Alcántara, una base en medio de los “quilombos”

Maranhao es un estado del nordeste brasileño donde se combinan ingredientes que parecen sacados de la Guerra Fría. Generoso en diversidad de paisajes y ecosistemas, lo gobierna Flavio Dino, un militante del Partido Comunista (PCdoB) que fue juez federal. En ese territorio se levanta la base aeroespacial de Alcántara, que Jair Bolsonaro le cedió para su uso a Estados Unidos. La decisión que ya provocaba tensiones antes de la firma del acuerdo con Donald Trump, ahora las agudizó más. El 25 de abril, Dino tuiteó: “Un tal Bannon (por Steve, el asesor del presidente de EE.UU) dirige ideológicamente al actual gobierno brasileño”. Aunque aún resta que el Congreso nacional ratifique el convenio, las críticas que levantó aumentan a medida que pasan los días. Sus consecuencias geopolíticas, económicas, militares y sociales se anticipan en actividades que ya se organizan en Maranhao como un foro que se convocó bajo la consigna “Alcántara, Quilombos y Base Espacial”. Quilombos no son lo que entendemos en la Argentina y sí las comunidades negras que podrían ser afectadas y viven hace siglos en la zona. Esa sería una de las tantas consecuencias locales entre varias más para Brasil y toda América del Sur.

Aunque el gobierno de Bolsonaro no dio a conocer los puntos del acuerdo, algunos especialistas lo cuestionan dentro y fuera del estado que conduce Dino, el único gobernador comunista del país y quien más cumplió sus promesas de campaña antes de los últimos comicios. Globo, a través de su portal G1, señaló en julio de 2018 que su índice de compromisos asumidos con el electorado llegaba al 94,59 %. Él fue crítico sobre el uso de Alcántara: “No estoy de acuerdo con ninguna ampliación de área de la base o con la remoción de más personas”. También señaló lo que trasciende a las fronteras de su estado: “El acuerdo no puede ser abusivo y contener cláusulas que violen la soberanía nacional”.


En el foro convocado el 30 de abril pasado se escucharon voces críticas sobre las consecuencias que podrían tener la cesión y la utilización de la base que se extiende por 620 kilómetros cuadrados. Francisco Gonçalves, secretario de Derechos Humanos y Participación Popular de Maranhao, comentó: “Es importante que quede claro para la sociedad brasileña y para la población de Alcántara cuál es el impacto social, económico y territorial de la Base”. Gerson Pinheiro, secretario de Igualdad Racial del estado, recordó: “Las poblaciones quilombolas residen desde hace siglos en el territorio de Alcántara y necesitan ser reconocidas. Cualquier acuerdo debe involucrar a esas comunidades”. Dino cerró con palabras parecidas: “Necesitamos definir ahora los avances sociales y contrapartidas que queremos en el acuerdo, defendiendo la lógica de desarrollo social para todos, en especial las poblaciones tradicionales de Alcántara”.


Más allá del estado nordestino –el octavo en tamaño de Brasil– los ataques al convenio firmado con EE.UU. se extienden por todo el país. Uno de los más duros partió de Samuel Pinheiro Guimarães Neto, ex ministro de Asuntos Estratégicos (2009-2010) y ex secretario general de Relaciones Exteriores (2003-2009): “El principal objetivo norteamericano es tener una base militar en territorio brasileño en la cual ejerzan su soberanía fuera del alcance de las leyes y de la vigilancia de las autoridades brasileñas, inclusive militares”. Para este ex funcionario “si los Estados Unidos logran instalarse en Alcántara, de allí no saldrán”.


La base tiene una ubicación ideal para el lanzamiento de cohetes y satélites. Se encuentra muy próxima a la línea del Ecuador (a 2°18’ de latitud sur), lo que a Estados Unidos le permitiría economizar hasta el 30% del combustible o llevar más carga en sus proyectos aeroespaciales. En toda América del sur solo hay otra base semejante. La de Kourou en la Guayana francesa que controla la Agencia Espacial Europea.


Claudio Olany Alencar de Oliveira, ex jefe de la base y docente del Instituto Tecnológico de Aeronáutica la definió hace un tiempo como “el mayor centro de lanzamiento del hemisferio sur” aunque agregaba que “desgraciadamente no todos tienen esa visión, pero su ubicación es estratégica, con una importancia enorme”. La chance de que prosperara el acuerdo con EE.UU. estaba vinculada a la suerte que tuviera un convenio anterior con Ucrania que había firmado el gobierno de Lula en 2003. En abril pasado ese camino se abrió cuando quedó extinguida la empresa binacional Alcántara Cyclone Space (ACS) que tenía en sus manos el negocio del lanzamiento de satélites comerciales.


Ahora el gobierno de Estados Unidos podrá enviar satélites al espacio, pero además cohetes y misiles - que se utilizan para destruir otros satélites que orbitan a la tierra-, según informa un artículo reproducido por la Cámara de Diputados brasileña. En ese ámbito la oposición del gobierno intentó sin éxito incluir una medida provisoria (MP) en el acuerdo con EE.UU. Era para preservar las tierras de las comunidades negras vecinas a la base y una garantía de que no se lesionará la soberanía nacional con el usufructo de Alcántara.


El convenio que firmaron Trump y Bolsonaro tiene diputados en la vereda opuesta, que lo consideran ventajoso. Aluisio Mendes, del pequeño partido Podemos (ex Laborista Nacional) y aliado del PSL que gobierna Brasil, declaró que “no debemos privar a Maranhao de ese gran avance que es el centro de lanzamientos aeroespaciales”. Otros diputados por el estado donde gobierna el PCdoB también lo apoyan, aunque detractores y facilitadores del acuerdo todavía no conocen su contenido.


La historia se repite. A fines de su gobierno en 2002, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso firmó un convenio con Estados Unidos por el uso de Alcántara con su colega George W. Bush. El Congreso brasileño se lo bloqueó porque consideraba que amenazaba la soberanía nacional. Pasaron diecisiete años y EE.UU. podrá usar la base espacial más importante de América Latina en el único estado gobernado por el Partido Comunista de Brasil. Las ideas sobre el mundo que comparten el ultraderechista Bolsonaro y el magnate Trump que gobierna la principal potencia militar del planeta lo hicieron posible.
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Tres muertos en ataques aéreos a la Franja de Gaza

Al menos tres palestinos murieron ayer a causa de ataques israelíes en la Franja de Gaza. Entre las víctimas hay un joven miliciano palestino del movimiento islamita Hamas y una mujer junto a su bebé. “Estábamos almorzando cuando la casa fue bombardeada por un avión israelí. Saba (la beba) murió de inmediato”, dijo Abu Mohamed Abu Arar, un familiar. “Falastin Abu Arar, de 37 años, embarazada, falleció por las heridas que recibió en la cabeza”, confirmó en tanto el ministerio de Salud de Gaza. Además de las víctimas mortales 17 palestinos resultaron heridos.


La escalada de violencia comenzó cuando las milicias palestinas en Gaza dispararon 200 cohetes contra Israel, que respondió con bombardeos sobre 120 objetivos militares, lo que produjo las tres muertes. En Israel, en tanto, dos personas sufrieron heridas graves. Una mujer de 80 años tiene lesiones por esquirlas de un cohete en Kyriat Gat al igual que otro israelí de 50 años resultó herido en Ashkelon.


