública. Y para mostrar “todo el esfuerzo hecho”, ahora dice el propio Ministro de Gobierno que están raspando la olla. ¡Estado limosnero!
 
Estamos ante una actitud sinvergüenza. Se acude a la ‘solidaridad’ de una sociedad sometida a un sistema impositivo que le cobra más al que tiene menos y beneficia con subsidios a quien más tiene. Con esa ‘Solidaridad’ se busca despertar sentimientos explotando la tristeza y el dolor de cientos, de miles, inundados bajo la potencia de los ríos.
 
Ahora el Presidente dice que “esto nunca nos había pasado en nuestra historia”, pero no es cierto. Aunque en menor intensidad, año tras año el país, y en éste lo más pobres, sufren las consecuencias del invierno pero también del verano. Como dice Gustavo Wilches-Chaux, “somos un país inadaptado al invierno, pero también al verano”. Y somos así por ausencia de planificación, por la concentración de las mejores tierras en pocas manos, por la falta de una organización del territorio que se lleve a cabo a partir de pensar en el ser humano y no en cómo se favorece a unos cuantos ricos.
 
Dan vergüenza estos dirigentes nacionales, tan sensibleros a la orden de un desastre que se podía prevenir. Dan vergüenza cuando se les mira en el espejo de la vida presente y pasada, cuando miramos que otros países –a pesar de no tener la variedad de recursos e inmensas posibilidades que se tienen en Colombia–, ante fenómenos naturales como los huracanes, tienen la capacidad de proteger a toda su población, reubicándola, llevándola a albergues temporales, etcétera, todo dentro de un sistema social y político donde lo fundamental es el ser humano y no la propiedad de las cosas.
 
El país está bajo agua. Pero lo que también está totalmente anegado es el modelo económico, social y político que ha permitido que los efectos del invierno se traduzcan en tragedia y, cómo no, están totalmente ahogados los dirigentes de ese modelo que ahora se refugian, para ejercer su mandato, en aquellos a quienes siempre desprecian.

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Faltan 1.460 de los mismos con las mismas. La mayoría sigue o seguirá en espera. Cambio-continuidad es la marca con desilusión en unos cuantos. Aun queda satisfacción y esperanza en sus votantes. Estas y otras realidades, sensaciones y deseos, reposan sobre la sociedad luego de los primeros cien días de Santos. Desilusión. Cambio. Esperanza. Continuidad.

Desilusión hay. De inmediato, un importante sector de la sociedad esperaba mucho del nuevo gobierno. No era para menos. Sus promesas de campaña alentaban sueños que cien días después no auguran comienzo.

En alguna similitud con la sociedad estadounidense en relación con Obama, con Santos nuestra sociedad manifiesta un tempranero desengaño. Los motivos de los colombianos no son menores. El principal: su política económica, que no cambia la senda marcada por sus antecesores. La regla fiscal, en trámite en el Congreso, es la columna vertebral de esta política, que ataja y viola derechos adquiridos.

Con un tufillo autoritario, esta norma pretende que la realización de todos los derechos sociales quede sometida al dictamen de la Caja del Estado. De esta manera, las luchas de los sectores populares colombianos quedarían borradas de un solo brochazo. Las normas y los convenios internacionales quedarían sometidos a una legislación sin soporte filosófico humanitario. Con las disponibilidades y las prioridades del Estado como razón única y suprema de la administración pública. Con el ser humano y sus derechos sometidos a la máquina, para que los aplaste. Por esta vía, adquiere vía libre el sueño de organismos como el Fondo Monetario Internacional, siempre preocupado por la estabilidad fiscal.

Con la contradicción y la inconformidad pública en aumento de las regiones con explotación petrolera o minera en general, otra parte sustancial de la política económica del nuevo gobierno descansa en la reforma de las regalías, reforma que pretende trasladar y centralizar en las manos del Ejecutivo los inmensos recursos que ahora reposan a cargo de las autoridades locales, con la excusa de que no han sido bien administrados.

Además, 1. La política del primer empleo, aún sin definición plena; 2. El reajuste salarial de final de año; 3. La insistencia ante los Estados Unidos para el trámite a la firma del TLC; 4. La conservación de las bondades impositivas para con las multinacionales que llegan al país; 5. La ausencia de un proyecto de desarrollo por vía propia. Son éstos otros aspectos de la política santista que podrán hacer del nuestro un país con crecimiento económico inmediato pero… con altos costos ambientales y humanos para las presentes y futuras generaciones.

Cambio. Otro sector de la población sí ve transformación en el nuevo gobierno, en el nuevo tono para abordar la relación con los vecinos (Venezuela y Ecuador), por una parte, y de otra con los opositores, mediante un lenguaje –sin inclusiones ni transformaciones de fondo– que rebaja la carga de tensión que rebasó Uribe en la sociedad colombiana. Pero también, por la manera de llevar la relación con la justicia, y en la disposición para atender el tema de las víctimas del conflicto y los despojados de la tierra. En verdad, son manejos diferentes. Como lo es la supuesta renuncia por tramitar el tema de las bases militares de Estados Unidos en Colombia, pero cada uno, en su acomodo, deja un sabor amargo.

Por el momento, sólo aludimos a la Ley de Tierras y de Víctimas con fuerte debate en el Congreso, que, al decir de los entendidos, es sólo una reforma sin dientes. En algunos casos, puede regresar la tierra a sus verdaderos dueños pero sin asumir pago alguno por todas las consecuencias y daños sufridos en el momento de perder su propiedad y durante los años de desplazamiento, pero de igual manera sin garantías para el retorno ni para trabajar la tierra en forma adecuada.

Otro aspecto con fuertes críticas a la norma en debate es eludir el tema de la verdad. El proyecto peca de bruto en un aspecto esencial: se diseña para un país en el supuesto de que transita en una aclimatación de la paz, cuando no hay política alguna más allá de la guerra y su clima psicológico. Las presiones sobre amplios grupos poblacionales persisten, el desplazamiento se podrá reducir pero no eliminar, y por tanto “el hacer con la mano se borrará con el codo”. Este es un aspecto por señalar. Pero hay otro.

Tal como en diferentes momentos de nuestra historia nacional: la política de tierras que está detrás de esta ley parece reeditar experiencias ya vividas, en las cuales, a nombre de los campesinos sin tierra o minifundistas, se propició que los terratenientes amasaran más tierra, alguna legalizada, con el supuesto propósito de atacar la injusticia.

Esperanza. A pesar de estas observaciones, los sectores que ven un cambio con Santos esperan consecuencia con sus propuestas. Es más: visualizan una honda contradicción entre los grupos de poder que representa su antecesor y los que ahora ocupan la Casa de Nariño. A partir de esta tensión, ven una disputa de poder que puede llegar a escalar el conflicto que pudiera dar al traste con la mafia, los parapolíticos, los paramilitares, y todas sus manifestaciones generadas y enquistadas en el Estado.

Cabe una sola observación de estupor. Cualquier observador imparcial que lea el discurso de posesión del actual Presidente concluirá que realizar su ofrecido es imposible sin participación social; sin movilización de los afectados por las políticas que dice querer superar. Y esa es la esencia de cualquier cambio: el sujeto del mismo, si de cambio y esperanza se trata, no puede descansar en el Estado, una máquina que se defiende y se reproduce a sí misma. Por tanto, terminará engullendo a quienes pretenden transformarla con paliativos no radicales. Es decir, habrá cambio pero aparente, con beneficios para alguna gente (rostros para la pantalla), pero la mayoría de los afectados por 30 años de guerra quedarán en espera de la justicia.

