Según investigadores independientes del país del Norte, el billón de dólares para sostener ejércitos y hacer propaganda, los millones de vidas destruidas, los millones de encarcelados, la creciente violencia en países donde tienen fuerza las mafias del narcotráfico, no lograron cambiar el patrón del mercado ilícito de las drogas, tal como lo supuso el entonces presidente Richard Nixon, al aprobar el 17 de junio de 1971 su irracional guerra.

El primer pronunciamiento fue en febrero de 2010. Un año y cuatro meses después, la Comisión Global de Políticas de Drogas (CGPD) vuelve a pronunciarse con igual énfasis sobre un mismo tema: la guerra contra las drogas y su total fracaso. En esta ocasión, la Comisión habló en el aniversario 40 de la proclamación de tal política, liderada e impuesta a la comunidad internacional por parte de los Estados Unidos.
 
 

Para la CGPD, la opción es clara: para afrontar el consumo de sustancias psicoactivas como la marihuana y similares, hay que proceder como se hace con el tabaco, es decir, con educación y con políticas de salud pública. Así lo enfatizó Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil: “¿Todas las drogas hacen el mismo daño? No. Unas hacen más daño que otras. Algunas, como el alcohol o el cigarrillo, son reguladas. El cigarrillo no sólo es regulado sino que además en este momento es objeto de una campaña muy fuerte de ‘desglamourización’. Nadie más quiere fumar porque queda mal. ¿Por qué no hacer lo mismo con la marihuana?”.
 
Alto costo con ley y ‘cultura’ mafiosas
 
Entre los diversos países afectados por la guerra contra las drogas está Colombia, cuyos habitantes han sufrido por largos años las consecuencias de una política punitiva y represiva contra un consumo que demanda otros tratamientos y otras comprensiones. Sin duda. Desde inicios de los años 80 del siglo XX hasta hoy, un río de muertos cubre el país, fruto de la persecución a capos, mandos medios y sicarios, pero también como producto de la alianza del poder oficial con estos supuestos ‘enemigos de la humanidad’.
 
Pero la aplicación de esta política produjo otros efectos no menos dolorosos: multiplicación del número de presos que atesta las prisiones, sometimiento de la lógica estatal a los intereses de una potencia vecina; contaminación de ríos y suelos, producto de las incesantes fumigaciones aéreas para erradicar cultivos de coca, amapola y marihuana; reproducción de bandas, combos o similares con capacidad y disposición de control territorial en espacios específicos dentro de las ciudades donde habitan, etcétera.
 
Como se podrá recordar, el tráfico de estupefacientes ganó mayor espacio en Colombia hacia la década de los años 70 del siglo XX. Con los primeros capitales acumulados por ladrones de toda estirpe, dedicados al oficio de ‘exportar’ marihuana y cocaína, los emergentes dejaron ver sus logros: casas enchapadas en mármol, carros de lujo parqueados en barrios populares, ‘jefes’ o ‘capos’ que daban órdenes y eran obedecidos sin reparo alguno. No era para menos: jaladores de carros, ladrones de poca monta, jóvenes dispuestos a matar, todos querían seguir sus pasos y emular sus éxitos.
 
Por aquellos años, difuntos repatriados desde Estados Unidos eran sepultados a todo volumen a ritmo de rancheras y otras melodías. “Pero sigo siendo el rey” no podía faltar en los velorios. Pasarían años para que la nueva cultura impuesta por el narcotráfico y los valores adjuntos permearan toda la estructura social.
 
Mientras tanto, como el topo, el poder del dinero amasado a punta de silencios cómplices, amenazas o plomo –cuando era necesario– se abría paso por todo el país: en Cali, Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Bogotá, Villavicencio, La Guajira y Boyacá. En unas y otras ciudades y departamentos emergían los nuevos poderes, los cuales pudieron legalizar sus fortunas a través de la “ventanilla siniestra” autorizada durante el gobierno de Alfonso López Michelsen.
 
De la CIA a la DEA
 
Para aquella época ya era famosa en Estados Unidos la marihuana conocida como Punto Rojo o Santa Marta Gold, pero también el ‘polvo blanco’ proveniente de Colombia. Para una y otro había un mercado seguro en los miles de jóvenes que regresaron de Vietnam y otras misiones militares en Asia, dependientes en su mayoría de variedad de drogas. Los adictos eran cada día más y el consumo se multiplicaba en América del Norte. Allí, donde sus fuerzas armadas mismas, amparadas en secretas operaciones financieras, introducían los estupefacientes en su territorio.
 
Así sucedió durante los años 60 y 70 del siglo XX (a través de la flotilla de aviones de la CIA bautizada como Air Opium), procedimiento que repitieron en los 80, cuando desplegaron toda su infraestructura para romper la Revolución Sandinista, a la par que contra la dirigencia chiíta que había desalojado al Sha de Irán. Para aquellas operaciones sería fundamental la alianza con el Cartel de Medellín.
 
En el momento de autorizar la guerra contra las drogas, Richard Nixon también dio luz verde para la creación de la Drug Enforcement Agency (DEA), con 200 millones de dólares de presupuesto para sus acciones encubiertas. No se destinó un solo centavo para ayudar terapéuticamente al adicto, y mucho menos para una educación preventiva dirigida a los jóvenes, precisamente parte del énfasis que hoy reclama la CGPD.
 
Dinero a borbotones. Eran tiempos de abundancia emergente. Unos y otros querían favorecerse de la lluvia de dólares que llegaban a Colombia. Oligarcas de numerosas familias ‘penetraron’, se acercaron al negocio, o les vendieron propiedades ociosas a los nuevos ricos. Pero cuando éstos pretendieron copar los escenarios políticos, no tardaron las tensiones. Cayeron los primeros muertos de importancia judicial y mediática, las tensiones alcanzaron niveles incontrolables, y entre sonidos de bombas y metralla el país se levantó y se acostó por varios años.
 
La extradición de los detenidos a los Estados Unidos complicó el asunto. Las negociaciones para derogarla tuvieron lugar en los salones de hoteles de cinco estrellas. Varios países recibieron emisarios oficiales de ambos bandos. Con la Constitución de 1991, que prohibía la extradición, se vino a ‘solucionar’ el impase en forma parcial.
 
Para entonces ya habían sido conformadas las primeras unidades de paramilitares en Boyacá y Cundinamarca (Magdalena Medio), pero también en Urabá (Córdoba, Sucre, Antioquia). La alianza con políticos y militares estaba fundida en su totalidad. Poderes tradicionales asentados en la ciudad, encabezados por oligarcas de siempre, ahora incursos en negocios poco santos, le daban ‘legalidad’ a un poder económico ya asentado, reconocido y deseado. Como asesores e instructores, llegaron oficiales del ejército israelí, inglés y de otros países.
 
Los métodos y formas de ‘guerra’ aprendidas dejarían su huella por todas las coordenadas nacionales: cuerpos mutilados, quemados, siembra de terror, repoblamiento de territorios, desaparecidos, masacres, expropiación de tierras y bienes, todo justificado y legalizado desde el alto gobierno, con sellos en las notarías de las capitales de departamento.
 
En Palacio: López, Belisario, Turbay, Samper, Uribe
 
Políticos tradicionales, empresarios con poder para ser recibidos en Palacio, narcotraficantes, militares, asesores de la embajada estadounidense y de otros aliados del statu quo, todos a una, en lucha por concentrar aún más el poder en Colombia y en la región. El poderío de esta alianza, con raíces y poderes locales y regionales –desde un principio, en contradicción y presión represiva sobre las influencias sociales de la izquierda, y económica sobre militantes con vecindad de domicilio o nexos familiares–, fue inocultable cuando Álvaro Uribe llegó al poder. Para que semejante realidad se conformara, fueron necesarios sometimientos como los del ‘plan Colombia’.
 
Así, en medio de la utilización de la criminalidad y el terror, el Estado colombiano, de la mano de un importante sector de su dirigencia, valiéndose de la guerra contra las drogas, atacó a la izquierda armada y desarmada, lo mismo que a los movimientos sociales. Miles de dirigentes fueron asesinados, a tiempo que se adelantaba con todo exceso una guerra política, incluida la comunicacional, que adormecería a la sociedad colombiana, modificaría su rumbo, variaría la cotidianidad social y económica de gran número de municipios y veredas, y afectaría sus acumulados morales y hasta de lucha social y campesina.
 
De este modo, tras 40 años de guerra contra las drogas en el país, pese a miles de operaciones aéreas para fumigar cultivos, pese a la erradicación manual, pese a la Ley 30 y la cárcel para el consumo personal de psicoactivos, pese a las innumerables campañas mediáticas que previenen o estigmatizan usos y consumos, pese a todo esto la siembra de marihuana ocupa importantes áreas en departamentos como Cauca y Tolima. Mucho más para la coca y la amapola (con áreas en la costa atlántica, Nariño, Llanos Orientales, Pacífico), mejor pagadas, y con menos competencia en los mercados de Estados Unidos y Europa. El comercio congrega un importante porcentaje de los 150 y 250 millones de personas que consumen drogas ilícitas en el mundo, de las cuales un 15 por ciento (38 millones) se consideran adictos.
 
Para la marihuana, hoy existe suficiente área sembrada en Estados Unidos, donde está industrializada, e importantes comerciantes luchan por su legalización. Así, entre usos y consumos, derechos y criminalización, intereses nacionales e internacionales, manipulación y guerras, se abre paso un debate necesario para la humanidad: acabar con la guerra contra las drogas y enfocar el consumo de psicoactivos como un problema por afrontar desde la educación y la salud pública. Para quienes habitamos en Colombia, esta opción es fundamental.
 
La guerra en curso en nuestro territorio también está afectada por la variable de los psicotrópicos. Qué decir de los ampliados controles territoriales en ciudades como Medellín, o barriadas populares de cualquiera de las otras ciudades capitales, donde el dominio del territorio, la desorganización social y el terror contra toda expresión alternativa se realiza de la mano de las ‘ollas’ y los jíbaros, ahora revestidos del rol de paramilitares. 
 
Sin duda, un debate para encarar e impulsar.

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La guerra contra las drogas es quizás una de las guerras más largas, hecha en “nombre de la humanidad por las grandes potencias”. En nombre de proteger a las personas y basados en su propia moral, que les permite también abrir frentes de guerra con la excusa de proteger inocentes, cuando lo que protegen son sus intereses comerciales y energéticos, las potencias occidentales han creado y difundido su propia versión sobre el uso de drogas, equiparándolo al abuso, utilizando desde la intervención en países productores hasta una sofisticada máquina de propaganda que difunden al unísono todos los grandes medios del gran capital.
 

 
Sin embargo, un cuestionamiento adicional a los propios de la geopolítica de la guerra contra las drogas es el impacto que tiene en la salud individual y colectiva el uso de drogas. Las estimaciones de las afectaciones de otras de éstas, aprobadas para su uso en Occidente, y en el cual las mismas potencias que promueven la guerra contra la drogas son grandes productores y consumidores, basadas en indicadores de impacto en salud como la mortalidad y los años de vida potencialmente perdidos, son mucho mayores con el uso de alcohol –vía su impacto en accidentes de tránsito– y tabaco, y el alto riesgo que implica su consumo en el complejo de enfermedades relacionadas con el sistema cardiovascular y el cáncer de pulmón.
 
Con el alcohol y el tabaco, el solo hecho de que consumirlas esté dentro de las posibilidades morales de Occidente permite que el consumo mismo y las afectaciones que produce puedan ser asumidos desde la salud pública, y su prevención abordada desde marcos de discusión pública en la cual el papel de la responsabilidad individual y su relación con el ejercicio de la libertad propia y de las otras personas puede ser planteado en todo tipo de escenarios (las campañas antitabaco lideradas por la Organización Mundial de la Salud son una muestra de ello). Con el uso de otras sustancias igualmente psicoactivas, el relegamiento que se hace a consumidores y la propia ilegalidad que se decreta hacen que se circunscriba a contextos que multiplican la vulnerabilidad y el riego para las personas consumidoras individualmente y para quienes las rodean.
 