Las sirenas antiaéreas sonaron de manera intermitente durante todo el día en comunidades periféricas a la franja, pero también en otras regiones del centro del país como Bet Shemesh, a unos 30 kilómetros al oeste de Jerusalén. La policía pidió a los habitantes que se dirigieran a los refugios en cada alerta.


Entre los lugares afectados por Isarel están las oficinas de inteligencia en la ciudad de Gaza, campos de entrenamiento, fábricas de armas y un túnel ofensivos transfronterizo que Palestina excavaba desde hacías semanas. “Hemos controlado la excavación del túnel y ahora hemos decidido atacarlo y neutralizarlo”, dijo el portavoz del ejército israelí, el teniente coronel Jonathan Conricus. El túnel, continuó, es una infraestructura de alta calidad en la que la Yihad Islámica invirtió mucho tiempo y esfuerzo para poder tener la posibilidad de usarlo para atacar.


Habitantes del barrio afirmaron por su parte que uno de los edificios afectados albergaba la oficina de la agencia de prensa estatal turca Anadolu, una información confirmada por Turquía que condenó “con firmeza” el ataque denunciando una “agresividad sin límites”. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan condenó el ataque en Twitter contra la oficina de la agencia y aseguró: “Turquía y la agencia Anadolu seguirán contando al mundo sobre el terrorismo y las atrocidades de Israel en Gaza y en otras partes de Palestina”. Según Anadolu, el personal de la agencia evacuó el edificio poco antes del ataque que estuvo precedido por un aviso. En este contexto Israel anunció el cierre de los pasos fronterizos de Gaza y la veda a la pesca en el litoral del enclave.


Según una fuente de Yihad Islámica Egipto, que oficia como intermediario entre Hamas e Israel, ya están intentando una mediación para bajar la tensión. En Bruselas, la Unión Europea (UE) pidió el “cese inmediato” de los disparos.


Israel y Hamas se enfrentaron en tres momentos desde 2008. A fines de marzo, bajo el auspicio de Egipto y la ONU, negociaron un alto el fuego anunciado por Hamas pero nunca confirmado por Israel. Esto permitió mantener una relativa tranquilidad durante las elecciones legislativas israelíes del nueve de abril. Pero la situación decayó durante esta semana cuando regresaron los disparos de cohetes y globos incendiarios palestinos, así como las represalias israelíes.


Tres factores podrían sin embargo empujar a Israel a calmar la situación: las negociaciones en curso para formar una coalición gubernamental luego de la victoria de Netanyahu en las elecciones, el concurso musical Eurovision previsto en Tel Aviv a mediados de mayo, y las celebraciones por la creación del Estado de Israel que tendrán lugar el jueves.


Desde marzo de 2018, los palestinos se manifiestan en la frontera entre la Franja de Gaza e Israel contra el bloqueo al enclave y por el retorno de los refugiados que fueron expulsados o tuvieron que abandonar sus tierras tras la creación de Israel, en 1948. Al menos 270 palestinos murieron desde el inicio de la movilización en las manifestaciones o en los ataques israelíes como represalia. Los organizadores de las manifestaciones y Hamas aseguran que el movimiento de la “Gran marcha del retorno” es independiente. Israel en cambio acusa a Hamas de orquestar estas movilizaciones.

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Petrolera Exxon, primera gran corporación en demandar a Cuba bajo el amparo de la Helms-Burton

La petrolera estadounidense reclama más de 70 millones de dólares a Cimex y Cupet por el uso de propiedades nacionalizadas en 1960.

 

La petrolera Exxon Mobil presentó una demanda en un tribunal federal de Estados Unidos contra Cuba-Petróleo, propiedad del Estado cubano, y la empresa CIMEX S.A., por una refinería, gasolineras y otros activos incautados en 1960, meses después de la revolución encabezada por Fidel Castro.


El gigante petrolero estadounidense es la primera gran corporación en demandar a Cuba desde que el gobierno del presidente Donald Trump puso en vigor una sección inactiva de la Ley Helms-Burton de 1996, incrementando la presión sobre los gobiernos de La Habana y Caracas.


Bajo el Título III de la Ley, suspendido por los presidentes anteriores, los ciudadanos, la mayoría cubano-estadounidenses, pueden presentar demandas en cortes de
Estados Unidos contra compañías que se beneficien o hagan negocios con La Habana en propiedades nacionalizadas por el gobierno tras la revolución de 1959.


“El demandante presentó documentación contra la Corporación CIMEX S.A. y la Unión Cuba-Petróleo (…) por tráfico ilegal de propiedad confiscada en violación del Título III de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba (LIBERTAD) de 1996”, dice la demanda archivada en el tribunal del Distrito de Columbia.


La refinería Standard Oil en la bahía de La Habana, ahora operada por CUPET con el nombre “Ñico López”, fue la primera propiedad de Estados Unidos nacionalizada, luego de que la empresa se negara a procesar petróleo de la Unión Soviética debido a tensiones con Washington.
CIMEX S.A. opera estaciones de servicio en la isla con CUPET.


En la década de 1960, Estados Unidos certificó 5 mil 913 reclamos contra Cuba por valor de mil 900 millones de dólares, de las cuales Standard Oil y Mobil tenían una reclamación cada una por un total de 245 millones, según el Consejo de Comercio y Economía Cuba-EE.UU., una organización con sede en Nueva York experta en reclamaciones.
Un portavoz de Exxon Mobil dijo que, como práctica, la compañía no hace referencia a litigios pendientes.


Una norma cubana aprobada en 1996 sostiene que la ley Helms-Burton estadounidense es “ilícita, inaplicable” y considera “nula” toda reclamación de persona natural o jurídica en tribunales de Estados Unidos.

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"No hay fuerza, amenaza o bloqueo que pueda apartarnos de nuestros principios martianos" dijo Díaz Canel.

La medida del gobierno de Trump permite reclamar ante cortes estadounidenses propiedades en la isla que fueron expropiadas tras la revolución cubana.

 

Estados Unidos endureció ayer el embargo que pesa sobre Cuba al implementar en su totalidad la ley Helms-Burton. La medida, que no se aplica desde 1996 y desde entonces es repudiada por la Unión Europea, permite reclamar ante cortes estadounidenses propiedades en la isla que fueron expropiadas luego de la revolución cubana. 

Pero la decisión de Estados Unidos de activar por primera vez en23 años el título III de la Ley Helms-Burton no puede leerse si no es a la luz de la crisis política que hoy vive Venezuela. El mismo Trump dijo el miércoles en una entrevista con Fox Business que le proponía a Cuba una nueva apertura si dejaba de ayudar al país caribeño. “A Cuba le espera un embargo muy duro si sigue apoyando a Maduro”, afirmó Trump en referencia al apoyo dirigido a Maduro mientras que Estados Unidos apoya al opositor y autoproclamado presidente Juan Guaidó.


