Hacia dónde van los gobiernos de izquierda y progresistas?
El auge de los movimientos sociales y la elección de gobiernos de izquierda y progresistas, son dos de los grandes acontecimientos ocurridos en América Latina en las postrimerías del siglo XX y los albores del XXI. Pese a la aún hoy no resuelta tensión entre «lo social» y «lo político», es decir, entre las formas de organización y lucha social, y las formas de organización y lucha política, la relativa convergencia de ambas fue la que contuvo y desaceleró la avalancha reaccionaria que azotó a la región en las décadas de 1980 y 1990, festín de la concentración y transnacionalización de la riqueza y el poder político, con su correlato de agravamiento de la pobreza, la miseria y la exclusión social.

Cuando en el mundo se enseñoreaban el desconcierto y el abatimiento provocados por el colapso de los paradigmas comunista y socialdemócrata europeos, en América Latina, la irrupción de los nuevos movimientos sociales y la determinación de un amplio espectro de fuerzas políticas de izquierda de emprender lo que se conoció como búsqueda de alternativas al capitalismo neoliberal, abrieron nuevos caminos en sustitución de los que cerraban. Por esos caminos hemos avanzado desde entonces, pero al adentrarnos en segunda década del siglo XXI, ya no basta con hablar de «nuevos» movimientos ni de «búsqueda» de alternativas.

En rigor, los llamados nuevos movimientos sociales surgen en los años sesenta (¡hace ya más de cinco décadas!) en los Estados Unidos, Europa Occidental y América Latina, con características derivadas de la situación de cada región. En la nuestra, su identificación y reconocimiento generalizado como tales data de los años ochenta (hace ya más de tres décadas) porque hasta entonces habían estado entremezclados con los movimientos clandestinos e insurgentes surgidos bajo el influjo de la Revolución Cubana. Ese es el momento en el cual: 1) el cambio en la situación internacional y regional provoca el declive de la lucha armada, y relega a las organizaciones sociales y políticas tradicionales a planos secundarios y hasta marginales; 2) los nuevos movimientos sociales demuestran ser inmunes al efecto de la crisis terminal del «socialismo real» y el advenimiento del mundo unipolar; y, 3) se evidencia su condición de protagonistas principales de la lucha contra el neoliberalismo y contra las más diversas formas de opresión, explotación y discriminación. En lo referente a los gobiernos de izquierda y progresistas, a más de trece años de la victoria de Hugo Chávez en la elección presidencial venezolana de 1998, ya son diez los existentes en América Latina continental, parte de los cuales está en su tercer período consecutivo, otra en el segundo y el resto en el primero.

Es conocido que los procesos históricos, como el tránsito de una formación económico social a otra, por ejemplo, del feudalismo al capitalismo, tardan siglos y atraviesan por etapas de avance y retroceso. No está de más recordar los setenta y cuatro años en la fracasada experiencia de la Unión Soviética. Visto desde esta perspectiva, las cinco décadas transcurridas desde el nacimiento de los «nuevos» movimientos sociales, las tres décadas transcurridas desde que se les reconoce como tales en América Latina, y el poco más de una década transcurrido desde el inicio de la elección de los gobiernos latinoamericanos de izquierda y progresistas, son lapsos incomparablemente breves. Pero, desde otra perspectiva, en esos largos procesos históricos se abren y cierran «ventanas de oportunidad», cuyo aprovechamiento los acelera y cuyo desperdicio los derrota o, al menos, los retrasa. Es en esta perspectiva en la que tenemos que ubicarnos.

Marx afirmaba que capital que no crece, muere. En forma análoga podemos decir que proceso de transformación social revolucionaria o de reforma social progresista que no avanza, muere: abre flancos a la desestabilización del imperialismo y la derecha local, y fomenta la desmovilización, el voto de castigo y la abstención de castigo de los sectores populares defraudados. Por eso es que debemos preguntarnos en qué medida los «nuevos» movimientos sociales, que en los años sesenta, setenta, ochenta y noventa estuvieron a la altura de las circunstancias, se han convertido en movimientos social-políticos, es decir, han logrado desarrollar la vocación y la capacidad de luchar por una transformación social revolucionaria. Y también, por las mismas razones, debemos preguntarnos si los actuales gobiernos de izquierda y progresistas están enrumbados hacia la edificación de sociedades «alternativas» o si serán un paréntesis que, en definitiva, contribuya al reciclaje de la dominación del capital. El objetivo de estas preguntas no es calificar o descalificar a una u otra fuerza política o social-política, o a uno u otro gobierno de izquierda o progresista, sino recordar una sentencia del siglo XX que no pierde vigencia en el XXI: sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario.

Como es lógico, entre la izquierda de épocas anteriores y la actual, hay similitudes y diferencias. Una similitud es que, como ocurrió de manera periódica en los siglos XIX y XX, el comienzo de una nueva etapa histórica obliga a la izquierda a formular nuevos objetivos, programas, estrategias y tácticas. Una diferencia es que, tanto las corrientes revolucionarias, como las corrientes reformistas del movimiento obrero y socialista nacido en el siglo XIX, habían elaborado y debatido sus respectivos proyectos políticos mucho tiempo antes de que la Revolución Bolchevique en Rusia (1917) y la elección del primer ministro laborista Ramsey McDonald en Gran Bretaña (1924), llevaran al gobierno, por primera vez, a representantes de una y otra, mientras que la izquierda latinoamericana actual llegó al gobierno sin haber elaborado los suyos. La izquierda latinoamericana llega al gobierno sin descifrar la clave para dar el salto de la reforma social progresista a la transformación social revolucionaria, sin la cual quedará atrapada en el mismo círculo vicioso de reciclaje del capitalismo concentrador y excluyente que la socialdemocracia europea. Este es el problema pendiente: construir la imprescindible sinergia entre teoría y praxis revolucionaria.

Los denominados gobiernos de izquierda y progresistas electos en América Latina desde finales de la década de 1990, son en realidad gobiernos de coalición en los que participan fuerzas políticas de izquierda, centroizquierda, centro e incluso de centroderecha. En algunos, la izquierda es el elemento aglutinador de la coalición y en otros ocupa una posición secundaria. Cada uno tiene características particulares, pero es posible ubicar a los más emblemáticos en dos grupos. Estos son: a) gobiernos electos por el quiebre o debilitamiento extremo de la institucionalidad democrático neoliberal, como ocurrió en Venezuela, Bolivia y Ecuador; y, b) gobiernos electos por acumulación política y adaptación a las reglas de juego de la gobernabilidad democrática, caracterización aplicable a Brasil y Uruguay. Además, están los casos de Nicaragua, El Salvador, Paraguay, Argentina y Perú, sobre los cuales el espacio no nos permite siquiera unas escuetas palabras de referencia.

¿Cómo se explica la elección de gobiernos de izquierda y progresistas en el mundo unipolar donde imperan la injerencia y la intervención imperialista?

Se explica por cuatro razones fundamentales, tres de ellas positivas y una negativa. Las positivas son:

1) El acumulado de lucha de las fuerzas populares libradas en la etapa abierta por el triunfo de la Revolución Cubana, en la cual, aunque no alcanzaron los objetivos máximos que se habían planteado, demostraron una voluntad y capacidad de combate que obligó a las clases dominantes a reconocerles los derechos políticos que les estaban negados.

2) La lucha en defensa de los derechos humanos que forzó la suspensión del uso de la violencia más descarnada como mecanismo de dominación.

3) El aumento de la conciencia, la organización y la movilización social y política registrado en la lucha contra el neoliberalismo, que sienta las bases para la participación política y electoral de los sectores antes marginados.

Como contraparte, la razón negativa es la apuesta del imperialismo norteamericano a que la unipolaridad le permitiría someter a los países latinoamericanos a los nuevos mecanismos transnacionales de dominación, motivo por el cual dejó de oponerse de oficio a todo triunfo electoral de la izquierda, como había hecho históricamente. A todo lo anterior debe agregarse un factor volátil: el voto de castigo a las fuerzas políticas de derecha por los efectos socioeconómicos de la reestructuración neoliberal, es decir, un voto no ideológico, ni político, y mucho menos cautivo de la izquierda, que ésta puede perder si su ejercicio de gobierno no satisface las expectativas.

¿Por qué fuerzas políticas y social-políticas de la izquierda latinoamericana llegan al gobierno sin siquiera haber esbozado las líneas gruesas de sus proyectos estratégicos o, aún peor, en algunos casos sacrifican sus proyectos estratégicos para llegar al gobierno?

Ello es resultado de cuatro factores que ejercen una influencia determinante en las condiciones y características de las luchas populares en el subcontinente:

1. El salto de la concentración nacional a la concentración transnacional de la propiedad, la producción y el poder político (la llamada globalización), ocurrido en la década de 1970, tras un proceso de acumulación de premisas finales que se desarrolla durante la segunda posguerra mundial, que cambia la ubicación de América Latina en la división internacional del trabajo y modifica la estructura socioclasista.

2. La avalancha universal del neoliberalismo, de la década de 1980, desarticula las alianzas sociales y políticas construidas durante el período nacional desarrollista y establece las bases de la reestructuración de la sociedad y la refuncionalización del Estado sustentadas en función de la concentración y transnacionalización de la riqueza.

3. El derrumbe de la URSS y el bloque europeo oriental de posguerra, entre 1989 y 1991, que le imprime un impulso extraordinario a la reestructuración neoliberal, provoca el fin de la bipolaridad estratégica, que actuó como muro de contención de la injerencia y la intervención imperialista en el Sur durante la posguerra y tiene un efecto negativo, a corto plazo, para la credibilidad de todo proyecto social ajeno al neoliberalismo, no solo anticapitalista, sino incluso apenas discordante con él, efecto que llega a ser devastador para las ideas de la revolución y el socialismo.

