Elecciones regionales en Bolivia Un mapa para armar

´Las elecciones regionales en Bolivia confirman al Movimiento al Socialismo (MAS) como único partido con base territorial a escala nacional. Santa Cruz se alinea con el conservador Fernando Camacho y la ex-presidenta Jeanine Áñez sufre una dura derrota en su región. La ex-titular del senado Eva Copa gana de manera contundente en El Alto por fuera del MAS. Una lectura de los resultados y de sus efectos nacionales.

 

Las elecciones para alcaldes y gobernadores en Bolivia realizadas el pasado 7 de marzo dejan al menos tres tendencias, más allá de la fragmentación natural de los resultados en este tipo de elecciones: 

(a) el Movimiento al Socialismo (MAS), como suele ocurrir en las regionales, reduce su votación respecto de las contiendas generales y pierde en las grandes ciudades. Aún así, se mantiene como el único partido de alcance nacional.

(b) Se consolidan fuerzas de oposición ubicadas en la derecha con poder territorial y el partido de Carlos Mesa, segundo en 2019 y 2020, obtiene resultados irrelevantes. Pero estas fuerzas no tienen, por ahora, una articulación nacional. 

(c) Tienen un rol importante candidatos que formaron parte del MAS, o bien porque ganan en algunas ciudades y regiones, o bien porque reducen la votación del MAS y permiten triunfos opositores.

Nuevo escenario

Después de la contundente victoria de Luis Arce en octubre pasado –con 55,11% contra 28,83% de Carlos Mesa–, se instaló un clima muy favorable para el MAS de cara a las elecciones municipales y departamentales. La oposición de derecha quedó golpeada por el resultado, que no había anticipado en las dimensiones en que ocurrió, y entró en una fase de reproches públicos sobre quién había sido más responsable de que el MAS retornase al poder en apenas un año, mejorando ampliamente su votación respecto a las elecciones anuladas de 2019 y obteniendo mayoría absoluta en las dos cámaras legislativas. 

Las diferentes expresiones de la derecha nacional, desde lacentroderecha de Mesa hasta la nueva derecha extrema autonomista del líder cruceño Luis Fernando Camacho, habían logrado una unidad de acción contra el MAS en 2019, que derivó en el golpe y la caída del gobierno de Evo Morales. Operó entonces una exitosa división de tareas. Mesa, segundo en las presidenciales de 2019, fue quien desconoció el resultado, llamó a la «resistencia» y denunció «un fraude monumental» dentro y fuera del país; Camacho fue quien comandó un paro cívico en Santa Cruz y quien llevó adelante, como él mismo reconocería poco después, las acciones ilegales con militares y policías. A ellos se sumó Demócratas –en ese entonces el principal partido de Santa Cruz, pero que no había llegado a 5% de los votos en las elecciones de octubre de 2019–, al que pertenecía la senadora Jeanine Añez, que recaló en la Presidencia. Pero la luna de miel dura poco: la unidad se resquebrajó en tres candidaturas presidenciales, las de Mesa, Camacho y Añez (quien finalmente declinó su postulación). Bajo la gestión de esta última, se produjeron represiones violentas que terminaron con más de tres decenas de muertos y Bolivia vivió una deficiente gestión gubernamental, plagada de acusaciones de corrupción, en medio de los estragos de la pandemia de covid-19. Sin embargo, la sanción ciudadana fue compartida y afectó a las diferentes expresiones del espacio enfrentado al MAS: la oposición, como un todo a cargo del país, quedó asociada al retroceso en términos de convivencia, al nuevo auge de la discriminación étnica y a los malos resultados económicos. Con estos antecedentes, parecía que el MAS podía romper la tradición de obtener en las elecciones locales un desempeño bastante inferior al de las generales.

Algunos datos comparados

En las elecciones generales de 2014, por ejemplo, el MAS obtuvo 61,3% de los votos, y la segunda fuerza, la alianza Unidad Demócrata (UD), con Samuel Doria Medina como candidato, 24,23%. Una diferencia de casi 40 puntos. Sin embargo, en las elecciones municipales y departamentales de inicios de 2015, el MAS logró solamente ganar en dos de las diez capitales, Sucre y Potosí, aunque ganó cinco de las nueve gobernaciones en primera vuelta (Oruro, Potosí, Pando, Cochabamba y Chuquisaca). Distintas fuerzas de oposición ganaron en Santa Cruz, La Paz y Tarija. Y en un apretado balotaje el MAS sumó la gobernación del Bení, en el oriente del país. En esas elecciones los miembros de UD le arrebataron al MAS dos municipios importantes: la Alcaldía de la populosa ciudad de El Alto, uno de los bastiones de Evo Morales, y la de Cochabamba. De este modo, luego de unas exitosas generales, el MAS obtuvo solo 41,79% de los votos tomando en cuenta la votación lograda en las nueve gobernaciones.

En las elecciones locales del domingo pasado, podemos ver una situación general parecida, pero con algunos cambios de grado respecto de 2014 que merecen una mirada detenida. 

(a) Un dato a destacar es la falta de fuerza territorial de Comunidad Ciudadana (CC), el partido de Carlos Mesa, que pese a su segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2019 y 2020 no obtuvo ahora ninguna victoria significativa. Más bien, sus apoyos resultaron marginales incluso en plazas en las que Mesa tuvo un buen desempeño hace solo cinco meses. Por ejemplo, en el municipio de La Paz, donde fue primera fuerza con 51% el año pasado, no logró siquiera sostener la candidatura a la Alcaldía del ex-rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, quien se retiró de la carrera al constatar que las encuestas no lo acompañaban. En Sucre, donde en las elecciones del año anterior había conseguido la mayoría absoluta de los votos, su candidato a alcalde quedó levemente arriba de 10%. En la ciudad de Cochabamba, donde en octubre pasado había conseguido más de 45%, su candidato obtenía resultados marginales. En las gobernaciones su situación no fue mucho mejor: en La Paz, su candidato obtenía menos de 1% y en Pando, donde incluso había sido aliado de una figura popular de la extrema derecha local, quedó debajo de 15%. Hay una sola excepción que no tiene nada que ver con los méritos ni la fortaleza política de CC ni de Mesa: en un ajustado recuento, Gary Añez, periodista muy popular en Santa Cruz de la Sierra, pelea voto a voto el sillón de la Alcaldía con el ex-alcalde Jhonny Fernández.

(b) Las figuras políticas victoriosas del campo opositor se ubican en buena medida a la derecha de Mesa. En Santa Cruz, luego de un modesto desempeño en la presidencial, con 14% de los votos, Luis Fernando Camacho ganó con el margen necesario para lograr la Gobernación sin necesidad de una segunda vuelta. Y en Cochabamba, Manfred Reyes Villa, fuera del país durante los últimos años, ganó con contundencia la Alcaldía. En Sucre, el ex-diputado falangista Horacio Poppe quedó a muy pocos votos de ganar esa Alcaldía en su primera elección municipal. Estas tres son las caras más visibles de liderazgos locales con proyección nacional, bien implantados territorialmente, con un repertorio discursivo ultraconservador, religioso e identitario.

(c) El capítulo de los referentes políticos descontentos con la elección de candidaturas en el MAS no ha faltado en esta elección y algunos han tenido buenos resultados. Empezamos por la más mediática: la joven política alteña Eva Copa, presidenta del Senado durante la crisis de 2020, era una de las aspirantes  a la Alcaldía de El Alto por parte del MAS, pero al ser elegido otro candidato por la dirección del partido decidió inscribirse por la sigla Jallala, auspiciada por el recientemente fallecido e histórico líder indígena Felipe Quispe, el «Mallku». Copa, quien fue acusada de demasiado «tibia» por sectores del MAS, y hasta de haber sido funcional al gobierno de Áñez, logró una victoria rotunda en El Alto con alrededor de 70% de los votos, según datos preliminares. Y otros ex-masistas lograron buenos resultados en otras partes del país; en particular, cabe señalar el desempeño electoral del dirigente campesino Damian Condori en el departamento de Chuquisaca, quien muy probablemente logre ser gobernador. Esto es un reflejo de las complejas dinámicas internas de este partido de base campesina popular.

¿Y cómo fue el desempeño del MAS? Con los datos preliminares vemos que ganará en primera vuelta las gobernaciones de Cochabamba, Oruro y Potosí. La de La Paz tendrá que esperar al cómputo final, pero es probable que, por la mínima, el candidato del MAS Franklin Flores logre la victoria sin necesidad de una segunda vuelta. Flores ha mejorado en algunos puntos el resultado de las elecciones locales de 2015. En Pando y Chuquisaca habrá balotajes complicados para el MAS. Si bien parece claro que en Santa Cruz Camacho ganará en primera vuelta, el candidato del MAS, Mario Cronembold, mejoraría los resultados respecto a la última elección departamental y se moverá cerca del techo porcentual del MAS en una elección autónomica (38% en 2010). En Tarija habrá segunda vuelta entre el ex-alcalde y líder local Oscar Montes y el candidato del MAS, Álvaro Ruiz, quien también, como Cronembold y Flores, mejora en algo el resultado de la anterior elección autonómica. 

En el plano municipal, recordemos que en 2015, uno de sus mejores momentos en términos de hegemonía política, el MAS había logrado apenas dos de las diez plazas más importantes (las capitales departamentales más El Alto). Ahora, mientras avanza el cómputo oficial, estaba ganando una (Sucre) y quedaba muy cerca en otra (Oruro). En las restantes ocho ciudades capitales, en general, su desempeño ha sido algo inferior al de 2015 y no tiene opciones de ganar. Habrá que esperar al cómputo final para poder ver la votación nacional obtenida y la diferencia con los comicios presidenciales del año pasado.