El mandatario cubano, por su parte, ratificó ayer que el bloqueo de Estados Unidos no hará que se aparten de sus principios. “No hay fuerza, amenaza o bloqueo que pueda apartarnos de nuestros principios solidarios, internacionalistas, latinoamericanistas, bolivarianos y martianos”, afirmó Miguel Díaz Canel. Desde su cuenta en Twitter, el presidente subrayó que América Latina y el Caribe es una zona de paz, proclamación que tuvo lugar en La Habana el 29 de enero de 2014 durante la celebración de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El gobierno de Trump, en tanto, cree que en Venezuela hay cerca de 25 mil cubanos que presuntamente actúan dentro de la estructura de inteligencia y del sector del militar, algo que Cuba desmintió a la par que acusó a Washington de “mentir descaradamente”. “Mentiras y calumnias que constituyen ofensas contra el pueblo cubano, ofenden también y amenazan la soberanía de los pueblos. A esa perversa práctica acude el imperio para justificar su descalabro en Venezuela. No más mentiras y amenazas. Nuestros pueblos no se rinden”, tuitió Díaz Canel. Pero Cuba no fue el único país en repudiar la aplicación del título III de la ley Helms-Burton sino que también la Unión Europea lamentó “profundamente” la decisión de Estados Unidos.


“La entrada en vigor hoy de esa ley, que estaba suspendida desde su promulgación por el rechazo causado a nivel internacional, supone una violación de los compromisos asumidos en los acuerdos UE-EEUU de 1997 y 1998, que ambas partes han respetado sin interrupción desde entonces”, indicó la alta representante comunitaria para la Política Exterior, Federica Mogherini. La funcionara afirmó además que el nuevo movimiento de Washington originará fricciones innecesarias y debilita la confianza de la asociación transatlántica. Según afirmó Mogherini, la Unión Europea considera que la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales contraviene el derecho internacional, por lo que aseveró que recurrirá a todas las medidas adecuadas para abordar las consecuencias de la aplicación de la ley Helms-Burton. “Seguiremos trabajando con nuestros socios internacionales, quienes también han manifestado su preocupación a este respecto”, finalizó Mogherini.


La embajadora de Cuba ante la Unión Europea, Norma Goicochea, coincidió con Mogherini. “Nosotros no tememos una fuga de inversiones. Nosotros confiamos en que la UE tomará todas las medidas para proteger a sus inversionistas (...) y prevalezca la decisión de continuar los negocios con Cuba”, aseguró Goicochea.


La entrada en vigor del título III de esta ley da luz verde a las demandas contra empresas multinacionales que operan en terrenos o inmuebles expropiados en Cuba luego de la revolución. Es por eso que desde ahora los ciudadanos estadounidenses (gran parte de origen cubano) que vieron confiscadas sus propiedades en Cuba podrán demandar en los tribunales del país norteamericano a cualquier empresa extranjera que se beneficie de ellas. Esa disposición, activada por la administración de Trump, había sido sistemáticamente suspendida desde su adopción por todos los presidentes estadounidenses para no causar fricciones con sus aliados. “Nosotros esperamos que no existan afectaciones y que la decisión del empresariado de continuar las relaciones con Cuba se mantenga”, aseguró la embajadora ante la UE, que afirmó no tener cifras de las posibles empresas afectadas.


La inversión extranjera es una de las prioridades de la isla caribeña para desarrollar una economía afectada por el bloqueo de Estados Unidos. La UE fue en 2017 el primer inversor extranjero en sectores como el turismo y la construcción.


La Unión Europea, en tanto, prometió llevar el caso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y recordó que cuenta con el llamado estatuto de bloqueo para esquivar la ejecución de sentencias estadounidenses y permitir a las empresas europeas resarcirse. Goicochea expresó su confianza en la eficacia de este estatuto de bloqueo, pero expresó además el interés de Cuba en cualquier instrumento que proteja las relaciones económicas, financieras y comerciales.


En 2017, la isla registró 600 millones de euros en inversión directa procedente de la UE, según la Comisión Europea. Ese mismo año, Cuba atrajo 2.000 millones de dólares, casi la mitad de lo necesario para estimular su economía.

 


 Demanda contra Carnival

Viaje a los tribunales de Miami

 

La empresa de cruceros Carnival fue la primera en ser demandada en los tribunales federales de Miami en el primer día de aplicada en su totalidad la ley Helms-Burton. Las demandas fueron interpuestas por Javier García Bengoechea, que afirma ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba, y Mickael Behn, cuya familia originaria de Kentucky poseía la compañía Havana Docks Corporation en el puerto habanero. En una improvisada rueda de prensa a las afueras de los tribunales de Miami, ambos expusieron las razones de sus demandas acompañados de sus respectivos abogados, pero no dijeron cuánto reclaman a Carnival como compensación. Behn, por su parte, se mostró conmocionado e incluso lloró al mencionar la propiedad “robada” a su abuelo. “Somos los primeros en anunciar demandas en virtud de la ley Helms Burton contra Carnival que fue la primera línea de cruceros en beneficiase de nuestra propiedad robada, por lo que merecen la ignominiosa distinción de ser los primeros en ser demandados bajo esta ley”, declaró Behn. Portavoces de Carnaval, en tanto, se limitaron a señalar que continúan operando los cruceros a Cuba con el calendario que tienen previsto. Según John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, las autoridades estadounidenses certificaron 5.913 casos de ciudadanos y empresas de ese país que pueden acogerse en la nueva implementación de la ley por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones. Pero además, afirmó Kavulich, hay otros muchos que podrían demandar incluso sin certificación.


Según afirmó hace pocos días el abogado Bengoechea, tanto su cliente como el otro demandante Behn cumplieron con una suerte de mecanismo de conciliación que ofrece el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se trata de una carta oficial que se envía a los potenciales demandados advirtiéndoles de que tienen un plazo de 30 días para llegar a algún arreglo extrajudicial. “Todos estamos dispuestos a acordar si nos ofrecen una compensación”, subrayó el abogado Nicolás Gutiérrez. Según la ley Helms-Burton, para poder presentar una demanda la propiedad confiscada debe tener un valor igual o superior a los 50.000 dólares.

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La lógica detrás de la humillación estadounidense a Palestina

En los últimos dos años, la administración Trump ha lanzado un ataque diplomático total contra el pueblo palestino, mientras prepara una nueva iniciativa para ‘resolver’ el conflicto de Oriente Medio. Ha afirmado que su plan es diferente de cualquier otro, ha descalificado todo lo que se dijo sobre él como especulación salvaje y ha acusado a los críticos de apresurarse a juzgar antes de haberlo visto. 

En efecto, las y los palestinos no han visto el plan real, pero tienen un buen presentimiento sobre lo que implicará. Han observado de cerca cómo la administración Trump ha escupido una política tras otra con la clara intención de humillarles y someterles.


Trump: El regalo a Israel que no cesa


Durante el último año y medio, la administración del Presidente estadounidense Donald Trump ha estado dando al gobierno de Benjamin Netanyahu un “regalo” político tras otro.
En diciembre de 2017, su administración reconoció a Jerusalén como capital de Israel y en mayo de 2018 trasladó la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv. En enero de 2018, congeló toda la ayuda a la UNRWA (la agencia de la ONU encargada de apoyar a millones de personas palestinas que viven como refugiadas), y en junio de ese año se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU después de acusarlo de tener una predisposición contra Israel a causa de sus políticas en Palestina ocupada. En septiembre, la administración Trump clausuró la oficina de representación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Washington.


Mientras tanto, le dio a Netanyahu luz verde para expandir las colonias judías en Cisjordania, a la cual el Departamento de Estado dejó de llamar “ocupada” en los documentos oficiales y pasó a designarla como “controlada por Israel”.


