▲ Donald Trump, como otros imperialistas de su país, sueña con adquirir Groenlandia.Foto Ap

Más tardé en escribir "Los políticos daneses afirman que Groenlandia no está en venta. Lo peor es que quizá no sepan que Trump va a arrebatar y/o liberar Groenlandia al estilo antimexicano del siglo XIX", que al día siguiente Trump se enfrascaba en un duelo verbal con Mette Frederiksen, premier del Reino de Dinamarca, y cancelaba su visita a Copenhague (https://bit.ly/2THgNth). Trump espetó que la premier danesa no tiene interés en discutir la compra de Groenlandia.

No fue coincidencia la Nueva Estrategia Militar del Pentágono en el Ártico, que comprende a Groenlandia para contrarrestar la alianza de Rusia y China en la Nueva Ruta de la Seda Polar (https://bit.ly/2Nm4qBG).

Mes y medio más tarde Trump ofreció "comprar" Groenlandia.

La premier danesa afirmó que la "compra" es una "discusión absurda" y "ha sido claramente rechazada", pero se mantenía abierta a discutir la importancia geopolítica( sic) del Ártico (https://on.wsj.com/2Hkakzi).

En forma traviesa, Trump mensajeó que “promete no construir una Torre Trump en Groenlandia (https://bit.ly/30jXaK9)”.

Lo que menos interesa a Trump es fomentar el desarrollo inmobiliario de la isla autónoma habitada por 56 mil nativos inuit en más de 2.16 millones de kilómetros cuadrados.

Más allá de la captura de los "minerales de tierras raras" de Groenlandia –que serviría para contrarrestar el abasto de "minerales de tierras raras" de China, vitales para la tecnología de Estados Unidos (https://bit.ly/31OipEe)–, lo que está en juego es el bloqueo de la Ruta de la Seda Polar.

Paul Musgrave, de la Universidad de Massachusetts Amherst, comenta en Foreign Policy que “los imperialistas estadunidenses siempre ( sic) han soñado con Groenlandia”. Considera que la "compra" por Trump “ejemplifica sus valores decimonónicos (https://bit.ly/2NpfL3O)”.

A mi juicio, más que retornar a las prácticas imperiales del siglo XIX, Trump manifiesta más bien su proclividad por el siglo XVII: con la llegada en 1620 de los puritanos evangelistas del Mayflower –fundamento bíblico para su cruzada supremacista de los WASP (https://bit.ly/2JFEXmC)–, al unísono de la propensión por el mismo siglo XVII al que retrocede Kissinger, uno de sus principales inspiradores, en su libro Orden Mundial (https://amzn.to/2M4EyH6).

Kissinger se olvida de la fallida globalización financierista de EU en el siglo XXI, para retrotraerse cuatro siglos atrás hasta el concepto de "soberanía" gestado por el Tratado de Westfalia de 1648.

El irredentismo WASP del siglo XVII quizá epitomice, sumado de su conducta sicológica de sus recientes 29 años (https://bit.ly/31REoKw), el verdadero Trump que los daneses del siglo XXI, en la fase del declive europeo, no consiguen escudriñar.

Para Trump, la tercera oferta para comprar Groenlandia es la vencida desde hace 152 años.

Trump, cual es su costumbre, ejercerá su clásica "máxima presión" y jugará al trilema de su adicción por los casinos: 1) la "compra" per se –que se ignora el precio y a quién le pagará: si a los 56 mil nativos inuit, que quizá sucumban a la irresistible seducción pecuniaria, y/o al Reino de Dinamarca, a quien le está costando subsidiar financieramente a Groenlandia, de lo cual se aprovecha el presidente número 45; 2) la "liberación" inducida de la hoy autónoma isla que buscaría su independencia, dondeTrump emergería como el gran "libertador" de Groenlandia, ante lo cual se desconoce cómo reaccionará el Reino de Dinamarca, miembro de la OTAN, cuando la Unión Europea es golpeada tanto por el desenlace del brexit como por la crisis gubernamental en Italia debido al contencioso migratorio; y 3) el acomodamiento forzado de Trump con el vulnerable Reino de Dinamarca, donde EU usaría a Groenlandia como una extensa base militar sin tener que pagarle nada a nadie.

La tercera opción es la más elegante, pero con el mismo desenlace.

La región del Ártico, donde destaca la isla autónoma de Groenlandia, se suma a las otras dos regiones –"Indo-Pacífico" y Europa– donde EU se ha sumergido en una "Competencia Estratégica (como la define el Pentágono)" contra Rusia y China.

http://alfredojalife.com

Twitter: @AlfredoJalifeR_

Facebook: AlfredoJalife

Vk: id538054965

Publicado enInternacional
 El comandante del Ejército colombiano, Nicacio Martínez Espinel. LUISA GONZALEZ REUTERS

El general Nicacio Martínez elaboró un documento que llama a “construir una narrativa” unitaria ante la Comisión de la Verdad y el tribunal de paz

Colombia se juega la verdad de su conflicto armado de más de medio siglo. Y los militares son conscientes de la trascendencia y de las consecuencias políticas y legales de ello. A eso apunta una nueva directriz, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, firmada por el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, en la que da pautas a los militares para “la construcción de una narrativa marco del conflicto armado colombiano” ante los requerimientos que hace la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), este último, el tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves de la guerra.

El documento, con el nombre de Plan 002811, del 13 de marzo de 2019, va dirigido a los jefes del Estado Mayor de Comando del Ejército. En él, Martínez les ordena tener un plan coordinado para la comparecencia de militares ante las dos instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC. Y establece las “líneas de contra argumentación” que usará el Ejército ante éstas, en lo que apunta a la construcción de una verdad institucional coordinada.

La narrativa –dice el comandante del Ejército– “busca guiar la posición institucional en los espacios de verdad y memoria histórica” y se hará a través de tres frentes: “Las líneas de contra argumentación, el esclarecimiento de casos emblemáticos y la visibilización de afectación de las víctimas militares”.

En los últimos meses, 2.000 militares se sometieron a la JEP y rendirán versiones sobre su participación en los llamados falsos positivos –ejecuciones extrajudiciales en las que civiles fueron presentados como guerrilleros a cambio de recompensas– y otros casos emblemáticos. “Las líneas de contra argumentación constituirán una guía para las contribuciones que potencialmente hagan los miembros del Ejército Nacional en el marco del trabajo de la CEV (Comisión de Esclarecimiento de Verdad), y eventualmente a la Justicia Especial para la Paz; deberán ser conocidas; discutidas, ampliadas y comentadas entre los potenciales contribuyentes del Ejército al trabajo de la CEV; así mismo incorporadas como directriz de trabajo la institución en los ámbitos de verdad, memoria y justicia transicional”, agrega el documento.

La Comisión de la Verdad –presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux– comenzó a finales del 2018 sus tres años de mandato. Su propósito es entregar un informe final que dignifique a las víctimas y arroje luces sobre el complejo y extendido conflicto colombiano, que involucró a guerrillas, grupos paramilitares y fuerzas del Estado. Es una entidad de carácter extrajudicial, que no pretende aportar una verdad jurídica, pero trabaja en coordinación con la JEP. Esta última es la encargada de juzgar los crímenes más graves, con beneficios judiciales a cambio de confesiones y reparación a las víctimas, en un periodo de 15 años prorrogables por otros cinco.

La Comisión ha venido enfrentando hasta ahora obstáculos de acceso a la información. En los nueve meses de vigencia que tiene la CEV no han recibido ni un solo documento por parte del Ejército. Aunque el informe final del conflicto se entregará en 2021, los comisionados deben tener la información con tiempo para contrastar los hechos.

EL PAÍS buscó comunicarse con la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército para conocer cómo garantizará que esta directriz no incida en los relatos que los militares cuentan ante la Comisión y la JEP, sin obtener respuesta.

El segundo eje del Plan será destacar los “casos emblemáticos” de violaciones al Derecho Internacional Humanitario en los que participaron grupos como las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –hoy desarmadas y convertidas en partido político en virtud del acuerdo de paz sellado a finales de 2016–. Para esto, Martínez le pide a los oficiales que acopien documentos y estadísticas de cómo las FARC afectaron a cada jurisdicción militar. Finalmente, y en línea con estas dos estrategias, el relato institucional del Ejército buscará mostrar cómo estos han sido víctimas del conflicto armado. “La información de las víctimas del Ejército Nacional será enmarcada dentro de dos circunstancias particulares, cuando han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos o graves infracciones al DIH”. Para eso anexan un formato que debe ser llenado por las unidades operativas. Para completar el relato, Martínez también ordena que se haga un listado de las acciones sociales del Ejército en los territorios y la designación de un sociólogo, un oficial de inteligencia y uno de operaciones para la construcción de la narrativa.

En el último año, el Ejército ha estado en la mira de la opinión pública en Colombia por cuenta de otra orden firmada por el general Nicacio Martínez en la que se pedía aumentar las bajas en combate y alimentaba el temor por el retorno de los incentivos que favorecieron los falsos positivos. Tras la controversia, la orden fue retirada. Por otro lado, la cúpula ha enfrentado denuncias de diversos tipos de corrupción que han provocado la salida de la institución de cinco generales.

Por Catalina Oquendo

Bogotá 20 AGO 2019 - 20:24 COT

Publicado enColombia
Turquía y EEUU chocan en Siria por el reparto de la región petrolífera kurda

Después de instalar más tropas con artillería pesada a lo largo de la frontera con Siria, Tayyeb Erdogan anunció con bombo y platillo su intención de invadir la autonomía kurda rodeada de una veintena de bases militares de EEUU.

Consciente de que el Sultán turco cumple con sus amenazas, el gobierno de Trump le ofreció establecer una zona A de 5 kilómetros libres de las patrullas kurdas y otra B controlada por EEUU y países aliados. Ankara lo rechazó, exigiendo una “zona de amortiguamiento” de 32 km de profundidad, libre de las fortificaciones de las Fuerzas Democráticas Siria (FDS), que según el general Raymond Thomas, del Comando de Operaciones Especiales de los EEUU, son las mismas Unidades kurdas de Protección del Pueblo (YPG), a la que le cambiaron de nombre para desasociarlas del grupo “terroristas” de PKK, y facilitar su presencia en las negociaciones sobre el futuro de Siria, pensando que así iba a engañar a Erdogan. Ankara, además, se ofrecer para patrullar esta zona que abarca desde el río Éufrates hasta la frontera sirio-turco-iraquí, y será el asentamiento destinado a 3 millones de refugiados árabes sirios, que en el marco de la política kurdicida turca de “ingeniería demográfica” pretende alterar la composición étnica de la zona. A cambio, se compromete no atacar a las FDS. ¿En serio?

  1. Los kurdos sirios por su parte ofrecen una zona desmilitarizada de 5 km, y ser reemplazada por una patrulla neutral y nunca turca, a cambio de que Ankara retire sus fuerzas “yihadistas” de la región y deje regresar a los kurdos expulsados de sus hogares en Afrin.

Al final, el 7 de agosto, EEUU y Turquía acordaron establecer un centro de operaciones conjuntas en Ankara para coordinar y administrar la “zona segura”, que hará de pasillo para los refugiados, y aunque no habrá tropas turcas en las localidades bajo el control kurdo, sí que los miembros de las FDS podrán ser expulsados en caso de tener lazos con el PKK. EEUU pretende que Erdogan se conforme con Tel Abyad «Colina Blanca», antaño lugar de refugio para cientos de armenios huidos del genocidio a mano de los otomanos, y aparque su plan de exterminar a los kurdos. El (no) “acuerdo” silencia el tamaño de esta zona y la fuerza que la controla, aunque para la tranquilidad de Israel y los países árabes wahabitas que temen al Hermano Musulmán Erdogan, en la patrulla podrán incrustar a los soldados de Egipto, Emiratos Unidos Árabes y los Peshmerga («Quien se enfrenta a la muerte», en kurdo y persa) del Gobierno Regional del Kurdistán en Irak, aliado de Turquía y EEUU.

