EU abandona el Tratado de Cielos Abiertos; Rusia no lo respeta: Trump

El pacto permite verificar los movimientos militares de 34 estados firmantes por medio de sobrevuelos

 

Washington. El presidente Donald Trump anunció ayer que Estados Unidos se retirará del Tratado de Cielos Abiertos, que permite a unas 30 naciones verificar los movimientos militares de los estados firmantes, tras acusar a Rusia de violar el pacto.

Este es el tercer acuerdo de control de armas del que Trump decide retirar a su país desde que está en el gobierno. Ya abandonó el acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Irán y la denuncia del tratado INF sobre misiles terrestres de mediano alcance.

"Rusia no respetó el tratado", denunció Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

"Mientras ellos no lo respeten, nosotros nos vamos a retirar", afirmó el mandatario, confirmando así una información adelantada por el New York Times.

El Tratado de Cielos Abiertos permite que los 34 países firmantes sobrevuelen sus territorios respectivos, tomar fotografías de las instalaciones y actividades militares y recabar información.

La idea es que, cuanto más se conozcan las potencias rivales, menos posibilidades habrá de que se enfrenten en una guerra. Pero las partes también usan los vuelos para examinar las vulnerabilidades de su oponente.

Estados Unidos ha señalado varias veces a Rusia por violar este tratado. El secretario estadunidense de Defensa, Mike Esper, aseguró a principios de marzo en una comparecencia ante el Congreso que "hace años que los rusos hacen trampa".

Tras el anuncio del retiro de Estados Unidos del pacto que tenía además una treintena de países miembros, Rusia denunció un golpe a la seguridad europea.

El ex presidente estadunidense Dwight Eisenhower fue el primero en proponer que Estados Unidos y la entonces Unión Soviética permitieran vuelos de reconocimiento aéreo en sus respectivos territorios, en julio de 1955. Moscú rechazó la idea, pero el ex presidente George W. Bush volvió a proponerla en mayo de 1989 y el tratado entró en vigor en enero de 2002. Hasta el momento lo han firmado 34 naciones.

Se han realizado más de mil 500 vuelos dentro de este pacto, que busca fomentar la transparencia de las actividades militares y ayudar a vigilar el control de armamentos. Cada país firmante acepta abrir todo su territorio a los vuelos de vigilancia, pero Rusia los ha restringido en ciertas zonas.

El mes pasado, legisladores demócratas de los comités de Exteriores y Fuerzas Armadas de las dos cámaras acusaron al presidente de "forzar" el retiro del tratado en momentos que el mundo entero lucha contra el Covid-19. Dijeron que socavaría las alianzas con socios europeos que utilizan el tratado para obligar a Rusia a rendir cuentas de sus actividades militares en la región.

"El intento del gobierno de efectuar un cambio importante en nuestras medidas de seguridad nacional en medio de una crisis de salud global no sólo es miope, sino también absurdo", escribieron los legisladores Adam Smith y Eliot Engel y los senadores Jack Reed y Bob Menendez.

El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, lamentó el anuncio estadunidense y señaló que "este tratado representa parte importante de la arquitectura europea de control de armas".

Agregó que en los últimos años Rusia ha tenido "dificultades para implementar el tratado"; sin embargo, "ello no es una excusa para abandonarlo".

Maas explicó que la decisión de Trump entrará en vigor dentro de seis meses, y "durante este tiempo trataremos de que la administración estadunidense reflexione".

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Foto: Soldados israelíes toman posición mientras los manifestantes palestinos se reúnen en protesta contra la expansión de los asentamientos israelíes en la aldea cisjordana de Beita, 2 de marzo de 2020. Majdi Mohammed, AP

¿De qué tiene miedo el campo de centro izquierda de Israel cuando se trata de anexión? ¿Por qué la Unión Europea y otros países fingen tal clamor contra este próximo plan?

La anexión siempre se ha presentado como la madre de todos los desastres, pero tenemos que dejar de temerla, e incluso decir que sí. Se perfila como la única forma de salir del punto muerto, la única sacudida posible que podría terminar con este statu quo de desesperación en el que nos hemos quedado atrapados y que ya no puede llevar a ningún lado bueno.

La anexión es, de hecho, un premio intolerable para el ocupante y un castigo escandaloso para los ocupados. Legitima los crímenes más graves y destruye los sueños más justos, pero la alternativa es aún peor. Eternizaría la situación criminal que se perpetúa desde hace mucho tiempo. Asentaría la realidad del apartheid que ya existe desde hace bastante tiempo.

Pero la anexión también pondría fin a las mentiras y exigiría que todos miraran la verdad a los ojos. Y la verdad es que la ocupación llegó para quedarse, nunca hubo intenciones de hacer lo contrario. Ya ha creado una situación irreversible, unos 700.000 colonos,  incluidos los de Jerusalén Este, que nunca serán removidos y sin su remoción los palestinos no tendrán más que bantustanes, ni un Estado ni siquiera una caricatura de un Estado.

Esto es lo que temen los opositores a la anexión, sin un proceso declaratorio y legal, sería posible continuar sembrando engaños siempre. La anexión amenazaría la vida falaz de la Autoridad Palestina, que continúa comportándose como si fuera un Estado libre con soberanía a la vuelta de la esquina; del campo de paz israelí, que sigue creyendo que todavía existe la posibilidad de una solución de dos estados y de la Unión Europea, que cree que es suficiente emitir (¡Fuerte!) condenas a Israel y luego sentarse y no hacer nada contra el apartheid, financiarlo, armarlo y declamar sus «valores comunes» con Israel. La anexión desafiaría a los negadores de la realidad que nunca han sido desafiados en sus vidas. Por lo tanto, deberíamos estar a favor a pesar de la injusticia y los desastres que puedan surgir. A largo plazo el precio será menor que el de la situación existente.

Es precisamente el acérrimo opositor de la anexión Shaul Arieli quien mejor describió sus ventajas. En un artículo reciente (Haaretz, edición hebrea, 24 de abril), señaló cómo colapsaría la Autoridad Palestina, se cancelarían los Acuerdos de Oslo, la imagen de Israel sufriría daños y es probable que estallase otro ciclo de derramamiento de sangre. Estos son peligros reales que no se pueden tomar a la ligera, pero dice: «El paso de la anexión sería un gran golpe para los puntos de apoyo de la situación actual y alteraría su frágil equilibrio». ¿Y qué más podemos pedir, Shaul Arieli? La estabilidad que ha creado la ocupación, su rutina de normalidad, son los grandes enemigos de cualquier esperanza para ponerle fin. No tienes que ser anarquista o marxista para ver la oportunidad latente en esta terrible visión. Después de todo la anexión es más reversible que las colonias, la política de anexión puede algún día convertirse en democracia.

Hemos estado esperando este golpe para aterrizar. Es nuestra última esperanza. Quien conoce a Israel sabe que no hay posibilidad de que se despierte una mañana por su propia voluntad y diga: La ocupación no es agradable, acabemos  con ella.  Quien conoce a los palestinos sabe que nunca han estado tan débiles, aislados, fragmentados y desprovistos de cualquier espíritu de lucha. Y quien conoce el mundo sabe lo cansado que está del conflicto. Así que ahora Israel vendrá y con el aliento del conocido pacificador de Washington despertará esta realidad desde su sueño, la anexión. Es igual. En las colinas y en los valles, en el Área C y al final en toda Cisjordania.

Como nadie tiene la intención de otorgar los mismos derechos a los palestinos, Israel se declarará un Estado de apartheid. Dos pueblos, uno con todos los derechos y el otro sin ninguno, desde el podio de la Knéset y la ONU también. ¿Es demasiado ingenuo u optimista creer que la mayor parte del mundo no permanecería en silencio, así como un gran número de israelíes? ¿Hay alguna alternativa realista? Entonces dejad de tener miedo y dejad que se anexen.

Por Gideon Levy | 15/05/2020

Traducido del inglés para rebelión por J. M

Fuente: https://www.haaretz.com/opinion/.premium-let-israel-annex-the-west-bank-it-s-the-least-worst-option-for-palestinians-1.8833755

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China decidió multiplicar su arsenal nuclear

Días atrás trascendió que el Ministerio de Seguridad de China instaba al Gobierno a prepararse incluso para una guerra, en vistas de la presión de la Casa Blanca y de Occidente, con renovadas acusaciones sobre su responsabilidad en la pandemia, que alcanzaron "un nivel de histeria".

 

En efecto, trascendió que "un documento fue presentado a principios de abril por el Ministerio de Seguridad chino a los principales líderes de Pekín, entre ellos el presidente de la República, y en él se asegura que la hostilidad hacia China está en su punto más alto desde las sanciones internacionales que sufrió China tras la matanza de la Plaza Tiananmen de 1989".

El citado informe habría sido elaborado por los Institutos de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China (CICIR), expertos del Ministerio de Seguridad del Estado, que es el principal órgano de inteligencia de China. Además de contener el ascenso de China, los especialistas estiman que EEUU pretende debilitar el Gobierno del Partido Comunista socavando la confianza de la población.

Frente a esta situación, Pekín tiene entre sus planes dos armas pesadas. Una de ellas consiste en "reducir sus vastas tenencias de bonos del Tesoro de Estados Unidos".