Continuidad. Si la política santista marcha con las constantes aquí señaladas, es evidente que entre el anterior y el nuevo gobierno reina la continuidad. Con matices, pero continuidad. Hay cambio de estilo –que no es lo fundamental–, sin tocar lo estructural. Y en este aspecto sustancial no hay ruptura sino, por demás, un respeto a las políticas heredadas. Los temas no son pocos: economía, medio ambiente, seguridad/criminalización de la protesta social, multinacionales, política de guerra, salud.

No es raro, por consiguiente –en la perspectiva de los sectores más desprotegidos de la sociedad, a la hora de examinar los primeros cien días del nuevo Presidente y de su equipo de gobierno, y desde esa atalaya divisar los tres años y un poco menos de nueve meses que faltan–, señalar la desilusión por la continuidad en la aplicación de las políticas estructurales.

Sin duda, la esperanza sólo reposa en la fuerza y la capacidad de cambio de esos mismos sectores mayoritarios. Persistir con ellos es la labor de quienes desean otro destino para Colombia y la región que habita.


Publicado enEdición 163
Bogotá, 19 de julio de 2010
Doscientos años de luchas populares
Al estado y la sociedad colombiana

…El sistema de gobierno más perfecto
es aquel que produce mayor suma de felicidad posible,
mayor suma de seguridad social
y mayor suma de estabilidad política.
(Simón Bolívar, Discurso de Angostura, 1819)

Con nuestro pensamiento en el país necesario, en la Colombia posible, levantamos nuestras voces. Nuestros gritos y letras con destino a quienes tienen la culpa de la situación de nuestro País, y tienen el poder del Estado y la pretensión de definir el destino de todos nosotros y nosotras.

En procura de un país para todos y todas, en medio de las dificultades y con nuestras diferencias y diversidad, desde aquí, desde la calle, desde el camino rural y el barrio periférico de cualquiera de nuestras ciudades y municipios, en desempleo, con sueldos, asalariados o informales; y desde la frontera agrícola, altura arriba y selva adentro –adonde no llegan las encuestas–, y las actividades productivas legales e ilegales que “nos tocan” para sobrevivir. Todos y todas, sin perder el calor de colombianos y de gente en nuestros hogares, que ‘allá en su altura’ ustedes desconocen. Con lección de decencia y urbanidad de nuestras madres y nuestros padres, va el ‘dibujo’ y requerimiento del país que pretendemos. País deseado y necesario.

Colombia requiere una democracia que, más allá de ser representativa, eche su raíz en la cotidianidad de sus hijos e hijas y abra paso a un nuevo modelo de sociedad. Un modelo que no mengüe los derechos a una letra impresa. Que les dé cumplimiento cotidiano y recobre la confianza, hermandad de quienes habitan este territorio y permita el regreso de todas las personas emigradas, exiliadas, refugiadas al país, así como la alegría sin noches de preocupación.

Nos dirigimos a ustedes, señoras y señores, a ustedes que habitan o visitan la Casa de Nariño, el Congreso de la República, el Palacio de Justicia y los ministerios:

Afirmamos, interrogamos, desde las bancas de los parques, donde descansamos nuestros pasos al parecer sin fin en busca de empleo. También, desde la esquina de cualquier zona comercial, donde vendemos unos pocos cacharros, y con escasas monedas intentamos cubrir el pan para nuestras familias. O, escribimos con estas manos que en la ciudad y el campo laboran en diferentes trabajos y ocupaciones sin el pago necesario para una vida digna. Del mismo modo, frente al enriquecimiento y el delito de ‘cuello blanco’, nuestras voces y letras atraviesan los barrotes de las cárceles donde miles de connacionales están en hacinamiento o aislamiento –por lentitud de la justicia, culpables o no, con justa pena o no.

Hoy, dirigimos a ustedes nuestros anhelos comunitarios. Un quehacer tras sustraer nuestros cuerpos con fatiga en cualquier cafetería barrial, cansados de la brega por conseguir los pesos para el arriendo, la cuota del UVR, y los pagos del agua, la luz y otros impuestos. Hoy, nuestras necesidades y voces brotan de los hogares donde cuidamos a los hijos y las hijas de nuestras comunidades, allí, donde al final de la jornada laboral constatamos que no percibimos siquiera un salario mínimo.

Señores y señoras gobernantes, congresistas, magistrados, equipos de asesores: escuchen, lean nuestros sueños y reivindicaciones que toman forma a pesar de la angustia:

Nuestro descontento crece desde los pasillos de los hospitales, donde hacemos fila, durante horas y horas, en busca de una atención integral y completa. Aumenta, desde los campos y las zonas protegidas de páramos, selvas y humedales, ahora, en entrega a las grandes multinacionales para su explotación en busca de petróleo, oro y otros minerales. Pero también, camina desde otras esquinas de nuestro campo, donde padecemos constante presión y violencia para la expulsión y el abandono del terruño que nos vio nacer y que luego cubrirán con monocultivos y lujosas cercas.

Asimismo, nuestras letras y palabras cruzan océanos y cordilleras. Están escritas con sollozos de miles y centenares de miles de hombres y mujeres de distinta edad, forzados al abandono de los suyos y la rebusca de trabajo en otras tierras, o de protección judicial y humanitaria ante los familiares asesinados,  las amenazas, la persecución o el atentado.

Testimonio, voz y escrito desde las casuchas donde escampamos en condiciones nada dignas, adonde llegamos desplazados de nuestros campos, ahora territorios en disputa por el apetito del negocio, del capital financiero o del control geopolítico.

En esta ocasión, ordenamos nuestras tristezas, sobrellevadas con dignidad, escritas en forma de misiva, para que toquen en la mesa del que tiene más y, sobre todo, de quienes pretenden decidir sobre nuestras cotidianidades y nuestras herencias con deudas de dolor.

Señoras y señores representantes del poder y de sus distintas ramas: nuestro país se enfrenta a realidades de inocultable exclusión e injusticia, cada vez más hondas, cada vez más urgentes de remediar. Sin cumplir con la Constitución, nuestro país afronta la inmensa tarea de ser reconstruido sobre bases nuevas, cimentadas en el humanismo renovado, la redistribución de la riqueza y la democratización en la propiedad de la tierra –rural y urbana–, el equilibrio ambiental, el respeto de las minorías y los pueblos ancestrales, la eliminación del analfabetismo, el hambre y el desempleo, la eliminación de la estructura paramilitar-mafiosa politiquera de las instituciones y la opinión.

Como ustedes saben, esta inmensa tarea no es posible de emprender sin brindar espacios de igualdad, participación y decisión para las mayorías. Unas mayorías siempre negadas y en infinidad de veces perseguidas. Mayorías urgidas de espacios de renovación y afirmación de soberanía nacional que exigen convivencia y paz –con un Estado que dé ejemplo y pida perdón, que haga reparación por su responsabilidad en la violencia oficial durante décadas, garantizando la no repetición de la barbarie y evitando la impunidad. Y de una convivencia –esperamos que ustedes, gobernantes, tengan claro– que para el logro productivo y espiritual de un nuevo país se busca y teje, más allá del simple deseo, con una obra y materialidad explícitas de bienestar social, redistribución de nuestras abundantes dotes naturales, de suelo con cosechas constantes, de maravilla y colores, que la línea del ecuador y el sol en todos los meses, nos permiten; en los Andes, el Llano, las Costas, las islas y el Darién y el Amazonas que habitamos.

