El peligroso discurso de odio de Daniel Ortega y Rosario Murillo

En las últimas semanas, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo han exacerbado el discurso de odio que durante más de una década han promovido, desde el poder, contra los ciudadanos que demandan un cambio democrático en Nicaragua. De manera cada vez más frecuente, los gobernantes utilizan todos los medios de comunicación del país, imponiendo abusivamente una cadena nacional de radio y televisión para predicar el odio, la intolerancia y la violencia.

El discurso oficial se basa en la estigmatización de "los otros" como "enemigos", teniendo como única coartada la mentira y el cinismo, y por ello algunas personas consideran que lo que Ortega y Murillo repiten cada día carece de importancia porque no tiene ninguna credibilidad. Probablemente, la mayoría de la gente apaga la radio y la televisión oficial y no le da ningun crédito a la mentira; sin embargo, el discurso de odio de los gobernantes es extremadamente peligroso para la convivencia nacional, porque legitima ante sus partidarios el ejercicio de la violencia con impunidad.

Cada vez que Ortega y Murillo lanzan amenazas con virulencia otorgan una licencia a una minoría fanatizada para insultar, agredir, perseguir, torturar, e incluso matar, a cualquier ciudadano que reclama libertad y justicia en Nicaragua. Eso fue lo que ocurrió en La Trinidad, el 19 de julio pasado, cuando Jorge Luis Rugama fue asesinado de un disparo en la cabeza por un fanático sandinista, solamente porque gritó "¡Viva Nicaragua libre!" Y cuando el agresor Abner Pineda fue sometido ante la justicia, el juez invocó como atenuantes del asesinato que el funcionario de la alcaldía sandinista de Estelí padecía un supuesto trauma sicológico como resultado de la protesta ciudadana contra el régimen y que, además, "se encontraba en estado de ebriedad". Ese asesinato, que se mantiene en la impunidad, forma parte de la cosecha de odio de Ortega y Murillo.

En su último discurso en el Día Internacional de la Mujer, el caudillo sandinista, señalado de contumaz violador de los derechos de las niñas y las mujeres, se burló de sus víctimas y hasta clamó por la erradicación del machismo. Ortega alegó campantemente que en Nicaragua existe libertad de expresión, aunque su gobierno persigue a los periodistas, censura a los medios independientes, ha confiscado las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, y ha crimizalizado hasta el acto patriótico de ondear la bandera nacional. En estos días el joven Sergio Beteta fue declarado culpable en un tribunal por presuntos crímenes de tenencia de armas y drogas, fabricados en la cárcel de forma descarada por la fiscalía y la policía, cuando su "delito" fue quemar la bandera del FSLN y ondear la bandera azul y blanco en una protesta solitaria a la vista de transeúntes y periodistas. Y a pesar de las pruebas en su favor, ahora un juez orteguista está pidiendo contra él 16 años de cárcel, por ejercer la libertad de expresión.

El discurso de Ortega y Murillo también promueve odio y confrontación entre pobres y ricos. En nombre de los desposeídos y la "chusma", el comandante truena contra los millonarios y oligarcas, aunque en Nicaragua todo mundo sabe que la familia presidencial forma parte de los superricos y que su capital, al margen de toda clase de escrutinio público, no proviene de algún emprendimiento empresarial, sino del robo a los pobres que representa la corrupción pública y el desvío de más de 4 mil millones de dólares de la cooperación estatal venezolana para sus negocios privados.

Para justificar la represión y el estado de sitio policial, Ortega también alega que su gobierno ha sido víctima de una tentativa de golpe de Estado, pero ninguna comisión internacional de derechos humanos ha encontrado algún indicio de la supuesta conspiración durante las protestas de abril. Y lo único que han documentado son denuncias que deben ser investigadas sobre los crímenes de lesa humanidad, los asesinatos, las torturas, y las ejecuciones extrajudiciales, atribuidas a los sicarios del régimen.

Sin embargo, a pesar del miedo que provoca la violencia, la persecución, la cárcel y el exilio, en estos casi tres años de represión y estado de sitio, la dictadura Ortega-Murillo nunca ha podido quebrar la moral y la dignidad de un solo preso político, que desde la prisión sigue reclamando un cambio a través de elecciones libres. Bastaría constatar esta derrota política y moral del régimen para proclamar que el discurso de odio de Ortega y Murillo representa una política fracasada. Pero eso no disminuye su peligrosidad en una sociedad polarizada donde los perpetradores de la violencia siempre han estado protegidos por el poder de las armas y la impunidad.

Por ello exhortamos respetuosamente a los obispos de la Conferencia Episcopal, al liderazgo moral de la Iglesia católica, a que renueven su exigencia ante los gobernantes para que cese el discurso de odio que promueve la violencia antes que haya más víctimas que lamentar. Apelamos a dignidad de los servidores públicos –civiles y militares– a decir basta al discurso de odio de Ortega y Murillo, para que nunca más un nicaragüense sea asesinado por gritar ¡viva Nicaragua libre!, o encarcelado por ondear la bandera nacional.

Demandamos a los precandidatos de la oposición a la presidencia de la República a que se sumen a la campaña de los familiares de las víctimas de la represión para lograr la libertad de los presos políticos y demandar justicia por los asesinados. También llamamos a los grandes empresarios a exigir la suspensión del estado policial y una reforma electoral, para que los nicaragüenses podamos decidir en una elección libre si queremos seguir otros cinco años con la prédica de odio y violencia de Ortega y Murillo, o emprender la reconstrucción del país en democracia.

Por Carlos F. Chamorro, periodista nicaragüense

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Piñera endurece represión contra la protesta social, a fin de acabar su gestión en un año

Su gran error, abordar problemas políticos como si fueran de orden público: académico

 

Santiago. Tras retirar la semana pasada la estatua del general Manuel Baquedano en la plaza que lleva su nombre en Santiago –denominada popularmente Dignidad, por ser epicentro de las protestas sociales en Chile–, la base y el entorno del monumento amanecieron ayer cercados por columnas de hierro empotradas al piso y enrejados en planchas de metal, además de custodiados por carabineros.

El hecho en sí mismo podría no significar nada, excepto que es otra muestra del enfoque cada vez más policiaco que caracteriza al gobierno de Sebastián Piñera, que al faltar un año para su término acaba de renovar el estado de excepción constitucional so pretexto de la pandemia, y sigue empeñado en aplacar la rebeldía ciudadana por la vía de la represión en los sectores populares, señalan expertos.

"El gobierno ha anunciado mil carabineros en la plaza Baquedano todos los días viernes, que es el de las protestas. Cuando se requiere tal despliegue policial es porque no se trata de un problema de orden público, sino un problema político con raíces sociales. El gran error de este gobierno ha sido abordar problemas políticos y sociales como de orden público", dice el académico Ernesto Águila, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.

Estado de excepción

"La pregunta es cómo un gobierno y un presidente logran sostenerse con 10 por ciento de aprobación y las protestas sociales recurrentes. Parte de la explicación es que el país lleva un año en estado de excepción y toque de queda. La razón es la pandemia, pero también estas herramientas han permitido al gobierno enfrentar y sofocar la protesta social. La otra razón es una oposición inerte, muy desprestigiada, que no fiscaliza ni interpela al gobierno. La debilidad del gobierno no se traduce en un fortalecimiento opositor. En este sentido hay un empate catastrófico", agrega.

