Asesinados en Colombia 155 defensores de los Derechos Humanos en 2018

Los departamentos en los que hubo más homicidios fueron el Cauca, uno de los que tiene más conflictos sociales del país, con 28 casos, según el informe de la ONG Programa Somos Defensores.

El año 2018 fue uno de los más sangrientos para los defensores de derechos humanos en Colombia por el asesinato de 155 de ellos, lo que supone un 46,2% más que los 106 homicidios de 2017, según el informe anual de la ONG Programa Somos Defensores que fue divulgado este martes.


El Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh) registró que el 90% de los asesinatos fueron cometidos contra hombres, el 9% contra mujeres y el 1% contra miembros de la comunidad LGTBI.


"Este aumento de asesinatos en el 2018 indica que fue uno de los años con mayor número de victimizaciones y vulneraciones al ejercicio de la defensa y el liderazgo social en Colombia", destaca el informe.


Los departamentos en los que hubo más homicidios fueron el Cauca, uno de los que tiene más conflictos sociales del país, con 28 casos, seguido de Antioquia, con 24; Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10).


De los 155 asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos y siete dirigentes sindicales. También fueron asesinados seis afrocolombianos, tres que abogaban por las víctimas del conflicto armado, tres líderes educativos, tres defensores de la restitución de tierras, dos del medioambiente y uno LGTBI.
"Al igual que en años anteriores son los directivos de las Juntas de Acción Comunal (JAC) quienes encabezan esta lamentable lista con 63 asesinatos, frente a los 29 casos del 2017, es decir, existió un preocupante incremento del 117,2%", subraya la información.


Las JAC son formas de asociación y organización de las comunidades, especialmente rurales, para buscar soluciones a los problemas de su entorno.


En cuanto a la autoría de los homicidios, en 111 de los casos, equivalentes al 73 %, los presuntos responsables son desconocidos; en 16 casos (10 %), grupos herederos de los paramilitares; en 12 casos fueron disidentes de las FARC (8 %); otros nueve fueron asesinados por la guerrilla del ELN (5 %), y siete por la fuerza pública (5 %).


"Frente a por qué se presentan tantos casos cometidos por desconocidos, se entiende que la razón puede estar en el temor de los familiares o miembros de las comunidades a denunciar por razones de seguridad, dada la complejidad de los contextos. La otra razón puede estar relacionada a que la mayoría de los asesinatos son cometidos por sicarios", detalló el informe.


Por otra parte, el documento señala que el año pasado hubo 805 agresiones contra líderes sociales entre "amenazas, atentados, desapariciones, detenciones, judicializaciones, robos de información y asesinatos".


Eso supuso un crecimiento del 43,7% con respecto a las 560 de 2017 y significa además que fueron agredidas 2,2 personas por día, lo que convierte al 2018 en "el año con más ataques registrados por este sistema de información".


Según el documento, el crecimiento de las agresiones contra los defensores de derechos humanos obedeció a que "el Estado no estuvo en la capacidad de aprovechar la oportunidad histórica que se ofreció con la desmovilización" de la guerrilla de las FARC tras la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.


En ese sentido, el informe, financiado por la embajada de Noruega en Colombia y las agencias de cooperación Misereor, Diakonia y Terres des Hommens, añadió que "las acciones por parte del Gobierno no fueron suficientes y la implementación de los acuerdos de paz se dio de manera lenta y poco efectiva".


También señaló que el desarrollo del punto uno del acuerdo de paz, el de "reforma rural integral", es clave para evitar los asesinatos, pues las cifras del Siaddhh evidencian que "la defensa de la tierra y del territorio aparece como una de las causas que más tratan de ser silenciadas por diferentes actores, lo que se refleja en los registros de agresiones".
En el informe se detalló además que de las 805 agresiones, 503 fueron amenazas, 155 asesinatos, 34 atentados, 19 judicializaciones, seis robo de información, cuatro detenciones y cuatro desapariciones.


Las cifras divulgadas por Somos Defensores son más altas que las del informe anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que registró el asesinato de 113 líderes sociales en 2017 en el país.

23/04/2019 19:35 Actualizado: 23/04/2019 19

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La posición radical de EEUU contra el aborto fuerza a la ONU a rebajar sus recomendaciones para proteger a mujeres violadas en una guerra

Bajo la amenaza de veto, EEUU ha obligado este martes a eliminar de una resolución del Consejo de Seguridad toda referencia a la necesidad de dar a las víctimas acceso a servicios de salud sexual y reproductiva


"Queríamos tener la salud sexual y reproductiva en la resolución, pero estaba claro que no era posible. Para una delegación no era una opción", explicó el representante alemán, impulsor de la resolución

Bajo la amenaza de veto, Estados Unidos ha obligado este martes a eliminar de una resolución de la ONU sobre violencia sexual en conflictos toda referencia a la necesidad de dar a las víctimas acceso a servicios de salud sexual y reproductiva ante la posición radical del gobierno de Trump respecto al aborto.

La administración de Donald Trump, que ve en ese lenguaje un apoyo implícito al aborto, logró en el último momento que el resto de países aceptasen eliminar esa parte del texto para permitir así su adopción.


Al final, la resolución salió adelante con 13 votos a favor (incluido el de EEUU) y dos abstenciones, de Rusia y China, que habían forzado junto a Washington otros cambios en el proyecto, eliminando por ejemplo una propuesta para crear un mecanismo encargado de vigilar crímenes sexuales en las guerras.


El gobierno de Trump, sobre todo de la mano del vicepresidente Mike Pence, ha convertido la lucha contra el aborto en una de sus prioridades, también en el ámbito exterior.
En 2017, Trump aprobó una orden ejecutiva que prohíbe el uso de fondos del Gobierno para subvencionar a grupos u organizaciones sanitarias en el extranjero que ofrezcan o informen sobre prácticas abortivas.


El actual Ejecutivo estadounidense también ha combatido en distintos foros de la ONU referencias a la salud sexual y reproductiva.


En el caso de la resolución del Consejo de Seguridad, Washington fijó ese asunto como una "línea roja" y advirtió que vetaría el texto si no se eliminaba, según fuentes diplomáticas.
El lenguaje en cuestión ya figuraba en resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad, que habitualmente no da marcha atrás en conceptos que ya han sido aprobados.


El borrador presentado por Alemania reconocía la "importancia de dar asistencia a tiempo a los supervivientes de violencia sexual" y urgía a las entidades de la ONU y a los donantes a facilitar "servicios sanitarios no discriminatorios y amplios, incluyendo salud sexual y reproductiva, así como apoyo psicosocial, legal y de sustento".


Para lograr que la resolución saliese adelante, la delegación alemana accedió a última hora a retirar ese párrafo, lo que llevó a Estados Unidos a votar a favor.


"Queríamos tener la salud sexual y reproductiva en la resolución, pero estaba claro que no era posible. Para una delegación no era una opción", explicó a los periodistas el embajador alemán, Christoph Heusgen.