"China podría desencadenar una caída del dólar estadounidense y de los mercados financieros inundando el mercado con bonos del Tesoro de EEUU a la venta, lo que empujaría a la baja los precios de los bonos estadounidenses", sostiene el periódico de Hong Kong South China Morning Post, citado por Sputnik.

Es cierto que la venta masiva de sus bonos del Tesoro causaría una catástrofe financiera global, que también perjudicaría al dragón, por lo cual no es la mejor opción, aunque este tema está sobre la mesa desde tiempo atrás.

Lo realmente novedoso, es que los medios oficialistas están llamando a incrementar seriamente el armamento nuclear. El editorial de Global Times del 8 de mayo se pregunta: "¿Esta ola anti-China está diseñada específicamente para que Trump gane la reelección? ¿Se disipará una vez que terminen las elecciones?". E inmediatamente se responde: "No podemos estar bajo tal engaño".

En suma, la dirección china tiene muy claro que gane quien gane las elecciones presidenciales de noviembre, la campaña "responsabilizar a China" seguirá su curso.

"El ascenso de China está causando que algunas élites políticas estadounidenses abandonen el pensamiento racional. Su juicio básico ha sido distorsionado", sostiene el editorial oficialista. "Atacar a China se ha convertido gradualmente en la nueva "corrección política" en los Estados Unidos, que afecta seriamente la comprensión objetiva de la sociedad estadounidense de los problemas relacionados con China", concluye.

El resultado de este análisis parece obvio: "China necesita prepararse para un desafío a largo plazo. Primero, debemos fortalecer y mejorar nuestra tecnología científica central y nuestro poder estratégico militar".

En la misma edición, el editor jefe de Global Times, Hu Xijin, titula su análisis: "China necesita aumentar sus ojivas nucleares a 1.000". Agrega que el país asiático debe tener al menos 100 misiles estratégicos Dongfeng-41, porque "necesitamos un arsenal nuclear más grande para frenar las ambiciones estratégicas e impulsos estadounidenses hacia China. Quizás tengamos que enfrentar desafíos con una determinación más fuerte en el futuro cercano, lo que requiere el apoyo de los misiles Dongfeng y Julang".

Aunque el medio oficioso del Partido Comunista defiende las buenas relaciones con EEUU, no se llama a engaño. "No seas ingenuo. No asumas que las ojivas nucleares son inútiles. De hecho, se están utilizando todos los días como un elemento disuasorio para dar forma a las actitudes de las élites estadounidenses hacia China".

En 2006 la Agencia de Inteligencia de la Defensa de EEUU estimaba que China poseía unas cien ojivas nucleares, aunque otras fuentes estimaban que ascienden a 400. En cualquier caso, se plantea un aumento importantísimo del arsenal nuclear y, sobre todo, se lo proclama abiertamente cuando el dragón había sido muy cuidadoso hasta ahora al abordar estos temas.

La impresión que se recoge es que la dirigencia china está muy preocupada con la deriva de agresividad que está tomando forma a raíz de la pandemia de coronavirus. Por lo que se puede recordar, desde que Mao Tse Tung afirmara, antes del triunfo de la revolución, que "la bomba atómica es un tigre de papel", a la que no debía temerse, los sucesivos gobiernos chinos no habían abordado el tema nuclear de esta forma tan clara y transparente.

Es evidente que la República Popular China se viene reforzando de manera formidable, como lo demuestra la botadura de dos nuevos submarinos nucleares portadores de misiles balísticos intercontinentales, además del segundo navío de asalto anfibio en apenas siete meses, un portahelicópteros de 35,000 toneladas.

Por último, el analista Xulio Rios del Observatorio de la Política China, estima que Xi Jinping está promoviendo un hondo viraje en los asuntos internos. "Asistimos en las últimas semanas a una acusada recentralización de los asuntos de Hong Kong que amenaza con pulverizar la autonomía local". Agrega que el Gobierno tiene urgencia en promover la estabilidad interna, pues en el marco de "una pésima situación económica por el impacto de COVID-19, ya ha adelantado que la estabilidad social será crucial para la recuperación".

Parece evidente que el Gobierno chino se está preparando para una guerra que no desea, pero que considera tal vez inevitable. Para eso extrema el control interno, evitando así posibles estallidos sociales que —como en el período imperial debilitarían al país.

Por otro lado, sigue adelante con lo que los especialistas denominan como "ritmo frenético" en la construcción y modernización de su flota de guerra, que está llamada a jugar un papel muy destacado en la defensa del Mar del Sur de China, aguas estratégicas para el dragón, por donde pasa buena parte del comercio internacional y, de modo muy particular, las gigantescas cisternas que lo aprovisionan de petróleo.

Es probable que las altas esferas chinas estén convencidas de que las elites estadounidenses ya se hayan decidido por desatar un conflicto armado, probablemente localizado, para contener su inevitable decadencia imperial.

17:16 GMT 08.05.2020(actualizada a las 17:25 GMT 08.05.2020) URL corto

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El dilema de Vladimir Putin en Siria no tiene una resolución fácil

En los últimos días algunos medios han publicado que Vladimir Putin está tratando de que Asad haga concesiones a la oposición. Aunque no está claro qué es exactamente lo que quiere, el presidente ruso no parece dispuesto a renunciar a su presencia en Siria.

 

Desde que se inició la intervención de Rusia en el conflicto sirio en 2015, el presidente Bashar al Asad ha pasado de una situación claramente perdedora a consolidar su dominio en la mayor parte del país. A cambio, Vladimir Putin ha obtenido una presencia significativa en Oriente Próximo, una región que ha estado sometida históricamente a la hegemonía de Estados Unidos y en la que últimamente Israel juega un papel central.

Algunas noticias aparecidas recientemente en medios de comunicación rusos, y de las que se han hecho eco medios occidentales como la agencia alemana DPA y la americana Bloomberg, señalan que la luna de miel entre Putin y Asad atraviesa por un momento crítico y que el primero desea resolver de una manera rápida y satisfactoria para los intereses de Moscú una situación que le causa quebraderos de cabeza.

El problema es que Putin no ve ninguna figura que pueda sustituir a Asad. La imagen del líder sirio se ha deteriorado mucho con el conflicto que comenzó en 2011 espoleado y alimentado por potencias occidentales y regionales, que derivó en una guerra civil abierta con la muerte de cientos de miles de personas y con el desplazamiento interno y externo de millones de refugiados.

Según distintos medios rusos, Putin estaría presionando a Asad para que mostrara una mayor flexibilidad en las negociaciones con la oposición con el fin de lograr un arreglo político al conflicto, una posición que Asad rechazaría por verla inviable, al considerar que Siria no puede arriesgarse a una reanudación de la guerra civil, un peligro que es muy evidente.

Las mismas potencias que incendiaron el conflicto jaleando a los insurgentes e invirtiendo dinero, armas e inteligencia a manos llenas, ahora indican al gobierno de Siria que la única manera que tiene de obtener inversiones para la reconstrucción es echando a Asad. Esas mismas potencias, por supuesto no tienen otro plan de salida y parecen seguir creyendo que las cosas se arreglarán e irán como la seda si Asad desaparece de la escena de un día a otro por arte de magia.

El enorme sufrimiento causado con sus injerencias no les importa lo más mínimo, ni tampoco el sufrimiento que pueden causar a partir de ahora. La idea que acarician, ya sea por ingenuidad o por ambiciones hegemónicas, es establecer en Siria una democracia liberal que sirva de modelo a la región, con la inversión de miles de millones de dólares para la reconstrucción que ahora niegan a Asad: es decir, exactamente las mismas promesas que hicieron a Irak, país que ya goza de una vibrante democracia y de gran bienestar gracias a George Bush y sus aliados occidentales, y donde todos cenan perdices escabechadas por la noche.

Si acepta ese viejo juego, Putin podría tener la última palabra. No está claro que el presidente ruso vaya a aceptarlo, entre otras cosas porque acabaría con la presencia de Rusia en Siria, y porque va en contra de los intereses regionales de Moscú. Crear en la zona otro país fallido al lado de Irak no redundaría en beneficio de Rusia y sí en beneficio de las potencias occidentales.

Aunque el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov ha negado que Putin esté descontento con la resistencia de Asad a alcanzar un compromiso con la oposición, en varios medios moscovitas se dice lo contrario, sin aportar pruebas sólidas que lo demuestren.

Un reciente artículo en la Agencia de Noticias Federal de Moscú, a quien algunos analistas vinculan con el Kremlin, decía que Asad es corrupto y que no cuenta con un apoyo mayoritario entre su pueblo. El artículo fue recogido por varios medios pero pronto desapareció de la página de la agencia, una indicación de que probablemente no fue del agrado del Kremlin.

Días después apareció otro artículo crítico con Asad en un grupo de presión vinculado al Kremlin, el Consejo Ruso para Asuntos Internacionales, donde se afirmaba que el gobierno de Damasco no tenía una política de futuro y no era flexible con la oposición. Tanto uno como otro artículo se interpretan en Occidente como indicaciones de un posible descontento de Putin.