Una primera hipótesis frente a la legalización es que los contextos de riesgo y vulnerabilidad en que se consigue y se consume la droga disminuirían casi por completo, dando pie a escenarios en que la noción misma de autocuidado se hace posible, y también todas las estrategias de promoción y prevención de la salud individual y colectiva que se han desplegado para otras problemáticas (por ejemplo, las estrategias de cambio socio-cultural en el campo de la sexualidad para la prevención del VIH/Sida).
 
Por otra parte, lo que el mundo ha aprendido en términos de reducción de daños puede ser fácilmente aplicado para los países que todavía no han avanzado en este tipo de estrategias y que muestran buenos resultados en Europa, principalmente en Holanda y España. Estos países, por otra parte, en su interior aplican estas estrategias de salud pública para proteger a sus ciudadanos, pero internacionalmente mantienen una política de apoyo a la guerra contra las drogas, con su responsabilidad subsecuente y una doble moral con las muertes y violencias en los países productores y consumidores.
 
Los países productores y consumidores, además, pudieran invertir en investigación epidemiológica y de salud pública para seguir profundizando en la reducción del daño, que ha sido exitosamente probada en el caso de la heroína, no así en cocaína y otros productos como bazuco y crack. La posibilidad de actuar en marcos legales para investigar, prevenir consumos, y promocionar autocuidado y prácticas saludables, serían efectos inmediatos de la inclusión del uso de sustancias psicoactivas no permitidas hoy día en el marco moral de Occidente.
 
En este contexto de hipótesis plausibles, que involucran la participación de individuos y comunidades frente al dilema de qué se debe hacer con el problema del uso y el abuso de sustancias psicoactivas, aparecen las grandes preguntas sobre el consumo individual, el libre desarrollo de la personalidad y el libre albedrío que tiene las personas para tomar decisiones sobre su propio cuerpo. 
 
En el desarrollo de la democracia y de los Derechos Humanos desde una perspectiva radical, esta discusión debiera zanjarse de manera simple. Pero en el marco de los intereses del gran capital en la “guerra contra las drogas”, incluida, además, la posibilidad del control biopolítico de que hablaran Foucault y Negri, Estados Unidos y Occidente no abrirán pronto la puerta a ensayar otras posibilidades, muchas de ellas ya probadas, para enfrentar un fenómeno que les permite seguir siendo los faros morales del mundo, para sus propios intereses y sin ningún reato ético.

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A Javier Sicilia, con esperanza

Allí termina el llano y comienza la selva. Es literal, desde Villavicencio, “Villavo”, a San José se extiende una planicie exuberante que concluye en el río Guaviare. Del otro lado de sus aguas se establece un territorio que representa el destino de La vorágine, de José Eustasio Rivera, donde, todos reconocen, “eso es otra cosa”. El cultivo de coca, cada vez más en declive, las FARC también a la baja, los sucedáneos de los paramilitares y narcos, a la alza, la ley de la selva. Al llegar al pequeñísimo aeropuerto de San José llaman la atención dos cosas: una base militar y anuncios de recompensa por una amplia lista de secuestradores. Se viaja al Guaviare con la advertencia de que uno se dirige a zona caliente y al culo de Colombia.

Todo en San José del Guaviare se mueve en moto. Pocas calles pavimentadas y el resto de terracería enmarcan el trasiego sensual de mujeres en sus vespas, con atuendos ligeros para el calor. Un bello mestizaje circula en esta ciudad capital poblada por migrantes de todos los demás departamentos del país, negros, indios y blancos mantienen o intercambian sus rasgos en esta población que se siente excluida y estigmatizada por la violencia y el atraso tecnológico, industrial. San José denota mucha actividad comercial, aunque echan de menos la presencia del turismo nacional e internacional. Casi nadie que conozco ha visitado esa zona. De hecho, hasta hace muy poco se abrió la carretera para llegar hasta Villavo sin “riesgos” de secuestro o de robo, pues ahora el camino está militarizado.

Los alumnos de la maestría en educación, profesores de secundaria y bachillerato, reciben al maestro Fabio Jurado con enorme afecto y respeto, porque él ha logrado la firma de un convenio con la Universidad Nacional para que puedan realizar estudios de postgrado en su propio departamento. Fabio es fundador de la Cátedra México-Colombia –muchos lo consideramos embajador natural de la cultura mexicana en su país. Ese es el motivo de mi viaje a San José; estoy comprometido a dar un taller sobre el proceso editorial aplicado a revistas con alumnos de maestría y una charla sobre periodismo cultural con adolescentes.

Una niña se atreve a romper el silencio en mi charla o taller de periodismo cultural en la escuela Oh, Canadá, cuando escucha que el principio de este oficio es saber a dónde y a qué va uno, con quién. Ellos no saben quién soy yo y probablemente desconozcan por qué están allí, pero yo sí, y les cuento lo que se dice de su tierra. Ella me dice que estoy mal informado, que viven tranquilos, en paz, sin sobresaltos ni miedo a robos como sucede en Bogotá. Otro chico se anima y refuerza el argumento; me comenta su experiencia como guía turístico de algunos extranjeros; ha descubierto que se van cautivados por los numerosos atractivos naturales y culturales de la zona. La mayoría vuelve porque valoran mucho el sosiego del lugar, así con esa palabra, para confirmar que no hay sitio para el estrés. Hablamos del significado del “conocimiento” y el “reconocimiento”. Muchas manitas se alzan para pedir la palabra. Hablan de la invisibilidad de los indios. Los indios y ellos, los no indios, son igual de invisibles para el resto de Colombia y del mundo, afirman. Un chico mulato, de no más de doce años, acepta que hay problemas, pero “esos están allá, pasando el río, en la selva”. Otro insiste en que en ese pueblo no hay ladrones. Inevitable la evocación del cuento de García Márquez llevado a la pantalla por el mexicano Alberto Isaac. Entonces, pregunto: “¿Por qué esa lista de secuestradores en el aeropuerto, por qué esa base militar con presencia de extranjeros?” Otra muchacha de mayor edad acepta el hecho, pero vuelve a la carga con su convencimiento de que aún pueden dormir con las puertas abiertas. Sus padres llegaron de Santander y encontraron allí, en ese departamento que hasta antes de 1991 fue Comisaría, opciones de mejor vida. Muy cerca de allí entregaron a Ingrid Betancourt, y eso, dice, les ha hecho mala propaganda.


Sorprende la locuacidad de estos adolescentes, su capacidad expositiva y la limpieza con la que esgrimen la lengua castellana. La niña que habló primero comenta después sobre un gran yacimiento de coltán localizado en la frontera con Venezuela. “¿Sabe qué es el coltán?”, me interroga uno de los tres profesores que acompañan a los grupos de muchachos. “Es conocido también como oro azul –responde antes de esperar mi respuesta y mira con satisfacción y autosuficiencia a los alumnos– y es un mineral que mueve todos los aparatos electrónicos, como celulares, computadores, aparatos de telecomunicación en general y, claro, también tiene aplicaciones médicas y militares; no sabe cuántas naciones desarrolladas lo necesitan.” Concluye orondo. Para mis adentros pienso en la devastación ambiental y social que ha traído la explotación de este mineral (mezcla de columbita y tantalio) en el Congo, Uganda y Ruanda.

Con el profesor Jurado fuimos en taxi a ver un poco la ciudad. Pasamos junto a la base militar. Sólo pude tomar una foto, el chofer me advirtió que está prohibido; ya en otros casos los vigilantes han roto la cámara de los osados. Es un fuerte con torretas y huecos donde asoman ametralladoras y otras armas de alto poder. Impresionantes murallas con espesor de más de un metro. Lo vigilan soldados colombianos, pero el taxista comenta que adentro viven los altos mandos y un núcleo castrense de origen gringo. “Por cierto –agrega– entre los indios guayaberos suelen verse ahora niños rubios.” Esa etnia nómada se resiste a hablar el español y rechaza cercas que delimiten terrenos; para ellos no hay lindero válido que reduzca sus necesidades y su libertad. Pescan del río para comer y viven de lo que la naturaleza les otorga, pero desde hace tiempo aceptan el compuesto harinoso que les reparten los estadunidenses. Éstos, por su parte, sólo comen de los víveres que traen en sus grandes aviones de carga.

San José tiene en verdad una apariencia tranquila. Los cafecitos que circundan la plaza principal, antes centros de reunión de los capos de la coca, alojan ahora a parroquianos que pasan a tomarse un tinto (un café negro), o cualquier bebida para apaciguar el calor y la sed. Mientras bebemos una cerveza, en un local con forma de barco con la proa hacia el río, cerca del embarcadero, el taxista contesta a mi pregunta sobre la posibilidad de que haya miembros de las FARC en la población. “Aquí todo mundo lleva una vida normal, pero no le sorprenda que detrás de una persona cualquiera haya un guerrillero, un paraco, un narco. La semana pasada ejecutaron a un niño de trece o catorce años, un gamín –hace una pausa mientras bebe de su botella y dubitativo agrega–. Aquí no se tolera a los ladrones.”

Por la noche, luego de mi segunda sesión con los alumnos de postgrado, se organiza una lectura de poesía a la que asiste un público numeroso. Estamos programados cuatro, pero sólo llegamos a tiempo un poeta de la maestría, Álvaro Mojica, y yo. Comenzamos sin los otros y casi al final se suma un tercero. Cuando terminamos se disculpa conmigo y me cuenta la causa de su retraso. Acababan de matar de diez tiros a un amigo suyo, vecino. No se le nota alterado, y con voz más bien calmada puntualiza: “Parece que andaba en malos pasos desde hacía tiempo; se le veía un progreso rápido y sin trabajar.”

Un estudiante de la maestría me revela después que en El Guaviare han existido grupos de “limpieza” encargados de eliminar a quienes consideran un riesgo para sus intereses, pero lo presentan como actos de servicio a la comunidad. Quizás por ello algunos asesinatos se ven como inevitables y hasta necesarios para conservar el orden y la “paz”.

Según declaraciones del general César Augusto Pinzón líder de la Base Antinarcóticos de San José del Guaviare, se han desmantelado en ese departamento a los grandes cárteles de la droga y ahora sólo quedan bandas criminales (Bacrim) que se disputan con focos guerrilleros el control de la droga. Recientemente los destacamentos policiales a su mando participaron con éxito en la operación Diamante, en la que fue abatido el “asesino de asesinos”, Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo. Se ha publicado que hay sietes bandas que capitanean a 4 mil 200 hombres fuertemente armados en Colombia, derivaciones de los grupos paramilitares ya “extintos”. En 2010 se contabilizaron 7mil muertes imputadas a las Bacrim en territorio nacional. Por lo pronto, Colombia recibió la certificación de no pertenecer ya a la lista de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Por implementar el Plan Colombia, Estados Unidos le ha entregado más de 8 mil millones de dólares como apoyo policial y militar. El general Pinzón asegura que el problema de las mafias ahora está en México, aunque no se haya podido aún acabar con las Bacrim y la guerrilla.