Según Heusgen, a cambio de retirar ese párrafo, se insiste en el texto en la vigencia de una resolución anterior sobre el tema, en la que sí figuraba la salud sexual y reproductiva.
Los países europeos fueron los que más pelearon por mantener esa cuestión en el texto adoptado este martes y, en algunos casos, criticaron abiertamente la postura de Estados Unidos, un tradicional aliado.


"Estamos consternados por el hecho de que un Estado haya exigido la retirada de la referencia a la salud sexual y reproductiva", dijo el embajador francés, Francois Delattre, que subrayó la importancia de esa cuestión a la hora de proteger los derechos de las mujeres.


Pese a los cambios de última hora, Alemania defendió que la resolución supone un "hito" y un paso adelante en favor de las víctimas de violaciones y otros abusos durante las guerras.
Según el secretario general de la ONU, António Guterres, la comunidad internacional tiene que seguir presionando para terminar con la "impunidad" de la que disfrutan la mayor parte de los crímenes de este tipo.


"Pese a un puñado de condenas de perfil alto, hay una amplia impunidad para la violencia sexual en los conflictos. La mayoría de estos crímenes nunca se denuncian, investigan o persiguen", dijo Guterres.


Junto al portugués, intervinieron ante el Consejo de Seguridad el congoleño Denis Mukwege y la iraquí Nadia Murad, ganadores del Premio Nobel de la Paz por su lucha a favor de los derechos humanos y contra la violencia sexual, que exigieron justicia para las víctimas.


La abogada de derechos humanos Amal Clooney, que representa entre otros a Murad y otras yazidíes víctimas de la organización terrorista ISIS, demandó la creación de un tribunal especial para juzgar las atrocidades cometidas por los yihadistas contra mujeres.


En ese sentido, recordó los procesos contra el nazismo tras la Segunda Guerra Mundial e insistió a las potencias en que este es "su momento de Nuremberg".
"Es su oportunidad para estar en el lado correcto de la Historia. Se lo deben a Nadia y a los miles de mujeres y niñas que ven a miembros de ISIS afeitarse sus barbas y volver a una vida normal, mientras ellas, las víctimas, nunca podrán", insistió.


24/04/2019 - 11

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Soldados israelíes disparan a un menor palestino maniatado y con los ojos vendados

El Ejército investiga el tiroteo, que fue grabado por el fotógrafo Mohammad Hmeid en un asentamiento cerca de Belén.

 

Las imágenes captadas por Mohammad Hmeid reflejan la situación que viven los palestinos en Cisjordania: Osama Hajajra, un estudiante de apenas quince años, recibe un disparo de las tropas israelíes, quienes previamente lo habían maniatado y vendado los ojos.


El fotógrafo palestino ha subido varias fotos y un vídeo a su cuenta de Facebook, donde explica que el joven resultó herido de bala el pasado jueves tras intentar escapar de los soldados.


Antes de ser tiroteado, el menor había sido arrestado por haber presuntamente lanzado piedras contra vehículos en un asentamiento israelí, según el diario israelí Haaretz, que informa que los soldados le dispararon en la ingle en la aldea de Tekoa, cerca de Belén.


En ese momento, Osama Hajajra tenía los ojos vendados y las manos atadas en la espalda. Cuando varios palestinos trataron de socorrerlo, fueron apuntados por las tropas israelíes, aunque finalmente pudieron trasladarlo a un centro médico.


El Ejército israelí ha abierto una investigación debido a la actuación violenta de los soldados, quienes perseguían a un menor indefenso cuyo caso permanecería silenciado si no fuese por el fotógrafo Mohammad Hmeid, cuyas imágenes han servido como denuncia de las malas formas de las Fuerzas Armadas de Israel.


El diario Haaretz cita a testigos que aseguran que fue atendido en una clínica de Beit Jala, cerca de Belén. Las imágenes muestran como un soldado atiende al herido mientras otro amenaza con su arma a los palestinos presentes en la escena del tiroteo para que no se acerquen al herido.

22/04/2019 18:40 Actualizado: 22/04/2019 18:46

público

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El hotel Capri de La Habana, perteneciente a la cadena internacional NH.

La norma permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes confiscados tras la revolución.

 

El gobierno de Donald Trump anunció nuevas medidas contra el gobierno cubano. El 2 de mayo entrará en vigor una norma que permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes confiscados tras la revolución. La medida se produce por el levantamiento de la suspensión del título III de la ley Helms-Burton de 1996, que endureció el embargo al país caribeño. Esto termina con una exención de dos décadas, pese a las advertencias de sus socios de la Unión Europea y Canadá. El gobierno cubano repudió la medida.


“Cualquier persona o empresa que tenga negocios en Cuba debe prestar atención a este anuncio”, advirtió a la prensa el canciller estadounidense Mike Pompeo. En detalle, la sección de la norma estadounidense que entrará en vigor permite iniciar acciones en sus tribunales contra las empresas que registren ganancias gracias a activos que hayan sido nacionalizados durante la revolución de 1959.


Tras la declaración, Cuba manifestó su rechazo a la medida. Su canciller, Bruno Rodríguez, escribió en Twitter: “Es un ataque al Derecho Internacional y a la soberanía de Cuba y de terceros Estados. Agresiva escalada de Estados Unidos contra Cuba fracasará. Como en Girón, venceremos”. El encargado de la diplomacia cubana hizo referencia a la victoria en la Bahía de Cochinos que ayer cumplió 58 años.


La subsecretaria estadounidense del departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, aclaró que no habrá exenciones para ninguna empresa. La funcionaria dijo que los únicos negocios que serán afectados por la entrada en vigor de la norma serán las empresas que operan en propiedades confiscadas a cubanos que han emigrado a Estados Unidos. “Creo que la gran mayoría de las empresas europeas no tienen que preocuparse por estar operando en Cuba”, dijo la funcionaria.


Cuando la ley fue adoptada hace más de dos décadas, el departamento de Estado estimó que existían unas 200.000 demandas potenciales. Pero desde entonces, los gobernantes estadounidenses postergaron la entrada en vigor de esa cláusula cada seis meses, para evitar problemas con países aliados. Breier aseguró que Estados Unidos ha estado en contacto cercano con sus aliados durante el proceso de definiciones sobre el título III de la Ley Helms-Burtonque. Sin embargo, la Unión Europea, principal socio comercial de Cuba desde 2017, y Canadá manifestaron ayer su disgusto por la activación del artículo en una declaración conjunta, y prometieron proteger los intereses de sus empresas ante la Organización Mundial del Comercio. En una carta a Pompeo previa al anuncio, el bloque había advertido que la activación del artículo podría generar represalias. Más tarde, junto a Canadá, calificó la decisión de lamentable, y advirtió sobre la espiral innecesaria de acciones legales que podría derivar de ella. En la declaración conjunta, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, así como la canciller canadiense, Chrystia Freeland, reiteraron que la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales sobre Cuba es contraria al derecho internacional.