Colombia distinta, convivencia hasta ahora esquiva, necesaria para ocupar un nuevo lugar en el continente, distante en todos los gobiernos, pero con mayor notoriedad en los dos últimos cuatrienios, donde se impuso matar jóvenes indefensos, de hacer acuerdos de libre comercio sin reparar en las consecuencias futuras de los mismos, de licitar páramos, humedales, zonas de reserva ambiental, con el afán de extraer de la naturaleza todos sus recursos sin importar el presente y el futuro del medio ambiente. Al parecer, consigna idéntica en el gobierno, bajo el escudo engañoso, por su parte, de una ‘unidad nacional’ útil tal vez para zanjar contradicciones dentro del establecimiento y, de ser necesario, reunificar los partidos oficiales, o hacer una reedición y un retroceso constitucional del Frente Nacional.

Colombia distinta, convivencia que urge aquí y ahora, cuando la soberanía está marchita por la entrega del territorio nacional a las botas y las armas de un ejército extranjero, del país al cual envían compatriotas para ser juzgados por distintos motivos. El mismo país que pretende un Tratado de Libre Comercio. Acuerdo éste que hará de nuestro país un simple satélite de su bandera, y de nuestra pequeña y mediana industria y el campo unos cementerios.

Colombia distinta, convivencia con un ramillete de propósitos no satisfechos en los dos siglos que ahora retoman y celebran de vida republicana: Justicia, igualdad, libertad, soberanía, dignidad, tranquilidad, techo, salud, empleo, pluralidad de credos, recuperación de la Pacha mama para sus dueños originarios, reconversión de tratados y paz. ¡Henos aquí!, en pos de una sociedad libre y de iguales, y por tanto dispuestos a:
  • Batir el latifundio,
  • Enfrentar la injusticia,
  • Derrotar la desigualdad,
  • Acabar con el analfabetismo,
  • Eliminar el hambre,
  • Superar el desempleo y la llamada “informalidad” laboral,
  • Potenciar el país a partir de la reorganización de su territorio y el reconocimiento y la valoración de las cualidades y las capacidades de cada una de sus regiones,
  • Hacer realidad la soberanía,
  • Distribuir la tierra –rural y urbana,
  • Propiciar y potenciar el comercio de las medianas empresas y de los pequeños productores,  e incentivar la economía solidaria.

Colombia distinta, convivencia: para proteger agua,  minas, ríos, montañas, selvas, plantas, oxígeno, energía y biodiversidad.  Poner en marcha un proyecto propio con un Estado y gobierno inclusivo para un país en paz.

Colombia distinta, convivencia por:
  • Hacer del país un territorio soberano y de iguales en la diferencia.
  • Dejar atrás el poder de los terratenientes, los paramilitares y el narcotráfico, y su identidad de intereses que les dan ventaja para mantener sumidos en el miedo y la zozobra a los humildes que habitan los municipios pequeños y medianos, y, ahora, a inmensos grupos humanos en las grandes ciudades.
  • No permitir una explotación y despojo de multinacionales e intereses financieros que no promueven el desarrollo de una economía nacional pensada y construida desde las necesidades de las mayorías del país.
  • Conseguir la paz, no sólo con el silencio de los fusiles sino también con la implementación de un modelo económico, político y social que garantice justicia, libertad, felicidad, equilibrio ambiental, y la igualdad entre todos los pueblos que habitamos Colombia.
  • Trabajo y recursos para hacer realidad una vida en dignidad.
  • Integración latinoamericana urgente, necesaria, ahora que los desarrollos científicos, técnicos y tecnológicos exigen la complementariedad de experiencias, saberes, recursos y capacidades.
  • Soberanía sin crimen, explotación ni bota extranjera.

La consecución de todas y cada una de estas metas son la base de una sociedad plural, en movilización y participación constante, radical en su democracia, soberana en su integración a la órbita internacional.

Llamamos a la sociedad a que asumamos este reto como de todos y todas. Por nuestra parte, el reto está abierto, y no descansaremos hasta hacerlo realidad cotidiana.

Minga de resistencia social y comunitaria, Movimiento por la defensa de los derechos del pueblo – Modep, Movimiento Magisterial Dignidad Educativa, desde abajo, Colectivo Rumbos (Transmisora Chimbilá), Comités de obreros y trabajadores Ignacio Torres Giraldo, Asamblea de sectores y barrios afectados por el plan centro - Bogotá, periódico Macarenazo, Federación Universitaria Nacional –Fun –Comisiones, Consejo Comunal Barrio Potosí, Asociación por la defensa de los derechos de los hijos del pueblo –Addhip, Federación de estudiantes de agronomía de Colombia, Confluencia de mujeres Bogotá, Proyecto Justicia y Vida, Centro cultural Bareke, Rebeldía Estudiantil Organizada, Minga urbana Techotiva, Colectivo juvenil Gaitana, Asociación de la mujer democrática, Proceso Nacional Identidad Estudiantil, Equipo Vientos del sur, Censat Agua Viva, Campaña de la Independencia a la Emancipación, Unión Sindical Obrera –USO–,
Sintraemdes - seccional Bogotá.
Publicado enEdición 159
Numerosas organizaciones llaman a la Instalación-Apertura del Congreso de los Pueblos que tendrá lugar el próximo 20 de julio. Al mismo tiempo, citan a que por miles, nos congreguemos en la Marcha Patriótica por la Independencia.

Estas son dos citas, en una misma jornada, con las cuales dar cuenta y celebrar el Bicentenario de la Primera Independencia. Pero hay mucho más. La convocatoria a instalar el Congreso de los Pueblos, pretende además, potenciar un esfuerzo mancomunado en pos de una instancia de dirección estratégica, que se constituya por parte de los sectores sociales populares, un “estado mayor del pueblo”, como en su historia reciente y para su victoria de gobierno con Evo, llaman los compañeros bolivianos.

Un “estado mayor” que ejercite la dirección amada por la gente, legítima, y del cual y con el cual podamos vivir un proceso de intensa acción política, de ascenso para que el movimiento social asuma y arribe a un nuevo estadio: pasar de la defensiva –que por cerca de 20 años lo determina– al de una iniciativa que permita a todas las voces inconformes, confrontar como un solo cuerpo al actual régimen político, y pararle el macho al Estado neoliberal.

Se trata de una tarea y un esfuerzo urgente en una sociedad desorientada en su quehacer, en tanto, huérfana de liderazgos sociales consolidados y representativos de las distintas luchas y reivindicaciones. Congreso de los pueblos y Marcha que ayudarán a precisar el cómo, el para qué, el porqué, el cuándo, el dónde, el con quiénes, etcétera, del pendiente esfuerzo popular que los colombianos debemos emprender.
Convocación de poder

Desde hace 20 años, padecemos la aplicación inclemente de la política neoliberal. La brecha entre ricos y pobres se profundizó. El asunto público se desvalorizó. El individualismo ganó mayor espacio y la política se transformó en una empresa más para que unos pocos acumulen más poder, dinero y bienes mal habidos. En este panorama, ¿tiene vigencia otro mundo posible?

Sí. Pero hay que enrutar esfuerzos, como un solo cuerpo. Con un diseño estratégico y táctico, de sus tareas y consignas, con aporte; pero más allá de las de partido y de cada grupo. Y de las de cada aspirante a candidato. sin necesidad de que cada uno, como actor político o social, colectivo o activista, renuncie a su personalidad.Es la urgencia de ganar un referente que encauce los dispersos esfuerzos de todos.

Cuando proponemos, por tanto, que demos cuerpo al Congreso de los Pueblos, invitamos a todas las organizaciones populares para que entre todos construyamos esa instancia de dirección estratégica, que tanta falta hace a los sectores alternativos. No sólo para resistir, una acción que ya hemos hecho durante décadas. Sino para revolcar la sociedad actual.