Luego, justo antes de las elecciones israelíes de este año, el Presidente Donald Trump firmó una proclamación en la que legitimaba la anexión por parte de Israel de los Altos del Golán sirio, la cual había sido anteriormente declarada “nula y sin efecto” por la administración Reagan y el Consejo de Seguridad de la ONU.


Quizás lo más alarmante es que su administración empujó a ciertos países árabes hacia la normalización de las relaciones con Israel, sin que Israel hiciera ninguna concesión a cambio.
Estas políticas estadounidenses han envalentonado a Netanyahu −que iniciará un quinto mandato como Primer Ministro− para jactarse de que mantendrá para siempre la soberanía israelí sobre una “Jerusalén unida”, como “capital eterna” de Israel, y a prometer que nunca renunciará al control israelí sobre ningún territorio palestino al oeste del río Jordán. También se ha comprometido a anexar todas las colonias judías ilegales en Cisjordania.


Entre tanto, los dirigentes palestinos y los gobernantes árabes han hecho poco más que emitir declaraciones inconsecuentes.


Zelotes con esteroides


Estos y otros cambios en la tradicional política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio se han producido por iniciativa de los tres principales asesores de Trump para Oriente Medio: su yerno Jared Kushner y sus dos ex abogados neoyorquinos, Jason Greenblatt y David Freedman, que han estado promoviendo activamente políticas pro israelíes durante décadas.
Estos tres orgullosos sionistas radicales han demostrado claramente su entusiasmo por las colonias ilegales de Israel en los territorios palestinos, y su rechazo a la denominación de “ocupadas” para Cisjordania y Jerusalén.


Pero el trío Trump sigue sorprendiendo, y no en el buen sentido. Kushner y compañía son tan extremistas que hacen que Netanyahu parezca moderado en comparación.
Forman parte de un grupo de sionistas estadounidenses de línea dura que se opusieron al “Proceso de Paz de Oslo” en los años Noventa, e incluso han comparado a los grupos pacifistas israelíes con los colaboracionistas nazis. También han desestimado de plano los derechos nacionales e históricos del pueblo palestino y han defendido las acciones de Israel como ordenadas por Dios. Al igual que sus socios evangélicos, creen que su jefe Trump ha sido ungido por Dios para cuidar de Israel, y consideran que su interpretación de la voluntad divina suplanta la voluntad de la comunidad internacional.


El año pasado, Friedman, que ha estado sirviendo como embajador de Estados Unidos en Israel, tuiteó: “Hace más de 2000 años, los patriotas judíos (macabeos) capturaron Jerusalén, purificaron el Templo Sagrado y lo volvieron a consagrar como sitio de culto judío. La ONU no puede rechazar los hechos: Jerusalén es la capital antigua y moderna de Israel.”
El hecho de que el trío Trump muestre semejante fundamentalismo religioso con esteroides, al tiempo que insiste falsamente en que se preocupa por los intereses del pueblo palestino, debería preocupar a todo el mundo en Oriente Medio y más allá.


Girando y negociando


En tanto Kushner ha permanecido en gran medida callado sobre el nuevo plan, Friedman y Greenblatt se han mostrado locuaces sobre sus méritos e implicaciones para las y los palestinos.


Con una chutzpah [1] inigualable, ambos abogados han estado acosando a los dirigentes palestinos y avergonzándolos por no preocuparse por su gente. También les han atacado indebidamente por “alabar” el terror y dar refugio a terroristas, y al mismo tiempo han defendido incondicionalmente a Israel contra cualquier mínima crítica a su violencia y represión, incluso proveniente de los medios estadounidenses.


Muy probablemente, el trío se ha basado en la infame guía mediática del “Proyecto Israel” para “los líderes que están en la primera línea de la guerra mediática a favor de Israel”, con el fin de avergonzar a la Autoridad Palestina liderada por Abbas y aplaudir al gobierno de Netanyahu. Ellos usan recurrentemente trucos de relaciones públicas tales como: “Estamos listos para ayudar a los palestinos, pero, ¿está lista la dirigencia palestina?”


Todo esto nos lleva a la pregunta: ¿Por qué deberían los palestinos considerar el plan de Estados Unidos cuando Kushner y compañía abogan por la expropiación de sus tierras, su capital y sus recursos, todo en nombre del realismo y la paz? ¿Por qué pensar de otra manera, cuando dos destacados expertos pro-Israel y antiguos asesores de la Casa Blanca consideran que el plan no es más que “economía y algo más”, es decir, “diseñado para el fracaso”?


Bueno, el trío Trump insiste en que están trabajando en algo completamente diferente a las iniciativas anteriores de Estados Unidos, como dijo Kushner a la Cumbre Time 100 esta semana: algo basado en la realidad y no en la fantasía; y cuanto antes lo acepten los palestinos, más rápido mejorarán sus vidas. Pero si las iniciativas del pasado fracasaron porque estaban inclinadas a favor de Israel, ¿cómo puede conducir a la paz hacerlas aún más favorables a Israel? Ni que decir tiene que ninguna nación ocupada o colonizada ha aceptado o aceptará jamás un consejo de este tipo que se base exclusivamente en la lógica del poder canalla.


Pero si la administración estadounidense quiere que los dirigentes palestinos se sumen al plan, ¿por qué sigue humillándolos en público y en privado? Después de todo, cualquier nuevo acuerdo, como cualquier acuerdo anterior, tendría que implicar la aceptación de dividir y/o compartir la tierra.
Hay una vieja sabiduría hebrea en juego aquí.


“El arte de la humillación”


En un intento de ofrecer su propia versión del viejo dicho: “No se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos”, Kushner escribió en un correo electrónico en enero de 2018: “Nuestra meta no puede ser mantener las cosas estables y tal como están; ¡nuestra meta tiene que ser hacer las cosas significativamente MEJORES! A veces hay que arriesgarse estratégicamente a romper cosas para llegar a la meta.”


Pero ¿romper qué exactamente?


Parece que el objetivo principal de Kushner es romper el espíritu del pueblo palestino y su esperanza de un Estado soberano en todos los territorios ocupados en 1967, con el fin de obligarlos a conformarse con una autonomía en partes de esos territorios, con la opción de un seudo-Estado “Gaza primero”, condicionada al buen comportamiento.


Todo esto me recuerda una vieja historia que Kushner seguramente conoce; es una parábola hebrea sobre un pobre hombre que se quejaba a su rabino de que vivía con su gran familia en una casa pequeña. El rabino le dijo que trajera todos sus animales a la casa. Aunque asombrado, el hombre hizo lo que se le dijo. Al día siguiente se apresuró a volver a ver al rabino y se quejó de que la situación había empeorado mucho. El rabino le sugirió al hombre que sacara los pollos. Sintiendo un ligero alivio, pero aún frustrado con sus condiciones de vida, el hombre se dirigió de nuevo al rabino, quien le aconsejó que sacara otro animal. Este vaivén se repitió hasta que el hombre sacó a todos los animales. Al día siguiente volvió al rabino con una gran sonrisa. “Oh Rabino”, dijo, “ahora tenemos una vida tan buena. ¡La casa está muy tranquila y tenemos espacio de sobra”.


