Jueves, 22 Agosto 2013 15:30

Catatumbo es una frontera caliente

Catatumbo es una frontera caliente

En una frontera porosa, para Venezuela es necesario impedir que los paramilitares copen su línea y avancen en su infiltración. Ante posibles réplicas en otros lugares, de la lucha social y campesina en el Catatumbo, el ejército colombiano y las dos Cancillerías, prendieron la alerta. En medio de la puja que puso voces y roce en la Mesa de La Habana; en otro capítulo de las enrarecidas relaciones por el cálculo del presidente Santos de recibir al ex candidato opositor Capriles, hubo el encuentro entre los Presidentes de Colombia y Venezuela. Circunstancias que no pasan desapercibidas en la entrevista que nos respondió Rafael Uzcátegui, dirigente de la izquierda venezolana y del continente, secretario general de Patria Para Todos (PPT), uno de los partidos motrices de la Revolución Bolivariana y referente del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar que movilizó el triunfo electoral en las dos últimas contiendas presidenciales.

 

No tan lejos, conocidos como fueron los incidentes con Colombia que afectaron a Venezuela durante el gobierno Uribe, "la relación entre las dos naciones siempre ha tenido el mismo trámite: es una especie de guión repetido, en el cual la diplomacia jura, rejura y compromete asuntos que parecen ser cada día más difíciles de sostener en el tiempo", destaca Uzcátegui quien hoy, también es miembro del Consejo de Estado en Venezuela, y remarca: "Es el comportamiento de los sectores que han detentado el poder en Colombia por años, o por toda la historia republicana, que son los mismos sectores que han impuesto una continuidad interrumpida solo y brevemente por Rojas Pinilla".

 

desde abajo (da). ¿Cómo ve el reencuentro de los presidentes Santos-Maduro?


Rafael Uzcátegui (RU). Todos sabemos que la renta petrolera venezolana es un factor que ha permitido estabilidad a la naturaleza y presencia oligárquica en el gobierno colombiano ¿Por qué motivo? Porque Venezuela ha sido el país que es inmediato receptor de la inmigración de varios millones de colombianos por asuntos económicos o de la violencia; que le permite sufragar la oferta de mano de obra colombiana. Sin el flujo y disponibilidad monetaria de la renta petrolera venezolana, Colombia con sus índices de pobreza y su presión social plena, ya habría estallado en muchos pedazos...

 

da: ...¿estallar?


RU: Sí, porque frente a la crisis social no existirían válvulas de escape. Venezuela ha sido el colchón que permite que esa crisis y el descontento del pueblo se mantenga –sin estallar–. Pero además de paliar con la emigración, esta economía acopla otros fenómenos que distraen otras franjas colombianas. Es el caso, del contrabando de extracción de alimentos y gasolina... cuando el precio de la gasolina allá en Colombia, es de los más altos del mundo. Asimismo, el diferencial cambiario favorece la economía diaria de los colombianos en la frontera, como antes la fortaleza del bolívar favoreció la rentabilidad de grandes operaciones y grupos económicos.

 

da: ¿En cuáles casos?


RU: El crecimiento textilero de Medellín fue parte de la demanda venezolana. Y la realidad fronteriza con los alimentos y con la gasolina, las grasas, los aceites en toda esa faja, todo el oriente Colombiano, está marcada por eso. Hay un diferencial cambiario que favorece y resuelve gran parte de la crisis en Colombia, la canasta básica venezolana subsidiada resuelve la carestía colombiana; las Misiones bolivarianas, la gratitud de la enseñanza y la medicina en Venezuela; resuelven parte de la crisis colombiana. Ya estamos en casi 5 millones de colombianos en Venezuela, si esos 5 millones estuvieran en Colombia, las manifestaciones, la crisis política y de inconformidad fuera mayor.

 

da: ¿Una mayor inconformidad que aletarga Venezuela?


RU: Elemental. ¿Si no fuera a Venezuela, los millones que emigran, hacia dónde iban a avanzar? ¿Hacia Panamá, Ecuador o hacia el sur buscando Chile o Argentina? O, ¿buscando los Estados Unidos? Todos sabemos cómo endurecen las leyes de migración en ese país y en Canadá, y cómo tienen más dificultad en Europa. ¿A dónde van a ir, a buscar «el rebusque» en el Chile neoliberal? ¿O a buscar y convertirse en mano de obra barata en Brasil o en Perú? El proyecto revolucionario venezolano, no induce ni significa el mismo razonamiento, hoy. La renta petrolera, la presencia del estado y la fortaleza del estado venezolano han servido de provecho a la oligarquía colombiana para mantenerse en el poder.

 

da: El PPT propone un mayor control en la frontera colombo venezolana, con prioridad sobre los productos alimentarios, ¿cómo explica tal

medida?


RU: Una vez claro el beneficio político y económico de la parte oligárquica, la explicación de una variación que estreche la hermandad de nuestros pueblos, surge a partir de conocer y no ocultar una larga y compleja historia. Con hechos que vienen desde los intentos de invasión y retaliación al territorio venezolano en 1900, que tras la guerra de los mil días fueron financiados por la oligarquía colombiana, hasta la ofensiva con la diáspora colombiana que comenzó desde los años de la Violencia hasta acá. Hay parte del territorio fronterizo venezolano, donde muchos de los pueblos, nacieron del refugio del año 50, del año 60, del año 80, en una especie de olas, olas y olas...


da: ...olas de gente


RU: No sólo, hay otras que todos conocemos: los centenares de vehículos que funcionaban en Colombia con placas de Venezuela, que eran robados aquí. O sea, la vulgaridad con la que han procedido las autoridades colombianas para permitir la ilegalidad. Para estimular la falsificación de bolívares, no hay noticia en la historia que en Venezuela hayan instalado talleres para la fabricación de pesos falsificados colombianos, y ahora en Colombia hay falsificación de bolívares venezolanos, siempre ha habido, así como de dólares y otras monedas. Tampoco se conoce que hayan robado vehículos y los hayan traído para Venezuela; ni de la extracción de productos subsidiados por el estado colombiano a Venezuela.

 

da: Favorabilidades cambiarias ayer y ahora en uno u otro sentido, ilegalidad; sin medida para evitar el olvido la nostalgia de patria de millones de colombianos que abandonan su terruño.


RU: Todo eso ha facilitado y encubierto esa economía (colombiana) que muchas veces es una ficción. La ficción de una falsa prosperidad o de índices de prosperidad, que no son otra cosa que la inyección por distinta vía y recurso de la realidad venezolana. A eso, se le une el narcotráfico, y el generar toda una industria delincuencial que no tiene nada que ver con el esfuerzo emprendedor de los campesinos que han producido en Colombia. Sino que es la distorsión de la economía colombiana, la renta petrolera (venezolana) ablanda con distorsión la realidad económica colombiana. Esa es una conclusión de la diplomacia colombiana, que se ha movido y juega en esos escenarios.

 

da: Es un tema sin debate a fondo, ¿Venezuela no reacciona?


RU: Es necesario reconocer nuestra debilidad, que a veces se confunde con la oportunidad. Por ejemplo, y sobre todo cuando ganaderos y agricultores de la frontera con Colombia usan la mano de obra colombiana de manera abusiva, para mantener crías y cultivos. O cuando la ingenuidad venezolana, propia de su cultura rentista, cedió a una masa muy importante de gente que traspasó la frontera y venía a trabajar en condiciones desiguales, pero que ahorró y aprovechó la bonanza de la renta petrolera, y que exige infraestructura, servicios, vivienda, y recorta la extensión y rapidez de la ayuda social; en bien de las necesidades venezolanas.

 

da: Además de la definición, ¿cómo sucede en lo cotidiano?


RU: Nada más, solo des una vuelta y visite mañana las casas de cambio en Caracas. Verá como hacen unas grandes colas para transferir bolívares (ver recuadro: El negocio de la divisa). Hay una nueva industria (que involucra a muchos colombianos), que transfiere bolívares con falsos datos, para convertirlos y regresarlos de nuevo en dólares, que en el mercado negro se triplican o cuadriplican.

 

da: 'Industria' con coberturas de corrupción e impunidad, de paras y mafias del contrabando que controlan las bandas neoparamilitares, urabeños y los rastrojos a lo largo de la frontera....