4. La neoliberalización de la socialdemocracia europea, en sus dos grandes vertientes, la Tercera Vía británica y la Comisión Progreso Global de la Internacional Socialista, en la década de 1990, que recicla la doctrina neoliberal cuando su inducida credibilidad se desploma, la encubre con una presentación humanista, «light» y «progre».

Téngase en cuenta que los primeros triunfos de fuerzas de izquierda y progresistas en elecciones presidenciales latinoamericanas, el de Chávez en Venezuela (1998) y el de Lula en Brasil (2002), se producen cuando el efecto acumulado de estos factores está en su apogeo, en particular, es el momento de mayor impacto en América Latina de las ideas de la Tercera Vía y la Comisión Progreso Global. Esos factores combinados ejercen una influencia determinante en los gobiernos de Brasil, Uruguay, Argentina y otros, y una influencia menos evidente, pero también efectiva, en los de Venezuela, Bolivia y Ecuador.

Tras el derrumbe de la URSS, el desaparecido dirigente revolucionario salvadoreño Schafik Hándal empezó a repetir una idea que parece simplona, pero es más profunda que un sinnúmero de doctas reflexiones: «Habrá socialismo –decía Schafik– si la gente quiere que haya socialismo». Las preguntas que se derivan de esta idea son: ¿Quiere que haya socialismo la gente de Venezuela, Bolivia, Ecuador, los países cuyos procesos políticos se corresponden con la definición de revolución entendida como acumulación de rupturas sucesivas con el orden vigente? ¿Quiere que haya socialismo la gente de Brasil, Uruguay, Nicaragua u otros países latinoamericanos gobernados por fuerzas de izquierda o progresistas? A estas preguntas tenemos que añadir otras: ¿sabe la gente de esos países qué es socialismo? ¿Comparten los líderes de esos países nuestro concepto de socialismo que, al margen de las diferentes condiciones, características, medios, métodos y vías, implica la abolición de la producción capitalista y del sistema de relaciones sociales que se erige a partir de ellas y en función de ellas? ¿Hay en esos procesos fuerzas políticas capaces de concientizar a la gente para que quiera que haya socialismo? ¿Lo están haciendo? Todas estas preguntas son cruciales, pero las definitorias son las dos últimas.

Planteada en términos teóricos, la idea, en apariencia simplona, de Schafik implica que para avanzar en dirección al socialismo los procesos de reforma o transformación social de signo popular que hoy se desarrollan en América Latina necesitan: teoría revolucionaria; organización revolucionaria; bloque social revolucionario, basado en la unidad dentro de la diversidad; y solución del problema del poder, este último entendido como la concentración de la fuerza imprescindible para producir un cambio efectivo de sistema social. Podemos hablar de protoformas de esos cuatro elementos en Venezuela, Bolivia y Ecuador, y quizás en algunos otros gobernados por fuerzas de izquierda y progresistas, pero en ninguno se puede hablar de formas acabadas.

Nada de esto es nuevo. De todo ello habla desde hace años y, quizás, hasta de manera sobredimensionada, porque a esos elementos se atribuye el papel determinante en la formación de la identidad del futuro socialismo latinoamericano. Sin dudas, su papel será crucial, pero lo determinante es cómo, cuándo, dónde y en qué condiciones tendrá lugar el acceso al poder político, sea mediante su conquista o construcción. Sin estas respuestas, no puede hablarse de Socialismo del Siglo xxi, Socialismo en el Siglo xxi, Vivir Bien, Buen Vivir, o cualquier noción similar, más que como una utopía realizable de contornos aún muy difusos.

- Roberto Regalado es Doctor en Ciencias Filosóficas, profesor-investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU) de la Universidad de La Habana y coordinador de varias colecciones de la editorial Ocean Sur. En este artículo se esbozan algunas ideas contenidas en su libro La izquierda latinoamericana en el gobierno: ¿alternativa o reciclaje?, Ocean Sur, México D.F. 2012 (259 pp.).
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Los partidos fracasan en su último intento de formar Gobierno en Grecia
Para explicar el fracaso sin paliativos de las fuerzas políticas griegas a la hora de formar una coalición de gobierno que evite el abismo, podría aplicarse el refrán del cojo que le echa la culpa al empedrado. Pero el empedrado, esta vez, tiene nombre y apellidos, los de Alexis Tsipras, líder de la Coalición de Izquierda Radical (Syriza, segunda fuerza más votada el domingo), que ha rechazado una forzada oferta de colaboración hecha por tres partidos (socialista, conservador e Izquierda Democrática) que, con sus diputados, podrían haber sacado adelante un Ejecutivo de unidad medianamente estable. La política en Grecia tiene estas cosas, y siempre es más fácil salvar la cara ante el electorado —y ante Europa— dejando que sea otro el que pronuncie el no.


“El rechazo a esta propuesta no es de Syriza, sino del pueblo griego”, ha dicho Tsipras tras reunirse durante una hora con el líder socialista, Evánguelos Venizelos, encargado de formar Gobierno en última instancia. “Venizelos y Samarás [de la conservadora Nueva Democracia] hacen como si no hubieran entendido el mensaje de las urnas” contra los recortes, anunció, para reiterar su rechazo a un “Gobierno del memorándum [sobre el plan de rescate] con una coartada de izquierda”, en referencia a Syriza. “Ha llegado la hora de la verdad para todos”, ha declarado Venizelos, que mañana sábado informará de su fracaso al presidente del país, Karolos Papulias.


El principio de acuerdo que algunos acariciaban desde el jueves quedó pues en agua de borrajas. Tanto Fotis Kuvelis, líder de Izquierda Democrática (19 diputados) —que la víspera había aceptado integrar una coalición de Gobierno—, como Andonis Samarás, con 108 escaños, habían insistido en que en esa hipotética solución debía participar Alexis Tsipras, vencedor moral de los comicios (52 diputados) y el mayor crítico de la política de austeridad impuesta por los planes de rescate de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI).


Nueva Democracia e Izquierda Democrática hicieron en cualquier caso un brindis al sol, pues Tsipras ya había manifestado que no iba a traicionar a sus votantes “a cambio de un par de ministerios”. “Grecia necesita un Gobierno duradero, con la participación o el apoyo pasivo de Syriza, que asegure la permanencia del país en el euro y avance hacia una renegociación” del memorándum, instó Samarás. Kuvelis también solicitó la colaboración de Tsipras aunque se contradijo inmediatamente al declarar: “Es obvio que Syriza no está dispuesta a participar en un Gobierno de salvación nacional. Y nosotros no participaremos en uno solo con Pasok y Nueva Democracia. Lo único que quiere Syriza son nuevas elecciones”. Kuvelis, abogado de 61 años, propuso su hoja de ruta para acabar con el marasmo en Grecia: “Un europeísmo progresista y un socialismo democrático”. Las propuestas de unos y de otros sonaban como un diálogo de sordos ajeno a la inminencia del apocalipsis.


Los intereses partidistas han privado pues a Grecia de la única posibilidad que le quedaba para no despeñarse por el abismo —del euro y de la política—, y a los griegos, de una fórmula que la mayoría de ellos defendía: según una encuesta de Marc para el diario Ethnos, el 62,7% de los ciudadanos quiere un Gobierno de coalición (y el 53%, con la participación de Syriza). Solo el 32% de los consultados defiende unas nuevas elecciones.


Con el índice general de la Bolsa de Atenas en rojo —ha caído un 4,52%, frente a una subida similar la víspera— los principales diarios recordaban las provisiones de la Constitución griega en caso de vacío de poder. El jefe del Estado apelará ahora a los líderes de los siete partidos con representación parlamentaria (entre ellos el neonazi Aurora Dorada). Si estos no se ponen de acuerdo en un Gobierno ecuménico —con representación de todos ellos—, Papulias convocará elecciones. La repetición de los comicios puede beneficiar a Tsipras, a juzgar por la primera encuesta publicada desde el domingo: Syriza superaría en votos a ND, con el 27,7% (ND lograría el 20,3% y el Pasok, el 12,6%). El primer partido obtiene un bono de 50 escaños extras, según la ley electoral griega, lo que reforzaría la postura de Syriza.

Por María Antonia Sánchez-Vallejo Madrid 11 MAY 2012 - 20:43 CET
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Domingo, 06 Mayo 2012 06:14

Contradictorio Evo Morales

Contradictorio Evo Morales
Contradictorio. Ese parece ser el término que, hoy por hoy, refleja mejor la personalidad de Evo Morales, uno de los políticos más sorprendentes y polémicos que gobierna un país en ebullición: Bolivia. Su inigualada e histórica popularidad, -casi un 80% de los bolivianos le apoyaba en 2009-, ha comenzado a menguar con persistencia hasta bordear, según las últimas encuestas, el 38% en las ciudades; sus aliados disienten de sus medidas y ante la intolerancia a sus críticas se alejan de él, pero no discuten su estabilidad.

 
Morales, de 52 años, no deja indiferente a nadie. El pueblo se debate entre la fascinación y el desengaño, justo cuando tiene que remontar su bajada de popularidad para asegurar su reelección el 2014.

 
Estos días atrás, el mandatario boliviano ha sido noticia de primera página porque con una diferencia de pocas horas ha nacionalizado una empresa española y ha asegurado a otra, la petrolera española Repsol, el respeto a sus inversiones.
 

Desde 2006, el Día del Trabajo es propicio para la expropiación y así se mantiene viva la reivindicación de los recursos naturales en manos de los bolivianos. Morales decidió revertir al Estado el 99,4% de las acciones que la española Red Eléctrica Internacional SAU poseía en la Transportadora de Electricidad (TDE), con una innecesaria demostración de fuerza militar en la sede de la entidad, en una tranquila calle del centro de Cochabamba. Atribuye la medida a la insuficiente inversión y ejecución de obras de la firma española, que invierte un promedio anual de cinco millones de dólares.