Los amigos y el público interesado en escuchar la réplica de mi conferencia, La Revolución mexicana en el arte y la literatura: la familia Revueltas, que había dado antes en la Universidad Nacional de Colombia, se quedaron esperando en “Trementina”, el centro cultural que manejan los escritores Juan Manuel Roca y Santiago Mutis en Bogotá. Mi retorno de San José del Guaviare por aire fue cancelado por la única línea aérea, Satena, administrada por el ejército. La decisión de viajar por tierra fue retrasada ante la posibilidad de volar en avioneta a Villavo, donde comienzan los llanos o donde terminan, según se mire, para ascender luego hasta los 2 mil 640 metros de la capital colombiana. Conmigo esperaba Alejandra, una joven ejecutiva de Medellín, inquieta ante la posibilidad de montar una avioneta para tres pasajeros, pues había soñado esa noche que la atacaban cientos de abejas negras, y eso, dijo, era signo de mal agüero. Su pesadilla se desvaneció cuando nos informaron que la avioneta se había ocupado con dos enfermos graves.

Nada es lo que parece; los llamados “taxis blancos” son en realidad colectivos para ocho personas y no parten si el cupo no está completo. Antes de abandonar la ciudad pasamos por una señora que llegó en bicicleta para apartar plaza e informar que aún tenía ropa por tender, luego buscamos el domicilio de un mecánico que debía concluir una transacción. La carretera tiene largos tramos de terracería, es angosta, hay numerosos retenes militares para realizar inspecciones y cateos (requisas dicen los colombianos) y está aderezada con cientos de baches. Luego cambia y ya asfaltada desemboca en la frenética prisa de los automovilistas que viajan a Granada y a Villavo, sobre todo en un puente vacacional como el que iniciaba ese día. El verde llanero con sus múltiples y brillantes matices bien valió la pena, incluso la tortura de rancheras y vallenatos, con volumen a tope, a lo largo del camino que se prolongó a diez horas y media.

El último tramo hacia Bogotá me tocó sentarme hasta el asiento de atrás entre dos colombianos robustos y conversadores. No pararon de preguntarme sobre México. Les preocupa lo que nos sucede. Se me ocurrió decirles que vivimos la violencia experimentada por ellos hace algunos años. La señora a mi lado respondió de inmediato: “Pero peor, porque son más y es el principio. Además, su gobierno comenzó una guerra con instituciones policiales y militares corruptas. Aquí puedes odiar a un policía, incluso temerle, pero no desconfías de él, no supones que busca extorsionarte, que está coludido con el crimen, no es parte del problema sino un instrumento de la ley, buena o mala, pero ley.” Pienso entonces en el optimismo de los habitantes del Guaviare, en los niños y su elocuencia, en la confianza de que aún pueden dormir con las puertas abiertas de sus casas y de que remontarán el olvido. No lo dudo porque mi sensación al volver a México es de escuchar la voz inicial de Arturo Cova, el protagonista de La vorágine: “Jugué mi corazón al azar y lo ganó la violencia.” Aún más cuando me recibe la noticia, como un rayo, del asesinato del hijo de mi amigo el poeta Javier Sicilia y de otras seis personas en Cuernavaca. Parecería que no es en el Guaviare, sino aquí, donde termina el llano y comienza la selva.

Por José Ángel Leyva

Publicado enColombia
Alfonso Cano, cuyo nombre civil es Guillermo León Sáenz Vargas (Bogotá, 1948), es el comandante de la guerrilla más antigua del mundo. En esta entrevista con Público, la primera que concede a un medio de comunicación en 19 meses, el líder intelectual de la guerrilla analiza la época de Alvaro Uribe y mantiene qué es difícil avanzar en el camino hacia la resolución de la guerra civil que dura ya décadas con el nuevo mandatario Juan Manuel Santos. Cano contestó a las preguntas a través de un cuestionario que devolvió firmado el 21 de mayo de 2011 en “las montañas de Colombia”.

¿Cuáles son las razones por las que luchan las FARC?


Nuestros objetivos son la convivencia democrática con justicia social y ejercicio pleno de la soberanía nacional, como resultado de un proceso de participación ciudadana masivo que encause a Colombia hacia el socialismo.

Son la guerrilla más antigua del mundo. ¿Siguen vigentes los motivos por los que iniciaron su lucha armada o éstos han cambiado con el tiempo?

En estos 47 años se desató una vertiginosa transformación en la ciencia y en la tecnología, se elevaron los índices de crecimiento económico en muchos países, colapsó el modelo soviético de construcción socialista e irrumpió incontenible la República China. Sin embargo, pese a todo ello y a muchas otras novedades trascendentes, el hambre creció en el planeta, las injusticias, las brechas sociales y los conflictos persistieron y aumentaron mientras que cerca de 10.000 individuos espantosamente adinerados deciden la suerte de miles de millones de personas. Las FARC nacimos resistiendo a la violencia oligárquica que utiliza sistemáticamente el crimen político para liquidar a la oposición democrática y revolucionaria; también como respuesta campesina y popular a la agresión latifundista y terrateniente que inundó de sangre los campos colombianos usurpando tierras de campesinos y colonos, y nacimos también, como actitud digna y beligerante de rechazo a la injerencia del Gobierno de EEUU en la confrontación militar y en la política interna de nuestra patria, tres razones esenciales que gestaron a las FARC tal como se señala en el Programa Agrario de Marquetalia elaborado y difundido en 1964. Una somera mirada sobre la realidad colombiana de mayo de 2011 nos muestra que, a pesar del contexto internacional reseñado, estos tres factores germinales persisten y se agravan en la actualidad.

¿Cree que es posible abrir un proceso negociador con el presidente Juan Manuel Santos?

Con el esfuerzo mancomunado de muchos sectores progresistas y democráticos interesados en una solución incruenta del conflicto, siempre será posible construir escenarios e iniciar conversaciones directas de horizontes ciertos, con cualquier gobierno, incluyendo al actual pese a que este, empezando con su mandato, redujo las posibilidades al imponer una ley que cierra puertas a diálogos dentro del país. Pero somos optimistas sobre la eventualidad de lograrlo.

Ante la negativa del Gobierno de aceptar canjes de rehenes por guerrilleros presos, ¿qué planes tiene para los secuestrados que siguen en poder de las FARC?

Le entiendo que usted se refiere a los prisioneros de guerra que tenemos en nuestro poder, porque una aproximación desapasionada, rigurosa y objetiva al tema, en una confrontación política, social y militar de cerca de 47 años, que enfrenta a dos adversarios debe aludir a prisioneros de guerra que las partes capturan en el devenir de esa confrontación, ¿cierto?. La negativa actual del gobierno al canje no tiene por qué arredrarnos en la aspiración de tener con nosotros, libres, a los camaradas presos en la actualidad y a que regresen a sus hogares los prisioneros, militares y policías capturados en combate, que tenemos en nuestro poder, a quienes sus familias también aspiran a tener de nuevo en su seno. Por encima de la indiferencia del Estado sobre los propios soldados, vamos a perseverar. Se sabe que mientras perdure una confrontación habrá prisioneros en poder de las partes.

El Comité Internacional de la Cruz Roja es un organismo neutral encargado de velar por el cumplimiento del derecho internacional humanitario. En su último informe indica que "mientras las partes en conflicto adelanten los enfrentamientos armados en zonas rurales, la población que habita estas áreas vive en permanente peligro y está expuesta a violaciones del DIH como: homicidios y/o ataques a personas protegidas por el DIH: desapariciones forzadas; violencia sexual; toma de rehenes; reclutamiento forzado; malos tratos físicos y/o psicológicos; y desplazamiento forzado. La falta de respeto al principio de distinción entre combatientes y civiles, las presiones para colaborar generando represalias directas contra los civiles, la ocupación de bienes civiles privados o públicos y la contaminación por armas son otros factores agravantes que afectan la vida de las comunidades".

¿Cuáles de estas violaciones comete las FARC?

Para ser rigurosos habría que referir uno a uno los casos informados por el CICR y como este no es el espacio adecuado, le puedo comentar que para nosotros, lo primero y más importante de nuestra lucha es la población, no solo por razones de principios políticos e ideológicos, sino prácticos de la guerra. Únicamente en la medida que respondamos a las necesidades objetivas de la población en cada área, podemos resistir, crecer y avanzar. De lo contrario es imposible.

Hace años y dada la intensidad de los combates, difundimos unas normas de comportamiento para que la población civil no permitiera su utilización como escudo por parte de la fuerza pública que construye cuarteles en medio de los poblados, utiliza el transporte público para sus movimientos, entrevera caravanas de vehículos militares en medio del transporte civil para sus desplazamientos por carreteras, pernocta en las escuelas y colegios, etc., prácticas que la fuerza pública utiliza, creándole peligrosos riesgos a la población.

Eventualmente unidades nuestras pueden violentar las normas, pero como estamos regidos por unos Estatutos, unas Normas y unos Reglamentos de Régimen Disciplinario estricto, cimentados en una concepción revolucionaria de la vida, que armonizan las relaciones entre combatientes y también, las nuestras con la población civil garantizando una profunda, sincera, armónica y sólida relación, tomamos los correctivos que señalan nuestros documentos.

Respecto al DIH y a sus Protocolos adicionales, mantenemos algunas reservas porque, en ocasiones, dificultan la aproximación a ciertas situaciones, dado que fue concebido y diseñado para conflictos entre naciones y, pese a los protocolos adicionales, no siempre proporciona el justo equilibrio. Por ejemplo, calificar como "ejecuciones extrajudiciales" la homicida, criminal y sistemática práctica de las Fuerzas Armadas oficiales de Colombia durante los últimos 63 últimos años, de asesinar civiles, vestirlos con ropa militar y colocar armas a sus cadáveres para hacerlos pasar como guerrilleros "dados de baja" en combate, en un país que se ufana de ser un Estado de Derecho y cuya legislación no contempla la pena de muerte, posibilitó un trato benigno y celestino a los criminales, que ha escamoteado una condena drástica, vertical, diáfana y oportuna al terror desarrollado por el Estado colombiano desde hace más de 47 años.

La norma sobre el uso de armas no convencionales, es una reglamentación para la guerra entre naciones que no puede abarcar a movimientos populares como el nuestro que se armó desde un comienzo con palos y machetes para defenderse de una agresión gestada y ejecutada por el Estado, con la contribución militar, financiera y tecnológica de la Casa Blanca. Equivale a recriminar al bíblico David porque utilizó piedras para defenderse de la agresión del coloso Goliat.

Valdría la pena trabajar un escenario internacional donde analizar, desde diferentes ópticas, estas situaciones y otras del mismo tenor e intercambiar conceptos sobre la "neutralidad" que por encima de cualquier consideración, deben mantener quienes se reclaman sus garantes.

Las FARC hacen uso de minas antipersona, entre otras cosas contra operaciones de erradicación manual de cultivos de hoja de coca. ¿Por qué continúan usando un arma prohibida por el derecho humanitario y que todo el mundo acordó en 1998 erradicar en el Tratado de Ottawa o la Convención sobre la prohibición de minas antipersonales?

Le reitero que acerca del armamento utilizado por la guerrilla en su lucha de resistencia, en la irregularidad de su táctica y como consecuencia de la asimetría que caracteriza una confrontación como la colombiana, será necesario que en un escenario internacional ampliamente representativo, con la presencia de la guerrilla revolucionaria por supuesto, nos ocupemos de abordar este tema con objetividad, sin mentiras, buscando unas conclusiones realistas que todos podamos acatar rigurosamente, incluyendo a los gobiernos. Es ridículo, por calificarlo de alguna manera, que cuando el Estado colombiano lanza operativos contra insurgentes en una proporción de 100 militares por cada guerrillero, con bombardeos de ablandamiento ejecutados con miles de toneladas de pentolita , realizados por una aviación dotada de cohetes de todo tipo, ametrallamientos desde sus centenares de helicópteros gringos y rusos de última tecnología, fuego de artillería con morteros de 120 mm, salgan luego los altos mandos militares a quejarse y a denunciar, porque muchas de sus unidades cayeron en campos minados en tan desigual teatro de operaciones. O, como también sucede, es criminal forzar a civiles a servirles como guía en sus labores de rastreo y seguimiento con consecuencias muchas veces lamentables para quienes han sido obligados. O, como sucede en otras ocasiones, es perversamente fariseo dar dinero a civiles para que ejerzan como soplones, quienes buscando información, muchas veces son víctimas de la confrontación.