En cualquier caso, los dos presidentes, Putin y Asad, se hallan hundidos en un pantano y a corto o medio plazo no se vislumbra que vayan a salir a flote. Esto significa sobre todo que los sirios van a seguir viviendo en una economía de guerra en la que no entrará dinero y por lo tanto no se producirá la urgente reconstrucción que necesita el país.

Además, si Putin arroja al líder de Damasco a los leones, la posición rusa en Oriente Próximo sufrirá las consecuencias y se iniciará un periodo de grandes incertidumbres, máxime si se tiene en cuenta que la "oposición" moderada son cuatro gatos mal contados, aunque cuenten con el apoyo incondicional de Occidente para establecer una "democracia liberal modélica" que parece una utopía irrealizable, directamente un delirio.

Por otra parte, si es cierto que Putin está presionando a Siria, también podría ser para que Asad adoptara algunas decisiones puramente cosméticas que le permitieran al presidente ruso decir a Occidente que se han hecho las concesiones razonables que podían hacerse, y hasta ahí hemos llegado. En esta lectura quedaría claro que Putin no quiere ni puede abandonar a su aliado sencillamente porque no existe ninguna alternativa viable a Asad.

30/04/2020 07:43

por EUGENIO GARCÍA GASCÓN

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Martes, 28 Abril 2020 06:19

De la seguridad al coronavirus

De la seguridad al coronavirus

Desnudos ante el poder: Si aceptamos el confinamiento y la decisión unilateral del ejecutivo de restringir libertades y de imponer formas de conducta como el distanciamiento social; si las mayorías las aplauden mientras condenan a quienes las transgreden, es porque la sociedad ha sido ablandada y modelada por décadas de políticas de seguridad.

Los institutos de opinión pública uruguayos detectaron un cambio abrupto en la percepción de la población respecto a los problemas principales que enfrenta. Así, el diario La República titula en su edición del 23 abril “La salud desplazó a la inseguridad y ahora es la primera preocupación de los uruguayos” 

La directora de Equipos Consultores, Mariana Pomiés, asegura. “Nos llevamos una sorpresa porque hace años la principal preocupación era la inseguridad y ahora se desplomó”. En su evaluación, la preocupación por la seguridad cayó del 58 al 5%, siendo desplazada por la salud y la economía, por ese orden.

La serie histórica que Equipos presentó el 14 de abril de la mano de Ignacio Zuasnábar, en canal 12, no deja lugar a dudas. Desde 2008 la seguridad y la delincuencia desplazaron a la desocupación como tema excluyente de los uruguayos. El año pasado, el 72% lo consideraron el problema principal en sus vidas.

Son datos relevantes ya que la serie histórica recorre más de una década, desde 2007, atravesando casi todo el período de los gobiernos progresistas. La seguridad es el dato central que permite explicar los resultados electorales de octubre y noviembre, o sea la derrota del Frente Amplio y el triunfo de una coalición multicolor que llevó a Luis Lacalle a la presidencia, pese a no existir nada que se parezca a una crisis económica en Uruguay, a diferencia de otros países de la región.

Aunque los datos son reales e indiscutibles, el enfoque me parece desacertado. La pandemia de coronavirus no desplaza a la seguridad como tema principal, porque se trata del mismo fenómeno social. El coronavirus es la expresión, en este período, de la preocupación ciudadana por la inseguridad, excusa para la aplicación de las políticas de seguridad desplegadas en los últimos 20 años, no sólo en Uruguay sino en toda América Latina.

Estamos ante una construcción política que está íntimamente ligada a lo que el filósofo Giorgio Agamben denomina como “estado de excepción”, devenido en el “paradigma de gobierno” en el período actual*. En su estudio sobre el origen el estado de excepción se remonta al “estado de sitio” durante la revolución francesa, ligado a la guerra contra enemigos externos que enfrentaba la Asamblea Constituyente en 1791. Posteriormente, a lo largo de los siglos XIX y XX, el estado de sitio se emancipa de la situación bélica que lo generó, “para ser usado como medida extraordinaria de policía frente a desórdenes y sediciones internas, deviniendo así de efectivo o militar en ficticio o político” (p. 29).

Insiste, mal que nos pese, en que fue la tradición democrático-revolucionaria y no la absolutista, la creadora del estado de excepción. Los “plenos poderes” que asume el poder ejecutivo supone en los hechos un vacío de derecho. Lo sucedido durante las dos guerras del siglo XX, con el ascenso del nazismo en el seno de regímenes democráticos, llevó a Walter Benjamin a decir que “el estado de excepción…ha devenido la regla”.

Agamben registra que la ampliación de los poderes del ejecutivo va mucho más allá de las conflagraciones bélicas, cuando todos los países en guerra aplicaron el estado de excepción. Bajo esa tendencia inexorable, “es la totalidad de la vida político-constitucional de las sociedades occidentales lo que comienza progresivamente a asumir una nueva forma, que quizá sólo hoy ha alcanzado su pleno desarrollo” (p. 43).

¿Cuáles son los mecanismos que llevaron a que el estado de excepción se haya convertido en el paradigma de las democracias? La mutación principal, consiste en que “la declaración del estado de excepción está siendo progresivamente sustituida por una generalización sin precedentes del paradigma de la seguridad como técnica normal de gobierno” (p. 44).

El filósofo sostiene, en una reciente entrevista, que el control a través de videocámaras y teléfonos celulares, “excede, por mucho, cualquier forma de control utilizada bajo regímenes totalitarios como el fascismo o el nazismo” y que las medidas que limitan nuestra libertad “nunca se habían aplicado en la historia de nuestro país”.

Si aceptamos el confinamiento y la decisión unilateral del ejecutivo de restringir libertades y de imponer formas de conducta como el distanciamiento social; si las mayorías las aplauden mientras condenan a quienes las transgreden, es porque la sociedad ha sido ablandada y modelada por décadas de políticas de seguridad.

Porque nos hemos acostumbrado a que el poder decida, con la sola aprobación de “técnicos” y “especialistas”, una gama cada vez más amplia de decisiones: quiénes son pobres y quiénes indigentes, quiénes pueden recibir ayudas y subvenciones, qué empresas están exentas del pago de impuestos y cuáles pueden vulnerar la soberanía nacional, y un largo etcétera. Hasta llegar a decidir en qué lugares debo usar tapabocas, cuántos pueden estar en un almacén y a qué distancia de otras personas debo sentarme.

¿Quién decidió que la pandemia es una guerra que debe ser enfrentada con métodos y modos militares? Los gobiernos, sin el menor debate público, argumentando la urgencia, la salvación de la población, el bien público, y otros similares. Todo ello sin que mediara el menor debate en la sociedad. Porque la fruta de la militarización de la sociedad fue madurando durante décadas de gestión de la seguridad con políticas de control policial.

El Estado/policía toma las decisiones y aplica las penas luego de marcar la falta, aunque en muchos casos el policía sea sustituido por un asistente social. La sociedad queda, de ese modo, desnuda ante el poder. Una desnudez, como dice Agamben, que es “una producción específica del poder y no un dato natural”.

* Giorgio Agamben, Estado de excepción, Adriana Hidalgo, 2004.

27 abril, 2020

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“La implementación de los acuerdos de paz es muy ambiciosa, muy difícil, y hay que insistir”

El jefe saliente del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia analiza el panorama humanitario que enfrenta el país

 

Después de casi seis años en Colombia como delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Christoph Harnisch prepara las maletas para asumir ese mismo cargo en Irak –con algún retraso, por cuenta de la crisis mundial del coronavirus y los problemas de movilidad que conlleva para una organización internacional–. Este curtido diplomático suizo llegó a Bogotá en 2014, en plenas negociaciones entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC, y se marcha cuando el acuerdo de paz ya cumple más de tres años desde su firma, pero el país todavía afronta formidables desafíos humanitarios. En muchas de las regiones más remotas e históricamente marginadas, las enormes esperanzas de la población todavía no se materializan.

Su primera sorpresa al aterrizar fue encontrarse con un país que “estaba mirando una negociación de paz con una distancia muy grande”, rememora en esta entrevista por videollamada que atiende desde el edificio del CICR en el norte de Bogotá, donde ha dejado todo listo para partir. No se percibía el interés, y el vocabulario de la guerra seguía dominando el debate público, se utilizaban las mismas palabras que en el pasado, detalla. La segunda sorpresa, para él que ha estado acostumbrado a negociaciones con cierta confidencialidad, fue que se publicaran los tres primeros puntos antes de sellar el acuerdo – política agraria, política de drogas y participación política–, y que esos textos se distribuyeran de manera muy abierta. Era la prueba de que Colombia vivía una dinámica de negociación muy particular.

Conflictos activos

Desde que las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dejaron las armas y se convirtieron en un partido político con representación en el Congreso, “el número de actores aumentó claramente, y el análisis mismo de quiénes son se ha vuelto mucho más complejo”, señala Harnisch. “Uno no puede decir que la paz no llegó a ninguna parte del país, pero no llegó a estos territorios muy lejanos, pobres, donde hay ausencia del Estado y una situación muy difícil. Esto es lo que queda por hacer”, advierte. “La noticia muy buena es que hay un actor armado menos en el país que son las FARC-EP, y esto se olvida de vez en cuando”, señala.