Más tarde, el mismo Morales aseguró al presidente de Repsol, Antonio Brufau, que el Gobierno boliviano garantiza que sus inversiones serán respetadas como las de un socio. “Bolivia necesita inversiones, necesita socios pero no dueños”, ha aclarado. “Quienes inviertan en Bolivia [pueden estar seguros] de que sus inversiones serán reconocidas, siempre”, agregó.

 
La sorpresiva nacionalización ha sido considerada como un intento gubernamental de aplacar la revuelta de las batas blancas. Miles de médicos, trabajadores sanitarios y universitarios exigen su incorporación a la ley del Trabajo y políticas de atención al precario servicio de salud pública con huelgas y ayunos de 40 días.
 

La novena Marcha Indígena en defensa del territorio indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que comenzó la pasada semana, pone en tela de juicio el papel de “Héroe mundial de la Madre Tierra” de Morales. La ONU le otorgó esa distinción en 2009 por su férrea defensa del medio ambiente y sus duras acusaciones hacia el capitalismo por intentar matar a la Pachamama (madre tierra). Ahora, el presidente quiere construir sí o sí una carretera que atraviese el corazón de la reserva. Los habitantes del territorio, de las etnias moxos, chimane y yuracaré se niegan a destruir su hábitat.
 

El líder boliviano suele decir que no puede creer lo que está viviendo cuando se trata de momentos culminantes en su vida e, inevitablemente, mira en retrospectiva.
 

Rememora entonces su niñez en Isallavi, cercana a Orinoca, su pueblo natal. “Mi mamá me ponía una camisa y un pantalón que no me sacaba nunca. Si me los sacaba era para buscar piojos o para remendar el codo de la chompa. Sí, tenía piojos. Ducha, no conocía. Me lavaba la cabeza con Ace (detergente para ropa), porque así vivíamos todos”, recuerda.

 
El ex ministro de Comunicación de Morales, Iván Canelas, confirma la dura vida de Morales: “Nació en una región olvidada y desconocida para todo el país, sin recursos económicos ni elementales servicios básicos; región de campesinos productores de papa y pastores de llamas y ovejas. ¡Quién podría imaginar que de un lugar así, de un páramo, iba a surgir un líder como Evo!”

 
Panadero, ladrillero, platillero en las bandas de música de Oruro, Morales dejó sus llamas por la ciudad, pero pronto encaminó sus pasos a Cochabamba y a Chapare, donde comenzó cultivando arroz. Allí inició una carrera sindical muy próspera en el plano político, pues desde las seis federaciones del Trópico —que agrupa a unos 30.000 productores de coca— Morales se convirtió en defensor de la hoja y paralizó el país entero con sus temidos bloqueos de carreteras contra la erradicación de la planta.
 

Llegó al Parlamento como diputado y, más tarde, en 2006, asumió la presidencia de Bolivia en el comienzo de un proceso de cambio que está dando la vuelta al país, pero con demasiados sinsabores y decepciones para quienes lo han apoyado.

 
El cambio, aparentemente, ha operado modificaciones en el pensamiento de Morales que ha reforzado el control de todos los poderes del Estado, incluidos el Legislativo y el Judicial, además del poder político, el económico y el social, en el convencimiento de que solo así se completará la revolución democrática y cultural, cuyo eje parece ser un indigenismo a ultranza que no concilia con la modernidad.

 
“El presidente quiere marcar una cercanía al momento transformador postulado por los indígenas y quiere ser su representante”, explica el ex canciller Armando Loayza.

 
El exministro Canelas está convencido de que Morales es, de lejos, el presidente que ha trabajado más por el país: “Nunca antes ningún presidente le ha dedicado tantas horas y con tanta pasión para devolver al país sus recursos naturales. Ha cambiado las reglas y ningún inversor se ha ido”. Nadie ha entregado tantas obras como Morales, asegura, y alude a 4.000 proyectos ejecutados con apoyo de Venezuela (hospitales, escuelas, coliseos y campos deportivos en el área rural).

 
Pero, sin desmerecer sus obras y la gobernabilidad de su administración, quienes lo han apoyado están desencantados. Los indígenas, los asalariados y ahora la clase media le están dando la espalda.

 
La Confederación Indígena de Bolivia (CIDOB), que agrupa a los pueblos originarios de tierras bajas, “está decepcionada”, según el indígena chiquitano Lázaro Tacóo. “La soberbia, el autoritarismo y la terquedad de Evo están poniendo en entredicho a la gente humilde, esa gente que no pisa la escuela pero que es sencilla, educada y pacífica”. Los pueblos indígenas, dice Tacóo, están preocupados ante “la enorme capacidad que tiene para desatar conflictos en los sectores sociales, en lugar de unir a todos los bolivianos”.

 
El ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín cree que Morales ha cambiado de ideología. “Los ideales de alta sensibilidad humana en defensa de los marginados y los excluidos han sido paulatinamente relegados por su carácter autoritario y una ostensible intolerancia a los criterios alternativos. Quien los emite es inmediatamente reprimido; las organizaciones sociales disidentes son destruidas y reemplazadas por otras entidades paralelas promovidas por el Gobierno y con líderes afines”, explica Albarracín.

 
El presidente es famoso por sus ocurrencias. Un librito que recogía cien de sus más picantes frases es un superventas, lo que supone un doble mérito en un país donde apenas se lee una media de un libro al año y los autores costean su impresión.

 
El presidente Morales figura entre las contadas personalidades con más de una distinción académica de doctor honoris causa. Su colección reúne casi veinte títulos de otras tantas Universidades extranjeras y de Bolivia. Con la sinceridad que le caracteriza, acaba de declararse “feliz por no haber ido a la Universidad”.

 
A fuerza de halagos de su entorno, Morales puede que esté convencido de ser el jefazo de un Gobierno popular, aunque no se haya percatado de la lenta dilución de sus bases, como se diluye la esperanza de “vivir bien” en Bolivia.


Por Mabel Azcui 6 MAY 2012 - 03:01 CET

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Ser elegido con la izquierda para gobernar con la derecha
Ollanta Humala en 136 días ha producido una “masacre política”, dejando en la calle a aquellos que lo construyeron como candidato, le escribieron los discursos y le pagaron la campaña electoral.
 
La construcción de un candidato presidencial es un proceso complejo de construcción de imagen, de discurso, de configuración de alianzas y en última instancia de visibilidad real. Construir un candidato cuesta dinero y esfuerzo de mucha gente. El entorno del futuro candidato hace este esfuerzo en un acto de fe política convencido de que éste podrá cambiar el rumbo de la historia. Es lo que el Banco Mundial llamaría un acto de inclusión social. Los/las jóvenes repartidos por el país hacen campañas y rompen el descrédito de la política para que las nuevas generaciones voten por la izquierda y no por la derecha y para que las generaciones mayores retomen su compromiso con la sociedad, perdido ante las frustraciones de décadas de luchas truncas. Haciendo camino al andar, cada grupo de trabajo inventa un imaginario progresista y trata de empatar eso con lo que se ve en el horizonte.
 
 La división derecha/izquierda está delineada por una consciencia ambiental versus políticas extractivistas; democracia participativa versus democracia electoral;  derecho al cuerpo versus la sexualidad reproductiva compulsiva; las mejoras en los salarios y en la distribución del ingreso versus concentrar el ingreso y aquietar a los mercados; políticas económicas heterodoxas versus políticas económicas ortodoxas; modelo de crecimiento exportador versus un modelo de crecimiento hacia adentro; más impuestos a los ricos versus exoneraciones tributarias; lucha contra el racismo y toda forma de discriminación versus el status quo.
 
Caído el bipolarismo internacional en 1990,  hay la búsqueda por la construcción de un nuevo regionalismo político multipolar versus la unipolaridad militar con la que Estados Unidos actúa, dada su pérdida de liderazgo global.
 
La lucha de clases hoy día es más compleja que la lucha entre ganancias y salarios únicamente porque lo que está en juego es el planeta. La lucha salarios-ganancia la ganó el sector financiero, que consolidó en el mundo occidental una participación cada vez menor de salarios en el PIB a cambio de una concentración creciente del ingreso. Esta ha sido la razón de ser de las protestas de los Indignados españoles y de Occupy Wall Street así como de los precursores de los cambios en todo el Mediterráneo.
 
Es ya una práctica instalada que los presidentes/alcaldes/gobernadores, con o sin partido de izquierda, una vez electos, patean su tablero e intentan colocarse al centro político, acomodándose con el poder contra el cual estaban corriendo. Esta transición política deja a algunos viejos actores fuera de juego e introduce a unos nuevos actores en el escenario. La razón esgrimida por los electos es que hay que ser elegido con la izquierda para gobernar con la derecha. Los gobiernos progresistas de América del Sur y la social democracia europea están llenos de esto.
 
El más reciente miembro del creciente club de los tránsfugas es el presidente peruano sobre el que algunos cifraron muchas esperanzas. Un gobierno de izquierdas en el Perú podría haber significado la consolidación del proyecto sudamericano. El viraje peruano, al que ya estamos acostumbrados desde la elección de Alberto Fujimori Fujimori (AFF) en 1990, fue más brusco que entonces. En 1990, AFF tardó dos años en sacar a sus compañeros de ruta electorales del gabinete y rompió las alianzas finalmente cerrando el congreso el 5 de abril del 1992 con el autogolpe. Es decir,  tardó 608 días en sacar del gabinete a todos los “progresistas” y un mes más para eliminar a sus asesores de campaña antes de asumir el gobierno.
 