RU: ...Para el caso, hay una cuota de dólares que se dan en dólares preferenciales que se los llevan y los traen al mercado prohibido, y adquiridos a 6,30 bolívares los venden a 32-34 bolívares. Hay gente que vive solo de eso, sin ingresar nunca a la producción, que no se ocupa de otra cosa que de garantizar tener una especie de cartera de 6, 7 u 8 personas que hacen esa operación. De esa manera viven ¿y qué economía y qué gobierno soporta eso?

 

da: ¿Cómo describe los 100 primeros días del gobierno de Nicolás Maduro, que según comentarios internacionales están cruzados de tensión y fisura interna del chavismo?


RU: El gobierno de Maduro es el hecho que aconteció con la desaparición física del presidente de Chávez. Pensar que con la muerte del presidente todo transcurriría sin ninguna diferencia, desavenencia, y sobre todo, sin ninguna respuesta de los factores opuestos a los cambios en Venezuela, era no entender la magnitud, el tamaño del liderazgo y la presencia del presidente Chávez; no solo en Venezuela, en el mundo, y particularmente en esta región a la cual el presidente Chávez marcó y sigue marcando.


­da: ¿Incluso al presidente Santos, en su adelante y para atrás?


RU: Santos asumió que con la muerte del presidente Chávez, llegaba el momento para él explorar o insistir en la vieja diplomacia colombiana. La actitud colombiana es una especie de termómetro para medir como nos ven en la región y en el mundo. Cada vez que damos un paso en la integración y el trato con respeto a nuestra autodeterminación y conquistas sociales, algunos elementos del estado y el gobierno colombiano desarrollan iniciativas para avanzar en su estrategia diplomática con maña.

 

da: ¿Los tratos abiertos y encubiertos de Colombia con la Otan son diplomacia?


RU: Son parte del compromiso y el sometimiento al imperialismo, porque no es la Otan es el TLC. En la realidad, Colombia es parte de la Otan al incorporarse a la guerra de Corea, como no, si los actores fundadores de la Otan son los actores que intervienen en la guerra de Corea, y Colombia participó en una guerra en la cual desde un punto de interés nacional y cercanía geográfica no tenía ni parte ni arte. Pero también, es parte de la Otan al pedirle a Venezuela en el año 98 que diera la autorización para los sobrevuelos que venían de Aruba y Curaçao que resultan territorio de la Otan, como rezagos del colonialismo holandés...

 

da: ...territorio extraeuropeo metido en el Caribe...


RU: ...Con el pretexto de combatir el narcotráfico, al pedir Colombia autorización para esos sobrevuelos sobre territorio venezolano, ya tiene acuerdos con la Otan. ¿Por qué?, porque los aviones son norteamericanos, pero el territorio es holandés. Holanda y Estados Unidos son parte de la Otan. En Colombia hay un asocio tal que, a través de funcionarios españoles, se puede decir que son amigos de la familia, son gente de confianza.


 

Recuadro

Una constante de incidentes hasta la actual infiltración paramilitar

La corbeta Caldas. El 9 de agosto de 1987 la corbeta ARC Caldas, de la Armada colombiana navegaba en aguas ¿internas o muy próximas como desafío? del golfo de Venezuela, limítrofe con Colombia, por donde sale el 90 por ciento del petróleo venezolano. Este hecho por parte de la Armada generó un grave incidente diplomático, que aún hoy mantiene en indecisión la frontera marítima en el Caribe entre Colombia y Venezuela. La resolución del conflicto no fue otra que la aceptación fáctica, más no legal, de la soberanía venezolana sobre toda la salida abierta del golfo de Venezuela

 

El negocio de la divisa

 

El pasado 23 de julio, la Comisión de Administración de Divisas –Cadivi– intervino las casas de cambio en la calle Chacaíto de Caracas, que ilegalmente transfieren bolívares con falsos datos, los conviertan primero en dólares al cambio oficial que luego regresan de nuevo en dólares que en venta "libre" triplican o cuadriplican su precio. Es una nefasta industria que tiene como base el envió de remesas a Colombia, cuyo 90 por ciento, inmediatamente sería devuelto y convertido en dólares.

Publicado enEdición 194
Jueves, 22 Agosto 2013 06:10

La Constitución y el caos

La Constitución y el caos

A veces me pregunto por qué he dedicado tanto trabajo al estudio de los tribunales en los últimos 40 años. He estudiado los tribunales no sólo de Portugal, sino también de otros países y, en el proyecto que actualmente realizo, financiado por el European Research Council, coordino un equipo de investigación internacional dedicado, entre otros temas, al estudio de lo que yo llamo “constitucionalismo transformador”. Esto no es más que la ocurrencia de varios países que quieren conseguir una nueva visibilidad y centralidad de la legalidad constitucional, a través de la promulgación de nuevas Constituciones. Algo que se conseguiría por la vía del recurso a los tribunales constitucionales, o con funciones constitucionales, en situaciones consideradas decisivas para la supervivencia o para la calidad de la democracia.
 


Antes de esto, mi interés en los tribunales nació de una perplejidad creativa sobre el papel de los tribunales en la consolidación o, por el contrario, en la fragilización de la democracia, en una época en que la utopía de una sociedad socialista estaba siendo sustituida por la idea de un “capitalismo democrático”: la consagración constitucional de un vasto conjunto de derechos sociales y económicos capaz de garantizar a la mayoría de la población una medida de bienestar suficientemente significativa para mostrar que la democracia no era un gobierno de las élites, ejercido por las élites, para beneficio exclusivo de las élites.


 
Esta garantía dependía de la efectividad del Derecho y de los derechos, y ésta, en última instancia, de los tribunales encargados de hacerla valer. ¿Estarían los tribunales a la altura de tal encargo? ¿Qué modelos se podrían extraer de la historia jurídica y judicial moderna? Para mí, lo intrigante de estas preguntas residía en una intuición teórica y en una condición contextual. La intuición teórica me decía que eran simplistas las dos respuestas que entonces dominaban el campo de la sociología jurídica sobre el papel de los tribunales en las sociedades contemporáneas. Una era que, siendo esas sociedades capitalistas, los tribunales acabarían siempre por decidir a favor de las clases dominantes. La otra, que la independencia de los tribunales no nos permitía ni siquiera poner en duda la voluntad y la capacidad de los tribunales para garantizar la efectividad de los derechos, incluso aunque fueran en contra de los intereses dominantes. Ni una teoría ni la otra me parecían convincentes. De ahí mi interés en analizar la función concreta de los tribunales en diferentes contextos. Y el contexto portugués era particularmente desafiante.


 
Por un lado, Portugal acababa de salir de 48 años de una dictadura en la que un puñado de familias oligárquicas, vencidas por una Iglesia católica conservadora, mantenía a su servicio no sólo a un dictador -que ahora servía, ahora mandaba para mejor servir-, sino también a un aparato del Estado excluyente y autoritario del que los tribunales eran un apéndice apagado, apenas brillando en el cielo del tribunal plenario, a juzgar por los opositores políticos. Por otro lado, durante un breve período (el del “Verano caliente” de 1975), Portugal había convertido el momento luminoso de la Revolución de Abril en un anuncio de un proyecto socialista que llevó a la sociedad a una polarización sin precedentes. La despolarización sólo fue posible el 25 de noviembre del 75, mediante un acuerdo que no sólo garantizó la continuidad y la plena legalidad del partido que más fuertemente favoreció a la sociedad socialista (PCP), proponiendo una Constitución avanzada, basada en el modelo de cohesión social que englobaba un sólido conjunto de derechos sociales y económicos: la Constitución de 1976. El impulso socializador era entonces tan fuerte que el “capitalismo democrático” que se comenzaba a construir fue designado  durante unos años como socialismo y las fuerzas políticas de derechas , hoy en el poder, como socialistas.


 
Nadie de buena fe puede poner en duda los beneficios que el modelo de cohesión social definido entonces nos ha traído. Hoy, empeñado en lograr la mayor transferencia de riqueza que recuerda el Portugal moderno, desde las mayorías empobrecidas a una pequeña minoría nunca tan rica como hoy, el Gobierno quiere poner fin a ese modelo, aún sabiendo que eso puede traer el caos. La Constitución que tenemos nos defendió hasta ahora del caos. Para que nos continúe defendiendo, Ella misma debe ser defendida.