Un propósito y un ideal que hace necesario diseñar la sociedad, el Estado y la democracia a las cuales aspiramos, con memoria de nuestras luchas y nuestra historia. Construirlas, definirlas paso a paso, en cuya empresa es indispensable contar con una vocación de gobierno y de poder, con su respectiva y renovada movilización que procure una dualidad de poderes.

Estratégica y táctica


Un Congreso que construya dentro del pueblo la idea certera de la existencia de una opción popular para dirigir los destinos de la nación, integrada por todos los sectores sociales. O al menos, por su mayoría.

Tal instancia, compleja en su propósito, se constituirá en el proceso mismo. No nace de un solo golpe o evento. Se legitima en sus diferentes instancias participantes y locales, regionales o representativas en el orden nacional.

Esta instancia, debe ganar una capacidad de acatamiento y dirección que indique con avances de unidad o unanimidad el punto a llegar: poder autónomo de la comunidad y la gente, doble poder, democracia profunda. Como también: la manera de politizar y proceder en las acciones y  luchas cotidianas; y en las articulaciones (el método); el sentido del tiempo o de la oportunidad para orientar cada movilización y cada lucha. De convocatoria y legitimidad para concentrar a fondo las fuerzas populares y de la comunidad colombiana en el exterior, en cada momento dado de la lucha política.

Dualidad de poderes


Poner en marcha un Congreso de los Pueblos es ejecutar en la práctica una concepción de la política que resume en las mayorías el poder. Y crea los espacios requeridos para que así sea.

No sólo reclama la participación popular sino que ante todo la propicia.

Para que este Congreso resuma en sus sesiones una verdadera representación del ser y el sentir social, y por su conducto ganar legitimidad suficiente para orientar y ser escuchado en las luchas del pueblo, debe propiciar la superación de la inercia de conformismos y cooptación e impedir que se consoliden como dominantes en la mente y la acción de la comunidad.

Ponencias. Sesiones trimestrales. Para el éxito de la cita popular el Congreso de los pueblos en sus sesiones deberá estimular y crear espacios para que las distintas expresiones de lo social (por ejes temáticos o territoriales) se encuentren. Para que aun a pesar de creerse diferentes, puedan discutir y precisar sus posiciones, resumir sus visiones de país; mediante ponencias a presentar ante las sesiones del Congreso de los Pueblos.

Dichas sesiones tendrán lugar cada tres meses. Proyectarán los necesarios sustentos y proyectos de país, contra la pobreza, el analfabetismo, el latifundio y el uso sin sentido social del suelo urbano, y de rescate de la soberanía y recuperación en las FF.AA. de un sentido patriótico y de reparación, etc. que desde ahora podemos resumir en una consigna que condense todas las luchas en curso: ¡Por la democracia popular y el desmonte del Estado neoliberal!

Manifiesto Colombia


El 20 de julio de 2010 se instalará esta instancia de dirección moral y política del pueblo colombiano. Ese día, en sesión plenaria, se leerá el Manifiesto Colombia, o documento central o declaración que resuma el sueño de país que nos congrega.

Este documento irá como noticia y discusión al conjunto nacional, pero de igual manera: constituye un arma que emplazará al gobierno de estreno el próximo 7 de agosto. Por primera vez, desde su minuto inicial,  el Palacio de Nariño tendrá el reto de (escuchar y negociar o enfrentar) los puños y manos alzadas del movimiento social, que ante el país y el mundo, se asume con vocación de gobierno y poder.
Publicado enEdición 157
El 19 de febrero se paró el Chocó. Con cientos de movilizados por sus calles, y expresiones de apoyo en otros departamentos, los chocoanos le recordaron al país que continúan tratados como una de las regiones más olvidadas del país.

Con una población de 454.000 personas (Censo 2005), puerta principal del país hacia el Pacífico, frontera con Panamá y Ecuador, importantes ríos que cruzan toda su geografía (San Juan, Atrato, Baudó),  habitada por afrodescendientes e indígenas de los pueblos Embera y Waunana, esta bella región colombiana sobrelleva grandes déficits en salud, educación, servicios públicos, desempleo estructural. Vías.

Precisamente fue este tema, vías, el que despertó la rabia de sus habitantes. El 4 de febrero, un bus de la empresa Rápido Ochoa que se dirigía de Medellín a Quibdó y que transitaba en el sitio conocido como El Siete, rodó por un precipicio. El saldo final: más de dos docenas de muertos y otros tanto desaparecidos.

Tragedia repetida en otras ocasiones, en un goteo de muertes ocasionadas por el riesgo de transitar una vía que no llega ni a trocha.  “La vía de la muerte”, como se le conoce popularmente, suma 98 kilómetros, que podrían ser recorridos en 3 horas. Horas interminables, en el decir de muchos, pues los tramos estrechos impiden el paso seguro y en cambio sí marcan el presagio de las más de 8 horas de recorrido.

De vieja data. Una vía que requiere rectificación y pavimentación desde mediados del siglo pasado, pero que la falta de dinero –pese a que el gobierno central lo ha anunciado en repetidas ocasiones- ha impedido concretarla.

Las voces de dolor que despertó el accidente de inicios de febrero, obligó a que Ministerio del ramo se comprometiera con asumir la reparación de la vía: cien mil millones fueron asegurados. Pero todos los estudios precisan que esa cifra no alcanza ni para cubrir los costos por los arreglos de la mitad de la vía. Por ello el pliego petitorio demandaba que se giraran dineros por el ciento por ciento de lo que cuesta la obra.

De un problema y otros tantos

El pueblo chocoano es uno de los que más adolece del abandono del Estado. Pobreza, desnutrición, falta de educación, salud, vivienda, son el aire que se respira a diario en el departamento. Año tras año se desencadena una arista distinta y la misma respuesta del gobierno: ofrecer paliativos a problemas de fondo.

Se recuerda el escándalo que desató la muerte de niños en el 2007 por razones de desnutrición. Las estadísticas revelaron una cruel realidad: del 2000 al 2005,  murieron en este departamento 235 personas por causa de “anemias y deficiencias nutricionales”, las cuales están relacionadas principalmente, con el fenómeno del hambre. De estas, el 84 por ciento corresponde a personas en previsible estado de vulnerabilidad (niños y niñas menores de 5 años de edad y adultos mayores de 65 años). ¿La respuesta?, recursos condicionados.

Así lo deja en evidencia el proceder del Gobierno Nacional. Según Juan G. Ángel, consejero presidencial para Chocó: “El Gobierno ha venido destinando $2,4 billones al desarrollo socioeconómico y la recuperación de la viabilidad del Chocó. Los recursos fueron asignados con el Conpes 3553 de diciembre de 2008 a programas como reducción de la pobreza, el empleo y gestión ambiental, entre otros. Al Departamento lo encontraron postrado en salud, en vías, educación y agua potable”.

Poco para tanta necesidad. Pero el abandono de la región se también se manifiesta desde otros ángulos: disputa militar por su rica biodiversidad, por el control de su territorio como zona para tráfico de estupefacientes y comercio de armas, pero además como territorio para implantar megaproyectos como agrocombustibles, el viejo proyecto del canal Atrato – Truandó, con el cual se supliría el de Panamá, y las vías que integran al país a los proyectos del Iirsa, como la carretera a través del Tapón del Darién, proyectos, unos y otros, que han costado multitud de vidas a los habitantes de la región, y ahora mismo es motivo para que los paramilitares presionen sobre comunidades fronterizas como las de Cacarica, ubicadas en el Urabá antioqueño.

