De lo que no cabe duda, es de que en la Venezuela bolivariana hay una batalla (también podría llamarse sin remilgos “guerra”) entre Radio Caracas Televisión (RCTV) y el gobierno de Hugo Chávez. No es la única, pues el gobierno ha ingresado en una zona de turbulencias en lo económico, social, político e internacional. Pero ésa es clave. El asunto es por qué: qué la motiva, cuáles sus fuerzas motrices, quiénes son los protagonistas, por qué RCTV es el hilo conductor de esta “guerra”.

El solo hecho de que esta empresa televisiva desaparezca y reaparezca multiplicada por otros canales, y que el gobierno le pise los talones desde 2002, no sólo cierra la discusión sobre su libertad de expresión (mayor mientras más desaparece), también obliga a pensar sobre dos derechos iguales, el de RCTV a atacar con métodos conspirativos al gobierno de Chávez y el de derecho de éste a defenderse.

Vista la cosa en estos términos, no habría nada de que sorprenderse cuando se registra en la prensa mundial que el canal salió del aire por segunda vez desde 2007. Ya había salido cuatro veces entre 1976 y 1984 por violar cinco leyes y dos reglamentos. (Libro Blanco sobre RCTV, pág. 11, Ccs. 2007.)

Esta vez fue igual, y su presidente, Marcel Granier, respondió como jefe político: “Buscan callar la voz de protesta del pueblo venezolano ante el fracaso de la gestión gubernamental, no nos vamos a someter a una tiranía”. (http://notidiarioos
car.blogspot.com)

Entonces, el asunto no es jurídico ni mediático. RCTV cumple la ley y ejerce sus derechos cuando quiere y no lo hace cuando no quiere. Acudió a la ley en 2008 para legalizarse como canal internacional, y dejó de hacerlo este año para ser bandera y consigna de la oposición con dos fechas a la vista: elecciones legislativas 2010 y presidenciales 2012. El canal es funcional e instrumental al objetivo político de sus dueños, de la misma manera que los diarios partidarios lo son respecto a sus jefaturas o Comités Centrales.

El secreto hay que buscarlo en el desplazamiento tectónico vivido por los dueños del canal. RCTV y Venevisión controlaron desde 1958 hasta 1998 los ministerios de Comunicaciones, de Turismo y Departamentos del Ministerio de Educación, Conatel, la Corporación Venezolana de Fomento, además del Instituto Nacional de Hipódromos de Venezuela. Allí nacía el 74 por ciento de la facturación publicitaria de ambos (Fuentes: revistas Resumen y Dinero, Libro Blanco sobre RCTV, 2007; Prof. Franz J. Lee, Investigación, Universidad de los Andes; Tomás Eloy Martínez, Radio, prensa y TV, entre el desequilibrio y el estancamiento, en el libro: Venezuela una Ilusión de Armonía, Cedice Ccs. 1982).

Detrás de RCTV están tres familias de la burguesía venezolana y un grupo político clave, los Phelps, Granier/Sapene y Arria, tres sectores muy favorecidos por cuatro de los seis gobiernos de AD desde 1958. Carlos Andrés Pérez fue (y es) el presidente más asociado económica y políticamente al canal de Granier. El golpe de 2002 sirvió para verlos juntos en Miraflores y en la pantalla.

Desde el punto de vista comunicacional, RCTV es el partido político de derecha más beligerante del país, y quizá el más fuerte. Alta audiencia hasta 2007, el primero entre los de cable hasta enero de 2010. Mantiene motivada a la mayoría de la base social opositora. Se ve en las calles. Este canal es un hilo conductor de la vida política y mediática venezolana desde su nacimiento, pero desde 2002 es otra cosa.

Ocupa, de facto, junto a otros medios, el lugar protagonista que Acción Democrática y Copey tuvieron desde 1958. AD no convoca a más del 5,6 por ciento y Copey ya es un dato histórico (Encuesta IVAD, Caracas, 6 de febrero de 2010).

El joven Marx, que no podía conocer a Chávez ni a Granier, descubrió un detalle que los invoca, en sus estudios sobre el Derecho en la historia: “Entre dos derechos iguales, la única solución es la guerra”. En Venezuela, uno de los dos bandos actúa bajo un nombre: RCTV.

Periodista y escritor venezolano de Quién inventó a Chávez; Venezuela 10 años después, Tres sistemas de medios en la Venezuela Bolivariana, entre otros.

Por Modesto Emilio Guerrero *
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Con promesas de combatir al capitalismo y defender al planeta, el presidente Evo Morales recibió por segunda vez los bastones de mando de los pueblos indígenas de Bolivia. Ante treinta mil personas, según cálculos del gobierno, Morales sostuvo que “hoy día tengo el orgullo de anunciarles que los tiempos de la Bolivia mendiga e indigna se han terminado, hermanas y hermanos”. Ratificó la muerte del “Estado colonial” y el nacimiento de “un Estado Plurinacional que llega con mucha esperanza para los pueblos del mundo”. Esta mañana, Morales será posesionado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuyos dos tercios responden al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS). Por la tarde, se presentará ante miles en el estadio de esta ciudad. Luego, Morales y los asambleístas comenzarán a trabajar para dar desarrollo legislativo a la Constitución aprobada hace un año.

Morales habló en quechua, aymara y castellano. “Hay un presidente y dos estados. Un Estado colonial que se va y un Estado Plurinacional que llega. El Estado colonial no trajo esperanza para los pueblos del mundo. Tuvimos que esperar 180 años para refundar Bolivia con un Estado Plurinacional donde todos los originarios tenemos los mismos derechos. El Estado Plurinacional garantiza los mismos derechos para todos, ése es el desafío profundo que debemos llevar adelante.”

Tiwanaku, a 72 kilómetros de La Paz, fue la ciudad del pueblo tiwanakota. Allí se encuentran varios templos llamativos para turistas y arqueólogos. Morales, acompañado por yatiris, amautas y chamanes, realizó cuatro ofrendas en cada lado de la pirámide de Akapana. Agradeció a la Pachamama, pidió bienestar económico para Bolivia, solicitó la unión de su territorio y rogó discernimiento para tomar decisiones. Luego, se dirigió al templo de Kalasasaya de la mano de una anciana encorvada de 88 años. En la Puerta del Sol recibió regalos de pueblos indígenas del continente. También dos bastones de mando, de manos de un niño y de una niña aymaras.

Sobre los espectadores flameaban cientos de banderas wiphalas y de la nación boliviana. Muchos tuvieron que seguir en pantalla gigante la transmisión de Bolivia TV, el canal del Estado, porque los relieves del terreno hacían imposible divisar lo que pasaba en la Puerta del Sol.

Además de bolivianos, abundaban entre la multitud argentinas y argentinos. Para tratar de mimetizarse con las masas indígenas, varios compatriotas optaron por envolverse en wiphalas y banderas bolivianas. También usaban gorros andinos y pulóveres con dibujos de llamas. Algunos grupos de campesinos se divertían remedando las palabras y la entonación rioplatense. “¿Qué hacé, boludo? ¡Somos de Boca acá!”. Los locales se caían de risa. Los “gauchos”, como les dicen, preferían hacerse los desentendidos ante el no saber cómo reaccionar.

“Aproveché que tenía vacaciones en la oficina y me vine a ver a Evo”, comentó a este diario Adrián Rhul, que blandía una bandera del Qollasuyu, uno de los cuatro lados del Tawantinsuyu, el imperio inca.