Tanto el anuncio de los mil policías como el cerco de hierro en Dignidad es sintomático de que Piñera quiere impedir que la protesta social siga machacando a su gobierno, desprestigiado incluso entre sus afines, que acusan debilidad, y evidenciando que el origen del conflicto sigue irresoluto. La posesión de la plaza y del monumento es más que simbólica: luego de que la movilización la convirtió en su punto neurálgico, el presidente llegó hasta ahí en abril de 2020 aprovechando que la ciudad estaba en cuarentena a hacerse una foto que difundió en redes sociales, en otro de sus actos impulsivos y que se leyó como provocación. Después él se disculpó con una mala y falsa excusa, pero el daño estaba hecho.

De un tiempo a esta parte se suceden por doquier las acciones represivas. Para muestra, la tarde del día 13, en la populosa y rebelde Villa Francia, al oeste de Santiago, un evento destinado a reunir dinero para fines comunitarios y que realizaban los vecinos en un recinto deportivo y recreativo, fue asaltado por decenas de carabineros que llegaron con blindados, drones, vehículos lanzagases y lanza agua, allanándolo y deteniendo al menos a 26 personas. Carabineros se justificó diciendo que se estaban transgrediendo los protocolos sanitarios contra la peste del Covid-19.

Los vecinos de Viña Francia, barriada caracterizada por su resistencia contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), narraron que "los niños jugaban a la pelota, realizaban talleres de autodefensa, cuando caen carabineros y revientan todos los accesos del multiuso. No hubo mediación, golpearon a algunas chicas y se llevaron a todo el mundo".

Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, dijo a Radio Universidad de Chile: "este hecho refleja un aspecto detectado hace un tiempo: sobre la base de invocar el cumplimiento de normas sanitarias se está focalizando la represión sobre todo a sectores populares que, se conoce, han tenido una actitud de rechazo al actuar policial y a las políticas gubernamentales actuales. En Villa Francia, la verdad es que se ejerció una represión brutal e indiscriminada".

Margota denunció además "un comportamiento asimétrico tanto de entes persecutores como desde los tribunales de justicia, respecto de cómo enfrentan una situación que tiene que ver con violación de derechos humanos versus manifestación y protesta social".

Por Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

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¿Por qué el Partido Comunista de Venezuela se aleja de Maduro?

Aliado histórico del proceso bolivariano, el Partido Comunista de Venezuela se viene alejando del régimen de Nicolás Maduro, al que incluso acusa hoy de autoritario. La crisis económica, la pérdida de derechos laborales y las persecuciones a dirigentes sociales, sumadas a presiones de las bases y cálculos políticos, explican las tensiones actuales.

 

El apoyo del Partido Comunista de Venezuela (PCV) a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro, como líderes histórico y actual del movimiento chavista, se enmarcó en su estrategia clásica de «revolución por etapas»: una de «liberación nacional» y otra «socialista», de la que se deriva, para la primera etapa, una alianza catalogada como «frente nacional amplio patriótico», con un sector de la «burguesía nacional no monopólica y no asociada y ni dependiente del capital imperialista», al menos en su línea política vigente hasta 2017 (XIV congreso).

Entonces, en la concepción del PCV, su apoyo a los gobiernos chavistas tendría como objetivo respaldar el proceso de liberación nacional, en en que se define como enemigos principales al imperialismo, representado por Estados Unidos, y a la «fracción tradicional» de la burguesía venezolana. En esa primera etapa, la clase trabajadora debe acumular fuerza política y conquistar una ampliación de sus derechos laborales y sociales, pero sin trascender la relación capital-trabajo; porque lo fundamental es el desarrollo de las fuerzas productivas, para crear la base material que necesita la futura transición al socialismo.

Esta ha sido la política tradicional del PCV, que antes de su alianza con el movimiento chavista, lo ha llevado a apoyar a los gobiernos del general Isaías Medina Angarita (1941-1945) y del vicealmirante Wolfgang Larrazábal (1958), e incluso su posterior candidatura presidencial. También, a la realización de una alianza con militares nacionalistas para acabar con el segundo gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1964), un estrecho aliado de Estados Unidos en plena Guerra Fría. Y, por último, a apoyar la candidatura de Rafael Caldera en las elecciones presidenciales de 1993 y los dos primeros años de su segundo gobierno (1994-1998).

Maduro, como el liderazgo del movimiento chavista, también heredó de Chávez el apoyo del PCV, en medio de los llamados a unidad que proliferaron a partir de la última operación y muerte del líder histórico de la Revolución Bolivariana. Así, el PCV convocó de urgencia a su XII Conferencia Nacional y apoyó al «hijo de Chávez» como su candidato presidencial, asumió el programa gubernamental presentado por Chávez en 2012 (el llamado Plan de la Patria), y realizó críticas puntuales a la «corrupción» y «burocratismo» del aparato estatal. Esto, en el marco de la denominada amplia unidad patriótica antiimperialista.

Después de la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales de abril de 2013, el PCV planteó propuestas económicas como la eliminación del impuesto al valor agregado (IVA), una central estatal de importaciones, aumento de los impuestos a la banca y suspensión de la asignación de divisas a la burguesía. Ya, en  2014, recomendó un aumento general y escalonado de salarios. Pero, a su vez, el partido realizó un giro para adaptarse al discurso oficial del gobierno acerca de la existencia de una «guerra económica» responsable de los altos índices inflacionarios y la escasez de mercancías, que provocó un deterioro sostenido del salario real. Así, empezó a exigir «cárcel para los especuladores, acaparadores y corruptos», en tanto expresiones de «una conspiración dirigida a profundizar las debilidades de la economía como instrumento que revierta el proceso político y social venezolano». 

En realidad, la recesión económica que comenzó en el 2014, acompañada de un incremento de la inflación y fenómenos como la escasez de mercancías, fue originada por la contracción unilateral de las divisas asignadas a las importaciones para dirigir esos recursos al pago de deuda externa del gobierno y los pasivos totales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), ambos legados de Chávez. Una recesión económica que se agravó con el desplome del precio del petróleo en 2015 y con las primeras sanciones económicas estadounidenses en agosto de 2017. La aplicación de ese ajuste inflacionario desde 2013 inició el prolongado y profundo proceso de deterioro de la capacidad de compra de los salarios y pensiones, y afectó el acceso a bienes básicos como medicinas. No obstante, el encubrimiento o negación de esa política económica regresiva permitió al PCV mantener la alianza con el gobierno de Maduro para las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 en las que obtuvo una importante victoria la coalición de partidos de la oposición tradicional: la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) consiguió dos tercios de la Asamblea Nacional. 

Esta victoria de la MUD, que canalizó el descontento por la depauperación de las condiciones de vida y el rechazo al gobierno de la mayoría de la población venezolana que ejerció su derecho al voto, fue explicada por el PCV como consecuencia de «no haber logrado que las masas adquirieran conciencia de la confrontación con el imperialismo y la oligarquía; es decir, existiría aún una incomprensión acerca de la agresión imperialista sostenida y multifacética». Por supuesto, en el marco de esa caracterización, el PCV defendió la declaración de desacato y revocación de las competencias a la Asamblea Nacional controlada por la oposición tradicional. Ello conllevó un cierre de facto del Parlamento y el establecimiento de un régimen político dictatorial por el gobierno de Maduro, a través del uso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entre 2016 y 2017.

Así, justificó la suspensión de derechos democráticos y recorte de libertades, que llevaron a la represión de las masivas protestas ocurridas en 2017, que comenzaron en defensa de la AN elegida en 2015, y después se convirtieron en una expresión de todo el descontento popular, con manifestaciones pacíficas y algunos hechos violentos. En sus palabras, «la ofensiva violenta reaccionaria podría ser neutralizada y derrotada con una acción eficaz, coherente y contundente de las instituciones y el pueblo». Claro, en la concepción del PCV, se enfrentaba simplemente a la «derecha fascista». Por eso, también, apoyó la imposición inconsulta de la Asamblea Constituyente en agosto de 2017, aunque solicitando retóricamente que fuera «revolucionaria».