La moraleja de la historia es que cuando cambias la forma en que ves las cosas, las cosas que ves cambian. En este sentido, el trío Trump está tratando de forzar a los palestinos a ver que su realidad no es tan mala en comparación con lo mala que podría llegar a ser.


Pero la verdad es que cambiar tu perspectiva no cambia tu realidad. De hecho, cada vez que los palestinos cambiaron la forma en que veían las cosas por insistencia de Estados Unidos durante el último cuarto de siglo, su situación no ha hecho más que empeorar. Se mire por donde se mire, Israel se ha seguido expandiéndose a expensas de Palestina durante décadas.
Ya es tiempo –hace rato− de que una nueva generación de líderes palestinos reconfiguren de manera drástica la realidad sobre el terreno, revirtiendo o superando las políticas pasadas y presentes de Estados Unidos e Israel.

Por Marwan Bishara
Al Jazeera

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El gasto militar mundial escala a su máximo por el impulso de EE UU

Washington y Pekín suman por primera vez más de la mitad de la inversión global en Defensa

 El gasto militar de EE UU aumentó el año pasado por primera vez desde 2010. La Administración de Donald Trump elevó la inversión en Defensa un 4,6% respecto al año anterior hasta alcanzar los 649.000 millones de dólares (581.000 millones de euros), un 36% del total mundial, que creció hasta su máximo histórico. Washington y su rival estratégico Pekín suman por primera vez más de la mitad de la inversión global en Defensa, según los datos que publica este lunes el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI).

Desde su llegada a la Casa Blanca en 2016, Donald Trump nunca ha ocultado su intención de fortalecer aún más la supremacía militar de Estados Unidos sobre sus dos principales rivales geoestratégicos, China y Rusia. Los drásticos recortes del republicano en medioambiente, cooperación exterior o ayudas contra la pobreza energética le han permitido reforzar su músculo militar con 39.000 millones de dólares más que el año anterior.


A pesar del incremento, el gasto de Washington en Defensa todavía es un 19% menor que en 2010, aunque entonces el contexto era distinto. Estados Unidos estaba involucrado de lleno en las guerras de Afganistán e Irak, con decenas de miles de tropas desplegadas. Hoy cuenta con un contingente muy reducido en Afganistán y varios centenares de asesores militares desplegados en Siria e Irak. Trump ha reiterado su interés en reducir al mínimo la presencia de tropas estadounidenses en estas zonas de conflicto.


“El incremento del gasto de EE UU responde más a una estrategia de disuasión que a las exigencias actuales de sus operaciones en el exterior”, explica por teléfono Aude Fleurant, investigadora del SIPRI. La experta pronostica que —salvo “una catástrofe financiera”— Trump aumentará el gasto en Defensa cada año que esté en la presidencia, a pesar de los obstáculos que suponen el déficit público y la pérdida del control de la Cámara de Representantes, que volvió en noviembre a manos demócratas tras ocho años de dominio republicano.

La adquisición de armamento, de fabricación nacional, es la principal explicación del incremento del presupuesto de Defensa estadounidense. Con un Ejército de casi 1.400.000 efectivos, una ligera subida salarial también ha repercutido en el coste anual. La primera potencia mantiene en el extranjero más de 800 bases militares, repartidas por más de 40 países aliados.


Trump ha ordenado además crear “cuanto antes” una rama del Ejército dedicada al espacio —“que garantice el dominio estadounidense del cosmos”— en la que se prevé que reciba decenas de miles de millones de dólares desde su primer año. El republicano también ha heredado de la Administración de Barack Obama la idea de modernizar el arsenal atómico, un proyecto que según los expertos costaría unos tres billones de dólares (2,69 billones de euros) en un plazo de unos 30 años.


Washington se retiró el pasado febrero del Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias (INF, por sus siglas en inglés), un acuerdo de desarme alcanzado durante la Guerra Fría. Moscú respondió de manera simétrica al día siguiente. En la cuerda floja ha quedado el New START, otro tratado bilateral clave que limita el número de cabezas nucleares de Rusia y Estados Unidos. El pacto finaliza en 2021 y, de momento, no hay visos de que ninguno de los dos países planeen ampliarlo.


Fleurant considera que la pérdida de mecanismos de control armamentístico entre las grandes potencias provocará el aumento del gasto para desarrollar nuevo armamento.


A la acentuada desconfianza entre EE UU y Rusia, cabe añadir que China nunca ha formado parte de estos tratados de control armamentístico, lo que provocaba recelos tanto en Washington como en Moscú. El gigante asiático ha multiplicado por 15 su gasto militar desde los años ochenta, con incrementos en cada variación interanual desde hace 25 años. En 2018 lo hizo en un 5% hasta alcanzar el cuarto de billón de dólares. Y desde que se convirtió en 2008 en el segundo inversor mundial en Defensa, Pekín ha asignado cada año en torno al 2% de su PIB al refuerzo de su capacidad militar.


Estados Unidos, Rusia y China compiten por el desarrollo de nuevo armamento como los misiles hipersónicos, que convertirían en ineficientes los actuales sistemas de defensa. A diferencia de Washington y Pekín, Moscú recortó el año pasado su gasto militar un 3,5%, aunque Fleurant explica la reducción por la inversión extraordinaria que se realizó entre 2010 y 2015 para modernizar su armamento. Por eso, la experta cree que la inversión rusa crecerá a corto plazo, a pesar de las dificultades económicas que arrastra desde hace años por la caída del precio de los hidrocarburos y las sanciones occidentales.


Por su parte, Arabia Saudí se mantuvo como el tercer inversor mundial en Defensa, además de ser el principal importador mundial de armamento. El Reino del Desierto —que lidera la intervención militar en Yemen— destinó el año pasado un 8,8% de su PIB a Defensa, el porcentaje más alto de entre todos los países analizados.


En términos generales, el gasto militar mundial creció un 2,6% y superó los 1,8 billones de dólares hasta marcar un máximo histórico desde que existen cifras consideradas fiables (1988). Los datos del SIPRI no incluyen algunos Estados con inversiones notables en Defensa como Corea del Norte, Siria, Eritrea o Emiratos Árabes Unidos.


El temor a Rusia, detrás del aumento de la OTAN


Los 29 miembros de la OTAN aumentaron conjuntamente su gasto militar un 7% (56.500 millones de euros) en 2018 respecto al año anterior. Francia, el Reino Unido, Alemania, Italia y España han vuelto a elevar moderadamente su gasto en los últimos años tras los fuertes recortes que siguieron a la crisis financiera de 2008.


Sin embargo, son algunos de los miembros más recientes los que más han incrementado su inversión. Rumania, Bulgaria, Lituania y Letonia aumentaron su gasto militar en torno a un 20%; Polonia, un 10%. “No hay un único factor, pero la inquietud que provoca Rusia en esta zona es el principal”, explica por correo electrónico Nan Tian, investigador del SIPRI. Nan considera que la presión que ejerce Trump para que los socios europeos incrementen su gasto en Defensa no ha sido determinante.


Turquía también elevó el gasto, un 24%. “Está en plena modernización del Ejército y sus operaciones militares contra los kurdos implican un coste extra muy elevado”, sostiene Nan.