 

22 ago 2013

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Jueves, 22 Agosto 2013 06:05

La evolución de Paul Krugman

La evolución de Paul Krugman

Paul Krugman, uno de los economistas más conocidos dentro de la tradición keynesiana, acaba de escribir un artículo en su columna del New York Times (08.08.13), “Phony Fear Factor”, que considero de gran interés y que debería distribuirse ampliamente en España. Señala, con razón, que estamos viendo, durante estos meses, el declive y caída de dogmas económicos que han dominado el pensamiento económico hegemónico en los últimos años y que han sido responsables de la enorme crisis que estamos viviendo. Estos dogmas, según Krugman, incluyen la creencia de que “la política monetaria expansiva creará inflación”, de que “la reducción del déficit público creará ocupación” o de que “la deuda pública por encima del 90% del PIB creará un colapso”. Yo añadiría otros como que “el elevado desempleo es resultado de la rigidez del mercado de trabajo”, que “la reducción del gasto público estimulará el crecimiento económico”, que “los intereses de la deuda pública se deben al excesivo gasto público” o que “la reducción del déficit crea confianza en los mercados financieros” y muchos otros dogmas, sostenidos todavía hoy (a pesar de la enorme evidencia científica que muestra lo contrario) por los establishments financieros, económicos, políticos y mediáticos españoles.
 


Este artículo, que, como indiqué, merecería una amplia difusión, muestra, sin embargo, otro hecho de interés que ha pasado desapercibido. Y me refiero a la propia evolución de Paul Krugman. Este indica que la primera vez que leyó a Kalecki (el economista marxista polaco) le pareció que estaba errando en su interpretación del capitalismo. La gran contribución de Kalecki, una de las mentes más claras en economía, fue la de combinar Keynes con Marx. Para entender las crisis económicas, decía Kalecki, uno tiene que leer a Keynes, pero también a Marx. Y esto me parece obvio en el contexto de la crisis actual. El problema mayor de la economía hoy –tal como señalan los keynesianos- es la escasez de una demanda que estimule la economía, interpretación correcta de la causa de la Gran Recesión, casi Depresión, que estamos viviendo en la eurozona. Pero lo que Kalecki nos exigía era ir más allá y preguntarnos de dónde viene esta escasez de la demanda, y la evidencia muestra claramente que viene de la disminución de las rentas del trabajo, resultado de las políticas públicas llevadas a cabo durante el periodo neoliberal, iniciadas en la década de los años ochenta por el Presidente Reagan y la Sra. Thatcher y más tarde generalizadas a la mayoría de países capitalistas desarrollados. Esta disminución de las rentas del trabajo se impuso a la población (causando un gran daño al bienestar de las clases populares) para el gran beneficio del capital, como muestra el gran aumento de la participación en el PIB de las rentas del capital a costa de la reducción de la de las rentas del trabajo.


 
Pues bien, la evolución de la realidad económica ha hecho también evolucionar a Krugman, de manera que en el citado artículo termina indicando que Kalecki es el que mejor podría haber explicado la crisis actual, que representa el triunfo del capital a costa del mundo del trabajo. Es lo que solía llamarse lucha de clases, término desaparecido, cuando no vetado, en los mayores medios de comunicación. Y ello a pesar de que los datos que confirman que esta supuestamente desaparecida lucha de clases continúa viva (y es central para entender lo que nos está ocurriendo) son abrumadores. Nunca antes, en el periodo democrático en España, las rentas del capital habían sido mayores a las rentas del trabajo, con un gran aumento de las tasas de beneficios de las grandes empresas, a costa del descenso salarial. Y todo ello con la ayuda de la supuesta “ciencia económica”, financiada por los grandes bancos y las grandes corporaciones (un caso claro es el de Fedea) que continúan aferradas a creencias y dogmas que han perdido toda credibilidad.

 

Por Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

 

22 ago 2013

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Martes, 20 Agosto 2013 05:56

¿Qué renta básica?

¿Qué renta básica?

En 2006 publiqué mi libro El subdesarrollo social de España (Editorial Anagrama) en el que documentaba las causas y consecuencias del enorme subdesarrollo del estado del Bienestar en España y en sus diecisiete Comunidades Autónomas. En el texto, aún cuando señalaba mi coincidencia con el principio de garantizar una renta básica a los ciudadanos y residentes del país, tenía mis dudas sobre la manera como se estaba proponiendo por algunos defensores de la Renta Básica (RB) de cómo hacerlo. Tal propuesta –la de establecer RB en España- era y continúa siendo una de las medidas que ha acaparado más la atención de las fuerzas progresistas en nuestro país. Hoy, en unos momentos de grandes recortes del insuficiente estado del Bienestar español, tal propuesta de establecer una renta básica se ha convertido en central en las reivindicaciones de sectores de las fuerzas progresistas del país. De ahí que sea importante iniciar de nuevo un debate sobre la conveniencia ahora de tal medida y cómo llevarla a cabo, estableciéndose un debate sin acrimonia, entre fuerzas progresistas que comparten el objetivo de mejorar la tan subdesarrollada España social.

 

Veamos pues los argumentos y los datos. Y miremos primero las áreas de acuerdo. Tengo que suponer que toda persona o fuerza política progresista está de acuerdo en que el Estado (ya sea central, autonómico o local) debería financiar una serie de servicios públicos, tales como la sanidad, las escuelas primarias y secundarias, las escuelas de infancia, la educación terciaria, los servicios sociales, la atención domiciliaria a personas con discapacidades, las viviendas asistidas, la vivienda social, las residencias de ancianos, los programas de prevención de la exclusión social, los programas de integración de los inmigrantes, los programas de formación profesional y otros servicios públicos que garantizan el bienestar social y la calidad de vida de los ciudadanos. Pues bien, en cada una de estas áreas, el subdesarrollo y la subfinanciación de estos servicios es, en España, enorme. España está a la cola de la Europa Social. Tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países de la UE más semejantes en su desarrollo económico al nuestro. Mi libro documenta con gran detalle este retraso. Y nadie ha cuestionado los datos.

 

Asumo que nadie que se defina como progresista dude de la necesidad de aumentar sustancialmente el gasto público en estos servicios públicos, para alcanzar, al menos, los niveles que corresponden a nuestro país por el nivel de desarrollo económico que tenemos. Estamos hablando de un déficit de gasto público muy considerable, que, ya antes de la crisis, no era menor a 66.000 millones de euros (unos seis puntos del PIB). Y también asumo que nadie que se considere progresista cree que la manera de solucionar este enorme déficit social sea dando un cheque social a cada ciudadano y residente para que se espabile por su cuenta y pague con este dinero unos servicios privados que sustituyan a los públicos, a los cuales el cheque público sustituiría (para una expansión de este y otros puntos ver el capítulo 9 de mi libro El subdesarrollo social de España). La corrección de este déficit de gasto público social requerirá una movilización masiva, todavía más acentuada y extensa ahora, cuando en lugar de reducir se está expandiendo enormemente este déficit de gasto público social como resultado de los recortes.

 

Veamos ahora el segundo gran capítulo del estado del Bienestar: las transferencias públicas a las personas, ciudadanos y residentes en España. Estas transferencias siguen una determinada lógica, respondiendo a necesidades específicas que generan su demanda. Tienen como objetivo garantizar determinados niveles de vida (en general, definidos austeramente) a los beneficiarios, sean estos pensionistas, ancianos, infantes, jóvenes, familias, personas con discapacidades o personas en paro, entre otros. De nuevo, como en el caso de los servicios públicos, el gasto en transferencias por persona es bajísimo. Un cálculo elemental muestra que para alcanzar el nivel de gasto público en transferencias que deberíamos tener (al menos, por el nivel de desarrollo económico que tenemos) tendríamos que incrementar el gasto público en dichas transferencias en un 5% o 6% del PIB. Sumando esta cantidad a la anterior (déficit de gasto en servicios) nos da una cifra más que respetable: un total de más del 11% o 12% del PIB. Creo que la corrección de este déficit debería ser el objetivo principal de cualquier medida progresista en el país.