Sin duda, nadie puede escatimar esfuerzos por separar a la población civil del conflicto. Esto debe privilegiarse en todos y cada uno de los hechos que se acometan como parte del conflicto, pero como entender esto en el caso de Colombia, donde el gobierno nacional desató una intensa campaña para reclutar civiles como informantes a cambio de dinero, integrándolos a un aparato llamado Red de Cooperantes, ¿se estarán ciñendo a las normas del DIH?. ¿O existe una contradicción entre su discurso maniqueo frente a la normatividad internacional y las políticas que desarrolla?. Son muchos los temas que deberá abocar una reunión de actualización del DIH, en la que sería vital la participación de los Estados Unidos de Norteamérica para también analizar la sindéresis entre las exigencias que hace al resto del mundo respecto a los Derechos Humanos y su práctica cotidiana y universal.

¿Tienen futuro las FARC si se mantienen al margen del narcotráfico? ¿Qué relaciones tienen ahora con el cultivo y tráfico de drogas? ¿Es hoy en día su principal fuente de financiación? ¿Cuánto dinero ingresan al año por este concepto?

Nuestra lucha por permanecer al margen del narcotráfico no ha sido fácil ya que en los últimos 30 años Colombia ha sido permeada y contaminada, de pies a cabeza, por los dineros del narcotráfico: las instituciones del Estado sin excepción, la industria, la banca, el comercio, la política, el deporte, el agro, la farándula, las fuerzas militares y de policía, y en general, el conjunto del tejido social.

La guerra contra las drogas decretada por la Casa Blanca ha sido un fracaso, especialmente en Colombia pues ha dejado una enorme estela de sangre, desintegración social y pérdida de valores sustantivos de la ética y a moral, mientras que el área sembrada de coca oscila pendularmente entre las 90 mil y las 180 mil hectáreas y el país continúa a la cabeza del tráfico mundial, según informes de diversos organismos internacionales.

De tiempo atrás, hemos manifestado nuestro acuerdo con la legalización o con la despenalización que, desde las épocas del premio nobel norteamericano Milton Friedman hasta hoy incluyendo a 4 expresidentes latinoamericanos y a gran cantidad de personalidades y organizaciones del mundo entero, se promueve como salida realista para liquidar definitivamente las enormes ganancias de este tráfico, manejar su creciente consumo como un problema de salud pública y desarrollar estrategias preventivas con la certeza de su superación definitiva.

En épocas del Caguán, en sesión especial ante embajadores y representantes de diversos países y organismos multilaterales, presentamos un plan detallado para experimentar en un área delimitada una estrategia de sustitución de cultivos que desestimulara a los campesinos cultivadores de coca y les contribuyera en la creación de alternativas económicas ciertas. Muchos narcotraficantes y dirigentes políticos de los partidos de gobierno se atravesaron a la propuesta y la frustraron.

El narcotráfico no es un problema de las FARC. Es un fenómeno nacional, latinoamericano y mundial al que se le debe hacer frente con una estrategia nacional y convergente encabezada por los primeros responsables y también grandes víctimas de este cáncer: los países desarrollados.

Quisiera serle taxativo en esto: ninguna unidad fariana, de acuerdo a los documentos y decisiones que nos rigen, pueden sembrar, procesar, comerciar, vender o consumir alucinógenos o sustancias psicotrópicas.

Todo lo demás que se diga, es propaganda.

Al margen del narcotráfico, ¿cómo se financian las FARC?

Las FARC - EP tenemos tres fuentes básicas de financiación: aportes de amigos y simpatizantes que creen sinceramente en el compromiso revolucionario de las FARC y en la causa por la que luchamos; impuestos que cobramos a los ricos, a través de la ley 002 y, rentas generadas de inversiones que mantenemos.

Las FARC han sufrido sus golpes más duros durante el Gobierno de Uribe, como la Operación Jaque, la Operación Fénix, la Operación Camaleón... ¿En qué situación se encuentra la guerrilla? ¿Cuáles son sus efectivos y qué territorio controla?

Para ser sinceros el golpe más serio y de mayor calado lo recibimos luego de la segunda conferencia guerrillera realizada en 1966, en el departamento de Quindio, donde perdimos gran cantidad de combatientes y el 70% de las armas. Solo hasta la quinta conferencia, después de muchos años, pudo decir el comandante Marulanda: "Por fin nos hemos repuesto del mal que casi nos liquida".

Operativos como Jaque, desarrollado a partir de la traición del jefe de la unidad guerrillera que vendió los prisioneros de guerra bajo su custodia, no tienen las connotaciones promocionadas por el Gobierno. Innumerables veces hemos rescatado nuestros presos de las cárceles del Estado. Son hechos de guerra que llaman a las partes a tomar nuevas medidas de seguridad. No modifican ni la concepción, ni los diseños operacionales ni mucho menos la estrategia de nuestra fuerza.

En los últimos 9 años, y como consecuencia de la mayor injerencia militar de Washington en los asuntos internos de Colombia, la guerra se ha intensificado. Hemos sufrido golpes. Las muertes de Raúl, de Jorge, de Iván Ríos y de muchos camaradas, nos duelen y nos generan ese dolor revolucionario que desata, incontenible, mayor compromiso con nuestros ideales de socialismo. Ya las hemos asimilado. Con el legado y ejemplo de nuestros héroes y mártires, las nuevas promociones toman su lugar y trinchera, nuevas promociones de revolucionarios dispuestos, como los más antiguos, a darlo todo, hasta la vida, por los objetivos de la Nueva Colombia.

Pero, se sabe que en toda guerra hay muertos, de ambos bandos , y la colombiana no es la excepción.

También estos 9 años, han demostrado el tamaño y la calidad del compromiso de las FARC con nuestros ideales de cambio y de transformación revolucionaria. Como es evidente en los partes militares también hemos golpeado a las fuerzas militares y paramilitares del estado, a las institucionales y a las para institucionales, a todas, incluyendo aquellas que tiran la piedra y esconden la mano, que cínicamente dicen desconocer la estrategia de los "falsos positivos", que niegan ante los medios su contubernio con el narcoparamiliarismo, pero le abren en la oscuridad de la noche las puertas secretas de sus palacios, mansiones y haciendas para conspirar contra la convivencia, la democracia y contra el pueblo.

Las FARC mantenemos nuestra influencia, sólida influencia, en las áreas donde existimos, por todos los rincones de la geografía nacional, nacida y cimentada en la justeza de nuestros planteamientos políticos, en nuestro trabajo y ayuda permanente a las comunidades, respeto hacia todas ellas y por nuestra autoridad surgida del compromiso sincero del que no pretende nada a cambio de su esfuerzo, salvo la satisfacción de aportarle esperanza al pueblo en su propia capacidad de movilización, organización, lucha y en su futuro bienestar.

No le puedo comentar cuántas unidades conforman las FARC - EP porque somos una organización irregular. Pero, accionamos, trabajamos y luchamos en todo el territorio nacional.

¿Qué hay de cierto en el supuesto contenido del ordenador de Raúl Reyes?

Los elementos que pudieron haber quedado funcionando, luego del bombardeo sobre la humanidad del Camarada Raúl y su guardia, fueron manipulados al amaño del gobierno. Ni la propia INTERPOL quiso comprometerse con las truculencias de Alvaro Uribe y manifestó públicamente, luego de un detallado análisis, que había sido quebrada la Cadena de Custodia, lo que significa, en buen romance, que luego de la muerte de Raúl se manipularon los contenidos del disco duro "sobreviviente", si fue que lo hubo luego de semejante infierno de explosivos. Se trataba de inventar y retorcer acontecimientos para chantajear a las FARC y a muchos amigos de la paz de Colombia con ese estilo muy particular que caracteriza al señor Alvaro Uribe y que impuso a toda su administración. Esta semana que termina, la Corte Suprema de Justicia declaró como ilegal cualquier prueba levantada sobre los llamados computadores de Raúl Reyes, precisamente porque se manipularon los materiales supuestamente encontrados y además se desvirtuaron los procedimientos judiciales.

Curiosamente, no trascendieron informes que nos llegaban y que el Comandante Raúl debía de conservar, por ejemplo, alrededor de los pagos a altos oficiales de la policía, hoy generales, que hizo el narcotraficante Wilber Varela y que comentó personal y detalladamente a uno de nuestros comandantes en el Valle del Cauca el coronel Danilo González, quien aún en servicio activo, buscó a las FARC pretendiendo la liberación de unos sospechosos que habíamos retenido; tampoco se mencionaron informes precisos alrededor de la utilización plena del DAS por parte del paramilitarismo con la total anuencia del Presidente de entonces, ni de los encuentros, whisky en mano, en Bogotá, de jefes paracos con "prestantes" personalidades linajudas para planificar las agresiones contra la izquierda, ni otras muchas que harían muy larga esta entrevista y que seguramente no incluyeron en las copias que han ido regalando, a algunos de sus gobiernos amigos, a la CIA, al MI5 y al MI6 ingleses, al MOSSAD israelí y a otros que continúan publicitando inverosímiles historias a través de sus organizaciones de bolsillo.

¿Cree usted que el proceso de desmovilización de paramilitares impulsado por la ley de Justicia y paz ha sido exitoso? ¿Cuál es su opinión sobre este proceso?

Ese proceso se planificó y ejecutó como una farsa para sacar en limpio a los verdaderos jefes del paramilitarismo luego que Alvaro Uribe, uno de ellos, ganó las elecciones presidenciales en el 2002.

Como cobertura, utilizaron a narcotraficantes y sicarios con ínfulas de jefes contrainsurgentes, a quienes prometieron estatus político y respeto a sus incalculables fortunas. Luego los desecharon, en una historia que se recicla donde la aristocracia y algunos trepangos delinquen buscando el poder y la riqueza utilizando a criminales y bandidos, a quienes luego condenan, encarcelan o mandan asesinar en un repetido espectáculo de escarnio público.

El país sabe que el paramilitarismo es una estrategia del estado para asesinar sistemáticamente opositores, buscando ocultar la sangre que mancha hasta la médula a las instituciones públicas, detrás de bandas de sicarios y delincuentes de apariencia civil.

La oligarquía colombiana, impotente en su lucha contra los avances de la insurgencia revolucionaria, se entregó a la práctica paramilitar a la que posteriormente, en las décadas del 70, articuló con el naciente narcotráfico dando origen al narcoparamilitarismo, ensalzado y consentido socialmente por los poderosos durante largos años, quienes ahora luchan por zafarse del estigma y por lavar sus propias porquerías.

A los narcos que creyeron en sus palabras, los exhibieron y promocionaron como grandes jefes contrainsurgentes y luego, los extraditaron a los Estados Unidos con el fin de silenciarlos. Tiempo después, cuando desde allá y por la presión de las víctimas procedieron a confesar villanías, a mencionar a sus compinches, socios, contactos, mecenas políticos y militares, la oligarquía utilizó sus medios para sembrar la duda: ¿cómo creerle a un criminal y no a un aristócrata, a un político tradicional o a un prestigioso general de las Fuerzas Militares?.

La ley de justicia y paz, ha sido una gran farsa, que pasó por la venta de títulos como "comandantes paramilitares" a sicarios narcotraficantes, pasó también por las fotos de grandes "desmovilizaciones" de desempleados y bandidos contratados para la ocasión con fusiles y armas compradas para la fotografía, y terminará con la absolución de Álvaro Uribe, en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes del Parlamento colombiano, salvo que los millones de afectados por esta criminal estrategia le impriman una mayor dinámica a sus esfuerzos y luchas y se reciba mayor solidaridad mundial. Solo así en Colombia, como sucedió en Argentina y otros países, se podrá condenar también a los responsables materiales e intelectuales de las negras y sangrientas noches en que hundieron el país.