Presión que abre esperanza

La movilización de los habitantes de la región dio resultados positivos. Hasta el 19 de febrero en horas nocturnas, y como mecanismo para desmovilizarlos, el Gobierno comprometió los dineros correspondientes al 100 por 100 ciento de la vía El Siete – Quibdó. Pero faltaba mucho más por firmas. (ver pliego). Sin duda, la enseñanza es una: no pueden ser desconocidos si actúan como un solo cuerpo. Conservar esa unidad es fundamental para lograr el conjunto de lo demandado, pero además, para obtener en el largo plazo que los males estructurales que padece la región sean cosas del pasado.

¡Paro Cívico Departamental!

Jueves 19 de febrero

La mal llamada carretera Quibdó-El Siete es una vergüenza nacional, que atenta contra la vida y la economía de los chocoanos, y demás seres humanos que se ven forzados a aventurarse por esta trocha. Abierta en 1942, es llamada "La Vía de la Muerte", debido al peligro que representa su calzada destapada, llena de grandes huecos, lodazales y precipicios, donde frecuentemente se registran derrumbes y pérdida de la banca. Es tal su estrechez en algunos tramos, que la calzada apenas alcanza los 2,50 metros, por lo cual los vehículos que la transitan se exponen a rodar a los abismos, como ocurrió recientemente con el bus de Rápido Ochoa, en accidente que dejó un saldo trágico superior a las 40 víctimas mortales.

La ausencia de mantenimiento por parte del Instituto Nacional de Vías ha derivado en un deterioro total del tramo correspondiente al departamento del Chocó, comprendido entre la localidad de El Siete y Quibdó, lo que genera demoras infernales en el recorrido. Un tramo de apenas 98 kilómetros, que debería recorrerse en hora y media, toma entre ocho y doce horas, lo que demuestra el deplorable estado de esta mal llamada carretera nacional, en la que frecuentemente se registra el volcamiento de vehículos y la destrucción de mercancías, lo que contribuye a encarecer el índice de precios al consumidor, afectando los ingresos de los chocoanos, que a su extrema pobreza deben agregarle los sobrecostos que se generan por la falta de una adecuada carretera.

Tras décadas de lucha por su rectificación y pavimentación, el Chocó sólo ha recibido promesas incumplidas del Estado y de los gobernantes de turno. De nada han servido los ruegos de los chocoanos que llevamos más de cincuenta años esperando la prometida pavimentación de esta vía. El último accidente en esta trocha, ocurrido en la vereda Santa Ana del municipio de Carmen de Atrato, donde murieron más de cuarenta personas, llenó de indignación y rebosó la paciencia del pueblo chocoano. La única respuesta del Gobierno Nacional ante esta tragedia, fueron las declaraciones del Director(e) de Invías, quien expresó que la vía tiene tránsito normal.

El Ministro de Transporte evadió la gravedad del asunto afirmando que debía utilizarse la ruta Medellín-Pereira-Quibdó y el Presidente Álvaro Uribe de forma tardía vino a Quibdó a afirmar con cinismo que su gobierno hacía un esfuerzo y aportaba 70 mil millones de pesos para sacar a  licitación la pavimentación del tramo El Siete-Quibdó, cuando lo cierto fue que se hizo un recorte pues en el documento Conpes 3536 de julio 18 de 2008 constaba el compromiso de destinar 130 mil millones de pesos para ese tramo. No se entiende cómo, en momentos en que el Gobierno Nacional decidió duplicar las inversiones en infraestructura vial para generar empleo, al Chocó, por el contrario, se le recortan recursos y de forma cínica se le miente al país anunciando inversiones que no alcanzan para pavimentar ni la mitad de los 98 kilómetros de vía en mal estado,  con lo que no se daría ninguna solución real, pues continuarían más de 50 kilómetros en condiciones vergonzantes. En similar estado se encuentra la vía Las Ánimas-Santa Cecilia, indispensable para que los chocoanos nos podamos comunicar e intercambiar productos con los departamentos del Eje Cafetero.  

El Chocó sufre una criminal discriminación en todos los órdenes, su débil estructura institucional se encuentra en total bancarrota, avanzan en forma alarmante los índices de hambre, pobreza, indigencia, analfabetismo, desempleo, mortalidad infantil y materna, se reduce la expectativa de vida y las comunidades se mueren sin esperanza alguna de progreso. De análoga forma, el sector educativo se encuentra al borde del colapso total, con un déficit financiero que supera los 40 mil millones de pesos; el sistema de salud intervenido y sus hospitales en "estado agónico"; las bocas del río Atrato sedimentadas en su totalidad, causa de las constantes inundaciones, que amenazan la vida y arrasan con las cosechas de los campesinos durante la mayor parte del año; y, como si todo esto fuera poco, un sector de la dirigencia del Departamento de Antioquia, nos pretende arrebatar  a Belén de Bajirá, una porción de nuestro territorio, demostrado histórica, jurídica y técnicamente.   Por todo lo anterior, haciendo honor a la dignidad de nuestro pueblo y a la memoria de nuestros muertos, presentamos al Gobierno Nacional el siguiente

Pliego Petitorio

  1.  Financiar la ampliación, rectificación y pavimentación total de los 98 kilómetros de la vía Quibdó – El siete
  2. Garantizar la totalidad de los recursos para la pavimentación de la vía Las Ánimas – Santa Cecilia.
  3.  Expedir  la licencia ambiental e iniciar las obras de la vía al mar, sector Nuquí – Cupirijo.
  4. Financiar la terminación de la vía Cartago-Nóvita.
  5. Dragar las principales bocas del río Atrato en el golfo de Urabá y adquirir de una draga para trabajos de limpieza y mantenimiento permanentes.
  6. Devolver al Chocó los recursos pagados por concepto de las deudas que correspondían al antiguo FER y reubicar al  Departamento del grupo de tipología 1 al 4.
  7.  Fortalecer la red pública departamental de salud, en los niveles 1, 2 y 3
  8. Definir de una vez por todas que  Belén de Bajirá es territorio Chocoano y transferir los recursos que le corresponden, según el certificado de población expedido por el DANE.
  9. Disponer los recursos necesarios y suficientes para la interconexión eléctrica de las zonas del Baudó, Costa Pacífica, Medio y Bajo Atrato y Bajo San Juan.  

Así las cosas, hacemos un llamamiento general al comercio, a los transportadores, a las organizaciones sindicales, políticas, comunales, religiosas, étnicas, gremiales, estudiantiles, pensionados, a todos los municipios, a las colonias de chocoanos residentes en el resto del país, para que el próximo jueves 19 de febrero realicemos un GRAN PARO CÍVICO en procura de reivindicar nuestra dignidad como personas y como pueblo.  

Comité Cívico por la salvación y la dignidad del Chocó.

Artículo relacionado:
Volcándonos al Chocó

Ver video "Paro por la dignidad del Chocó"

Publicado enColombia
Las “pirámides” caen pero los afectados no permanecen impávidos. Sorpresa. Con decisión, en los departamentos del Sur se conformó una asociación de damnificados de todas las empresas captadoras (DRFE, DMG, otras). En Bogotá, día tras día se ven sus movilizaciones. Crece y tiende a multiplicarse el descontento por el tratamiento que el Gobierno le ha brindado al tema. Para enero del 2009 se anuncia paro cívico en el Sur del país.

El Gobierno habla pero no tiene credibilidad. En los departamentos del Cauca, Nariño, Huila y Putumayo, los miles de afectados saben que nada hizo aquél para evitar que se perdieran sus reservas como producto de arañar sus precarios ingresos. La gente sabe que no es culpa de ellos ahorrar donde se creía que era legal. Además, tampoco es ilegal o cosa parecida buscar solución a las permanentes privaciones en el hogar. Por ello, no acepta las palabras del presidente Uribe; por ello, con disposición e imaginación ha creado asociaciones de damnificados para intentar la recuperación de sus escasos dineros, además de levantar demandas para proteger lo poco que tienen. Se resiste a perder sus ahorros.