(d) En el espacio de la derecha, en Bolivia ocurre algo parecido a lo de Brasil, España o Costa Rica. Cuando la derecha tradicional se acerca demasiado a la extrema derecha, esta última termina marcando la agenda y conquistando posiciones, debilitando al ala moderada. Es elocuente la desaparición de Demócratas: tras 15 años en la gobernación de Santa Cruz, el domingo pasado no llevaron ni siquiera candidato a esa cita y, en la elección de la capital cruceña, su candidato pasó apenas el 5%; por su parte, el ex-gobernador de Beni Ernesto Suárez tampoco logró ganar la Alcaldía de Trinidad. La extinción política de Luis Revilla y Sol.bo muestra lo mismo en La Paz. Y el fenómeno se extiende a  los magros resultados de  Doria Medina y su partido Unidad Nacional, o al tercer lugar que obtuvo el gobernador de Tarija Adrián Oliva en su intento de ser reelecto. Y cabe destacar el tercer lugar que las proyecciones le daban a la propia Jeanine Áñez en su bastión de Beni, con alrededor de 15%. Es probable que Luis Fernando Camacho, Manfred Reyes Villa y Horacio Poppe poco a poco asuman un rol más central, radical y polarizador como oposición al MAS.

Más allá de los números

Hay una fijación notable de muchos voceros mediáticos de la oposición con Evo Morales. Lanzan con frecuencia declaraciones y sentencias muy llamativas. En muchos casos, quienes se presentan en los medios como «analistas» son antiguos políticos, a veces incluso en activo, que han sido diputados, ministros y candidatos de distintos partidos críticos hacia el MAS que pueblan las tertulias, las columnas y, muchas veces, por su entusiasta unanimidad acerca de la debilidad de ese partido, provocan que sus referentes políticos se equivoquen con más facilidad porque creen que ellos son la síntesis cabal de la opinión pública. 

Durante los convulsos meses de gobierno de Áñez, estos analistas aseguraban que «70% de los bolivianos no querían que volviera el MAS»; luego las urnas en octubre refutaron esos análisis, incluso pronunciados el mismo día de los comicios de octubre de 2020. Casi de inmediato repitieron, no obstante, que Evo Morales no había tenido nada que ver con esa victoria, incluso que había sido a pesar de él. Ahora, sin embargo, sostienen que la supuesta «derrota» del MAS de estas elecciones locales es culpa exclusiva del ex-presidente por la selección de candidatos, pasando por alto que, como mencionamos, el MAS siempre tuvo resultados mucho más bajos en las contiendas regionales que en las nacionales. Alguno más aventurero señaló que este resultado «tritura la victoria de octubre [de Arce y Choquehuanca]». En fin, tanto en octubre como en marzo se ve, con algo más de intensidad, que el MAS tiene una serie de dificultades para lograr amplias mayorías, sobre todo, en las ciudades capitales. Como sabemos, es en esos espacios donde hay una comprensión distinta de lo colectivo, un deseo más intenso de modernidad, una exigencia mayor frente a la capacidad de la gestión eficiente, cotidiana y, también demandas más intensas de renovación política. Y también sabemos que, desde su fundación, el MAS es un partido con una fuerte identidad rural.

Está claro que donde no hubo líderes descontentos de peso que abandonaron el MAS, el desempeño electoral del oficialismo en general fue mejor. Ahora bien, una cosa es el éxito electoral, otra el desempeño de la gestión. El ejemplo de Felix Patzi es elocuente: el ex-ministro de educación de Morales ganó la Gobernación de La Paz en 2015 por fuera del MAS, pero en la elección del domingo pasado no llegó a los dos dígitos y quedó cuarto en su intento de reelección. Probablemente Eva Copa haya tomado nota sobre ello y por eso haya sido mucho más cuidadosa que Patzi en no marcar diferencias tan pronunciadas con el gobierno de Arce y se haya mostrado cercana al vicepresidente Choquehuanca (que expresa un sector distanciado de parte del círculo más cercano a Morales y capitaliza su identidad aymara). Incluso cuando critica a Morales, Copa pone más el acento en el entorno del ex-presidente que, según dice, lo aisló y lo llevó a tomar malas decisiones. De hecho, en sus primeras declaraciones posteriores a su victoria le ha pedido a la Asamblea Legislativa que aceleren el proceso contra Áñez por la represión en Senkata y Sacaba. Es decir, se mueve, por ahora, en la frontera del MAS. 

En estos años de fuerte crisis económica y sanitaria, las autoridades locales buscarán sintonía, o al menos no enfrentamiento, con el gobierno central. Y en ese marco Copa ha recordado que tiene buena relación con Arce. Además, sabe que El Alto vota en clave rebelde, como pasó en 2015, cuando le dio una amplia mayoría a Soledad Chapetón como protesta contra el candidato del MAS Edgar Patana, acusado de corrupción, y que es una ciudad que luego exige «resultados» en término de obras y empleo, como también lo sabe Chapetón, cuya aprobación fue muy baja desde su segundo año de gestión. El peso político de El Alto y la dimensión de su victoria le da a Copa un rol importante en el campo político popular. La duración y la intensidad de este rol estarán asociadas a los resultados de su administración. Posiblemente no sea casual que a Chapetón, conocida como «la Sole», le siga otra mujer joven, como un voto de rechazo a ciertos «barones» de las organizaciones sociales y corporativas alteñas, en una mezcla de transformaciones de género y ansias de modernización. Tampoco es probable que El Alto sea menos exigente con Copa que con Chapetón, cuya compleja gestión local le impidió su salto al ámbito nacional.

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Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, en Washington, en una imagen de 2019.MICHAEL REYNOLDS / EFE

La fiscalía señala que Juan Orlando Hernández protegió al narcotraficante Geovanny Fuentes “para meter droga por las narices a los gringos”

 

El juicio contra el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes, que comenzó el lunes en un tribunal de Estados Unidos, dejó este martes graves acusaciones contra el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El mandatario del país centroamericano ha sido acusado de narcotráfico. Según el fiscal de Nueva York Jacob Gutwillig, Hernández pactó una alianza con un cartel local, los Cachiros, mediante la que ayudó a introducir miles de kilos de cocaína en Estados Unidos. El fiscal describió Honduras como un “narcoestado”.

Para la fiscalía, el narcotraficante Geovanny Fuentes operó un enorme negocio de distribución de cocaína gracias a la violencia y a sus conexiones con la policía, el Ejército y la clase política, “incluido el actual presidente de Honduras”. En su alegato inicial, la fiscalía aseguró que el supuesto narco se asoció con Hernández en 2013, cuando era candidato a la presidencia, y que juntos planearon enviar “la mayor cantidad posible de cocaína a Estados Unidos”. De acuerdo con el fiscal Gutwillig, el capo que lideraba el cartel de los Cachiros “sobornó incluso al presidente de Honduras” y se volvió “intocable” después de esta alianza que lo blindó “a prueba de balas”.

Según sus pruebas, en 2013 y 2014, Geovanny Fuentes pagó sobornos al actual presidente por un total de “25.000 dólares en efectivo provenientes del dinero de la droga” y, algo más valioso, “acceso al laboratorio de droga del acusado en las montañas de Honduras”, dijo el fiscal.

Gutwillig anunció entre otras pruebas el testimonio de un testigo presente en esas reuniones, José Sánchez, un contable que trabajaba para una empresa arrocera a través de la cual los Cachiros lavaban dinero. El fiscal dijo que el contable detallará a los 12 miembros del jurado “el ‘shock’ y el miedo que sintió cuando vio al acusado sentarse con el presidente”.

Desde hace semanas los fiscales ya habían adelantado supuestos vínculos entre Geovanny Fuentes y Juan Orlando Hernández en documentos presentados previamente, pero este martes dejaron claro que esa relación es la parte central del caso y que se darán detalles de “reuniones secretas” entre el narcotraficante y el presidente.

“El acusado fue una parte fundamental de un narcoestado hondureño”, aseguró un representante de la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York. En uno de esos encuentros, según los fiscales, Hernández habría declarado su intención de “meterles drogas por las narices a los gringos”, en referencia a una supuesta voluntad de enviar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos. En esa investigación los fiscales aseguraron tener pruebas de que el presidente recibió millones de dólares en sobornos de narcotraficantes a cambio de protección, incluido del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán.

Hasta ahora, la fiscalía de Nueva York no había identificado con claridad a Juan Orlando Hernández, descrito hasta entonces como co-conspirador número cuatro (CC-4), pero su identidad es fácilmente reconocible por las referencias a su cargo y a su hermano Juan Antonio Tony Hernández, declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos en 2019. Tony Hernández, exdiputado de la Asamblea de Honduras, fue detenido y condenado por negociar con narcos de siete países para traficar toneladas de cocaína. El fiscal también lo acusó de ordenar al menos dos asesinatos de narcos entre 2011 y 2013.

El abogado de la defensa de Juan Orlando Hernández, Eylan Schulman, restó importancia al testimonio diciendo que “supuestamente 25.000 dólares es todo lo que lleva sobornar a un presidente”. En el caso del contable, dijo la defensa, “tiene mucho que ganar y poco que perder” con su testimonio, advirtió, y sostuvo que espera recibir asilo en Estados Unidos a cambio. La defensa también dijo al jurado que no debe creer el testimonio que prestará “uno de los peores asesinos en la faz de la Tierra”, Leonel Rivera, exlíder del cartel de los Cachiros, que mató a 78 personas y está preso en Estados Unidos por tráfico de drogas.