Frente al templo de Kalasasaya había dos palcos. Uno con invitados extranjeros y otro para ministros, funcionarios e integrantes de las Fuerzas Armadas. Mozos con guantes blancos se encargaban exclusivamente de proveerles infusiones, bebidas y alimentos. Tres señoras indígenas quisieron entrar, pero no los dejaron. “Sólo entran funcionarios del Estado”, les dijeron. “Pero diputadas somos.” De todos modos, las legisladoras tuvieron que quedarse bajo el sol y las nubes, como el resto.

Morales citó a Gualberto Villarroel, un presidente militar que en 1946 fue sacado del Palacio Quemado por grupos de izquierda, quienes lo ahorcaron en uno de los faroles de la plaza Murillo. “El coronel Villarroel decía ‘no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres’. Por supuesto que se respeta la propiedad privada, todos tenemos derechos. Pero más tienen los pobres, para que haya igualdad entre todos. Este es el desafío profundo que debemos llevar adelante.” Los indígenas y campesinos contestaron con un “Jallalla”, que en aymara significa “viva” o “arriba”.

El presidente remarcó que “el Estado colonial permitió el saqueo de los recursos de la Madre Tierra. Era un Estado discriminador que siempre nos han visto a los pueblos indígenas como a salvajes”. Ante la aclamación popular, reflexionó que “más importante que defender los derechos humanos es defender a la Madre Tierra. Si los movimientos sociales no asumimos la responsabilidad, seremos cómplices del capitalismo”.

Los 3800 metros de Tiwanaku fueron difíciles de soportar para varios invitados y asistentes extranjeros. En varias ocasiones, los médicos corrieron con tubos de oxígeno y camillas. Un grupo de invitados oficiales que hablaba en inglés salió rápido para evacuar a una de sus integrantes, casi desmayada. “A los gringuitos no les ha gustado lo que ha dicho el Evo”, comentaron graciosos un par de campesinos.

Morales dijo que su próximo gobierno se regirá con la misma máxima que el pasado. “Rápidamente pasaron cuatro años de nuestro gobierno. Han sido años de trabajo permanente, en que nos guiamos por la ley cósmica que nos dejaron los antepasados. Es el Ama Sua (no seas ladrón), Ama Qella (no seas mentiroso) y Ama Llulla (no seas ocioso). Quiero agradecer desde este lugar sagrado a nuestros antepasado por dejar la mejor herencia a mí y a los pueblos del mundo.”

Los actos de posesión continuarán hoy, cuando los 166 asambleístas le entreguen los nuevos símbolos de la patria. La banda presidencial de la República será confinada en una bóveda del Banco Central. Le colocarán la banda del Estado Plurinacional, que mezcla los colores del estandarte nacional con la wiphala, también reconocida como bandera oficial.

Por Sebastián Ochoa
Desde La Paz
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Martes, 07 Julio 2009 06:27

Obama, seis meses

El próximo día 20, Barack Obama cumple sus primeros seis meses en la Casa Blanca. ¿Qué balance se puede establecer, al cabo de este periodo, del conjunto de su política?

Primera constatación: el nuevo Presidente no ha cometido ningún error grave. Lo cual es primordial si recordamos que John F. Kennedy, por ejemplo, en su primer semestre, se había dejado arrastrar, el 17 de abril de 1961, a la desastrosa invasión de Bahía de Cochinos, en Cuba. Tampoco se ha visto Obama enfrentado a un acontecimiento violento imprevisto, cuando Ronald Reagan, el 30 de marzo de 1981, ya había sido herido en un atentado. Y a Bill Clinton, el 26 de febrero de 1993, o sea 38 días apenas después de su toma de posesión, le tocó afrontar la tragedia provocada por la explosión, en los sótanos del World Trade Center, en Nueva York, de un camión repleto de explosivos que mató a seis personas e hirió a más de mil.

Segunda anotación: la simpatía respecto a Barack Obama se mantiene a un nivel alto. A pesar de que Estados Unidos atraviesa la peor crisis de su historia desde la Gran Depresión de los años 1930, una mayoría de estadounidenses -más del 56%- aprueba su gestión. Y según el barómetro " World Leaders ", Obama se ha convertido en el "dirigente más apreciado del planeta" (1)  en términos de popularidad y de influencia.


Tercera observación: el nuevo Presidente ha cumplido sus principales promesas. Sin rechazar en absoluto la economía de mercado, ha vuelto a colocar al Estado en el corazón de la vida económica y social (como se pudo apreciar cuando quebró General Motors y el Estado decidió controlar el 72% del capital del nuevo grupo reestucturado). El plan de ayuda a los bancos alcanzó cerca del billón de dólares; el penal de Guantánamo se cerrará en enero de 2010 y los presos serán enviados a países de acogida o juzgados por tribunales estadounidenses; la tortura se ha prohibido; las tropas se retirarán de Irak antes de agosto de 2010; cuatro millones de niños pobres disponen ahora de un seguro de salud financiado por una tasa sobre el tabaco; nueve millones de propietarios de viviendas tienen por fin la posibilidad de renegociar sus hipotecas; la investigación médica sobre las células madre se ha autorizado; el financiamiento público de la planificación familiar se ha restablecido; y se ha lanzado un amplio programa para el desarrollo de energías renovables.

En oposición a la ideologización fanática de la diplomacia que practicó George W. Bush, Obama adopta una actitud de no-ideólogo pragmático. Su empeño principal: transmitir un sentimiento de confianza; el de un hombre que mantiene su serenidad a pesar de las presiones y que no se deja desestabilizar. No ha dudado en multiplicar, en diversos frentes diplomáticos, los gestos de conciliación y de apertura; aunque también a veces -contra los piratas de Somalia- de firmeza. Empeñándose siempre en rehabilitar la credibilidad de Estados Unidos y en recuperar la confianza internacional.

Orador fuera de serie, Obama ha ido marcando su amplio programa diplomático con discursos y declaraciones importantes. Por ejemplo, en abril pasado, en la Cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago, cuando admitió que la política de Washington durante 50 años contra Cuba "no funcionó". Propuso una "nueva era" en las relaciones con Suramérica; mantuvo entrevistas cordiales con los mandatarios de los nuevos países progresistas (Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay). Contrariamente a una larga tradición de intervencionismo estadounidense en Centroamérica, Obama condenó, el 28 de junio pasado, el golpe de Estado militar en Honduras contra el Presidente legítimo, Manuel Zelaya.

Frente a los enrevesados problemas de Oriente Próximo, Barack Obama ha confirmado la prioridad que él le confiere a la compleja guerra de Afganistán. Ha aumentado allí el número de efectivos; y ha alcanzado una importante victoria diplomática al conseguir que Pakistán combatiera por fin a los talibanes y Al Qaeda en su propio territorio, en particular en el valle de Swat.

Sobre la cuestión nuclear en Irán, ha tendido la mano a Teherán y propone negociar directamente con las autoridades iraníes. A pesar de las acusaciones de fraude en la reelección del presidente Mahmud Ahmadineyad el 12 de junio pasado, Obama ha mantenido su política de apertura hacia la Revolución islámica.