Pero, más allá de ese respaldo político al gobierno, el agudo deterioro de los salarios y evidentes negocios de altos funcionarios y empresarios amigos con la asignación de dólares a un tipo de cambio oficial sobrevaluado, generó presiones en el PCV, y entonces en el mismo 2017 hubo un cambio de la línea política de ese partido, que es la base programática de la actual ruptura de la alianza con Maduro. Según el XV Congreso del PCV «se agudizan los conflictos en el bloque bolivariano, parte del cual ha cambiado su condición de clase para integrarse a los distintos sectores de la burguesía, produciendo contradicciones intercapitalistas no antagónicas». Y, también, resaltó la necesidad de organizar un «bloque popular revolucionario», que es el germen de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR). 

Esos cambios programáticos no se tradujeron rápidamente en un ruptura con el gobierno. Por el contrario, el PCV apoyó a Maduro en las cuestionadas elecciones presidenciales de mayo 2018, porque, en su opinión, la agresividad de la escalada del imperialismo estadounidense y sus aliados europeos, pone en riesgo la perspectiva de la liberación nacional. Para intentar protegerse de las presiones de sus bases y algunos dirigentes, la dirección del PCV firmó un acuerdo programático con la presencia de Maduro, en su sede, que planteaba «jerarquizar el trabajo formal y con derechos» y «fortalecer el salario y restituirlo como componente principal y mayoritario del ingreso». Al contrario de lo suscrito con el PCV, el gobierno de Maduro comenzó entre julio y agosto de 2018 la aplicación del llamado Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica que incluyó una megadevaluación del tipo de cambio oficial, la eliminación del control de precios, exoneración de aranceles para los empresarios importadores y del impuesto sobre la renta para Pdvsa y el capital transnacional socio en las empresas mixtas, y una reforma laboral regresiva con el memorando 2792, emitido el 11 de octubre de ese año y firmado por el ministro de trabajo Eduardo Piñate. 

La ejecución del memorando 2792 ha sido central en el proceso de distanciamiento del PCV con el gobierno, ya que este promueve una destrucción de los ingresos salariales de la clase trabajadora y cambios regresivos en las relaciones laborales con la creación de una mesa técnica gubernamental encargada de evaluar la adaptación de los antiguos y nuevos contratos colectivos al salario mínimo, que ha implicado la violación del principio de progresividad, la afectación del concepto general de salario, el fin de facto de la negociación colectiva de los contratos laborales, despidos masivos e indirectos en empresas privadas mediante el uso de la figura de la suspensión de trabajadores con la continuidad del pago del salario mínimo pero sin recibir bonos compensatorios, y la eliminación del derecho a huelga al suprimir las salas de reclamos de las Inspectorías del Trabajo.

El resultado buscado, y logrado, fue la transformación en bonos a la mayoría de los ingresos salariales de la clase trabajadora, al mantener un depauperado salario mínimo en bolívares y establecer bonos en divisas. Esto, por supuesto, ha repercutido en el cálculo con base en el salario de incidencias como vacaciones, utilidades, prestaciones sociales y horas extras y nocturnas. Desde 2018, los empresarios aplicaron esa bonificación salarial, con el pago de esos bonos en divisas de entre 50 y 30 dólares mensuales, los cuales tienen como objetivo evitar la masiva deserción de la fuerza de trabajo, parte de la cual ha migrado o se dedica al comercio informal. Ahora, en 2021, el gobierno de Maduro ha formalizado esa política laboral y empezó con un inconsulto contrato colectivo petrolero que establece una retribución de 137 millones de bolívares (74,11 dólares), con un salario que es de solo 5 millones de bolívares (2,7 dólares) y el resto son bonos de alimentación y transporte.

Las respuestas sindicales al memorando 2792 comenzaron en el mismo 2018 y fueron significativas, con la constitución y protestas de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela (ITV) en noviembre de ese año. En esa confluencia sindical participaron importantes dirigentes de diferentes ramas económicas y miembros de organizaciones políticas del chavismo crítico, la oposición tradicional y la izquierda. El PCV no participó en la ITV, pero sí sectores políticos y sindicales aliados de su frente laboral. Esto aumentó la presión de las bases y algunos dirigentes a la dirección del partido para que se distanciara del gobierno, porque aunque la ITV según su concepción era conducida por «opositores» y «cierta izquierda antichavista» también había «participación de líderes obreros con militancia revolucionaria».

Paralelamente, la aplicación de una política del gobierno de desalojo y entrega de tierras a viejos y nuevos terratenientes ha afectado a sectores campesinos y también fue otro factor que incidió en la futura ruptura del PCV con Maduro. En ese marco, el PCV participó en una marcha campesina a Caracas en julio de 2018, que ante la presión de sectores militantes del movimiento chavista fue recibida por Maduro. Igual, continuó la misma política de desalojo y falta de apoyo a los proyectos productivos de esos campesinos, en el contexto de una alianza del gobierno con productores agrícolas grandes y medianos cercanos al ministro de agricultura y tierra Wilmar Castro Soteldo, que los ha catalogado como una «burguesía revolucionaria». En este clima de conflictividad en el campo venezolano, en octubre de 2018 fue asesinado Luis Fajardo, dirigente campesino y miembro del Comité Central del PCV. Un crimen sigue impune. 

Entonces, en el transcurso de 2019 y hasta la creación de la APR en agosto de 2020, el PCV desarrolló una contradictoria y oportunista política de denuncias y protestas en contra de altos funcionarios como los ministros Piñate y Castro Soteldo, pero sin cuestionar al principal responsable de esas políticas laborales y agrarias: el presidente venezolano. Al mismo tiempo, apoyaba incluso las maniobras corruptas del gobierno para desmontar el intento de gobierno paralelo de Juan Guaidó, aliado de Estados Unidos, y defensor de repudiables sanciones económicas extranjeras, que en realidad agravan la depauperación de las condiciones de vida de las clases populares y son fuente de corrupción en las filas de la oposición tradicional. En enero de 2020, el PCV regresó a la AN elegida en 2015 y respaldó a Luis Parra, al que el gobierno de Maduro intentó imponer como presidente del Parlamento en alianza con un grupo de diputados que había sobornado para que rompieran con la política de la oposición tradicional.

Las denuncias y protestas focalizadas en sedes del Ministerio del Trabajo e Instituto Nacional de Tierra y pedidos de rectificación gubernamental del PCV, no revirtieron la aplicación por el gobierno de sus políticas estatales, que por un lado benefician a sectores empresariales y acentúan la destrucción del salario real. Al contrario, entre 2018 y 2020, la respuesta de Maduro fue la criminalización de las protestas laborales ocurridas en la industria petrolera, empresas básicas de Guayana, administración pública, sector salud y educación, que incluyeron paros nacionales de enfermeras y del magisterio en 2018 y 2019, respectivamente. Por ejemplo, fueron despedidos o jubilados forzosamente varios dirigentes laborales como Jairo Colmenarez, Deillily Rodríguez, William Prieto y José Bodas: Y peor, detenidos otros como Rubén González, Tania Rodríguez, Elio Mendoza, Marcos Sabariego, Bartolo Guerra, Darío Salcedo, Gil Mujica, Eudis Girot, Guillermo Zarraga y Robert Franco. Hasta hoy, la mayoría de esos dirigentes laborales siguen presos en celdas militares o en casa por cárcel.