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Los efectos del bloqueo contra Venezuela en cifras

El pasado 25 de abril, durante una rueda de prensa en las Naciones Unidas, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, detalló los impactos negativos que ha traído para el país la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, en forma de bloqueo económico, por parte del gobierno de los Estados Unidos.


Arreaza fue enfático al alertar que estas acciones son ilegales. EE.UU. las aplica extraterritorialmente violentando las disposiones de la Carta de Naciones Unidas.


De igual forma, afirmó que las consencuencias del bloqueo económico en materia de salud y alimentación son preocupantes, para dar testimonio de ello, expuso el caso de varios pacientes de alto riesgo que se encuentra en Italia y que no han podido ser atendidos debido a que PDVSA, institución responsable de este plan de atención médica, no ha podido hacer los pagos correspondientes a cuasa de las sanciones de Washington.


El responsable de la política exterior venezolana, además de detallar cómo Estados Unidos violenta el derecho internacional con su operación de cambio de régimen, también detalló la magnitud de los fondos, activos y recursos confiscados ilegalmente a Venezuela, mediante la aplicación de medidas de bloqueo económico y retención de dinero para realizar importaciones.


A continuación la lista de los fondos secuestrados y las instituciones donde reposan:


• Banco de Inglaterra: 1 359 millones de dólares
• Citibank: 196 millones de euros
• Banco de Londres: 453 millones de euros
• North Capital: 238 millones de euros
• Novo Banco: 1 453 millones de euros
• Sumitomo: 415 millones de euros


Al día siguiente de realizar estas denuncias, el Departamento del Tesoro de EEUU incluyó en la lista OFAC al canciller Jorge Arreaza. La medida fue claramente una retaliación política a lo expresado por Arreaza, con la que también se buscará limitar el rango de acción de la política exterior venezolana y sus alianzas geopolíticas.


Sobre la medida, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, indicó: “Como resultado de las sanciones de hoy, todas las propiedades de estos individuos y cualquier propiedad que tengan, de forma directa o indirecta, en un porcentaje del 50% o más, que estén en Estados Unidos o en posición o en control de personas en Estados Unidos quedan bloqueadas”.
Mnuchin no hizo referencia a propiedades o activos de Arreaza, admintiendo que la medida tiene un fin político.

28 abril 2019 
(Tomado de Misión Verdad)

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Sábado, 27 Abril 2019 06:33

El dinero es amor

El dinero es amor

”Love is money”, dijo Kevin Whitaker, embajador norteamericano en Bogotá, ante un grupo de legisladores colombianos con los que estaba desayunando en su residencia. Estados Unidos podría dejar que “querer” a Colombia si ellos no apoyaban al presidente Iván Duque en “las objeciones” presentadas en un capítulo de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana en 2016, cuando el presidente era Juan Manuel Santos. Whitaker les decía que necesitaban la aprobación de “las objeciones”, aunque eso implicara desconocer a la justicia colombiana o a la Constitución. De modo que si no se aprobaban su país retiraría su cariño: “Love is money”. Básicamente, Duque quiere “objetar” algunos puntos vinculados a las pruebas necesarias en caso de que Estados Unidos reclame la extradición de algunos ex miembros de las FARC, previa acusación de narcotráfico.


Fue en los primeros días de abril. Dos tandas de legisladores de casi todos los partidos, dos desayunos, dos días consecutivos. Huevos con panceta y un café cargado fue el menú de ambos días. Aunque el embajador pidió discreción, un legislador habló (ya le retiraron la visa) y todo salió publicado en El Espectador. En una de las rondas, uno de los legisladores preguntó por qué Estados Unidos no hacía público su reclamo. Whitaker dijo que no podía, porque los acuerdos fueron acompañados y aprobados también por un enviado del entonces presidente Barack Obama. Quedaba mal. Pero en el patio trasero a los representantes del pueblo, que es un abstracto y que cuando toma cuerpo es el cuerpo que cae acribillado en plena noche o en plena mañana, Estados Unidos se considera con derecho a pedirles que voten lo necesario, aunque hayan hecho pública o prometido la posición contraria.
Hace dos semanas hablábamos de la oscuridad pública. Vale la pena ampliar la idea. Porque como vemos, aunque haya un intersticio y algo no conveniente se publique, los mecanismos de control de información están tan aceitados, que esa noticia no tiene más destino que la llama de un fósforo. Aunque alumbre el crimen más horrible o una injerencia impudorosa como la de Whitaker: se ve, pero no se ve. Se sabe, pero todo el mundo sigue con su vida como si no lo supiera.


Dos tandas de seis legisladores colombianos fueron a escuchar la recomendación de la embajada en un tema crucial, y uno de los principales diarios publicó todo. No se movió ninguna estantería. El vasallaje está naturalizado. La hipocresía se da por sentada. No hay tiempo para procesarlo. Muere gente sin parar y específicamente mueren los líderes sociales –mueren asesinados por bandas paraestatales– asignados para reconstruir las redes sociales en los territorios que ocuparon durante décadas las FARC. Entre 2018 y lo que va de 2019 llegan a más de cuatrocientos los líderes eliminados. Está claro que Estados Unidos tiene pensado qué hacer con esos territorios: no serán el hábitat natural ni bucólico de ninguna comunidad local. Los quieren para ellos y para hacer otra cosa.


En Perú, donde no hubo Diálogos de Paz, llegan a doscientos los líderes y las lideresas asesinados en estos dos años. Allí la presencia de pueblos originarios que defienden sus recursos naturales es mayor, y contra ellos actúan las patotas que los acribillan delante de sus familias, como escarmiento a las comunidades. Como en Honduras, como en Guatemala, como en El Salvador, como en Chile o la Argentina, se trata de activistas de pueblos originarios que se oponen a represas, a mineras, a agrotóxicos, a madereras. De los más de cien líderes asesinados el año pasado en Perú, sólo uno tiene una causa judicial que aparentemente avanza. Los otros asesinatos también se naturalizaron. Se ven, pero no se ven. Se saben, pero la gente continúa con su vida como si no lo supiera.


La oscuridad pública cubre un amplísimo abanico de temas que, aunque lleguen a ser publicados, nunca son interconectados ni llegan a ser enunciados con la relevancia que tienen. “El mayor enemigo de la gente es la confusión. La gente tiene que entender en qué mundo vive”, dijo hace ya algún tiempo Julian Assange, a quien ahora en Gran Bretaña ni siquiera le dejan tomar contacto con sus abogados. Es que no hay enemigo mayor para los guardianes de la oscuridad pública que aquel que aporte más fósforos para que la realidad se haga visible. Porque tenemos eso: fósforos. El poder de las cámaras y los flashes, el poder de la reproducción invasiva de las redes, lo tienen ellos.