Ollanta Humala (OH) en 136 días ha producido una “masacre política”, dejando en la calle a aquellos que lo construyeron como candidato; le escribieron los discursos y le pagaron la campaña electoral. Las alianzas políticas siguen en la bancada del Congreso dentro de una cancha rayada muy complicada. Si sus compañeros de bancada se van porque los ha defraudado, gobernará con Fujimori y el Apra. Por las dudas,  el presidente del Congreso habla de la necesidad de indultar al reo AFF y boicotea la labor de la comisión contra la corrupción del régimen de Alan García Pérez. De manera insólita el gobierno progresista de OH no puede hacer lo que el gobierno de Toledo de centro derecha logró, enjuiciar la gran corrupción. El Parlamento no ayuda a OH en su labor o el presidente del Congreso hace puentes para el cambio de alianzas final. La “masacre política” del 10 de diciembre ocurrió cuando 11 de 17 ministros fueron defenestrados tras un acto presidencial, donde primero desautorizó públicamente al Premier en unas negociaciones con la población en Cajamarca;  en segundo lugar decretó el estado de emergencia en la zona minera aurífera en debate.  Y finalmente metió a la cárcel a los responsables políticos de la zona que estaban en Lima intentando encontrar una solución pacífica al conflicto originado por las  demandas de una empresa que quiere utilizar cuatro lagunas para sus actividades mineras, contrariando la opinión de la población de la zona que quiere mantener sus lagunas.
 
Fue tanto una “masacre política” como una demostración de estilo político. Ya puede el presidente cerrar el recién abierto Ministerio de la Inclusión Social y ahorrarle al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) unos soles. Lo “eficiente” es que sean programas del Ministerio de la Presidencia. Alguien tendría que explicarle al presidente la distancia entre la eficiencia económica y la eficiencia política y que la inclusión social es un tema de política macroeconómica y no ajeno a ésta.
 
En la relación con Estados Unidos hay que enfatizar que éste fue el último país visitado por Humala en el hemisferio tras su elección, luego de su gira por Suramérica.  Visitó al Consejo Nacional de Defensa de dicho país en julio porque hay en el Perú, según Mónica Bruckman de la Universidad Federal de Rio y  Ana Esther Ceceña del Observatorio Geoestratégico de la UNAM, igual o mayor numero de militares estadounidenses en el Perú que en Colombia y porque el Perú está además lleno de bases aéreas estadounidenses.
 
El primer visitante oficial estadounidense al Perú el 29 de noviembre del 2011 fue el General William Brownfield, subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos Antinarcóticos y Policiales. Antes Brownfield fue embajador de Estados Unidos en Colombia durante los años de Álvaro Uribe, el aliado más fuerte de Washington en América Latina.
 
El 23 de noviembre, en el marco de la celebración del 50 aniversario de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo Orbegoso, condecoró a su director en el Perú, Richard Goughnour, con la orden “El Sol del Perú” en el Grado de Gran Cruz.
 
En setiembre, a un mes de asumido el nuevo gobierno, el programa de cooperación de Estados Unidos con el Perú se amplió de 230 millones a 293 millones de dólares para el periodo 2008-2012 que en los hechos quiere decir que le han dado a Humala 60 millones de dólares más para el inicio de su gestión. Con esto se podría sugerir que el Perú está alineado con Washington al igual que Colombia, México y Chile y sigue en el llamado Arco del Pacifico.
 
Es decir que no hay variación sustantiva en la política exterior contrario a lo que se esperaba por sus dos discursos sobre la materia donde enfatizó la importancia del multilateralismo y de Suramérica.
 

Consciencia ambiental versus políticas extractivistas

 
El Perú es y será un país minero. Esta condena al rentismo ambiental es una amenaza no solo para los pobladores de la sierra donde yacen las minas, sino para todo el planeta. Los Andes peruanos se han quedado sin nieve desde hace más de dos décadas mientras se irriga el desierto en la costa, cambiando así el ecosistema. La minería genera divisas y deja pasivos ambientales que se han convertido en un problema mayor en la zona de Cajamarca. En el mes de setiembre había 90 conflictos socioambientales latentes relacionados a la minería y estos comenzaron a estallar en el mes de noviembre cuando la población comenzó a sentir que no pasaba nada con sus demandas anteriores al cambio de gobierno.
 
El discurso electoral de Ollanta Humala estuvo centrado en la conciencia ambiental y nombró al  ministerio del ramo a un mentor político de OH, Ricardo Giesecke. Giesecke, un experto internacional en temas ambientales, fue del grupo pequeño del entorno de Humala desde 2005. En dicho ministerio estaban dos viceministros de izquierda relacionados a temas ambientales lo que era coherente con el discurso de campaña. Estos fueron defenestrados junto con el ministro. Fueron reemplazos -como en 1992- por “técnicos”,  como si Giesecke, Cabieses y de Echave, el trío defenestrado del Ministerio del Ambiente,  no lo hubieran sido. Lo que interesa ahora es que sean técnicos dispuestos a conversar con Washington, digamos.
 

Democracia participativa versus democracia electoral

 
Detrás del Partido Nacionalista hay un grupo político llamado Gana Perú que fue el que finalmente le dio el triunfo a OH. Este se conforma por intelectuales y lideres regionales que armaron la campaña presidencial, sobre todo en la segunda vuelta, cuando Humala podía perder. El objetivo de Gana Perú era hacer del proceso político que Humala iniciaba uno de democracia participativa, donde el diálogo social sería el rasgo y los intereses populares estarían en el centro.
 
La manera cómo se manejaron los conflictos relacionados con la minería de Andahuaylas y Cajamarca mostró lo siguiente. El ministro de energía y minas llegó a Andahauylas a bordo de un avión de la empresa minera Yanacocha, propietaria de la mina Conga, en cuestión. El equipo de ministros y vice ministros que estaban allí para la negociación fue dispar, regresándose a Lima dos ministros por temor. Es decir, un gobierno dispuesto a negociar desde las empresas y con temor al pueblo. Estos ministros desautorizaron en última instancia a los negociadores que estaban trabajando con la población que reaccionó con furia (http://www.forosperu.net/showthread.php?t=256905 ) Esta es la misma figura que la que ocurrió en Cajamarca en noviembre con el tema de la mina Conga. El temor al pueblo y la alianza con los empresarios mineros en nombre de que “el mercado tiembla”.
 
Finalmente,  al darle la espalda a la democracia participativa que la población reclama en todo el país y más en las zonas rurales afectadas por la minería, el presidente acaba de abrir un escenario: la población puede quedarse quieta por miedo a la represión o puede salir a la calle demandando la salida del electo en una figura similar a la ocurrida con Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez en Ecuador;   con Carlos Meza Gisbert, y Gonzalo Sánchez de Losada en Bolivia, que salieron por presiones sociales. Huelga mencionar  la dinámica del mediterráneo, donde la presión de la calle expulsó  al premier griego, al italiano, al español, al portugués y al tunecino, libio, egipcio, yemení, mientras  hay fuertes protestas en Siria e Israel todas en el año 2011. El otro lado de esto es un endurecimiento de la democracia al estilo de Alan García que es la apuesta de Washington.
 

Demandas de mejoras en los salarios y en la distribución del ingreso versus aquietar a los mercados

 
Mejorar el mercado interno mediante una mejora en la distribución del ingreso es una demanda clamorosa de la población peruana. Esta ha sido respondida mediante la introducción de un programa de jubilación a los 65 años y de becas a los estudiantes de 18 años,  anunciados el 28 de julio del 2011 por Ollanta Humala en su  discurso inaugural. Lo que es menos probable es que se formalice más el empleo y se mejoren las remuneraciones, porque el Ejecutivo ha tomado un giro conservador en lo político y neoliberal en lo económico. El nombramiento inicial del ministro Castilla en la cartera del MEF fue una sorpresa para el equipo económico del presidente que creyó que habían ganado las elecciones. Ni Dancourt, ni Félix Jiménez fueron nombrados a la cartera de economía a pesar de ser los responsables del área económica del plan de gobierno. Al revés, se promocionó al vice ministro de economía al cargo de ministro para mantener la estabilidad de las políticas. Fitch Ratings subió al Perú a BBB en noviembre,  en mérito a la continuidad de las políticas.
 
 El Dr Castilla obtuvo su doctorado en economía de la universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos,  y a diferencia de Rafael Correa no ha tenido un cambio de sentimiento, sino que es esencialmente un economista ortodoxo,  cuyo objetivo es mantener la inflación en el punto más bajo posible para permitir el desarrollo de los mercados. El es un creyente en los superávits fiscales y de balanza de pagos, ambos que existen en el país desde hace una década. No es un heterodoxo que esté buscando el desarrollo del mercado interno y la inclusión social.
 
Finalmente, lo que puede llevar a una militarización del régimen no es que existan militares dentro del gobierno, sino la fragilidad del régimen político elegido con un sentido y gobernado con el sentido contrario. Para que los perdedores puedan mantenerse en el poder al que llegaron el 10 de diciembre, el espacio de la protesta social debe  ser reducido. La mitad de la población eligió otra cosa y  puede exigir  aquello por lo que votó que se relaciona con sus derechos ciudadanos. Ya no quedan casi iletrados en el país y la conciencia de la postergación ciudadana en los pobres está clara, más aún cuando la riqueza mineral sale de su tierra y a cambio le dan contaminación ambiental.
 
México, 19 de diciembre de 2011
 
Por Oscar Ugarteche, economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Es presidente de ALAI y coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org
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Intenciones de la nueva ley de educación superior

Con ocasión de la propuesta de reforma financiera de la Ministra del gobierno anterior, Funcomisiones planteó que, si bien es cierto que el Gobierno había dado pasos de gigante en la estructuración de una educación superior al servicio de sus intereses, ello no quería decir que el proceso fuera homogéneo en todo el sistema educativo. Hoy es claro que una de las intenciones de la Nueva Ley de Educación Superior es precisamente viabilizar en forma más consistente y homogénea el conjunto de su modelo de educación superior. Ello no significa que hayan abandonado la idea de estratificación de las universidades, de acuerdo a los procesos productivos locales y regionales y los intereses políticos de las clases dominantes; implica que dotar de un marco jurídico-político a la educación superior es la mejor manera que tienen para que la educación, el desarrollo de conocimiento, la ciencia y la tecnología estén en función de las locomotoras, la reconversión del sector productivo nacional, y en función además de la vocación productiva de cada región.