El CICR ha evitado hablar de una situación de posconflicto. Prefiere referirse a un escenario de posacuerdo, pues considera que persisten al menos cinco conflictos armados no internacionales en Colombia. Cuatro entre el Gobierno y algún actor armado –el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las antiguas estructuras de las FARC que no se acogieron a los diálogos de La Habana– y uno entre el ELN y el EPL en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela.

También han sido años de un evidente crecimiento de los cultivos de coca. “He visto en África muchos conflictos que se explican por los recursos naturales, sean los diamantes o la distribución del petroleo”, dice el jefe en el país andino del CICR. “En los conflictos modernos muchas veces la motivación profunda es la presencia de recursos naturales, donde hay grupos que quieren controlar y distribuir después esta riqueza. Colombia no es diferente. Se habla muchísimo de la presencia de la coca, pero cuando uno va a algunas zonas del Cauca, o de Nariño, el problema más grande es la minería que se hace de manera ilegal. En este sentido no es una particularidad”, reflexiona. Sin ser experto en las lógicas de las economías ilegales, le sorprende que se hable tanto de la producción y el transporte. “¿Por qué no se habla más del consumo?”, se cuestiona.

La incansable búsqueda de desaparecidos

El CICR lleva medio siglo trabajando en Colombia, uno de los lugares donde su presencia ha sido más prolongada y donde es más respetado. En un país donde el Centro Nacional de Memoria Histórica ha registrado más de 80.000 desaparecidos y el Instituto de Medicina Legal calcula hasta 200.000 cuerpos por exhumar, apoyar a las familias que buscan a sus seres queridos ha sido una parte esencial de su misión. Harnisch califica la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), surgida de los acuerdos con un mandato exclusivamente humanitario y extrajudicial, como “una idea brillante”.

“Estos negociadores reconocieron el problema, y eso ya es un logro enorme”, apunta. En otros lugares se impuso la idea de que hablar de los desaparecidos complicaba las negociaciones, pero no en Colombia. Sin embargo, los avances han sido muy lentos. En algunas zonas hay miedo, los pobladores son muy cautelosos. Para obtener información, la UBPD “tendrá que luchar en los próximos años para ganar esta confianza de la gente”, valora. “La implementación es muy ambiciosa, es muy difícil, y hay que insistir”.

Justamente el CICR ha advertido que los países deben prepararse con urgencia para la correcta manipulación de los cadáveres que produzca la crisis del coronavirus, y la UBPD ha dicho que la emergencia sanitaria puede poner en riesgo los cuerpos de personas no identificadas que permanecen en los cementerios del país. El delegado, sobre la base de su experiencia, matiza ese peligro. “Este país tiene un Instituto de Medicina Legal fabuloso, que hace un trabajo inmenso; tiene una capacidad forense que muchos países no tienen; tiene unas instituciones que están involucradas en el manejo profesional, con unos estándares bastante elevados, y en ese sentido mi preocupación es muy poca”.

Crisis carcelaria

La pandemia también ha encendido las alarmas sobre el hacinamiento carcelario en diferentes lugares del mundo. En Colombia, la covid-19 ya ha provocado la muerte de dos presos contagiados en la cárcel de Villavicencio, y un sangriento motín para exigir medidas sanitarias que dejó 23 muertos en la cárcel Modelo de Bogotá hace poco más de un mes. Esos episodios han evidenciado una situación dramática. El Gobierno expidió un decretó para enviar a prisión domiciliaria a unas 4.000 personas privadas de la libertad, que ha sido duramente criticado por insuficiente. El sistema carcelario tiene capacidad para 80.000 presos, pero mantiene a unos 124.000.

El hacinamiento es apenas “la punta del iceberg”, ha dicho el delegado del CICR, que advierte sobre la emergencia carcelaria hace años. “La crisis del coronavirus no es el momento de arreglar todos los problemas sistémicos que existían, porque eso es imposible. Pero sí tiene que dar a muchos sectores de este país el empujón para decir ‘esto sí necesitamos arreglarlo’”, señala. “Durante la crisis lo que hay que hacer es salvar vidas”.

Por Santiago Torrado

Bogotá - 26 abr 2020 - 09:33 COT

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La violencia silenciosa que arrecia en el campo colombiano en medio de la pandemia

 El alto el fuego del ELN rebaja las estadísticas, pero el conflicto entre grupos armados no se detiene y se disparan las amenazas contra exguerrilleros

En pocas horas en Colombia murieron ocho disidentes de la antigua guerrilla de las FARC, un militar falleció en un combate con otra columna que se separó de los acuerdos de paz, una banda de paramilitares amenazó a un periodista y el partido político nacido del grupo insurgente, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, denunció la indefensión ante estas organizaciones de los excombatientes que abandonaron las armas. Fue allí, en el municipio de Argelia, ubicado en el departamento suroccidental del Cauca, donde en los últimos días se intensificaron los combates entre un sector de las disidencias y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las Fuerzas Armadas informaron este miércoles de que “ocho terroristas murieron al enfrentarse con las unidades militares” mientras trataban de contener esos enfrentamientos, que se enmarcan en la lucha por el control de una ruta del narcotráfico.

Estos son los episodios violentos más recientes conocidos en Colombia, que hace frente a la emergencia sanitaria del coronavirus -que ha dejado 130 muertos y más de 3.000 infectados- con una estricta cuarentena y el cierre de las fronteras. Sin embargo, la violencia en el campo, en un país eminentemente rural que acaba de salir de un conflicto armado de más de medio siglo, no se detiene. Y ahora es más silenciosa porque todos los ojos están centrados en la pandemia. El partido FARC deploró a través de un comunicado que “en medio de la crisis [...] hay grupos que, con una lectura equivocada del momento, no dan tregua con sus actos, agudizan los temores y la zozobra que actualmente se vive en las comunidades”. Argelia fue el último escenario de una persecución consolidada por parte de las bandas criminales: “Rechazamos el señalamiento y la declaración como objetivo militar de los dirigentes de las organizaciones sociales y de los militantes de nuestro partido y reincorporados”, señala un comunicado.

El abismo entre campo y ciudad y la escasa presencia de las autoridades en algunos territorios no supone una novedad en Colombia. Pero en estas circunstancias hace saltar las alarmas de los expertos. Lo explica Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. “El país está concentrado en el coronavirus, las Fuerzas Armadas están en acuartelamiento esperando una crisis del coronavirus, pero el país se sigue incendiando. Y la otra parte de la respuesta es que en datos, en números, en estadísticas no se ve, porque el ELN paró la actividad y los enfrentamientos entre grupos no se cuentan, porque es cuando se ataca la fuerza pública”.

El ELN es la última organización guerrillera aún activa en Colombia, aunque se disputa el control del tráfico de droga con otras bandas. Esto es, aunque a finales de marzo declarara un alto el fuego unilateral con el Estado, sus actividades siguen pese a que haya suspendido los ataques a las fuerzas militares. “Si viene el ELN y declara un cese unilateral al fuego, ellos siguen enfrentándose a otros grupos, siguen expandiéndose, aunque hayan parado la actividad frente al Ejército, la guerra sigue, con las disidencias y los paramilitares”, continúa Ávila.

El procurador, Fernando Carrillo, se pronunció públicamente a propósito del caso del Cauca. “Sobre la situación en Argelia, hacemos un llamado a la fuerza pública colombiana para garantizar la protección efectiva, la vida e integridad personal de los reincorporados en el marco de la implementación del acuerdo final”, afirmó. La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas se sumó al llamamiento, solicitando “protección inmediata tanto de reincorporados de las FARC como de las comunidades que están padeciendo el control violento de grupos armados en la zona”.

A eso se añaden los ataques sistemáticos a los líderes sociales y las preocupaciones por la compleja implementación de los acuerdos de paz firmados con las FARC en 2016. Entonces se acabó una guerra, pero no la violencia. El jefe de la misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, manifestó que la necesidad de redoblar los esfuerzos ante la epidemia de covid-19. “Tenemos la obligación colectiva de seguir garantizando el progreso en la implementación del acuerdo de paz. La paz en Colombia no puede ser una víctima de la pandemia”, señaló el martes. “La violencia en contra de excombatientes se ha mantenido a pesar de la cuarentena nacional. Desde la publicación del informe [a principios de marzo] otros tres excombatientes han sido asesinados, para un total de 195 desde la firma del acuerdo de paz”. Así las cosas, Ruiz Massieu considera que “así como diferentes sectores en Colombia se están uniendo para enfrentar la pandemia, es necesario que todos los sectores se unan para poner fin a la epidemia de violencia contra líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y excombatientes”.

México - 16 abr 2020 - 03:03 COT

Publicado enColombia
El gasto militar mundial es un 50% más alto que al final de la Guerra Fría

Una campaña internacional reclama a los líderes mundiales que destinen el presupuesto armamentístico a hacer frente al coronavirus. Este viernes comienza un mes de acción global en distintos países.

Allá donde hay armas quieren ver vacunas. Allá donde se preparan ejércitos, plantean que se entrenen médicos. En plena emergencia sanitaria por el coronavirus, el International Peace Bureau (IPB), considerada la organización pacifista y antimilitarista más antigua del planeta, ha emprendido una campaña mundial para pedir a las grandes potencias que destinen su astronómico presupuesto militar a la sanidad.