Los objetivos de Erdogan

Sabemos que Turquía con su poderoso ejército no necesita una ‘zona segura’ para protegerse de los kurdos, que ni se les ha pasado por la mente atacar un enemigo de tal envergadura. Sus posiciones son simplemente defensivas. Por lo que los verdaderos objetivos turcos son:

. Apoderarse del norte de Siria, rica en petróleo, gas, agua y recursos agrícolas, y si puede, anexionarlo a Turquía. Que los kurdos hayan decidido llamarse “Federación Democrática del Norte de Siria“ con el objetivo de atraer a las provincias árabes de Raqqa y Deir ez-Zur, eliminando la palabra ‘Rojava’ «Occidente», (o sea, el Kurdistán occidental, frente a las regiones kurdas en el sur, norte y este en Irak, Turquía e Irán), ha aumentado las preocupaciones turcas.

. Si “la mejor defensa es un buen ataque”, Erdogan amenazando a EEUU con destruir a los kurdos, pretende parar a cambio la imposición de sanciones contra Turquía por sus relaciones con Rusia.

. Con proyectos de construcción de viviendas para los refugiados, beneficiar a las empresas turcas en un momento económico difícil, y llevarse a cambio el petróleo sirio.

. Atraer el apoyo de los chovinistas turcos tras perder la alcaldía de Estambul; por lo que no puede dar marcha atrás y regresar de Siria con manos vacías después de haber gastado miles de millones de euros y destruir tantas vidas. La estrategia magistral de Obama de convertir Siria en un pantano que tragase a los rivales de EEUU e Israel ha funcionado a la perfección: ya controla cerca del 30% del país, sin gran esfuerzo. Y lo más graves para Ankara es que no tiene un Plan B, salvo recurrir a sus “yihadistas” para alargar un fracaso histórico.

. Cumplir con su promesa electoral de expulsar a los refugiados sirios. Pero, a EEUU no le interesa este plan de “la vuelta a la normalidad” en Siria: necesita una guerra aún más larga para declarar a Siria como otro “Estado Fallido”, romperlo en la línea etnoreligioso, consolidar su potencia militar en Eurasia e ir a por Irán, que han sido parte de sus objetivos iniciales. De hecho, ha mantenido las sanciones económicas contra el gobierno de Asad, evitando que gestione la reconstrucción del país.

Este escenario, además de caótico, es también surrealista: Un Tayyeb Erdogan representante del imperialismo turco se está presentando como el campeón de la lucha antiestadounidense en Siria, mientras la izquierda kurda intenta defenderse, con más o menos fortuna, de quienes desde la derecha (turca) e izquierda le tachan de “lacayos de los yanquis”.

El tiempo de EEUU se agota

Sobre qué hacer con los kurdos de Siria, hay dos principales líneas en la política de EEUU:

  1. La que apuesta por crear un estado kurdo, uniendo las áreas kurdas de Irak y Siria, rompiendo ambos países en favor de mini estados controlables basados en el nacionalismo o en la religión, en el cumplimiento del proyecto del Nuevo Oriente Próximo (y a beneficio de Israel). El complejo Militar -Industrial, que vive de estas guerras interminables, y sus representantes Mike Pompeo y John Bolton, tienen esta posición.
  2. La que afirma que la alianza con los kurdos ha sido táctica, ahora son prescindibles y sus efectivos podrán ser sustituidos por armas avanzadas; además, un “Estado Kurdistán” hoy es inviable, por lo que Turquía, que es vital para los intereses de EEUU en Eurasia, debe ser recuperada antes de que sea demasiado tarde, y sólo hay que negociar el precio de la cabeza de los kurdos con Erdogan.

De todas formas, para mantener sus fuerzas militares en un país, EEUU necesita el respaldo de una entidad local (en Irak, en Afganistán, Japón a Alemania se apoya en sus gobiernos), por lo que en Siria necesita de los kurdos, aunque disfrace esta intención con el “compromiso moral” con ellos: saboteará cualquier conversación entre esta milicia y Damasco para retenerla a su lado. Luego, para disuadir a los turcos puede animar al Congreso aprobar una resolución en reconocimiento del Genocidio Armenio, establecer sanciones sobre la economía del país y su políticos, por ejemplo, sin dejar de intentar otro atentado contra Erdogan.

En la otra punta está Donald Trump, quien quiso sacar las tropas de Siria, pero según él mismo la industria militar se lo impidió. EEUU se encuentra en un callejón sin salida y simplemente pretende ganar tiempo: carece de cualquier poder sobre un crecido presidente turco. Por lo que, no podrá detener al ejército turco si éste decide invadir Siria: dejará a los kurdos a la merced de los turcos mientras no haya soldado estadounidense herido.

Ankara se suicida: en el norte de Siria lucha contra los kurdos y EEUU, y en Idlib contra Rusia y Damasco.

Los kurdos, que han sufrido, desde hace siglos, políticas de turkificación, arabización y persificación de sus regiones, colonizadas por los estados que les han perseguido sin piedad, ahora y ante el espejismo del triunfo en el norte de Siria, se plantean ya no “cómo resistir”, sino cómo evitar una nueva ronda de masacre kurda, y aquí es donde la solidaridad internacional es imprescindible.

21 agosto 2019

Publicado enInternacional
Cachemira: nuevos códigos geopolíticos y siete motivos de una crisis planeada

En secreto y sin informar al parlamento indio ni muchos menos a los ciudadanos de Jammu y Cachemira (J&C), el 5 de agosto, el gobierno de Narendra Modi puso en marcha la segunda fase de su plan de anexionar el estado semi independiente de J&C suspendiendo el artículo 370 de la Constitución que protegía los derechos de su población sobre la tierra en la que viven.

Días antes, Modi ordenó el envío de decenas de miles de soldados a esta región para unirse a los 500.000 ya estacionados. Se declaró el toque queda, se bloquearon las redes sociales y los servicios de telefonía móvil y fijo, se puso a los diputados bajo arresto domiciliario, y se detuvieron a miles de personas, entre ellas a los máximos dirigentes comunistas Rajya Sabha Raja y Sitaram Yechury. El toque de queda significa, por ejemplo, que las personas enfermas no puedan acudir a los hospitales ya que no hay ni ambulancias, o morir de parto en casa. Las masivas protestas de la población sólo aumentaron la intensidad de la represión de unos antidisturbios escrupulosamente deshumanizados. 

 La primera fase de la operación tuvo lugar el 14 de febrero cuando la fuerza aérea india atacó un supuesto campo terrorista en Pakistán, al norte de Islam Abad, en venganza por la muerte de 42 miembros de sus fuerzas paramilitares en Cachemira en un atentado del grupo islamista Yesh-e-Mohammad (Soldados de Mahoma) del que Pakistán niega vínculo.

La Cachemira disputada    

El conflicto de hoy es el resultado de la respuesta del colonialismo británico a la independencia de la India, que se dio mediante dos operaciones: 1) Diseccionar la India democrática, creando la República Islámica de Pakistán, y 2) la venta del principado de Cachemira a un maharajá hindú a cambio de acuerdos económicos para de este modo mantenerla bajo su control a través de acuerdos económicos. Más adelante, los territorios de ambos países se irán achicando: En 1962, India pierde a China la región deshabitada Aksai Chin (que significa en árabe «El punto más lejano de China»), situada en el desierto de sal de Ladakh en Cachemira india, tras una breve guerra, por la construcción de una autopista por China, que uniría Tíbet con Sinkiang. Pakistán también se romperá: en 1971 nace de sus entrañas Bangladés: Indira Gandhi lo celebrará con Champaign. 

De este modo, el valle, habitado por 12 millones de personas, se ha dividido en: 1) La parte controlada por India llamada Jammu y Cachemira, con dos tercios del todo el territorio, y nueve millones de habitantes, de los que el 60% son musulmanes, y también a los hinduista de Jumma, los budistas y chiitas de Ladakh, y el glaciar Siachen; 2) la parte administrada por Pakistán que son Cachemira Azad ( «Libre» en las lenguas indoiranias) y la unidad política de Gilgit y Baltistan, que linda con Afganistán y China y es de mayoría musulmana sunnita; y 3) Aksai Chin y el Valle Shaksgam (que le fue cedido por Pakistán en 1961) ya forman parte de la Región Autónoma Uigur de Sinkiang. Aun así, los tres son miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (la OCS). 

Tanto Pakistán como India reclaman la totalidad de las dos primeras partes de Cachemira: uno porque “la mayoría de sus habitantes son musulmanes” (cerca del 80% sunnitas y el 20% chiitas) y la otra porque “históricamente han pertenecido a la India”, estado secular que es el tercer país con mayor número de fieles del islam (unos 150 millones) después de Indonesia y Pakistán. Disputa que ha causado cuatro guerras (1948, 1965, 1971 y 1999), miles de muertos y millones de desplazados.

La importancia estratégica de Cachemira reside en 1) su valor militar al ser el Techo de Asia, un lugar previlejado por vigilar a China, India y Pakistán; importante motivo por el que tanto India como China se oponen a la mediación de EEUU en el conflicto: ¡Saben que, si el Tío Sam pone sus pies allí para “imponer la paz, luego ni Dios puede echarle! , y 2) Los abundantes caudales de agua de la región. 

Los motivos de la guerra 

  1. Si EEUU regala Afganistán a Pakistán, India se quedará con Cachemira”, habrá pensado Modi, tras conocer los acuerdos de paz entre Trump, Talibán y Omran Khan. Según Shahbaz Sharif, el líder de oposición en el parlamento pakistaní, Khan le ofreció a Trump ayudar a su objetivo de retirarse de Afganistán (que es una farsa) a cambio de que su mediación en el conflicto de Cachemira en su favor.
  2. Entorpecer el proyecto del Corredor Económico China-Pakistán, en el que Beijing ha invertido 46.000 millones de dólares, y atraviesa la parte pakistaní de Cachemira para alcanza el puerto de Gwadar en Mar Arábigo. India sabe que una mayor inestabilidad de la región asestaría un buen golpe al proyecto. 
  1. “Colonizar” Cachemira, ofreciendo oportunidades para las empresas indias en esta región, y provocar un cambio demográfico. Pues, la ley suspendida prohibía a los no cachemiríes comprar tierra en la región. 
  2. Guerra por los recursos hídricos del Indo, cuya cabecera se encuentra en la cachemira de India, pero sus aguas pasan principalmente por Pakistán. El Tratado de Indo del 1960 asigna a Nueva Delhi la gestión del 20% de dichos recursos y el resto a Islam Abad con los que riega los cultivos en Pakistán para alimentar a 40 millones de personas. El aumento descontrolado de la población en ambos países, el calentamiento global que ha provocado la evaporación de los ríos y la pérdida del volumen del glaciar de Himalaya, la rápida industrialización de la India y la desertificación de Pakistán, han renovado la lucha por el Oro Líquido. Pakistán ahora teme que Modi siga construyendo represas y canales disminuyendo el flujo de Indo o le corte el agua como hizo durante la guerra de la independencia (1947-1948), secando sus cultivos: “Agua y sangre no pueden correr al mismo tiempo” , advierte India, utilizando el asesinato de sus solados en los atentados “yihadistas”.
  3. Recuperar la soberanía sobre Cachemira pluriétnica fue una de las promesas electorales del Modi en 2014. El lema “India para los hindúes” del Partido de extremaderecha fundamentalista y anti-musulmán Rashtriya Swayamsevak Sangh del presidente Modi, -quien está desmantelando el estado secular del país por el suprematismo hinduista-, ha provocado dentro de la propia india el aumento del ataque de los grupos fascistas a las minorías no hinduistas del Estado.