Desde hace poco más de 10 años venimos insistiendo en que las clases dominantes quieren mercantilizar la educación y hacer que la Universidad funcione como una empresa, pero nunca en los años precedentes se presentó la posibilidad de que estas ideas estuvieran plasmadas en una ley. Vale la pena recordar que hace dos años decíamos que “en la educación pública superior han implementado reformas académicas administrativas de la mano de la criminalización del Movimiento Estudiantil Universitario, y ahora avanzan en modificar el modelo de asignación de recursos, pues consideramos es la pata que les hace falta”. Hoy le apuntan a sancionar un nuevo marco jurídico-político que les permita avanzar estratégicamente en la aplicación de su modelo de Universidad. Al constituirse la nueva ley, las universidades no podrán hacerles el quite a sus planteamientos políticos fundamentales, pues éstos serán de obligatorio cumplimiento.

Es erróneo plantear que quieren desaparecer las universidades. Lo que quieren es acabar con la esencia de la Universidad. El derecho a la educación, garantizado con recursos del Estado, se supedita a un problema macroeconómico. La educación superior pública quedará suscrita a criterios de rentabilidad, expuesta a las normas del mercado. El carácter público, con la imposición de una nueva Ley de Educación, queda eliminado. Los aspectos misionales de la educación superior transitarán más claramente del desarrollo social a la acumulación privada, del derecho al servicio, de la autonomía al control político, del carácter emancipatorio a la índole dependiente. Lo estatal será apenas una ficción, pues el Estado no garantizará infraestructura, salarios, profesores y personal administrativo, como tampoco la inversión que requiera para su desarrollo. Se dejará en manos de entes privados. Es preciso recalcar que la nueva Ley de Educación Superior dejará expuesta la educación como un servicio negociable, como mercancía reglamentada por las leyes del mercado.

Por supuesto, la autonomía universitaria resulta muy lesionada, y sin ella la esencia de la Universidad como centro académico de debate y lucha de ideas será la mayor pérdida que pueda tener el pueblo colombiano en lo educativo. El papel que deben tener los estamentos en la Universidad, respecto a la definición del rumbo en materia académica, política y administrativa, sencillamente quedará relegada de una vez por todas a los intereses del sector privado, a los intereses macroeconómicos y el papel que juega Colombia en el marco internacional.

La consolidación de este modelo de universidad para las clases dominantes les ha implicado pasar del ensayo a ordenar y sistematizar sus directrices, orientaciones y cambios normativos. Hoy nos encontramos en un nuevo estadio, la configuración de un sistema de educación superior que les garantiza el control político y administrativo, la conformación de un nivel de tecnócratas al servicio de sus intereses, y una masa de jóvenes que alimenten el mercado laboral en niveles técnicos y tecnológicos. En suma, se presenta el avance estratégico en la consolidación de un sistema de educación superior que les permite transitar por la consolidación del “mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario”.

Es en este orden de ideas que, para el régimen, el análisis de la atrofia de la pirámide ocupacional vs. la educacional es una de sus grandes preocupaciones o cuellos de botella, como lo han denominado. Avanzar en invertir esta relación es una necesidad para seguir en su camino de consolidación un sistema de educación estrechamente ligado con su modelo productivo y de país que han venido consolidando, la hoy llamada ‘prosperidad democrática’.

Universidad para la inserción en el mercado laboral

Debido a la profunda transformación del sector productivo en el marco del avance del proyecto de país de las clases dominantes, hoy existe una gran diferencia entre lo que ofrece el Sistema de Educación Superior y las necesidades del mercado laboral. Algunas de las cosas que implica atender a este cambio son:


Una educación superior que corresponda a la reconversión productiva. Es decir, que resuelva la atrofia entre la pirámide ocupacional y la pirámide educativa, que se gradúen proporcionalmente egresados según la oferta ocupacional del mercado laboral colombiano.
 
Mano de obra calificada y funcional al mercado regional y nacional. De cara a los TLC que se abren paso por gestión de Santos, se busca preparar mano de obra suficiente para atender la demanda de trabajadores calificados para el desarrollo de tareas en Colombia.

Universidades con gobiernos universitarios tomados por el gobierno central y en función de intereses particulares, el proyecto de las clases dominantes. Se quiere profundizar el control del gobierno central en los organismos de gobierno universitario, con el fin de realizar control político y académico y con la perspectiva de crear espacios suprauniversitarios donde el sector productivo defina perfiles profesionales y enfoques curriculares, todo bajo la garantía del Estado colombiano.

Una universidad acallada. Esto pasa necesariamente por el continuo debilitamiento del movimiento universitario mediante su criminalización y mezclado con la descomposición de la universidad. Esta descomposición implica procesos de jibarización, lumpenización de los claustros a través del microtráfico, trata de blancas y prostitución, entre otros.

Educación inmersa en el mercado de servicios

La consecuencia principal de la aprobación de esta propuesta de ley es la inserción de la educación superior en el mercado de servicios o, dicho de otro modo, su mercantilización. Esto conformaría un mercado de la educación superior en Colombia cuyos actores son las instituciones de educación superior públicas o privadas, universitarias o técnicas y tecnológicas. Este mercado obraría por medio de la “libre competencia”, pues sería un mercado desregulado y entraría a jugar las normas aplicadas previamente a esta ley. A continuación, algunos de las consecuencias fundamentales.

Se eliminaría la función pública en la educación y se impondría una nueva función social. Se conformaría un mercado de actores cuyo único diferenciador serían los instrumentos de medición de calidad implementados, como los registros calificados, los resultados de las pruebas “Saber Pro”, la acreditación institucional. Todo ello como expresión de la eliminación de lo público en la educación, pues el sistema lo sería de instituciones diferenciadas por calidad, no por ser públicas o privadas que compiten en “igualdad de condiciones” por recursos y por clientes.

En esta propuesta no se trata de precarizar a la universidad pública con el congelamiento o la reducción real de recursos; se trata de alentarla para que se arroje a las manos del capital privado con el objetivo de conseguir los recursos que permitan su desarrollo u obligarla a relegarse si se queda esperando esos recursos que no provendrán del Estado. En ese sentido, Santos ha sido claro en decir que de fuentes privadas provendrán los recursos para el desarrollo de la universidad pública y que las universidades no se pueden negar a eso.

Insertar la educación en el mercado de servicios y conformar el mercado de educación superior colombiano. Se trataría como cualquier mercancía a la educación, entrándose a regir por la “libre competencia” y la libertad de inversión del sector privado.

Estratificación de las instituciones de educación superior. Se busca perfilar unas universidades de primera línea para la investigación y la innovación con todos los niveles educativos; otras instituciones, en segunda línea, para la educación técnica, tecnológica y de algunos pregrados. Y, finalmente, instituciones que cualifiquen la mano de obra a través de cursos, educación no formal o educación para el trabajo. Diferente calidad, diferente financiación, diferentes perfiles de los estudiantes y diferentes tipos de egresados, con diferentes oportunidades para la inserción al mercado laboral. Este modo de estratificar las instituciones limita la educación como medio de movilidad social, pues profundiza aún más la elitización de los estudiantes universitarios, dejando una educación “rica para ricos” y otra “pobre para pobres”.

Universidades con ánimo de lucro. Se crea la figura de universidades con ánimo de lucro, lo cual de tajo abre la puerta para la entrada de Transnacionales de Educación Superior con su consecuente impacto en la calidad y en la oferta de programas. Pone de manifiesto la intención de abrir el mercado de la educación superior colombiano al capital especulativo transnacional. La entrada de estos actores a países como México han traído consecuencias como la baja en la calidad de los programas ofrecidos para abaratar costos, así como la sobreoferta educativa en programas de baja inversión en infraestructura, así como programas que tienen mucha demanda pero ofreciéndolos con baja calidad.

Instituciones mixtas público-privadas. Se abre la puerta, además, a la conversión de las universidades públicas en instituciones con inversión extranjera. Seguramente las universidades con problemas financieros pensarán en esta opción como algo viable. Además de los ya existentes altos niveles de autofinanciación a través de venta de servicios, se ve en el horizonte la posibilidad de que las universidades pasen por este proceso para evitar irse a ley de quiebras, como sucedió con la Universidad del Atlántico, pero con resultados similares o peores en cuanto a pérdida de la autonomía universitaria. Esto nos lleva al siguiente elemento.

Universidades que hayan perdido su esencia.
Es decir, que siendo el sector privado el ‘inversor’, sea obviamente el que también disponga qué se dicta en los currículos, qué se investiga, qué se publica, qué oferta educativa se requiere. Cercenando la autonomia universitaria, llevando a su fin el papel que ha tenido la universidad en la construcción de la sociedad, su papel crítico, autónomo e independiente de los regímenes de turno, la posibilidad de aportarle al desarrollo nacional estaría tocando a su fin.


Una universidad pragmática en una lógica mercenaria y que se venda al mejor postor.
Esta es probablemente una de las consecuencias más graves de este cambio en la Educación Superior, pues el carácter popular de la educación queda amarrado al subsidio a la demanda. Lo democrático desaparecerá sencillamente, dado que los contenidos impartidos y aprendidos no apuntarán a elevar la conciencia nacional y no estarán en concordancia con la realidad social y las necesidades del pueblo colombiano. Así como las universidades no tendrán más criterio que el de la rentabilidad a la hora de definir políticas de investigación y extensión.