Pero no sólo ellos se resisten. De manera solidaria lo hacen organizaciones sociales que han comprendido la inmensidad y la importancia del conflicto en curso. Es por ello que la Cut, la Coordinación Agraria del Sur, Cima, Asonal Judicial, Aico, han tenido el buen tino de convocar a reuniones para afrontar la problemática, sin crear dualidades ni paralelismo, para proyectar acciones que respondan a la pregunta sobre qué hacer. A estas citaciones han llegado delegaciones, además de las provenientes de las capitales de los departamentos citados, de los municipios de Mercaderes, Balboa, Argelia, El Bordo, Patía, Bolívar, Almaguer, San Sebastián, La Vega, La Sierra, Silvia, Rosas y otros. En esta movilización se ha propuesto ampliar el proceso de resistencia a delegados de los departamentos del Valle, Risaralda, Tolima y Cundinamarca, pues se sabe que asimismo allí hay miles de afectados por esta crisis financiera criolla. El propósito inmediato: organizar un gran Encuentro Regional.

Se destaca en las reuniones llevadas a cabo hasta ahora que los asistentes identifican con toda claridad al Gobierno como responsable de lo que está ocurriendo, “por no haber actuado, con su omisión legalizó a las captadoras de dinero, les cobró impuestos, y, finalmente, las medidas tomadas no estuvieron dirigidas a proteger a la gente que invirtió”.

Pero igualmente se hace evidente que en la base la gente ha identificado claramente sus objetivos: “El gobierno de Uribe, la banca o sector financiero, y los medios de comunicación. Poco a poco también van aclarando que tienen que defender sus intereses y no los de las empresas captadoras”.

En la misma forma, en las reflexiones colectivas se aprecia el futuro inmediato de la región, de la cual se dice que “se verá afectada en su totalidad, incrementándose el desempleo, la hambruna, una mayor descomposición de la economía campesina, la delincuencia, etcétera”.

Es por todo esto que se levantan propuestas como “la creación de un Fondo de Salvamento y Solidaridad con los recursos que se incauten, los impuestos pagados por las captadoras de dinero, al cual el Gobierno le incorpore recursos provenientes del 4x1000, de Fogafin, del Fondo de Estupefacientes, entre otros”. Se propone por otras personas, sin que sea una decisión colectiva, “estimular a la gente para que retire sus ahorros del sistema financiero, el no pago de servicios públicos y de predial, la creación de comités en barrios y pueblos…”.

Pero las opciones no se quedan ahí. Conscientes de la indiferencia oficial, se preparan acciones directas. “El Comité del Putumayo informa que ya tiene programado el Paro Cívico. Los municipios de Nariño y Putumayo ya aprobaron participar y reiteran la invitación para que Cauca se sume a esa decisión. Solicitan la integración al Comité Central”. En la última reunión de los afectados se ha decidido preparar para enero la realización de un paro cívico en toda la región.

Como lo enseña la historia de los pueblos, cada coyuntura genera propuestas y soluciones. En el Sur del país no es diferente. Como no se veía desde hace muchos años, la gente está atenta a superar de manera directa e inmediata sus dificultades. En los primeros meses de 2009, veremos con toda nitidez hasta dónde llega su decisión, y, claro, las medidas del alto gobierno para contener, dividir, distraer y engañar.

No olvidar. Las reclamaciones en curso son justas. En las reuniones realizadas se ha aclarado que “en más de una ocasión, el Gobierno ha ‘salvado” a la banca, quebrada y mal administrada. Subsidia a los ricos de este país y a las transnacionales (un sólo ejemplo: más de 150 millones de dólares para la producción de etanol para dos grupos económicos). Hay suficientes razones para luchar por esta causa”.
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Viernes, 19 Diciembre 2008 17:31

2008: un gobierno de mentiras

Las mentiras del presidente Álvaro Uribe son cada día más evidentes. Su estilo de gobierno, por tanto, hace inocultable su característica más fuerte: el cinismo. Su constante desfachatez recuerda a un personaje infantil: “El Pastorcito Mentiroso”, cuento que nos narraron cuando estábamos en la tierna edad. Después de tanto mentir, ¿será que de sus tantas intervenciones habrá algo que sea verdad? Recordemos algunas de sus más notorias mentiras, pronunciadas y defendidas en este 2008 que ya termina. Es importante tomar en cuenta que en un artículo de Antonio Caballero, de hace unos meses, este periodista hizo una interpretación de los gestos y las miradas del Presidente, como forma de delación de sus infundios.

Ante el rescate de los oficiales, los políticos, y los mercenarios estadounidenses, prisioneros y secuestrados por las farc: “Esta fue una operación limpia. No se utilizaron símbolos de ninguna organización internacional”. ¿Cómo le quedaría la nariz?

Con ocasión de la invasión del territorio ecuatoriano y el asesinato de Raúl Reyes: “Disparamos porque nos dispararon desde Ecuador. Llamé al presidente Rafael Correa para informarle lo que estaba sucediendo”. Mientras tanto, se frustraba un cercana liberación de varios secuestrados, entre ellos la ex candidata Íngrid Betancourt.

Explicando la confiscación del grupo de David Murcia: “Intervine DMG para salvar a los ahorradores”. ¿Y ahora, qué hará Uribe para quitarse de encima a los miles que confiaron sus dineros a los “ilegales” y ahora se han quedado esperando recuperar sus inversiones?

Ante los falsos positivos o asesinato de jóvenes reclutados con engaños: “Las muertes fueron bajas causadas en combate”. ¡No hay derecho a tanta infamia!

Frente al tema de la reelección: “Ese tema no me interesa”. ¡Otra estirada de nariz!

Ante la Minga indígena: “La policía no les disparó a los indígenas”. ¿Será que hay por ahí duendes con fusil y mira?

En el consejo comunitario con los afectados por DRFE y DMG en Nariño: “Respéteme que yo los he respetado a todos”. Recordemos lo de “marica, le rompo la cara… ¡qué forma tan particular de respetar!

Ante el alza de la gasolina en momentos en que estaba vigente la huelga de los trabajadores de los ingenios en el Valle del Cauca: “El nuevo incremento en el precio de la gasolina se autoriza por la escasez propiciada por la huelga de los trabajadores”. ¡Ah!... ¿no que era por el incremento de los precios internacionales del crudo? Y ahora que el combustible cae en su precio, ¿cuándo lo hará el local?

Cuando estalló lo de la Yidispolítica: “El Gobierno no ofreció prebendas a ningún congresista”. Entonces, preguntamos, ¿por qué delito la juzgó la Corte Suprema de Justicia sino por cohecho?

Pero también hay declaraciones que causan hilaridad.

Ante las denuncias de que sus hijos tenían negocios con DMG: “Mis hijos no son hijos de papi; no son mantenidos”.

Finalmente, la cantinela de la ‘seguridad democrática’ misma, si se analiza despacito, es a la vez una gran mentira y un chiste que no nos hace reír.

¿Cuál será la ‘salida’ presidencial para el 28 de diciembre? ¡Cómo somos de inocentes!

Publicado enEdición 141
Viernes, 12 Diciembre 2008 09:28

Hablando con sordos

Han transcurrido 12 días desde que se instaló, el pasado 1 de diciembre, la Mesa de Concertación Salarial entre trabajadores, patronos y gobierno colombiano, y aún no se concreta nada.

Como es de público conocimiento, los trabajadores, en cabeza de las centrales obreras, presentaron ante el país su propuesta, la cual va mucho más allá de lo simplemente salarial.