A propósito del asunto más intrincado, el israelo-palestino, las cosas se han complicado después de la formación, en Israel, de un Ejecutivo con elementos de extrema derecha, dirigido por el ultraconservador Benyamín Netanyahu. Este Gobierno cometió el error de rechazar, en un primer momento, la teoría de los dos Estados (palestino e israelí) (2), lo que Barack Obama sancionó poniendo fin al apoyo incondicional de Washington a Israel. Es un cambio transcendental.
Por otra parte, en su importante discurso del 4 de junio en El Cairo, el mandatario estadounidense quiso restablecer el contacto con el mundo musulmán. Y romper así también con la política de su predecesor, no tanto sobre la "cuestión árabe" sino más bien sobre la "cuestión israelí", lo que, en el contexto de esta región, es idéntico en el fondo pero causa un impacto muy diferente en la forma. Después de recordar los lazos "indestructibles" que unen Estados Unidos e Israel, Obama ha repetido su apego a la solución de los dos Estados para acabar con el conflicto israelo-palestino. Y le ha exigido claramente al Gobierno de Benyamín Netanyahu que cese toda nueva intalación de colonias. Cosa que éste, presionado por sus aliados ultras, no acepta. En consecuencia, y a pesar de sus grandes dotes de conciliador, Obama no podrá evitar un choque contra el Gobierno extremista de Israel.

No todo ha sido exitoso o perfecto en estos primeros seis meses, pero el nuevo Presidente ha dado muestras de iniciativas imprevistas. Se ha colocado del lado del movimiento, del cambio, del deseo de justicia; y ha dado la impresión de querer dirigir a su país hacia la defensa de un Estado de derecho planetario. Podría tratarse de un cambio copernicano. Los oponentes habituales de Estados Unidos van a tener que moderar sus "automatismos críticos" contra Washington (hasta ahora casi siempre justificados). Y empezar a admitir que algo estaría cambiando, para bien, con Barack Obama.

Ignacio Ramonet
Le Monde Diplomatique

 

Notas:

(1) The International Herald Tribune , París, 29 de mayo de 2009.
(2) Benyamín Netanyahu, en su discurso de la Universidad Bar-Ilán, el 15 de junio pasado, acabó por aceptar la creación de un Estado palestino, pero con muchas condiciones difícilmente aceptables por los palestinos, entre ellas, la de que sea un Estado desmilitarizado y que reconozca a Israel como "Estado del pueblo judío".
 

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San Salvador, 30 de mayo. En medio de una crisis global como ésta, iniciar un nuevo gobierno que representa una ruptura con la derecha histórica del país significa, por lo menos, entrar a la jaula del tigre que el presidente electo Mauricio Funes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se ganó en la rifa electoral del 15 de marzo.

Por eso, “para poder sobrevivir en el primer año del nuevo gobierno –opinó Héctor Silva, ex alcalde de la capital durante dos periodos y que será uno de los artífices de la política social– tendremos que hacerle como Barack Obama: aterrizar y echar a correr. Sabemos que no tendremos periodo de gracia, necesitamos presentarle al pueblo resultados en un año”.

Lo que sí va a tener Funes a sus 49 años y ocupando por primera vez un puesto de elección popular, ya que saltó directamente del periodismo a la presidencia, es un enorme capital político.

La última encuesta de aceptación le dio un porcentaje de 82 por ciento. Es un índice de popularidad muy poco común. No lo tuvo Obama, no lo ha tenido en los últimos años ningún gobernante latinoamericano. Si lo utiliza bien lo va a poder invertir para que en el corto plazo la gente nos tenga paciencia y valore los pequeños pasos que demos, agregó Silva.

El equipo de transición había anunciado que el viernes se daría a conocer el futuro gabinete pero finalmente la noticia del día quedó en suspenso. Será, afirma hoy Héctor Silva, un gabinete en que al menos 85 por ciento de nosotros nos sentiríamos muy cómodos si nos llaman de izquierda.

El jueves se anunció el gabinete económico, diverso y pluripartidista, en el que Funes busca una mezcla de equilibro y máxima eficiencia, con peso del FMLN en puestos importantes, pero también destacan otros sectores.

Por ejemplo, Alexander Segovia será una especie de superministro en su carácter de secretario técnico, pero no sale de las filas del FMLN sino de la estructura ciudadana Amigos de Funes.
Por la cuota no militante figura además el ministro de Hacienda Carlos Cáceres, ex presidente de la Asociación de Banqueros; Héctor Dada Hirezi, del Partido Socialdemócrata, y Guillermo López, empresario gerente de Pollo Campero que fue ministro en el gabinete de Antonio Saca, quien estará al frente de la administración de puertos y aeropuertos.

Ellos tendrán que coordinarse con funcionarios de signo opuesto, como lo es Gerson Martínez, nombrado ministro de Obras Públicas, sector clave para la estimulación del empleo intensivo. Gerson fue uno de los jefes de los comandos urbanos que dirigieron las operaciones insurgentes en la ofensiva de San Salvador en 1989.

Ese anuncio ya tiene tres días y no hemos recibido críticas negativas. Lo máximo que ha dicho el partido perdedor, Arena, en boca de su líder Alfredo Cristiani, es que habrá un compás de espera antes de opinar, dijo el ex alcalde.

Otros nombramientos son comentados extraoficialmente. Por ejemplo, el viceministro electo Leonel González, el único líder histórico que aún sigue como dirigente activo en el partido, será ministro de Educación, en atención a su pasado como maestro rural.

Pero el nombramiento más significativo para marcar los nuevos tiempos que corren en el país, es el de Manuel Melgar al frente del Ministerio de Seguridad Pública, posición estratégica ante la crisis de criminalidad que se vive.

Melgar formó parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, una de las cinco formaciones armadas del FMLN, y comandó un operativo en la Zona Rosa de esta ciudad, en 1985, en la que se dio muerte a varios marines estadunidenses.

Al conocer anticipadamente este nombramiento, la embajada estadunidense respingó y de Washington llegó el consabido veto. Se negoció y se acordó. Al final, Melgar va a Seguridad Pública.

BPor, lanche Petrich

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El 20 de enero se enfrentaron en Ecuador dos modos de estar en el mundo. El gobierno de Rafael Correa —que poco antes impulsó y consiguió ganar un referendo por la reforma constitucional inspirada en la lógica del “buen vivir” (sumak kausay en quichua) y el abandono del modelo neoliberal—, presionó al Congreso para que aprobara la Ley de Minería. Los movimientos sociales convocaron una movilización nacional para oponerse a la explotación minera transnacional. Las fuerzas que se enfrentaron en las calles fueron muy desiguales: hubo heridos y detenidos, gases lacrimógenos y golpes.

Ese 20 de enero, día de la Movilización por la Vida, miles de indígenas salieron a las carreteras como acostumbran hacerlo en cada protesta. Unos 4 mil indígenas cortaron la carretera Latacunga-Ambato en la sierra sur, y otras decenas de miles en múltiples lugares del país, incluyendo protestas en Quito y Cuenca, las dos principales ciudades andinas, pero también en la Amazonia y en la Costa.

Aunque la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) siempre dijo que la movilización sería pacífica, la represión fue importante, con gases lacrimógenos y hasta disparos de bala que provocaron decenas de heridos, algunos de ellos hospitalizados. Puede decirse que la represión no fue muy diferente a la que se registró en otras ocasiones cuando en Ecuador gobernaba la derecha.

A la hora de hacer el balance de las movilizaciones contra la minería, Acción Ecológica mostró su alegría porque “está naciendo una nueva alianza campo-ciudad que recoge los principios del ecologismo”. Destacó que “los argumentos de proteger el agua, fortalecer la soberanía alimentaria, reivindicar el derecho a la consulta, desconfiar de las transnacionales, son ya comprendidos y asumidos por muchos ecuatorianos y ecuatorianas”. Se lamentó del rumbo derechista del gobierno de Correa pese a sus posiciones soberanas como la nueva Constitución y la declaración de ilegitimidad de la deuda externa. “La historia demuestra que cuando un gobierno se derechiza es muy difícil que vuelva a ser de izquierda”, concluye el balance.