En ese marco, presionado por sus bases y algunos dirigentes, e intentando canalizar el descontento de sectores de base del chavismo, el PCV constituyó a la APR en agosto de 2020, junto a otros partidos y organizaciones políticas chavistas, para participar en las también cuestionadas elecciones parlamentarias de diciembre de ese mismo año. La respuesta de Maduro fue igualmente autoritaria, con la intervención de fuerzas chavistas como Patria para Todos (PPT) y Tupamaros, y su entrega a direcciones progubernamentales a través de sentencias del Tribunal Superior de Justicia. Y, además, el despido de sus trabajos y la detención de candidatas y candidatos de la APR, en medio del inicio de una campaña en contra de la «izquierda trasnochada»”.

Esos ataques de Maduro a la izquierda trasnochada, ocurren a partir de las críticas de la APR y oposición de izquierda como el Partido Socialismo y Libertad, a la llamada «ley antibloqueo», que fue legislada por la inconsulta Asamblea Constituyente, y que plantea en sus artículos 26 y 29 una profundización de la política gubernamental de privatizaciones. Así, al principio de 2021, como parte del intento de aplicación de la ley antibloqueo y apertura de una negociación pública con el gobierno de Joe Biden y la Unión Europea, la nueva y fraudulenta AN, controlada por Maduro, ha realizado reuniones con gremios empresariales tradicionales como Fedecamaras y Conindustria para negociar la repartición de empresas y activos estatales en proceso de privatización, pero exigiendo apoyo con el objeto de solicitar el levantamiento de las sanciones extranjeras económicas y personales. Mientras, siguen sus ataques al PCV, afirmando que son agentes de EEUU y prohibiendo el derecho de palabra, a su único diputado.

El 30 de enero de 2021, el PCV respondió con un comunicado que sin decirlo textualmente es una ruptura con Maduro. Allí denunció la aplicación de un «brutal ajuste neoliberal» en curso e instó «a corregir ese llamado a la intolerancia, al odio, la persecución y el irrespeto del ejercicio de los derechos políticos y democráticos». Pero, esas políticas que el PCV ahora rechaza totalmente, tienen origen en el ajuste inflacionario que comenzó en 2013, en los intentos para atraer capital transnacional con el decreto-ley de inversiones extranjeras y las zonas económicas especiales de 2014, y la ejecución del Arco Minero del Orinoco y la implantación de un régimen político dictatorial desde 2016. Ahora, el PCV reconoce las políticas autoritarias del gobierno de Maduro, y en el comunicado antes citado señala que ese camino «puede conducir al fascismo». No obstante, aunque es un avance, todavía reivindica solo las libertades y derechos democráticos de militantes y simpatizantes chavistas, como si el resto de la población venezolana de diferentes orientaciones políticas debería ser privada de derechos políticos; así también lo consideran los líderes gubernamentales del movimiento chavista.

El chavismo crítico del PCV, que reivindica a Chávez y sus aportes a la llamada liberación nacional, pero se opone a Maduro, ya ha fracasado antes, cuando fue intentado por Marea Socialista y Redes. El chavismo es un movimiento nacional-populista y de rasgos castrenses, con una lógica de mando-obediencia entre dirección y bases. El PCV lo único que puede canalizar es chavismo militante, por eso su pírrico resultado en las pasadas elecciones parlamentarias.

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Martes, 16 Marzo 2021 05:15

A diez años de la revolución siria

A diez años de la revolución siria

 

“Es su turno, doctor” escribieron unos niños en la pared de la escuela de Deraa, al sur de Siria, el 6 de marzo de 2011. Con el impulso de la Primavera Árabe, que se había llevado puesto a dos dictadores de la región, Ben Ali en Túnez y Hosni Mubarak en Egipto, ahora el turno era del sirio Bashar al Assad, portador de un diploma de oftalmólogo.

Los niños de Deraa fueron secuestrados y torturados por las fuerzas de seguridad con la brutalidad habitual que los caracteriza, pero esta vez despertó la conciencia de miles de personas que se arrojaron a las calles el 15 de marzo para reivindicar pacíficamente su derecho a una vida digna, tal como había sucedido meses antes en Túnez y Egipto. Así comenzó y continúa la revolución siria: con el anhelo de libertad y dignidad. Luego vino “la guerra siria” y más tarde “la crisis siria”. Pero lo primero fue la revolución, y lo cambió todo. Muy poco se habla ya de las organizaciones de base, las técnicas de resistencia no violentas y desobediencia civil: muy poco se habla del pueblo sirio, su derecho a la libertad, a la dignidad y su más básico derecho a la vida.

La potencia de las manifestaciones, que rápidamente se hicieron masivas, quebraron la distancia entre las personas, esa distancia que crean los regímenes totalitarios, que minan la solidaridad entre las personas, las aísla y las condena a la más absoluta soledad. “Aunque vivíamos juntos, estábamos separados. Tu vecino era tu vecino, pero si decías algo incorrecto, podías terminar en la cárcel”, comentaba el periodista Ramy Jarrah. Esta Siria de “paredes con oídos” fue edificada por Hafez al Assad, el padre de Bashar, tras un golpe de Estado en 1971 que lo mantuvo en el poder hasta su muerte en 2000. Su autocracia se solidificó sobre la base de una amplia red de corrupción en alianza con una extensa red de servicios secretos: los mukhabarat. Éstos no son necesariamente agentes especiales; puede ser un compañero de la universidad, un diariero, un vecino que tiene la misión de reportar comentarios o actividades contrarias al régimen o potencialmente “peligrosos”. Así, se construyó un entramado de desconfianza mutua al punto de que todos sabían que, en cada aula, reunión familiar o lugar de trabajo había mukhabarat prestos a entregar a cualquier persona en cualquier momento. La discrecionalidad propia de la práctica hizo que nadie confíe en nadie y que las cárceles estuvieran llenas de opositores y enemigos personales de los mukhabarat, que además controlaban la mayoría de la actividad comercial del país.

Hafez al Assad preparó durante años a su hijo mayor Basel para que lo sucediera tras su muerte, pero éste murió en un accidente automovilístico en 1994 y así, inesperadamente, el “doctor”, que se encontraba alejado de los asuntos familiares viviendo en Londres, debió prepararse para el cargo, que asumió en 2000. Los primeros años parecieron dar algo de aire a la sociedad siria con la apertura de servicios de telecomunicaciones e internet. Sin embargo, rápidamente se desarrollaron nuevas estrategias de censura, persecución política y corrupción habilitadas por las modernas tecnologías y sectores de la economía relacionados.

Cuando comenzaron las revueltas, Bashar llevaba más de una década en el poder y, en vez de dar un paso al costado como Ben Ali y Mubarak, iniciar una transición democrática y negociar algún tipo de acuerdo, le declaró la guerra a su propio pueblo. “Asad o quemamos el país” ha sido desde entonces la consigna de las fuerzas leales al presidente a lo largo de esta década de masacres, desplazamientos forzados, pérdida del patrimonio histórico del país, surgimiento y fomento de la radicalización de los grupos islamistas y un largo etcétera.

 “La Siria que vos conociste no existe más”, así comienza y termina el libro La tierra empezaba a arder de la escritora argentina de origen sirio Cynthia Edul, y que relata su viaje al país de sus ancestros en octubre de 2010. La tierra ardió, y la Siria de al Assad es un país que no existe más. Millones de sirios y sirias en el exilio, en campamentos de refugiados y en las cárceles del régimen siguen anhelando construir una Siria libre y democrática en aquella tierra arrasada por el fuego.