Por el momento, el presidente de Honduras, que dejará el cargo a final de este año, ha negado cualquier vínculo y en las últimas horas se ha defendido vía Twitter con varios mensajes y una advertencia a Washington. El presidente hondureño aseguró que mantendrá la “alianza internacional en lucha antinarcotráfico” hasta el final de su mandato, pero escribió que si los narcotraficantes “con la llave mágica de mentiras ganan beneficios de USA [EE UU] por falsos testimonios, la alianza internacional colapsaría con Honduras”. Hasta el momento, Juan Orlando Hernández ha sido un estrecho aliado de Estados Unidos desde 2014, primero con el presidente Barack Obama y posteriormente con Donald Trump.

Sin embargo, según Hernández, las informaciones publicadas sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado “se basan en testimonios falsos de narcos cuyas mentiras son para vengarse, reducir sus penas y recibir otros beneficios”, escribió en Twitter. En el hilo que adjunta, el mandatario hondureño centró su explicación en el cartel los Cachiros, cuyo exlíder Devis Leonel Rivera Maradiaga, se espera que testifique en el juicio contra Fuentes. Este hombre ha declarado a los fiscales que Hernández supuestamente obtuvo dinero a cambio de permitir el narcotráfico en su país, informa la agencia Associated Press.

Por Jacobo García

México - 10 mar 2021 - 01:31 UTC

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Otro Brasil, con las causas contra Lula anuladas

El ex presidente recupera sus derechos políticos y podría ser candidato en 2022

El juez Fachin, un partidario de la causa del Lava Jato, sorprendió a todos anulando el fallo armado por el ex juez y ex ministro Sergio Moro. La furia de Bolsonaro, el vuelco en las encuestas y la opinión de la derecha expresada con una caída de la Bolsa.

 

Lula de regreso. El Supremo Tribunal Federal brasileño anuló todas las causas contra Luiz Inácio Lula da Silva, que de ese modo recuperó los derechos políticos que perdió debido a las condenas mañosas del Lava Jato y podría enfrentar a Jair Bolsonaro en los comicios del año próximo. El magistrado Luiz Edson Fachin, del Supremo, dejó sin efecto las sentencias contra el expresidente debido a que no corresponde sustanciar el Lava Jato en la sala 13 del juzgado federal de primera instancia de Curitiba, que fuera el feudo del exjuez Sergio Moro. Las causas serán tramitadas de aquí en más en la justicia federal de Brasilia. Quedaron sin efecto las condenas viciadas de intenciones políticas y carentes de pruebas consistentes, por las que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) debió purgar 580 días en una celda solitaria del cuarto piso de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, entre abril de 2018 y marzo de 2019.

"Recibimos con serenidad la decisión del ministro Fachin que acogió el habeas corpus que presentamos en noviembre de 2020", dijo el abogado defensor, Cristiano Zanin Martins a través de una nota.

No se descarta que la decisión de Fachin sea apelada por la Procuraduría General de la República, sumisa a la voluntad de Jair Bolsonaro, y elevada al Plenario del Supremo compuesto por once miembros, divididos en dos alas: lavajatistas y antilavajatistas. O, si se prefiere, simpatizantes y adversarios de la lawfare y Sergio Moro.

Fachin, considerado un juez lavajatista, sorprendió a políticos y magistrados con esta decisión que, como casi todas las del STF, están inspiradas en motivos más políticos que judiciales.

Lo real es que con la recuperación de sus derechos el jefe petista logró la más importante victoria después de cinco años de encarnizada batalla contra el Lawfare en los que siempre aseguró ser inocente. Y renunció, incluso, a convites para dejar el país o asilarse en alguna embajada.

A pesar de sus años de encarcelamiento y haber sido condenado al silencio por parte de las empresas periodísticas dominantes, conserva una resilente popularidad, como lo demostró un sondeo publicado el domingo en el diario conservador O Estado donde su potencial de votos se ubica en torno al cincuenta por ciento, contra el 38 por ciento de Bolsonaro con vistas a las presidenciales de 2022.

Con Lula en el campo no hay otro candidato más fuerte para derrotar al régimen bolsonarista entre las fuerzas democráticas y populares. Es prematuro asegurar que será candidato por sexta vez (lo fue en 1989, 1994, 1998, 2002 y 2006). Pero nadie pone en duda que esta decisión del STF lo robustece sea como aspirante presidencial, sea como avalista de algún candidato petista o de un eventual frente electoral.

La titular del PT, Gleisi Hoffmann, sostuvo que "la anulación de las condenas responde a un pedido de justicia de la sociedad brasileña y la comunidad internacional, de la lucha de nuestra militancia y los que creyeron en la inocencia de Lula (..) a pesar de las barbaridades cometidas por Moro".

BOLSONARO Y MERCADO, CONTRARIADOS

A poco de conocida la noticia sobre el restablecimiento de los derechos políticos de Lula, el presidente Bolsonaro acusó al juez Fachin de mantener "fuertes vínculos con el PT" y retomó parte de su discurso proselitista de 2018, al asegurar que el "pueblo" no querrá volver a tener un gobierno de izquierda.

Se trata de un discurso remanido, que fue exitoso cuando el antipetismo estaba en su apogeo, pero de dudosa eficacia en los tiempos que corren cuando el público vive en carne propia las peripecias de este gobierno militar-cívico.

Tener de vuelta en el ruedo a Lula significa un revés para el Ejército cuya presión, a través de su excomandante el general Eduardo Villas Boas, influyó para que el jefe petista fuera proscripto tres años atrás.

Un ministro militar le dijo el lunes por la noche a la CNN Brasil, ocultando su identidad, que el retorno del petista al poder "no sería bueno para el país".

Tampoco el mercado se alegró con el regreso del extornero mécanico, decepción expresada en la pronunciada baja del 3,9 por ciento de la Bolsa de Valores de San Pablo y una suba del 1, 6 por ciento del dólar. Vale precisar que la Bolsa ya operaba en baja desde primera horas de la tarde y será necesario aguardar los próximos días para calibrar mejor su comportamiento ante el nuevo escenario político.

DOS GOLPES

Surgida en 2014, la causa del Lava Jato vertebró una coalición de fuerzas del campo conservador unidas en pos de acabar con el ciclo de gobiernos del PT.

Las maniobras de Moro, amplificadas por el multimedios Globo, contribuyeron a intoxicar el ambiente político y el ánimo popular hasta desembocar en el golpe que derrocó a Dilma Rousseff en mayo de 2016.

Ese conato era sólo el primer paso de un plan mayor: cuyo objetivo último era impedir la candidatura en 2018 y el posible tercer mandato de Lula, procesado con base en pruebas inconsistentes, testimonios de arrepentidos que fueron coaccionados y maniobras articuladas con los procuradores de Curitiba.

Esta asociación ilítica, conocida como "Grupo de Tareas de Curitiba", quedó al desnudo a partir de julio de 2019 cuando el sitio The Intercept comenzó a publicar las transcripciones y los audios de las conversaciones de Moro con el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol. No quedan dudas de que cada movimiento apuntó a que el político permaneciara en prisión y quedara fuera de la carrera hacia el Planalto. Finalmente Bolsonaro fue electo gracias a unos comicios anómalos, a una operación que fue la continudad del golpe de 2016 o un golpe en sí mismo. Moro cobró a buen precio su papel en la conjura siendo nombrado por Bolsonaro como ministro de Justicia y Seguridad.


¿Qué hay detrás de la anulación de las condenas a Lula en Brasil?

La decisión del juez Fachin es sobre una cuestión de procedimiento y no absuelve a Lula pero se puede entender como un intento de salvar un régimen político altamente cuestionado.

Nicolás Daneri

La Izquierda diario

Lunes 8 de marzo | 21:27

Este lunes el Juez Edson Fachin, miembro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, anuló la condena que pesaba sobre el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva aduciendo que la justicia del estado de Paraná es incopetente para juzgar el caso. Esta acción restituye los derechos políticos al líder del Partido dos Trabalhadores (PT), que podrá volver a presentarse como candidato, en un momento en que todo el régimen nacido del golpe institucional a Dilma Rousseff y la operación Lava Jato están cuestionadas, aún a pesar de que el ultraderechista Jair Bolsonaro goza de alta popularidad.

Según Fachin, responsable en la Corte Suprema de la operación anticorrupción Lava Jato, esos casos deberán pasar ahora a la órbita de la Justicia federal en Brasilia, la cual decidirá sobre el curso de cada uno de ellos.

En dos de esos procesos, Lula fue condenado a casi 25 años de cárcel, de los cuales cumplió 580 días hasta ser liberado por una decisión del propio Supremo, que alteró su propia jurisprudencia y decidió que una persona sólo puede ingresar a la cárcel cuando ya no tenga apelaciones disponibles, que no era el caso del exmandatario.

De todas maneras es importante señalar que la decisión de Fachin sólo se refiere a cuestiones de procedimiento, y no absuelve a Lula. El sistema legal del país permite que los jueces del STF tomen decisiones unilaterales que luego pueden o no ser apeladas. La Procuraduría General de la República ya ha indicado que apelará, lo que hace que la decisión sea incierta, aunque es poco probable que se revierta. Pero detrás de la decisión, el ministro desplegó una maniobra que termina por salvar a Sergio Moro, de las investigaciones que se estaban llevando a cabo en la segunda instancia.

Moro es el ex juez que dirigió toda la operación Lava Jato que fue la que permitió que Lula fuera encarcelado y, por tanto, impedido de participar en las elecciones de 2018 en las que se perfilaba como el candidato más popular. Moro fue nombrado Ministro de Justicia por Jair Bolsonaro luego de asumir la presidencia, como premio por los “servicios prestados” pero renunció en abril del año pasado.