 

¿Qué quiere decir renta básica?

 

Veamos ahora qué entendemos por renta básica. El concepto de renta básica implica que todo ciudadano o residente tendrá garantizada por parte del estado la renta necesaria para vivir una vida digna. No creo que nadie, con sensibilidad progresista, pueda oponerse a este principio. El punto clave, sin embargo, es cómo garantizarlo. Una versión de la renta básica es que todo ciudadano, como derecho universal, es decir, derecho de ciudadanía o residencia, reciba un cheque público que sea de una determinada cantidad que garantice una vida digna. Naturalmente, un punto clave en este principio es qué quiere decir “vida digna”. Por regla general, vida digna se interpreta como vida no pobre, es decir, por encima del umbral de pobreza (las cantidades que, por regla general, se utilizan son bastante bajas). Aún así, multiplicando el número de ciudadanos y residentes por el cheque de renta mínima básica 8.551 euros al año (60% de la renta media del país) se obtiene una cifra alrededor del 37% del PIB. Y ahí es donde la pregunta debe hacerse. ¿Es esta cantidad además  de la necesaria para corregir el enorme déficit de gasto público social o es en lugar de? Si es además veo muy difícil, casi imposible (en la situación política del país con gran dominio de las derechas en la vida política del país), llevar a cabo dos propuestas muy ambiciosas (la necesidad de corregir el déficit social y el establecimiento de la RB) a la vez.

 

Lo cual me lleva al tema de cómo eliminar la pobreza, que es uno de los objetivos del movimiento a favor de la renta básica y que yo comparto. Y es aconsejable mirar la experiencia de los países que han sido exitosos en reducir e incluso eliminar la pobreza. Y todos ellos tienen un estado del Bienestar muy desarrollado, como consecuencia de toda una serie de intervenciones que van desde la provisión de servicios públicos a la provisión de una renta asegurada para colectivos e individuos que reúnen una serie de condiciones, que la gran mayoría de la ciudadanía puede cumplir en situaciones vulnerables, lo cual explica la gran popularidad de estos programas.

 

La estrategia antipobreza de la socialdemocracia y de los partidos comunistas gobernantes (después de la 2ª Guerra Mundial en la Europa Occidental), incorporada también más tarde por sectores de izquierda de la democracia cristiana como la alemana, defensora entonces de la economía social, fue desarrollar políticas de pleno empleo, que estimularon el aumento de la población adulta que trabajaba (facilitando sobre todo la integración de la mujer en el mercado de trabajo mediante la universalización de los servicios de ayuda a las familias y sobre todo a la mujer, además de cambiar la mentalidad del hombre haciéndole corresponsable de las tareas familiares), con buenos salarios y con políticas de formación profesional que aumentaran la productividad y por lo tanto el salario, todos ellos elementos clave de una estrategia a corto y a largo plazo, con la provisión de una renta más que básica para aquellas personas que por causas ajenas a su voluntad no pudieran trabajar. Y aunque esta estrategia cambió en los partidos socialdemócratas con la aparición de la Tercera Vía y otras vías afines y con el abandono de la sensibilidad de izquierdas dentro de la democracia cristiana, la evidencia continúa mostrando que la estrategia antipobreza más acertada es la que utilizaron aquellas tradiciones políticas antes de que fueran abandonadas por aquellos partidos, a partir de la década de los ochenta. La eficacia de aquellas intervenciones está más que probada. Suecia, por ejemplo, adquirió uno de los niveles de pobreza más bajos de la OCDE (el club de países más ricos del mundo), como también lo consiguió Dinamarca siguiendo tales políticas.

 

No niego que, una vez el estado del Bienestar esté bien desarrollado, el concepto de salario ciudadano pueda resultar una propuesta atractiva, al distribuir la plusvalía social según aumente la riqueza del país. Pero establecer un salario ciudadano cuando nuestro Estado del Bienestar está tan poco desarrollado es comenzar la casa por el tejado.

 

Hay que garantizar que todo ciudadano y residente pueda tener los recursos necesarios para vivir una vida digna y ello implica que el estado debe garantizar que los ciudadanos y residentes puedan alcanzar tal nivel de renta, bien a través del trabajo, bien a través de otras fuentes, incluidas las transferencias públicas, a la cual tenga derecho por sus circunstancias. Y esta renta debería ser superior a la que se cita frecuentemente como renta básica, que es más parecida en España a una prestación asistencial antipobreza que no como derecho universal.

 

Quisiera terminar estas notas indicando que, en España, en el País Vasco y en Madrid, entre otras partes del país, se han desarrollado programas bajo este nombre, de renta básica, que en realidad no corresponden a lo que se ha llamado tradicionalmente programas de renta básica. Son, en realidad, propuestas que ofrecen un mínimo de renta que permita prevenir la pobreza absoluta, programas que me parecen necesarios y que apoyo. Pero, por favor, que no se confundan los términos. En realidad, estos programas, a fin de tener la aprobación popular, parten de un umbral de pobreza tan bajo que solo consiguen prevenir la pobreza absoluta, lo cual ya en sí es un paso adelante, pero dramáticamente insuficiente para resolver el problema de la pobreza. Este requiere un mayor gasto en pensiones y servicios públicos (en el caso de la pobreza entre ancianos) y facilitar la integración de los jóvenes y sobre todo de la mujer en el mercado de trabajo mediante programas de formación y provisión de servicios públicos tales como los servicios de ayuda a la familia, medidas más ambiciosas y más eficaces que las ayudas en forma de transferencias para los pobres, que tienen un impacto menor en la eliminación de la pobreza.

 

Las políticas asistenciales antipobreza siempre han sido mucho menos eficaces que las universales en eliminar la pobreza, siempre y cuando los programas universales (que garanticen la eliminación de la pobreza) consistan en aportaciones sustanciales a colectivos vulnerables de caer en la pobreza. Es esta interpretación de la política de renta básica que, además de ser popular, es factible y eficaz. Un ejemplo de ello es la Seguridad Social, un programa universal (a todas las personas que pertenezcan a una categoría, por ejemplo ancianos, en el caso de las pensiones de vejez) que ha sido enormemente popular y eficaz. Sin las pensiones públicas, el 62% de la población anciana sería pobre, siendo el programa antipobreza más importante de España. Este es el modelo que debería seguirse.

 

20 ago 2013

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El 23 de agosto el magisterio decidirá si va a paro nacional indefinido

El magisterio también se sumaría el torrente de la protesta social que viene sacudiendo al país. El próximo 23 de agosto la junta nacional de Fecode decidirá si va a un paro nacional indefinido como medida de presión al gobierno para que cumpla los compromisos que tiene pendiente con el magisterio. Así lo dijo Luis Alberto Gruber Ibarra, el nuevo presidente de Fecode.

 

En entrevista para esta agencia de información, el señor Gluber Ibarra también se refiere a otros tópicos de la coyuntura nacional y del magisterio, en especial al trascendental paso que Fecode ha dado para volverse federación sindical para todo el sector de la educación.

 

Habla asimismo de la agenda política y gremial de Fecode, de los decretos que darán vida jurídica a los acuerdos de negociación colectiva que recientemente esta federación firmó con el gobierno, y que éste se está demorando en expedir. Y habló, entre otros temas, de la posición de Fecode frente al gobierno Santos y a las negociaciones de paz en La Habana.

 

Gruber Ibarra, de 59 años de edad, es oriundo de la Costa Atlántica, y ya en el período pasado había integrado el ejecutivo de Fecode. Ahora repite como parte del grupo Progresistas, y en virtud a un acuerdo de gobernabilidad suscrito por este grupo con otras corrientes políticas que se expresan al interior de la federación: Marcha Patriótica, Partido Liberal, Colectivo Guillermo Marín, y un independiente, fue elegido presidente.

 

¿Sobre qué criterios se logró el acuerdo de gobernabilidad en Fecode dentro del nuevo comité ejecutivo?