¿Por qué tiene sentido la lucha armada para las FARC y no la defensa a través de vías democráticas de los ideales políticos y las transformaciones socioeconómicas que consideran necesarias?

Porque en Colombia a la oposición democrática y revolucionaria, la asesina la oligarquía. La masacre de la Unión Patriótica es la muestra palmaria.

A todo líder, a cualquier organización no oligárquica que amenace los poderes establecidos, lo asesinan o la masacran como parte de una estrategia oficial de Seguridad Nacional. Los poderosos la han instituido como característica de la cultura política y ahora la han incrustado en la concepción del Estado.

Extensos pasajes de la historia nacional que datan desde septiembre de 1828 cuando las facciones progringas colombianas de entonces atentaron contra el Libertador Simón Bolívar, hasta estos años, pasando por el asesinato del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, del líder liberal Rafael Uribe Uribe, de Jorge Eliécer Gaitán, de Jaime Pardo Leal, de Luis Carlos Galán, de Bernardo Jaramillo Ossa, de Manuel Cepeda Vargas y de centenares de líderes más, parecieran ratificar un viejo y descarnado aserto popular: la oligarquía colombiana no entiende sino el lenguaje de los tiros.

Aquí en las FARC pensamos que a pesar de esa histórica agresión antipopular que caracteriza el devenir nacional, es realista e inaplazable trabajar la construcción de espacios de convergencia, donde entre todos los colombianos construyamos los acuerdos que cimenten la convivencia democrática. El comandante Jacobo Arenas insistió en que el destino de Colombia no podía ser la guerra civil, en consecuencia hemos luchado, una y otra vez, por encontrar con los distintos gobiernos, la salida política al conflicto colombiano. NO se ha logrado porque la oligarquía piensa en rendiciones y nosotros en cambios de fondo, democráticos, a la vida institucional y a las reglas de convivencia, pero no por ello, cejaremos de luchar la solución incruenta como esencia de nuestra concepción revolucionaria y sustento de la Nueva Colombia.

¿Qué lecciones sacaron de la creación del partido Unión Patriótica?

Fue una experiencia tan llena de riqueza como dolorosa, que debemos analizar y referenciar permanentemente. Dentro de sus muchas lecciones le podría mencionar algunas como lo difícil que es avanzar en un proceso de solución política, cuando la oligarquía colombiana mantiene sus estrategias de paz de los sepulcros y Pax Romana, pues frente a este proyecto mostró su mezquindad y fue esencialmente sanguinaria y cruel. Prefirió el asesinato de cerca de 5000 dirigentes democráticos y revolucionarios en una razzia de corte hitleriano, que abrir espacios a todas las vertientes de la izquierda, hecho que de haberse logrado hubiese generado una nueva dinámica en la confrontación política y posibilitado la concreción integral de los Acuerdos de La Uribe hace más de 25 años.

Con el exterminio de la UP no solo perdió una generación casi completa de dirigentes revolucionarios, la mayoría de ellos de gran dimensión política e inmensos valores éticos, cuya ausencia hoy es notoria en el escenario público de la nación como del continente, también se frustró por muchos años, la posibilidad de firmar un acuerdo de convivencia.

La experiencia de la UP nos enseñó que cualquier avance hacia la paz que surja de acuerdos exige la transparencia, que todo tropiezo debe clarificarse antes de emprender un nuevo escalón, pues los Acuerdos de La Uribe, origen de la UP, fueron saboteados por el Alto Mando militar desde el primer momento a pesar de lo cual, todos los comprometidos con dichos acuerdos, luchamos como Quijotes, por sacarlos adelante.

Pero logra la firma de acuerdos de paz en La Uribe en 1984 y garantizar su cumplimiento total hasta culminarlos, fue imposible. Así que los colombianos que emprendimos con gran optimismo y mayor entusiasmo una histórica jornada por la convivencia, perdimos esa batalla civilizada frente a los "enemigos agazapados de la paz", que hoy ya no se esconden tanto.

Un proceso de paz exitoso, tiene como premisa ineludible, el respaldo lento, decidido, transparente y activo, de la mayoría de la población.

No me cabe la menor duda que las nuevas generaciones de colombianos, en un futuro cercano, rendirán honores y harán reconocimiento a los mártires de la Unión Patriótica que "a pecho descubierto" lucharon por un mejor país para sus hijos, por la democracia y la convivencia, con una generosidad, un desprendimiento y una valentía ejemplares.

Destacados líderes políticos de izquierdas colombiano han dicho a Público que creen que la existencia como guerrilla de las FARC es la responsable de la "derechización extrema" de la sociedad colombiana, ya que "izquierda" se asocia a guerrilla. ¿Está usted de acuerdo?

Digamos genéricamente, que se está a la izquierda si se prioriza lo social, la democracia popular y los cambios revolucionarios, en oposición a quienes privilegian la ganancia económica, el hegemonismo burgués y la defensa del statu quo. No se trata solo de estar al lado izquierdo de la derecha, sino de defender integralmente intereses de clase, populares. Integralmente.

Puntualizo para comentarle que no he escuchado a ningún destacado dirigente, de izquierda, afirmar lo que menciona en su pregunta.

En Colombia los hay, bastantes, muy importantes y muy consecuentes, que con enorme responsabilidad y altura discrepan de la lucha armada revolucionaria, se apartan de ella, pero entendiendo sus circunstancias históricas, trabajan por encontrar los caminos de la solución política respetando el compromiso de quienes combatimos desde la insurgencia y, priorizando sus debates contra la oligarquía y contra el neo coloniaje imperial, verdaderos generadores de la violencia en Colombia.

De pronto existan quienes han militado en la izquierda y ya no defiendan sus posiciones originales sino las del régimen, como sucede en muchas partes del mundo. Habrá que respetar sus nuevas posturas, pero sin inscribirlos como defensores de los intereses populares ni ubicarlos a la izquierda en el ajedrez de la política.

También puede darse el caso de quienes pretenden ocultar sus propias fallas, tras el esfuerzo ajeno.

La lucha nuestra desde Marquetalia es por la democracia, por la posibilidad cierta de desarrollar una acción de masas, abierta, por los cambios revolucionarios y el socialismo. Y esta opción, es la que ha saboteado a tiros la oligarquía colombiana.

Asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán, legislaron con el anticomunismo como soporte durante la dictadura militar, crearon el Frente Nacional bipartidista para excluir y perseguir a los revolucionarios, y aprobaron una Constitución en 1991, con elementos positivos en su diseño y textos, que dejó intacta la concepción de Seguridad Nacional del enemigo interno que campea desde hace un poco más 47 años en nuestro país. La misma del paramilitarismo y los falsos positivos.

La derecha, en Colombia y en todo el mundo, propagandiza y difunde sus pretextos, reales o ficticios, para confundir, atacar y desvirtuar las luchas populares por bienestar y progreso social. Y utiliza variedad de formas para ello, incluyendo a muchos quienes algún día algún día fueron activistas de la izquierda.

En los tiempos que corren, con el desarrollo de los medios de comunicación, no hay confusión posible. Quienes defienden el orden existente, no lo pueden ocultar.

La confrontación en Colombia se ha prolongado demasiado. Luchar y clamar por la paz es expresión de un sentimiento profundamente popular y revolucionario.

Las FARC firmaron un pacto de no agresión con la guerrilla del ELN en diciembre de 2009. ¿Qué obstáculos ha habido en su implementación?

Tanto el Comando Central del ELN como el Secretariado del Estado mayor Central de las FARC - EP, hemos reconocido con sentido autocrítico, el error que significó no detener drástica, tajante y oportunamente los roces que se fueron dando en diversas áreas del país, entre combatientes de las dos fuerzas, de tiempo atrás.

Ahora, trabajamos con enorme convicción revolucionaria en todas esas áreas por superar, definitivamente, las asperezas, los mal entendidos, las emulaciones mal hechas y los enfrentamientos. Es un proceso complejo, teniendo en cuenta la coyuntura actual, de intensa confrontación política y militar con el Estado. Pero vamos avanzando con solidez.

La autocrítica es a fondo y en eso estamos. Falta tiempo, hay mucho terreno por recorrer pero avanzamos en firme haciendo conciencia, a todos los niveles de nuestras organizaciones, que somos parte del mismo contingente de lucha popular, revolucionaria, antiimperialista, bolivariana y socialista. Y que ello es lo que fundamenta la forma de relacionarnos, las convergencias que debemos trabajar y luchar para elevar a nuevos niveles la necesaria estrategia unitaria de los revolucionarios colombianos.

Recogimos el legado del gran revolucionario, el sacerdote Camilo Torres Restrepo de enfatizar lo que nos une. Las divergencias las debemos ventilar y airear en mecanismos que estamos creando para ello.

Estamos obligados a ser ejemplo de unidad. Y de madurez. Así también le contribuiremos a la unidad popular de los colombianos, proyectando en los hechos la prioridad "del bien común" por encima de cualquier interés particular.

Nos falta un buen trecho, pero ya lo empezamos. Y eso es lo estratégico.

Según un auto de la Audiencia Nacional, dos testimonios de antiguos miembros de las FARC implican al Ejército de Hugo Chávez en los cursillos de adiestramiento que ETA impartió a los guerrilleros colombianos en suelo venezolano. Los relatos de los arrepentidos forman parte de un informe de la Comisaría General de Información de la Policía. En el apartado del auto dedicado a los "hechos" se describe cómo en agosto de 2007 dos presuntos miembros de ETA impartieron en la selva venezolana dos cursos sobre manejo de explosivos a guerrilleros de las FARC. ¿Han tenido en el pasado las FARC relación con la banda ETA? ¿Mantienen relación en la actualidad y, en caso afirmativo, en qué consiste?

La experiencia de las FARC en materia de explosivos tanto de su fabricación, como de su almacenamiento y utilización es larga y abundante, lo que desde hace mucho tiempo nos permite autoabastecernos sin recurrir a ningún tipo de ayudas, simplemente porque no lo hemos necesitado. Tenemos nuestros propios instructores. Así de simple. Esto para rechazar las afirmaciones sobre tales cursillos con personal extranjero que solo pretenden afectar al gobierno bolivariano de Venezuela.

En Colombia, a partir de ofrecimiento de dineros, viajes a Europa y rebaja considerable de penas, algunos desertores, se prestaron para atestiguar en contra nuestra y favorecer políticas nacionales o internacionales del gobierno de Álvaro Uribe. Pero como la mentira no perdura, los montajes que fabricaron a partir de miles de falsos testimonios se están desmoronando. Todos caerán como castillos de naipes.

Por ejemplo, actualmente cursan investigaciones penales y administrativas, de la Fiscalía y también de la Procuraduría General de la Nación, contra altos funcionarios del gobierno Uribe y contra altos mandos militares de la época, por las comedias que montaron, farsas, falsas deserciones llenas de infames afirmaciones como parte de su ofensiva contra las FARC.

El mundo se está enterando cómo en el departamento del Tolima también se reclutaron bandidos y desocupados, con quienes "formaron" una columna guerrillera, los vistieron con uniformes militares, les dotaron algunos fusiles viejos y otros muchos de palo, llamaron a los periodistas, les tomaron fotos, peroraron una diatriba insulsa, les dieron algún dinero a los farsantes, difamaron sobre muchos ciudadanos a quienes luego encarcelaron y, luego, felices ratificaron que el fin del fin estaba cerca, incluyendo al presidente de entonces.