El juez Edson Fachin es el mismo que corroboró activamente las decisiones del STF para impedir que Lula fuera candidato en 2018. Las maniobras del poder judicial fueron decisivas para la victoria del Bolsonaro y fueron parte clave de todas las desgracias que aquejan al pueblo brasileño desde entonces, principalmente la pandemia de la que Bolsonaro es un negacionista extremo. El STF que movió los hilos para que el golpe institucional se produjera sin mayores problemas, ha venido avalando las privatizaciones y reformas llevadas a cabo por los gobiernos de Temer y Bolsonaro y, ahora, en una decisión unilateral, posa de democrático para salvar el pellejo del golpista Sergio Moro.

La defensa de Lula presentó numerosas medidas de habeas corpus durante los procesos cuestionando la conducta de la justicia. La decisión de Fachin implica que pierden su razón de ser y deben ser archivados. Una de esas medidas se basaba en los mensajes revelados por The Intercept Brasil que muestran las maniobras entre los jueces de la Lava Jato y la parcialidad con la que se juzgo a Lula. Estas revelaciones ponen en cuestión la actuación del ex ministro Moro. La maniobra de Fachin puede ser entendida como un control de daños.

Es imprescindible reconocer estas maniobras para no poner un ápice de confianza en el STF ni en el poder judicial que viene actuando para recomponer un régimen podrido, un régimen golpista que es responsable de todos los ataques a los trabajadores, a los jóvenes y al pueblo pobre en general.

Mientras tanto, Bolsonaro denunció al juez Fachin por tener “un gran vínculo con el PT” y dijo estar convencido de que "el pueblo brasileño ni siquiera querría tener un candidato como ese en 2022 y mucho menos pensar en votarlo", porque "al final de cuentas, todos los escándalos que hubo en su Gobierno están claros frente a toda la sociedad".

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Elecciones en Bolivia: el MAS sigue sin poder conquistar las principales ciudades

El cómputo oficial de votos avanza lentamente y aumenta la incertidumbre

 Las proyecciones privadas señalan que el oficialismo se aseguraría una victoria en primera vuelta en las elecciones de gobernadores en tres departamentos, y debería ir a segunda vuelta en otros cuatro.

 

A la espera del escrutinio oficial que avanza con lentitud, las cifras preliminares de las elecciones regionales del domingo en Bolivia reflejan que el Movimiento al Socialismo (MAS) sigue sin poder conquistar a los votantes de las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Además vuelve a perder en El Alto, considerada uno de sus bastiones. Las proyecciones privadas señalan que el oficialismo se aseguraría una victoria en primera vuelta en las elecciones de gobernadores en tres departamentos y que debería ir a segunda vuelta con distintas fuerzas opositoras en otros cuatro. Por eso, parte de la dirigencia del partido ya empezó a pedir una etapa de "reflexión" puertas adentro.

Dentro de la oposición, solo la ultraderechista Creemos ganaría cómodamente la gobernación de Santa Cruz de la mano de Luis Fernando Camacho, y la nueva organización Movimiento Tercer Sistema, constituida por disidentes del masismo, se habría alzado con la victoria en el departamento de Beni, donde la expresidenta interina Jeanine Áñez aparece tercera.

Hasta ahora, la única base de datos son el boca de urna y el conteo rápido realizados por las consultoras Ciesmori y Focaliza. Los cómputos en cada uno de los nueve departamentos habían avanzado entre el 8 y el 15 por ciento al cierre de esta edición, provocando que las reacciones y evaluaciones de la votación estén basadas solo en proyecciones extraoficiales. Más aún considerando que varias regiones del país combinan ciudades densamente pobladas con vastos territorios rurales.

En las dos últimas décadas, La Paz estuvo administrada por dos abogados, Juan del Granado y Luis Revilla, que inicialmente perteneció al MAS y luego formó su propia organización política, Soberanía y Libertad (Sol.bo). El oficialismo apostó en estos comicios por el exgerente de la empresa estatal Mi Teleférico, César Dockweiler, para intentar seducir al electorado paceño.

Al calor de la campaña, el presidente Luis Arce aseguró que la "única" candidatura capaz de garantizar un trabajo "de la mano con el gobierno" era la de Dockweiler, algo que al parecer no cayó bien en La Paz, que finalmente se decantaría por el exministro del gobierno de facto, Iván Arias.

En Santa Cruz durante años la hegemonía fue del ingeniero Percy Fernández, alcalde de esa urbe en seis ocasiones. En su lugar asumió la arquitecta Angélica Sosa, la heredera de Fernández que no logró conservar la alcaldía, aunque tampoco pudo hacerlo la candidata oficialista, la exsenadora Adriana Salvatierra, pudo conseguirla. Los sondeos muestran un margen estrecho entre el periodista Gary Áñez, del partido del expresidente Carlos Mesa, y el experimentado político Johnny Fernández, por lo que el ganador definitivo se conocerá recién cuando concluya el cómputo oficial.

La región central de Cochabamba es considerada uno de los bastiones del oficialismo entre otros motivos porque allí se encuentra la zona cocalera del Chapare, el feudo sindical y político del expresidente Evo Morales. Esa hegemonía no es tan fuerte en la capital, Cochabamba, donde hay una polarización muy marcada entre los seguidores del MAS y sus detractores, "diferencias" reconocidas por el mismo Morales en la noche del domingo, tras conocerse los resultados extraoficiales que dan el triunfo al opositor excapitán de las Fuerzas Armadas, Manfred Reyes Villa. 

La sorpresa en este proceso electoral ha sido la expresidenta del Senado Eva Copa, expulsada del oficialismo por postularse con otra sigla a la alcaldía de El Alto, otro bastión masista. Las encuestas a boca de urna le dan a Copa un amplio triunfo frente al oficialista Zacarías Maquera, con lo que el MAS perdió por segunda vez consecutiva el municipio alteño, administrado actualmente por la opositora Soledad Chapetón.

"Agradezco a Evo Morales y le pido que escuche a su pueblo y acepte las críticas constructivas", declaró este lunes Copa, quien consiguió el 66,8 por ciento de los votos, según las proyecciones, frente al 19,9 por ciento del candidato del MAS, Zacarías Maquera. 

En las demás capitales regionales, el oficialismo aparece con triunfos en Sucre, la capital constitucional de Bolivia, y la ciudad amazónica de Cobija y obtiene un resultado poco claro en Oruro, mientras que en Tarija, Trinidad y Potosí ganaron otros partidos.

Para Evo Morales, los resultados regionales y municipales indican que "el MAS se consolida como primera fuerza política en la historia de Bolivia". El expresidente sostuvo que sus militantes "deben sentirse orgullosos” de ser parte de esa organización, y agradeció al "pueblo boliviano" su "compromiso" con "la patria, las políticas económicas y los programas sociales". 

Los resultados preliminares, sin embargo, generaron malestar en parte de la dirigencia del MAS. "Bajamos entre 15 a 20 por ciento respecto a las elecciones generales de 2019 y "esto no es novedad pues ha ocurrido antes", reconoció el presidente oficialista del Senado, Andrónico Rodríguez. Estos resultados "nos van a llamar a la reflexión y ajustar muchos errores dentro del MAS, si ha habido mal cálculo", señaló el también dirigente cocalero en rueda de prensa.

Los cómputos oficiales de las elecciones regionales del domingo en Bolivia concluirán el próximo fin de semana, anunció este lunes el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Fuentes de los tribunales electorales de los departamentos de Santa Cruz y Pando señalaron por separado que todavía no estaba decidida la situación de más de un centenar de mesas de votación cuyas urnas fueron quemadas por vecinos que denunciaron supuestos fraudes. Los tribunales regionales deben constatar si también fueron destruidas las actas de escrutinio.

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Un rosario de reclamos al Gobierno: vocero de víctimas de Iota denuncia incumplimientos y fallos en la reconstrucción de San Andrés

El líder sanandresano Alberto Gordon May asegura que el Gobierno no ha cumplido con lo pactado en el plan de reconstrucción del Archipiélago.

 

Después de casi cuatro meses de que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue golpeado por el huracán Iota, sus pobladores hablan sobre lo que dicen ser un atropello del Gobierno Nacional en la región.

Así lo hizo saber en entrevista con El Espectador el pastor Alberto Gordon May, presidente de la Autoridad Raizal, órgano que representa a los habitantes nativos del Archipiélago, quien además es el líder de las víctimas del huracán Iota.

Según el vocero, la administración Duque implementó “prácticas neocolonialistas” en las islas, y ha ignorado a sus gobernantes y comunidades. Son varios los problemas que el líder manifiesta como desatendidos en las islas, empezando por el incumplimiento del gobierno Duque respecto al plazo de 100 días que se planteó para la reconstrucción de la región.

De acuerdo con las declaraciones de Gordon May, en El Espectador, “el plazo puesto por el mandatario finalizó el 27 de febrero pasado. Después se extendió hasta el 10 de abril, término que ya se amplió hasta el primer trimestre de 2022. Para ser sincero, dudamos de que haya reconstrucción en los próximos mil días”.

Esta percepción, según el líder, es algo que “todos los miembros de la comunidad comparten”, ya que manifiesta que los sanandresanos hoy están mucho peor que antes del paso de Iota, “antes tenían casa, cubiertas sus necesidades de energía, agua y otros elementos necesarios. Las condiciones a que están sometidos ahora son lamentables, deprimentes e inhumanas”, asegura Gordon May en el diario nacional.