El Consejo de Comercio y Economía Estadounidense-Cubano, una organización con sede en Nueva York que impulsa los vínculos bilaterales, dijo que empresas con ingresos combinados de 678.000 millones de dólares podrían ser objeto de demandas. Según esta organización, entre las empresas que enfrentan potenciales recursos hay aerolíneas internacionales, incluyendo compañías estadounidenses como Delta y United, cadenas de hoteles como Marriott y la francesa Accor, y sociedades tan diversas como la marca francesa de bebidas Pernod Ricard y el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei.


Cuba, que sufre un embargo estadounidense desde 1962, es acusada por Washington de apoyar al presidente venezolano Nicolás Maduro, cuyo gobierno es desconocido por Estados Unidos desde que el líder opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento, se autoproclamara presidente interino de Venezuela en enero pasado y el gobierno de Trump rápidamente lo reconociera como mandatario legal de su país. Para sacar a Maduro del poder, ha aplicado sanciones financieras y petroleras contra la colapsada economía venezolana. En el marco de estas sanciones, penalizó también a empresas que llevaban crudo venezolano a la isla.


El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó en Twitter: “ El gobierno va a seguir rompiendo los vínculos reprehensibles que han contribuido al declive de Venezuela. Estados Unidos va a seguir tomando acciones duras contra los regímenes que apoyan la fallida dictadura de Maduro”. El vínculo entre Cuba y Washington se deterioró aún más desde la llegada a la Casa Blanca de Bolton, quien ya había anunciado antes acciones directas contra lo que denominó la “troika de la tiranía”, integrada por Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ayer, tras el anuncio, tuiteó: “Esta decisión sirve como advertencia al régimen cubano de que estamos preparados para hacerlo responsable por sus violaciones a los derechos humanos y continua represión al pueblo cubano. Siempre vamos a luchar por la liberad del pueblo cubano”.


La subsecretaria del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental explicó que la medida se entiende dentro de la política que ha seguido el magnate neoyorquino en relación a la isla. “Esta es parte de una trayectoria que ha seguido el gobierno”, afirmó.

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Primera fila, de izquierda a derecha, en tercer lugar el padre Javier Giraldo acompañando a la Comunidad de Paz

La utilización de acciones jurídicas se constituye en una nueva herramienta para seguir atentando contra los habitantes que conforman la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, así lo demuestra la acción de tutela interpuesta por la Brigada XVII del Ejército Nacional contra la Comunidad de Paz, tutela fallada en la Sentencia 327 del 5 de octubre de 2018, mediante la cual pretenden hacer retractar a las comunidades de sus denuncias públicas que evidencian el accionar conjunto entre militares, policías y paramilitares en la región, supuestamente para proteger el buen nombre y la honra de los militares. Vale la pena decir que estas comunidades desde el año 2005 renunciaron a la utilización de los aparatos judiciales del país, pues han vivido en carne propia la ineficiencia de los mismos y, por el contrario, sus miembros han sido amenazados, perseguidos, desplazados y asesinados luego de interponer denuncia judicial.


El padre Javier Giraldo Moreno, representante de la Comunidad de Paz, envió una carta a la Corte Constitucional en la cual defiende el derecho de las comunidades a negarse a obedecer la sentencia de rectificación, argumentando jurídicamente el por qué es legítimo no hacerlo y dejando claro que los elementos jurídicos utilizados por los militares son ilegales, ilegítimos e inconstitucionales. Aquí la carta completa:


Señores Magistrados
SALA DE REVISIÓN CORTE CONSTITUCIONAL

Ref: Exp.: T-7092205, asignado el 28 de enero de 2019
Exp: T-1401460 Seguimiento Sentencia T-1025/07


De toda consideración.

En mi condición de representante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, habiendo actuado ante esa Honorable Corte en los procesos de revisión que dieron origen a las Sentencias T -249/03, T-327/04, T-1025/07, así como en el seguimiento a esta última y sus Autos consecutivos 164/12, 693/17 y Auto del 7 de septiembre de 2018, y conocedor de la Acción de Tutela interpuesta por la Brigada XVII del Ejército Nacional contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fallada en la Sentencia 327 del 5 de octubre de 2018 por la Juez Segunda Promiscua de Apartadó y de la solicitud de su revisión (Exp. T-7092205), asignada a la Sala de Revisión el 28 de enero de 2019 por Insistencia del Defensor Nacional del Pueblo, me permito aportar el siguiente escrito en calidad de AMICUS CURIAE, cuyo contenido puede tenerse en cuenta también para el seguimiento de la Sentencia T-1025/07 (Exp: T-1401460).

La Brigada XVII del Ejército Nacional, con sede en Carepa, Antioquia, solicitó a la Juez de conocimiento de Apartadó proteger los derechos a la honra, al buen nombre y a la intimidad de los militares adscritos a ella y a sus unidades menores, lesionados por las referencias que la Comunidad de Paz hace sobre el comportamiento de los militares en sus comunicados o Constancias Históricas difundidas en su página web. La Brigada solicita que la Comunidad rectifique las informaciones y que allegue a la fiscalía y a la misma Brigada las pruebas de los comportamientos ilícitos de los militares, y la juez acoge su solicitud en la sentencia.

Como la Honorable Corte lo conoce suficientemente, dadas las diversas sentencias emitidas en relación con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y los Autos que han tratado en vano de hacer cumplir las órdenes de sus sentencias y de los autos consecutivos, esta Comunidad de Paz desde el año 2005 renunció a utilizar en su defensa al aparato judicial y a colaborar con él de alguna manera, luego de experimentar durante 8 años que, en lugar de obtener algún acto de justicia y protección, más bien ponía en riesgo a sus miembros, ya que los testigos y declarantes, numerosos en esos primeros años, llegaban a ser estigmatizados, perseguidos, desplazados o asesinados y que, al examinar un buen número de expedientes, se evidenciaban numerosos mecanismos de corrupción e impunidad, como la Comunidad se lo compartió a todas las Altas Cortes en el Derecho de Petición radicado el 19 de enero de 2009. Dicha ruptura con la justicia la Comunidad la fundamentó en el Artículo 18 de la Constitución Nacional, según el cual “nadie puede ser obligado a actuar en contra de su conciencia”. Esto explica que la Comunidad no haya respondido a los requerimientos de la juez de tutela.

Pero fuera del problema procedimental, el cual hay que discernirlo a la luz de la imperatividad del artículo 18 de la Constitución considerado como principio de alta jerarquía constitucional, existen otros elementos jurídicos que hacen ilegal, ilegítima e inconstitucional la pretensión de los militares, los cuales pongo a consideración de la Honorable Corte:

Este litigio pone en juego el derecho a la libre expresión, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Nacional. Este derecho fue examinado profundamente en la Sentencia T-1025/07 (referida a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó) y hace parte de su núcleo doctrinal de fondo. En la Parte IV de dicha sentencia, donde se aborda la “Revisión por parte de la Corte – Consideraciones y Fundamentos” (No. 12, pag. 79) se afirma: “La libertad de expresión ocupa un lugar preferente en el ordenamiento constitucional colombiano, no sólo por cuanto juega un papel esencial en el desarrollo de la autonomía y libertad de las personas (CP art. 16) y en el desarrollo del conocimiento y la cultura (CP art. 71) sino, además, porque constituye un elemento estructural básico para la existencia de una verdadera democracia participativa (CP arts 1º, 3º y 40). Por ello, en numerosas decisiones, esta Corporación ha destacado la importancia y trascendencia de esta libertad[1], que protege no sólo la facultad de difundir y expresar opiniones e ideas, o libertad de expresión en sentido estricto, sino también la posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, o derecho y libertad de informar y ser informado.”