Días después, la Conaie envió una “Carta Abierta al Foro Social Mundial” en la que explicaba su “oposición y rechazo” a la presencia de Correa en “un espacio donde históricamente se construyen alternativas y garantías a los derechos de los pueblos y por la vida y no puede ser tribuna para un presidente con posiciones impregnadas de racismo, machismo, paternalismo, discriminatorias, sexistas y violentas”. Quedaba la alerta al Foro que detrás del lenguaje de la “revolución ciudadana” se reprime y atenta contra la dignidad y los derechos y asegura que “la larga noche neoliberal está presente en Ecuador”.

Argumentos en disputa. La Ley de Minería fue analizada con rigor por los movimientos. Se recuerda que la inversión extranjera en Ecuador se ha focalizado siempre en la actividad extractiva y la agroexportación y que la división internacional del trabajo condenó al país a ser exportador de materias primas y productos primarios sin industrializar como cacao, café, banano y otros. “Por cada dólar situado en el país, le ha rendido cuatro a la inversión foránea”

Luego de la segunda guerra mundial se inició un proceso de sustitución de importaciones y de industrialización, se realizaron nacionalizaciones y se estableció un Estado del Bienestar. Pero el país se siguió sosteniendo en base a la exportación de uno o dos productos primarios, lo que lo hizo muy vulnerable. En las últimas décadas su principal exportación es el petróleo, que sin embargo no ha sido capaz de alentar la producción nacional de bienes de capital ni impulsar la exportación de derivados del crudo por lo que “la explotación de petróleo ha devenido en fuente inagotable de pasivos sociales y ambientales”.

Los críticos sostienen que la Ley de Minería “no se corresponde con la visión de país que incorpora la Constitución vigente desde octubre de 2008”, en gran medida porque “rompe el equilibrio entre comunidades y entorno natural impidiendo el libre ejercicio de los derechos”, y, en lugar destacado, “desvirtúa el carácter plurinacional del Estado ecuatoriano”.

En su artículo 2 (Ámbito de aplicación), la nueva Ley Minera no incluye a las personas comunitarias como sí lo hace con las personas públicas, mixtas o privadas. y en su artículo 3 (Normas supletorias) incurre en la omisión de no destacar “la supremacía de la Constitución política y de los instrumentos internacionales en cuanto a los derechos humanos y ambientales”.

El artículo 15 (Utilidad pública) es uno de los más cuestionados. El informe de Acción Ecológica destaca que no se establece de modo explícito que las concesiones “no deben jamás comprometer el derecho al agua, la soberanía alimentaria, las áreas naturales protegidas, los territorios indígenas y las tierras dedicadas a la producción de alimentos”. El abogado de la Fundación Pachamama, Mario Melo, enfatiza que al declarar la actividad minera de “utilidad pública”, la Constitución autoriza a expropiar tierras en los territorios indígenas “con sólo alegar un supuesto bienestar colectivo”.

El artículo 16 (Dominio del Estado sobre minas y yacimientos) destaca “los intereses nacionales” que naturalmente son definidos por el gobierno de turno, y según la crítica van a responder “a los requerimientos coyunturales de ingresos fiscales, los cuales terminarán imponiéndose al objetivo permanente del buen vivir de las personas que habitan el país”.

El artículo 28 (Libertad de prospección) dice que cualquier empresa “tiene la facultad de prospectar libremente para buscar sustancias minerales”, lo que les permitirá realizar estudios mineros en tierras de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas (en Ecuador hay 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas). En paralelo, el artículo 90 (Procedimiento especial de consulta a los pueblos) indica que dichas consultas se harán conforme al artículo 398 de la Constitución y no al 57. La diferencia es importante: por el 398, si una comunidad o pueblo se opone a la prospección el diferendo “se resuelve con la decisión de la autoridad administrativa superior”. Por el artículo 57, la misma oposición se resuelve “conforme a los instrumentos internacionales aplicables, entre los que está la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, aprobada por el Ecuador, que hace necesario que el resultado de la consulta sea del consentimiento de los consultados para que se realice la actividad prevista”. Acción Ecologista concluye que la Ley “se inscribe en el modelo neoliberal”, ya que privilegia la inversión extranjera, otorga prioridad a los ingresos por sobre los pasivos sociales y ambientales, a la extracción de minerales sobre los derechos humanos de las comunidades afectadas, la conservación de la biodiversidad y las fuentes hídricas. Incluso prevé abrir a la extracción de zonas naturales que están protegidas, a la vez que incluye “disposiciones tendientes a criminalizar la protesta y el ejercicio del derecho a la resistencia”.

Según el informe de Acción Ecológica, el objetivo para el Estado es que la actividad minera sea “una fuente importante de ingresos fiscales, complementaria y ulteriormente sustitutiva del petróleo”. Aunque se defiende la política de aumentar los ingresos del Estado, se considera que los aspectos regresivos refuerzan la dependencia neocolonial del Ecuador. Por último, y muy grave, este modelo extractivista se aleja de la nueva Constitución que dice defender “el modelo de desa­rrollo humano, integral, holístico, para obtener el objetivo del buen vivir, con el ingrediente esencial de no ejercer violencia sobre las personas ni sobre la naturaleza, con la cual se debe mantener una relación de plena armonía”.

Los defensores de la ley aseguran que creará 300 mil puestos de trabajo, vitales para el desarrollo del país, y que no habrá contaminación. Algo que no puede corroborarse y que desmiente el pasado petrolero reciente del Ecuador.

El área destinada para la explotación minera son 5.6 millones de hectáreas, 20% de la superficie del país, que incluye parques nacionales y reservas naturales concesionados desde los años 80.

Clamor continental contra la minería. La actividad minera es la principal causa de conflicto ambiental en América Latina. A lo largo de la cordillera andina existen acciones permanentes contra la salvaje explotación de la minería a cielo abierto. En perspectiva, el movimiento contra la minería a cielo abierto está creciendo de forma exponencial, pese a su corta vida.

En Argentina funcionan nueve yacimientos de oro, plata y cobre, hay cinco en construcción y se exploran otros 140. Hay 70 pueblos de trece provincias afectados por la explotación minera a gran escala. Son cinco mil kilómetros de la cordillera andina donde se instalan empresas de Estados Unidos, Sudáfrica, Gran Bretaña, Suiza, Japón y, sobre todo Canadá, sede de las principales multinacionales del sector. La mina Bajo la Alumbrera, en la provincia de Catamarca, se encuentra entre las diez mayores explotaciones de cobre y las quince de oro del mundo.

En 2002, cuando comenzaron a reunirse los Vecinos Autoconvocados de Esquel, eran la única organización que luchaba contra la minería en Argentina. Hoy son más de cien las asambleas de vecinos movilizados por cuenta propia para denunciar los grandes proyectos multinacionales de la minería, pero también de celulosa y agricultura de monocultivos, agrupados en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).

En Chile existe una prolongada movilización contra la mina Pascua Lama. Es un proyecto binacional (Argentina y Chile) de la canadiense Barrick Gold que extraerá oro y plata (se dice que sus reservas son de 20 mil millones de dólares), usará 370 litros de agua por segundo y dinamitará 45 mil toneladas de montaña diarias. El proyecto está trabado por cuestiones legales y por la oposición: el movimiento de resistencia, integrado por agricultores, indígenas e iglesias denunció que Barrick Gold ocultó que los yacimientos están debajo de tres glaciares.