Dijéramos que esa fue una tónica general del gobierno colombiano anterior, buscando imponer sus políticas fascistas, levantó todo tipo de aduanas morales, legales, éticas, discrecionalmente, para otorgarse la licencia de calumniar, difamar, mentir e inventar. Valdría la pena que la justicia española verificara y confrontara a fondo las informaciones que le fueron proporcionadas en ese entonces.

Nuestras relaciones, que en este momento tienen carácter clandestino, con gran cantidad de organizaciones democráticas y revolucionarias del mundo, armadas y civiles, están regidas por las conclusiones de la Conferencias Guerrilleras que, como ya señalé, orientan sobre el no desarrollo de acciones militares en otros países, respetando la soberanía de cada país y las luchas de cada pueblo.

¿Es cierto que las FARC pidieron apoyo a ETA para atentar contra varias personas, entre ellas el presidente, Álvaro Uribe, cuando visitara España o la UE?

Esa es la propaganda que se hacía el mismo Uribe, en Colombia y en el exterior, para proyectar una imagen de víctima.

Las fuerzas de seguridad españolas detuvieron a Remedios García Albert, a quien consideran vinculada con las FARC. ¿Tienen las FARC vínculos con Remedios García Albert?. En caso afirmativo, ¿en qué consisten?

No conozco vínculos de Remedios García con las FARC. A ella, la referencio exclusivamente por una mención periodística de las autoridades colombianas , durante el periodo de incontinencia propagandística que sufrió el gobierno alrededor del supuesto ordenador del Comandante Raúl Reyes. Nunca antes ni nunca después la escuché nombrar. Podría afirmar, si de algo sirve, que en los tiempos de las conversaciones de paz en el Caguán, gran cantidad de personas venidas del mundo entero, a título individual o como representantes de organizaciones de muy diversa índole o de gobiernos, hicieron presencia e intercambiaron opiniones con nuestros representantes alrededor del proceso que se adelantaba. No podría agregar nada más al respecto.

¿Qué relación mantienen con los gobiernos de Cuba, Venezuela y Ecuador?

Si usted me lo permite, preferiría abstenerme de una respuesta alusiva a nuestras relaciones con cualquier gobierno del mundo.

¿Creen que España puede jugar algún papel en la solución del conflicto colombiano? ¿Cuál?

Siempre hemos percibido positivamente la participación de la comunidad internacional en la solución política del conflicto. Pero, dadas sus características actuales y las permanentes y agresivas declaraciones oficiales, es necesario que le demos tiempo al tiempo.

¿Qué sabe de los falsos positivos? ¿Por qué las FARC no han difundido más revelaciones sobre ese tema?

El asesinato sistemático de civiles en estado de indefensión por parte de militares y policías, y su posterior presentación como "guerrilleros dados de baja en combate", es una práctica institucional en Colombia, desde el año 1948.

No es algo novedoso ni mucho menos. Hace parte de una guerra sucia desarrollada por el Estado colombiano contra "el enemigo interno" que también concibe y ejecuta el asesinato selectivo de líderes políticos de la oposición, de dirigentes sindicales comprometidos con los trabajadores, la desaparición de activistas revolucionarios, las torturas, el terror y las masacres que intimiden y generen miedo, parálisis, pánico y desplazamiento.

Todo ello se ha denunciado y se continúa denunciando. Existen centenares de libros, miles de denuncias, millares de evidencias y de pruebas que demuestran la responsabilidad del Estado colombiano en el desarrollo de esta estrategia, solo que hasta ahora, la comunidad internacional acepta la tesis oficial que señala como hechos aislados, bajo la responsabilidad de algunas manzanas podridas, esta criminal práctica institucional.

Son centenares de miles las víctimas civiles de la guerra sucia que el Régimen ha emprendido, según afirma, en "defensa de las instituciones y del Estado de Derecho".

A mediados de los años setenta, la estrategia oligárquica de terror fundió sus prácticas paramilitares con el narcotráfico, bajo la dirección y jefatura de poderosos empresarios, destacadas personalidades de la política tradicional y altos mandos militares, con el objetivo de intensificar sus crímenes y atesorar dineros provenientes del narcotráfico, pero ocultando a sus verdaderos jefes y orientadores.

Hoy, muchas evidencias empiezan a salir a flote, desde las farsas de las cárceles asignadas a los militares y políticos responsables de crímenes atroces, pasando por la usurpación masiva de tierras por parte de hacendados, militares, industriales y dirigentes de los partidos tradicionales, acuerdos políticos empapados de sangre entre gamonales y narcos, enriquecimiento desmesurado e inusitadamente rápido de un reducido sector social vinculado a los distintos gobiernos de estos años, institucionalidad permeada casi sin excepción por dineros mafiosos y al servicio de estos, hasta los nexos del alto gobierno con esta estrategia que por lo pronto visibiliza a dos de sus "eminentes" cabezas, el señor Narváez y Álvaro Uribe Vélez.

Y, aunque hasta hoy no hay militares condenados por los llamados "falsos positivos", la sociedad avanza en la lucha por llegar al fondo del problema, por determinar cada situación con precisión, castigar a los autores materiales y también a los autores intelectuales y determinadores, lo que inevitablemente alcanzará la reglamentación militar existente, inspirada, concebida y diseñada bajo la óptica de la Seguridad Nacional pregonada por Washington desde los tiempos de la guerra fría, que fue uno de los temas tabú en la Constituyente de 1991 y causa de fondo de los miles y miles de muertos de todos estos años. Colombia perdió mucho tiempo por ese veto que impuso la oligarquía en los conciliábulos de aquellos años.

Tamaña equivocación, no puede repetirse. Las soluciones que requiere el país son estructurales, si queremos la reconciliación sobre bases ciertas y no zurcir otro remiendo como aquel de 1991. Por eso también es trascendente, que si logramos construir un nuevo escenario en función de la solución incruenta, en algún momento puedan participar representantes de la fuerza pública, donde seguramente muchos de sus integrantes, sin responsabilidades en las bajezas de la guerra sucia, también estarán clamando por la reconciliación y la reconstrucción nacional.

A raíz de la muerte de Jorge Briceño en un bombardeo el 22 de septiembre, el presidente Santos reiteró que se ahora sí se vislumbraba el fin del fin de las FARC. ¿Qué opina sobre esto?

Desde 1964 hemos conocido tal declaración oficial en boca de distintos presidentes y ministros de guerra, en ocasiones haciendo de agoreros, otras veces en forma de promesa y otras a manera de amenaza, siempre con la pretensión de ocultar las raíces del conflicto que hicieron necesaria la existencia de las FARC.

Así, han justificado la violencia terrorista del Estado.

Así, han incrementado año tras año el presupuesto militar y policial, para solaz de los generales y de los señores de la guerra.

Así, han ocultado desde hace tiempo su propia incapacidad, su intransigencia y la profunda corrupción que corroe las instituciones oficiales.

Así, pretenden cubrir su vergonzoso y humillante arrodillamiento frente al Pentágono Norteamericano y a la Casa Blanca.

Mientras no aboquemos seriamente, entre todos, la búsqueda de soluciones a los problemas estructurales del país, la confrontación será inevitable. Unas veces más intensa, otras no tanto. En algunos momentos con la iniciativa militar del Estado, en otros, con la iniciativa popular, en una trágica ciclotimia que debemos superar, inteligentemente, con grandeza histórica.

Como prosigue la confrontación, habrá más muertos. De lado y lado. Más tragedias para el pueblo. Y no llegarán la paz y ni la convivencia para Colombia.

No se trata de la muerte de uno o de otro comandante guerrillero. El conflicto no es tan sencillo ni tan simple. Las circunstancias históricas del país son muy particulares. La existencia de guerra de guerrillas revolucionarias en Colombia no es consecuencia del voluntarismo de un puñado de valientes o de unos aventureros, o de unos "terroristas" o de unos "narcoterroristas", tales calificativos podemos dejárselos a la propaganda oficial. La insurgencia colombiana es reflejo del sumun de una serie de factores estructurales que los distintos gobiernos no pueden empecinarse, terca y criminalmente, en desconocer.

La oligarquía colombiana ha conformado una fuerza pública armada de más de 500 mil hombres, en un país de alrededor de 45 millones de habitantes con enormes necesidades y carencias. ¡Inaudito!. Cerca de la quinta parte del presupuesto nacional del año entrante han sido aprobados para gastos militares. Se invirtieron casi $10.000 millones de dólares de ayuda norteamericana en el Plan Colombia, para una guerra fracasada. Sin embargo la confrontación prosigue.

Cuando bombardearon el campamento del comandante Jorge Briceño, con casi un centenar de aeronaves que dejaron caer miles y miles de toneladas de explosivos durante muchos días, en un dantesco infierno. Instalaron en la periferia del lugar de tiendas de campaña con espejitos y regalos y ropa nueva, zapatos Reebock y Nike invitando a los guerrilleros a través de altoparlantes durante semanas, a la traición y a la deserción.

Todo lo que obtuvieron fue una heroica respuesta militarde la guerrillerada, colmada de moral y de conciencia revolucionaria, que produjo centenares de bajas en la fuerza de ocupación oficial y la solicitud masiva de ingreso de nuevos guerrilleros en la región y en muchas otras zonas del país.

La cercanía de la paz democrática, de la convivencia y de la justicia social no se puede medir en litros de sangre. Eso lo sabe el país y por supuesto el presidente Santos.

En su último informe ONG colombiana Nuevo Arco Iris, que hace seguimiento al desarrollo del conflicto militar cruzando informaciones oficiales y de analistas, aunque reconoce la supremacía aérea del gobierno, ha dicho que los combates en tierra les son notoriamente adversos.

¿Cuáles son los resultados reales de esta larga confrontación?

Al respecto tan solo quisiera anotar que diariamente hay combates y hechos de guerra entre la guerrilla revolucionaria y la fuerza pública institucional y parainstitucional en la mayoría de los 32 departamentos del país, donde se obtienen victorias y en ocasiones también se reciben golpes, en una confrontación que se prolongó en el tiempo y en la que la iniciativa militar se altera, se modifica, cambia en el tiempo y en las diferentes áreas, pero no estratégicamente. Los partes militares que hacemos públicos, cuantifican alrededor de los efectos de la guerra en nuestro adversario y en nuestras propias filas con cifras irrebatibles. Quisiera destacar que la ofensiva oficial actual iniciada desde hace algo más de 11 años, a partir del llamado Plan Colombia, diseñado en el Pentágono norteamericano, dirigido y financiado por ellos y alimentado sin descanso por armamento de última generación desde Washington, fracasó. Es la más grande y prolongada operación contrainsurgente adelantada en el continente y es también la más grande demostración que la solución del conflicto en Colombia no pasa por la Pax Romana.

¿Qué condiciones exigen ustedes hoy para desmovilizarse?

Desmovilizarse es sinónimo de inercia, es entrega cobarde, es rendición y traición a la causa popular y al ideario revolucionario que cultivamos y luchamos por las transformaciones sociales, es una indignidad que lleva implícito un mensaje de desesperanza al pueblo que confía en nuestro compromiso y propuesta bolivariana.

No tenemos ninguna dubitación, ninguna duda sobre nuestra obligación de luchar permanentemente y sin desmayo, con convicción y optimismo, por acercarnos con certeza a la solución política, incruenta, del conflicto. Los colombianos, con la contribución de países amigos, debemos construir un escenario de diálogo donde hilvanar y tejer mancomunadamente un proceso que concluya en acuerdos, cuya materialización incida contundente e irreversiblemente en la liquidación de las causas que en su momento originaron el conflicto armado y que hoy lo nutren abundantemente.