 

Sobre la base de continuar la hoja de ruta institucional y las definiciones del último congreso nacional en Paipa. Es decir, la defensa de la educación pública como derecho fundamental, no como un servicio; un derecho que el Estado debe financiar completamente con educación de calidad, desde el preescolar hasta la universidad. Es decir la defensa de los intereses del magisterio y el fortalecimiento de la unidad gremial; y la inserción de la federación en los movimientos sociales del país. Por ejemplo, en la defensa de la educación pública y gratuita coincidimos con la Mane, y en ese sentido la apoyamos porque un victoria de la Mane es una victoria nuestra.

 

A propósito del Congreso de Paipa, éste acordó un cambio trascendental en Fecode, que deja de ser solamente una federación sindical de maestros del sector público, para cobijar a todo el sector de la educación. Explíquenos cómo es eso.

 

Hubo un cambio de membrecía. Hoy Fecode es la Federación de Trabajadores de la Educación, en donde caben también los educadores de planteles privados, profesores universitarios, instructores del Sena, madres comunitarias, y hasta los empleados de los colegios, secretarias, vigilantes, señoras del aseo. Ese es el mandato del Congreso de Paipa, y se corresponde con la línea que trazó el 5ª Congreso de la CUT para construir sindicatos de rama. Lo que queremos es que los maestros del sector privado, los profesores universitarios, no sigan siendo explotados, que su relación laboral tenga amparo gremial y el patrón no tenga las manos libres para hacer lo que quiera. La aspiración es que se convierta en una federación de unos 500 mil trabajadores, esa es la meta.

 

¿Por qué Fecode da este paso?

 

Porque si en el mundo globalizado los capitalistas se reúnen en grandes agremiaciones mundiales, entonces los trabajadores tenemos que hacer lo mismo. En toda parte: México, Chile, España, Canadá la consigna es la misma: no a la privatización de la educación, porque ésta es una política global. En Fecode estamos integrados internacionalmente con la AIE, y ésta agrupa a los sindicatos de educadores del mundo, y en países como Canadá y Argentina agrupa a todos los trabajadores del sector, que es lo que aspira a ser Fecode.

 

Por ejemplo en el caso de los profesores universitarios que están afiliados a la Aspu, ¿cómo sería la cosa?

 

Aspu desaparecería y entraría a ser parte de Fecode. A la última junta nacional asistieron representantes de Aspu, están convocados, y en este momento tienen voz. Cuando se cumpla el proceso de fusión también tendrán representación y voto en un comité directivo más amplio. Hoy Fecode tiene 15 ejecutivos, la proyección es que llegue a 20 o más.

 

¿Y cómo quedarán las estructuras departamentales?

 

Adida, por ejemplo, que agremia a los educadores de Antioquia, integraría a la Aspu local, a los compañeros del Sena, a maestros de colegios privados, o que están en otras organizaciones. Es decir, tendría un mayor músculo social, y ya no será Adida sino la subdirectiva de Fecode en Antioquia. Y así en cada departamento.

 

Revisemos ahora algunos temas importantes para Fecode en lo gremial. En mayo terminó la negociación colectiva con el gobierno, y hubo algunos acuerdos que tienen que materializarse en decretos. ¿En qué va eso?

 

En eso se ha avanzado pero muy lentamente. Hay textos revisados en trámite de firma, para convertirse en decretos. En cuanto al tema de las primas de servicios, se nos presentó un texto de decreto, le hicimos unos reparos, se lo entregamos al ministerio y esperamos que hagan los ajustes. En el tema de derechos humanos, está pactado el texto del decreto, pero aún no se ha expedido. También está pactado lo de permisos sindicales, pero no se ha expedido. Lo que queremos es que haya más agilidad, porque son asuntos que requieren celeridad, no queremos que la paquidermia del gobierno se termine imponiendo.

 

La calidad del servicio de salud para el magisterio, es otro tema que Fecode ha puesto en primer plano en estos últimos años. ¿Qué hay de eso?

 

Ese tema tiene dos ingredientes: en el papel tenemos un buen modelo de régimen de salud, pero en la realidad tenemos un mal servicio. Exigimos entonces que el gobierno haga cumplir a los prestadores de salud el pliego que firmaron, que asuman el tratamiento al magisterio con responsabilidad y con los recursos de la medicina moderna. También estamos en la pelea en el tema de riesgos profesionales. Le estamos aportando a la reglamentación de la Ley 1562 en lo relacionado específicamente con el magisterio, que no la tememos, queda al arbitrio y voluntad del médico laboral, con algunas excepciones.

 

La lucha por un Estatuto Único, ¿qué avances va teniendo?

 

El escenario de discusión de ese tema es la comisión tripartita, en la que venimos avanzando. Esta semana casualmente hubo una reunión de esta comisión, en la que exigimos celeridad porque el Congreso de la República tiene unos tiempos, y esperamos que sea este congreso el que le dé trámite el proyecto de Estatuto Único para el magisterio.

 

En cuanto a los temas del país, ¿cuál es la posición institucional de Fecode frente a las negociaciones de paz que se adelantan en La Habana entre las Farc y el Gobierno?

 

El magisterio es el gremio más victimizado del país. Son más de 900 los maestros asesinados en los últimos 10 años, más los amenazados, desplazados, extorsionados. Por eso queremos que el proceso de La Habana sea exitoso, porque si aquí se generan espacios de convivencia social, tendríamos mayor sosiego para la realización de nuestra actividad pedagógica y gremial. Además tenemos que prepararnos para el posconflicto, para asumir desde la escuela nuestro papel en la sociedad. Tenemos que estar preparados para asumir una propuesta que involucre a los niños y padres de familia en la construcción del tejido social que necesita y merece este país. Nosotros los maestros estamos en toda partes y podemos ayudar a construir un proceso político alterno, para que los problemas empiecen a resolverse.

 

¿Y frente al Gobierno Santos?

 

Si yo soy Fecode y al presidente Santos lo encontrara en el desierto, y yo llevo una botella de agua, no le daría ni un trago, porque su gobierno es responsable del recorte de las transferencias a las regiones, del agotamiento económico para la educación, la salud y el agua potable. No somos amigos de la reelección de Santos, no es el poseedor de la solución de los problemas del país, ni los del magisterio; y tampoco caemos en el cuento de que es el menos malo. Él y Uribe son neoliberales, son responsables del desastre social del país, y hay que buscar salidas distintas.

 

A todas esas, ¿cuál es la agenda de la movilización y la protesta de Fecode?

 

Ya estamos en eso. El primero de agosto hicimos una jornada, tendremos una junta nacional el 23 de agosto, y si a esa fecha no ha habido avances en la solución de los problemas del magisterio, definiremos la hora cero para un paro nacional indefinido. Si el viceministro del trabajo, José Noé Ríos, fue garante en la firma de los acuerdos, esperamos que ahora también lo sea para que se cumplan.

 

¿Y cómo está el músculo combativo del magisterio?

 

Yo creo que los maestros tenemos historia y tradición de lucha, y cuando nos tocan el corazón, cuando son asuntos que tienen que ver con los derechos humanos, la salud, las condiciones dignas de vida, no nos doblega nadie. Objetivamente tenemos muchas y valederas razones para irnos a un paro indefinido, también hacemos parte del torrente de la protesta social que sacude al país.

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¿Qué esconde la disminución de la tasa de desempleo del Dane?

Recientemente el DANE anunció con bombos y platillos la reducción de la tasa de desempleo en el país, que de junio del 2012 a junio del 2013 pasó de 10% al 9.2%. El Ministerio del Trabajo de inmediato expresó su satisfacción por el desempleo de un dígito y destacó la reducción de 206.700 desempleados, con lo cual el número de éstos bajó a 2’136.000.

 

Por su parte el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, subrayó que éste es “el gobierno del empleo”, y el presidente Santos destacó que llevamos 34 meses con un desempleo que disminuye mes tras mes, y agregó que “esa es una noticia muy buena para la economía, muy buena para la seguridad, porque en la medida en que podamos disminuir el desempleo vamos también a disminuir la inseguridad”.