Perú es donde se libra una de las más fuertes batallas de organización social contra la minería en América Latina: la Conacami (Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería). Es una joven organización nacida en 1999 en respuesta al “boom minero” de Perú a partir de 1993, que fue de la mano del régimen autoritario de Alberto Fujimori. Son 1 650 comunidades de la costa, la sierra y la selva, que tienen más de mil dirigentes perseguidos.

Perú se convirtió en el primer productor de plata del mundo, tercero de estaño y zinc, cuarto de plomo y cobre, y quinto de molibdeno y oro. Los minerales suponen 45 por ciento de las exportaciones peruanas, pero la actividad minera sólo aporta 4 por ciento de los ingresos del Estado y ocupa al uno por ciento de la población activa. La contaminación le cuesta al país 4 por ciento del producto interno bruto. Se calcula que casi una cuarta parte de la superficie del país, unos 25 millones de hectáreas, está concesionado a empresas mineras.

Ecuador puede mirarse en ese espejo. Por un lado, los conflictos sociales y ambientales de los años noventa pueden multiplicarse, como ya lo anunció la Conaie. La violación de los derechos indígenas y de sus territorios “volverá inviable los proyectos”, advirtió la organización a las empresas mineras, ya que la Ley de Minería viola el artículo 169 de la OIT que reconoce los derechos colectivos. Pero Correa cuenta con el 70 por ciento de apoyo y salió victorioso de las elecciones generales de abril en el marco de la nueva Constitución.


Por, Raúl Zibechi, analista del semanario Brecha de Montevideo. Una versión más amplia de este texto se encuentra en el Programa de las Américas (www.ircamericas.org).

 

 

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  •  Pueblos de la Amazonia exigen que se deroguen normas que impiden la defensa de tierras.


El gobierno peruano declaró el sábado 9 de mayo, estado de emergencia en varios distritos de la Amazonia al cumplirse un mes de las protestas iniciadas por nativos de la selva peruana, las cuales ponen en riesgo la producción de gas natural e hidrocarburos.

La medida suspende 60 días los derechos constitucionales de libertad de reunión y tránsito, entre otros, en los departamentos de Amazonas, Loreto, Ucayali y Cusco.
Los indígenas se declararon en pie de lucha para exigir al gobierno la derogación de algunos decretos legislativos que supuestamente vulneran la defensa de sus tierras y para presionar ocuparon estaciones de bombeo de la estatal Petroperú en Loreto. Además, impiden la navegación en algunos ríos bloqueando con botes y canoas.

El estado de emergencia, según el gobierno del presidente Alan García, apunta a restablecer el orden público ante las acciones de violencia que ponen en riesgo la producción, transporte y distribución de gas natural e hidrocarburos.

Mediante un decreto supremo se ordena a las fuerzas de seguridad reducir y eliminar los riesgos existentes en los distritos de Echarate y Kimbiri, en Cusco; Sepahua, Ucayali; Napo, Andoas; Pastaza, Morona y Manseriche, Loreto, e Imaza, Amazonas.

El documento hace referencia a las acciones de violencia, incluida la obstrucción de las vías de acceso a campos petroleros y la expulsión de trabajadores de las empresas, como presión para lograr que se paralicen las labores de exploración y explotación de hidrocarburos, necesarias para asegurar la seguridad energética del país.
 
Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, organización que lidera las protestas, aseguró que en los próximos días radicalizarán las medidas de presión para exigir al gobierno que derogue las normas que, según las comunidades, atentan contra su soberanía.
 
Wagna Musoni, representante de las Comunidades Indígenas de Loreto, declaró: el gobierno no puede decretar estado de emergencia contra la lucha justa de los pueblos amazónicos. Por eso estamos dispuestos a morir, para que se deroguen las leyes forestal y de hidrocarburos. Australia, Japón y Noruega reportan los primeros casos.

Dpa y Afp
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El futuro primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, del Likud, alcanzó un acuerdo con los ultranacionalistas de Israel Beitenu, lo que le permite formar un gobierno restringido de derecha. Así, la llegada de Lieberman a la cúpula de la diplomacia israelí quedó a un paso de concretarse. Esta alianza provoca inquietudes en el mundo.
 
“Estamos de acuerdo en todos los principios y asuntos, así como en la distribución de ministerios y en la opción de un gabinete de unión”, dijo Guideon Saar, un diputado del Likud (derecha, 27 diputados), tras la firma en la madrugada de ayer de un acuerdo de coalición con Israel Beitenu (15 escaños sobre 120), el partido de Avigdor Lieberman. “No cerramos la puerta a un gobierno ampliado y, si se forma, provocará cambios” en el acuerdo del Likud y de Israel Beitenu, añadió Saar, que supervisa las negociaciones para la formación del gabinete.
 
Según los términos de este primer acuerdo de coalición, Israel Beitenu obtendrá el Ministerio de Relaciones Exteriores, atribuido a Lieberman, al igual que los de Seguridad Interior, Infraestructuras, Turismo e Integración (inmigración). Voceros partidarios afirmaron no obstante que el nombramiento de Lieberman como ministro de Relaciones Exteriores todavía no está acordado definitivamente. Los dos partidos por sí solos no alcanzan la mayoría de las 120 bancas del Parlamento, por lo que aún deben reclutar a otras agrupaciones para su coalición.
 
La vocera del Likud, Dina Libster, dijo que el convenio alcanzado incluye un compromiso de que ambas agrupaciones acepten como socios de gobierno a partidos más moderados, como la formación Kadima, de la canciller saliente Tzipi Livni. Este acuerdo deja por lo tanto un resquicio –aunque pequeño–- para que Livni continúe al frente de la diplomacia del país. Livni confirmó ayer las informaciones de que el Likud había renovado los esfuerzos para reclutarla, pero dijo que los contactos todavía no la habían convencido.
 
La canciller saliente reiteró que sólo formará parte de un gobierno comprometido con la firma de un acuerdo de paz definitivo con los palestinos. “No es ningún secreto que durante la semana pasada hubo discusiones con el presidente del Likud, la persona designada para formar gobierno. Pero las cosas no cambiaron”, dijo Livni. El domingo a la noche, Netanyahu se reunió con el presidente Shimon Peres en Jerusalén para intentar convencerlo de que intervenga ante Kadima (28 escaños), el partido centrista de Tzipi Livni, la canciller saliente, y ante el Partido Laborista de Ehud Barak, ministro de Defensa, para que acepten formar un gobierno de unión nacional.
 
Y es que el gobierno de marcado carácter conservador que se perfila es fuente de preocupación, en particular en Egipto y en Jordania, los dos países árabes que firmaron tratados de paz con Israel. “Estamos confrontados a un factor negativo, que potencialmente puede crear daños en el proceso de paz, que es la emergencia de un gobierno de extrema derecha en Israel”, declaró el jefe de la diplomacia egipcia, Ahmed Abul Gheit, en Bruselas.
 
El rey Abdalá II de Jordania estimó, por su parte, que la constitución de un nuevo gobierno en Israel no debía ser una excusa para retrasar las negociaciones de paz israelo-palestinas. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Javier Solana, repitió que los europeos estarían “dispuestos a trabajar normalmente con un gobierno israelí que aceptase trabajar por una solución de dos Estados”. “Si no fuera el caso, la situación sería diferente”, añadió.
 