Una vez erigido el escenario, en un proceso que también debe trabajar la reconstrucción de la confianza entre las partes, tendremos que conversar sobre los prisioneros de guerra, militares, policías y guerrilleros en poder de las partes, como un aspecto político y humanitario que reclama prelación. Y, en función de objetivos de largo aliento, contamos como punto de partida con una herramienta excepcional cual es la Agenda Común por el cambio hacia una Nueva Colombia, firmada como acuerdo entre el Estado Colombiano y las FARC-EP, en El Caguán.

Por supuesto que lo importante es construir el escenario, con voluntad de decisión política, pensando en el país y en su futuro, haciendo abstracción de las mentiras inventadas por la propaganda oficial que alejan la solución definitiva porque hace pensar al establecimiento con sus propios deseos. Y, en estos procesos es indispensable mantener la antena en tierra.

Los dolorosamente frustrados intentos que hemos hecho desde La Uribe en 1984 por encontrar caminos civilizados, son evidencia de las enormes dificultades que conlleva encontrar el camino correcto sin que ello implique resignación.

Colombia atraviesa una coyuntura crítica porque recién terminó el periodo del gobierno más violento y corrupto de la historia nacional encabezado por Álvaro Uribe. Decenas de los congresistas y dirigentes políticos que e hicieron campaña presidencial y participaron de su gestión están en la cárcel condenados como determinadores del narcoparamilitarismo, otros muchos enfrentan investigación preliminar por parte de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia, varios de sus ministros también están sindicados o son investigados mientras que decenas de mandos medios de esta administración ya están encarcelados todos por corrupción y/o paramilitarismo.

El velo está cerca de caer. La capa de teflón construida por los amigos de Uribe posibilitando el enriquecimiento desmesurado de este círculo mafioso como fruto de una inconmensurable corrupción administrativa, la contemporización complaciente de muchos con la estrategia y práctica paramilitar que ya se le conocía y su fascistoide rechazo visceral a una solución política del conflicto, todo este vergonzoso velo, está a punto de caer, lo que abrirá nuevas perspectivas a la civilidad y a la democracia verdadera.

Cuando el país además de la violencia y la corrupción, lo azota la naturaleza en forma de lluvia inclemente, le está reclamando a sus dirigentes grandeza y estatura histórica para sortear la difícil coyuntura y proyectarlo con fuerza hacia el futuro.

A los odios enfermizos irrigados por el anterior gobierno, que polarizaron a Colombia, les están pasando su cuarto de hora. A las licencias que se arrogó para birlar la ley como ruina les está poniendo fin la Fiscalía, los jueces y las Cortes. El haber retrotraído al DAS a los tiempos de la tenebrosa POPOL, policía política del régimen en los años 50 y aparato criminal del bolsillo presidencial, no será un delito impune.

La inane insistencia uribista condensada en su señalamiento a las FARC como terrorista, no le hace ni sombra a la contundente verdad sobre la existencia del conflicto armado en Colombia contenida en el proyecto de la llamada Ley de víctimas, si tenemos en cuenta que fue sobre la tesis mentirosa de inexistencia del conflicto, que Uribe construyó su tinglado fascista.

Como revolucionarios que lo hemos entregado todo por nuestros ideales y el bienestar del pueblo, persistimos en la solución política del conflicto.

PUBLICO.ES MADRID 11/06/2011 00:01 Actualizado: 11/06/2011 02:09

Publicado enColombia
Faltan 1.460 de los mismos con las mismas. La mayoría sigue o seguirá en espera. Cambio-continuidad es la marca con desilusión en unos cuantos. Aun queda satisfacción y esperanza en sus votantes. Estas y otras realidades, sensaciones y deseos, reposan sobre la sociedad luego de los primeros cien días de Santos. Desilusión. Cambio. Esperanza. Continuidad.

Desilusión hay. De inmediato, un importante sector de la sociedad esperaba mucho del nuevo gobierno. No era para menos. Sus promesas de campaña alentaban sueños que cien días después no auguran comienzo.

En alguna similitud con la sociedad estadounidense en relación con Obama, con Santos nuestra sociedad manifiesta un tempranero desengaño. Los motivos de los colombianos no son menores. El principal: su política económica, que no cambia la senda marcada por sus antecesores. La regla fiscal, en trámite en el Congreso, es la columna vertebral de esta política, que ataja y viola derechos adquiridos.

Con un tufillo autoritario, esta norma pretende que la realización de todos los derechos sociales quede sometida al dictamen de la Caja del Estado. De esta manera, las luchas de los sectores populares colombianos quedarían borradas de un solo brochazo. Las normas y los convenios internacionales quedarían sometidos a una legislación sin soporte filosófico humanitario. Con las disponibilidades y las prioridades del Estado como razón única y suprema de la administración pública. Con el ser humano y sus derechos sometidos a la máquina, para que los aplaste. Por esta vía, adquiere vía libre el sueño de organismos como el Fondo Monetario Internacional, siempre preocupado por la estabilidad fiscal.

Con la contradicción y la inconformidad pública en aumento de las regiones con explotación petrolera o minera en general, otra parte sustancial de la política económica del nuevo gobierno descansa en la reforma de las regalías, reforma que pretende trasladar y centralizar en las manos del Ejecutivo los inmensos recursos que ahora reposan a cargo de las autoridades locales, con la excusa de que no han sido bien administrados.

Además, 1. La política del primer empleo, aún sin definición plena; 2. El reajuste salarial de final de año; 3. La insistencia ante los Estados Unidos para el trámite a la firma del TLC; 4. La conservación de las bondades impositivas para con las multinacionales que llegan al país; 5. La ausencia de un proyecto de desarrollo por vía propia. Son éstos otros aspectos de la política santista que podrán hacer del nuestro un país con crecimiento económico inmediato pero… con altos costos ambientales y humanos para las presentes y futuras generaciones.

Cambio. Otro sector de la población sí ve transformación en el nuevo gobierno, en el nuevo tono para abordar la relación con los vecinos (Venezuela y Ecuador), por una parte, y de otra con los opositores, mediante un lenguaje –sin inclusiones ni transformaciones de fondo– que rebaja la carga de tensión que rebasó Uribe en la sociedad colombiana. Pero también, por la manera de llevar la relación con la justicia, y en la disposición para atender el tema de las víctimas del conflicto y los despojados de la tierra. En verdad, son manejos diferentes. Como lo es la supuesta renuncia por tramitar el tema de las bases militares de Estados Unidos en Colombia, pero cada uno, en su acomodo, deja un sabor amargo.

Por el momento, sólo aludimos a la Ley de Tierras y de Víctimas con fuerte debate en el Congreso, que, al decir de los entendidos, es sólo una reforma sin dientes. En algunos casos, puede regresar la tierra a sus verdaderos dueños pero sin asumir pago alguno por todas las consecuencias y daños sufridos en el momento de perder su propiedad y durante los años de desplazamiento, pero de igual manera sin garantías para el retorno ni para trabajar la tierra en forma adecuada.

Otro aspecto con fuertes críticas a la norma en debate es eludir el tema de la verdad. El proyecto peca de bruto en un aspecto esencial: se diseña para un país en el supuesto de que transita en una aclimatación de la paz, cuando no hay política alguna más allá de la guerra y su clima psicológico. Las presiones sobre amplios grupos poblacionales persisten, el desplazamiento se podrá reducir pero no eliminar, y por tanto “el hacer con la mano se borrará con el codo”. Este es un aspecto por señalar. Pero hay otro.

Tal como en diferentes momentos de nuestra historia nacional: la política de tierras que está detrás de esta ley parece reeditar experiencias ya vividas, en las cuales, a nombre de los campesinos sin tierra o minifundistas, se propició que los terratenientes amasaran más tierra, alguna legalizada, con el supuesto propósito de atacar la injusticia.

Esperanza. A pesar de estas observaciones, los sectores que ven un cambio con Santos esperan consecuencia con sus propuestas. Es más: visualizan una honda contradicción entre los grupos de poder que representa su antecesor y los que ahora ocupan la Casa de Nariño. A partir de esta tensión, ven una disputa de poder que puede llegar a escalar el conflicto que pudiera dar al traste con la mafia, los parapolíticos, los paramilitares, y todas sus manifestaciones generadas y enquistadas en el Estado.

Cabe una sola observación de estupor. Cualquier observador imparcial que lea el discurso de posesión del actual Presidente concluirá que realizar su ofrecido es imposible sin participación social; sin movilización de los afectados por las políticas que dice querer superar. Y esa es la esencia de cualquier cambio: el sujeto del mismo, si de cambio y esperanza se trata, no puede descansar en el Estado, una máquina que se defiende y se reproduce a sí misma. Por tanto, terminará engullendo a quienes pretenden transformarla con paliativos no radicales. Es decir, habrá cambio pero aparente, con beneficios para alguna gente (rostros para la pantalla), pero la mayoría de los afectados por 30 años de guerra quedarán en espera de la justicia.

Continuidad. Si la política santista marcha con las constantes aquí señaladas, es evidente que entre el anterior y el nuevo gobierno reina la continuidad. Con matices, pero continuidad. Hay cambio de estilo –que no es lo fundamental–, sin tocar lo estructural. Y en este aspecto sustancial no hay ruptura sino, por demás, un respeto a las políticas heredadas. Los temas no son pocos: economía, medio ambiente, seguridad/criminalización de la protesta social, multinacionales, política de guerra, salud.

No es raro, por consiguiente –en la perspectiva de los sectores más desprotegidos de la sociedad, a la hora de examinar los primeros cien días del nuevo Presidente y de su equipo de gobierno, y desde esa atalaya divisar los tres años y un poco menos de nueve meses que faltan–, señalar la desilusión por la continuidad en la aplicación de las políticas estructurales.

Sin duda, la esperanza sólo reposa en la fuerza y la capacidad de cambio de esos mismos sectores mayoritarios. Persistir con ellos es la labor de quienes desean otro destino para Colombia y la región que habita.


Publicado enEdición 163
La resistencia de las mujeres y
los pueblos posibilitará que la madre tierra y
la vida humana se preserven por siempre.

Colombia se vistió de rostros de mujer, rostros de niñas y niños, de rostros de hombres; los rostros de  los pueblos, quienes llenas y  llenos  de  esperanzas, sueños, experiencias,   luchas y  resistencias, participamos llegadas y llegados  desde  la Argentina, Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela,  el Salvador, Honduras, Haití, Guatemala, Cuba, México, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Italia, Bélgica, Alemania; como también desde los rincones de  Colombia sus departamentos y regiones de Nariño, Cauca, Valle, Huila, Chocó, Antioquia, Tolima, Cundinamarca, Bogotá, Magdalena medio,  Bolívar, Santander, Norte de Santander, Arauca, Atlántico; para  participar decida y alegremente en el Encuentro  Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas  contra la Militarización desde  16 al 23 de agosto.

Este encuentro ve hoy más que nunca cómo la amenaza de guerra mundial resuena y se impone ya en distintas geografías y la humanidad está en la encrucijada de su  sobrevivencia y la de otras formas de vida aún existentes.  Este  encuentro se realiza en un momento en el que el imperialismo norteamericano está diseñando y ejecutando estrategias agresivas  de recolonización para reposicionarse y tratar de recuperar la gran crisis de su sistema capitalista.  El despojo de las riquezas de los pueblos y la violación a los derechos humanos de mano de la militarización son el camino que han definido, utilizando para ello los medios de comunicación masiva como el amarre ideológico y cultural.

Colombia es un extenso  territorio con riquezas minerales, petróleo, fuentes de energía, agua, biodiversidad, flora, fauna, saber tradicional y ancestral de los pueblos indígenas, negros y campesinos; hoy muy codiciados  y explotados por las  empresas transnacionales que solo se interesan en sus vergonzosas e inhumanas  ganancias,  para lo cual alientan y fortalecen estos procesos de militarización, guerra, desarraigo, despojo y muerte dañinos a los pueblos y  sus territorios; esta lógica dominante extendida y aplicada  en toda nuestra América.