Por Carolina Bracco, Politóloga y Doctora en Culturas Árabe y Hebrea. Profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

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Lunes, 15 Marzo 2021 05:59

El negocio

El senador Bernie Sanders (al centro) escucha el Plan federal de rescate anunciado por el presidente Joe Biden el viernes, en la Casa Blanca. En opinión de Sanders, "no se puede tolerar más que multimillonarios como Bezos, Zuckerberg y Musk se vuelvan obscenamente ricos en momentos de dolor y sufrimiento económico sin precedente". Foto Ap

Al marcarse el primer aniversario oficial de la pandemia en Estados Unidos más de medio millón de personas han perecido por el virus, millones se quedaron desempleados, otros millones más perdieron sus hogares, sus comercios y sus ahorros, se incrementó el hambre, sobre todo entre niños, lo anterior mientras la riqueza combinada de los 664 estadunidenses más ricos se incremento en 44 por ciento. La noticia más básica para entender la coyuntura en Estados Unidos es ésta: los ultra ricos se hicieron más ricos mientras las mayorías pasaron el año más difícil y trágico en décadas.

Durante la peor pandemia en un siglo en Estados Unidos y tal vez la peor crisis económica desde la Gran Depresión, los 664 multimillonarios (aquellos con fortunas mayores a mil millones) del país gozaron un incremento de 1.3 billones de dólares en sus fortunas combinadas en los últimos 12 meses para acumular un total 4.3 billones de dólares, según los análisis del proyecto inequality.org del Institute for Policy Studies.

Para los dueños de empresas privadas de salud –farmacéuticas hospitales, biotecnología, etcétera– la pandemia ha sido un negociazo. Las fortunas de 27 de los multimillonarios estadunidenses provienen de ese sector, y uno de ellos, la familia Thomas Frist, los accionistas más grandes de la cadena de hospitales HCA, vieron su fortuna personal duplicarse de 7.5 mil millones de dólares a 15.6 mil millones de dólares entre marzo del año pasado y ahora.

Nueve multimillonarios en el sector tecnológico ganaron más de 360 mil millones de dólares durante la pandemia, reporta el Washington Post. "En mi opinión, no podemos tolerar más que multimillonarios como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Elon Musk se vuelvan obscenamente ricos en momentos de dolor y sufrimiento económico sin precedente", comentó el senador Bernie Sanders al Post.

La familia Walton, dueños de Wal-Mart, es la más rica del país con una fortuna combinada de mas de 200 mil millones de dólares –incluyendo 50 mil millones de dólares que ganaron durante la pandemia– equivalente a la riqueza combinada de 40 por ciento de la población más pobre del país. Más de la mitad de sus trabajadores han reportado que sus familias han batallado con el hambre, pero la empresa rechaza elevar el salario mínimo de sus trabajadores.

No están solos: un intento este mes en el Senado para aprobar un incremento del salario mínimo federal de 7.25/hora a 15 dólares, lo cual beneficiaría a más de 32 millones de trabajadores, fracasó con ocho demócratas sumándose a 50 republicanos para derrotar la iniciativa. Casi dos tercios de los senadores (incluyendo los demócratas que votaron en contra de esta iniciativa) son millonarios, según el Center for Responsive Politics.

El sistema ha funcionado perfectamente bien, para los más ricos. Más aún, tanto en la actual crisis económica como la anterior (las dos están relacionadas) en 2008 cuando la avaricia sistémica ha llevado al sistema al borde del colapso, el gobierno ha intervenido para subsidiar y rescatar a empresas emborrachadas de poder en lo que algunos han llamado "socialismo para los ricos, capitalismo salvaje para los demás".

Ahora es revelador que la clase empresarial –con algunas excepciones– no se opuso al masivo paquete de 1.9 billones de dólares para el rescate económico promulgado por Joe Biden la semana pasada. Algunos ricos entienden que no hay negocio cuando los consumidores no tienen con qué comprar o pagar sus cuentas. El programa federal de rescate económico es calificado como uno de los mayores de la historia moderna de Estados Unidos, pero su valor total es sólo poco más que el incremento en la riqueza de los 664 multimillonarios en el último año.

Sin embargo, como señalan por separado los intelectuales liberales Joseph Stiglitz y Robert Reich, este nuevo paquete por primera vez en décadas reconoce que el gobierno tiene una responsabilidad con el bienestar social básico de las mayorías y podría marcar el fin de la era neoliberal introducida por Ronald Reagan en 1980. Tal vez, pero por ahora esta tragedia para millones sigue siendo un gran negocio para unos cuantos.

Oscar Chávez, Amparo Ochoa: El angelito. https://open.spotify.com/ track/2QwR6NSQBZCyqL6nxJodyQ? si=s5cWjlZ4TZ2--_BdwnUd9A

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La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, en una oficina de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, La Paz, Bolivia, el 13 de marzo de 2021

La ex presidenta de facto exige juicio de privilegio, por pacificar al país

 

La Paz., La juez Regina Santa Cruz decretó ayer cuatro meses de prisión preventina para la ex mandataria de facto, Jeanine Áñez y para sus ex ministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra. Horas antes la Fisca-lía de Bolivia había pedido seis meses de cárcel preventiva para Áñez, detenida por su papel en el derrocamiento del mandatario Evo Morales, en noviembre de 2019, y ella exigió un "juicio de privilegio", al asegurar que se busca "criminalizar el hecho de que nosotros pacificamos el país en su momento con un golpe de Estado".

Tres fiscales habían firmado la imputación para la aplicación de prisión preventiva por seis meses también para los dos ex ministros Guzmán y Coimbra, acusados igualmente de delitos de sedición, conspiración y terrorismo por asumir el poder luego que Morales fue conminado a renunciar por las cúpulas castrense y policial, en medio de manifestaciones impulsadas por la derecha, que, sin pruebas, alegó fraude en las elecciones que ganó Morales, y que dejaron un saldo de 33 muertos.

La fiscalía sostiene además que el 10 de noviembre el líder cívico Fernando Camacho presentó en la sede presidencial una carta "en la que recomienda la renuncia del presidente Evo Morales".

A esta petición se sumó el comandante de las fuerzas armadas, Williams Kaliman, quien junto a otros "deliberaron" y pidieron a Morales que dimitiera.

“La fuerza armada no delibera, no realiza acción política (...). Se concretiza un golpe de Estado, toda vez que la policía y las fuerzas armadas tienen armamento letal y deciden obedecer a una persona que no tenía facultad jurídica (...)

"Por todos los hechos sediciosos y terroristas llevados a cabo el 10 de noviembre de 2019 el ex presidente Evo Morales, con el riesgo de perder la vida y velando por el pueblo boliviano, para no ser masacrados y humillados sus ministros, alcaldes y otros, renuncia a la Presidencia, junto con el vicepresidente Álvaro García Linera", añade la Fiscalía en su denuncia.

Tras la renuncia de Morales, Áñez y sus allegados habrían obligado a renunciar a Adriana Salvatierra, quien ocupaba el cargo de presidenta del Senado, y a Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, para que Áñez asumiera la presidencia de Bolivia.

La Fiscalía considera que "de esta manera posibilitaron que (Áñez) asumiera la Presidencia (...) de una forma amañada".

El caso tiene su origen en una denuncia de la ex diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, por presunta sedición contra ocho ex autoridades policiales y militares por la muerte de manifestantes luego de asumir Áñez la presidencia.

La Fiscalía menciona a Camacho como uno de los principales impulsores de hechos ilegales, entre ellos la quema de instalaciones de distintos tribunales electorales departamentales, destrucción de actas electorales, así como de distintas presiones que impidieron el recuento oficial de votos.

Fiscalía: la ex mandataria preparaba "actos de fuga"

En cuanto a la justificación de la prisión preventiva, en el caso de Áñez, la Fiscalía expone que ésta "se encontraba realizando actos preparatorios de fuga" en el momento de su detención.