Netanyahu rechaza la ida de un Estado palestino y prefiere hablar de una “paz económica” que prevea una mejora de las condiciones de vida de los palestinos en Cisjordania. El canciller francés, Bernard Kouchner, exhortó, por su parte, a evitar el ostracismo: “Hará falta, y deseo que sea lo más abierto posible, trabajar con el gobierno israelí”. El riesgo de Netanyahu de formar un gobierno sólo con aliados de la extremaderecha es altísimo, máxime cuando se trataría de un gabinete apoyado por 65 diputados.
 
El Likud proseguirá las negociaciones con sus aliados naturales, los partidos religiosos y de extremaderecha, en particular el Shass (ultraortodoxo sefardí, 11 escaños), la Lista Unificada de la Torá (ultraortodoxo ashkenazi, cinco diputados), la Unión Nacional (cuatro) y Hogar Judío (tres).
 
Según el plazo legal, Netanyahu tiene que formar gobierno y someterlo al Parlamento antes del jueves, de lo contrario deberá pedir al presidente israelí, Shimon Peres, una prórroga de dos semanas.
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Cuando la revista People le preguntó a George W. Bush cuáles eran los episodios de sus ocho años en la Casa Blanca que recordaba con más frecuencia, el presidente resaltó uno en particular: la vez que lanzó la bola inicial en la final del campeonato nacional de béisbol. "Curiosamente, nunca sentí tanta ansiedad en ningún otro momento de mi presidencia", explicó.

Los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, la guerra en Irak, Abu Ghraib, Guantánamo, las cárceles secretas de la CIA, Gaza, la implosión del sistema financiero mundial... Nada comparado con el terror que sintió el presidente saliente ante la posibilidad de hacer el ridículo en un campo deportivo. Lo cual no debería de provocar demasiada sorpresa. En parte porque la gran pasión de Bush es y siempre ha sido el béisbol (se ha comentado en Washington más de una vez que el puesto de presidente de la federación nacional del deporte representaba el límite de sus posibilidades de gestión); y sobre todo, porque la carga de las grandes decisiones que se han tomado durante su presidencia no la ha asumido él, sino su vicepresidente, Dick Cheney.

Retratar a Cheney como la figura siniestra y malévola (Darth Vader es uno de los sobrenombres que le han dado en Washington) que ha concebido y puesto en práctica la política de la Casa Blanca durante los últimos ocho años, y a Bush como el títere que se ha limitado a firmar las iniciativas vicepresidenciales y a darles apoyo publicitario, es una caricatura que no se aleja tanto de la realidad. Bush no sólo ha sido el peor presidente de la historia de Estados Unidos, según una abrumadora mayoría de historiadores especializados, sino el más vago, el que menos atención le ha prestado a la letra pequeña, el que más días de vacaciones se ha tomado, habitualmente en su rancho de Tejas. Cheney, en cambio, es un detallista fanático que muchas veces empieza su día de trabajo a las 4.30 de la mañana y es considerado entre los expertos de izquierda y derecha en Washington, por unanimidad, como el vicepresidente más poderoso que ha tenido su país.

Toda una colección de libros sobre el funcionamiento interno de la Casa Blanca de Bush (destacan El lado oscuro, de Jane Mayer, de la revista The New Yorker; El pescador: la vicepresidencia de Cheney, de Barton Gellman del The Washington Post, y La guerra interna, del legendario Bob Woodward) promueven la tesis en mayor o menor medida de que Cheney ha sido el ventrílocuo del muñeco Bush.

El mismo presidente la sustentó, de manera no necesariamente intencionada, al declarar en 2003: "Cuando se habla conmigo, se habla con Cheney".

El gran atractivo para Bush es que Cheney hace casi todo el trabajo y no exige nada del crédito. Está feliz en la sombra. Más bien, ha preferido no salir de ella, evitando así el papel protocolario que tradicionalmente le corresponde a un vicepresidente. Los aplausos del público le llenan menos que la autosatisfacción secreta de saber que él es el que ejerce el poder. No perdió el tiempo en asumirlo. Nada más ser elegido candidato a la vicepresidencia, se encargó en el interregnum entre las elecciones de 2000 y la inauguración presidencial de enero de 2001, de seleccionar los candidatos que iban a ocupar los puestos clave de la nueva Administración republicana. Bush fue el que aprobó la lista final pero todos, sin excepción, habían sido los que había propuesto Cheney.

Dan Quayle, que fue el vicepresidente de Bush padre, entendió que Cheney se proponía reinventar su antiguo puesto en una reunión que celebraron los dos a los pocos días de que Cheney se instalara en el ala oeste de la Casa Blanca.

"Le dije, 'Dick, ya sabes, tendrás que viajar mucho al exterior... ir a funerales", Quayle recordó en una entrevista citada en el libro El pescador. "Es decir, en esto consiste la tarea de un vicepresidente". Cheney le dirigió una leve sonrisa y contestó: "Yo tengo otro tipo de conexión con el presidente".

Ha sido una conexión no tanto de subordinado como de guía paterna. Cheney, la última persona con la que Bush habitualmente hablaba antes de firmar un decreto, fue el principal promotor, junto a su viejo compinche el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld, de la guerra de Irak. Y no hubo nadie que luchara con más empeño a favor de la política más polémica durante la presidencia de Bush dentro de Estados Unidos y la que más daño ha causado a la imagen internacional del país: la tortura como método para interrogar a los presos sospechosos de terrorismo. El entusiasmo de Cheney por suspender la aplicación de la Convención de Ginebra en la guerra contra el terror llevó al almirante Stansfield Turner, jefe de la CIA en los años setenta, a darle el apodo de "vicepresidente de la tortura".

Cheney es un personaje que, como las figuras totalitarias a las que Estados Unidos se opuso durante la guerra fría, cree firmemente en la doctrina de que el fin justifica los medios. Nadie participó de manera más dinámica que Cheney en lo que el premio Nobel de Economía Paul Krugman describió en su columna del The New York Times hace dos días como "el escándalo más grande de todos": la manera deliberada con la que la Administración de Bush engañó al pueblo estadounidense para que apoyara la invasión de Irak

Sobre las supuestas armas de destrucción masiva que poseía Sadam Husein, el pilar central del argumento a favor de la guerra en Irak, Cheney fue más lejos que Bush al desdeñar en público los consejos de la CIA, que insistían en que Husein estaba lejos de construir una bomba nuclear y lo mejor sería insistir en un programa agresivo de inspecciones. "La inteligencia es un negocio incierto", replicó Cheney, con una de sus pequeñas sonrisas irónicas, en un discurso en agosto de 2002, siete meses antes de la invasión estadounidense. Pero fueron muchos lo que participaron en aquel gran engaño. Donde Cheney ejerció de director de orquesta fue en la fabricación del segundo gran argumento a favor de la guerra, el que convenció al norteamericano medio de que no quedaba más remedio que eliminar a Sadam. Aquí no hubo ninguna incertidumbre, ni posibilidad, siquiera, de autoengaño. Consistió en divulgar la mentira de que Irak estuvo involucrado en los ataques del 11 de septiembre de 2001, mentira que la mayoría de los estadounidenses, según repetidos sondeos, eligieron creer. Cheney citó un supuesto informe de inteligencia (en este caso el negocio dejó de ser tan incierto) según el cual uno de los terroristas suicidas del 11-S, Mohamed Atta, se había reunido en Praga con un integrante del servicio de espionaje iraquí. Tal era su urgencia por lograr un consenso nacional a favor de la guerra que emergió, contra natura, de las sombras para declarar en entrevistas televisivas a lo largo de 2002 que Al Qaeda y el régimen iraquí eran cómplices en la guerra santa contra Estados Unidos.