 

Pero yendo al detalle de la información del DANE, vemos que lo que ocurre es lo contrario, que las cosas van de mal en peor, pues la menor tasa de desempleo, que implica una reducción de 206.700 desempleados, está acompañada de una menor tasa de ocupados en casi un 1%, y en valores absolutos de 34.000 personas menos trabajando, como lo muestra el siguiente cuadro:

  

 

 

¿Cómo entender que haya menos personas ocupadas y menos desempleados en nuestro país? La respuesta está en el crecimiento exponencial de la Población Económicamente Inactiva (PEI) en 766.500 personas, según se ve en el cuadro. A este grupo, según el DANE, pertenecen estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados, rentistas, inválidos (incapacitados permanentemente para trabajar), personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar. Pero dentro de este concepto también se incluye a la llamada Población inactiva desalentada, que son aquellas personas que dejaron de buscar trabajo porque no hallan disponibilidad de un empleo. Es un asunto de la metodología que sin lugar a dudas borra de las estadísticas a mucho desempleado.

 

Como vemos en el cuadro, si al crecimiento de Población en Edad de Trabajar se le resta el crecimiento de la Población Económicamente Inactiva (525.800-766.500) nos explica la reducción de la Población económicamente Activa (Ocupados y desempleados) en 240.700 personas; y si a esta cifra restamos la disminución de los 34 mil ocupados del último año (240.700-34.000), nos da la mágica cifra de 206.700 desempleados menos en el país.

 

Las matemáticas no engañan, pero los supuestos metodológicos sí. La explicación de la reducción de los desempleados está en el traslado de muchos desempleados a la categoría de Población inactiva desalentada, personas que siguen desempleadas y llevan varias semanas buscando trabajo y no lo encuentran. Probablemente estén desalentadas por el hambre, pero con seguridad que siguen siendo desempleados.

 

Según el DANE, para el trimestre abril – junio la posición ocupacional que registró la mayor participación de ocupados fue el trabajador cuenta propia (42,9%), muy similar a la de hace un año que fue de 43,1%. En el mismo sentido la informalidad, medida por el acceso a la seguridad social, supera el 60%.

 

Por ramas de actividad los ocupados en la agricultura, la industria manufacturera y la construcción tuvieron una variación negativa en el trimestre abril – junio del último año en 4,2%, 2,9% y 6,2% respectivamente. Por su parte, los ocupados en comercio y servicios comunales, sociales y personales, sectores en los que predomina el trabajo informal, se presentaron crecimientos de 1,7% y 3,9%. Esto significa que la desindustrialización sigue un proceso irreversible y para el agro el panorama es mucho más oscuro.

 

Mientras la ocupación en las manufacturas y la agricultura, que pueden crear empleos más sostenibles y en mejores condiciones, se contrae por los efectos negativos de la crisis internacional y los tratados de libre comercio, crece la terciarización y reprimarizacion de la economía, que son procesos de poco impacto en la calidad y cantidad de los empleos que se generan.


Reducir de esta manera el desempleo no puede ser una noticia muy buena para la economíani para la seguridad, como lo afirma el presidente Santos. Si no se reorienta el modelo de desarrollo primario exportador y de financiarizacion de la economía hacia uno que favorezca la economía productiva con empleos estables y bien remunerados, serán inviables las posibilidades de paz en Colombia.

 

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Defender los derechos humanos en Colombia es cada vez más peligroso

El riesgo por defender los derechos de las más diversas comunidades en cualquier región de Colombia va en aumento. Pero lo que más preocupa es que de las amenazas contra defensores de derechos humanos se está pasando al asesinato. Así se desprende de un informe que acaba de presentar el programa Somos Defensores que monitorea las agresiones contra defensores y líderes sociales en Colombia.


 
En promedio, durante el primer semestre de 2013, cada día fue agredido un defensor y cada cuatro días uno de ellos fue asesinado, según las cifras del informe Héroes Anónimos. Y aunque las agresiones –que incluyen amenazas, asesinatos, atentados, detenciones arbitrarias–, se redujeron en un 5,6% comparado el primer semestre de 2012, los homicidios crecieron 27%. Esto quiere decir que si bien se pasó 163 a 153 agresiones, se incrementó de 29 a 37 líderes asesinados, lo que convertiría a 2013 en el año más crítico en la última década. El 2012 cerró con un ya trágico saldo de 69 defensores muertos.

 


“Las amenazas se han ido transformando y se han vuelto cada vez más directas. En 2011 eran digitales, a través de correos electrónicos y llamadas. En 2012 el actor armado se le presentaba al líder para intentar callarlo y en lo que va de 2013, las amenazas pasaron a ser acciones físicas”, explicó Carlos Guevara, miembro del programa Somos Defensores que está integrado por tres ONGs de derechos humanos.


 
Las víctimas son en su mayoría líderes comunitarios, dirigentes indígenas, sindicalistas, reclamantes de tierras, líderes de víctimas y de desplazados por el conflicto armado. Pero también hay líderes cafeteros, mineros y afroamericanos. Preocupa además que 12 de estos defensores habían reportado amenazas y sus asesinatos siguieron un patrón muy parecido. Primero los secuestraron y luego los asesinaron con el agravante de que casi todos los cuerpos tenían señales de tortura. Otros fueron asesinados en su propia casa. “Esa forma de agresión significa que la víctima fue seguida durante un tiempo suficiente como para identificar cuándo era más vulnerable y cuándo el homicidio podía quedar más impune”, agrega Guevara.


 
Uno de esos líderes es Éver Cordero, reconocido defensor de derechos humanos, líder de víctimas y de restitución de tierras del departamento de Córdoba, al norte del país, que fue asesinado el mismo día en que en los colombianos se movilizaban para marchar a favor de las víctimas del conflicto y del proceso de paz que adelanta el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC.


 
Ese 9 de abril, mientras el centro de Bogotá se llenaba con 900.000 personas, en Valencia, un municipio azotado por la violencia en el departamento de Córdoba y donde se concentra gran parte de las solicitudes de restitución de tierras, Cordero fue baleado por dos sicarios. Su muerte se produjo cuando iba a la marcha que apoyaría la salida negociada al conflicto en Colombia. Y aunque este hombre de 45 años no había sido amenazado, había alertado sobre las intimidaciones a 114 líderes de desplazados de esa región.


 
Las amenazas son la agresión más frecuente. Y en este caso, las cifras también han aumentado. Ya van 86 amenazas, cinco más que en el mismo periodo de 2012, la mayoría a través de panfletos que los victimarios distribuyen en las poblaciones donde ejercen liderazgo los defensores. En los departamentos donde más se dieron agresiones, los defensores son líderes de tierras y de población desplazada.


 
Ese es el caso del líder de restitución de tierras Iván Darío Restrepo que estaba protegido por parte del Estado. Según el informe, fue asesinado el 4 de mayo en la sala de su casa frente a su esposa, minutos después de que sus escoltas terminaran su turno de vigilancia. Lo mataron dos hombres vestidos de policías. Se sabe que Restrepo había denunciado alianzas entre integrantes de bandas criminales de su región y la policía.


 
El informe de Somos Defensores también da cuenta sobre los posibles responsables de las agresiones a estos defensores. En 70 de los casos aparecen como victimarios los paramilitares que no se desmovilizaron e integrantes de bandas criminales, seguidos de autores desconocidos. En el caso de las guerrillas y agentes del Estado, el informe destaca que su autoría en estos hechos ha venido disminuyendo.


 
“Hay que reconocer que las cosas han cambiado, muestra de ello es el acceso de muchas de las poblaciones vulnerables a mecanismos de denuncia, de protección, la puesta en marcha de Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, la búsqueda de acuerdos de paz con los grupos insurgentes, incluso los mismos golpes que le ha dado el gobierno a las bandas criminales”, dice Guevara con relación al discurso guerrerista del gobierno anterior.


 
Aun así, pese a que la vulneración a los derechos humanos en el país ha disminuido, Somos Defensores asegura que hoy el peligro se concentra en ciertas regiones y sectores que trabajan defendiendo derechos de desplazados, víctimas y despojados que buscan recuperar sus tierras.
 


El informe también hace una fuerte crítica a la Unidad de Protección del gobierno que ha enfocado sus esfuerzos -y un enorme presupuesto- a brindar esquemas de seguridad que incluyen carros blindados y escoltas. Por eso proponen apostarle a la prevención y a la investigación para dar con los responsables de las amenazas y las agresiones. Según Guevara, desde que el gobierno creó en 2009 la Mesa Nacional de Garantías han asesinado a 219 defensores de derechos humanos sin que las investigaciones arrojen resultados.