Áñez, abogada y ex presentadora de televisión, permanece detenida en un cuartel de la policía desde el sábado tras ser arrestada mientras se escondía en un baúl en la casa de un familiar, en Trinidad, 600 kilómetros al noreste de La Paz, donde residía. La propia Áñez, de 53 años, declaró desde una ventanilla de la celda donde se encuentra detenida y exigió "juicio de privilegio", lo que impediría la prisión cautelar.

"Es absolutamente arbitraria, ya lo he manifestado porque es pretender criminalizar el hecho de que nosotros pacificamos el país en su momento con un golpe de Estado. Es decir, que la sucesión constitucional ahora no tendría ninguna validez”, dijo la ex mandataria golpista.

"Yo tengo privilegios, le guste o no le guste a Evo Morales, y tendría que ser acusada en un caso de Corte, pero acá no tiene ninguna validez el estado de derecho y esto lo lamentamos tantísimo", agregó.

Más aún, aseguró tener "todo el apoyo del pueblo y de todos quienes creen en la democracia", menos de Evo Morales porque "él desprecia la democracia".

“Me envían cuatro meses detenida para esperar el juicio por un ‘golpe’ que nunca ocurrió”, afirmó Áñez en Twitter, tras escuchar que la juez le dictó prisión preventiva.

Por fin llegará la justicia, aunque tarde: Evo Morales

Morales afirmó que la detención significa que "por fin llegará la justicia, aunque tarde. Esperemos que se haga un acto de justicia con las víctimas de tanta injusticia en Bolivia".

"Solo pedirles que haya un debido proceso, todos tienen derecho a la defensa, pero también tienen que demostrar que son inocentes, como tratan de mostrar los medios de comunicación", declaró a la radio Kawsachun Coca.

Morales subrayó que investigaciones internacionales demostraron que no hubo fraude electoral en 2019 y sí golpe de Estado. "A más de un año del golpe no se ha podido demostrar el supuesto fraude y la mejor prueba es el resultado del 18 de octubre del año pasado, cuando ganó nuevamente el MAS."

Tras la detención de Áñez, el líder opositor Carlos Mesa denunció que el MAS pretende usar un "inexistente golpe de Estado" para perseguir y "descabezar" a la oposición.

El dirigente cívico Fernando Camacho manifestó que "no hay motivos para festejar" su elección como gobernador del departamento de Santa Cruz, porque "está dándose una persecución en toda la nación hacia aquellos que estuvieron luchando por la democracia y la libertad".

El arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, criticó en su homilía dominical el "ánimo de revancha" del gobierno que “pretende tachar de golpista al pueblo y a sus representantes que defendieron al voto ciudadano y a la democracia (...) mientras los autores del fraude electoral se muestran como víctimas“. La Conferencia Episcopal Boliviana pidió la liberación inmediata de los detenidos.

Estados Unidos, la Unión Europea, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamaron por separado que se siga el debido proceso y no haya interferencia política en los juicios.

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Ecuador: amenazas a un mes de las presidenciales

Maniobras judiciales del consejo y del tribunal electoral jaquean los comicios

Mientras, Andrés Arauz, primero en las  las encuestas de cara al ballotage del 7 de febrero, y su rival Guillermo Lasso recorren el país y se reúnen con diferentes actores sociales.

 

Desde Quito.El próximo once de abril será la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador. Andrés Arauz, primero en las urnas el pasado siete de febrero, y Guillermo Lasso, se encuentran en recorridos por el país con diferentes actores sociales, económicos y políticos. La campaña comenzará oficialmente el próximo martes, pero, a poco de una elección determinante, aún existen amenazas.

Una de ellas fue el llamado a la intervención de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral realizada por Yaku Pérez, quien quedó tercero en la contiende, y sostiene que ha existido un fraude. El candidato por el partido Pachakutik pidió públicamente que realicen un pronunciamiento constitucional para remplazar a todos los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), se declare nula la primera vuelta electoral, tenga lugar una intervención de la Contraloría y la Fiscalía en los sistemas informáticos del poder electoral.

Pérez también pidió que la Fiscalía emita una sentencia sobre la denuncia presentada por la Fiscalía de Colombia acerca de un presunto financiamiento de campaña del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a la campaña de Arauz, es decir, quien ganó la primera vuelta sea criminalizado en el marco de una operación internacional denunciada como falsa desde numerosas voces internacionales, en particular desde Colombia. Los intereses por torpedear una posible victoria de Arauz son numerosos por del gobierno colombiano, en manos del partido de Álvaro Uribe -quien realizó campaña a favor de Donald Trump en las últimas elecciones estadounidenses.

Las palabras del candidato de Pachakutik fueron denunciadas como llamado a un golpe de Estado por parte de numerosos actores políticos dentro y fuera del país. Pérez, buscó luego desdecirse, y afirmó "no estoy pidiendo intervención militar que afecte la democracia en Ecuador, mi pedido encamina a que la fuerza pública garantice que las urnas se mantengan intactas, hasta abrir y demostrar transparencia”.

Su llamado a las Fuerzas Armadas evidenció el movimiento de tramas subterráneas que buscan alterar la elección del próximo once de abril por diferentes vías. Junto con esa alarma, tuvo lugar la declaración de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, quien aseguró el viernes tener “seria preocupación por el cumplimiento del calendario electoral”. La situación, según explicó, se debe a que están “esperando a lo que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) realice en estos días, que son cruciales para el país”.

Atamaint afirmó estar “en manos del TCE”, una situación que se debe al hecho que el Tribunal aceptó el pasado lunes el pedido de recurso presentado por Pérez pidiendo el recuento de más de 20.000 actas, por lo que deberá dictaminar si debe realizarse o no ese recuento. La decisión tomada por el TCE estuvo antecedida de la difusión de fotografías de lo que fue una reunión nocturna en un edificio privado entre Pérez y uno de los integrantes del Tribunal, Ángel Torres.

El CNE ya había realizado un recuento de 31 actas del total solicitado por el candidato de Pachakutik, que no había modificado el resultado de la primera vuelta. Sin embargo, la aceptación por parte del TCE, con 15 días para pronunciarse una vez aceptada la solicitud, dejó a la contienda electoral con un elemento en suspenso.

Mientras tanto, Arauz y Lasso continúan sus actividades por el país y a través de las redes sociales, y las demás fuerzas políticas tomaron posición ante el ballottage. Así, Xavier Hervas, del partido Izquierda Democrática, cuarto en las elecciones, afirmó que no realizará una alianza ninguno de los dos candidatos, modificando su posición inicial que era la de un llamado a conformar un frente con Pérez y Lasso contra Arauz.

Por otra parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAI), cuyo instrumento político es el partido Pachakutik, resolvió impulsar el “voto nulo ideológico” de cara a la segunda vuelta, y exigirle al TCE que “dé paso al reconteo de votos”. La decisión fue tomada en el Consejo Ampliado del movimiento, atravesado por numerosos debates, como la relación entre la CONAIE y Pachakutik, así como las tensiones internas entre sectores con búsqueda de alianzas hacia la derecha, como el mismo Pérez, y aquellos que defienden un posicionamiento de izquierda, como el dirigente Leonidas Iza.

Con las decisiones anunciadas por Hervas y la CONAIE-Pachakutik queda entonces excluida, al menos públicamente, la posibilidad de la conformación de una alianza electoral contra Arauz. La misma había sido planteada desde diferentes actores, incluido el mismo Lasso en su inicial acercamiento con Pérez, apelando al clivaje correismo/anti-correismo, construido como un dispositivo por parte de la derecha para dividir la política nacional, y utilizado como razón por sectores del movimiento indígena para defender acercamientos con quienes, así sean de derecha, se opongan a una candidatura de la revolución ciudadana.