No hay tregua en las oficinas –ahora instaladas en las habitaciones de casa– del IPB. Estos días, las organizaciones que forman parte de esta plataforma apuran detalles de lo que será un mes intenso: desde este viernes 10 y hasta el próximo 9 de mayo inclusive, sus participantes llevarán a cabo la campaña de acción global para la reducción del gasto militar. En total, se estima que habrá un centenar de acciones en una treintena de países.

"La idea inicial era hacer un enfoque más centrado en el cambio climático, pero ocurrió lo que todos sabemos", dice a Público Jordi Calvo, coordinador del Centro Delàs de Estudios por la Paz y vicepresidente de la Junta del IPB. "Lo que todos sabemos" es, nada más y nada menos, que una pandemia global, con miles de muertes a sus espaldas y un cambio drástico en la vida cotidiana de millones y millones de personas.

De ahí, precisamente, la clave de la acción global de este año. "¿Cuánto dinero hemos dedicado a investigar en salud y cuánto al ámbito militar y a la compra de armamento?", resume Calvo. "Ahora estamos pagando esa mala gestión de lo público y ese análisis equivocado", subraya.

El IPB reclama "una reducción dramática del gasto militar en favor de la asistencia sanitaria"

Precisamente por eso, el IPB reclama "una reducción dramática del gasto militar en favor de la asistencia sanitaria y para satisfacer las necesidades sociales". "Es el momento de abrir una nueva página en las relaciones mundiales y poner las tensiones geopolíticas a un lado, para acabar con las guerras, para un alto el fuego en aquellos múltiples conflictos en todo el mundo, los cuales pueden dificultar un esfuerzo de solidaridad global", sostiene la ONG, creada en 1891 en Berlín –hoy tiene su oficina descentralizada en Barcelona– y galardonada en 1910 con un Premio Nobel de la Paz.

Según datos de esta organización, "el gasto militar es un 50% más alto hoy que al final de la Guerra Fría". "Se sitúa en la asombrosa cifra de 1,8 billones de dólares al año, mientras que la OTAN exige más aumentos a sus miembros", destaca en el manifiesto elaborado para reclamar, precisamente, que esta situación se revierta.

Según datos publicados por el Centro Delàs en abril de 2019, por entonces España se mantenía en el decimosexto puesto del ranking de países que más dinero dedican a Defensa, "con un gasto de 18.200 millones de dólares según datos del SIPRI (Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo) y cerca de 20.000 millones de euros según el cálculo del Centro Delàs".

La lista estaba encabezada por EEUU, que había aumentado su gasto militar hasta los 649 mil millones de dólares, un 4,6% más que el año anterior. Esa cifra representaba el 36% del gasto militar mundial en 2018. "Su gasto militar es el mismo que el de los 7 siguientes países que más gastan", destacaba el informe dado a conocer por el Centro Delás.

En segundo lugar estaba China, que había su gasto en un 5% hasta los 250 mil millones, "lo que representa el 14% del total mundial". De hehco, Estados Unidos y China juntos "representan la mitad del gasto militar mundial", seguidos por Arabia Saudí, India, Francia y Rusia.

Cambio de prioridades

Ahora, con los alarmantes datos del coronavirus sobre la mesa, el IPB encabeza esta campaña para pedir un urgente cambio de prioridades. "Pedimos a los países más ricos del mundo que se cuestionen lo que han hecho hasta ahora: se han dedicado demasiados recursos para militarizarnos. Ahora hay que utilizar estos recursos para hacer frente a las crisis sanitarias", explica Calvo, quien advierte sobre el carácter "económico y social" de la crisis que se avecina y que será sufrida, con especial intensidad, "por las comunidades más vulnerables".

En tal sentido, el IPB acompaña las jornadas de acción global con una recogida de firmas virtual para instar a los líderes del G20 a "levantar la sombra de la guerra y la política militar que ha arruinado la cooperación mundial en los últimos años y trabajar para asegurar que prevalezca un espíritu de paz y solidaridad".

"El G20 es responsable por el 82% del gasto militar mundial, representa casi todas las exportaciones de armas, y tiene en su territorio colectivo el 98% de las bombas nucleares del mundo. El G-20 es una plataforma compartida que reúne los intereses de los principales actores de la carrera de armamentos mundial", remarca.

Las firmas que se recojan serán llevadas a la próxima reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, prevista para septiembre próximo. Allí pedirán a los líderes mundiales que "actúen por una cultura de paz" y reduzcan drásticamente el gasto militar "en favor de la sanidad pública y la atención a las necesidades sociales y medioambientales".

10/04/2020 08:05

Publicado enInternacional
Elliot Abrahms, representante especial para temes relacionados con Venezuela, del Departamento de Estado de EU. Foto Afp

Ciudad de México. En la coyuntura de la llamada “epidemia del siglo”, la diplomacia de guerra de Estados Unidos ha decidido profundizar su guerra no convencional, asimétrica, contra Venezuela. Con una serie de acciones sucesivas que pretenden generar miedo y pavor (shock and awe) en filas “enemigas”, la administración Trump activó el 26 de marzo pasado el miserable plan diseñado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el representante especial para Venezuela, Elliott Abrams, cuyo objetivo final es intentar producir un “cambio de régimen” en el país que tienen la reservas probadas de hidrocarburos más grandes del mundo.

Ese día, en lo que parece marcar un nuevo punto de no retorno ahora bajo la pantalla judicial del golpismo (Lawfare), el fiscal general de EU, William Barr, anunció cargos criminales por narcoterrorismo, tráfico de cocaína, lavado de dinero y corrupción contra el presidente constitucional y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro; una docena de altos funcionarios civiles y militares así como dirigentes del proceso bolivariano −e, incluso, un par de generales prófugos de la justicia venezolana−, bajo la grotesca argumentación de “haber participado en una asociación delictiva” que involucraría a una “organización terrorista extremadamente violenta” –las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC−, así como de “conspirar” para utilizar la venta de drogas como un “arma” contra Estados Unidos.

El 31 de marzo, en otra inadmisible intromisión –que viola  el Derecho internacional y los principios de la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos, el de no intervención, la libre determinación de los pueblos  y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales−, Pompeo y Abrams hicieron público su “plan” denominado eufemísticamente “Marco para la transición democrática en Venezuela” (cuyo único fin es el derrocamiento de Maduro), lo que fue seguido, el 1 de abril, por el anuncio de Donald Trump, del lanzamiento de un nuevo operativo militar naval antidrogas en aguas del Caribe y el Pacífico.

Trump, quien apareció flanqueado en la Oficina Oval por el secretario de Defensa, Mike Esper, y el jefe del estado mayor, general Mark Milley, dijo que las operaciones marítimas antinarcóticos estarán dirigidas contra lo que, afirmó, es una “creciente amenaza” de “narcotraficantes y terroristas” que buscarán “aprovecharse” de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus para introducir drogas a EU y afectar a la ciudadanía.

A su vez, el secretario Esper identificó a Venezuela como una amenaza en particular, al acusar al “régimen ilegítimo de Maduro” de depender de las ganancias del narcotráfico para mantenerse en el poder. Con lo cual, se cumplirían los propósitos encubiertos denunciados a mediados de marzo por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, de que en el marco de una nueva fase de agresiones unilaterales estadunidenses contra su país, el Pentágono y el jefe del Comando Sur, Craig Faller, estaban contemplando un “bloqueo naval” a Venezuela, acción reconocida por la ONU como “uso de la fuerza”; medida que podría ser reforzada en la coyuntura con acciones coercitivas bajo el paraguas de la Organización de Estados Americanos (OEA), vía el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), ambos, viejos instrumentos de la guerra fría al servicio de Washington.

Pino Arlacchi y los bulos de la CIA y el Pentágono

En el marco de la nueva fase de guerra híbrida de EU contra el proceso bolivariano de Venezuela, cabe recordar que el 15 de abril de 2019, durante una sesión de preguntas y respuestas en la Universidad de Texas, el secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó entre risas y aplausos: “Yo era director de la CIA (Agencia Central de Inteligencia). Mentimos, engañamos y robamos. Teníamos hasta cursos de entrenamiento”. (Aunque la transcripción oficial del Departamento de Estado no incluyó esas aseveraciones, sí quedaron registradas en video).

La confesión de Pompeo vino a confirmar lo que es público y notorio y está registrado en cientos de documentos oficiales y literatura sobre la CIA de los últimos 60 años. Pero no deja de ser grave que el jefe de la diplomacia estadunidense se refiera a sí mismo como mentiroso y ladrón. Máxime, en la actual coyuntura, cuando expertos comunicacionales del Pentágono y la CIA han echado a andar una nueva etapa de la guerra no convencional contra Venezuela, diseñada en base a operaciones de guerra psicológica, propaganda encubierta y mensajes indirectos a través de los medios de difusión masiva (radio, televisión, prensa escrita, Internet), direccionadas a conseguir el control y la manipulación de la llamada opinión pública mediante distorsiones informativas (noticias intoxicadas).

Al respecto, las acusaciones del fiscal general William Barr contra el presidente Maduro, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, el ministro del Interior, Néstor Reverol y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, entre otros, de emprender junto con las FARC una “conspiración narcoterrorista” para inundar a EU de cocaína, no admite la prueba del ácido. La teoría de un “narco-Estado” en Venezuela es pura ficción y las agencias estadunidenses lo saben.