Cuando los patrones la conocieron, aseguraron:  “nosotros solamente hablamos de salarios, los otros temas no nos incumben, que el Gobierno se encargue de ello”.

“Grandeza” que los llevó a confirmar sobre los salarios: “nuestra propuesta es incrementar el 6.5%”. Ofrecimiento que, como lo aseguran los trabajadores, ni siquiera toma en cuenta la norma constitucional que obliga a un incremento, como mínimo, igual al crecimiento anual de la inflación, que para este año se calcula en el 7.5%.

Como en otros años, los patrones se quejan, aprietan, presionan, y el Gobierno les hace eco. Pero en esta ocasión, con el mutismo. El presidente de la CUT, Tarsicio Mora, ha increpado al Gobierno por su silencio. “Hasta ahora no se conoce la propuesta gubernamental, además de su disposición por abordar de manera integral, más allá de lo simplemente salarial, la problemática que viven los trabajadores”.
En estas condiciones, y con este ambiente, se desarrolló la reunión del pasado lunes y la del día de ayer, jueves 11. Se espera que el próximo lunes 15, cuando se reúne de nuevo la Mesa de Concertación, se avance en algo, aunque todo indica que el salario mínimo será determinado de manera unilateral por el Gobierno.

En vista de ello, la Central Unitaria de Trabajadores ha citado el lunes 15 de diciembre, a partir de las 8 a.m, a todos  sus afiliados, a instalar y adelantar asambleas en todo el país en las puertas del Ministerio de Protección Social.

Este es un aspecto de la presión. Pero por el otro, y con una proyección de mediano plazo, a concitado a trabajadores y movimiento social a un alzamiento social. La propuesta la hizo pública Tarsicio Mora en Ciénaga, Magdalena, en el acto con el cual se conmemoraron los 80 años de la masacre de las bananeras. Dijo allí:

“La CUT propone un alzamiento social, una gran coalición en la que todos los sectores progresistas y democráticos confluyamos acordando y acompañando todos, una agenda única de reformas, una Plataforma de Ciénaga, que como los indígenas pasiemos la palabra, pasiemos la lucha por todos los rincones de este país.

Esta Plataforma de Ciénaga debe tener como elementos esenciales:

Estabilidad laboral, salarios justos, reforma agraria y acceso a crédito,  respeto a las tierras y culturas indígenas, recursos suficientes, acceso gratuito y educación pública para todos los hijos e hijas de Colombia. Y para todos y todas el derecho al trabajo a través del estatuto del trabajo como nos lo prometieron los constituyentes de 1991.

La CUT promoverá con todas las organizaciones sociales la democracia real y sin discriminaciones, ni exclusiones que les debemos a las mujeres colombianas. Pero democracia real hoy es ni más ni menos cambiar de régimen politico”.

Así, entre dilación de los patrones y el Gobierno, y la esperanza de un nuevo estadio en el movimiento social, prosigue la resistencia en Colombia, donde el 2009 promete avances sustanciales, como la instalación del parlamento de los pueblos definido por la Minga indígena, y el Encuentro nacional de organizaciones sociales, que deberá propiciar nuevos relacionamientos, métodos, metas, propósitos y luchas.
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Miércoles, 03 Diciembre 2008 15:56

Colombia, instalada mesa de negociación salarial

El lunes primero de diciembre se instaló la mesa de negociación salarial, con participación del Gobierno, los trabajadores y los empleadores.

Cada año, en su último mes, se repite este ejercicio de la “democracia”, que más parece de la simulación, ya que las propuestas que presentan cada año los trabajadores no son aceptadas por las contrapartes, y el Gobierno termina imponiendo, en acuerdo con los empleadores, el reajuste al salario mínimo legal que regirá para el año siguiente, en este caso, para el 2009. Esto se vaticina.

La Mesa es un espacio limitado, pues en ella no se discute ni concerta el conjunto de lo que debería ser una política salarial. Reducida en estricto al dinero, desconoce que el mundo del trabajo es algo mucho más complejo, que involucra, además, derecho a la organización sindical, salud, estabilidad, pensionados, desempleados, etcétera. Para los patrones, su mayor preocupación, además del reajuste limitado, es la productividad, por la cual ofrecen unos pequeños emolumentos.

Las centrales han tratado de abrir la discusión a estos otros aspectos, pero no lo han logrado. La correlación de fuerzas no lo permite. Los patronos y el Estado están aún a la ofensiva, pero los signos de una mejor situación de los trabajadores y de otros sectores sociales promete que las cosas irán cambiando.

Con iniciativa

Para la discusión del aumento salarial 2009, las centrales entraron con una propuesta dura: 14%. No es una exageración, es la realidad que retoma la pérdida del poder adquisivo de los trabajadores.

En efecto, se considera que el salario mínimo que se percibe a finales del 2008 ($ 461.500) es igual al que se recibía por igual trabajo en el 2005. Pérdida del poder adquisitivo generada por la inflación.

Las respuesta inmediata del Gobierno, en boca de su ministro del Trabajo, es que la propuesta es inaceptable. El argumento, risible: el crecimiento económico obtenido en el 2008 es inferior en 3 o más puntos a lo proyectado, y la situación calculada para el 2009 será aún más difícil.

Decimos que este argumento es risible, pues en los años que los patrones obtuvieron buenos dividendos nunca incrementaron lo suficiente como para que en los hogares se fuera superando la precaridad con que viven, producto del menguado salario mínimo y de la política social dominante.

Es tal esta realidad, que se considera que cada año, al llegar al mes 12, el salario percibido por los obreros es igual al que le cancelaban el año inmediatamente anterior. Pero este 2008 fue peor, los 27.800 pesos del reajuse salarial aprobado (6.4%) se había esfumando para mitad de año, cuando la inflación acumulada sumaba 6.5%. Es decir, precariedad y miseria que nunca encontró en los patrones ni el Estado voluntad para quebrarla.
Ahora, ante la crisis que se anuncia se pretende que los obreros continúen cargando con el peso de las pérdidas. Como siempre, las disculpas están a flor de labios y la propaganda justifica lo que digan. Corresponde a los trabajadores hacerse sentir públicamente para que la sociedad conozca sus propuestas y determine de dónde proviene la injusticia.

Propuesta de los trabajadores


Bogotá, diciembre 3 de 2008
 
Doctor
DIEGO PALACIO BETANCOUR
Ministro de la Protección Social
Señoras y señores de la comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y laborales
Bogotá, D.C.
 
 Señor Ministro:
 
A continuación el movimiento sindical y pensional aglutinado en el comando Nacional unitario, nos permitimos expresar las solicitudes de la clase Trabajadora  en el marco de la negociación  de la política salarial  y social para el año 2009
 
  1.    La Comisión de concertación
 
El Gobierno Nacional se compromete de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del Articulo 56 de la Constitución Política, al cumplimiento de la ley 278\96 y en particular al Articulo 5 con la efectiva participación de los Ministros del Despacho y Jefe de Planeación en las sesiones de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, dotándola de los recursos y la logística necesaria para el cumplimiento de su función, hacia una concertación con resultados.
 
Los empleadores y el Gobierno respetarán y promoverán el derecho de asociación, negociación colectiva y huelga, como parte integral de la democracia y por consiguiente, se comprometen a dar pleno cumplimiento a los convenios de la OIT, en especial los ratificados por Colombia, en el marco del Acuerdo Tripartito firmado en Ginebra el 1 de junio de 2006.
 
2. Cumplimiento salario mínimo
 
Gobierno y empleadores garantizarán el respeto al cumplimiento del salario mínimo para todos los trabajadores, acordando medidas coercitivas para el cumplimiento cabal de esta obligación.
 