6 . Utilizar Cachemira para distraer a la población de los graves problemas del país (como que casi la mitad de la población de 1.352.millones no tiene un baño y defeca al aire libre), señalando a Pakistán como el enemigo, que no su régimen neoliberal-integrista.  

  1. Los generales islamistas Pakistán, interesados en el enfrentamiento, así renuevan la política del uso del “yihadismo”, movilizando a los Talibán de cachemira y otros grupos terroristas que operan en la zona.  El poder y el papel del ejército indio no es menor en la política de su país: la Ley de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas de 1958, le otorga licencia para actuar como un ejército de ocupación en las regiones autónomas. 

Cachemira y las potencias 

EEUU, que utilizó a Pakistán, durante la Guerra Fría, para hacer de contrapeso a la India No Alineada y ser la fábrica del “Yihadismo” (a propuesta del Dr. Brzezinski), y así destruir a las fuerzas de izquierda en toda la región, con el fin de la URSS, y sobre todo con la Doctrina anti-China de Obama de “Regreso a Asia”, fue tirado a la papelera.  Obama será el único presidente de EEUU que viajó dos veces a la India con el objetivo de 1) impedir la formación de la Chindia fruto de una alianza entre los dos gigantes asiáticos, y 2) evaluar su capacidad para producir artículos baratos para el mundo y expulsar a China de este mercado. No pudo ser, quizás porque Nueva Delhi pensó que “quien tiene un tío en Alcalá, no tiene tío ni tiene ná”: EEUU estaba demasiado lejos, y no le convenía llevarse mal con los chinos. A demás, la pantomima del asesinato de Bin Laden fue el último clavo a una relación desastrosa con Islam Abad. Donald Trump, que ha fusionado la política anti-china con la anti-iraní, asegura que Modi no le informó de su plan. En esta crisis, EEUU prefiere no debilitar a India: aunque no reconocer la soberanía de Delhi sobre Cachemira, tampoco respalda la independencia de una región desorganizada que podrá convertirse en un campo de batalla de grupos armados y potencias extranjeras. 

China ha criticado duramente la suspensión unilateral del estatuto de Cachemira. En este juego de alianzas, Beijín está con Pakistán que es 1) un socio de bajo costo para mantener a raya a India, 2) el destino del 40% de sus exportaciones de armas, 3) un instrumento para influir sobre los acontecimos de Afganistán, donde la OTAN le tiene como su principal objetivo. A China que no le vendría mal que los indios se desgastasen en el conflicto de Cachemira, aunque pide una solución negociada entre ambos países. 

Rusia al contrario de EEUU y China se siente más cómoda con India, quizás por fuertes lazos heredados de la era soviética. Kremlin es consciente de la necesidad de Delhi a contar con al menos una potencia mundial a su lado. Los dos países están unidos en el grupo BRICS, y han formado una asociación estratégica, con la que Rusia intenta romper las sanciones que sufre de Occidente aprovechando el inmenso mercado indio: han acordado triplicar el volumen del comercio bilateral, que hoy es de 10.000 millones de dólares. India además es un destacado cliente de armas rusas: compró en 2018 el defensa antiaérea S-400, por 5.200 millones de dólares. 

Israel ha encontrado en Narendra Modi al hermano gemelo de Benjamín Netanyahu, el padre del “anti-musulmanismo”, (que no anti-islamismo, teniendo en cuenta que islam y judaísmo son religiones hermanas). Modi pone fin a la tradicional política anticolonialismo de la India y su defensa al pueblo palestino, y convierte a Israel en su principal proveedor de armas, en cuyo suelo los soldados indios aprenden técnicas antiterroristas para oprimir manifestantes y realizar tareas de vigilancia e inteligencia contra los activistas; Tel Aviv, además es para Modi un enlace directo con la Casa Blanca. A cambio, Israel encuentra en India un aliado contra el único país “musulmán” poseedor de armas nucleares: Pakistán.

***

Para los generales de los ejércitos de ambos países, que ganan miles de millones de dólares para “defender el país” del enemigo de al lado, la paz no es una opción. Las escaramuzas y una guerra de baja intensidad justifican su importante papel en la política, con unas 140 ojivas nucleares, que posee cada uno, mantendrán el equilibrio del terror. 

En una situación tan compleja las potencias emergentes están deshaciendo las viejas normas estratégicas, haciendo “ensayo y error” en busca de nuevos paradigmas. Sólo así se puede comprender por qué India ha empezado un peligroso juego que difícilmente podrá controlar. Por cierto: la población de Cachemira que vive en la extrema pobreza también tendrá algo que decir.

Publicado enInternacional
¿Trump busca comprar Groenlandia para contener a Rusia y a China en el Ártico?

ANTECEDENTES: Desde hace 12 años sigo la geopolítica del Ártico donde Rusia y China han sembrado a EU: "La nueva guerra gélida por los hidrocarburos del Ártico" (https://bit.ly/308c3PH); "Rusia nacionaliza las aguas profundas del Ártico" (https://bit.ly/2NdAojo); "Rusia y China, juntos a la conquista del Ártico" (https://bit.ly/2YYbmMq); "La Ruta de la Seda polar de China: un país casi ártico" (https://bit.ly/2L4TQwj ); "Rusia y China impulsan la Ruta de la Seda del Ártico y siembran a EU" (https://bit.ly/2KFIT5h).

Recientemente abordé que "Rusia se posiciona en el Ártico con apoyo de China y la hostilidad de Estados Unidos y el Reino Unido" (https://bit.ly/2DLeL4w) y "EU niega el cambio climático y exaspera al Consejo del Ártico en la reunión de Finlandia" (https://bit.ly/2Yu8Cl0).

HECHOS: No es ninguna "broma", como se han burlado los políticos en el reino de Dinamarca, la oferta inmobiliaria de Trump para comprar Groenlandia.

The Wall Street Journal ( WSJ), muy cercano a Trump, reveló el interés del presidente por el "autónomo" territorio de más de 2.16 millones de kilómetros cuadrados (un poco más que México) con 56 mil habitantes nativos inuit, estratégicamente situado entre el Nor-Atlántico y el Ártico (https://on.wsj.com/31GW5wa).

WSJ comenta que Trump contempla a Groenlandia, de enorme "relevancia geopolítica", como pieza importante para los "intereses de seguridad nacional de EU" y con quien poseen un tratado añejo de defensa, extensivo a Dinamarca (miembro de la OTAN), donde destaca la base aérea Thule (desde 1952), donde espían a Rusia con sus radares.

EU busca descarrilar los esfuerzos chinos para tener un pie económico en Groenlandia, donde el Pentágono "bloqueó a China para financiar tres aeropuertos en la mayor isla del planeta".

No es la primera vez que EU "compra" territorios, cuando no los obtiene por la fuerza militar ( v. gr. con México, a quien le arrancó más de la mitad de su territorio en el siglo XIX): Louisiana (con 15 estados, comprada a Napoleón en 1803 por Thomas Jefferson), Alaska (comprada en 1867 a Rusia) y las Islas Vírgenes (vendidas, por cierto, por Dinamarca en 1916).

La motivación de Trump, según WSJ, radica en su deseo de tener "una adquisición tipo Alaska para su legado".

Trump se mueve en el linaje de Andrew Johnson y Truman quien en 1946 intentó comprar Groenlandia que ya había sido objeto de la codicia de EU desde 1867.

Más allá de las consabidas perogrulladas sobre los recursos primarios de Groenlandia –minerales de tierras raras, oro, carbón, zinc, cobre, hierro, uranio, diamantes, gas, petróleo, depósitos de pescados, "el agua más pura", etcétera–, Trump usa su "compra" para contrarrestar el nuevo dominio del binomio de Rusia y China en el super estratégico polo Ártico que con el cambio climático se transformará en una de las principales Tres Rutas de la Seda.

El legislador del Partido Republicano, Mike Gallagher, reclamó que se trata de "una jugada geopolítica inteligente" y recalcó que "EU tiene un irresistible (sic) interés estratégico en Groenlandia" (https://bit.ly/2KPhXyN).

The Economist aduce que su valor estratégico consiste en “controlar un vital punto de estrangulamiento ( choke point) marítimo”: el “corredor entre Groenlandia, Islandia y Gran Bretaña, conocido como la "brecha GIUK" que fue un importante conducto para los submarinos rusos que entraban al Átlántico durante la guerra fría”, donde ahora la "Flota Norte de Rusia ha incrementado 10 veces su patrullaje submarino" (https://econ.st/2YXingf).

CONCLUSIÓN: En medio de alarmantes sucesos en el Gran Tablero del Ajedrez Mundial contra China –guerra comercial de EU; anexión de Cachemira por India; venta de armas de EU a Taiwán; estímulo por Gran Bretaña a la secesión en Hong Kong (https://bit.ly/2HcfJZ9) etcétera–, la temeraria jugada estratégica de Trump es susceptible de provocar a Rusia, lo cual desembocaría en la militarización de la región del Ártico.

Los políticos daneses afirman que Groenlandia "no está en venta". Lo peor es que quizá no sepan que Trump va a arrebatar y/o "liberar" Groenlandia al estilo antimexicano del siglo XIX.

http://alfredojalife.com

Facebook: AlfredoJalife

Vk: alfredojalife

Publicado enInternacional
Oscar Pinto, Máscara, 40 x 60 cm. (Cortesía del autor)

–Toma un poco más de té –ofreció solícita 

la Liebre de Marzo.

–Hasta ahora no he tomado nada –protestó Alicia en tono ofendido–, de modo que no puedo tomar más.

–Quieres decir que no puedes tomar menos –puntualizó el Sombrerero–. Es mucho más fácil tomar más que nada.

–Nadie le pedía su opinión –dijo Alicia.

–¿Quién está haciendo ahora observaciones personales? –preguntó el Sombrero en tono triunfal.

Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas

 

¿A quién, más que a nadie, le interesa la paz en Colombia? ¿Quién debe asumir las banderas de la paz en el país cuando se es testigo de un regreso del péndulo hacia épocas que se intentaron dejar atrás –bajo la premisa de “no repetición– con los Acuerdos de Paz”? Al cumplirse el primer año del gobierno Duque, son múltiples las evaluaciones, por distintos actores, de cuánto se ha avanzado en la implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP), en especial, en lo relacionado con el punto dos sobre participación política. Más allá de las reiteradas afirmaciones del gobierno (las más recientes en el acto de instalación de la nueva legislatura del Congreso, el pasado 20 de julio (1)) en las que reitera su compromiso para respetar y honrar el Acuerdo, se precisa contrastar lo afirmado públicamente, tanto a nivel del país como en las giras internacionales frente a interlocutores que lo han cuestionado, con los análisis realizados por diferentes organismos nacionales e internacionales que se encargan de monitorear la implementación del AFP.

El resultado del análisis es preocupante. El AFP no avanza en el sentido que su espíritu indica, los resultados a la fecha son precarios y el conflicto, lejos de haber cesado se recrudece con una ostensible falta de protección a la vida de los líderes sociales, en especial, aquellos que viven en regiones donde los poderes territoriales copan la debilidad o ausencia del Estado.

Es importante tener como punto de referencia, y a él nos vamos a referir en este artículo, el informe Profundizar la democracia para consolidar la paz, realizado por el Netherlands Institue for Multiparty Democracy (Nimd) (2).