Si se tiene en cuenta, además, la jurisprudencia internacional sobre el tema, es importante referirse a la Declaración de principios sobre la libertad de expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 20 de octubre de 2000, donde se establecen estos principios:


(1) “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”
(2) “Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
(5) “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.
(11) “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.

Por otra parte, hay derechos muy claros consagrados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de marzo de 1999 (A/RES/53/144), en su Declaración conocida como el compendio de derechos de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos: en su artículo 6 establece el derecho de toda persona, individual o colectivamente: “a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como a debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en la ley como en la práctica, y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de esos medios y de otros medios adecuados”.

Esta Declaración de la Asamblea General no deja duda alguna respecto al derecho que asiste a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó A PUBLICAR Y DIFUNDIR INFORMACIONES QUE PERMITAN DEBATIR SI ESOS DERECHOS SE OBSERVAN O NO, NO SOLO EN LA LEY SINO EN LA PRÁCTICA Y A SEÑALAR A LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO ESAS CUESTIONES POR MEDIOS ADECUADOS.

El ejercicio de un derecho como éste, fundamentado tan claramente en la jurisprudencia y la doctrina internacional, obedece también a circunstancias contextuales que es bueno tener en cuenta:

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, desde que tuvo claro que su conciencia ética le impedía colaborar con una “justicia” que no llenaba los mínimos requisitos para llamarse tal, como ampliamente se documentó en el Derecho de Petición a las Altas Cortes del 19 de enero de 2009, buscó caminos alternativos para que los crímenes de que era y sigue siendo víctima no se quedaran en la total impunidad. Su primer camino escogido fue llevar sus casos a tribunales internacionales y así lo hizo acudiendo, tanto a la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, como a la Corte Penal Internacional, a la Audiencia Nacional de España y explorando otros espacios de jurisdicción universal, procesos todos que son muy prolongados y demandan costosos requerimientos. Otro camino, que creyó debía ser más expedito, fue el recurso al derecho constitucional de petición ante el Jefe de Estado, esperando que por vía administrativa tomara decisiones exigidas por su condición de garante de derechos, fundamentada en varios artículos de la Constitución Nacional; sin embargo, los numerosos derechos de petición radicados en los despachos de los últimos 4 presidentes, no dieron resultado alguno, pues los presidentes los remitieron siempre a los ministros de defensa, solidarios de la alta oficialidad castrense, los cuales jugaron un papel sistemático de encubrimiento y complicidad, dando respuestas saturadas de evasiones, negaciones y falsedades que permitieron siempre mantener incólumes las estructuras criminales de la región y sin investigación ni sanción alguna a los oficiales responsables de los crímenes. Presidentes y ministros se negaron, además, a suministrar los nombres de los agentes de la fuerza pública que estuvieron presentes en los días, horas y lugares donde fueron perpetrados los crímenes, y desacataron con inflexible contumacia las sentencias y autos de la Corte Constitucional que les ordenó reiteradamente suministrar esos nombres. Un tercer camino que ha sido casi concomitante con la larga existencia de la Comunidad de Paz, ha sido el recurso a la sociedad civil, sin esperar de ella decisiones judiciales sino sólo éticas y políticas, pues se funda en el derecho de la especie humana a conocer el respeto o irrespeto con que los aparatos de Estado tratan la dignidad humana y en el derecho a pronunciarse, a protestar y a defender la vida y los derechos fundamentalmente humanos desde la opinión pública universal; este camino se ha alimentado a través de las Constancias Históricas que se difunden por las redes sociales y que en este caso son el blanco de ataque de las Brigada XVII y de la Juez Segunda Promiscua de Apartadó.

Otro elemento del contexto que vale la pena tener en cuenta es el esfuerzo que ha hecho la Comunidad de Paz para que la administración de justicia pueda regenerarse. Por muchos años la Comunidad clamó para que se constituyera una Comisión de Evaluación de la Justicia, pues su trágica experiencia le fue mostrando que el aparato judicial desconocía la independencia de poderes y que recurría a métodos excesivamente perversos para construir testimonios y pruebas falsas para condenar a inocentes o para absolver a culpables, violando todos los principios rectores de los códigos vigentes y de los tratados internacionales y comprando la complicidad de fiscales, jueces, procuradores, magistrados y defensores. Cuando el líder histórico de la Comunidad, Luis Eduardo Guerra, fue masacrado con su familia el 21 de febrero de 2005, estaba empeñado en conseguir que se constituyera esa Comisión. Gracias al Auto 164/12 de la Corte Constitucional, dicha Comisión se pudo constituir pero sufrió el boicot interno de los funcionarios participantes, llegando a su plazo máximo de funcionamiento sin haber examinado un solo expediente. A la Comunidad le asiste la convicción de que la justicia no puede funcionar rectamente si no se enfrenta ese pasado lleno de podredumbres, tanto para descubrir y establecer correctivos como para purificar su personal, excluyendo y sancionando a quienes la han convertido en un ámbito repugnante del delito, y además para reparar, al menos moralmente, a las víctimas.