En América Latina, ante los 800 millones de euros reunidos en un par de días para la reconstrucción de Notre Dame, fueron muchas las publicaciones de protesta porque la agenda mundial que hizo centro y foco en el incendio de la catedral parisina mientras continúa manteniendo en penumbras otros incendios, innumerables crímenes, la destrucción de ciudades enteras, como la siria Aleppo, como la palestina Gaza. Es cierto. Pero tenemos otras formas de Aleppos y Gazas aquí rozándonos, tenemos crímenes de lesa humanidad rondándonos, tenemos una derecha tutelada por mandantes que nos exigen un cinturón de castidad para que el otro polo de poder emergente en el mundo –Rusia y China– no les quite su Dorado.
Hay incendios descomunales en la Amazonia, donde Estados Unidos hace por primera vez en la historia sus ejercicios militares. Los incendios son intencionales. Empresas vinculadas a los agronegocios quieren convertir en sabana la selva, para hacerse ganaderos. Y donde no incendian, talan. Somos el escenario central de la catástrofe que sobrevendrá si no damos vuelta el rumbo. Destruirán el pulmón del planeta. Envenenan el agua. Matan a quienes viven donde ellos necesitan más rentabilidad. Hablarán de narcotráfico y terrorismo, como siempre. Los mismos que inventan a los terroristas y los arman. Los mismos que corrompen Estados para que sus fuerzas de seguridad sean cooptadas por el narco.


La oscuridad pública lo que ampara es la muerte. Y Estados Unidos siempre tuvo mucho más que ver con la muerte que con la libertad. Ese es el mundo en el que vivimos, y ésas son las desgracias a las que nos quieren arrastrar, trasladando la lógica de la guerra que impera en Medio Oriente. Mientras tanto, los pueblos convertidos en audiencias chorrean baba por odios o fascinaciones inventadas al solo efecto de hacerles creer que viven en un mundo que no es éste.

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Sábado, 27 Abril 2019 06:08

La vuelta del hombre del rifle

Trump se sintió como en casa en la convención del NRA en Indianápolis. Imagen: EFE

EE.UU. se baja del tratado de armas convencionales. Trump hizo el anuncio en el encuentro anual de la Asociación Nacional del Rifle, el lobby a favor de la posesión de armas.

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que revocará el estatus de su país como firmante del Tratado sobre Comercio de Armas convencionales, suscrito por más de cien naciones y que regula el intercambio global de armamento, municiones y aviones o buques de combate.


“La ONU recibirá pronto una notificación formal de que Estados Unidos rechaza este tratado”, dijo Trump durante un discurso ante el encuentro anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el mayor grupo de presión en Estados Unidos a favor de la posesión de armas.


Estados Unidos firmó ese tratado de la ONU en 2013, durante el Gobierno de Barack Obama, pero el Congreso estadounidense nunca lo ratificó, por lo que no llegó a entrar en vigor en el país, como sí ocurrió en un centenar de naciones a partir de 2014.


“Revocaremos el efecto de la firma de Estados Unidos de este tratado tan profundamente equivocado. Vamos a retirar nuestra firma”, aseguró Trump.


A continuación, el mandatario rubricó un documento en el que, según explicó, pidió al Senado “que interrumpa el proceso de ratificación del tratado” y se lo envíe “al Despacho Oval”, donde prometió “deshacerse” de él. “Bajo mi Administración, nunca entregaremos la soberanía estadounidense a nadie. Nunca dejaremos que burócratas extranjeros pisoteen la Segunda Enmienda. Y por eso nunca ratificaremos el Tratado sobre el Comercio de Armas”, subrayó.


El anuncio supone un paso más en la tendencia del Gobierno de Trump a retirarse de pactos internacionales, tras su salida del acuerdo nuclear con Irán y del de París sobre el clima, además de su plan de abandonar en agosto el tratado INF (Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio) que comprometía a Estados Unidos y Rusia a eliminar muchos de sus misiles nucleares y convencionales.


Para los partidarios de la decisión, asegurarse de que Estados Unidos no ratifique el tratado es un paso más hacia la desregulación que Trump ha defendido. En una llamada con reporteros, un alto funcionario de la administración dijo que un factor importante en su decisión fue la falta de cumplimiento del tratado por parte de otros grandes exportadores de armas convencionales, entre ellos China y Rusia. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que Estados Unidos tenía su propio conjunto de controles para asegurar la venta adecuada de armas en el extranjero, y agregó que la administración de Trump se oponía a posibles enmiendas futuras al tratado para su consideración en 2020.


La NRA y otros grupos de Estados Unidos se opusieron a la firma en 2013 del Tratado sobre Comercio de Armas, por considerar que podría contravenir su derecho constitucional a la tenencia de armamento. “Este tratado amenazaba con subyugar sus derechos”, dijo Trump a los afiliados de la NRA congregados en Indianapolis, estado de Indiana.


Trump prometió a ese poderoso grupo de presión, que donó 30 millones de dólares a su campaña electoral en 2016, que “nunca les decepcionará” mientras siga en el poder.
El tratado de la ONU busca regular el comercio de equipos como tanques y aviones de combate, misiles, vehículos de guerra blindados, helicópteros para operaciones bélicas y armas cortas.


Entre otros elementos, el acuerdo también prohíbe el traslado de armas convencionales, municiones o componentes a países donde se determine, tras una evaluación de riesgos, que pudieran usarse para genocidios o crímenes de guerra. Si retira su firma del tratado, Estados Unidos se sumará a otros países que nunca llegaron a rubricarlo, como Rusia, Siria y Corea del Norte.

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Colombia. La ola de asesinatos contra el liderazgo social no para

Transcurridos 20 días de la álgida jornada de movilización y resistencia de la Minga del Cauca transformada en Minga Nacional –10 de marzo al 5 de abril–, continúa la ola de amenazas, atentados y asesinatos contra líderes y lideresas sociales. Ante esta realidad, ¿qué le espera a los diferentes territorios del país en materia de Derechos Humanos? ¿existe una respuesta del Estado colombiano para enfrentar este modelo de muerte impuesto por el poder realmente existente en el país? ¿cómo responder desde los sectores alternativos a esta realidad?


Culminada la Minga Nacional –5 de abril– y avistándose el 25 de abril, día concertado para realizar un paro nacional, la arremetida guerrerista desata sus fuerzas por diferentes coordenadas nacionales en contra de diversos liderazgos sociales, así como de excombatientes de la otrora guerrilla de las Farc –en proceso de reinserción a la vida civil–, profundizando la grave situación de Derechos Humanos que desde tiempo atrás vive el país.


Ríos de sangre


No transcurrieron más de 8 días de culminada la Minga Nacional para que el poder cobrara con sangre el arrojo indígena y campesino que emplazó al establecimiento a cumplir sus palabras tantas veces comprometida y tantas veces irrespetada: el 11 de abril, con diez disparos que impactaron su cuerpo, acabaron con la vida de Policarpo Guzmán Marge en Argelia Cauca.


Polo, como lo llamaban sus más cercanos, vivió en carne propia, durante varios años, el conflicto que aqueja al país. Antes de asentarse en el departamento del Cauca fue desplazado de otras regiones por Los Rastrojos, sin embargo, persistía en la búsqueda de vida digna. Fue integrante y fundador de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia y se organizó en el Pupsoc y Marcha Patriótica. Había denunciado la presencia de paramilitares en la región y exigido al Estado que lo protegiera, pese a lo cual nunca llegó la protección y el desenlace fue contundente.


Un día después, el 12 de abril, la sombra de la muerte cubrió la casa del indígena Emberá Aquileo Mecheche Baragon en Rio Sucio, Chocó. A las diez de la noche de aquel día sujetos armados entraron a su casa y se lo llevaron, asesinándolo a pocas cuadras de su residencia con tres impactos de bala. Aquileo fue presidente del Cabildo Mayor Indígena del Bajo Atrato Camizba–Asorewa y desde hace siete años era rector de la Institución Educativa Indígena Jagual. Fue uno de los líderes de la Minga del Chocó, desarrollada en el mes de noviembre del 2018. Había recibido amenazas por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).