Este es el panorama que se nos presenta con la Nueva Ley de Educación Superior, ante lo cual planteamos que es necesario avanzar en proponer un modelo alternativo de universidad que se pueda contraponer al modelo que vienen imponiendo las clases dominantes en la universidad colombiana.

*    Ministerio de Educación Nacional.Articulación de la educación con el mundo productivo, Bogotá, abril de 2008, p. 9.

http://www.funcomisionesmodep.org/.
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El viceprimer ministro egipcio, Yehia el Gamal, ha dimitido hoy martes de su cargo, según ha anunciado el jefe del Gobierno, Esam Sharaf, en su página de Facebook, en la que ha explicado que ya ha aceptado la renuncia del "número dos" de su Ejecutivo. La salida de El Gamal del Gabinete era una de las principales reclamaciones de los manifestantes que desde el pasado viernes han vuelto a tomar la plaza Tahrir de El Cairo para reclamar mayor rapidez en las reformas.

"Se acepta la dimisión del doctor Yehia el Gamal como viceprimer ministro", es el escueto comunicado con el que Sharaf ha anunciado una noticia que los observadores esperaban tras su alocución televisada de anoche, en la que anunció una remodelación ministerial "en el plazo de una semana" con el fin de "preservar la revolución".

La creciente presión de los manifestantes de la plaza Tahrir (Liberación) desbordó hoy los límites del recinto y movilizó a miles de personas, que marcharon hasta la sede del Gobierno en protesta por el papel del Ejército en la transición de poder y para pedir la dimisión de su jefe, el mariscal Husein Tantaui, líder del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, la junta militar que gobierna Egipto desde la caída del presidente Hosni Mubarak el pasado febrero.

Miles de egipcios en la calle

Con su alocución televisada del lunes, Sharaf pretendió dar respuesta a algunas de las reclamaciones de los manifestantes de Tahrir, a imitación de los cuales miles de egipcios han salido a la calle desde el pasado viernes, sobre todo en El Cairo, Alejandría y Suez. Asimismo, Sharaf prometió susituir a los gobernadores del país antes de finales de julio, y aseguró que ha encargado al Ministerio del Interior apartar en un plazo máximo de 15 días a los policías implicados en crímenes contra los manifestantes en los 18 días de la revolución, que obligó a renunciar a Mubarak el 11 de febrero.

Otra de las promesas del primer ministro ya se había cristalizado hoy con la orden por el Consejo Supremo de Justicia de permitir el acceso al público y de retransmitir por pantallas los procesos contra altos cargos del régimen de Mubarak acusados de corrupción y asesinato de manifestantes.

AGENCIAS - El Cairo - 13/07/2011

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Miércoles, 27 Abril 2011 06:49

Siria, hacia la guerra civil

Cada noche, la televisión estatal siria ofrece un espectáculo de horror. Cuerpos desnudos con múltiples heridas de bala, nucas cercenadas. Todos de soldados sirios que, según insiste la televisora, han sido asesinados por bandas armadas criminales en las cercanías de Deraa.

A uno de los cuerpos –de un oficial de veintitantos años– le sacaron los ojos. El comentarista dice que se utilizaron navajas y objetos afilados. No parece haber duda de que los cadáveres son reales y poca de que en realidad hayan sido miembros de las fuerzas de seguridad sirias –en estos días la palabra necesita comillas–, y tampoco de que los afligidos padres que aparecen llorando en el trasfondo lo sean de verdad.

Las imágenes muestran los cuerpos, casi lavados para el sepelio, captados en el hospital militar Tishrin, en Damasco. Los nombres se conocen: Mohamed Alí, Ibrahim Hoss, Ahmed Abdalá, Nida al Hoshi, Basil Alí, Hazem Mohamed Alí, Mohamed Alá son llevados a hombros por policías militares en ataúdes decorados con banderas. Son oriundos de Tartous, Banias, Alepo, Damasco. Cuando el cortejo funeral de Al Hoshi pasaba por la costera del Mediterráneo rumbo al norte, fue emboscado por una banda armada.

Es fácil ser cínico ante esas espantosas imágenes y el despliegue que se hace de esas muertes. Disparar en funerales, después de todo, ha sido hasta ahora prerrogativa de los policías del gobierno, más que de las bandas armadas. Y la televisión siria no ha mostrado un solo muerto civil ni el funeral de ninguno de los quizá 320 manifestantes civiles caídos en más de un mes. Este martes se informó de la muerte de otros 20 en los alrededores de Deraa.

Pero esas emisiones son importantes. Porque si los soldados muertos son víctimas de la venganza de familiares indignados, que han perdido a sus seres queridos a manos de la policía secreta, significa que la oposición se prepara a utilizar la fuerza contra sus agresores. Y si en verdad hay bandas armadas activas en Siria, el régimen del presidente baazista Bashar Assad se encamina a la guerra civil.

Hasta ahora los manifestantes –ya sea pro democráticos, opositores a Bashar o ambos– nos han estado dando su versión: sus videos en YouTube, sus descripciones por Internet, las impactantes imágenes de tanques T-72 rugiendo en las calles de Deraa –para no mencionar el patético intento de atacar uno con una botella de vidrio vacía– han dominado nuestra percepción de una poderosa dictadura sofocando a su pueblo a sangre y fuego. Y hay verdad detrás de sus afirmaciones. Luego de la matanza de 1982 en Hama, nadie abriga dudas de que los baazistas de Siria juegan con las reglas de Hama.

Sin embargo, la explicación que los opositores ofrecen sobre la serie cotidiana de imágenes macabras en la televisión estatal también carece de convicción. Según quienes intentan con valentía hacer llegar noticias más allá de Siria vía telefónica –aunque no desde Deraa, donde los teléfonos y la Internet han sido bloqueados por completo–, los cuerpos mutilados pertenecen a soldados que se negaron a disparar a sus compatriotas y por ello fueron ejecutados y mutilados de inmediato por los shabihas, los matones alawitas, y luego mostrados cínicamente en televisión para sustentar falsas aseveraciones del gobierno de que se enfrenta a insurgentes armados y de que los propios pobladores de Deraa han invitado al ejército a su ciudad para que los salve de los terroristas.

Todo eso parece un poco el reverso de la propaganda del gobierno.

Por supuesto, las autoridades sirias son culpables de su falta de credibilidad. Luego de hablar de conjuras extranjeras –la explicación de todos los potentados de Medio Oriente cuando tienen la espalda contra la pared–, las autoridades han prohibido la entrada a Siria de periodistas extranjeros que pudiesen confirmar o desmentir esas afirmaciones. Incluso el ministerio de turismo ha recibido del ministerio del interior una lista de corresponsales extranjeros para asegurarse de que ningún reportero se interne en Siria presa de un súbito deseo de estudiar las ruinas romanas de Palmira.

La historia, por tanto, se escribe en rumores que comienzan, supongo, con las últimas palabras mostradas por el noticiero de la noche en la televisión siria: los mártires nunca mueren. Expiran, claro, pero, ¿de qué mártires hablamos? Un buen relato salido de Deraa –del que hasta ahora no hay una brizna de evidencia– es que, luego de que los tanques de la cuarta brigada del ejército de Maher Assad (hermano menor del presidente) irrumpieron en la ciudad, elementos de la quinta brigada del ejército regular, cerca de Deraa –supuestamente bajo el mando de un oficial llamado Rifai, aunque sobre esto no hay unanimidad–, volvieron sus armas contra los invasores. Pero la quinta, según la versión, carece de tanques y cuenta con pilotos a los que no se permite volar sus aviones.

¿Así que ahora hay civiles armados –un oxímoron que parece escapársele al régimen– respondiendo a los ataques en forma sistemática? En Líbano, cuya capital está más cerca de Damasco que Deraa, existe un miedo creciente de este baño de sangre a apenas dos horas de distancia en automóvil. Los amigos de Siria en Líbano sostienen ahora que los sauditas –aliados del gobierno saliente en Beirut– han estado subvencionando la revolución en Siria.

Un ex ministro presentó en televisión copias de cheques por 300 mil dólares que supuestamente llevaban la firma del príncipe Turki bin Abdul Aziz, ex jefe de la inteligencia saudita –y como tal alguna vez en buenos términos con un tal Osama Bin Laden– y hermano del rey Abdalá, y que se entregaron a figuras políticas libanesas para instigar desórdenes en Siria. Uno de los acusados de involucrarse en Siria es el ex ministro libanés Mohamed Beydoun. Este último ha dicho que sus acusadores son culpables de incitación al homicidio, y el príncipe Turki ha asegurado con indignación que los cheques son falsos. Pero ahora Hezbolá, apoyado por Siria, ha respaldado la acusación y por lo menos un parlamentario libanés, Ahmed Fatfat, ha emitido por fin las palabras fatales. Dijo que por estas acusaciones contra el Movimiento del Futuro –la agrupación más grande del gobierno saliente–, Hezbolá y sus elementos preparan el camino a la guerra civil en Líbano.

Ahora los medios de comunicación sirios señalan con dedo acusador al parlamentario libanés Okab Sadr y afirman que ha sido detenido –junto con oficiales israelíes – en la ciudad siria de Banias. En realidad Sadr está seguro en Líbano, donde ha salido a decir que la única razón por la que iría a Banias sería a donar sangre para sus habitantes en el hospital.

En la ciudad norteña libanesa de Trípoli, partidarios y detractores de Assad planean realizar nuevas y mayores manifestaciones el próximo viernes, luego de la oración matutina. Muchos libaneses del norte temen que, en caso de una guerra civil en Siria, Trípoli se vuelva una capital del norte de Siria, aunque estaría por verse si sería bastión de los rebeldes o de Assad.

Algo que resulta más perturbador por ahora –y mucho más cercano a la verdad– es que Alí Aid, personaje bastante rudo de la zona de Jebel Mohsen, en las montañas alawitas de Siria, ha dejado a su hijo Rifaat a cargo de su movimiento protomiliciano y se ha construido una espléndida villa junto a la frontera sirio-libanesa. El problema es que el mayor Alí Aid vive en su nueva casa… en el lado libanés de la frontera.