 Tras enterarse del insólito entuerto, el ex vicesecretario de la ONU, Pino Arlacchi, ex director ejecutivo del Programa Antidroga de la organización mundial (UNODC, por sus siglas en inglés), escribió en su cuenta de facebook: “La acusación a @Nicolás Maduro por tráfico de drogas es una basura política. En 40 años de experiencia antidroga y como Vice Secretario ONU, nunca me  topé con #Venezuela, siempre lejos de los circuitos: EEUU primer consumidor, Colombia productor”.

Luego, en un artículo firmado difundido por Telesur, Arlacchi señaló que al conocer la noticia  de la acusación contra Maduro y miembros de su gobierno por tráfico de drogas, se quedó “sin palabras”. Escribió que al observar la persecución contra Venezuela ha visto muchas cosas, “pero honestamente no pensé que la asociación delictiva en el poder en los Estados Unidos llegaría a tanto”. Y añadió: “Después de robar $ 5 mil millones de los recursos financieros de Venezuela depositados en bancos de 15 países. Después de establecer un bloqueo de toda la economía del país a través de sanciones atroces, con el objetivo de golpear a la población civil para empujarla a rebelarse (sin éxito) contra su gobierno. Y después de un par de intentos de golpe fallidos, aquí está el tiro final, la calumnia más infame”.

Tras considerarlo como un “episodio de guerra asimétrica”, Arlacchi, quien se desempeñó como director ejecutivo de la UNODC entre 1997 y 2002, argumentó que “el golpe es tan fuera de medida”, que no cree que tenga consecuencias relevantes en Naciones Unidas ni en la Unión Europea. “No hay la más mínima evidencia” para apoyar esa “calumnia” que “sólo existe en la fantasía enferma de Trump y sus asociados”.

Agregó que bastaría consultar las dos fuentes más importantes sobre el tema: el Informe Mundial sobre Drogas 2019 de la UNODC y el último documento de la DEA, Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2019, para verificar sus dichos. Según este último, el 90% de la cocaína introducida en los EU proviene de Colombia, el 6% de Perú y el resto de orígenes desconocidos.  Pero según Arlacchi, es el informe de la ONU el que proporciona la imagen más detallada, mencionando a México, Guatemala y Ecuador como los lugares de tránsito de drogas a los Estados Unidos. Y la evaluación de la DEA cita a los famosos narcos mexicanos como los mayores proveedores en el mercado estadounidense.

“No hay rastro de Venezuela en ninguna página de los dos documentos. Y en ningún otro material de las agencias anticrimen de los Estados Unidos en los últimos 15 años (conozco muy bien el tema) se mencionan hechos que puedan conducir indirectamente a las acusaciones lanzadas contra el presidente legítimo de Venezuela y su gobierno. Por lo tanto, es exclusivamente basura política, que espero será tratada como tal fuera del sistema político mediático de los Estados Unidos”, remató Arlacchi.

Un informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, publicado el pasado 5 de marzo, señala que los cultivos de hoja de coca en Colombia aumentaron en 4 000 hectáreas, para alcanzar las 212 000; mientras que la producción de cocaína creció en un 8 %, pasando de 879 toneladas a 951, cifras que marcan récords históricos.

De las tres fuentes citadas y los dichos de Arlachi, se desprende que si EU quisiera realmente combatir el tráfico de drogas el objetivo sería Colombia, no Venezuela. Otro blanco sería perseguir a los cárteles que distribuyen la droga en EU, que se quedan con la mayor parte de la ganancia y la lavan allí.

Para complementar lo anterior, un informe reciente de The Washington Office on Latin America (WOLA), consideró “exagerado” el papel que se le otorga a Venezuela en el comercio transnacional de drogas. De acuerdo con la Base de Datos Antidrogas Consolidada Interagencial (CCDB) del gobierno de EU, citado por WOLA, en 2018 pasaron por Venezuela 210 toneladas métricas de cocaína y en ese mismo lapso pasó aproximadamente 10 veces más cocaína (2,370 toneladas métricas) por Colombia y siete veces más (1,400 toneladas métricas) por Guatemala.

En declaraciones a BBC Mundo,  el director de WOLA, Geoff Ramsey, dijo que la afirmación de que Maduro está “inundando” deliberadamente EU con cocaína es “absurda”. Y al igual que Arlacchi, remitió a los propios datos de la DEA. Según Ramsey, el Departamento de Justicia de EU se ha visto sometido a una fuerte presión para formular esas acusaciones por parte de sectores duros de la oposición venezolana y la comunidad de exiliados en Miami, utilizando el mismo guión usado por el gobierno de George H.W. en Panamá, en 1989,  en el marco de la guerra fría.

La judicialización (lawfare) de la política de cambio de régimen de la administración Trump se centrará ahora en cuerpos de seguridad como el FBI y la DEA, con apoyo de las unidades militares desplegadas en el Caribe y el Pacífico y los llamados “contratistas privados de seguridad”. Cabe recordar que al actual fiscal general de EU, William Barr, le correspondió redactar en 1989 la justificación legal para la invasión de Panamá y para que el FBI pudiera ingresar a tierra extranjera sin el consentimiento del gobierno anfitrión. Asimismo, Barr fue quien gestionó el indulto del genocida Elliott Abrams, inculpado por el caso Irangate.

Sobre la DEA y el desertor Alcalá

Cuando el pasado 26 de marzo el fiscal Barr acusó a Nicolás Maduro y once funcionarios de alto rango (además de dos militares desertores) de formar parte de una  “conspiración narcoterrorista” y puso precio a sus cabezas, aseveró que todos formaban parte de un denominado Cártel de los Soles.

Para entonces, hacía años que las usinas de la guerra sucia en los sótanos del Pentágono y la CIA venían fabricando la trama conspiracionista, que fue sembrada de manera intermitente −con mayor profusión en 2015−  en los medios hegemónicos de Occidente adscritos a la también llamada guerra de cuarta generación.

Entre los carteles difundidos a la manera del Lejano Oeste por el Departamento de Justicia y la DEA el 26 de marzo último, con sus logotipos y una leyenda que decía “REWARD OF UP TO $ 10,000,000.00 U$S” (Recompensa de hasta 10 millones de dólares), y que incluía sendas fotos de los buscados por pertenecer al Cártel de los Soles, figuraron los de dos ex generales retirados prófugos de la justicia venezolana: Hugo Carvajal Barrios y Cliver Alcalá.

Un día antes (25 de marzo), en Caracas, el vicepresidente de Comunicación e Información venezolano, Jorge Rodríguez, había develado un nuevo plan terrorista para asesinar de manera selectiva a altos funcionarios gubernamentales, incluido el presidente Maduro. La revelación se basaba en informaciones de medios de prensa colombianos, del 23 de marzo, sobre la incautación de un arsenal de guerra compuesto por 26 fusiles de asalto AR-15 y otros insumos bélicos, en la localidad de La Ciénaga, Barranquilla, que iban a ser introducidos a Venezuela por la frontera de Paraguachón, en el estado Zulia.

En ese contexto, el primero en reaccionar horas después del anuncio del fiscal Barr en Washington, fue Cliver Alcalá, militar desertor y prófugo de la justicia venezolana, acusado el 31 de agosto de 2019 −junto con Julio Borges y la ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz− de haber participado en un plan para colocar aparatos explosivos en el Palacio de Justicia y sedes de la Policía Nacional y la Dirección de Inteligencia Militar, y vinculado en el intento de golpe de Estado  del 30 de abril de ese año.

Radicado en Barranquilla, Colombia,  y entrevistado por locutores de la emisora colombiana W Radio, Alcalá confesó ser parte de la trama para cometer actos terroristas en Venezuela con la asesoría de expertos estadunidenses, y se adjudicó la propiedad de las armas incautadas en La Ciénaga el 23 de marzo anterior. Afirmó que ese arsenal había sido financiado con dinero suministrado por el diputado venezolano Juan Guaidó y que el gobierno de Iván Duque estaba al tanto de esos planes y había facilitado medios para la logística. En el audio Alcalá expresó literalmente: “Las armas incautadas en Colombia pertenecen al pueblo venezolano, en el marco de un pacto, o de un convenio, firmado por el presidente Guaidó, el señor J. J. Rendón, el señor Vergara y asesores norteamericanos. Desde hace muchos meses vengo trabajando en la conformación de una unidad Libertad para Venezuela. A la reunión con los asesores norteamericanos me envió el señor Juan Guaidó y aportamos ahí, junto a militares venezolanos (…) hacer una unidad militar”.

En otra parte de la entrevista radial, Alcalá dijo: “Estoy en mi casa, no estoy huyendo, me informaron de la posibilidad de un falso positivo”. Es decir, temía que lo asesinaran. El 27 de marzo fue detenido y trasladado en un avión de la DEA a Nueva York.

Un día después, la agencia Reuters, desde Washington, difundió un cable según el cual el ex jefe de la inteligencia  militar de Venezuela, Hugo Carvajal, otro hombre clave del presunto Cártel de los Soles y con paradero desconocido en España, donde se había exiliado, también estaba en proceso de entregarse a las autoridades estadunidenses.