 

Por Elizabeth Reyes L. Bogotá 7 AGO 2013 - 00:25 CET

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Domingo, 04 Agosto 2013 06:06

Brasil: retrato de una mujer traicionada

Brasil: retrato de una mujer traicionada

Hace unos días, la presidenta Dilma Rousseff ordenó liberar de forma inmediata poco menos de mil millones de dólares para atender las enmiendas parlamentarias al presupuesto anual. Anunció, además, que en septiembre serán liberados otros dos mil millones de dólares. Esa montaña de dinero será empleada por los señores legisladores para atender intereses parroquiales de sus feudos electorales. En Brasil el presupuesto nacional, una vez aprobado por el Congreso, autoriza al Poder Ejecutivo a gastar, es decir, señala de cuánto puede disponer el gobierno a lo largo del año, promoviendo cortes o ajustes. Impone un tope, y nada más. No obliga al gobierno a cumplir lo que ha sido propuesto por él y aprobado por los parlamentarios. Es parte del juego. De la misma forma, es parte del ritual que en el Congreso la propuesta original sufra un sinfín de enmiendas. Ya la liberación de recursos para atender la demanda de diputados y senadores depende del Ejecutivo, en un ciclo vicioso de presiones y contrapresiones.

 

Al liberar, a estas alturas del año, miles de millones de reales para satisfacer a los parlamentarios, Dilma Rousseff hace un nuevo intento por mejorar las cada vez peores relaciones con su base aliada, que abarca 10 partidos de los más diversos orígenes, y sin otro compromiso visible que la voluntad de ocupar espacios de poder, con sus consecuentes prebendas. Encabezada por el PT de Lula y Dilma, esa alianza creada para asegurar la llamada “gobernabilidad” tiene un costo cada vez más elevado, y no sólo en términos presupuestarios. También en términos políticos aliarse a grupos tan diversificados, tan variopintos, tiene un precio muy alto.

 

Dilma Rousseff, y tal como antes le ocurrió a Lula, parece resignada a esa circunstancia. Hay, sin embargo, diferencias cruciales. Primero: Lula tiene un carisma incomparable, mientras que el de Dilma, si existe, todavía no se deja ver. Segundo: Lula es un negociador hábil y la cintura política de Dilma es de piedra. Tercero: nunca, desde que en enero de 2003 el PT llegó al poder, el apoyo en el Congreso ha sido tan bajo y el precio tan alto. Ni siquiera en 2005, cuando se dio el estallido del escándalo del mensalão (sobornos a legisladores) –que casi le costó a Lula da Silva la relección al año siguiente– el índice de lealtad de los aliados fue tan bajo, especialmente en la Cámara de Diputados.

 

Luego de la oleada de manifestaciones de protesta que asolaron el país en junio, parece obvio que la semana que viene, cuando se levante el receso parlamentario, el escenario se haga todavía más turbio.

 


La constatación de la fuerte pérdida de popularidad de la presidenta luego de los sucesos del mes pasado –fenómeno igual ocurrió con todos los gobernadores estaduales sin excepción– también contribuye para que se agudice el apetito voraz de los aliados de ocasión.

 

Ahora insinúan retirar su respaldo a la relección. Hace tres meses disputaban quién le presentaba a Dilma los más contundentes juramentos de amor eterno. Reivindican más diálogo con el Poder Ejecutivo, o sea, quieren más puestos, más presupuesto.

 

Desde enero, el apoyo al gobierno en la Cámara de Diputados se desplomó a niveles inauditos. El principal aliado, el PMDB, apoyó al gobierno en solamente 56.06 por ciento de las votaciones, el más bajo índice desde que adhirió formalmente a un gobierno encabezado por el PT en 2007, todavía con Lula. Es menos de cuando no integraba la alianza del gobierno (2003-2006) y se declaraba “independiente”. Incluso, el pequeño PSOL, que desde la izquierda es dura oposición a Dilma, ha sido más positivo: apoyó 56.14 por ciento de los proyectos del gobierno.

 

Otros dos aliados, el PSB y el PP, aprobaron, respectivamente, 64.79 y 63.85 por ciento de las propuestas que Dilma envió al Congreso. Lo más curioso es que el mismo PT de Dilma, que tiene el mayor número de diputados, retrocedió entre 2011 (primer año de su gobierno), y el primer semestre de 2013 de 95.19 por ciento a 92.15 de apoyo efectivo.

 

Todos los partidos de la base aliada han sido tenidos en cuenta para otorgarles ministerios, secretarías nacionales con rango ministerial o puestos clave en entes autárquicos y direcciones nacionales.

 

Vale destacar que el balance de la lealtad –o de su falta– tuvo como foco central las votaciones de todo el primer semestre, o sea, no está vinculado directamente a la oleada de protestas que desgastaron fuertemente al gobierno. Al contrario: menos de 10 por ciento de las votaciones en el Congreso ocurrieron después de la marea de manifestaciones callejeras.

 

Para este segundo semestre está previsto en el Congreso el análisis de temas cruciales para Dilma. De persistir ese clima francamente antagónico entre los partidos aliados y el gobierno, la tensión seguramente alcanzará niveles aún más elevados.

 

Es sabido que de muchas traiciones también está hecho el juego político. Lo que se ve en Brasil, en todo caso, es un claro ejemplo de hasta qué punto el bicho humano puede esmerarse por traicionar cada vez más.

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Rajoy se atornilla al sillón presidencial

Mariano Rajoy no piensa renunciar ni convocar a elecciones anticipadas. Tras cinco horas y media de comparecencia ante el Congreso de la Nación por la presunta corrupción de su partido, el presidente reiteró que era inocente y ratificó su continuidad al frente del gobierno. “No voy a dimitir de las responsabilidades que me encomendaron los españoles –afirmó–. No voy a declararme culpable porque no lo soy.”

 

El líder del Partido Popular (PP) rompió el largo silencio que mantenía en torno de las acusaciones de su ex tesorero y se atrevió a decir en voz alta, frente a un hemiciclo lleno, el temido nombre de Bárcenas. La alusión al escándalo por la supuesta financiación irregular de su partido, llegó después de varios minutos dedicados a repasar los números que, según el mandatario, prueban una leve mejora de la economía española. “La recuperación de la confianza es fruto de una política de reformas que no se puede echar por la borda debido a la actuación irresponsable de ciertas personas”, advirtió Rajoy y procedió luego a la confesión: “Me equivoqué. Lo lamento, pero fue así”. Tras un estruendoso aplauso de sus fieles en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, el presidente insistió: “Me equivoqué por mantener la confianza en alguien que no lo merecía” y recalcó su inocencia al afirmar que cometió el error de “confiar en un delincuente pero no de encubrir a un falso culpable”.

 

Rajoy reconoció la existencia de los SMS publicados por el diario El Mundo, que reflejaban conversaciones amistosas entre él y su ex tesorero mientras llovían las acusaciones sobre la supuesta contabilidad B del partido. “Me fié de él y lo apoyé. Sí, lo apoyé como apoyaría a cualquiera que sufre una persecución injusta”, admitió. “Luego llegaron noticias de cuentas en Suiza del señor Bárcenas ocultadas a la Hacienda Pública. Lo confirmó el juez y el imputado no pudo negarlo. ¿Me engañó? Sí. Ese es todo mi papel en la historia.”

 

También se atrevió el mandatario a referirse a la presunta economía en negro de su partido. “En el PP ni se ha llevado una doble contabilidad ni se oculta ningún delito”, afirmó en la sede parlamentaria. Corroboró, eso sí, el abono de anticipos o complementos a alguno de los miembros del partido, pero puntualizando que “se pagó por un trabajo, en blanco, y se incluyó en la contabilidad”. En relación a estos sobresueldos, finalmente Rajoy añadió que queda en cada persona el haberlos declarado a Hacienda o no. “Yo sí que lo he hecho”, aseguró.