Por Robert Fisk

The Independent

Traducción: Jorge Anaya
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Miércoles, 27 Abril 2011 17:50

Acuerdo entre Al Fatah y Hamas

Tras casi cinco años de fractura en el gobierno palestino las facciones enfrentadas de Al Fatah y Hamas firmaron un acuerdo de reconciliación histórico en el que se contemplan los asuntos más controvertidos como fronteras, seguridad y el llamado a elecciones. El acuerdo fue firmado en El Cairo, ya que Egipto actuó como mediador. El el primer ministro israelí, Benjamin Netanayhu, rechazó el acuerdo y amenazó: "Al Fatah debe elegir entre la paz con Israel o la paz con Hamas".

El acuerdo, para el que Hamas y Fatah se han dado cita en Egipto en varias ocasiones a lo largo de estos cinco años, supone la apertura de un nuevo escenario de cara a la celebración de elecciones palestinas para un gobierno de unidad. Según la cadena Al Arabiya, el acuerdo incluye un calendario para la celebración de elecciones presidenciales y legislativas y, según un portavoz de Hamas en declaraciones a la misma cadena, todos los puntos más controvertidos que han separado a las partes han sido abordados.

La Autoridad Nacional Palestina, del presidente palestino en Cisjordania y líder de Fatah, Mahmud Abbas, extendió de manera indefinida los mandatos obtenidos en las elecciones presidenciales y legislativas en 2005 y 2006, respectivamente, tras la imposibilidad de negociar con Hamas. A principio de año, Abbas con el respaldo de miles de jóvenes había anunciado la celebración de elecciones en septiembre, pero Hamas respondió que boicotearía la convocatoria en los territorios palestinos que están bajo su control.

El jefe de los servicios secretos egipcios, Murad Muwafi, actuó como mediador en la negociación en El Cairo, la primera celebrada desde el fin de las revueltas y la caída del antiguo presidente Hosni Mubarak. Egipto ha ejercido como mediador en las negociaciones interpalestinas desde la separación de las facciones en 2006.

El anuncio del acuerdo despertó una airada reacción del primer ministro israelí, Benjamin Netanayhu, que dio a elegir Abbas, entre la paz con Israel o la paz con Hamas. Se trata de una prueba de "debilidad" de Fatah, dijo Netanyahu y agregó: "No puede contar con las dos porque Hamas reconoce abiertamente que quiere destruir el Estado de Israel".

Hamas "lanza misiles contra Israel (...) la idea de la reconciliación muestra la debilidad de la Autoridad Palestina y nos hace preguntarnos si Hamas tomará el control de Cisjordania como lo hizo en Gaza. Espero que la ANP elija bien y elija la paz con Israel. La elección está en sus manos".
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Lunes, 18 Abril 2011 09:24

Cuba. Los Debates del Congreso

Escuché hoy domingo, a las 10 de la mañana, los debates de los delegados al Sexto Congreso del Partido. Eran tantas las Comisiones que, como es lógico, no pude escuchar a todos los que hablaron.

Se habían reunido en cinco Comisiones para discutir numerosos temas. Desde luego que yo también aprovechaba los recesos para respirar con calma y consumir algún portador energético de procedencia agrícola. Ellos seguramente con más apetito por su trabajo y su edad.

Me asombraba la preparación de esta nueva generación, con tan elevado nivel cultural, tan diferente a la que se alfabetizaba precisamente en 1961, cuando los aviones yankis de bombardeo, en manos mercenarias, atacaban la Patria. La mayor parte de los delegados al Congreso del Partido eran niños, o no habían nacido.

No me importaba tanto lo que decían, como la forma en que lo decían. Estaban tan preparados y era tan rico su vocabulario, que yo casi no los entendía. Discutían cada palabra, y hasta la presencia o la ausencia de una coma en el párrafo discutido.

Su tarea es todavía más difícil que la asumida por nuestra generación cuando se proclamó el socialismo en Cuba, a 90 millas de Estados Unidos.

Por ello, persistir en los principios revolucionarios es, a mi juicio, el principal legado que podemos dejarle. No hay margen para el error en este instante de la historia humana. Nadie debe desconocer esa realidad.

La dirección del Partido debe ser la suma de los mejores talentos políticos de nuestro pueblo, capaz de enfrentarse a la política del imperio que pone en peligro a la especie humana y genera gansters como los de la OTAN, capaces de lanzar en solo 29 días, desde el inglorioso "Amanecer de la Odisea", más de 4 mil misiones de bombardeo sobre una nación de África.

Es deber de la nueva generación de hombres y mujeres revolucionarios ser modelo de dirigentes modestos, estudiosos e incansables luchadores por el socialismo. Sin duda constituye un difícil desafío en la época bárbara de las sociedades de consumo, superar el sistema de producción capitalista, que fomenta y promueve los instintos egoístas del ser humano.

La nueva generación está llamada a rectificar y cambiar sin vacilación todo lo que debe ser rectificado y cambiado, y seguir demostrando que el socialismo es también el arte de realizar lo imposible: construir y llevar a cabo la Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, y defenderla durante medio siglo de la más poderosa potencia que jamás existió.

Fidel Castro Ruz
Abril 17 de 2011
8 y 33 p.m.


Se romperá el modelo vertical: Raúl Castro


La Habana, 17 de abril. La reforma cubana rebasa la economía e implicará decisiones políticas de largo alcance, como la ruptura del modelo vertical que concentra en pocas manos la dirección de las empresas, el Estado y el partido único, para construir, en cambio, un sistema regido por instituciones, según el informe que presentó el sábado el presidente Raúl Castro.

Al iniciarse el sexto congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), Castro esbozó una transición gradual del Estado, que busca relaciones más horizontales, y que junto con la apertura económica pone a la isla en el campo de los regímenes socialistas que se reformaron, como China y Vietnam, y la separa del escenario de colapso en el que se hundieron la Unión Soviética y Europa del Este.

"Estamos convencidos de que lo único que puede hacer fracasar a la revolución y el socialismo en Cuba, poniendo en riesgo el futuro de la nación, es nuestra incapacidad para superar los errores que hemos cometido durante más de 50 años y los nuevos en que pudiéramos incurrir", dijo Castro.

Sin embargo, el presidente cubano estuvo consciente de que enfrentará una resistencia interna y por ello pidió reaccionar con sentido común "ante las violaciones y la disciplina de todos, en primer lugar de los cuadros de dirección", cambiar la mentalidad y "dejar de lado el formalismo y la fanfarria".

Separación de funciones

La clave de la reforma institucional está en la "separación precisa" de funciones entre las empresas, la administración pública y el partido único, señaló el mandatario, "asunto que por décadas se ha visto plagado de confusiones e improvisaciones".

Se trata también, agregó el presidente, "de despojar para siempre al partido de todas las actividades no propias de su carácter de organización política, en pocas palabras, liberarse de funciones administrativas y dedicarnos cada quien a lo que nos toca". Así podrá ejecutarse la "paulatina descentralización de facultades, desde el gobierno central hacia las administraciones locales y desde los ministerios y otras entidades nacionales en favor de la autonomía creciente de la empresa estatal socialista".

Esa línea pondría punto final a la práctica en la que han vivido generaciones enteras de cubanos, según la cual el PCC es una especie de poder fáctico de decisión o veto hasta en los más pequeños conglomerados, y los gerentes de empresas y funcionarios públicos de cualquier nivel tienen que subordinarse a la opinión partidaria.

Durante años, el PCC "se vio involucrado en tareas que no le corresponden, limitando y comprometiendo su papel", señaló Castro, y de inmediato puso un ejemplo de corrección: ya se está reduciendo "sustancialmente" el catálogo de nombramientos en cargos públicos nacionales, provinciales y municipales que hasta ahora tenía que aprobar el partido, para entregarle esa facultad a los ministerios y empresas.

A menudo el mandatario leyó citas de Fidel Castro de décadas atrás, para ilustrar cómo ciertas decisiones se tomaron, pero la práctica fue distinta. Raúl repitió el ejercicio en este caso, recordando un discurso de su hermano mayor, de hace 49 años, en el que se reclamaba la separación de funciones entre un ministro, un administrador y el partido único. Luego el presidente cubano sacó de la gaveta otra resolución, esta vez del PCC, de 1973, exactamente en la misma dirección.

Recordó que los acuerdos de los congresos partidistas suelen quedarse en el papel y anticipó candados para impedir que su proyecto corra la misma suerte. Habrá una comisión, que le reportará directamente al mandatario, para dar seguimiento a la reforma y preparar los cambios jurídicos indispensables y las enmiendas a la Constitución. Castro anunció que el PCC celebrará una conferencia nacional en enero de 2012, para revisar su vida interna

La construcción de un país de instituciones ya ha empezado, según la reseña de Castro, que recordó medidas recientes que reglamentan el funcionamiento del gobierno en varios niveles y la política de defender el valor de los contratos, las obligaciones de pago y cobro y la eliminación del exceso de reuniones de todo tipo.

Sesiona el congreso

El congreso sesionaba el domingo a puerta cerrada en cinco comisiones. El documento de base, el Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social, estaba siendo reconstruido, según el informe de Castro.

De 291 lineamientos originales, el 68 por ciento resultaron reformulados en la discusión nacional –entre diciembre y febrero pasados– y resultaron 311, reportó el mandatario. Algunas iniciativas no se reflejaron en la versión que discuten ahora los mil delegados, por diversas causas. Castro puso el ejemplo de 45 personas que pidieron autorizar la concentración de la propiedad, lo cual se desechó por "entrar en abierta contradicción con la esencia del socialismo".