Además, afirma que desconocen el Plan 100 y que tampoco han sido enterados “de un plan anual que se ha anunciado a pesar de las múltiples visitas de Iván Duque”. También agrega que, “Contrario a la Ley 1523 de 2012 (Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres), elaborada para ocasiones como la que sufrimos ahora, el Plan de Acción Específico (PAE) para el archipiélago, que será la carta de navegación para las islas, según Susana Correa, gerente de reconstrucción de Providencia, no ha sido ni siquiera firmado por el consejo de ministros”.

Para Gordon May, “el Gobierno ha tenido dos “planes”: el que le cuenta a la comunidad y el que manipula”, y señala a su vez que, “la gente ha venido reaccionando a la improvisación diaria, lo que nos parece sumamente grave porque reinan el desespero y la incertidumbre. Los habitantes están viviendo a sol y lluvia, aunque esta fase de la crisis debió haber sido superada en la primera etapa de la emergencia”.

De acuerdo con el líder sanandresano, “hasta este momento la única persona que conoce el PAE es Susana Correa”, pero aún así el pastor señala que la funcionaria “no lo ha compartido ni discutido con nadie y se escuda en diversas disculpas para protegerse”, además asegura que Correa, “sale a mentir ante los medios” y que, “el Gobierno ha desconocido la totalidad de la ley y ha ignorado, principalmente, los principios de igualdad, protección, el participativo que ordena reconocer y promover la colaboración activa de las comunidades, y, muy importante, el principio de diversidad cultural que exige respetar las particularidades de cada comunidad y aprovechar al máximo los recursos de la misma”.

Esto, según el vocero, fue una acción del Gobierno en la que no se acogió estrictamente a la ley, ya que manifiesta que si “la hubiera cumplido, no habría tanto desespero. La población de las islas está al borde de un colapso emocional por la incertidumbre sobre su presente y, ante todo, sobre su futuro

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Las condiciones actuales en las que viven los sanandresanos

 

Gordon May informó en El Espectador que “mucha gente pasa los días en carpas. Las viviendas a las que les han reparado techos sin reconstruir, sus bases no cuentan con los amarres y las técnicas antihuracán, a pesar de que el propio Ministerio de Vivienda reconoce que hay que cumplirlas”.

A su vez, asegura que a pesar de que “la energía ha sido restablecida y se instalaron unas plantas desalinizadoras (del agua marina), es preciso resaltar que la disponibilidad de agua del embalse Fresh Water Bay ha venido disminuyendo por causa de los procesos erosivos de la cuenca y que este es el único embalse que existe”.

Por eso, señala que “en las épocas de sequía hay escasez. Pero, en este momento, otro motivo de gran preocupación es qué va a suceder con el suministro del líquido, además de la sequía, por la sobrecarga de personas de afuera que llegaron sin medir su impacto”.

En la misma línea, habla del impacto negativo que ha causado el aumento del 20% de la población en las islas, proveniente de personas que están llevando a cabo las labores de reconstrucción. Gordon May asegura que esto ha sido un “un desastre”, empezando por el ámbito ambiental.

“Los servicios de energía y agua que son precarios, igualmente son escasos. Por lo tanto, no dan abasto con el incremento poblacional. También nos preocupa el brusco cambio de relacionamiento social con grupos tan numerosos de personas ajenas a nuestra cultura”, asegura el líder en El Espectador.

Asimismo, afirma que “se desconocen los términos de referencia y códigos de reconstrucción de las viviendas porque las condiciones contractuales con Findeter no han sido puestas a consideración de la comunidad”, ya que según Gordon May, si estos trabajos se hicieran “con las especificaciones técnicas descritas, se podría suplir con trabajo local gran parte de las obras de construcción, para lo cual la comunidad se ha venido organizando. Consideramos que la vinculación laboral externa debe ser gradual y organizada para evitar efectos negativos y garantizar la sostenibilidad social, ambiental y económica”.

De igual forma, el líder reconoce que hay otros problemas en las islas, como que el Gobierno quiso obviar el derecho constitucional de la consulta previa, algo que señala se pudo evitar gracias a que “un grupo de raizales, en la diáspora, ayudó a preparar varias propuestas de casas.

Solo después de insistentes reclamos por parte de líderes de la comunidad, el Gobierno, al parecer, finalmente incluirá tales diseños en sus planes. La vocería y la presión de un grupo de líderes, la veeduría local, a través de tutelas, la Autoridad Raizal, la Comunidad Raizal en la Diáspora, a quienes agradecemos inmensamente, y la prensa local e internacional, ayudaron a que la administración Duque atendiera los reclamos comunitarios”, señaló en el diario nacional el vocero sanandresano.

Gordon May también habló del puente entre San Andrés y Providencia que no ha sido recuperado, pero que en cambio sí se construyó un muelle sin consulta previa de la comunidad, además de otros proyectos como la construcción de la base de Guardacostas o de Salvamento Marítimo que la Armada Nacional ha querido edificar en el sector de Old Town” y el cual también rechazan los raizales.

El líder mencionó además que a tres meses de que empiece la temporada de huracanes en el Caribe, aún no se ha construído por lo menos un albergue en las islas.

7 de Marzo de 2021

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Elecciones en Bolivia: el boca de urna revela el avance de la oposición en regiones centrales

Más de siete millones de bolivianos votaron en elecciones provinciales y municipales  

Sin embargo el MAS puede festejar una victoria contundente en el departamento de Cochabamba y otra más ajustada en La Paz, donde no evitaría una segunda vuelta. Amplio triunfo de Luis Fernando Camacho en Santa Cruz y flojo desempeño de Jeanine Áñez en Beni.

 

Poco más de siete millones de bolivianos votaron en las elecciones provinciales y municipales en Bolivia en un clima de relativa tranquilidad pese a la pandemia y a solo medio año de las presidenciales que marcaron el retorno al poder del Movimiento al Socialismo (MAS). En sintonía con las últimas encuestas, el boca de urna de la consultora Ciesmori ratificó que la oposición se quedaría con las estratégicas alcaldías de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y El Alto, ésta última en manos de la expresidenta del Senado, Eva Copa. La candidata de Agrupación Jallalla separada del MAS reveló la etapa de cambios y debate interno que atraviesa el partido. 

A nivel de las principales gobernaciones, el partido de Evo Morales puede festejar una victoria contundente en el departamento de Cochabamba y otra más ajustada en La Paz, donde su candidato Franklin Flores no evitaría una segunda vuelta. Tal como se esperaba, Luis Fernando Camacho arrasaría en Santa Cruz y, cerrando el bloque de candidatos golpistas, la expresidenta de facto tendría un flojo desempeño en el departamento de Beni, donde apenas alcanzaría un tercer puesto. 

Los resultados oficiales se conocerán recién dentro de 8 a 10 días, mientras el Tribunal Supremo Electoral se preparaba para cargar los primeros datos del escrutinio ya entrada la madrugada del lunes. La ausencia de jurados en recintos electorales retrasó por horas la apertura de varias mesas de votación en diferentes lugares del país, generando largas filas de ciudadanos. Incluso el propio presidente Luis Arce tuvo que esperar para poder votar. 

En el departamento de La Paz las encuestas que pronosticaban un triple empate técnico entre los candidatos a la gobernación parecen haberse frustrado. El candidato del MAS, Franklin Flores, alcanzaría un cómodo primer lugar con el 37,3 por ciento de los votos, siempre de acuerdo al boca de urna de Ciesmori. Le sigue con el 27,1 por ciento el candidato de Agrupación Jallalla, Santos Quispe, hijo del recientemente fallecido Felipe "El Mallku" Quispe, quien hasta su muerte era favorito a quedarse con la gobernación. En tercer lugar aparece Rafael "Tata" Quispe, candidato del frente Por el Bien Común - Somos Pueblo, con el 22,1 por ciento. Estos resultados no evitarían una segunda vuelta, aunque restaría saber quién acompañará al candidato del oficialismo en esa instancia. 

El boca de urna revela además que el candidato de Creemos, Luis Fernando Camacho, conseguiría la ventaja suficiente para convertirse en gobernador de Santa Cruz sin necesidad de una segunda vuelta. Uno de los mayores responsables del amotinamiento de policías y militares que culminó en el golpe de Estado contra Evo Morales alcanzaría el 55,4 por ciento de intención de voto, lejos del candidato del MAS, Mario Cronenbold, con el 34,3 por ciento. Por último entre los principales departamentos del país, en Cochabamba el MAS se aseguraría un claro triunfo con el exalcalde de Sacaba Humberto Sánchez superando el 50 por ciento de los votos. 

En cuanto a las alcaldías, en Santa Cruz se ubica en primer lugar Gary Áñez, candidato de Comunidad Ciudadana con el 32,9 por ciento de los votos. Pegado en un segundo lugar aparecía Johnny Fernández, de Unidad Cívica Solidaridad, con 31,9 por ciento, lo que presagia una segunda vuelta entre ambos ya que lejos y en tercer lugar quedó la candidata del MAS, la exsenadora Adriana Salvatierra.

La ciudad de Cochabamba quedaría para el excapitán de las Fuerzas Armadas, Manfred Reyes Villa, con el 56,8 por ciento de los votos. Su candidatura estuvo en duda hasta último momento por una sentencia firme frente a un caso de incumplimiento de deberes de funcionario público. El exdefensor del Pueblo, Nelson Cox, quedó muy lejos con el 23,3 por ciento.

La alcaldía de La Paz iría a parar a manos de Iván Arias, ministro de Obras Públicas durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, que alcanzaba en el boca de urna el 48 por ciento de los votos. Lejos quedaba el candidato masista César Dockweiler, director de la empresa pública de teleféricos hasta su renuncia tras el golpe de 2019. En la codiciada ciudad de El Alto, el triunfo sería para la candidata de Agrupación Jallalla, Eva Copa. Luego de una escandalosa ruptura con el MAS, Copa se quedaría con el 67 por ciento de los votos frente a un lejano 22 por ciento del oficialista Zacarías Maquera.