En el Auto 693/17, la Corte no insistió en reconstruir la Comisión de Evaluación de la Justicia sino que propuso que los casos de la Comunidad de Paz fueran remitidos a la Jurisdicción Especial de Paz –JEP-. La Comunidad ha examinado a fondo las posibilidades de justicia con que cuenta la JEP y le elevó una consulta documentada a su Presidenta, la cual fue respondida ampliamente en un documento que confirma sus dudas y temores. En primer lugar, la interpretación laxa que está haciendo la JEP del requisito para que un victimario (y consiguientemente sus víctimas) se acojan a ella: el que los hechos estén relacionados “directa o indirectamente con el conflicto armado” o se hayan perpetrado “con ocasión del conflicto”, distorsiona radicalmente las características de los crímenes sufridos por la Comunidad de Paz, cuya identidad esencial consiste justamente en no participar en el conflicto armado ni colaborar ni convivir con ningún actor armado. Si los victimarios de la Comunidad alegan relación alguna con el conflicto para poder acogerse a la JEP, eso solo es posible hacerlo apoyándose en calumnias infames que les hicieron creer que la Comunidad era lo mismo que la guerrilla. Esa infamia distorsiona radicalmente cualquier intento de justicia. Por otra parte, las diversas manipulaciones políticas del Estatuto de la JEP la inhabilitaron para ejercer justicia de acuerdo a los parámetros y normas del Estatuto de Roma: le quitaron la posibilidad de juzgar la responsabilidad de los jefes de Estado, y si algo llega a ser de absoluta evidencia, para quien lea y analice los 87 derechos de petición, con los horrores que allí se describen y los clamores apremiantes a los presidentes para salvar vidas, integridades y derechos de los miembros de la Comunidad y de los campesinos de su entorno, es que los presidentes fueron los máximos responsables del horror, por no atender clamores tan justos y urgentes de las víctimas y por no cumplir deberes tan esenciales de su cargo. La misma Corte Penal Internacional ha venido cuestionando la redacción tergiversada que se le dio a los artículos sobre responsabilidades de mando de los militares, para acomodarlos a una descarada impunidad. Otros artículos perversamente modificados por los poderes políticos han llenado de trabas la tipificación de los crímenes de lesa humanidad y de las prácticas genocidas; las causales de sistematicidad; la incriminación a empresarios, políticos y funcionarios civiles cuyo papel no pocas veces fue determinante de los crímenes y de su impunidad. Todo esto se envuelve en un manto más gigantesco aún de dudas y oscuridades, cuando se percibe la ausencia absoluta en el SIVJRNR de estrategias de No Repetición. La creencia de que dejar intactas las instituciones y las estructuras que permitieron y favorecieron los horrores es “garantizar la no repetición” no es, en absoluto, de recibo. Queda claro que la JEP no es el escenario que pueda hacer mínima justicia a la Comunidad de Paz.

La revisión de esta sentencia de tutela debería abordar, en sana lógica, los factores que han llevado a una comunidad campesina agobiada por los más horrendos crímenes sistemáticos, a limitarse a la reacción más primaria de una víctima: el grito de auxilio ante sus semejantes. Y ese el último atajo elementalmente humano que la Brigada y la juez quieren cerrar en esa sentencia de tutela.

Anexo a este Amicus Curiae el libro “En las entrañas del Genocidio”, que sistematiza el informe de fondo solicitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 12325 y el CD: Anexos al Informe 21 Años de Ignominia, con copias de los procesos desarrollados en 21 años sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Con toda consideración,


Javier Giraldo Moreno, S. J.
C.C. 3.515.984 Dirección: carrera 5 No. 33-B-02, Bogotá, D. C. Tel: 2456181

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El director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización de Colombia, Andrés Stapper, reveló este lunes que desde la firma del Acuerdo de Paz fueron asesinados 128 excombatientes de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).


El Gobierno implementó más de 199 esquemas de protección solicitados por colectivos de exguerrilleros de las FARC-EP, dijo el funcionario.


Sus declaraciones ocurrieron a raíz de la conmoción causada en diferentes sectores de la sociedad y, sobre todo, entre los miembros del ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, por el asesinato de un bebé de siete meses de nacido, hijo de un exguerrillero, el pasado domingo.


Stapper condenó el crimen y aseguró que las autoridades iniciaron las investigaciones para dar con los responsables que causaron la muerte al menor al disparar contra sus padres en el departamento La Guajira.


Según versiones de los familiares, el menor habría sido uno de los “bebés de la paz”, porque nació en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Tierra Grata, en Cesar.
Líderes del partido de las FARC y organizaciones defensoras de los derechos humanos se pronunciaron este lunes sobre el asesinato y exigieron garantías al Gobierno para quienes dejaron las armas y se comprometieron con la paz y la reconciliación de Colombia.


El reconocido abogado y defensor de los derechos humanos Alirio Uribe comentó en su perfil de Twitter que “ni los bebés se salvan de los sicarios en Colombia”.
El 24 de noviembre de 2016, en Bogotá, culminaron los diálogos de paz entre el gobierno colombiano encabezado por el expresidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP.


(Con información de teleSUR y Prensa Latina)

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Paramilitarismo en plena acción: espionajes; invasión y control de tierras y reiteración de amenazas.

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.


Avanza este año 2019 y la situación sigue siendo muy difícil pues el paramilitarismo se encuentra en el punto más alto de lo ilegitimo, no se alcanza a saber por qué tanta barbarie y el Estado lo sigue permitiendo, las tropas militares entran por las veredas supuestamente detrás de los paramilitares para contrarrestarlos pero no es así, pues estos grupos paramilitares no han sido perseguidos por nadie, claro es que se mantienen cerca de las casas de la población civil o en los puntos más frecuentados por los campesinos y colocan allí sus puntos de informantes. Es de público conocimiento que alias “René”, antiguo combatiente del Frente 58 de las FARC-EP, se posesionó como comandante paramilitar de la zona y coordina las diversa formas de control de la población civil, como impuestos, restricciones, actividades de las juntas comunales etc.


En las últimas semanas se han presentado supuestos enfrentamientos entre militares de la brigada XVII y grupos paramilitares en la vereda Mulatos de San José de Apartadó los cuales han sido mencionados en los medios de comunicación en los cuales se informó de bajas e incautación de material de guerra, pero detrás de estos supuestos combates están las amenazas que sigue recibiendo la población civil por parte de los paramilitares, supuestamente por informar de su presencia a la comunidad nacional e internacional.


Los hechos de los cuales dejamos constancia son los siguiente:


• El jueves 21 de febrero de 2019, durante nuestra conmemoración de los 14 años de la masacre del 21 de febrero de 2005 perpetrada por los paramilitares y la fuerza pública, allí, los paramilitares estuvieron todo el tiempo al asecho de nuestra Comunidad de Paz, pues así lo manifestaron ellos mismos a algunos pobladores en la misma vereda, donde manifestaron: “sabemos cuáles son los temas que tratan en las reuniones de esa comunidad y todos los requisitos que tienen las personas que cumplir para ser parte de esa comunidad”. También les aconsejan a los campesinos que no entren a hacer parte de esa comunidad “porque esa comunidad no durará mucho tiempo”.

• El jueves 14 de marzo de 2019, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz fue informada de un supuesto plan que tendrían algunos colaboradores de los paramilitares, entre ellos alias “pollo”, quien en septiembre y octubre de 2018 amenazó de muerte por vía celular a nuestro representante legal Germán Graciano, esta vez lo hace desde la vereda Arenas Altas, anunciando atentar contra nuestra comunidad si seguimos entrando allí con nuestras comisiones de trabajo, lo cual se ha venido dando cada 8 días para realizar labores de trabajo en una de nuestras propiedades privadas allí.

• El miércoles 20 de marzo de 2019, en horas de la tarde, llegó a nuestra Comunidad información de una nueva amenaza de los paramilitares contra nuestro representante legal Germán Graciano.