 

El AFP, entre dos fuerzas opuestas

 

Hay que reconocer que el AFP, firmado el 24 de noviembre del 2016 por el gobierno anterior, se vio afectado en su implementación desde antes de entrar en vigencia, con la derrota en el plebiscito y hasta la entrega del mando el 7 de agosto del 2018; es decir, los últimos veinte meses del gobierno Santos no vieron un avance significativo por cuatro razones: 1) la ruptura de la bancada gobiernista que se dio con la derrota del plebiscito; el gobierno, al quedar sin mayorías en el Congreso, no logró sacar adelante las iniciativas tempranas necesarias para la implementación del AFP; 2) la insuficiente asignación presupuestal a dichas iniciativas dada la precaria situación presupuestal del gobierno en su último año de gestión; 3) el traslapo de la implementación del AFP con el proceso electoral, tanto presidencial como parlamentario, que se dio durante el 2018, lo cual generó trabajo a media marcha del andamiaje institucional responsable de echar a andar el Acuerdo y, 4) la propia decisión del Ejecutivo de darle prioridad a algunos “pilares” de la paz, como lo son la JEP, los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET– y la transición de las Farc de guerrilla partido político (3).

A lo anterior, hay que sumar la correlación directa entre la inesperada derrota del Sí en el plebiscito y el triunfo de Duque, candidato presidencial del partido que lideró la oposición al AFP en el plebiscito. Por todo lo anterior, es evidente que el AFP llegó debilitado al presente cuatrienio (2018-2022) al encontrar un ambiente frío, cuando no hostil, generado principalmente por la vieja disputa política entre Santos y Uribe, y la consecuente polarización de la opinión pública entre dos visiones sobre el conflicto: una de apoyo irrestricto a la paz y otra de escepticismo disfrazado de “paz sí, pero no de ese modo”. En ese sentido, lo poco sucedido en torno a la puesta en marcha del AFP desde la llegada de Duque no ha sorprendido a nadie, aunque sí hay una característica reiterativa: en el aparente afán del Presidente de desmarcarse ubicándose algo menos a la derecha de su mentor –abiertamente enemigo del AFP– y procurar aparecer como un líder más mesurado y conciliador, su estrategia retórica, cada vez que tiene que referirse a la implementación del AFP es positiva y de vehementemente apoyo, en especial cuando se dirige a organismos internacionales, multilaterales o a líderes y mandatarios de países europeos. En esos escenarios no parecería haber duda de su compromiso con la paz y con el AFP. Por ejemplo, en la 73ª Aamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 26 de septiembre de 2018, afirmó: “Pero quiero reiterar ante esta Asamblea que nuestro propósito, el propósito de Colombia, es cumplirles a quienes han tomado el camino genuino de dejar la violencia”(4).

 

Avances aparentes en el actual gobierno

 

Otra cosa es la que se ha visto en el país. En una gimnasia aparentemente contradictoria, el Ejecutivo, al contrario de las amenazas del Centro Democrático, no “hizo trizas” el Acuerdo, sino que echó a andar muchas de las acciones que el gobierno Santos no había tocado. De esta manera estableció el Plan de Acción Oportuna para la protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas (PAO) que trabaja en tres ejes: (i) articulación y reingeniería institucional para garantizar el trabajo coordinado y armonizado entre las distintas instituciones estatales responsables de la seguridad de estos actores; (ii) actuación estratégica en el territorio para atender las necesidades focalizadas y diferenciadas de cada entorno y región; (iii) estrategia de comunicaciones y capacitación, para contrarrestar la estigmatización de la condición de líder y de la actuación del Estado, así como para dar a conocer la oferta existente de programas de protección y autoprotección. Lo paradójico es que el gobierno Duque, en todo lo relacionado con el PAO, como acertadamente anota Nimd(5), no hace referencia alguna al AFP, como si quisiera invisibilizarlo y hacer casi que borrón y cuenta nueva para deslindarse de su antecesor y de sus logros con la paz. 

En cuanto al impulso establecido por el AFP a la participación de las Juntas Administradoras Locales en la elaboración de planes de desarrollo el gobierno actual realizó entre agosto y diciembre del 2018, cuarenta y ocho mesas departamentales y ocho talleres regionales a las que asistieron más de diez mil personas pertenecientes a Juntas de Acción Comunal, al Consejo Nacional de Planeación, población vulnerable, organizaciones juveniles, autoridades departamentales y municipales, representantes gremiales, veedurías ciudadanas, partidos políticos que dejaron cerca de diez mil propuestas y recomendaciones para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) (6).

De igual modo, el AFP exigió al Gobierno garantizar el intercambio de experiencias exitosas de participación ciudadana entre las organizaciones sociales y las autoridades locales y regionales, de acuerdo con las particularidades de los diversos territorios. Para ello, se creó recientemente la Red nacional de secretarios de paz, aunque, una vez más, como anota Nimd, explícitamente no lo reconoce como un acatamiento al mandato del AFP. Esta Red opera como un espacio presencial y virtual para el intercambio de experiencias, buenas prácticas, inquietudes y desafíos que tienen los gobiernos locales y las comunidades en busca de la construcción de una paz integral y sostenible. 

En cuanto al estatuto de la oposición, este fue aprobado como resultado del AFP, un “marco general para el ejercicio y la protección especial del derecho a la oposición de las organizaciones políticas y de algunos derechos de las organizaciones independientes”. Si bien entró a regir en julio de 2018, un mes antes de llegar el nuevo gobierno, el Consejo Nacional Electoral lo fortaleció y viabilizó en diciembre al reglamentar parte de su articulado, específicamente las pautas de financiamiento y el acceso a medios de comunicación. De esa manera, la resolución estableció que las agrupaciones que se declaren en oposición al Gobierno tendrán acceso de manera equitativa a los medios de comunicación para controvertir las alocuciones que hagan funcionarios de alto gobierno (7); que la distribución de estos espacios serán sorteadas públicamente por el CNE y corresponderán a 30 minutos mensuales en las franjas de mayor sintonía en medios con cobertura nacional; que en caso de información tergiversada los partidos en oposición contarán con el derecho de réplica en los mismos medios de comunicación, horario, espacio y lugar en donde se haya publicado el dato original; que el CNE creará una comisión de monitoreo para comprobar que se están cumpliendo estos derechos; que estas agrupaciones tendrán derecho al acceso a la información y documentación oficial dentro de los cinco días siguientes a la solicitud que hagan; que los recursos para la financiación se distribuirán entre los partidos y movimientos políticos con personería jurídica declarados en oposición conforme a la normatividad vigentes; que estas agrupaciones deberán desagregar estos dineros del total de ingresos y gastos en sus informes anuales, entre otras cosas.

Otra de las tareas establecidas en el AFP cumplidas por Duque es la creación de un sistema de alertas tempranas sobre riesgos de seguridad en contra de líderes, organizaciones y defensores de derechos humanos y las que mejoran el monitoreo de las nuevas expresiones de violencia y ayudan a prevenir la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos, las amenazas y las intimidaciones a sectores sociales que promueven la reivindicación de derechos y la implementación del Acuerdo.

Esto se consiguió a través del proyecto Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida frente a organizaciones y conductas criminales que pongan en riesgo la implementación de los Acuerdos de Paz, firmado por la Defensoría del Pueblo con la Organización de las Naciones Unidas. Si bien fue una iniciativa gestada durante la administración Santos, como dice Nimd (8), el haber sido oficializada durante la primera Asamblea General de las Naciones Unidas en la que intervino Duque, y el haber recibido su apoyo y ratificación, le da cierto hálito de política de Estado que podría invitar al optimismo. 

Otro caso es la continuidad que se le ha dado al Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep), creado en 2017 en cumplimiento de varias de las tareas establecidas en el AFP. El gobierno Duque, en un decreto que sorprende por hacer abierta referencia a la implementación del Acuerdo “nombró como delegado presidencial ante esta instancia a su Alto Consejero para el Posconflicto (ahora mudó su nombre a Consejería para la Estabilización y la Consolidación, omitiendo, explícitamente, la palabra posconflicto) a Emilio Archila, a quien se le otorga, además, la secretaría técnica del Sisep y de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (Cngs), así como participación en la Mesa técnica de seguridad y protección del Programa de Protección Especializada (Art. 2); nombramientos que, en principio, “podrían ser vistos como un espaldarazo al Sistema y la prolongación de los esfuerzos en la materia” (9).

Por último, es necesario mencionar la firma por parte del Gobierno del Pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y las personas defensoras de derechos humanos, en el marco de una de las Mesas por la protección de la vida convocadas por la Procuraduría General de la Nación. Lo anterior es importante por cuanto el Gobierno se comprometió a iniciar de manera inmediata la elaboración de una Política pública de prevención y protección integral con enfoque diferencial, de equidad, étnico y territorial.

En resumen, el Gobierno actual se ha concentrado en dos tipos de tareas: aquellas relacionadas con garantizar la seguridad de quienes participan en políticas y las que tienen el objetivo de facilitar la participación política ciudadana y el control social. Esto habla más de la capacidad del Presidente como un administrador de Estado que como un jefe de Estado, como comienza a afirmar un sector de los intelectuales que lo ha apoyado desde la campaña: “Duque no ofrece ningún proyecto, salvo administrar bien lo que hay” (10).

 

La otra cara de la moneda: Retrocesos cualitativos

 

Los anteriores avances, si bien no son desdeñables, no son, ni mucho menos, para salir a celebrar. Nimd en su informe puntualiza de qué manera el gobierno Duque, si bien superficialmente ha hecho progresos cuantitativos en la implementación el Acuerdo, se ha desviado del espíritu que anima al mismo: “se percibe un estancamiento e incluso un retroceso con respecto a lo que se alcanzó a hacer en el cuatrienio anterior, y especialmente, con relación al ‘espíritu’ del Acuerdo”.

Es doblemente preocupante que los atentados y asesinatos de líderes sociales no hayan parado desde el inicio del actual gobierno. En primer lugar, si bien es difícil contar con cifras actualizadas, el defensor del pueblo, Carlos Negret, aseguró que en Colombia se registraron 196 asesinatos de líderes sociales entre marzo del 2018 y mayo del 2019, siendo junio y julio del año pasado los meses más críticos. El funcionario reveló que durante este periodo de tiempo se registraron 1.608 conductas vulneradoras “de las cuales fueron 1.351 amenazas, 44 atentados, 196 homicidios y 17 de otra clase de amenazas”, siendo Magdalena, Cauca, Atlántico y Bogotá, las regiones con mayor número de amenazas. En cuanto a atentados, el Defensor aseguró que “el que se lleva el deshonroso primer lugar es Norte de Santander”, y reveló que hasta el momento se han registrado “134 líderes asesinados de excombatientes” que pertenecieron a las Farc (11).

Sin embargo, más allá de los números que hablan por sí solos; y bien podría argumentarse que se trata de un problema estructural el cual toma tiempo torcer la tendencia, es aún más preocupante, como señala Nimd que las políticas implantadas por el gobierno Duque están “priorizando un modelo de seguridad que va en contravía con lo pactado en el Acuerdo, que no parecen estar teniendo en cuenta los intereses y reclamos de los actores que precisamente están buscando beneficiar y que, en ocasiones, parecieran estar pensadas para un país que está entrando en un conflicto armado” (12)  y no precisamente, en uno que está intentando salir de él.

El ejemplo irrefutable es el PAO, calificado por distintas organizaciones y plataformas de derechos humanos como “totalmente militarista”, encaminado a que prevalezca “la intervención militar y policial por encima del accionar integral del Estado para la superación de la violencia en las regiones”(13). El PAO apela a viejas estrategias de épocas de guerra como mayor inteligencia, mayor presencia de la Fuerza Pública, mayor coordinación entre Fuerzas Militares y de Policía y le da demasiada preponderancia al sector defensa, mientras que en los municipios donde se están asesinando a los líderes sociales hace falta una intervención integral del Estado. En otras palabras, el PAO recuerda las épocas de la política de seguridad democrática del gobierno Uribe 2002-2010.