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 Comandantes Batallón Pedro Nel Ospina 2004-2008

El Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 General Pedro Nel Ospina (Biosp) es el tercero con más muertos por ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, según reveló el Tribunal de Paz. Estos fueron sus comandantes en entre 2004 y 2008.

 

El pasado 12 de febrero la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comunicó a través del Auto No. 033 de 2021 que en Colombia, entre 2002 y 2008, se presentaron al menos 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ por parte del Ejército Nacional. Esta cifra se enmarca en el caso 03 denominado como “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” en el que el Tribunal de Paz priorizó las investigaciones de este crimen en seis departamentos de Colombia donde hay más evidencia hasta el momento.

Entre esos seis está Antioquia que, según las indagaciones de la JEP, es el departamento con más casos conocidos. Dentro de esta región opera la IV Brigada del Ejército que podría ser la responsable del 73 por ciento de las muertes identificadas entre el 2000 y el 2013, según la Sala. De esta brigada se desprenden ocho batallones que reportan un total de 1.216 muertos por ejecuciones extrajudiciales, pero de estos, tres reportan el 58,1 por ciento del total de muertos y son el Batallón de Artillería No. 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez (Bajes), con 306 muertes acreditadas; el Grupo de Caballería Mecanizado Juan del Corral (Cmjco), con 216 y el Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 General Pedro Nel Ospina (Biosp), con 185 casos.

De acuerdo a la información de la Sala, el Biosp es la tercera unidad militar con más víctimas en Antioquia. Según el Auto, para 2003 había 4 casos reportados, cifra que llegó a 26 en 2004 y a 55 en 2005. Para 2008 el número bajó a 12. En este batallón pasaron tres comandantes de 2004 a 2008. Infobae recoge quienes fueron y cuales son los casos relacionados que tienen o tuvieron abiertos en la justicia ordinaria.

Jairo Bocanegra de la Torre

En 2004, llegó el comandante Jairo Bocanegra de la Torre, un militar que tenía, para ese momento, 20 años de experiencia en altos cargos como Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante del Comando Operativo No. 9 en el Bagre, Antioquia, además de haber pasado por liderar tropas en Arauca y de comandar la Escuela de Ingenieros, de donde se graduó como ingeniero civil.

Bocanegra comandó el Biosp hasta junio de 2005, pero no fue sino hasta 2007 cuando en una sentencia del Tribunal Superior de Medellín, por un proceso que llevaba Justicia y Paz, se mencionó su nombre en presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales. Aquí José Miguel Gil Sotelo, un exguerrillero de las Farc y Daniel Alejandro Serna, un exparamilitar, rindieron versión frente a la participación de la Fuerza Pública en los crímenes cometidos por el Frente Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En estas declaraciones confesaron que ellos uniformaban a las personas mientras que miembros del Ejército simulaban falsos operativos y hacían el reporte, “uno de los que colaboraba con las autodefensas era el señor comandante, un coronel Bocanegra”, afirmaron.

Además de esto, los insurgentes dijeron ante el Tribunal que Bocanegra había estado involucrado en un crimen en la vereda el Cedro, de Amagá, donde asesinaron a dos menores de edad. “En la vereda El Cedro de Amagá hicieron una operación donde murieron dos niños, en esa operación los uniformaron para hacerlos pasar como miembros del grupo ilegal. Allí murió alias “El Zarco” y murió un venezolano. Eso fue como más o menos en el año 2003 o 2004, en total fueron cuatro muertos...”.

Para la Fiscalía, los denunciantes se referían a Jairo Bocanegra de la Torre, quien para 2007 ya era Coronel de la Reserva del Ejército Nacional y por estos testimonios el Tribunal ordenó la compulsa de copias al ente acusador para abordar el caso, sin embargo, la investigación no prosperó y Bocanegra no fue condenado por estos delitos.

Édgar Emilio Ávila Doria

Para este año y después de que Bocanegra dejara el Biosp y se fuera a comandar otro centro militar en Tolemaida, Cundinamarca, habría llegado, en diciembre, Édgar Emilio Ávila Doria a dirigir este batallón. De acuerdo con la JEP, el 2005 fue el año donde se dispararon los casos de falsos positivos en esta unidad militar llegando a 55, siendo el mayor número registrado en los ocho años que reporta el Alto Tribunal para este centro.

En 2006, 10 unidades tácticas de la IV Brigada del Ejército se propusieron una competencia de qué unidad presentaba la mayor cantidad de muertos, una tarea que como reportó el portal Las 2 Orillas, era complicada porque el batallón estaba ubicado en zona urbana de Bello, en la Comuna 13 de Medellín lo que los dejaba en desventaja con centros militares ubicados en el Caquetá, Norte de Santander (Catatumbo) o Bolívar, sin embargo, para Ávila Doria esto se habría convertido en todo un reto. Las directrices que se dice, enviaba el entonces comandante del Ejército, Mario Montoya, eran el arma con la que Édgar Emilio Ávila presionaba a sus subalternos. “Los comandantes se evalúan por sus resultados” o “las bajas no es lo más importante, es lo único”, servían como gasolina para traerle muertos al batallón. Esta tarea fue apoyada por el entonces segundo comandante José Zanguña Duarte. Ese año ganaron.

Pedro Nel Ospina entregó 86 presuntos guerrilleros muertos, 90 delincuentes capturados, 150 armas de fuego incautadas y 180 artefactos desactivados, lo que los convirtió en la unidad militar con mayor operatividad en 2006. Para ese año, la JEP reporta que hay al menos 35 muertos identificados como ejecuciones extrajudiciales adscritos al Biosp, cifra que para el año siguiente se mantuvo exactamente igual.

Los casos

El 19 de octubre de 2006 en la vereda la Primavera, del municipio de Santo Domingo, al noroeste de Antioquia, tropas del Ejército Nacional reportaron la muerte de tres presuntos extorsionistas. Sus nombres eran Mauricio Quintero Rubio, Reinaldo Osorio Jiménez y Alex Correa Pérez. Según la versión de los implicados, los hombres se enfrentaron a los militares con armamentos de corto alcance, lo que la Fiscalía contradijo y declaró como falso.

Según el ente acusador estas tres personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales al ser llevados con engaños hasta este lugar por un hombre que les prometió oportunidades laborales. Por este caso, un juez emitió una orden de captura contra Ávila Doria en marzo de 2015 imputado por los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple y falsedad ideológica en documento público en calidad de coautoría.

Para febrero de 2016, poco más de un año después, un fiscal especializado de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y DIH acusó a este coronel y a su segundo comandante, José Zanguña Duarte por el triple homicidio. 10 soldados más fueron señalados por estos hechos.

Pero en diciembre de 2015, Ávila Doria fue acusado, por otro caso, junto a otros altos mandos, como presuntos responsables por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. De acuerdo con la investigación, el 18 de abril de 2006 en la vereda La Raya del municipio de Concepción, Antioquia, se simuló un combate en el que Víctor Manuel Correa Palacio y José Miguel Madrid Urrego fueron asesinados y presentados como bajas en combate.

Según el informe oficial, para esa fecha la Fiscalía ya adelantaba otras investigaciones contra el coronel Ávila, citado literalmente, “por la ejecución extrajudicial de varias personas en diferentes lugares del departamento de Antioquia”.

Diego Luis Villegas

En marzo de 2008 llegó a comandar el Biosp Diego Luis Villegas, actual general del Ejército y quien tiene casos abiertos en la justicia por ejecuciones extrajudiciales, entre ellas se reportan al menos 6, de las cuales cinco tienen nombre propio, como lo dio a conocer El Espectador en 2018: Didier Durant Badillo, Andrés Hernández Roldán, un hombre sin identificar en Barbosa, Antioquia; Adrián Álvarez González, en el barrio San Cristóbal, de Medellín; Albeiro Tobón Marulanda, campesino que falleció “mientras iba con su hija menor de edad a laborar en el campo” especificó la Fiscalía.

Pero el que ha tenido contra las cuerdas al alto mando militar es el caso de Ómer Alcides Villada el 25 de marzo de 2008. Ese día cinco miembros pertenecientes a su unidad militar dieron de baja a un hombre “en combate” en la vereda Palmitas, en el municipio de Montebello, Antioquia. Sin embargo, después de los hechos se conoció que Villada era un agricultor que vivía con su abuela ya que este era una “persona de deficiencias mentales”, como lo recoge la Fiscalía. Para estos soldados, la víctima pertenecía al frente 34 de las Farc.

La presunta responsabilidad de Villegas se basa en que él firmó, como comandante del Batallón Pedro Nel Ospina, el oficio 01325 con el que se solicitaba el pago de $1′500.000 pesos a un informante que le ayudó al Ejército a identificar guerrilleros o bandas criminales en Palmitas y Sierra Morena. Pero el supuesto informante, ante la Fiscalía, negó su relación con el Ejército diciendo que ni siquiera había vivido en la zona donde habría desempeñado sus actividades, además se declaró como desplazado. La respuesta del Ejército frente a las dudas que generó el ente acusador sobre cómo habían acusado a Villada de ser guerrillero fueron dudosas.