• El jueves 4 de abril de 2019, mientras miembros de la Comunidad de Paz llegaron al caserío de Arenas Altas para sembrar un lote de maíz, encontraron que un grupo de 7 pobladores de la zona, entre los cuales se encontraba el reconocido paramilitar alias “pollo”, había ocupado la finca y se encontraban también haciendo siembras de maíz sin permiso de la Comunidad que es la propietaria de ese terreno. Una delegación de la Comunidad se acercó a hacerles el reclamo, pero ellos respondieron que sólo estaban allí “ganándose un jornal”, lo que quería decir que detrás de ellos había alguna entidad que había decidido invadir el terreno ajeno. Uno de los pobladores, a quien en la zona llaman “El Viejo”, les dijo a los miembros de la Comunidad que ésta tenía que retirar de internet todas las constancias en las cuales le dañan su imagen, pero la Comunidad le respondió que a él nunca lo han mencionado en las constancias. Sin embargo, el poblador que hizo este reclamo, estaba entre los promotores de la invasión.


El 23 de marzo nuestra Comunidad de Paz conmemoró sus 22 años de existencia. Varios amigos de la Comunidad se desplazaron desde Bogotá. En la mañana se hizo una marcha hacia el caserío de San José donde nació nuestra Comunidad; allí se dio lectura nuevamente a la Declaratoria de creación de la Comunidad; se realizó una visita a las ruinas del Centro de Formación construido por la Comunidad y destruido por quienes luego llegaron allí invitados por la fuerza pública para repoblar el espacio abandonado. En la tarde se realizaron varias actividades culturales de carácter interno y se hizo memoria de toda nuestra historia.


Desde nuestro territorio amado y oprimido agradecemos las muchas voces de ánimo que recibimos desde el país y el mundo, pues todo su apoyo político y moral nos da mucho valor para seguir adelante, en resistencia, en este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio de las más inconfesables bajezas.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Abril 15 de 2019

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El 'acuerdo del siglo' de Trump excluye la creación de un estado palestino

Durante más de dos años EEUU ha estado preparando el "acuerdo del siglo" entre israelíes y palestinos. Su publicación es inminente pero las filtraciones que se han producido hasta ahora muestran una parcialidad de Washington a favor de Israel y que condena a los palestinos a vivir en los bantustanes que se han creado en Cisjordania en las últimas décadas.


El "acuerdo del siglo" entre Israel y los palestinos que la administración de Donald Trump tiene previsto anunciar en los próximos días no prevé la creación de un estado palestino soberano en los territorios ocupados por Israel en la guerra de 1967, informó el lunes The Washington Post.


Algunos detalles de ese plan elaborado durante dos años bajo la dirección del yerno de Trump Jared Kushner, se han filtrado en las últimas semanas, pero en medios palestinos ya se ha decidido que el acuerdo en realidad responde exclusivamente a las ideas del primer ministro Benjamín Netanyahu, unas ideas que son inaceptables para el presidente Mahmud Abás.
El domingo Abás declaró que las conversaciones con la administración estadounidense son "inútiles". "Los próximos días serán testigos de acontecimientos muy difíciles. El primer desafío del gobierno palestino es el ‘acuerdo del siglo’", añadió. El presidente palestino interrumpió los contactos oficiales con Washington en diciembre de 2017, cuando Trump reconoció unilateralmente Jerusalén como capital de Israel.


Abás continuó: "Hemos rechazado este acuerdo desde el principio puesto que no incluye Jerusalén (como capital del estado palestino), y no queremos un estado sin Jerusalén o sin Gaza". Este planteamiento lo han defendido los palestinos desde que se inició la conferencia de Madrid en 1991.


Según el Washington Post, los comentarios de Kushner y de otros funcionarios estadounidenses sugieren que "el plan descarta la estatalidad como premisa de partida de los esfuerzos de paz". De un plumazo, los estadounidenses echan por tierra la idea central de la paz entre Israel y los palestinos que ha estado vigente durante más de dos décadas.
Este lunes, la canciller Angela Merkel conversó telefónicamente con Netanyahu para felicitarlo por su reciente victoria electoral. Fuentes oficiales israelíes indicaron que la canciller evocó la creación de un estado palestino para resolver el conflicto, una idea que choca frontalmente con el contenido del artículo del Washington Post, donde solo se prevé una especie de "autonomía" limitada sobre ciertas zonas de Cisjordania.


Tras conocer la noticia, el líder palestino Saeb Erekat respondió que lo que plantea la Casa Blanca "no es un acuerdo de paz sino un acuerdo para destruir el proceso de paz y el derecho internacional". No cabe duda de que la dirección palestina deberá replantearse sus puntos de vista de una manera clara y quizás asumir que la vía del diálogo se ha agotado.
Un funcionario de Washington calificó el viernes el plan de "justo, viable, realista y aplicable", y añadió que puede mejorar la vida cotidiana de los palestinos y crear expectativas positivas en la región. Kushner y su equipo no mencionaron que a cambio de la paz los palestinos quedarán recluidos permanentemente en los bantustanes en los que están viviendo desde que Israel inició su empresa colonial, y sin poder poner los pies en Jerusalén.


La única salvación que los palestinos vislumbran en el horizonte, y que es muy débil, pasa por la Unión Europea. Para ello, Bruselas debería actuar con energía y estudiar la adopción de sanciones contra el estado judío por violación sistemática del derecho internacional y por incumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, un paso que parece imposible que Bruselas sea capaz de dar.


Lo contrario, es decir que la UE continúe como hasta ahora, con una parálisis completa, solamente sirve para que Israel siga practicando el "juego democrático", que es lo que vende sin descanso a Europa, y que tiene como contrapartida expandir sin descanso las colonias en los territorios ocupados, una situación que Israel presenta como irreversible, no solo Netanyahu sino también el líder de Azul y Blanco Benny Gantz.


El lunes más de una treintena de exaltos funcionarios europeos –incluidos seis exprimeros ministros, 25 exministros de Exteriores y dos exsecretarios generales de la OTAN- publicaron una carta en la que instan a aplazar el "acuerdo del siglo" argumentando que es injusto con los palestinos. Los firmantes aducen que la posición de la administración Trump es unilateral en favor de Israel y no contempla la creación de un estado palestino.


Los exaltos funcionarios piden a Europa que rechace el "acuerdo del siglo". "Ha llegado el momento de que Europa defienda nuestros parámetros de principios para la paz en Israel-Palestina", dice la carta. Y añade que Europa debería rechazar cualquier plan que no cree un estado palestino al lado de Israel con Jerusalén como capital de los dos estados.
"Desgraciadamente, la actual administración de EEUU se ha apartado de la tradicional política de EEUU", denuncian los firmantes, quienes añaden que al reconocer Jerusalén como capital de solo una de las dos partes en conflicto, Washington muestra parcialidad en sus decisiones. Además, EEUU "ha mostrado una preocupante indiferencia ante la expansión colonial israelí", concluyen los firmantes.

JERUSALÉN
16/04/2019 08:18 Actualizado: 16/04/2019 08:18
EUGENIO GARCÍA GASCÓN

 

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China prueba con éxito el primer bote anfibio teledirigido del mundo

Con un rango de operación máximo de 1.200 km, el Marine Lizard puede ser controlado de forma remota a través de satélites, aseguran funcionarios chinos.