En el mismo orden de ideas, hay que resaltar que uno de los fines del PAO es construir una nueva política pública integral para la garantía de la defensa de los derechos humanos, con ello se soslaya la arquitectura institucional diseñada con el Sisep (Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política) y la Cngs (Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que tiene como tarea diseñar y hacer seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conductas que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo aquellas que afectan a líderes y defensores de derechos humanos y movimientos sociales). Estas, aunque el Gobierno Duque se comprometió públicamente a darles continuidad y a fortalecerlas, en la práctica, ha hecho todo lo contrario. La Cngs, por ejemplo, entre agosto y diciembre de 2018 fue convocada una sola vez, a pesar de que la norma obliga al Ejecutivo a hacerlo mensualmente. Por el contrario, en este periodo el Gobierno no solo creó la Comisión intersectorial para el PAO sino que le otorgó varias de las funciones propias de la Cngs con el agravante de que la primera no tiene representación de la sociedad civil. Es decir, la principal estrategia gubernamental para proteger a los líderes y organizaciones sociales y políticas se está diseñando sin tenerlos en cuenta directamente (14).

Otros ejemplos son la política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización, diseñada entre 2017 y 2018 a través de un proceso participativo subregional con la participación de la Cngs; esta política sigue sin ser aprobada por el gobierno Duque; lo mismo ocurre con los Planes piloto de seguridad a líderes, una serie de estrategias identificadas y priorizadas con líderes y organizaciones sociales en el Cauca, Nariño, Norte de Santander y Córdoba, departamentos que muestran el mayor índice de violencia contra líderes sociales (15).

De nuevo aparece la tendencia del actual gobierno del doble discurso: afirmar públicamente una cosa y actuar de manera contraria, como dice Nimd “como una marcada intención por desmontar el enfoque concertado y civil presente en las políticas sobre el tema de los últimos ocho años, para reemplazarlo por uno que privilegia lo policial y lo militar”.

El sistema de justicia transicional del Acuerdo, cristalizado con la JEP, ha sido víctima de continuos ataques por parte del Gobierno: primero con una serie de objeciones que se intentaron hacer previo a la sanción presidencial –y que fueron derrotadas por el Congreso y la Corte Constitucional–, luego con una de las formas más eficientes de asfixiar un proyecto político y social: cortándole los recursos necesarios para operar, maniobra conocida de manera informal como “el hachazo presupuestal” a la JEP (16). A comienzos de julio el Gobierno anunció que el presupuesto asignado a la JEP y a las demás entidades encargadas de desarrollar los programas del AFP, tendrá para el 2020 un recorte del treinta por ciento con relación al del 2019 y por último, con el referendo para acabar con la JEP que tratan de gestar desde los toldos del Centro Democrático, con la recolección de firmas entre los ciudadanos. De nuevo el doble discurso…

 

Estrategias de la sociedad civil para la construcción de la paz

 

Ante semejante panorama –y con el agravante de que apenas se cumple el primer año del cuatrienio Duque– se torna evidente e imperativo que le corresponde a la sociedad civil –apoyada por la siempre presente comunidad internacional– asumir la defensa del AFP para promover múltiples estrategias para la construcción de la paz. Y así ya está sucediendo. La paz no es huérfana: un conjunto de sectores políticos y sociales lidera actualmente la plataforma Defendamos la Paz, expresión de una verdadera movilización en respaldo a los acuerdos firmados en noviembre de 2016. Las transformaciones estructurales que plantea el AFP le imprimen a la movilización que lo respalda un sello político que se suma a los cambios culturales buscados por la misma movilización. Este doble proyecto, político y cultural, enmarca los retos de la sociedad colombiana: una sociedad en la que se pueda convivir y resolver los desacuerdos sin la mediación de la violencia, a pesar de las diferencias existentes a su interior (17).

“La construcción de paz –afirma, por su parte, Galindo Español, investigador del Cinep/PPP– no es solamente una tarea del Estado, sino para que sea exitosa es necesaria la participación activa de la sociedad civil en acciones enfocadas a promover una cultura de paz en Colombia. En este sentido, en el interior del país, la movilización social por la paz acompañó el proceso creando un ambiente favorable para la implementación, a través de una serie de expresiones sociales denominadas Acciones Colectivas por la Paz (ACP) (18).

La paz, como proyecto público, sostiene Velásquez (2019) –también del Cinep/PPP– “tiene como núcleo la construcción de una sociedad en la que intereses diferentes puedan convivir sobre la base de reglas de juego acogidas por todos y todas, sin que sea necesario recurrir a la violencia y a la eliminación del adversario como camino para la solución de los desacuerdos. Pero también es un proyecto cultural, que debe inspirarse en nuevas concepciones del mundo y de la vida, en imaginarios y prácticas que promuevan una convivencia democrática, incluyente, sin violencias ni autoritarismos. Como proyecto político y cultural, la paz es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto” (19).

Es allí donde cobra sentido la movilización de la sociedad por la paz. Dicho de manera resumida, se recoge aquí lo dicho por Velásquez: “Las diferentes estrategias de acción colectiva […] muestran no solo la dinámica de grupos sociales de distinta procedencia, sino la diversidad de formas, territorios, escenarios y modalidades de actuación desplegadas a lo largo de la negociación. Es esa masa crítica de víctimas del conflicto, de defensores de derechos humanos, de líderes sociales, de intelectuales y demócratas, en el campo y en las ciudades, la que tendrá la gran responsabilidad de defender la paz ante las minorías que reditúan económica y/o políticamente de la guerra y que quieren mantener los privilegios que les otorga el manejo de los hilos del poder. La paz es un proyecto político de largo aliento y deberá contar con una fuerte base social de apoyo y sostenibilidad que haga contrapeso a esas élites excluyentes” (20).

 

A modo de conclusión

 

Al AFP no se le puede dejar solo y confiar en que el Gobierno ponga en operación las múltiples estrategias, iniciativas y tareas que están establecidas allí. Se ha visto, como está demostrado en estas líneas, de que manera el Gobierno desdice con sus acciones lo que afirma públicamente dentro y fuera del país. Para ello, corresponde a la sociedad civil hacer el contrapeso necesario para que el Acuerdo perviva y se convierta, pese a todos los obstáculos y dificultades que atraviesa, en los cimientos de la construcción de lo que hemos llamado, en otro escrito (21), la fundación de una Segunda República en Colombia.

 

1. El presidente, en su alocución al Congreso, dijo: “Todos queremos la paz, todos vamos a trabajar por ella, pero tiene que ser una paz que brinde Legalidad a todo el territorio. Por eso, reiteramos nuestra convicción en la reincorporación de los excombatientes, y nuestra voluntad para apoyar y respaldar a quienes genuinamente renuncien a la violencia y opten por el camino de la Legalidad.” En https://www.elheraldo.co/colombia/lea-aqui-el-discurso-completo-del-presidente-duque-en-instalacion-de-las-sesiones.

2.  Netherlands Institue for Multiparty Democracy (Nimd), (2019)  Profundizar la democracia para consolidar la paz, avances en la implementación del punto dos del Acuerdo Final de Paz, relativo a  la participación política,  Bogotá.

3. Nimd, pp. 21-22.

4. Nimd, p. 23.

5. Nimd, p. 25.

6. Nimd, p. 25.

7. El anterior presidente del Congreso, en el día que entregaba su cargo, el 20 de julio pasado, le hizo una jiugada a la oposición para sabotear su derecho a contradecir al Presidente en su alocución

8.  Nimd, p. 28.

9. Nimd, p. 29.

10.  Duncan, G., “Jugadita”, en El Tiempo, Bogotá, 25 julio, 2019.

11. RCN, recuperado el 22 de julio 2019: https://www.rcnradio.com/colombia/en-un-ano-196-lideres-fueron-asesinados-en-colombia-defensoria-del-pueblo

12.  Nimd, p. 33.

13. El Espectador, 2019, citado por Nimd, p. 33. 

14. Nimd, p. 34.

15.  Nimd, p. 35.

16.  Restrepo, J.C., (2019) “El hachazo presupuestal en la JEP,” en Razón pública, en https://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/12126-el-hachazo-presupuestal-a-la-jep.html

17.  Cinep/PPP en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf

18.  Galindo, A.M. (2019) en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf 

19. Velásquez, F.E. (2019) en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf 

20.  Ibid., p. 3.

21.  Potdevin, P., “Nuevas culturas para la fundación de una Segunda República” en Le Monde diplomatique, edición Colombia, Nº 190, julio 2019, pp. 7-9.

* Escritor, integrante del Consejo de Redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia.

Publicado enColombia
Oscar Pinto, Máscara, 40 x 60 cm. (Cortesía del autor)

–Toma un poco más de té –ofreció solícita 

la Liebre de Marzo.

–Hasta ahora no he tomado nada –protestó Alicia en tono ofendido–, de modo que no puedo tomar más.

–Quieres decir que no puedes tomar menos –puntualizó el Sombrerero–. Es mucho más fácil tomar más que nada.

–Nadie le pedía su opinión –dijo Alicia.

–¿Quién está haciendo ahora observaciones personales? –preguntó el Sombrero en tono triunfal.

Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas

 

¿A quién, más que a nadie, le interesa la paz en Colombia? ¿Quién debe asumir las banderas de la paz en el país cuando se es testigo de un regreso del péndulo hacia épocas que se intentaron dejar atrás –bajo la premisa de “no repetición– con los Acuerdos de Paz”? Al cumplirse el primer año del gobierno Duque, son múltiples las evaluaciones, por distintos actores, de cuánto se ha avanzado en la implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP), en especial, en lo relacionado con el punto dos sobre participación política. Más allá de las reiteradas afirmaciones del gobierno (las más recientes en el acto de instalación de la nueva legislatura del Congreso, el pasado 20 de julio (1)) en las que reitera su compromiso para respetar y honrar el Acuerdo, se precisa contrastar lo afirmado públicamente, tanto a nivel del país como en las giras internacionales frente a interlocutores que lo han cuestionado, con los análisis realizados por diferentes organismos nacionales e internacionales que se encargan de monitorear la implementación del AFP.

El resultado del análisis es preocupante. El AFP no avanza en el sentido que su espíritu indica, los resultados a la fecha son precarios y el conflicto, lejos de haber cesado se recrudece con una ostensible falta de protección a la vida de los líderes sociales, en especial, aquellos que viven en regiones donde los poderes territoriales copan la debilidad o ausencia del Estado.

Es importante tener como punto de referencia, y a él nos vamos a referir en este artículo, el informe Profundizar la democracia para consolidar la paz, realizado por el Netherlands Institue for Multiparty Democracy (Nimd) (2).

 

El AFP, entre dos fuerzas opuestas

 

Hay que reconocer que el AFP, firmado el 24 de noviembre del 2016 por el gobierno anterior, se vio afectado en su implementación desde antes de entrar en vigencia, con la derrota en el plebiscito y hasta la entrega del mando el 7 de agosto del 2018; es decir, los últimos veinte meses del gobierno Santos no vieron un avance significativo por cuatro razones: 1) la ruptura de la bancada gobiernista que se dio con la derrota del plebiscito; el gobierno, al quedar sin mayorías en el Congreso, no logró sacar adelante las iniciativas tempranas necesarias para la implementación del AFP; 2) la insuficiente asignación presupuestal a dichas iniciativas dada la precaria situación presupuestal del gobierno en su último año de gestión; 3) el traslapo de la implementación del AFP con el proceso electoral, tanto presidencial como parlamentario, que se dio durante el 2018, lo cual generó trabajo a media marcha del andamiaje institucional responsable de echar a andar el Acuerdo y, 4) la propia decisión del Ejecutivo de darle prioridad a algunos “pilares” de la paz, como lo son la JEP, los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET– y la transición de las Farc de guerrilla partido político (3).