Explicaron en un documento emitido el 12 de agosto de 2014 que Omer Alcides no estaba en los archivos de inteligencia, pero que “era de aclarar que las personas integrantes de grupos armados ilegales cambian constantemente sus alias a fin de evitar ser identificados, además, la Policía en un documento enviado el 05 de agosto de 2014 a la Fiscalía dijo que el hombre no tenía antecedentes. Por esto, el ente acusador emitió una orden de captura a Villegas Muñoz en 2018, pero se suspendió por un tiempo ya que en febrero de ese año el excomandante había firmado su sometimiento a la Jurisdicción Especial de Paz. Finalmente la Corte se declaró inhibida al revisar el caso cuando se habló de un posible conflicto de competencias. Hasta ahora, no ha habido avance en este proceso.

Los delitos por los que se le señalan es homicidio en persona protegida, fabricación, tráfico o porte de arma de fuego y peculado por apropiación, esto ante el Juzgado Octavo Penal de control de garantías en Bogotá.

Por otro lado, en 2019, ante el asesinato del excombatiente Dimar Torres en manos de un soldado del Ejército, quien comandaba la Fuerza de Tarea Vulcano a la que pertenecía el responsable, era justamente Diego Luis Villegas. Por eso el 28 de abril de 2019, este pidió perdón por el hecho en el Catatumbo, acto que rechazó el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, diciendo que ese pronunciamiento no hablaba por las fuerzas militares. Ese día volvieron a recordarle que diez años después de los hechos ocurridos en Antioquia, la justicia no lo había podido judicializar. Para 2020 Villegas conformó el Comando Transformación Ejército del Futuro (Cotef) que se encarga de reestructurar a las fuerzas militares. Al visitar la página web del Ejército, la información de este Comando aparece en reparación.

Para 2008, la Sala de Reconocimiento de la JEP reportó al menos 12 casos de muertos por ejecuciones extrajudiciales en este batallón para un total de 185 en ocho años.

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La nueva ola brasileña de coronavirus es un peligro para el país y un riesgo para el mundo

Con nuevos récords diarios de muertes, una nueva cepa más contagiosa, un sistema de salud al borde del colapso y una campaña de vacunación con retrasos, Brasil se está convirtiendo en el mayor centro mundial del difusión de la COVID-19

 

Las dos cifras llegaron al mismo tiempo, el mismo miércoles. La primera es el precio pagado por la segunda: el alto número de muertes que hizo que el PBI brasileño fuese el que cayera menos en la región -menos incluso que el 5,3% negativo vaticinado por el FMI-. Quienes en Brasil piensan que pagaron carísimo lo que finalmente resulta demasiado poco son cada vez más. Pero si hay alguien que todavía parece situarse en un horizonte remotamente lejano a esta persuasión, y que no parece que vaya a acercarse ni un palmo en el futuro próximo, es el propio presidente brasileño. Más aún, Jair Bolsonaro es un creyente de estricta observancia en que existe un salto cualitativo y una diferencia categorial infranqueable entre la pandemia y la cuarentena.

Desde hace más de un año, cuando el 26 de febrero de 2020 Luiz Henrique Mandetta, entonces ministro de Salud, informó del primer caso de COVID-19 en Brasil, Bolsonaro ni cambió de opinión, ni la varió. Su doctrina tiene la ventaja de ser simple e inamovible. La nueva enfermedad contagiosa virósica es una gripe como las anteriores. Así como llegó, se irá, y dejará su tendal de muertes. Las medidas de aislamiento que el Gobierno pueda disponer en contra son inútiles por artificiales, por limitadas, o son ensayos de cuyos resultados ignoramos todo de antemano salvo lo que sabemos a ciencia muy cierta: la cuarentena daña irreparablemente a la economía nacional.

Según los datos del miércoles del Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), Brasil es el país con más contagios de Latinoamérica: casi 11 millones (10.718.63).  Y más muertes: más de un cuarto de millón (259.271), el país del mundo con más muertes después de EEUU. Y el miércoles el record de muertes diarias se acercó a dos mil por día (1912), después de semanas de un millar de muertes diarias. El mismo miércoles, el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informó que la tasa de crecimiento económico del año pasado ha sido la menor desde 1996: el PBI de 2020 cayó 4,1% respecto a 2019. Incluso así la economía brasileña ha sido también la que menos ha caído entre todas las del hemisferio. Pero sobre las dos cifras pesa la amenaza mayor y arrolladora de que la crisis sanitaria brasileña se vuelva una crisis global, alimentada a su vez en su aceleración por la mayor velocidad de contagio y letalidad por la nueva cepa nacida justamente en Brasil.

El primer caso brasileño era un hombre de negocios paulista de 61 años, internado en el Hospital Israelita Albert Einstein, donde había presentado los síntomas ahora clásicos de tos seca, fiebre, dolor de garganta y secreción nasal. Había regresado, en avión, de un viaje que había hecho por su trabajo y que lo había llevado a la más rica región de Italia, Lombardía, cuya demografía de promedio etario elevado fue la mayor víctima y el mayor foco de contagios y muerte del país.

Ese primer caso brasileño fue también el primer caso latinoamericano, en un momento en que esta región y la antártica eran las dos únicas a las que todavía no había afectado la pandemia. Tras el anuncio, la bolsa brasileña se derrumbó un 5% por el temor a los efectos que podría tener el virus en los mercados. A lo largo del año, la pandemia que había llegado para quedarse creció en Brasil, y no sólo por este ‘paciente cero’, sería la salud pública la que se vería más dañada, en un crecimiento que conoció pocas treguas, y menos, aunque sólo proporcionalmente, la economía.

En países como Brasil o regiones como Lombardía (Italia), una pandemia como la de la COVID-19, cuya mayor mortalidad se da entre las personas de mayor edad y beneficiarias del sistema público de pensiones, o, como acaba de revelarse el jueves en el informe de World Obesity, personas con obesidad como comorbilidad, con las demandas de atención especial que ejercen sobre la seguridad social, el pago de las erogaciones que significan sus jubilaciones, pensiones y servicios se ha discontinuado con los fallecimientos, aunque la demanda y presión sobre el sistema hospitalario haya aumentado.

Un campo de batalla

Para algunos científicos, como para el neurocientista brasileño Miguel Delelis de Duke University, en diálogo con el diario británico The Guardian, la comunidad internacional debe intervenir en la crisis sanitaria brasileña. Si se permite proliferar al virus en los niveles en que está proliferando, favorecerá la aparición de nuevas mutaciones y de variantes aún más letales, es el pensamiento de Delelis, que pasó la mayor parte del año pasado confinado en su departamento del oeste de San Pablo, monitoreando la enfermedad.

El origen de la variante brasileña particularmente preocupante ha sido encontrado en Manaos, en la capital del estado de Amazonas, y ciudad más importante de la región amazónica brasileña, con más de dos millones de habitantes, que en enero sufrió un aumento de las internaciones, la ocupación total de las camas de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), y, lo que aún era peor, la carencia de tubos de oxígeno, al punto de que las UTI habían sido equiparadas con cámaras de asfixia. Una decena de casos de esa variante había cruzado el Atlántico y llegado a Gran Bretaña. En buena parte, la Zona comercial Franca de Manaos (ZFM), con su tránsito aéreo internacional, es responsable de la dispersión de los contagios.

“Es un campo de batalla”, según dijo Luiz Antônio Nasi, superintendente médico del Hospital Moinhos de Vento, el mayor de la red privada en Porto Alegre, al noticiario local de la red Globo. No sólo en el Amazonas hace estragos la crisis sanitaria brasileña, también en los estados del Sur, los más ricos del país. Sao Paulo, el estado más rico y poblado del país, con 46 millones de habitantes, es también el que cuenta con mayor número de muertos (60.014) y de casos (2 millones desde el inicio de la pandemia, de entre los 10,6 millones de contagios registrados en todo Brasil). El gobernador paulista, João Doria, decretó el miércoles el retorno durante dos semanas a la "fase roja" de restricciones.

Según Nicolelis, el fracaso de Bolsonaro para detener el rebrote, que sigue a los días de celebraciones clandestinas de un carnaval que sí fue prohibido, por primera vez en la historia del país, se une el fracaso para lanzar una campaña masiva y sostenida de vacunación. Todo esto contribuye para que la nación más poblada de Latinoamérica se hunda en la pandemia en condiciones de las que parece poco verosímil que se levante hasta fines de 2022, pero a la vez emerja como punta de lanza de una crisis global. Nicolelis anticipa que en marzo del año que viene ya se habrá superado la frontera del medio millón de muertes. En un mundo, dice, donde las cumbres de tragedia fueron las de Bergamo en Lombardía y la de Manaos hace unas semanas, lo que ocurra en Brasil en los próximos meses tendrá un protagonismo de la catástrofe cuyos contornos y profundidades nos rehusamos a ver hoy.

Enemigo, amigo

En un país federal como Brasil, la creación de una comisión nacional de respuesta al COVID-19 y una cuarentena nacional de tres semanas son las propuestas de Nicolelis. El presidente Bolsonaro sigue denunciando las cuarentenas. La crisis nacional se vuelve global en la medida en que el gobierno de Brasil se ha vuelto un riesgo exterior y no sólo interior. Después de la derrota de Donald Trump en las elecciones presidenciales norteamericanas de noviembre, Bolsonaro, quien como su colega, modelo y aliado se enfermó y se curó de la COVID-19, y quien como él ha saboteado la distancia social, ha promocionado, como si fueran curas mágicas, remedios de efectos benéficos no demostrados como la la hidroxicloroquina, y ha menospreciado o subvalorado el uso de barbijos, parece merecer sin exageración el título que le confieren pasacalles y pancartas de los opositores que piden su impeachment, el de enemigo global número 1 de la pandemia. O amigo, según se mire.