 

China ha probado con éxito el primer bote de ataque anfibio no tripulado, que según analistas militares de ese país, podría ser utilizado en operaciones de desembarco y ataques a tierra, y es capaz de formar una tríada de combate con aviones y barcos no tripulados, informó este lunes el portal chino Global Times.


Con un rango de operación máximo de 1.200 km, el Marine Lizard puede ser controlado de forma remota a través de satélites, afirmó un funcionario anónimo chino citado por el portal.
El Marine Lizard, de 12 metros de eslora y construido según las tecnologías de sigilo, es propulsado gracias al sistema hidrojet ―propulsión mediante un chorro de agua― y puede alcanzar una velocidad máxima de 50 nudos.


Al acercarse a tierra, el bote anfibio puede lanzar cuatro unidades de rastreo continuo ocultas debajo de su casco y viajar a 20 km por hora en tierra, según el informe.
La carga útil del Marine Lizard incluye un sistema electro-óptico y un radar. Su compartimiento de armas está equipado con dos ametralladoras y un sistema de lanzamiento vertical para misiles antiaéreos.


La embarcación es capaz de navegar de forma autónoma, evitar obstáculos y planificar rutas.
El experto anónimo también señaló que el Marine Lizard puede formar un sistema de combate integrado mar-tierra no tripulado con aviones teledirigidos y otros buques con similares características.


El mismo es guiado por el sistema de navegación por satélite BeiDou, de producción china.

Publicado: 15 abr 2019 17:35 GMT

La desembozada presión de EE.UU. sobre Maduro

El ex director de la CIA reunió apoyos en Chile, Paraguay, Perú y Colombia para la estrategia de sancionar al gobierno venezolano. Hoy se reúne el Grupo de Lima.

Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, ex director de la CIA, estuvo ayer por la tarde en la ciudad colombiana de Cúcuta, frontera con Venezuela. Estuvo acompañado del presidente Iván Duque, el canciller Carlos Holmes, y la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez. Recorrieron el centro de acopio de ayuda humanitaria, y el puente internacional Simón Bolívar, puntos que el 23 de febrero pasado habían sido centro de atención mediático-política cuando, según habían anunciado, ingresarían camiones con ayuda a Venezuela.


Pompeo y Duque brindaron una rueda de prensa conjunta luego de reunirse. “Los Estados Unidos continuarán utilizando toda vía económica y política a nuestra disposición, para ayudar a los venezolanos a través de sanciones, cancelaciones de visas, otros medios”, afirmó Pompeo, quien finalizó con esa jornada la gira que realizó entre el viernes y el domingo a Chile, Paraguay, Perú y finalmente Cúcuta, donde el punto principal en cada reunión fue Venezuela.


Duque, por su parte, se refirió al compromiso de mantener su apoyo para lograr la “defensa irrestricta de los principios democráticos en Venezuela”, resaltando la importancia de haber logrado el reconocimiento del enviado por el autoproclamado Juan Guaidó a la Organización de Estados Americanos, y la reunión del Grupo de Lima de hoy en Chile. “Estamos con ustedes para la derrota de la dictadura y recuperar la libertad”, finalizó.


Pompeo regresa así a Estados Unidos luego de su gira y reunión con los presidentes de cada uno de los países, en un contexto marcado por la necesidad de reordenar estrategias respecto a Venezuela, luego de una serie de acciones que no lograron su objetivo para forzar la salida de Nicolás Maduro. En simultáneo a su recorrido estuvo el de Elliot Abrams, encargado especial de norteamérica para Venezuela, quien fue a España y Portugal.


Los ejes principales abordados en cada caso y país fueron la necesidad de aumentar las sanciones tanto macroeconómicas –como el caso de Repsol que podría tomar medidas– así como sobre dirigentes del chavismo, la dimensión de la situación humanitaria, y el señalamiento de la dimensión geopolítica en la amenaza que representa Venezuela para EE.UU., a través de lo que señalan son sus alianzas con Rusia, Cuba, China e Irán.


La cuestión de la intervención militar estuvo presente de manera menos marcada. Pompeo y Abrams volvieron a ratificar que todas las opciones se encuentran sobre la mesa, aunque nuevamente no profundizaron al respecto en un contexto donde sus aliados, tanto del Grupo de Lima, como de la Unión Europea, han insistido en que toda resolución debe ser pacífica y democrática.


En ese marco de la gira de Pompeo también fueron abordados temas bilaterales con cada uno de los países, a la vez que una dimensión transversal que fue repetida en cada rueda de prensa: la amenaza que representan las inversiones chinas en el continente. El caso paradigmático fue en Chile, donde el secretario de Estado declaró que “cuando China hace negocios en lugares como América Latina, a menudo inyecta capital corrosivo en el torrente sanguíneo económico, dando vida a la corrupción y erosionando el buen gobierno”. A su vez amenazó con “tomar decisiones sobre donde ponemos nuestra información”, en caso de que el gobierno de Chile avance en una posible alianza con la empresa Huawei. Xu Bu, embajador de China en Chile, respondió: “El Sr. Mike Pompeo ha perdido la cabeza y ha llegado demasiado lejos”.


La tensión alrededor de ese punto ratificó el destiempo existente entre la dimensión política de los vínculos entre los gobiernos alineados a la estrategia norteamericana y la dimensión económica. No es la primera vez que esto queda evidenciado, forma parte de las tensiones que esta vez fueron parte de la agenda central en una etapa marcada por la disputa entre EE.UU. y China, que tiene el epicentro en la dimensión de la tecnología y la innovación.


La gira de Pompeo fue seguida con atención desde Venezuela, en días donde la agenda política tuvo dos tiempos. Por un lado, el chavismo recordó las jornadas de abril del 2002 cuando el golpe de Estado contra Hugo Chávez logró ser derrotado, para lo cual tuvieron lugar tres días de actividad de movilización, con el cierre el día 13 de abril con una gran demostración de fuerza de la Milicia Bolivariana, que, según anunció Nicolás Maduro, llegó a 2 millones 200 mil milicianos y milicianas.


La derecha por su parte mantuvo su agenda de actividades centradas en zonas de Caracas, y luego, el fin de semana, en el estado Zulia, frontera con Colombia. Allí Guaidó realizó recorridas, discursos, una movilización en la ciudad de Maracaibo, en una hoja de ruta que sigue sin proponer horizontes y objetivos que parezcan cerca de poder realizarse, lo que explica parte de las dificultades para no tener un decrecimiento de expectativas.


La reunión del Grupo de Lima de hoy tendrá lugar a más de un mes de la anterior. Allí se verán resultados de los acuerdos tomados en la gira de Pompeo, en particular en lo económico y lo diplomático. La hipótesis militar sigue fuera de agenda pública, aunque sí en los ámbitos privados: se supo que el pasado miércoles tuvo lugar una reunión organizada por el think tank Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), en Washington, donde acudieron enviados de Guaidó en EE.UU., el ex jefe del Comando Sur, funcionarios y ex funcionarios del Departamento de Estado, de la Usaid, asesores de Donald Trump, entre otros, para abordar este tema.