3. Eliminación de toda forma de  intermediación laboral
 
El Gobierno Nacional en concordancia con los requerimientos de la OIT y de la Constitución Política sobre el trabajo decente, se compromete a presentar a consideración de la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, para su trámite en el Congreso, un proyecto de Ley  que elimine toda forma de intermediación laboral. Dicho proyecto será presentado en el primer semestre de 2009
 
4. Fortalecimiento de la inspección del trabajo
 
El Gobierno Nacional se compromete a fortalecer la inspección en el trabajo de tal forma que ejerza funciones de vigilancia y control, en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de los y las trabajadoras de todo abuso de que puedan ser objeto en especial los derechos al trabajo, de asociación y libertad sindical, negociación colectiva, huelga, seguridad social y no discriminación por razones de sexo, raza, religión o condición social o política.
 
5. Defensa aportes parafiscales
 
Gobierno y Empresarios se comprometen en mantener y defender los aportes parafiscales, preservando su actual destinación.
 
6. Pensionados
 
La Comisión Nacional de Concertación se compromete a dar trámite, buscará  y requerirá solución efectiva del Gobierno Nacional, al memorando de exigencia presentado el 17 de septiembre de 2008 ante el Presidente de la República  y otras autoridades nacionales, departamentales y municipales.
 
El Gobierno por vía ejecutiva decretará que los trabajadores y pensionados con salarios y pensiones hasta dos salarios mínimos legales, no estarán obligados a pagar al sistema bancario por las tarjetas de débito, los servicios de manejo y uso de cajero automático en el retiro de fondo, consultas de saldos y pago de servicios públicos domiciliarios.
 
7. Servicios Públicos
 
El Gobierno Nacional establece un sistema tarifario redistributivo en los ajustes a los servicios públicos domiciliarios, sin que excedan del 50% de la inflación causada para los estratos 1, 2 y 3. Asimismo, los reajustes a las tarifas de transporte público no excederán el 50% de la inflación causada.
 
Eliminar los reajustes mensuales al precio de los combustibles.  Sólo hará un reajuste anual equivalente  a la inflación causada.
 
Las tarifas de los peajes no se incrementarán por encima del 50% de la inflación causada.
 
8.   Política Agraria
 
El  gobierno propenderá por la formalización de la actividad agropecuaria a través de instrumentos de política y apoyos internos con el fin de lograr el pleno cumplimiento de las obligaciones laborales, la seguridad social y los aportes parafiscales. De igual manera, se creará una mesa de concertación para tratar los problemas económicos y sociales del sector agrario.
 
9. Control costos educativos
 
El Gobierno eliminará el cobro de costos académicos en la educación pública y velará por que los costos educativos en el sector privado no superen la inflación causada.
 
El Gobierno pondrá en marcha todas las medidas necesarias para garantizar la gratuidad en la educación, mejorar su calidad, aumentar la cobertura, y estimular la permanencia en las aulas de la población de bajos ingresos. De igual manera, dotará a los establecimientos educativos de todos los equipos necesarios para brindar a los alumnos una educación de calidad, como bibliotecas, salas de sistemas, laboratorios, etc.
 
10. Actualización salarial sector público
 
El Gobierno, los empleadores y los trabajadores, acuerdan actualizar el salario de los empleados públicos en 10 %, a partir del 1 de enero de 2009.
 
En desarrollo del Acuerdo Tripartito, los representantes del Gobierno, de la CUT, CGT, CTC y de las confederaciones estatales: Fenaltrase, Unete, Fenaser y Fecode, instalarán en el mes de enero de 2009, una mesa para discutir, en el marco de las leyes 411 de 1997 y 4ª de 1992, el aumento salarial que en el año 2009 se realizará para el sector público.
 
Para la discusión de los incrementos salariales del sector público del año 2010, el Gobierno Nacional presentará a la Comisión Nacional de Concertación, al mes de junio, el proyecto de incremento salarial, para que los trabajadores estatales discutan las condiciones salariales que definan dicho incremento.
 
11. Negociación Colectiva en el Sector Público
 
El Gobierno Nacional se compromete a cumplir con lo dispuesto en la Ley 411 de 1997 que ratificó el convenio 151 de la OIT y, en consecuencia, a expedir el Decreto reglamentario sobre la materia.
 
12. Salud Pública
 
El Gobierno garantiza resolver la problemática laboral de los trabajadores de la salud, en todos sus niveles y detener el proceso de privatización de los hospitales y demás entidades del sector público, así mismo, el Gobierno se compromete a convocar la Mesa Nacional de Salud, con agenda especifica, en el marco de la Comisión Nacional de Concertación.
 
13. Comisiones sindicales
 
En desarrollo del Articulo 39 de la Constitución Política que consagra los permisos sindicales como una de las garantías necesarias para el cumplimiento de la gestión de los representantes sindicales, se acuerda que para el otorgamiento de los mismos en el sector público, se debe tener en cuenta que es competencia del nominador, mediante acto administrativo, concederlos previa solicitud de las organizaciones sindicales, en las cuales se precise, nombres completos de los representantes, finalidad del permiso y duración periódica.
 
El Gobierno Nacional aplicará los criterios anteriores en las entidades del orden nacional. En lo que tiene que ver con las entidades territoriales, expedirá una circular informativa que permita que, en uso de su autonomía administrativa, los alcaldes y los gobernadores expidan los actos administrativos, referentes a los permisos sindicales para empleados públicos del sector educativo y demás trabajadores del sector público, conforme a lo establecido en la ley.
 
De ser necesario, el Gobierno Nacional coordinara una reunión con los entes territoriales para que, conjuntamente con las organizaciones sindicales, se pueda explicar el alcance de la circular y de la autonomía de los entes territoriales. Se reconoce que los permisos sindicales, respetando la individualidad de cada caso, son un instrumento importante para le desarrollo de la actividad sindical.
 
14. Madres comunitarias
 
Entre el 2009 y el 2010 el Gobierno Nacional adelantará un programa de educación básica para Madres Comunitarias, el cual hará énfasis en psicología y pedagogía infantil. En el horizonte de su profesionalización  las madres comunitarias  accederán a créditos educativos para estudios superiores, a través de los programas de crédito educativo existentes en el ICETEX.
 
Teniendo en cuenta la concertación que se adelanta con el ICBF, que las partes apoyan, empresarios y trabajadores instan al gobierno a avanzar en un proceso que permita mejorar sustancialmente la bonificación que reciben las madres comunitarias y el balance nutricional de la dieta infantil.
 
15.  Política de empleo
 
El Gobierno Nacional se compromete a implementar una política que propenda por la erradicación del trabajo informal, estimulando el trabajo decente por medio de la contratación directa sin discriminación de edad, sexo, raza o condición política o social, eliminando todas las formas de precarizacion de las relaciones laborales y protegiendo a los trabajadores y trabajadoras cabeza de familia.
 
16. Actualización salarial
 
El Gobierno, los empleadores y los trabajadores, acuerdan actualizar el salario mínimo legal en el 14 % y el subsidio de transporte en el 20%, a partir del 1 de enero de 2009.
 
 
TARSICIO MORA GODOY                                              DOMINGO TOVAR ARRIETA
Presidente CUT                                                                    Secretario General CUT
 
JULIO ROBERTO GÓMEZ ESGUERRA                      WILLIAM MILLAN MONSALVE
Secretario General CGT                                                  Secretario General Adjunto CGT                     
 
 APECIDES ALVIS FERNANDEZ                                    MIGUEL MORANTES
Presidente CTC                                                                  Secretario General CTC
    
JESUS ERNESTO MENDOZA                                         ANSELMO GÓMEZ
Presidente CPC                                                                 Secretario General CPC

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