A lo anterior, hay que sumar la correlación directa entre la inesperada derrota del Sí en el plebiscito y el triunfo de Duque, candidato presidencial del partido que lideró la oposición al AFP en el plebiscito. Por todo lo anterior, es evidente que el AFP llegó debilitado al presente cuatrienio (2018-2022) al encontrar un ambiente frío, cuando no hostil, generado principalmente por la vieja disputa política entre Santos y Uribe, y la consecuente polarización de la opinión pública entre dos visiones sobre el conflicto: una de apoyo irrestricto a la paz y otra de escepticismo disfrazado de “paz sí, pero no de ese modo”. En ese sentido, lo poco sucedido en torno a la puesta en marcha del AFP desde la llegada de Duque no ha sorprendido a nadie, aunque sí hay una característica reiterativa: en el aparente afán del Presidente de desmarcarse ubicándose algo menos a la derecha de su mentor –abiertamente enemigo del AFP– y procurar aparecer como un líder más mesurado y conciliador, su estrategia retórica, cada vez que tiene que referirse a la implementación del AFP es positiva y de vehementemente apoyo, en especial cuando se dirige a organismos internacionales, multilaterales o a líderes y mandatarios de países europeos. En esos escenarios no parecería haber duda de su compromiso con la paz y con el AFP. Por ejemplo, en la 73ª Aamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 26 de septiembre de 2018, afirmó: “Pero quiero reiterar ante esta Asamblea que nuestro propósito, el propósito de Colombia, es cumplirles a quienes han tomado el camino genuino de dejar la violencia”(4).

 

Avances aparentes en el actual gobierno

 

Otra cosa es la que se ha visto en el país. En una gimnasia aparentemente contradictoria, el Ejecutivo, al contrario de las amenazas del Centro Democrático, no “hizo trizas” el Acuerdo, sino que echó a andar muchas de las acciones que el gobierno Santos no había tocado. De esta manera estableció el Plan de Acción Oportuna para la protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas (PAO) que trabaja en tres ejes: (i) articulación y reingeniería institucional para garantizar el trabajo coordinado y armonizado entre las distintas instituciones estatales responsables de la seguridad de estos actores; (ii) actuación estratégica en el territorio para atender las necesidades focalizadas y diferenciadas de cada entorno y región; (iii) estrategia de comunicaciones y capacitación, para contrarrestar la estigmatización de la condición de líder y de la actuación del Estado, así como para dar a conocer la oferta existente de programas de protección y autoprotección. Lo paradójico es que el gobierno Duque, en todo lo relacionado con el PAO, como acertadamente anota Nimd(5), no hace referencia alguna al AFP, como si quisiera invisibilizarlo y hacer casi que borrón y cuenta nueva para deslindarse de su antecesor y de sus logros con la paz. 

En cuanto al impulso establecido por el AFP a la participación de las Juntas Administradoras Locales en la elaboración de planes de desarrollo el gobierno actual realizó entre agosto y diciembre del 2018, cuarenta y ocho mesas departamentales y ocho talleres regionales a las que asistieron más de diez mil personas pertenecientes a Juntas de Acción Comunal, al Consejo Nacional de Planeación, población vulnerable, organizaciones juveniles, autoridades departamentales y municipales, representantes gremiales, veedurías ciudadanas, partidos políticos que dejaron cerca de diez mil propuestas y recomendaciones para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) (6).

De igual modo, el AFP exigió al Gobierno garantizar el intercambio de experiencias exitosas de participación ciudadana entre las organizaciones sociales y las autoridades locales y regionales, de acuerdo con las particularidades de los diversos territorios. Para ello, se creó recientemente la Red nacional de secretarios de paz, aunque, una vez más, como anota Nimd, explícitamente no lo reconoce como un acatamiento al mandato del AFP. Esta Red opera como un espacio presencial y virtual para el intercambio de experiencias, buenas prácticas, inquietudes y desafíos que tienen los gobiernos locales y las comunidades en busca de la construcción de una paz integral y sostenible. 

En cuanto al estatuto de la oposición, este fue aprobado como resultado del AFP, un “marco general para el ejercicio y la protección especial del derecho a la oposición de las organizaciones políticas y de algunos derechos de las organizaciones independientes”. Si bien entró a regir en julio de 2018, un mes antes de llegar el nuevo gobierno, el Consejo Nacional Electoral lo fortaleció y viabilizó en diciembre al reglamentar parte de su articulado, específicamente las pautas de financiamiento y el acceso a medios de comunicación. De esa manera, la resolución estableció que las agrupaciones que se declaren en oposición al Gobierno tendrán acceso de manera equitativa a los medios de comunicación para controvertir las alocuciones que hagan funcionarios de alto gobierno (7); que la distribución de estos espacios serán sorteadas públicamente por el CNE y corresponderán a 30 minutos mensuales en las franjas de mayor sintonía en medios con cobertura nacional; que en caso de información tergiversada los partidos en oposición contarán con el derecho de réplica en los mismos medios de comunicación, horario, espacio y lugar en donde se haya publicado el dato original; que el CNE creará una comisión de monitoreo para comprobar que se están cumpliendo estos derechos; que estas agrupaciones tendrán derecho al acceso a la información y documentación oficial dentro de los cinco días siguientes a la solicitud que hagan; que los recursos para la financiación se distribuirán entre los partidos y movimientos políticos con personería jurídica declarados en oposición conforme a la normatividad vigentes; que estas agrupaciones deberán desagregar estos dineros del total de ingresos y gastos en sus informes anuales, entre otras cosas.

Otra de las tareas establecidas en el AFP cumplidas por Duque es la creación de un sistema de alertas tempranas sobre riesgos de seguridad en contra de líderes, organizaciones y defensores de derechos humanos y las que mejoran el monitoreo de las nuevas expresiones de violencia y ayudan a prevenir la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos, las amenazas y las intimidaciones a sectores sociales que promueven la reivindicación de derechos y la implementación del Acuerdo.

Esto se consiguió a través del proyecto Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida frente a organizaciones y conductas criminales que pongan en riesgo la implementación de los Acuerdos de Paz, firmado por la Defensoría del Pueblo con la Organización de las Naciones Unidas. Si bien fue una iniciativa gestada durante la administración Santos, como dice Nimd (8), el haber sido oficializada durante la primera Asamblea General de las Naciones Unidas en la que intervino Duque, y el haber recibido su apoyo y ratificación, le da cierto hálito de política de Estado que podría invitar al optimismo. 

Otro caso es la continuidad que se le ha dado al Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep), creado en 2017 en cumplimiento de varias de las tareas establecidas en el AFP. El gobierno Duque, en un decreto que sorprende por hacer abierta referencia a la implementación del Acuerdo “nombró como delegado presidencial ante esta instancia a su Alto Consejero para el Posconflicto (ahora mudó su nombre a Consejería para la Estabilización y la Consolidación, omitiendo, explícitamente, la palabra posconflicto) a Emilio Archila, a quien se le otorga, además, la secretaría técnica del Sisep y de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (Cngs), así como participación en la Mesa técnica de seguridad y protección del Programa de Protección Especializada (Art. 2); nombramientos que, en principio, “podrían ser vistos como un espaldarazo al Sistema y la prolongación de los esfuerzos en la materia” (9).

Por último, es necesario mencionar la firma por parte del Gobierno del Pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y las personas defensoras de derechos humanos, en el marco de una de las Mesas por la protección de la vida convocadas por la Procuraduría General de la Nación. Lo anterior es importante por cuanto el Gobierno se comprometió a iniciar de manera inmediata la elaboración de una Política pública de prevención y protección integral con enfoque diferencial, de equidad, étnico y territorial.

En resumen, el Gobierno actual se ha concentrado en dos tipos de tareas: aquellas relacionadas con garantizar la seguridad de quienes participan en políticas y las que tienen el objetivo de facilitar la participación política ciudadana y el control social. Esto habla más de la capacidad del Presidente como un administrador de Estado que como un jefe de Estado, como comienza a afirmar un sector de los intelectuales que lo ha apoyado desde la campaña: “Duque no ofrece ningún proyecto, salvo administrar bien lo que hay” (10).

 

La otra cara de la moneda: Retrocesos cualitativos

 

Los anteriores avances, si bien no son desdeñables, no son, ni mucho menos, para salir a celebrar. Nimd en su informe puntualiza de qué manera el gobierno Duque, si bien superficialmente ha hecho progresos cuantitativos en la implementación el Acuerdo, se ha desviado del espíritu que anima al mismo: “se percibe un estancamiento e incluso un retroceso con respecto a lo que se alcanzó a hacer en el cuatrienio anterior, y especialmente, con relación al ‘espíritu’ del Acuerdo”.

Es doblemente preocupante que los atentados y asesinatos de líderes sociales no hayan parado desde el inicio del actual gobierno. En primer lugar, si bien es difícil contar con cifras actualizadas, el defensor del pueblo, Carlos Negret, aseguró que en Colombia se registraron 196 asesinatos de líderes sociales entre marzo del 2018 y mayo del 2019, siendo junio y julio del año pasado los meses más críticos. El funcionario reveló que durante este periodo de tiempo se registraron 1.608 conductas vulneradoras “de las cuales fueron 1.351 amenazas, 44 atentados, 196 homicidios y 17 de otra clase de amenazas”, siendo Magdalena, Cauca, Atlántico y Bogotá, las regiones con mayor número de amenazas. En cuanto a atentados, el Defensor aseguró que “el que se lleva el deshonroso primer lugar es Norte de Santander”, y reveló que hasta el momento se han registrado “134 líderes asesinados de excombatientes” que pertenecieron a las Farc (11).

Sin embargo, más allá de los números que hablan por sí solos; y bien podría argumentarse que se trata de un problema estructural el cual toma tiempo torcer la tendencia, es aún más preocupante, como señala Nimd que las políticas implantadas por el gobierno Duque están “priorizando un modelo de seguridad que va en contravía con lo pactado en el Acuerdo, que no parecen estar teniendo en cuenta los intereses y reclamos de los actores que precisamente están buscando beneficiar y que, en ocasiones, parecieran estar pensadas para un país que está entrando en un conflicto armado” (12)  y no precisamente, en uno que está intentando salir de él.

El ejemplo irrefutable es el PAO, calificado por distintas organizaciones y plataformas de derechos humanos como “totalmente militarista”, encaminado a que prevalezca “la intervención militar y policial por encima del accionar integral del Estado para la superación de la violencia en las regiones”(13). El PAO apela a viejas estrategias de épocas de guerra como mayor inteligencia, mayor presencia de la Fuerza Pública, mayor coordinación entre Fuerzas Militares y de Policía y le da demasiada preponderancia al sector defensa, mientras que en los municipios donde se están asesinando a los líderes sociales hace falta una intervención integral del Estado. En otras palabras, el PAO recuerda las épocas de la política de seguridad democrática del gobierno Uribe 2002-2010.

En el mismo orden de ideas, hay que resaltar que uno de los fines del PAO es construir una nueva política pública integral para la garantía de la defensa de los derechos humanos, con ello se soslaya la arquitectura institucional diseñada con el Sisep (Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política) y la Cngs (Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que tiene como tarea diseñar y hacer seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conductas que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo aquellas que afectan a líderes y defensores de derechos humanos y movimientos sociales). Estas, aunque el Gobierno Duque se comprometió públicamente a darles continuidad y a fortalecerlas, en la práctica, ha hecho todo lo contrario. La Cngs, por ejemplo, entre agosto y diciembre de 2018 fue convocada una sola vez, a pesar de que la norma obliga al Ejecutivo a hacerlo mensualmente. Por el contrario, en este periodo el Gobierno no solo creó la Comisión intersectorial para el PAO sino que le otorgó varias de las funciones propias de la Cngs con el agravante de que la primera no tiene representación de la sociedad civil. Es decir, la principal estrategia gubernamental para proteger a los líderes y organizaciones sociales y políticas se está diseñando sin tenerlos en cuenta directamente (14).