En diciembre de 2001 declaró que se había "confirmado" la existencia de una reunión entre Atta y un "alto oficial" del servicio de inteligencia iraquí en Praga en abril de ese mismo año. Pese a que tanto la CIA como el servicio de inteligencia checa le decían en privado que no tenían ninguna información al respecto, Cheney reiteró en marzo de 2002 que la reunión había sido "un hecho", y lo volvió a ratificar en septiembre de ese año.

Un par de años después, con el Ejército de Estados Unidos ya estancado en Irak, actuó de manera incluso más descarada. Fue en plena campaña electoral durante un debate televisivo. Su rival demócrata para la vicepresidencia, John Edwards, denunció sus mentiras sobre Irak y Al Qaeda. Con una firmeza implacable, Cheney le contestó: "El senador se equivoca. No he sugerido que existiera una conexión entre Irak y el 11-S".

Bush llegó a la presidencia en 2001 tras una campaña electoral en la que se había vendido como promotor de una filosofía que denominó "conservadurismo compasivo". Cheney se ocupó desde un principio de borrar la palabra compasión del léxico bushiano. En el terreno de la ecología combatió arduamente a favor de las industrias más contaminantes de Estados Unidos, cuyas empresas amigas (grandes contribuyentes en muchos casos a las campañas electorales de Bush) preferían no invertir en tecnología que reduciría la emisión de gases perjudiciales para la capa de ozono. Y en cuanto a la economía, Cheney contribuyó de manera agresiva al caos reinante hoy al insistir en reducir los impuestos de los más ricos. Cuando Paul O'Neill, el secretario del Tesoro que él mismo había elegido, le defraudó al cuestionar en 2002 la política de reducción de impuestos, Cheney recomendó a Bush que lo despidiera y Bush, sin apenas pensárselo, asintió.

Esto fue una mera anécdota, sin embargo, comparado con el ejemplo de anticompasión más flagrante de la era Bush: el trato que se dio a los presos en la prisión de Abu Ghraib, en Irak, y en la base militar estadounidense de Guantánamo, en la isla de Cuba.

Cheney hizo pública su posición al respecto a los dos meses del 11-S en un discurso ante la Cámara Americana de Comercio. Los terroristas, dijo, "no merecen ser tratados como prisioneros de guerra". Pasarían 10 semanas hasta que el propio Bush se declarara al respecto, y lo hizo firmando un documento de cuatro páginas que Cheney y sus asesores legales confeccionaron sin consultar siquiera al entonces secretario de Estado, Colin Powell. La Convención de Ginebra (que un íntimo asesor de Cheney describió como "obsoleta") sencillamente no se aplicaría ni a los presos supuestamente afiliados a Al Qaeda o a los talibanes de Afganistán.

Los primeros presos llegaron a Guantánamo en enero de 2002. "De ese momento en adelante", según escribió el The Washington Post en un amplio reportaje que ganó el Premio Pulitzer, "Cheney se dedicó a la cuestión práctica de aplastar la voluntad de resistir de los cautivos... La oficina del vicepresidente desempeñó un papel central en hacer añicos a los límites impuestos a la coerción de presos bajo la custodia de Estados Unidos".

Cheney fue el pionero de una casuística distinción teórica entre la tortura no permitida y métodos violentos de interrogación sí permitidos que se tradujo en la práctica a una sistemática violación de los derechos humanos denunciada en el mundo entero.

Un documento clasificado del Departamento de Justicia, pero motivado por Cheney y su equipo de "gobierno dentro del Gobierno", según reveló el Post, determinó que la ley estadounidense en contra de la tortura "prohíbe sólo las peores formas de trato cruel inhumano o degradante", con lo cual permite otras. El documento especificó que la tortura prohibida consistía en aquella que causaba dolor "equivalente en intensidad" al del "fallo de un órgano vital... O incluso la muerte".

Tal es el secretismo con el que opera Cheney (siempre se ha negado incluso a revelar cuánta gente trabaja con él en la Casa Blanca) que su no siempre eficiente jefe de relaciones públicas, George W. Bush, es el que pagará el precio histórico por las atrocidades y desastres de los últimos ocho años. Pero lo que muchos sospechan en Washington es que Bush habría ejercido la presidencia de manera menos radical si hubiera optado por otro consigliere; si hubiera elegido como vicepresidente a un Dan Quayle dispuesto a aceptar su papel secundario, lejos del centro de poder, o a uno más inclinado a poner en práctica el concepto en que quizá Bush alguna vez creyó de conservadurismo compasivo.

En dos días pondrá fin a un mandato de ocho años que su sucesor, Barack Obama, ha denunciado por su "espectacular irresponsabilidad", pero lo curioso es que Bush da la sensación de que todavía carece de la experiencia necesaria para ser presidente. Su presidencia lleva su nombre, pero la huella es la de Cheney. La razón es sencilla: a Bush siempre le ha atraído más el título que el cargo de presidente, y las responsabilidades que conlleva. Por temperamento, el trabajo duro del día a día no le interesó y se lo dejó, con descuidada tranquilidad, al maquiavélico Cheney, mientras él se preocupaba por su estado de salud (Bush es un obsesivo del fitness), por cuidar su rancho tejano y por el béisbol.

Preguntado por el periodista Bob Woodward una vez sobre la influencia de su padre, presidente entre 1989 y 1993, en el ejercicio de su presidencia, George W. contestó: "Hay otro padre en las alturas al que apelo". Lo que no quedó del todo claro fue si se refería a la divinidad cristiana, o a su vecino en la Casa Blanca, Dick Cheney.

Por, JOHN CARLIN 18/01/2009
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Miércoles, 24 Diciembre 2008 10:08

Uruguay: Políticas sociales y desigualdad

Los planes sociales vienen mostrando su capacidad  para disminuir la pobreza y fomentar la integración, pero están escasamente relacionados  con la cuestión de la desigualdad. Recientes datos conocidos en Uruguay avalan esta apreciación.

Días atrás se difundieron datos que viene trabajando el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) sobre la evolución de la desigualdad. Aún incompletos pueden ser útiles para abrir un debate sobre el modelo económico.

Según datos difundidos por los medios, el índice Gini –con el que se mide la desigualdad- pasó en Uruguay de 0,438 en 1998 a 0,457 en 2007. Cuanto más cerca de 1 mayor es la desigualdad y a medida que se acerca a 0 mejor es la distribución de la riqueza. Loa curioso del dato es que en 2007 la desigualdad es superior aún que en el pico de la crisis económica de 2002, cuando el índice alcanzó 0,451. Entre 2006 y 2007 la desigualdad creció en 13 de los 19 departamentos aunque la pobrezá bajó en 16. Montevideo se econtraba a la cabeza de la desiguldad con 0,46.

Para 2008 el MIDES espera computar datos sobre el impacto del impuesto a la renta y la reforma de la salud, con lo cual es posible que la desigualdad no crezca o incluso disminuya. Por otro lado, entre 2005 y 2007 el PIB creció un 21 por ciento y los Consejos de Salarios permitieron una considerable recuperación de los ingresos de los trabajadores del 14 por ciento en el mismo período. Además, en el período mencionado se pusieron en marcha los diversos planes sociales y en particular el Plan de Emergencia hoy sustituído pro el Plan de Equidad.

Así y todo, la desiguldad creció. Peor aún: con la crisis económica en curso es muy
probable que buena parte de los avances registrados por los planes sociales sean
revertidos o se estanquen. En paralelo, el Instituto Nacional de Estadística estima que el incremento del precio de los alimentos en el primer semestre de 2008 impidió un mayor descenso de la pobreza y la indigencia.