 Un mensaje disciplinador

Por Gustavo Veiga

 

Estados Unidos profundiza en estos días su ofensiva hacia los países de América Latina que no se disciplinan a su política. Su secretario de Estado Mike Pompeo culminó una gira por la región porque ve “una oportunidad de asociarnos con verdaderas democracias”. Ergo, aquellos gobiernos que se suman a la arremetida contra Nicolás Maduro como Chile, Paraguay, Perú y Colombia. Para este miércoles 17, en el 58º aniversario de la fracasada invasión a Cuba en Playa Girón, John Bolton, el asesor en seguridad nacional de Donald Trump, prometió anuncios injerencistas desde Miami. EE.UU. también sancionó el viernes pasado a cuatro empresas que trasladan el petróleo con que Venezuela abastece a la isla del Caribe. Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro, lo informó en un comunicado. En el recrudecimiento de medidas cada vez más duras hasta la ligó el presidente de Bolivia, Evo Morales. El Senado norteamericano se pronunció el jueves por unanimidad contra la posible reelección del mandatario en octubre. Es muy factible que esta dinámica de intervención progrese. Estados Unidos siempre invocó cuestiones estratégicas para entrometerse en los asuntos internos de cada nación indócil.


En la primera escala de su viaje por América del Sur, Pompeo llenó de elogios al mandatario chileno: “Quiero aplaudir al presidente Piñera por ayudar a aislar al presidente Maduro y demostrar compasión por las personas inocentes que escapan de la crisis económica y humanitaria en su país”. De Santiago partió hacia Paraguay, no sin antes agradecerle al gobierno trasandino la creación del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur). Un nuevo bloque regional de gobiernos de derecha que pretende presentarse como la contracara de la Unasur.


A su llegada a Asunción, el secretario de Estado declaró: “Hay que trabajar en equipo” en alusión a cómo hay que intervenir en Venezuela junto a los países aliados de EE.UU. Se reunió con el presidente Mario Abdo Benítez y definió una pretensión obvia, aunque la historia lo desmienta. “Paraguay y Estados Unidos son aliados estratégicos”, dijo. Lo real es que un funcionario de la jerarquía de Pompeo no viajaba a la tierra de Augusto Roa Bastos desde 1965. Pasaron 54 años. La gira continuó el sábado en Lima, donde el funcionario fue recibido por el presidente peruano Martín Vizcarra y finalizó ayer en Cúcuta, Colombia, ciudad fronteriza con Venezuela.


En su breve estadía en esta localidad convulsionada por la migración de venezolanos y que acumula toneladas de ayuda humanitaria, Pompeo hizo una recorrida junto al presidente colombiano Iván Duque, uno de sus principales aliados. Su presencia en el lugar sonó a una nueva provocación diplomática. Si a eso se pareció la visita del secretario de Estado en la frontera con Venezuela, el anuncio de que Bolton brindará un discurso en Miami pasado mañana –cuando se cumpla el 58º aniversario de la invasión a Cuba en 1961– es la reivindicación de un fracaso armamentista. “Encantado de anunciar que el 17 de abril me uniré a la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos en Miami para dar un discurso sobre los importantes pasos que está dando el gobierno para afrontar amenazas a la seguridad relacionadas con Cuba, Venezuela y la crisis democrática en Nicaragua”, escribió en Twitter. Bolton definió en noviembre pasado a los tres países que mencionó como “la troika de la tiranía” o el “triángulo del terror”.


Estas expresiones de cowboy para todo servicio suelen relativizar el afán de lucro que buscan las corporaciones de EE.UU. Citado por Efe, John Kavulich, el presidente del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, considera que Bolton podría aprovechar su discurso para volver a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo para el Departamento de Estado, aunque ésa sería una atribución de Pompeo y no de este asesor presidencial. El empresario Kavulich es el mismo que en 2017 definió al expresidente Barack Obama como “el último de los salvavidas de la Revolución Cubana, porque ya no había más personalidades disponibles para salvar a Cuba”. Crítico del gobierno de La Habana, pero hombre de negocios al fin, lo único que le interesa es que funcionarios como Bolton no dinamiten los pocos puentes que quedan tendidos entre los dos vecinos.


Resulta evidente que el gobierno de Trump quiere que se produzca un efecto dominó con Cuba y Venezuela. Si se endureciera aún más la ley Helms-Burton de marzo de 1996, como lo determina su título III –y que ha estado congelado por 21 años–, cualquier compañía que no sea de EE.UU y comercie con Cuba podría ser sometida a represalias si se valiera de bienes confiscados por la Revolución. A sus dueños incluso podría prohibírseles el ingreso a Estados Unidos. En otras palabras, se reforzaría el principio de extraterritorialidad a que son tan afectos en la Casa Blanca.


El presidente cubano, Miguel Díaz Canel, responsabilizó el sábado a Estados Unidos de haber hecho retroceder las “precarias” relaciones bilaterales “hasta el peor nivel” en 60 años. Lo hizo ante la Asamblea Nacional en La Habana, que también cuestionó de manera “total” lo que ya se descuenta. Una vuelta al pasado bajo las peores condiciones del bloqueo como se determina en el título III de la ley del ‘96. El parlamento cubano se pronunció así dos días después de que el Senado de EE.UU. le pidiera a Bolivia que Evo Morales evite su aspiración de ir por un cuarto mandato.


La Cámara Alta aprobó el jueves un proyecto de los legisladores del Partido Demócrata, Bob Menéndez y Dick Durbin y el republicano Ted Cruz bajo el argumento de que “Bolivia se encamina a una dirección muy peligrosa, alineándose con regímenes ilegítimos e ilegales, incluido el de Maduro en Venezuela”. La respuesta del vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, no demoró: “Estados Unidos es una potencia decadente en las que sus clases medias están siendo duramente golpeadas. Es un país que tiene problemas de pobreza, exclusión. Son problemas que tienen que ser resueltos por sus autoridades en vez de entrometerse en asuntos internos de otros países”.


El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) habilitó a Morales para que se postulara a una tercera reelección en noviembre de 2017. Un referéndum celebrado el 21 de febrero de 2016 había arrojado un 51 % por la negativa a esa aspiración en votación muy cerrada. El Senado, uno de los poderes del Estado en EE.UU, se sintió con derecho a intervenir en los asuntos internos de Bolivia. Igual que lo hizo el secretario del Tesoro Mnuchin con relación a Venezuela: “el petróleo pertenece al pueblo venezolano, y no debería ser usado como una herramienta de negociación para respaldar dictadores y prolongar la opresión”, dijo el banquero que aplica las sanciones de Estados Unidos en un comunicado. Igual concepto que el aplicado en Irak y Libia.


La detención de Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres completó la escalada de ataques a países, gobiernos o personas que no se disciplinan al nuevo orden planetario. Sobre el fundador de WikiLeaks pesa un pedido de extradición de Washington porque lo considera una amenaza a su seguridad. Igual que Cuba, Maduro, Evo y ahora el activista australiano al que entregó de pies y manos el presidente ecuatoriano Lenín Moreno.

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