Otros ejemplos son la política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización, diseñada entre 2017 y 2018 a través de un proceso participativo subregional con la participación de la Cngs; esta política sigue sin ser aprobada por el gobierno Duque; lo mismo ocurre con los Planes piloto de seguridad a líderes, una serie de estrategias identificadas y priorizadas con líderes y organizaciones sociales en el Cauca, Nariño, Norte de Santander y Córdoba, departamentos que muestran el mayor índice de violencia contra líderes sociales (15).

De nuevo aparece la tendencia del actual gobierno del doble discurso: afirmar públicamente una cosa y actuar de manera contraria, como dice Nimd “como una marcada intención por desmontar el enfoque concertado y civil presente en las políticas sobre el tema de los últimos ocho años, para reemplazarlo por uno que privilegia lo policial y lo militar”.

El sistema de justicia transicional del Acuerdo, cristalizado con la JEP, ha sido víctima de continuos ataques por parte del Gobierno: primero con una serie de objeciones que se intentaron hacer previo a la sanción presidencial –y que fueron derrotadas por el Congreso y la Corte Constitucional–, luego con una de las formas más eficientes de asfixiar un proyecto político y social: cortándole los recursos necesarios para operar, maniobra conocida de manera informal como “el hachazo presupuestal” a la JEP (16). A comienzos de julio el Gobierno anunció que el presupuesto asignado a la JEP y a las demás entidades encargadas de desarrollar los programas del AFP, tendrá para el 2020 un recorte del treinta por ciento con relación al del 2019 y por último, con el referendo para acabar con la JEP que tratan de gestar desde los toldos del Centro Democrático, con la recolección de firmas entre los ciudadanos. De nuevo el doble discurso…

 

Estrategias de la sociedad civil para la construcción de la paz

 

Ante semejante panorama –y con el agravante de que apenas se cumple el primer año del cuatrienio Duque– se torna evidente e imperativo que le corresponde a la sociedad civil –apoyada por la siempre presente comunidad internacional– asumir la defensa del AFP para promover múltiples estrategias para la construcción de la paz. Y así ya está sucediendo. La paz no es huérfana: un conjunto de sectores políticos y sociales lidera actualmente la plataforma Defendamos la Paz, expresión de una verdadera movilización en respaldo a los acuerdos firmados en noviembre de 2016. Las transformaciones estructurales que plantea el AFP le imprimen a la movilización que lo respalda un sello político que se suma a los cambios culturales buscados por la misma movilización. Este doble proyecto, político y cultural, enmarca los retos de la sociedad colombiana: una sociedad en la que se pueda convivir y resolver los desacuerdos sin la mediación de la violencia, a pesar de las diferencias existentes a su interior (17).

“La construcción de paz –afirma, por su parte, Galindo Español, investigador del Cinep/PPP– no es solamente una tarea del Estado, sino para que sea exitosa es necesaria la participación activa de la sociedad civil en acciones enfocadas a promover una cultura de paz en Colombia. En este sentido, en el interior del país, la movilización social por la paz acompañó el proceso creando un ambiente favorable para la implementación, a través de una serie de expresiones sociales denominadas Acciones Colectivas por la Paz (ACP) (18).

La paz, como proyecto público, sostiene Velásquez (2019) –también del Cinep/PPP– “tiene como núcleo la construcción de una sociedad en la que intereses diferentes puedan convivir sobre la base de reglas de juego acogidas por todos y todas, sin que sea necesario recurrir a la violencia y a la eliminación del adversario como camino para la solución de los desacuerdos. Pero también es un proyecto cultural, que debe inspirarse en nuevas concepciones del mundo y de la vida, en imaginarios y prácticas que promuevan una convivencia democrática, incluyente, sin violencias ni autoritarismos. Como proyecto político y cultural, la paz es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto” (19).

Es allí donde cobra sentido la movilización de la sociedad por la paz. Dicho de manera resumida, se recoge aquí lo dicho por Velásquez: “Las diferentes estrategias de acción colectiva […] muestran no solo la dinámica de grupos sociales de distinta procedencia, sino la diversidad de formas, territorios, escenarios y modalidades de actuación desplegadas a lo largo de la negociación. Es esa masa crítica de víctimas del conflicto, de defensores de derechos humanos, de líderes sociales, de intelectuales y demócratas, en el campo y en las ciudades, la que tendrá la gran responsabilidad de defender la paz ante las minorías que reditúan económica y/o políticamente de la guerra y que quieren mantener los privilegios que les otorga el manejo de los hilos del poder. La paz es un proyecto político de largo aliento y deberá contar con una fuerte base social de apoyo y sostenibilidad que haga contrapeso a esas élites excluyentes” (20).

 

A modo de conclusión

 

Al AFP no se le puede dejar solo y confiar en que el Gobierno ponga en operación las múltiples estrategias, iniciativas y tareas que están establecidas allí. Se ha visto, como está demostrado en estas líneas, de que manera el Gobierno desdice con sus acciones lo que afirma públicamente dentro y fuera del país. Para ello, corresponde a la sociedad civil hacer el contrapeso necesario para que el Acuerdo perviva y se convierta, pese a todos los obstáculos y dificultades que atraviesa, en los cimientos de la construcción de lo que hemos llamado, en otro escrito (21), la fundación de una Segunda República en Colombia.

 

1. El presidente, en su alocución al Congreso, dijo: “Todos queremos la paz, todos vamos a trabajar por ella, pero tiene que ser una paz que brinde Legalidad a todo el territorio. Por eso, reiteramos nuestra convicción en la reincorporación de los excombatientes, y nuestra voluntad para apoyar y respaldar a quienes genuinamente renuncien a la violencia y opten por el camino de la Legalidad.” En https://www.elheraldo.co/colombia/lea-aqui-el-discurso-completo-del-presidente-duque-en-instalacion-de-las-sesiones.

2.  Netherlands Institue for Multiparty Democracy (Nimd), (2019)  Profundizar la democracia para consolidar la paz, avances en la implementación del punto dos del Acuerdo Final de Paz, relativo a  la participación política,  Bogotá.

3. Nimd, pp. 21-22.

4. Nimd, p. 23.

5. Nimd, p. 25.

6. Nimd, p. 25.

7. El anterior presidente del Congreso, en el día que entregaba su cargo, el 20 de julio pasado, le hizo una jiugada a la oposición para sabotear su derecho a contradecir al Presidente en su alocución

8.  Nimd, p. 28.

9. Nimd, p. 29.

10.  Duncan, G., “Jugadita”, en El Tiempo, Bogotá, 25 julio, 2019.

11. RCN, recuperado el 22 de julio 2019: https://www.rcnradio.com/colombia/en-un-ano-196-lideres-fueron-asesinados-en-colombia-defensoria-del-pueblo

12.  Nimd, p. 33.

13. El Espectador, 2019, citado por Nimd, p. 33. 

14. Nimd, p. 34.

15.  Nimd, p. 35.

16.  Restrepo, J.C., (2019) “El hachazo presupuestal en la JEP,” en Razón pública, en https://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/12126-el-hachazo-presupuestal-a-la-jep.html

17.  Cinep/PPP en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf

18.  Galindo, A.M. (2019) en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf 

19. Velásquez, F.E. (2019) en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf 

20.  Ibid., p. 3.

21.  Potdevin, P., “Nuevas culturas para la fundación de una Segunda República” en Le Monde diplomatique, edición Colombia, Nº 190, julio 2019, pp. 7-9.

* Escritor, integrante del Consejo de Redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia.

Afganistán: Trump planea devolver el poder a los Talibán

El presidente de la República Democrática de Afganistán, doctor Mohammad Nayibulá siguió en el poder siete años después de la retirada del ejército soviético en 1989 gracias al apoyo popular del que gozaba. ¿Cuántos días aguantará Ashraf Ghani, encerrado en la “Zona Verde” de Kabul cuando EEUU cumpla el acuerdo con los Talibán y retire parte de sus tropas?

Por la brillante mente de Trump han pasado dos soluciones para sacar a las tropas de Afganistán: ganar la guerra matando a “10 millones de afganos en 10 día”, y de paso, dando un uso a tantas bombas atómicas almacenadas, o salir pitando. La primera es imposible, y no me refiero su incapacidad o falta de ganas de exterminar aquel pueblo, sino a “ganar” el Gran Juego en Asia Central por esta vía (¡y por cualquiera otra!), por lo que ha optado por la segunda, aunque con matices, pidiendo auxilio a Pakistán. Se trata del mismo país al que el presidente menos docto de la reciente historia de EEUU acusó de «mentiras y engaños» y le cortó la ayuda militar «tonta» de 300 millones dólares en 2018 por el doble juego de Islam Abad, el principal patrocinador de los Talibán. Mientras el inquilino de la Casa Blanca necesita, de cara a las elecciones presidenciales del 2020, mostrar algún logro en la política exterior, los generales intentan decirle que EEUU, a pesar de la imagen de “empantanado”, está cumpliendo exitosamente su plan en Asia Central desde que ocupó Afganistán: o ¿no es un éxito haber podido instalar numerosas bases militares en el país más estratégico del mundo, bajo el pretexto del 11S., desde donde se pueda controlar a China, Rusia, India e Irán y eso a pesar de que 1) entre los supuestos terroristas de aquellos atentados no había ningún afgano, y 2) antes del ataque de la OTAN, los Talibán ofrecieron a Bush la entrega de Bin Laden, pero él lo rechazó porque detener al saudí no estaba dentro de los 9 objetivos de la ocupación?

El encuentro entre Trump y el primer ministro de Pakistán Omran Khan en la Casa Blanca, celebrado el 22 de julio, sella el acuerdo entre EEUU y talibanes tras meses de negociaciones en Qatar, en las que Washington se ha comprometido:

  1. Retirar parte de sus tropas, aunque serán sustituidas por 1) los mercenarios de los ejércitos privados de empresas como Academi, antes “Blackwater USA”, implicada en torturas y asesinatos en Irak; 2) por armas avanzadas y 3) por soldados paquistaníes y árabes que harán de carne de cañón de sus intereses
  2. Devolviéndole al Pakistán el papel que ostentaba antes del 2001 como el matón del barrio, para el disgusto de la India e Irán. Las relaciones entre EEUU y su principal aliado en Asia Central se estropearon durante el mandato de Obama por dos principales motivos: 1) los continuos bombardeos de las regiones fronterizas del Pakistán con Afganistán, para “destruir las bases de al Qaeda”, que causaron la matanza de miles de personas y forzaron la huida de varios millones de sus hogares, y 2) la violación del espacio aéreo de Pakistán el 2 de mayo del 2011, para matar el espíritu del fallecido Bin Laden, sin siquiera avisar al gobierno “soberano” de Islam Abad, provocando graves protestas en el país. Un error que convirtió a EEUU en un rehén de los generales-talibanes de Pakistán, que controlaban la Ruta Sur por la que los camiones de la OTAN transportaban artículos de primera necesidad para sus 300.000 soldados en Afganistán.
  3. Entregar el poder en Afganistán a los talibanes paquistaníes, quienes al principio actuarán como un gobierno interino, para que después de celebrar unas “elecciones “democráticas” restauren su Emirato Islámico, con la legitimidad internacional.
  4. Descongelar la ayuda de 30 millones de dólares destinada a los generales corruptos, fanáticos y patrocinadores del terrorismo paquistaníes, que gobiernan sobre casi 200 millones de personas.
  5. Ampliar las relaciones comerciales con Islam Abad, y echarle un cable para que El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que controla el tema del lavado de dinero, expida un informe favorable para que pueda solicitar préstamos al Fondo Monetario Internacional.
  6. Mediar en la disputa de Cachemira con la India.