Todo lo anterior es cierto, así como la voluntad de las autoridades de mejorar los
indicadores sociales. Sin embargo, la persistencia de un modelo económico concentrador de la riqueza, y excluyente, es lo que explica el crecimiento de la desigualdad. Si a ese modelo le llamamos neoliberalismo o de cualquier otro modo, tiene poca importancia. La especulación financiera que caracterizó al Uruguay de los 90 continúa aunque ya no está focalizada en el sector bancario sino en el productivo, con la soja y otros cultivos como principales exponentes. Entre ellos, habría que sumar la forestación y la producción de celulosa.

Se podría argumentar, con entera razón, que un pequeño país como Uruguay no puede salir sólo del modelo, y que para promover tal ruptura debe contar por lo menos con el apoyo de sus poderosos vecinos, en particular de Brasil. Este país, como se sabe, no sólo no ha hecho esfuerzos para salir del modelo neoliberal sino que lo ha profundizado en la agricultura y en la especulación financiera y bancaria. Así y todo, sería imprescindible debatir sobre el modelo, sobre los perjuicios que provoca al país, sobre el deterioro que produce al medio ambiente, sobre su capacidad para concentrar riqueza en un polo y pobreza en el otro… No hacerlo supone que los planes sociales sean funcionales al modo de acumulación, y no una base para revertilo.

Por, Raúl Zibechi, periodista uruguayo, docente e investigador en la Multiversidad
Franciscana de América Latina, y asesor de varios grupos sociales.
ALAI AMLATINA, 23/12/2008, Montevideo.-

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Mientras se agudiza la crisis financiera mundial, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informa que hay más de diez millones de estadounidenses desempleados. El desempleo alcanzó el 6,7% en noviembre. A esto se agregan 7,3 millones de “trabajadores de medio tiempo” que quieren trabajar tiempo completo pero no logran hallar un puesto. Las solicitudes para acceder al seguro de desempleo alcanzaron la cifra más alta en los últimos 26 años, mientras treinta estados afrontan una posible escasez de fondos para el seguro de desempleo. * Nuevamente saltaron a la vista las sorprendentes fallas de reguladores, como la Comisión de Bolsa y Valores, a partir del arresto del ex presidente del NASQDAQ Bernard Madoff (sí, se pronuncia ‘made off’, que en inglés es sinónimo de estafa) acusado de dirigir el mayor fraude financiero piramidal del mundo, con pérdidas estimadas en cincuenta mil millones de dólares, hacen parecer pequeñas a las cifras del escándalo de Enron. La imagen es desalentadora… a menos, claro, que usted sea ejecutivo de una empresa.

Se suponía que el paquete de rescate financiero de 700 mil millones de dólares, conocido como el Programa de Alivio de Activos en Problemas, TARP, por sus siglas en inglés, obligaría a eliminar las compensaciones exorbitantes a ejecutivos y los llamados “contratos blindados”. Mientras los contribuyentes estadounidenses pagan con los dólares que tanto les costó ganar, los ejecutivos de alto vuelo y los directorios de las empresas ahora están considerando adjudicarse bonificaciones multimillonarias.

Según el Washington Post, el lenguaje específico de la ley TARP que prohibía dichos pagos extraordinarios fue cambiado a último momento, mediante una pequeña pero importante edición de una oración realizada por el gobierno de Bush. El Post informó: “El cambio estipuló que la pena se aplicaría solamente a las empresas que recibieron fondos del rescate mediante la venta al gobierno de activos en problemas en una subasta”.

Lea la letra chica. De los fondos de rescate del TARP a ser desembolsados, tan sólo se les impondrían límites en el pago a ejecutivos a aquellos fondos que técnicamente se gastaron “en una subasta”. Pero el Secretario del Tesoro Henry Paulson y su ex colega de Goldman Sachs, Neel Kashkari (sí, se pronuncia “cash carry”, que en inglés significa ‘llevar dinero’), que está a cargo del programa, no tienen intención de gastar los fondos en subastas. Prefieren su Programa de Compra de Capital, que entrega dinero en efectivo en forma directa. Recuerden el curriculum vitae de Paulson: comenzó como asistente especial de John Ehrlichman durante el gobierno de Nixon y luego continuó trabajando durante un cuarto de siglo para Golman Sachs, una de las mayores receptoras de fondos del rescate financiero y principal competidora de Lehman Brothers, la empresa que Paulson dejó que quebrara.

La Oficina de Responsabilidad del Gobierno publicó un informe sobre el TARP el 10 de diciembre, en el que expresa preocupaciones sobre la falta de supervisión de las empresas que recibieron fondos del rescate. El informe plantea que “sin una fuerte función de supervisión y monitoreo, la capacidad del Tesoro de asegurar un nivel adecuado de rendición de cuentas y transparencia será limitada”. La organización de noticias sin fines de lucro ProPublica ha hecho un seguimiento del programa de rescate que reveló detalles que permanecen ocultos por el Tesoro. Al martes pasado, 202 instituciones habían obtenido fondos de rescate por un total de alrededor de 250 mil millones de dólares.

La Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo recientemente: “La implementación del TARP por parte del Departamento del Tesoro no es suficientemente transparente y no rinde cuentas a los contribuyentes estadounidenses”. Barney Frank, diputado demócrata de Massachussetts y presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, dijo anteriormente: “La utilización de estos fondos (…) para bonificaciones, para el pago de indemnizaciones por despidos, para dividendos, para la adquisición de otras instituciones, etc., es una violación a las disposiciones de la ley”.

El senador Republicano Charles Grassley de Iowa dijo acerca del vacío legal: “Las delgadas restricciones a las compensaciones a ejecutivos en el proyecto de ley original desaparecieron”. Dejando de lado por el momento que los tres votaron a favor de la legislación, la ley claramente debe ser corregida antes de que se otorguen fondos adicionales.

Las sumas de dinero que se están llevando estos titanes de Wall Street son estremecedoras. En su informe anual “Exceso Ejecutivo”, los grupos United for a Fair Economy (Unidos por una economía justa) y el Institute for Policy Studies (Instituto de Estudios sobre Políticas) informaron que la compensación de 2007 para Lloyd Blankfein, Presidente de Goldman Sachs (el sustituto de Paulson) fue de 54 millones de dólares, y la de John Thain, Presidente de Merril Lynch, fue la cifra astronómica de 83 millones de dólares. Desde entonces Merrill fue vendida a Bank of America, luego de perder más de 11 mil millones de dólares este año; sin embargo, Thain aún quiere una bonificación de diez millones.

Paulson, Kashkari y su jefe, el Presidente George W. Bush, quizá no sean las personas más indicadas para gastar los próximos 350 mil millones de dólares del dinero de los contribuyentes estadounidenses, apenas semanas antes de que se reúna el nuevo Congreso, el 6 de enero, y de que Barack Obama asuma la presidencia, el 20 de enero. Al igual que el informante de Watergate, Garganta Profunda, le habría dicho a Bob Woodward cuando Paulson recién comenzaba: “Sigue la pista del dinero”. El pueblo estadounidense, sus representantes en el Congreso y el nuevo gobierno de Obama deben seguir el rastro del dinero, remediar el vacío legal en relación con el pago a ejecutivos y exigir rendición de cuentas de los bancos rescatados por el público.
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Denis Moynihan colaboró como investigador para esta columna.
Amy Goodman es presentadora de Democracy Now! un noticiero diario de una hora que se emite por radio y televisión en más de 550 emisoras en inglés y 200 emisoras en español.
Por, Amy Goodman
Texto En Inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
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