Sin embargo, Bolsonaro cuenta con apoyos clave, en las Fuerzas Armadas, en el Congreso, pero también en sus bases. Este ex diputado derechista y ex capitán del Ejército debe su llegada al poder en las presidenciales de 2018 a una campaña antipolítica en contra de la vieja partidocracia brasileña y muy en especial en contra del recuerdo de los años de Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y de Dilma Rousseff. Es con el mismo argumento que defiende Bolsonaro su posición ante la pandemia: todo lo que hice, insiste, lo hice para defender a la economía de Brasil y la vida y el bolsillo de los brasileños. "Desde marzo del año pasado, no hubo ni una sola cosa en la que me equivocara", les dijo a sus partidarios esta semana el presidente de 65 años de edad.

No sólo en las calles piden el impeachment de Bolsonoro. Otras figuras del mundo de la política y de la salud pública también piden su cabeza. Ministro de Salud Pública de Brasil durante la pandemia de fiebre porcina de 2009, José Gomes Temporão sostiene que el desempeño de Bolsonaro ha sido tan deficiente que tanto el presidente como los mayores responsables de su administración deben ser llamados por el Congreso o la Justicia a rendir cuentas de sus actos.

No hay un plan nacional en el Ministerio de Salud sobre cómo combatir la COVID-19 en todo el territorio. Después del ensayo con el laboratorio chino Sinofarm, el gobierno de Bolsonaro no se aseguró la provisión de dosis suficientes ni firmó contratos con empresas como Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Hasta ahora, sólo el 3,3% de la población brasileña está vacunada, en comparación con el 15,2% de EEUU y el 18% de Chile. 

Por Alfredo Grieco y Bavio / elDiarioAR

Primero faltó espacio para tumbas, ahora falta en Brasil lugar en las morgues para los cadáveres

6 de marzo de 2021 13:13h

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Luz verde en Estados Unidos para un plan de estímulo de 1,9 billones de dólares

El rescate para contrarrestar los efectos de la pandemia fue impulsado por presidente Joe Biden

El senado estadounidense aprobó un plan de rescate para reactivar la economía, estimular la producción de vacunas y facilitarla reapertura de escuelas. El plan de estímulo volverá la Cámara de Representantes, donde ya fue votado y el presidente cuenta con una sólida mayoría, para aprobar las modificaciones que introdujo el Senado. Se espera que la aprobación final llegue la próxima semana.

 

El senado estadounidense aprobó un plan de estímulo de 1.9 billones de dólares para reactivar la economía de uno de los países más fuertemente azotados por la pandemia de coronavirus. El presidente, Joe Biden impulsó el proyecto que la próxima semana pasará a la Cámara de Representantes. "El 85 por ciento de los hogares estadounidenses recibirán los pagos directos de 1.400 dólares por persona", aseguró Biden horas después ante la prensa. "Es absolutamente esencial para revertir la situación, hacer que los niños vuelvan a la escuela en total seguridad, ofrecer un salvavidas a las pequeñas empresas y derrotar al coronavirus", afirmó.

"Hoy puedo decir que hemos dado un paso gigante para cumplir la promesa que hice a los estadounidenses cuando llegué al poder hace 45 días, de que la ayuda estaba en camino", afirmó Biden ante la prensa en la Casa Blanca.

El plan de rescate incluye la entrega de cheques de estímulo de 1.400 dólares para millones de estadounidenses con ingresos inferiores a los 80 mil dólares anuales. Además de 350.000 millones en ayudas a los Estados y municipios, vacunas y reapertura de escuelas. El proyecto prevé destinar miles de millones para fomentar la investigación del tratamiento y diagnóstico de coronavirus y aumentar el ritmo de vacunación.

"Calculamos que este plan resultará en la creación de unos 6 millones de trabajos, aumentará nuestro PIB en un billón de dólares y pondrá a nuestro país a ganar la competición al resto del mundo, porque el resto del mundo se está moviendo, China en particular", dijo Biden sobre el plan de rescate.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, también elogió el paquete legislativo."Esta ley brindará más ayuda a más personas que cualquier cosa que haya hecho el gobierno federal en décadas", afirmó justo antes de la votación final .

El debate se prolongó durante casi 11 horas luego de que el senador republicano por el estado de Wisconsin, Ron Johnson, forzara la lectura en voz alta de las 628 páginas del proyecto de ley. Finalmente, luego de intentos por parte de los republicanos y algunos senadores demócratas de realizar enmiendas, el texto fue aprobado por 50 votos a favor y 49 en contra.

Desde la oposición del viejo gran partido criticaron el plan de estímulo al que catalogaron de “excesivamente costoso”. Además, consideraron que era muy pronto para aprobarlo porque aún están entregando los fondos del último plan de estímulo aprobado en diciembre, aunque éste finaliza en ocho días.

El ala del partido Republicano en el congreso se mantuvo en bloque. El total de los 49 votos en contra vino de ese partido. “El Congreso nunca había gastado 2 billones de dólares de manera tan inconsistente o a través de un proceso poco riguroso” sostuvo el líder de la minoría republicana y senador por el estado de Kentucky, Mitch McConnell. Los senadores republicanos intentaron ofrecer cifras menores al billonario plan de estímulo de los demócratas. La senadora republicana por el estado de Maine, Susan Collins, ofreció bajar el plan a 650.000 millones de dólares.

El proyecto ahora volverá a la Cámara de Representantes, donde fue aprobado la semana pasada, para votar las modificaciones que introdujoel Senado. En la Cámara baja, donde los demócratas cuentan conun a sólida mayoría, se estima que el paquete será aprobado rápidamente para que el presidente pueda promulgarlo antes del 14 de marzo, cuando finalizan las prestaciones por desempleo del último paquete de ayudas.. A pesar del estrecho margen de votos con el que fue aprobada la ley y al que Biden no se refirió en su discurso ante la prensa, esta es la primera victoria legislativa del presidente demócrata.

Uno de los puntos más críticos que no se pudo debatir fue el aumento al salario mínimo federal, una enmienda que propuesta por el senador demócrata Bernie Sanders. Por razones reglamentarias, la enmienda finalmente quedó eliminada. Actualmente el salario mínimo federal está en 7.25 dólares por hora y el aumento que impulsaba Sanders lo iba a llevar a 15 dólares por hora.

"La clave es que el pueblo estadounidense apoya rotundamente lo que estamos haciendo", afirmó Biden en referencia a encuestas sobre el plan de estímulo que han mostrado el respaldo de entre 60 y 70 por ciento de los ciudadanos. "Este plan nos pone en camino de derrotar el virus y dar la ayuda que necesitan a las familias que más están sufriendo", recalcó.

El plan de rescate es el tercero que aprueba el Senado de EEUU desde que comenzó la crisis por la pandemia de covid-19. El primero fue en marzo de 2020 por 2,2 billones de dólares, luego uno de 900.000 millones de dólares en diciembre de 2020 y que vence el próximo 14 de marzo.

En la actualidad unos 18 millones de estadounidenses cobran una prestación tras haber perdido su trabajo o gran parte de sus ingresos mensuales. En febrero se crearon un total de 379 mil puestos de trabajo, principalmente en bares, restaurantes y otras actividades vinculadas al ocio. También se registraron contrataciones en servicios de salud, ventas minoristas, así como en la industria manufacturera.

Mientras tanto EE.UU., el país que ha sostenido el mayor número de contagios por covid-19, registró más de 62 mil nuevos casos en las últimas 24 horas. Además, registró 2.405 muertes en la última jornada.

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Sábado, 06 Marzo 2021 05:26

Lucha por el poder

Lucha por el poder

Armenia, república ex soviética que para sobrevivir como Estado necesita la decisiva presencia militar de Rusia, está inmersa en una grave crisis política que no es sino resultado de la lucha por el poder entre el primer ministro, Nikol Pashinian, la cúpula militar y la oposición, que no le perdona la humillante derrota frente a su vecino Azerbaiyán, apoyado por Turquía, en la reciente guerra por el disputado territorio de Nagorno-Karabaj.

Poco más de una semana después de empezar, sigue sin resolverse el conflicto entre el primer ministro y la cúpula militar, que en un hecho inusitado desde que es país independiente, exigió su dimisión en un comunicado del Estado Mayor del ejército firmado por 40 oficiales de alto rango.

El desafío castrense –que comenzó en respuesta a una desafortunada declaración de Pashinian, quien, pasados unos días, se vio obligado a reconocer su equivocación al afirmar que "estallaron al impactar sólo 10 por ciento de los misiles rusos usados en la guerra"– recibió el respaldo de la oposición, que se volcó a la calle para sumarse a la demanda, mientras el agraviado premier también sacó a sus seguidores, convirtiendo Ereván, la capital armenia, en escenario de manifestaciones simultáneas tanto en favor como en contra del gobernante.

En ese contexto, el presidente armenio, Armen Sarkisian, quiso dejar de ser una figura nominal e intentó mediar entre las partes, negándose en dos ocasiones a firmar el decreto que cesa al líder de los militares, Onik Gasparian, acusado por el primer ministro de encabezar un intento de golpe de Estado, que sigue ocupando el cargo.

Más temprano que tarde este enfrentamiento, que genera cada día más inestabilidad en Armenia, tendrá como desenlace o la renuncia forzada de Pashinian o la convocatoria de elecciones anticipadas. El problema es que el primer ministro no quiere dimitir y sólo acepta someterse al examen de las urnas bajo sus propias reglas, esto es, si antes se somete a referendo el cambio de sistema en el país de parlamentario a presidencialista.

Para Rusia, el único país del espacio postsoviético libre de injerencias foráneas es Armenia y cualquier cambio violento de gobernante ahí es "asunto interno de los armenios", siempre que no afecte sus bases militares en la estratégica región del Cáucaso del Sur.

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