La segunda vuelta será entonces una disputa entre Arauz y Lasso, representantes cada uno de modelos políticos, económicos, sociales y geopolíticos distintos. El primero, con una propuesta progresista y latinoamericana, con respaldo por parte de presidentes como Alberto Fernández y dirigentes como Pepe Mujica, el segundo, con un proyecto neoliberal alineado a la política exterior estadounidense, una posición que resulta clara por su recorrido en la banca privada y la política, aunque su actual campaña intenta presentarlo bajo otra faceta.

La incertidumbre acerca de posibles decisiones por parte de las instituciones del país, particularmente la Fiscalía y el TCE, en el marco de cuatro años marcados por la persecución política contra la dirigencia de la revolución ciudadana, arroja sobre la contienda niveles de preocupación que fueron constantes desde la misma inscripción de la candidatura de Arauz. 

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Tras su detención, Añez es escoltada miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en La Paz.  ________________________________________ Imagen: AFP

Detenida en Bolivia, fue acusada de sedición, conspiración y terrorismo

Tras ser arrestada el viernes, la expresidenta de facto eligió no declarar  en la primera oportunidad que tuvo. Hasta ahora se limitó a enviar cartas: una al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y otra para Michael Dóczy, embajador de la delegación europea en Bolivia.

 

La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, decidió no declarar este sábado ante la Fiscalía de La Paz. La exmandataria hizo uso de su derecho al silencio en el Ministerio Público luego de ser trasladada desde las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la sede de Gobierno, donde pasó la primera noche después de su detención.

Áñez está siendo investigada por delitos de sedición, conspiración y terrorismo en la causa por el golpe de Estado al presidente constitucional Evo Morales Aymá en noviembre de 2019. También fueron acusados varios de los miembros de su exgabinete, así como exaltos mandos militares y de la policía.

Áñez fue detenida ayer en la localidad de Trinidad en Beni, casi 600 kilómetros al noreste de la capital boliviana un poco antes de la una de la madrugada y después de una búsqueda intensa por parte de agentes de la policía. Según informó el  diario santacruceño El Deber, la familia de la exmandataria de facto intentó impedir la detención de Áñez. Sus primos y su hija incluso fueron detenidos brevemente por resistir el arresto  de la exsenadora y exmandatario de facto. El matutino La Razón informó que Áñez cumplió con una entrevista policial realizada por el comandante Aguilera y posteriormente fue transportada en avión a la capital.

Detención  y cartas a la OEA


Las imágenes que trascendieron en la televisión boliviana mostraron a una Áñez que no llegó esposada al aeropuerto y que estuvo escoltada por el actual ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Castillo y varios policías. "Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la policía", anunció Del Castillo en sus cuentas de Twitter y Facebook.

Por su parte, Áñez giró en las últimas horas cartas a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE). Así lo informó el diario La Razón de Bolivia. Según el matutino, la exmandataria interina espera que los organismos envíen misiones para evidenciar la supuesta persecución política por las acusaciones que se le hacen a raíz del golpe de Estado que derrocó a Evo Morales en 2019. Una de las cartas están dirigidas al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quién aún no se ha pronunciado sobre la detención de Áñez. La otra misiva tiene como destinatario al embajador de la delegación europea en Bolivia, Michael Dóczy.

Respuesta internacional

El Grupo de Puebla, una de las alianzas de países más activas de Iberoamérica, mostró su respaldo a la detención. “Cuando se cometen atrocidades contra el pueblo, los responsables deben pagar. Sin justicia ni reparación ante las violaciones de DDHH, las sociedades no sanan. Justicia para el pueblo boliviano, lo que ocurrió fue un Golpe de Estado y debe ser juzgado”, compartieron en el perfil de Twitter.

En cambio desde la Casa Blanca no fue emitido ningún comunicado sobre las detenciones de la administración de facto. El único mensaje de Estados Unidos vino de la encargada interina de Latinoamérica del Departamento de Estado, Julie Chung y tampoco hizo una alusión directa a los arrestos por la investigación del golpe de Estado que depuso al exmandatario constitucional en 2019. "Instamos a nuestros amigos y vecinos en Bolivia a defender todos los derechos civiles y las garantías del debido proceso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios de la Carta Democrática Interamericana", publicó Chung en su cuenta de Twitter.

Sacaba y Senkata

Mientras tanto, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, reveló que el Alto Mando Militar hizo desaparecer documentación e información digitalizada sobre las represiones en Sacaba y Senkata, que dejaron 37 muertos y más de 500 personas heridas. Novillo habló el viernes en un acto realizado en el comando de Estado Mayor de la ciudad de La Paz. “No existe al cien por ciento toda la información, es el primer dato. Al momento de irse los militares golpistas han limpiado huellas, documentación (e) información cibernética, en datos y computadoras,” dijo. Además, afirmó que cada una de las fuerzas iniciará un sumario para identificar a los responsables de la pérdida de documentación e información digital.

La Federación de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa hizo un llamado para recordar a las víctimas de Sacaba y Senkata. Segundina Flores, dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas descartó que la detención de la expresidenta y sus funcionarios se trate de una cacería. “No es cacería, que rindan cuentas a la Justicia”, aseveró Flores en conferencia de prensa.

La causa

La orden de la fiscalía para detener a la expresidenta de facto y a miembros de su gabinete se realiza a partir de la denuncia por el golpe de Estado de 2019 presentada por la exdiputada Lidia Patty (MAS). El viernes se conocieron las disposiciones de captura para Jeanine Áñez y los exministros Yerko Núñez (Presidencia), Arturo Murillo (Gobierno), Luis Fernando López (Defensa), Álvaro Coimbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía). El documento de la fiscalía además argumenta que las órdenes de detención se establecen por el riesgo de fuga de los involucrados  y la facilidad  que tienen de abandonar el país. Actualmente los exministros de Gobierno y Defensa,  señalados en la causa por la ruptura constitucional de 2019, residen en EE.UU.

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Jeanine Añez, fungiendo como presidenta de Bolivia

 

La orden de captura alcanza también a cinco de sus exministros y a la cúpula militar que en 2019 pidió la renuncia del expresidente Evo Morales

 

La Policía de Bolivia detuvo la madrugada de este sábado a la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, bajo la acusación de “sedición y terrorismo” por los sucesos que terminaron con la salida anticipada de Evo Morales del poder y su marcha del país en noviembre de 2019. “Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía”, anunció el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, desde las redes sociales. La detención se produce horas después de que la justicia del país sudamericano ordenara su captura.

Las órdenes alcanzan también a miembros de su Gabinete de Ministros y a la cúpula de las Fuerzas Armadas de entonces. Las detenciones se han acelerado tras la petición de un fiscal, que cargó contra todos los jefes del Ejército y policiales que pidieron públicamente la renuncia de Morales. Las autoridades sospechan que parte de los buscados se encuentran ya fuera del país. “La persecución política ha comenzado. El MAS (Movimiento al Socialismo, en el Gobierno) ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones”, escribió Áñez el viernes en su cuenta en Twitter.

El día que la cúpula militar forzó la salida de Morales en una conferencia de prensa quedó registrado en vídeo. Allí el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, “sugirió” al presidente “que renuncie a su mandato, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”. El militar justificó que tomaban esa posición por la “escalada del conflicto” que atravesaba el país frente a las protestas por el supuesto fraude en las elecciones presidenciales de octubre.

Kaliman es ahora buscado por presuntos actos de “terrorismo, sedición y conspiración”. También se busca al general Sergio Orellana que, como sucesor de Kaliman, ocupó el comando de las Fuerzas Armadas cuando la senadora opositora Jeanine Áñez asumió la presidencia interina del país. Orellana debe responder además por la muerte de 30 personas en unas protestas contra la mandataria interina que fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad. Por este último caso, un comandante militar y uno policial se encuentran bajo detención domiciliaria. Según las investigaciones de la Policía, el excomandante Orellana abandonó el país a fines del año pasado y ahora vive en Colombia.

El exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Flavio Arce, fue el único que se presentó voluntariamente ante las autoridades y fue arrestado de inmediato. Está a la espera de acceder a la detención domiciliaria, como lo han hecho los otros altos cargos militares procesados en el pasado. Otro de los buscados es el excomandante Yuri Calderón, que en noviembre de 2019 se declaró en rebeldía contra del Gobierno de Morales. La Policía allanó sin éxito dos domicilios para dar con el excomandante. Si está fuera del país, no lo ha hecho legalmente, según los registros.

Las órdenes de detención alcanzaron también al sector político. Rodrigo Guzmán, exministro de Energías de Áñez, fue arrestado pese a que hasta ahora no estaba en la lista de acusados. Su familia denunció un “secuestro estatal”. También fue detenido el exministro de Justicia, Álvaro Coímbra. La orden de detención incluye al exministro de Gobierno Arturo Murillo; el de Presidencia, Yerko Núñez, y el de Defensa, Fernando López. El arresto de los exministros sorprendió a la opinión pública boliviana, ya que el proceso se había concentrado hasta ahora en juzgar los momentos previos a la renuncia de Evo Morales y sus causas.

Una de las aristas relevantes de este caso es la naturaleza de los delitos que se les atribuye a los detenidos. Sedición y terrorismo conllevan en Bolivia penas de entre cinco y 20 años de prisión, respectivamente. La Fiscalía se suma así a la tesis del oficialismo, que denuncia que los acontecimientos de 2019 fueron un “golpe de Estado”. La oposición ha defendido, sin embargo, que aquellos sucesos fueron tan explosivos que terminaron por arrastrar a las instituciones del orden a participar en un “levantamiento popular” contra la reelección de Morales.

Uno de los líderes opositores, Samuel Doria Medina, reprochó que la justicia continúe “persiguiendo a jefes militares”. “El presidente [Luis Arce] comete un error al dejar que fiscales politizados compitan para usar los derechos humanos para ganar puntos con el Gobierno. Las relaciones con las Fuerzas Armadas son un delicado asunto de Estado”, ha dicho en Twitter.

De acuerdo con la demanda original, el juicio debería incluir también a dos civiles: el líder de las protestas contra Morales y gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y a su padre, un conocido empresario, a los que se acusa de haber pagado a varios policías para que se sumaran al motín. Un hecho clave que precipitó la caída del Gobierno del MAS. Los fiscales no los han imputado hasta ahora, aunque sí han tratado dos veces de convocar a Camacho como testigo. En las dos ocasiones el político convirtió los actos judiciales en los que debía declarar en multitudinarias demostraciones políticas.

Por Fernando Molina

La Paz - 13 mar 2021 - 06:25 UTC

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La gran política y la revolución digital

 

 

En los Cuadernos de la cárcel Antonio Gramsci diferenciaba entre la gran política y la pequeña política. La primera se concentra en las funciones que desempeñan los Estados y en las estructuras económico-sociales. La segunda aborda la política del día, parlamentaria, de corredores, de intriga.

La gran política es necesariamente creativa. La pequeña es conservadora y apenas busca mantener los equilibrios prexistentes. En el mundo actual, la alta política la definen las grandes multinacionales, las fuerzas armadas y sus think tanks estratégicos, y grupos de presión y de poder como el deep State en Estados Unidos.

De la pequeña política se ocupan los gobiernos, en particular los progresistas que no tienen posibilidades de influir en la gran política, ya que no se proponen cambios estructurales y, por tanto, se limitan a cuestiones de maquillaje y estética políticas, sobre todo utilizando los medios de comunicación de masas.

Lo más común es que propongan como gran política cuestiones que no pasan de ser políticas de lo cotidiano, a menudo rescatadas de fracasos anteriores. La represa Belo Monte que promovió el gobierno de Lula en Brasil fracasó casi medio siglo antes por la oposición de los pueblos amazónicos a la obra faraónica que propuso la dictadura militar. El Tren Maya entra en la misma categoría de la política de intriga, que se quiere hacer pasar como obra estratégica.

El desarrollo digital forma parte de la gran política que los gobiernos, en general, tratan con los modos de la pequeña política. Se limitan a bendecirla como si fuera un proceso inevitable en la vida humana, como el nacimiento y la muerte, como el amanecer y el crepúsculo.

Sin embargo, la digitalización es considerada como la tercera revolución antropológica, luego de la creación del lenguaje articulado y la invención de la escritura, como estima el sicoanalista y epistemólogo franco-argentino Miguel Benasayag en La tiranía del algoritmo, aún inédito en castellano.

Miguel es un compañero cuyos análisis son agudos y penetrantes. Pertenece a la generación de 1968, estuvo tres años en las cárceles de la dictadura por pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo y ahora participa en el colectivo francés Malgré tout (A pesar de todo). Sigue comprometido con causas colectivas y se ha focalizado en estudiar las consecuencias de las nuevas tecnologías en la sociedad.

Su libro anterior, El cerebro aumentado, el hombre disminuido (Paidós, 2015), señala que, a diferencia de los inventos anteriores, desde la rueda a los antibióticos, la digitalización no termina de producir un nuevo modo de ser en el mundo para el hombre, sino que aleja al hombre del mundo y su poder de actuar, a pesar de que desencadene un poder muy fuerte en lo tecnológico (p. 116).

Sostiene que la revolución de la digitalización ha llevado a que 95 por ciento del conocimiento que tenemos sobre el mundo sea indirecto. Pero ese conocimiento indirecto no se suma al conocimiento que nace de la experiencia corporal, sino que lo remplaza y lo cancela. Por eso considera la digitalización como violencia, porque niega y suprime la diferencia (y a los diferentes) y las identidades singulares.

La rapidez y la omnipresencia caracterizan la revolución digital, estima Benasayag. En el mundo del algoritmo no existe la alteridad, pero la delegación de las decisiones políticas en los algoritmos suspende el conflicto, lo bloquea y lo inhibe. La negación del conflicto puede producir la barbarie, sostiene en Elogio del conflicto, escrito con su compañera Angélique del Rey (Brueghel, 2018).

La tiranía del algoritmo coloniza la vida, al eliminar la singularidad de los seres y, en consecuencia, suprimir el conflicto. De ese modo nos deja inermes, nos desmaterializa y descorporiza, convertidos apenas en datos binarios inscritos en chips, lo que nos inmoviliza al enrejarnos en lo individual.

Para evadir esta tiranía, sostiene Benasayag, debemos resistir la supresión de la diferencia y del conflicto, algo que parecen estar deseando los gobiernos, en general, y los progresistas en particular. Por eso se engalanan con las prendas de los pueblos originarios y esgrimen sus bastones de mando haciendo creer que todo es lo mismo, que es igual arriba que abajo. Las diferencias y los diferentes son sentidos como amenazas por un sistema incapaz de procesar los conflictos, como hizo la humanidad en su historia.

La pequeña política gubernamental se muestra impotente ante la gran política de las grandes empresas de la información, esas que pueden hasta bloquear y cancelar las cuentas de los presidentes del imperio. Lo peor que podemos hacer es ignorar la potencia de esta tiranía, su capacidad de anular a los seres humanos.

Aún no hemos encontrado los modos de actuar capaces de enfrentar la revolución digital, no para negarla, sino para evitar que destruya la vida. Lo que vamos aprendiendo es que nada puede cambiar si nos limitamos a la pequeña política de palacio

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