Los puntos particulares más debatidos fueron la libreta de abastecimiento alimentario, la política de precios, el transporte de pasajeros, la educación, la unificación monetaria y la calidad del sistema de salud, añadió.

No tenemos una generación experta que entre al relevo, admite gobierno cubano


La Habana, 17 de abril. El presidente Raúl Castro reconoció que no existe una generación con experiencia y madurez que remplace a la máxima dirigencia cubana en el gobierno, el Estado y el partido único.

"A pesar de que no dejamos de hacer varios intentos para promover jóvenes a cargos principales, la vida demostró que no siempre las selecciones fueron acertadas", señaló Castro en la apertura del sexto congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) el sábado.

"Hoy afrontamos las consecuencias de no contar con una reserva de sustitutos debidamente preparados" y será necesario solucionar el relevo durante los próximos cinco años, añadió el mandatario.

Castro deploró la "falta de rigor y visión que abrieron brechas a la promoción acelerada de cuadros inexpertos e inmaduros a golpe de simulación y oportunismo, actitudes alimentadas también por el erróneo concepto de que para ocupar un cargo de dirección se exigía, como requisito tácito, militar en el Partido o la Juventud Comunista".

El presidente cubano fue particularmente crítico al señalar la falta de promoción a cargos de primera línea en el PCC de mujeres, negros, mestizos y jóvenes, "sobre la base del mérito y las condiciones personales".

Apuntó que "no haber resuelto este último problema en más de medio siglo es una verdadera vergüenza, que cargaremos en nuestras conciencias durante muchos años", porque eran decisiones aprobadas por todos los congresos anteriores del PCC.

El sexto congreso concluirá el martes próximo, con la elección de un nuevo Comité Central, que elegirá entre sus miembros al Buró Político, el órgano ejecutivo permanente de la organización. Se espera que Raúl Castro sea elegido primer secretario, en remplazo de su hermano Fidel, quien se mantiene en el cargo desde la fundación del PCC, en 1965.

El actual Comité Central fue electo en el quinto congreso, en 1997 y originalmente tenía 150 integrantes, que a la fecha se han reducido a 125. El Buró Político tenía 24 miembros, que ahora son 19.

Raúl Castro dijo que como parte de la reforma tendrá que cambiar el funcionamiento de los órganos dirigentes del PCC, del Estado y del gobierno, "al tiempo que se garantice el rejuvenecimiento sistemático en toda la cadena de cargos administrativos y partidistas, desde la base hasta los compañeros que ocupan las principales responsabilidades, sin excluir al actual presidente de los Consejos de Estado y de Ministros ni al primer secretario del Comité Central que resulte electo en este congreso".

En ese punto expuso su iniciativa de limitar a dos periodos consecutivos de cinco años el ejercicio de "los cargos políticos y estatales fundamentales", aunque no elaboró más sobre el tema.

Fidel Castro retuvo durante décadas las posiciones principales en las fuerzas armadas, el gobierno, el Estado y el partido único. Era comandante en jefe desde la guerrilla de los 50 y mantuvo el rango al convertirse el Ejército Rebelde en las actuales Fuerzas Armadas Revolucionarias.

El líder cubano ha aparecido en público en uniforme militar sin las insignias de comandante en jefe, pero todavía se le llama en público con ese rango. Por mandato constitucional, el jefe supremo de las fuerzas armadas es el jefe de Estado, en este caso Raúl Castro, quien, sin embargo, aún se mantiene con su antigua posición de general de ejército, segunda en el escalafón castrense.

Como jefe de gobierno, Fidel Castro fue designado primer ministro y se mantuvo en el puesto hasta la aparición de nuevas instituciones en 1976, cuando se convirtió en presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros (jefe de Estado y de gobierno).

En febrero de 2008 el parlamento designó a Raúl Castro como jefe de Estado y de gobierno.

Fidel estuvo al frente del Movimiento 26 de Julio, la fuerza política que encabezó la insurrección de los años 50. Tras el triunfo de la revolución, el líder fue también el máximo dirigente de dos agrupaciones temporales de coalición, las Organizaciones Revolucionarias Integradas y el Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba, que finalmente se convirtió en el actual PCC.
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Domingo, 13 Marzo 2011 07:20

Los estadólatras

Aunque hay algunos que se dicen hasta socialistas, en realidad son nacionalistas, identifican el Estado con el gobierno como si fueran sinónimos, especialmente cuando este último es burgués nacionalista y confunden además al gobierno con el Líder, Jefe Máximo o Conductor, o lo que sea, porque tienen rasgos comunes con todos los cesaristas que son nacionalistas e igualmente verticalistas. Por otra parte, creen ciegamente en el cartelito de No molestar a quien conduce, cualesquiera sean las maniobras del conductor y, por último, cuando se declaran socialistas y marxistas, conciben al socialismo como un mosaico, una suma de socialismos nacionales.

Son conservadores y lo opuesto del marxismo, para el cual la lucha de liberación (nacional y social) tiene un carácter histórico mundial y que considera que el Estado y la idea de la unidad nacional son expresiones de la alienación y que lo político es la esencia de la vida social y en ésta –y no en los círculos gobernantes– hay que concentrar el análisis y depositar las esperanzas de cambios democráticos e igualitarios.

Son, además, mecanicistas y aplican fórmulas eternas. En los años 20 la rebelión de tribus y clanes de Argelia y del Rif marroquí contra Francia y España fue apoyada por la izquierda revolucionaria mundial, al igual que la defensa de la Etiopía feudal y esclavista del Negus Haile Selassie en los años 30 contra el colonialismo invasor de los fascistas italianos. Trotsky llamó también a apoyar al México de Lázaro Cárdenas ante la amenaza de invasión angloestadunidense. Los estadólatras deducen de todo esto que siempre, en todo conflicto entre un país semicolonial y el imperialismo, lo primero y esencial es oponerse a éste. Por eso no faltaron los que, en Argentina y en los gobiernos progresistas de Perú de los militares nacionalistas (o en el gobierno revolucionario de Cuba, por ejemplo) se alinearon junto a la dictadura militar argentina (que estaba en guerra con su propio pueblo y era proimperialista), cuando ésta, para mantener su poder tambaleante, intentó la diversión de la guerra de las Malvinas. Las Malvinas, sin duda, son argentinas y serán recuperadas algún día, pero argentinos –dijimos entonces– eran también los 30 mil desaparecidos, los exiliados, los torturados, y lo esencial era derrotar a la dictadura para poder comenzar a construir un régimen democrático e independiente del imperialismo. Los estadólatras de izquierda cometen hoy en Libia el mismo error malvinense.

Es cierto que a río revuelto, ganancia de pescadores, y es cierto que el imperialismo estadunidense, en competencia con los imperialismos europeos, trata de sacar provecho de la rebelión contra la dictadura de Muammar Kadafi, para apoderarse del petróleo que hoy está en manos de franceses e italianos. Pero los pescadores no provocan la creciente del río. Ni los niños pueden creer en la teoría conspirativa según la cual la CIA y el Mossad israelí provocaron una rebelión de millones de personas que va desde Marruecos hasta Yemen y los emiratos árabes y que ya derribó al tunecino Ben Ali, agente francés, y al egipcio Mubarak, agente de Estados Unidos y principal sostén de Israel y carcelero de los palestinos de Gaza, ni pueden aceptar tampoco que esas agencias están destruyendo voluntaria y conscientemente todo el dispositivo creado por Washington, con los acuerdos de Campo David y el fortalecimiento de las tiranías árabes.

Kadafi es indefendible, entre otras cosas porque, desde 1986, además de dictador y sostenedor de las demás dictaduras de la región, es un agente del imperialismo y se ha convertido en un gran inversionista con dinero robado. Buscar una salida política y una mediación, en cambio, es necesario y correcto… pero a condición, sin embargo, de buscarla donde sea factible –por ejemplo, la Liga Árabe– y no proponiendo una comisión encabezada por un ex presidente imperialista cuyo hermano estuvo además en negocios turbios con Kadafi.

No hay otro camino digno que apoyar la rebelión, buscar un cese el fuego, cortar así de raíz los pretextos para una intervención militar de Estados Unidos, por su cuenta, contra las Naciones Unidas, donde el veto chino y ruso le impediría contar con el consenso de esa organización, y en contra de la voluntad de sus socios italianos y franceses en la OTAN. Si Kadafi aplastase a la rebelión mal armada, no sólo su dictadura sería aún más feroz sino que también aumentaría su dependencia del imperialismo. Si, en cambio, dejase el poder mediante una salida negociada, existe el riesgo de que un debilísimo gobierno de transición se someta a las grandes potencias imperialistas, a las cuales debe vender el petróleo y de las cuales debe comprar alimentos y tecnología.

En la sociedad libia –donde en los últimos 40 años no han habido sindicatos independientes, partidos, ni un periódico independiente– las solidaridades son de clan, de tribu, regionales. La religión, salvo en el caso de la secta nacionalista y xenófoba de los Senoussi, que no tolerará una ocupación o intervención extranjera, y que se opone a Kadafi, no es un factor decisivo. En la dirección de los rebeldes hay, por lo tanto, desde ex ministros de Kadafi (Al Jalil), proestadunidenses, hasta ex militares nasseristas (Al Hariri) encarcelados durante 17 años por sus ideas a la izquierda de Kadafi. Hasta ahora esa dirección se ha opuesto a la intervención imperialista y ha dicho que la combatiría, pero si fuese acorralada no se sabe qué podría hacer. En cambio, si triunfase, podría formar un gobierno muy moderado frente al capital extranjero. Pero el pueblo libio sentiría su propia fuerza y, bajo la influencia de la izquierda tunecina, comenzaría una rápida evolución. Sobre todo porque la estabilidad de la producción petrolera y la dominación imperialista en la región han sido gravemente dañadas por la rebelión, que es necesario profundizar.

Por Guillermo Almeyra
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