 

Así arrancaba una comparecencia que, pese a coincidir con “la operación salida” de miles de ciudadanos rumbo a sus vacaciones de verano, se seguía con expectativa desde todas las radios y televisores del país. Y es que la declaración llegaba después de que, durante las últimas semanas, la oposición reclamara explicaciones de Rajoy ante la Cámara baja, incluso bajo la amenaza de presentar una moción de censura. Sin embargo, el ansiado discurso del jefe del Ejecutivo no parece haber convencido a los socialistas ni a la mayoría de los grupos opositores, que mantuvieron en todo momento sus exigencias de dimisión. “Váyase cuanto antes, váyase por el bien de este país”, le pidió el líder del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, en su primera réplica. “Usted no se ha comportado en los últimos tiempos como el presidente de un país que atraviesa una grave crisis, sino como el presidente de un partido que ha crecido, ha vivido y ha ganado elecciones enancado en un sistema de financiación ilegal durante más de 20 años”, acusó el socialista.

 

Rajoy, en respuesta, atribuyó a Rubalcaba la intención de boicotear la estabilidad política y la confianza de los mercados internacionales en España.

 

“¿Por qué siembra incertidumbres dentro y fuera del país con una amenaza de moción de censura? ¿Qué espera conseguir a cambio de que volvamos a la ruina?”, lo increpó.

 

El tenso pulso entre los líderes de los dos partidos mayoritarios centró buena parte de la comparecencia y procuró eclipsar las intervenciones de los demás grupos opositores, a quienes el mandatario apenas dirigió la palabra. Los portavoces de las distintas formaciones que se reúnen bajo la Izquierda Plural coincidieron en citar los SMS cruzados entre Rajoy y Bárcenas como prueba de que la relación entre ambos es demasiado estrecha para creer que el presidente no estaba al corriente de todas las irregularidades.

 

“Este país no se merece tener un corrupto político al frente de la presidencia del gobierno”, disparó Joan Coscubiela, representante de la plataforma Iniciativa por Cataluña-Verdes (ICV). “Dimita y convoque a elecciones”, le reclamó Coscubiela al mandatario, al igual que lo hizo el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara. “Tienen el gobierno montado sobre una gran mentira –señaló–, no vale con pedir disculpas.”

 

Pero Rajoy dejó claro que no está dispuesto a dar el brazo a torcer. En su última intervención, reiteró la negativa a abandonar su cargo y a seguir dando explicaciones: “Hay quien quiere convertir el Parlamento en una enorme comisaría”, reprochó y cerró la comparecencia tal como la empezó: “En resumen, Señorías, he reconocido un error. Mi error”.

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Lunes, 29 Julio 2013 06:08

Historias peligrosas

Historias peligrosas

Howard Zinn, el gran historiador rebelde y popular (en todos sentidos), aún asusta a los poderosos, no obstante que murió en 2010. Justo con la noticia de su muerte, el entonces gobernador de Indiana, Mitch Daniels, buscó asegurar que la obra de Zinn no contaminara las escuelas de su estado. Sobre todo, el gobernador deseaba prohibir la obra más conocida de Zinn, A People’s History of the United States, que ofrece una versión de la historia “desde abajo” y que es el texto más vendido (más de un millón de ediciones) y usado en escuelas y universidades a lo largo del país.

 

En un intercambio de correos con altos funcionarios de educación de su estado, obtenido recientemente por la agencia Ap, Daniels escribió: “ese terrible académico antiestadunidense por fin ha muerto”, y al describir su texto clásico como una obra “de desinformación que malinterpreta la historia estadunidense en cada página”, pregunta a los encargados de la educación: “¿alguien me puede asegurar que no está en uso en ninguna parte de Indiana? Si lo está, ¿cómo podemos deshacernos de él antes de que más jóvenes sean obligados a consumir una versión totalmente falsa de nuestra historia?” Al revelarse esto provocó ira entre el mundo académico no sólo por el intento de suprimir el trabajo, sino porque Daniels recientemente asumió el puesto de rector de la Universidad Purdue, una de las más importantes de Indiana.

 

Hace una semana, la Asociación Estadunidense de Historiadores emitió una declaración en la que asienta: “deploramos el espíritu e intento” de los correos y afirma que “los intentos de seleccionar textos particulares para suprimirlos en el currículum de una escuela o universidad no tienen cabida en una sociedad democrática”.

 

En respuesta a la divulgación y publicación de sus correos, Daniels defendió y reiteró su posición en una declaración a Ap hace una semana: “No deberíamos enseñar de manera falsa la historia estadunidense en nuestras escuelas”, y agregó que Zinn “falsificó a propósito la historia estadunidense”. Continuó: “Tenemos una ley que requiere supervisión estatal de libros de texto para defender contra fraudes como Zinn, y fue alentador encontrar que ningún distrito escolar (de Indiana) había impuesto este libro a sus estudiantes”.

 

La semana pasada, una carta firmada por 90 profesores de Purdue fue enviada a su nuevo rector, en la que denuncian que su posición es contraria a todo principio de libertad académica, y defienden el trabajo de Zinn, incluso informando sobre el uso de su obra en esa universidad y recordando que fue destacado integrante de la Asociación Estadunidense de Historiadores y profesor emérito de la Universidad de Boston hasta su muerte, y que la gran mayoría de expertos en historia no disputan los hechos en el trabajo de Zinn, aunque podrían diferir de sus conclusiones. (Ver la carta).

 

Pero lo de Zinn no es aislado. Intentos de autoridades por suprimir el trabajo de intelectuales, artistas y escritores no es fenómeno nuevo en este país. Vale recordar la gran disputa en Arizona el año pasado, ante intentos de políticos por desmantelar y suprimir los “estudios chicanos”, como el intento de prohibir los trabajos de Paulo Freire y más. Acompaña la locura durante años de suprimir las teorías de Darwin en las escuelas públicas en estados como Kansas, bajo mando de fundamentalistas cristianos.

 


El periodista Chris Hedges (premio Pulitzer por sus reportajes de guerra para el New York Times), feroz crítico de lo que considera políticas represivas, escribió recientemente que “el estado de seguridad y vigilancia, después de aplastar al movimiento Ocupa y erradicar sus campamentos, ha montado una campaña implacable y en gran medida clandestina para negar cualquier espacio público a cualquier agrupación o movimiento que pudiera generar otro levantamiento popular”, y afirma que sistemáticamente se está negando el derecho a la libre expresión y de asociación.

 

“La meta del Estado corporativo es criminalizar la disidencia democrática popular antes de que estalle otra erupción popular. El vasto sistema de vigilancia detallado en las revelaciones de Edward Snowden… asegura que ninguna acción o protesta pueda ocurrir sin el previo conocimiento de nuestro aparato de seguridad interna. Este conocimiento anticipado ha permitido a los sistemas de seguridad interna bloquear y anticiparse a ocupar espacios públicos, como también realizar hostigamiento, interrogaciones, intimidación, detenciones y arrestos preventivos antes de que puedan realizarse protestas. Hay una palabra para este tipo de sistema político: tiranía”, escribió Hedges en Truthdig.org

 

Zinn se dedicaba a denunciar y desnudar la hipocresía oficial, tal como hacen otros. Al parecer es una tarea incesante. Pero Zinn también se dedicaba a resucitar la memoria colectiva de rebeliones, resistencia y nobleza en nombre de la justicia y contra las políticas económicas, sociales y bélicas de las cúpulas a lo largo de la breve historia de este país, para educar y/o despertar a los que desean cambiar el futuro.

 

El historiador y filósofo político Cornel West (quien ha estado en el profesorado de Harvard y Princeton y ahora en el Union Theological Seminary), comentó en el programa Democracy Now que el ataque contra el historiador es “un elogio a Howard Zinn, porque demuestra el poder de su trabajo”. Agregó que es peligroso, pero necesario, “decir la verdad sobre el pasado y presente estadunidense, y tenemos que hacerlo de tal manera que se relacione con la gente ordinaria, especialmente los jóvenes. Hay mucha esperanza entre los jóvenes. Están cansados de toda esta hipocresía, mendacidad y criminalidad” en este país.

 

Tal vez la otra historia, la no oficial, de este país, y los ejemplos de resistencia que ofrece, asustan tanto a los poderosos que necesitan prohibir libros, vigilar a desobedientes actuales y potenciales y clausurar plazas para que la gente no cuente más historias peligrosas.

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