Por su parte, Pakistán y Talibán aceptan una única condición: Impedir la actividad de los grupos terroristas del Estado Islámico y Al Qaeda contra los intereses de EEUU.

Pakistán, país con la bomba atómica ilegal (al igual que Israel y la India) es una pieza fundamental en el juego del “bombero pirómano” de EEUU en Afganistán, aun así, no hay ninguna garantía de que el Sr. Khan pueda cumplir su parte del trato. Pues, los Talibán son un frente de varios grupos formados por decenas de miles de individuos de origen lumpen proletariado, que viven de su sueldo de mercenario que reciben de los señores de guerra, quienes por su parte están contratados por diferentes países de la región, y además cambian de lealtad vendiéndose al mejor postor. Algunos, incluso, son independientes y viven del tráfico de droga y de piedras preciosas del dorado de Asia Central. Por lo que, Khan solo podrá dar garantías a EEUU sobre los talibanes paquistaníes, ni siquiera sobre los talibanes afganos.

La Operación de Apoyo Resuelto de la OTAN en formar a las fuerzas afganas ha sido un total fracaso: cerca de la mitad del país sigue bajo el control de los talibanes ¡que no tienen ni un helicóptero! Y el fenómeno de miles de “soldados fantasma” quienes existen solo sobre el papel mientras sus superiores cobran sus salarios, impide conocer el número real de las fuerzas armadas y de seguridad del país.

“Talibanes” de otros países

Salvo la India, todos los piases afectados de la zona han negociado con el poderoso grupo terrorista: Rusia lo hizo por 16 objetivos; China les paga como vigilantes de seguridad allá donde ha invertido parte de sus 5.950 millones de euros, como en el sector minero, a la vez que negocia con Kabul para instalar una base militar en Badakhxan, provincia que comparte frontera con la localidad china de Xinjiang, donde los grupos terroristas islamistas cometen atentados. Pero, es Irán quizás el país con una política más sofisticada y multifacética respecto a los “seminaristas”, que es lo que significa Talibán: en 2001cooperó con EEUU para derrocarles del poder proporcionándole al gobierno de Bush asistencia militar e inteligencia, y una vez que conoció los planes de la OTAN en permanecer en el país con el que comparte 936 kilómetros de fronteras y lo considera su patio trasero, cambió de política: creó causa común con un sector de Talibán contra las tropas de EEUU (y cuando el Pentágono trasladó su “Arco de crisis a esta región, también contra Daesh) manteniendo a la vez buenas relaciones con los gobiernos instalados por Washington en Kabul. Teherán ejerce un poder blando en Afganistán a través de: inversiones económicas, no sólo en negocios sino también en los políticos; lazos lingüísticos (dari, un dialecto de persa es la lengua cooficial del país junto con el pastún), que le facilitan tener canales de televisión y radio, mientras regala millones de libros cuidadosamente seleccionados; y mediante la religión, siendo el 20% de los 35 millones de afganos chiitas. Incluso ha formado la Brigada Fatemiyun con miles de afganos chiitas pobres, y los refugiados e inmigrantes indocumentados que viven en Irán desde hace décadas, enviándoles a Siria en apoyo al presidente Bashar al Asad. En el propio Pakistán («La tierra de los inmaculados» en hindi y persa), la República chiita de Irán cuenta con la Brigada Zeinabiyun, reclutada de entre el 5% de la población que practica la segunda corriente del islam. Los fuertes lazos de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos,(los dos únicos estados que junto con Pakistán reconocieron al régimen de Talibán en 1996), con Islam Abad ya preocupaban a Teherán, y que ahora además recuperen su poder en Kabul, le inquieta.

La fuerte oposición de los poderosos militares de EEUU al plan de Trump de retirar las tropas de las guerras “inútiles”, harán que el actual proceso sea más táctico que estratégico: Trump tiene el reloj, pero quien tiene el tiempo es el Complejo Industrial-militar, el mismo que le obligó a tragar sus propias palabras sobre la retirada de Siria.

El principal ganador de esta situación ha sido Omran Khan, el ex jugador de Criquet:  «Vino, vio, venció» tituló Dawn, el diario Paquistán de lengua inglesa, que así celebraba el regreso del régimen fascista de los Talibán a Kabul. El principal perdedor es el invisible pueblo afgano, y sobre todo sus mujeres, muy cansado de bombas, violencia y una pobreza extrema: sólo en los primeros días de agosto, cerca de 200 civiles, muchos de ellos niñas y niños, han sido víctimas de la barbarie de la guerra. ¿Saben por qué ha desaparecido el movimiento antimilitarista del escenario?

Publicado enInternacional
 Un misil 9M729, en una base militar rusa cerca de Moscú el 23 de enero de este año. Pavel Golovkin AP

Lo firmaron Reagan y Gorbachov, eliminó tres mil bombas atómicas y controló tensiones en Europa. Ahora Trump lo desconoció.

  

Hace 32 años, Ronald Reagan y Mijail Gorbachov firmaron un tratado muy específico de desarme, el que eliminaba los misiles de alcance medio con cabezas nucleares. A partir de ese momento, Estados Unidos y la Unión Soviética iban a destruir casi tres mil cohetes con alcances entre 500 y 5500 kilómetros, o sea todo lo que no fuera táctico o intercontinental, y se comprometían a no producir ni desplegar más. El tratado era importante porque ya había arrancado una segunda carrera armamentística en Europa, con Moscú situando este tipo de misiles en los países del Pacto de Varsovia y Washington equipando a la OTAN con el Pershing. Su eliminación bajaba la tensión y reducía la cantidad de armas atómicas apuntadas a capitales europeas.

El gobierno de Donald Trump dio formalmente por muerto a este tratado ayer por la mañana, después de anunciar largamente que se iba a salir por un supuesto incumplimiento ruso. Para EE.UU., el nuevo misil de crucero ruso 9M729 es de alcance intermedio y resulta una grave violación del tratado. "Rusia es la única responsable de la muerte del tratado", definió tajante el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. Moscú contestó que ya en febrero habían denunciado a Estados Unidos como la parte que andaba buscando una excusa para salirse del convenio. Según varias fuentes rusas cercanas al gobierno, Trump quiere desarrollar una nueva familia de misiles para atacar objetivos como Irán.

La OTAN cerró filas tras Washington, y no sólo acusó a Rusia por el fin del tratado sino que prometió responder "de manera medida y responsable al significativo riesgo que el misil ruso 9M729 constituye para la seguridad de la Alianza" atlántica de 29 países. Con el INF muerto, Estados Unidos es libre de desarrollar armas hasta ahora prohibidas, y el Pentágono ya ha pedido al Congreso que apruebe para 2020 un presupuesto de 10 millones de dólares destinado a esto precisamente. CNN explicó que uno de esos misiles ya está en la etapa de ensayo y va a ser disparado por primera vez en cosa de semanas. Varios líderes europeos, sin embargo, lamentaron el fin del tratado.

La importancia de fondo del fin del tratado de Misiles Intermedios es que estos son el instrumento de ataque en una guerra nuclear limitada. Los misiles de largo alcance, los estratégicos, con base en submarinos, aviones y cohetes de largo alcance, son para una guerra total, de destrucción asegurada. Los misiles de carga nuclear de menos de 500 kilómetros son de uso táctico, en frentes de combate y para destruir formaciones de batalla o posiciones fuertes. Los intermedios se pensaron para atacar la retaguardia del enemigo en un contexto de guerra convencional, vaporizando sus ciudades o puntos de concentración militar. Por supuesto, también hacen el trabajo en una guerra puramente atómica, atacando los blancos más cercanos.

El temor ahora es que el final de este pacto bilateral sea  un indicio sobre qué va a pasar en 2021, cuando venza el Nuevo START, el último tratado sobre armas nucleares que queda entre las dos mayores potencias mundiales. Este tratado le pone un techo a la cantidad de armas estratégicas que puede poseer cada parte y fue fruto de los muchos sustos de la guerra fría, cuando los arsenales se medían con una vara siniestra: cuántas veces podía cada bando exterminar la vida en el planeta. Hubo un momento en que Estados Unidos tenía la ventaja porque podía destruir toda forma de vida terrestre tres veces, y la URSS apenas llegaba  a dos. Para frenar esta locura, en 1972 se firmó el primer START, renovado varias veces después de la caída del muro, la última vez bajo Barack Obama. Trump ya dijo que este tratado fue "otra mala idea", pero no se sabe si lo dice en serio o simplemente porque lo firmó Obama. 

Publicado enInternacional
Arrecia la guerra contra las comunidades y la Guardia Indígena en el Norte del Cauca

El conflicto para las comunidades del Norte del Cauca no se detiene. No pasaron ni las primeras 24 horas del mes de agosto para que el asesinato sistemáticos de líderes sociales prosiga su senda.

A plena luz del día, a las 2:00 de la tarde, en el sector de Pajarito, resguardo de Huellas –Caloto–, fue asesinado el coordinador de la Guardia Indígena Gersain Yatacue, ultimado por sujetos que se movilizaban en moto y que hasta el momento de escribir esta nota no han sido identificados.

El asesinato de Gersain no es aislado y confirma las amenazas recibidas por las autoridades indígenas en los últimos meses, en las que ponen precio a las cabezas de diferentes líderes, consejeros y Guardias del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), acciones que evidencian el incumplimiento por parte del gobierno nacional en el tema de protección de los derechos humanos en los territorios, punto central de la más reciente Minga realizada por distintas organizaciones y movimientos sociales del Cauca.

El conflicto arrecia en la región por la disputa del control territorial. Ante la crítica situación de derechos humanos las autoridades y comunidades indígenas tomaron la decisión de profundizar y fortalecer los ejercicios de gobierno propio y con ello el ejercicio de controles de la Guardia en los territorios, decisión que incomodó a los diferentes grupos armados asentados en esta parte del país, sean legales o ilegales, entre ellos estructuras paramilitares, cartel de Sinaloa, disidencia de las Farc, Eln, Epl, batallones de alta montaña, de asalto aéreo y policía.

El control territorial, base de un tema económico fundamental.

Las pujas por el control de los territorios tienen como principio la disputa por la economía de la región pues, según fuentes cercanas a este medio, no debe olvidarse que esta zona hace parte de un corredor estratégico a través del cual se realiza el cultivo, producción y transporte de coca y marihuana hacia el exterior o interior del país; cultivos que han tenido un incremento exponencial de hectáreas debido a la poca disposición por parte del gobierno nacional de cumplir con los acuerdos para su erradicación, tema álgido que por denunciarlo cobró la vida del gobernador del resguardo de Huellas Caloto, Edwin Dagua Ipia en diciembre del 2018.

Así mismo, como es conocido, es rentable controlar las rutas en cuestión por medio del cobro de impuestos, lo que lleva a constantes enfrentamientos entre diferentes actores armados. Otros factores, además de los señalados, también están en disputa por la economía de la región, como son los monocultivos de caña de azúcar de los ingenios de Ardila Lule existentes en la parte plana del valle geográfico del río Cauca, así como las grandes extensiones de pino y árboles maderables de Cartón Colombia, ubicados en la parte alta del territorio ancestral de Cerro Tijeras, municipio de Buenos Aires, factores que evidencian una disputa no solo por el negocio del narcotráfico sino por el incremento de proyectos de explotación y extracción de los recursos naturales de la región.

En este marco, el crimen de Gersain Yatacue es un mensaje de que la guerra para las comunidades, autoridades y Guardias Indígenas del Norte del Cauca está más viva que nunca, lo que implicará mayor organización por parte de las comunidades, quienes con fuerza y valentía continúan defendiendo sus territorios por justicia, pervivencia y vida digna, para lo cual, como lo dicen en alguna de sus canciones: “por cada indio muerto otros miles nacerán”.

Publicado enColombia
Página 1 de 202