Al siguiente día, 13 de abril, cuando aún la mañana estaba fresca, varios pistoleros llegaron al caserío Monte Lara, ubicado en Maicao (Guajira) y atacaron a las personas que se encontraban durmiendo en chinchorros, acabando con la vida de Samuel David González Pushaina, un bebé de siete meses, hijo de Carlos Enrique González –excombatiente de las Farc– y de Sandra Pushaina –indígena Wayúu–. En el mismo atentado también murió un familiar del exguerrillero.


En la misma semana –lunes 8 a domingo 14 de abril– también fue asesinado en el municipio de Ricaurte (Nariño) Fabio Roberto Paí Yascuarán, indígena Awá perteneciente a la comunidad Nalbú. La región donde vivía se encuentra en disputa entre diferentes grupos armados. Según fuentes gubernamentales la razón de la disputa es el control de rutas para el narcotráfico, lo que genera múltiples amenazas y controles a la libertad de tránsito en los territorios ancestrales del pueblo Awá. Hasta dos años atrás este territorio estaba bajo control de las otrora Farc.


Las denuncias por estos homicidios resuenan en amplias zonas del país, pero la impunidad no cede, y la violencia con blancos claramente establecidos prosigue con sus detonaciones: el 22 de abril en Norte de Santander cae asesinado Dimar Torres Arévalo –excombatiente fariano–, y la inculpación por autoría material recae sobre miembros del Ejército nacional. Según el comunicado de la Junta de acción comunal Vereda Campo alegre, municipio de Convención, a las 5 de la tarde de aquel día se escucharon algunos disparos que provenían de la base militar ubicada en la vereda Carrizal del corregimiento de Miraflores, hacia el lugar se desplazaron 80 personas de la comunidad y encontraron que los militares estaban abriendo una excavación al interior de la instalación militar, en donde pretendían enterrar el cuerpo de Dimar Torres. Días atrás –20 de abril– fueron hostigados con armas de fuego Ólger Antonio Pérez Quintero, directivo de la Asociación Campesina del Catatumbo –Ascamcat–, Nicolás López, del Comité de Integración Social del Catatumbo –Cisca– y Horacio Ramírez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Torcoroma.


¿Derechos Humanos?


La guerra continua en Colombia, en todas sus formas, entre ellas la psicológica. Al mismo tiempo que arrecia la ofensiva militar en contra de líderes sociales y excombatientes de las Farc, los panfletos firmados por las Águilas Negras reaparecen en los territorios de quienes se movilizaron en el mes de marzo. Estos panfletos expresan la relación de los grupos paramilitares con el establecimiento, pues defienden la institucionalidad y el gobierno de turno, criminalizan la organización social, el sindicalismo y a los defensores de Derechos Humanos, tildando a todos estos como guerrilleros. En el Cauca se están ofreciendo recompensas económicas por el asesinato de guardias indígenas y autoridades del Cric.


La situación que vivimos no es poca cosa. Según el informe anual de la ONG Programa Somos Defensores, el año 2018 fue uno de los más sangrientos para los defensores de derechos humanos en Colombia, pues se registraron 155 asesinatos, lo que supone un 46,2 por ciento más que en el 2017 en el que se presentaron 106 homicidios. Los departamentos en los que se registraron más muertes fueron Cauca (28 casos), Antioquia (24), Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10). A su vez, de los 155 asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos, 7 eran dirigentes sindicales, 6 afrocolombianos, 3 abogaban por las víctimas del conflicto armado, 3 líderes educativos, 3 defensores de la restitución de tierras, 2 del medioambiente y 1 Lgbti. Entre los responsables se encuentran grupos paramilitares, disidencias de las Farc, Eln y fuerza pública.


Debe recordarse que, según el informe presentado por Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde enero del año 2016 y hasta los primeros días del 2019, se estima que alrededor de 600 líderes sociales han sido asesinados en nuestro país. Así mismo es necesario mencionar que en los primeros 100 días gobierno de Iván Duque se han registrado 120 asesinatos de líderes. Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia se estima que durante este gobierno se han presentado 63 asesinatos de líderes indígenas y 153 amenazas. Además, son preocupantes las declaraciones del director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización de Colombia, Andrés Stapper, quien sostuvo que desde la firma del Acuerdo de Paz fueron asesinados 128 excombatientes.


¿Tiempo de inventar nuevos caminos?


Una disputa política por el control territorial. Este panorama que tenemos en materia de Derechos Humanos en Colombia, corrobora la existencia de un plan de asesinatos sistemáticos y selectivos contra líderes y lideresas sociales que dinamizan las inconformidades que aquejan a millones en el país, así mismo, evidencia una estrategia para generar miedo y terror en los diferentes territorios que están cansados de esta realidad, y que en medio de las dificultades están confrontando al gobierno del Centro Democrático, oponiéndose a los proyectos económicos, políticos y minero energéticos que se pretenden instalar por diferentes coordenadas nacionales.


De la misma manera, el asesinato de los excombatientes de las Farc evidencia el plan de exterminio contra las bases de la otrora insurgencia, los que con su activismo podrían generar en un futuro no lejano organizaciones sociales que confronten al régimen, o que ante los constantes incumplimientos de lo acordado decidan reagruparse en las llamadas “disidencias”.


No sorprende la respuesta del gobierno, pues en realidad los asesinatos y amenazas que se riegan por el país son funcionales a sus intereses. Lo que sí asusta es la falta de solidaridad de la sociedad colombiana, que pasivamente se queda observando, semana tras semana, el asesinato de otros líderes sociales. Esto trae algunos interrogantes: ¿acaso los movimientos sociales estamos desconectados del país nacional? ¿por qué el llamamiento a un paro nacional motiva la participación de los mismos sectores de siempre? ¿será que las metodologías que se están utilizando no son las que el pueblo colombiano está esperando y demandando? ¿cómo lograr discutir estos temas en el conjunto del movimiento social sin que se impongan los vicios de marginar, amañar o imponer las posiciones con la excusa de ser “mayoría”? Todo un reto por encarar.


Seguramente el país nacional va a sentir como propias todas estas luchas que se gestan desde los movimientos sociales, cuando realmente estos movimientos se aboquen al país, lo que implica superar las formas clásicas de la política, la misma que entiende y ve el poder en el Estado nacional, romper con lo cual demanda discutir y cuestionar la democracia liberal, así como las instituciones oficiales, las que están al servicio del poder tradicional y del status quo.

 

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https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36595-colombia-denuncian-128-asesinatos-de-excombatientes-farc-tras-acuerdo-de-paz.html
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36645-asesinados-en-colombia-155-defensores-de-los-derechos-humanos-en-2018.html
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-mapa-de-los-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-184408
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https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2965-tambien-victimas-de-multiples-vulneraciones-de-ddhh-el-pueblo-awa-del-municipio-de-ricaurte-narino
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2957-onic-denuncia-y-repudia-asesinato-de-dirigente-embera-aquileo-mecheche-baragon-de-camizba-asorewa
https://www.semana.com/opinion/articulo/asesinato-de-lideres-sociales-en-colombia-columna-de-ariel-avila/597203

 

 

 

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