 Carvajal, el Cartel de los Soles y la prensa amaestrada

Junto con los de Cliver Alcalá y Diosdado Cabello, el nombre de Hugo Carvajal había formado parte del núcleo duro del supuesto Cártel de los Soles, según la trama fabricada por la DEA y la CIA para implicar al ex presidente Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, en una presunta conspiración criminal con la guerrilla de las FARC colombiana, para “inundar” de cocaína a Estados Unidos.

La maquinación, que tuvo su punto culminante en 2015,  estaba inscrita en la primera fase de la Operación Libertad Venezuela (Venezuela Freedom), perfilada en el “Informe sobre Venezuela” elaborado en 2012 por el director nacional de Inteligencia de EU, James R. Clapper, que ponía énfasis en la agitación propagandística de temas tales como el desabastecimiento programado de alimentos y medicinas, el incremento inusitado de precios, los apagones eléctricos generalizados, la delincuencia y la violencia criminal como parte de un proceso de descomposición político-social e ingobernabilidad inducido que utilizó entonces el accionar de bandas criminales (bacrim), narcotraficantes, grupos paramilitares y pranes con sus ejércitos de malandros.

En ese contexto, y como parte de la guerra irregular para desestabilizar al nuevo gobierno de Maduro, los guionistas de los servicios de inteligencia estadunidenses fueron sembrando en medios occidentales, su nuevo invento: el Cártel de los Soles.

El primer diario elegido para desatar el circo mediático fue el ABC de España, que a partir de su corresponsal en Washington, Emili J. Blasco, en enero de 2015 comenzó a difundir “primicias” con base en “fuentes cercanas” a una investigación abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. “El jefe de seguridad del número dos chavista deserta a EE.UU. y le acusa de narcotráfico”, decía el titular de la nota. El blanco del despacho era el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sindicado en la fabulación como el “cabecilla” del Cártel de los Soles y “operador” del “narcoEstado” venezolano. Y estaba dirigido a dividir a la interna chavista en la transición generada por la muerte del líder del proceso bolivariano, Hugo Chávez, en 2013. Pero ya ahí aparecían implicados varios militares y el entonces gobernador de Aragua, Tareck Al Aissami.

Sin una sola prueba y con eje en los testimonios dudosos de un escolta desafecto, Blasco utilizó la socorrida fórmula de la guerra fría, “fuentes cercanas”, para encubrir las filtraciones de la CIA, la DEA y el Departamento de Justicia. Asimismo, para construir sus argumentos,  utilizó en un par de ocasiones el verbo “especular”, enemigo del periodismo de investigación.

El 19 de mayo de 2015, según reportó en una investigación Fernando Casado (“El nuevo invento para atacar a Venezuela: El Cártel de los Soles”, 1 de junio de 2015), una nueva filtración llegó a las páginas de The New York Times: “EEUU centra su amplia investigación  sobre cocaína en altos oficiales venezolanos”. Con un tono menos amarillista que el de ABC, el influyente diario neoyorkino daba como fuente a la DEA, pero la falta de pruebas seguía estando presente.

Tres días después era The Wall Street Journal, el que con  filtraciones de agentes de la DEA y fiscales federales de Nueva York y Miami, reforzaba el bulo sobre el Cártel de los Soles: “Oficiales venezolanos sospechosos de convertir el país en un centro de distribución internacional  de cocaína”. Igual que los anteriores, la falta de pruebas, persistía.

El 24 de mayo, Jackson Diehl, uno de los editorialistas estrella de The Washington Post, venía a sumarse al cacareo mediático anglosajón. Diehl tituló su artículo de opinión “Un cártel de la droga en el poder en Venezuela” y trató como hechos fehacientes la “información” que publicó. Su fuente, que utilizó como prueba, eran supuestos correos electrónicos extraídos de la computadora del jefe de las FARC, Raúl Reyes, que ni la Suprema Corte de Justicia de Colombia había validado. Es decir, seguía sin haber pruebas sólidas.

Como suele ocurrir con la siembra de “carne podrida” en los medios, y en este caso a partir de la declaración de un desertor, Diehl, del Washington Post, tomó como referencia las notas publicadas en el ABC y The Wall Street Journal. Es decir, a partir de informaciones no verificadas, se utilizó a la prensa como prueba de lo que dice la prensa, para ir fabricando una “noticia”, que, a fuerza de repetición, se vuelve “verdad”.

En el marco de la guerra no convencional asimétrica en curso, los objetivos de las operaciones psicológicas e intoxicación (des)informativa del Pentágono, la CIA y la DEA habían sido expuestos por el general John Kelly, jefe del Comando Sur, el 12 de marzo de 2015 ante el Comité Senatorial de los Servicios Armados del Congreso de Estados Unidos. Kelly dijo que las acciones estaban  dirigidas a generar una situación de caos y desestabilización política en Venezuela, combinándose con  acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada, etapa que incluyó a las guarimbas con su casi medio centenar de muertos, los asesinatos selectivos, sabotajes contra instalaciones estratégicas y acciones paramilitares desde la frontera colombo-venezolana.

En ese marco de la noticia como espectáculo para encubrir propaganda de guerra, el 20 de mayo, la intriga sobre el Cártel de los Soles sería retomada por el diario español El País, en un reportaje que tituló “Nueva luz sobre el misterioso cartel de los Soles”. Pero más allá de lo  enigmático del titular, no aportaba nada nuevo y fue una oda a la especulación.

Cinco días después, la revista Newsweek en español reproducía en su portada el rostro de Diosdado Cabello con un titular que rezaba: “El más buscado”. La publicación estadunidense reproducía una entrevista a Juan Forero, el periodista de The Wall Street Journal que había divulgado una “primicia” sobre el Cártel de los Soles. Como expresó Newsweek, “lo que para muchos era un secreto a voces, ahora estaba asegurado por un diario con el prestigio de The Wall Street Journal”.

El mecanismo para dejar plantada en la opinión pública una confabulación sin pruebas sólidas, había funcionado a la manera de un lavado de información, donde la fuente original de la filtración, en este caso la DEA −y de manera encubierta la CIA−, la más de las veces quedaba oculta.

No obstante, como mencionó Fernando Casado en la investigación citada, el origen de la cadena había sido el diario ABC de España, que reprodujo una “primicia” de su corresponsal en Washington, Emili J. Blasco, célebre por otra “exclusiva” de 2012 a raíz de la enfermedad del presidente Hugo Chávez, que entonces se convirtió en trending topics y dio la vuelta al mundo: “A Chávez le queda un año de vida a menos que acepte un tratamiento intensivo”. Blasco utilizó como  fuentes “informes confidenciales elaborados por informantes con acceso al equipo médico de Chávez, manejados por servicios de inteligencia” (sic). Blasco ocultó que su fuente era la CIA, porque entonces su credibilidad habría sido nula. Pero meses después, el ex director del diario ABC, Ángel Espósito, entrevistado por Casado, reconoció: “ABC tiene acceso a una información de la CIA, ABC publica la información de la CIA, ABC no dice ‘ABC considera que a Chávez le queda un año’. ABC publica un informe de la CIA, de su corresponsal en Washington”.

Sin embargo, ABC y Blasco, autor del libro por encargo Bumerán Chávez, habían ocultado que su fuente era la CIA y manejaron como propia la información con subterfugios como “informes confidenciales” manejados por “servicios de inteligencia”. Es decir, fuentes anónimas y difusas, sin legitimidad periodística.

Tres años después, Blasco y el ABC habían vuelto a las andadas, ahora con la “primicia” sobre el mito del Cártel de los Soles. Sólo que en esta ocasión, el nuevo director del periódico madrileño, Bieito Rubido,  reconoció que había una relación entre su medio y los servicios de inteligencia de EU: “Lo que publicamos siempre es cierto. En este caso las fuentes son muy serias: desde la inteligencia española, hasta la CIA y la DEA” (Ver “Denuncia sobre Diosdado Cabello por narcotráfico ‘está más que contrastada’: Director del diario ABC”, NTN24, 27 de enero de 2015).

Invención de los laboratorios de la guerra sucia, sin una sola evidencia y sin que se diera cuenta del decomiso de una sola panela de cocaína en Estados Unidos u otra parte del continente con su logo, pronto, el expediente del cártel de los generales y la fabulación del narcoEstado venezolano quedarían eclipsados en el marco de la segunda fase de la Operación Libertad Venezuela del Comando Sur, que requirió del posicionamiento mediático de una “crisis humanitaria” (por falta de alimentos, medicamentos, agua y electricidad) y una matriz de opinión que manejara a nivel internacional el escenario de que la nación sudamericana estaba “cerca del colapso” y de una “implosión”, como recurso para facilitar una “intervención humanitaria” a “pedido” de la ONU o la OEA. 

El plan conspirativo y de guerra psicológica del Pentágono contemplaba entonces una “fase terminal” del proceso venezolano hacia julio-agosto de 2016.  Y para ello, Washington intensificó su política  de “cerco y asfixia” contra el gobierno de Nicolás Maduro, que en el marco de la Guerra de Espectro Completo elaborada en junio de 2000 por la Dirección de Políticas y Planes Estratégicos del Ejército de EU (ver documento Joint Vision 2020), intensificó el empleo de recursos diplomáticos, de información, militares, económicos, financieros, de inteligencia y jurídicos, y echó mano de grandes corporaciones y lobbys empresariales, operadores políticos de la derecha internacional y sus intelectuales orgánicos, actores no estatales (ONGs), jerarcas de la Iglesia católica y agrupaciones estudiantiles.

El caso Carvajal y el relato novelado de la DEA

Tras cuatro años de permanecer en las sombras, la construcción ficticia del Cártel de los Soles reaparecería en España luego de la detención por la Policía Nacional, el 12 de abril de 2019, del  ex jefe de los servicios de inteligencia y contrainteligencia militar de Venezuela entre 2000 y 2011, Hugo Carvajal.

En febrero de ese año, luego de la fabricación made in USA del diputado Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela, y en vísperas del 23/F −el enésimo “Día D” para derrocar a Maduro, que tuvo como epicentro pantalla a la ciudad colombiana de Cúcuta en el fracasado intento de introducir “ayuda humanitaria” a Venezuela−, Hugo Carvajal, discípulo de Chávez en la academia militar, defeccionó, llamó a sus ex pares a la rebelión y dio su apoyo al “autoproclamado” impuesto por el trío John Bolton, Mike Pompeo y Elliott Abrams.

En medio de amagos y preparativos de invasión y cuando se estrechaba el cerco militar del Pentágono a Venezuela, Carvajal, según relató su esposa Angélica Flores al diario El País, huyó en marzo siguiente a Madrid con la ayuda de agentes del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI), que incluso lo fueron a esperar al aeropuerto de Barajas. En abril, cuando iba camino a reunirse con agentes del CNI y ofrecer información, Carvajal fue capturado por una orden de extradición de Estados Unidos, y su caso fue ventilado en la tercera sala penal de la Audiencia Nacional.

El 13 de septiembre de 2019, en el marco de la comparecencia de Carvajal ante la Audiencia Nacional, el titular de primera plana del diario español El Mundo decía: “Hugo Chávez ordenó ‘inundar EEUU de cocaína de las FARC’”. El cintillo destacaba: “El Mundo accede al informe secreto de la DEA de Estados Unidos sobre Venezuela”. En interiores, el periódico afirmaba haber tenido acceso en “exclusiva” al informe de la DEA que el día anterior el Departamento de Justicia de EU había remitido a la Audiencia Nacional.

El “informe secreto” no agregaba nada nuevo sobre la trama divulgada en 2015 por la prensa mercenaria occidental, ni tampoco a la recopilación publicada en mayo de 2018 por la fundación estadunidense InSight Crime, bajo el título “Venezuela: ¿Un Estado mafioso?” La investigación de ese centro de investigación sobre crimen organizado patrocinado por Open Democracy −del magnate George Soros, ligado al Grupo Carlyle del clan Bush−, que volvía a dar por cierta la existencia del Cártel de los Soles, adolecía de los mismos defectos de los bulos periodísticos mencionados arriba: se basaba en supuestos y creencias y no presentaba evidencias sólidas, pero fue evidente que había sido elaborado para poder justificar, a posteriori, las prácticas de la guerra judicial (lawfare) que, con apariencia de legalidad, habían venido siendo utilizadas por Washington y sus aliados contra países considerados enemigos.

Carvajal rechazó, por falsas, las acusaciones de la justicia estadunidense, y sus abogados calificaron la petición de Washington como “persecución política”; subrayaron que la acusación se basaba en el testimonio de una decena de “delincuentes confesos” que no conocían al ex militar; denunciaron la “ligereza” con la que EU vinculaba a Carvajal con el Cártel de los Soles –dijeron que igual podrían haberlo relacionado “con el Ku Klux Klan o la Asociación Nacional del Rifle”− y pidieron la denegación de la extradición por no cumplir los requisitos y principios básicos, formales y no informales.

Fue evidente que la filtración de la justicia de EU al diario El Mundo buscaba presionar a los magistrados de la Audiencia Nacional. Sin embargo, el 16 de septiembre el tribunal colegiado denegó la extradición por considerar que la reclamación de EU estaba fundamentada “en una motivación política” y había sido gestada “dentro de la estrategia política estadunidense respecto a Venezuela”.

Los magistrados resaltaron “la falta de un verdadero relato de hechos concretados en la persona del reclamado” y argumentaron que la “conducta” que las autoridades estadunidenses  imputaban a Hugo Carvajal “se refiere indudablemente al ejercicio del servicio de inteligencia militar”. Relataron, asimismo, que la justicia de EU había fundamentado su reclamación en delitos de asociación ilícita para involucrarse en narcoterrorismo y para importar cocaína controlada dentro de Estados Unidos desde un lugar fuera del país, además de un delito de uso o posesión de armas de fuego.

Sin embargo, el tribunal advirtió que esa solicitud “está acompañada sólo de la declaración jurada de un agente de la DEA a cargo de la investigación” y “no se precisa qué actos concretos de carácter delictivo” realizó Carvajal. Por lo que el tribunal consideró la descripción de los hechos “huérfana de determinación”, y señaló que la declaración del agente de la DEA “no puede utilizarse para integrar el necesario relato fáctico que se precisa para atribuir a Carvajal los delitos de los que se le acusa”. Es más, el tribunal reprochó a EU que sus acusaciones estaban dirigidas a “una conducta abierta, abstracta e inconcreta en tiempo, lugar y actos que realizados formasen parte del delito imputado”.

Hugo Carvajal quedó en libertad provisional, con prohibición  de salir de España y debía presentarse cada 15 días en el juzgado. El 8 de noviembre la Fiscalía apeló el fallo de la Audiencia Nacional, y el Tribunal Supremo autorizó la extradición a EU. Varios magistrados no estuvieron de acuerdo con la decisión mayoritaria y, además, denunciaron presiones del consejero jurídico de la embajada de España en Washington, Jorge Carrera Domenech. Uno de los jueces plasmó su desacuerdo al salvar su voto y consideró que la investigación por narcotráfico contra Carvajal respondía “mucho más a lo que sería una especie de narrativa o relato novelado de un ataque conspirativo” contra EU “por parte de un enemigo de dicho Estado, que a una descripción jurídica de hechos delictivos concretos”.

Enterado de la situación por un periodista que lo quiso entrevistar, Carvajal se dio a la fuga y Elliott Abrams calificó la huida como una “vergüenza” para el gobierno de España. Desde entonces el tema había desaparecido del circo mediático, hasta que el pasado 26 de marzo el fiscal William Barr revivió el caso de Hugo Carvajal y la ficción sobre el Cártel de los Soles.

En un año electoral en EU, la nueva ofensiva de la Casa Blanca, que incluye un renovado cerco naval a Venezuela en el Caribe, está dirigida a boicotear las negociaciones del gobierno de Maduro con partidos de oposición, y se da cuando en medio de la pandemia del coronavirus que sumió en una grave crisis sanitaria a la administración Trump, ha quedado evidenciada la declinación de la industria del shale (gas/petróleo lutita) basada en la fracturación hidráulica (fracking), con la quiebra el 1 de abril de la productora Whiting Petroleum Corporation (con proyectos en Dakota del Norte y Colorado), primera víctima de la guerra de precios del crudo, que en los próximos días podría arrastrar a otras 50 compañías del sector. Con lo que Venezuela, con las reservas más grandes de hidrocarburos del mundo, vuelve a ser el objetivo principal de Washington, en su pugna geopolítica con las potencias que le disputan la hegemonía del sistema capitalista.

 

Por Carlos Fazio | sábado, 04 abr 2020

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Venezuela denunció ante la ONU el "bloqueo naval" de EEUU

Venezuela presentó una queja formal contra Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La carta presentada por el gobierno venezolano denuncia el envío que hizo el presidente Donald Trump de buques de guerra a la región del Caribe. Días atrás el gobierno norteamericano había emitido una orden de detención contra Nicolás Maduro . Venezuela calificó las acciones de Estados Unidos como una "monstruosa agresión". Además sostuvieron que la administración Trump busca una transición política forzosa en el país.

Según Trump el despliegue de tropas forma parte de una operación antinarcóticos diseñada para frenar el tráfico de drogas en la región. La iniciativa militar está bajo el control del Comando Sur de las Fuerzas Armadas, y supuso la intervención de buques de guerra, aeronaves y tropas en la zona del Caribe y el Pacífico. Para Venezuela, en cambio, es una plan genocida coordinado entre la administración Trump y Colombia. "Desvían recursos financieros, materiales y humanos que deberían usarse para salvar a sus propios pueblos", denunció el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, en su cuenta de Twitter.

El funcionario publicó una copia de la carta al Consejo de Seguridad de ONU en la que señala que la operación tendrá "desastrosas consecuencias". "Denunciamos la monstruosa campaña de agresión militar de Trump y (el presidente de Colombia, Iván) Duque contra Venezuela en momentos en que todos los pueblos del mundo son azotados por la peor pandemia en cien años", añadió el embajador. Venezuela exige al Consejo que actúe contra la política "belicista" de Estados Unidos. Además sostienen que ese país hizo acusaciones "infames" contra el presidente Maduro, y califican como  una "irresponsabilidad suprema" desviar la atención de la pandemia por el coronavirus.

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