El país está conformado por una gran  diversidad  de  pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos,  comunidades campesinas  y  poblaciones urbanas cansadas de la guerra y la violencia que afecta al país desde hace más de 50  años y que ha causado cuatro millones y medio de desplazadas y desplazados y miles de personas asesinadas, desaparecidas y encarceladas. Estas comunidades y pueblos resisten de manera valiente y  creativa, a través de procesos de soberanía de cuerpos, territorios y alimentos;  afirmándose en sus propias y diversas identidades organizativas, culturales, espirituales y de cosmovisión; proponiendo como eje la unidad y la búsqueda e implementación de la vida digna, la autonomía, autodeterminación y soberanía.

Las mujeres, protagonistas de estos procesos, han sido y siguen siendo la fortaleza de sus pueblos a pesar de seguir recibiendo el impacto directo de la violencia, la pobreza, la exclusión y la discriminación, que en el caso de los conflictos sociales, políticos, económicos y armados significa explotación,  miseria, violaciones sexuales, violación a su libertad sexual,  y  a otros derechos humanos básicos, implementando también el desarraigo, la persecución y la  muerte.
 
El encuentro posibilitó que se organizaran misiones humanitarias de solidaridad hacia distintas regiones del país,  que han permitido el intercambio de experiencias, vivencias y reflexiones entre las personas participantes, las mujeres, los pueblos, las comunidades rurales y urbanas colombianas. En estas visitas se pudo no sólo entender la realidad concreta sino darle rostro y nombres a quienes han enfrentado  el proyecto de la militarización y la resistencia en sus territorios y vidas cotidianas, también los intereses económicos y geoestratégicos que se defienden. Esta oportunidad  permite a la comunidad internacional continuar denunciando la terrible violación a los derechos humanos,  que en Colombia adquiere niveles de perversión en prácticas como los falsos positivos, que son vinculaciones de personas inocentes con elementos que justifiquen el asesinato, y encarcelamiento,  la desaparición forzada, y desplazamiento  con lo que se demuestra que en este país no se está viviendo el postconflicto, como  hoy lo asegura el gobierno.

Durante dos días se  intercambiaron las experiencias de resistencia de las mujeres y de los pueblos de Colombia y el continente; se denunció el impacto de la militarización; se reafirmó la convicción de que estamos cansadas y cansados de la opresión, la explotación y la cultura de la muerte del capitalismo patriarcal y racista.

Desde este encuentro, en el ánimo colectivo de justicia, respeto y solidaridad continental  hablamos al mundo para reiterar nuestro compromiso como mujeres y pueblos contra la militarización, y nos posicionamos para: 

Luchar por justicia hacia las mujeres y que se pare la violencia, la intimidación, el control  y la utilización de las mujeres como botín de guerra.
Rechazar con energía la estrategia imperialista de los Estados Unidos para militarizar las vidas, territorios y deseos que  busca controlar las riquezas de los países y las consciencias. Decimos Fuera Bases militares yanquis de América Latina y del Caribe.
Rechazar la presencia de bases norteamericanas en nuestros países y territorios exigiendo su retiro inmediato.

Luchar  contra la injerencia de ejércitos de ocupación como la MINUSTAH  en Haití.

Luchar  por el cierre de las bases militares en toda nuestra Abya Yala, contra los megaproyectos de energía, explotación petrolera, minera, la privatización del agua, y el despojo de territorios que favorecen  hoy a las grandes empresas  transnacionales.

Rechazar la amenaza inminente intervención militar en Costa Rica con más de 7000 efectivos militares y 46 buques de guerra de los Estados Unidos.

Rechazamos los intentos de desestabilizar  el gobierno legítimo  y las provocaciones reiteradas contra el pueblo de la republica Bolivariana de  Venezuela.

Reiterar nuestra solidaridad con la resistencia nacional de Honduras, aglutinada en el FNRP, quienes enfilan su  política  y   acción hacia el proyecto de refundación nacional, y en lo inmediato a una convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente Popular y Democrática por ello  llamamos también a los gobiernos estados y pueblos del mundo  a no reconocer el régimen de Porfirio Lobo, quien es el  continuador del golpe de estado y de las políticas de violación a los derechos humanos contra el pueblo hondureño que se mantiene en lucha.

Repudiar la criminalización de la lucha de los pueblos que significa muerte y represión contra mujeres y hombres y sus procesos organizativos.

Rechazar la política antiinmigrante que hoy se impone en los estados unidos fortaleciendo la lucha contra el muro.

Rechazar el nombramiento de Alvaro Uribe Vélez para la comisión de investigación por el crimen cometido con las brigadas de solidaridad con el pueblo palestino por el gobierno israelí.

Continuar en la lucha por la liberación de los cinco hermanos cubanos hoy presos injustamente en cárceles de  los Estados  Unidos.

Respaldar  a la acción en la  republica del Congo de la Marcha Mundial de Mujeres para el 17 de octubre.

Acogemos el 10 de diciembre como el día de lucha continental contra las bases militares extranjeras.

Acogemos lo mandatado por la asamblea de los movimientos sociales en el IV Foro Social de las Américas realizado en Paraguay. Igualmente lo mandatado en el I y II encuentros hemisféricos contra la militarización Chiapas y Honduras.

Nos comprometemos a dinamizar e impulsar el IV Encuentro continental hemisférico contra la militarización.

Nos vinculamos a la campaña contra la militarización que se articula continentalmente.

Para el caso colombiano llamamos  y proponemos al continente  ya al mundo:

Mantener  firme la propuesta de solución política y negociada al conflicto social y  armado interno que tiene Colombia.

Fortalecer y reconstruir los movimientos sociales como sujetos   políticos fundamentales para la paz

Impulsar dinamizar y apoyar la corte  mujeres y de pueblos desde lo local, regional nacional e internacional en la recuperación de la memoria por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Incentivar la unidad, el fortalecimiento de la concientización, la organización, la comunicación alternativa  y la movilización como elementos importantes de autonomía lucha y resistencia.

Participar y acompañar   la realización del congreso de los pueblos convocado desde la minga nacional de resistencia social  y comunitaria para los días 8 a12 de octubre del 2010.

Hoy reafirmamos nuestro compromiso por la vida digna, la defensa  de nuestros territorios, la soberanía, autonomía, autodeterminación, cultura y ancestralidad como movimientos sociales entendiendo que la lucha contra la militarización y las bases militares es un pilar fundamental para la paz.

Mi cuerpo es mi casa
Mi casa es mi territorio
Mi territorio es mi patria
Mi patria es mi continente.


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Bogotá, 17 de junio. Para Gustavo Petro, ex candidato presidencial por el Polo Democrático Alternativo, existe el riesgo de que la presidencia de Juan Manuel Santos, del Partido de la U y puntero para la segunda vuelta de este domingo, sea aún más regresiva que la del actual mandatario Álvaro Uribe, porque no tiene la base popular del uribismo. Esto, asegura, lo hace mucho más dependiente del ala ultraconservadora del Pentágono y el Mossad israelí. Además de que será incapaz de romper con la parapolítica.

Abanderado de la opción de la izquierda colombiana que no alcanzó los votos suficientes para contender en segunda vuelta, Petro sostiene que la derecha fabricó el fenómeno de la Ola de Verde con apariencia de izquierda e infló artificialmente las encuestas en favor de Antanas Mockus para cerrarle el paso al Polo Democrático Alternativo, que era la única alternativa claramente distinta a la de la clase dirigente. De hecho, la fuerza izquierdista quedó en cuarto lugar. Así nos quitaron 50 por ciento de votos nuestros.

Senador, economista de profesión y antiguo militante del M-19, Petro expresa en entrevista con La Jornada que si el presidente de Estados Unidos Barack Obama dejara atrás la estrategia antiterrorista que heredó de George W. Bush en Colombia y le diera prioridad al diálogo con América Latina, puede restarle espacio a las alianzas de Santos con los sectores más retrógrados del Departamento de Estado y el Pentágono. Pero para eso el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tiene que dejar de polarizar las relaciones hemisféricas.

También explica su proyecto para una salida al conflicto armado: No es la visión clásica de pasar por una negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dice, sino que hay que obligarlas a transitar hacia la negociación arrebatándoles su base social.

En esta línea, afirma, la tarea de la izquierda es convencer a la sociedad de que esta guerra no puede ganarse con más guerra, que es precisamente la idea que le da fuerza al uribismo.

Las interrogantes de Obama

–A Álvaro Uribe se le consideró el presidente más pro estadunidense de los últimos tiempos. ¿Cómo se sitúa Santos?

–En Washington hubo un cambio que la elite colombiana nunca previó. Cómo se mueva el presidente Barack Obama frente a América Latina va a ser determinante para el proyecto de Santos. Puede, por ejemplo, intentar relacionarse con América Latina fuera de la polarización. El problema es que Hugo Chávez no ha entendido esto y sigue presionando a Estados Unidos hacia la polarización. También puede cambiar su visión militarista para el combate contra el narcotráfico. Ya dio un primer y tímido paso en este sentido al reconocerlo como un problema de salud pública.

–¿Es optimista?

–No tanto. La diplomacia estadunidense es paquidérmica, se mueve muy lentamente. Y América Latina no está entre las prioridades de Obama, que ha dejado el manejo de la política de Estados Unidos hacia la región en manos del matrimonio Clinton. Ésa es una línea muy conservadora.

–¿Cuál es la responsabilidad de Estados Unidos en la consolidación de lo que usted define como un Estado mafioso?

–Los círculos que toman las decisiones en Washington saben muy bien que el problema de Colombia no es la hoja de coca sino la mafia se ha hecho del control del Estado a partir de la captura de la tierra. El problema es que Estados Unidos siempre pone sus intereses geopolíticos por encima de cualquier consideración. Y en esa medida le conviene la alianza con estas elites asociadas con las mafias y le conviene una estrategia militar contra las drogas. Ellos saben que no es eficaz, pero les da un predominio militar en la zona. Para quitarle el poder a las mafias de la droga, y eso lo saben bien, no necesitan fusiles sino jueces.

–¿Por eso mantienen el acuerdo que les da control sobre las bases militares?

–Las bases son herencia de Bush, bajo la tesis de la guerra contra el terrorismo, que Obama parece no compartir. El ala más conservadora del Pentágono ni siquiera estaba pensando en siete bases. Solo necesitan una, la de Palanquero, para tener el control aéreo de todo América del Sur. Fueron Santos y Uribe quienes ofrecieron las demás. Si se aplicara el tratado como está redactado, sería una ocupación militar en plena forma. Pero no se está aplicando.

–¿Por decisión de Obama?

–Esa es una interrogante. Hay un sector de la diplomacia de Estados Unidos que no quiere la polarización. Aquí es importante ver si el liderazgo latinoamericano es capaz de establecer un diálogo constructivo que sustituya la ausencia de diálogo actual.

–¿Va hacia allá la dinámica de América Latina?

–Depende mucho de Chávez; él es el polarizador.

Israel y el Mossad en los Andes

–¿Van a continuar las fricciones entre Colombia y Venezuela?

–Muy probablemente. Por factores históricos y objetivos, la política exterior venezolana se liga más al mundo árabe, por su diplomacia petrolera. La de Colombia, por su conflicto interno y las graves violaciones a los derechos humanos, se liga más a Estados Unidos y a Israel. Escapar de esta lógica, que no debe ser difícil porque Latinoamérica no está cruzada por este conflicto, permitiría a los dos países tener buenas relaciones. El problema es que Santos está muy ligado al Mossad y a la derecha venezolana.

–¿Cuál es el papel de Israel en este escenario?

–Fue Santos quien contrató la asesoría de Israel por varios millones de dólares para la reconstrucción de la inteligencia militar colombiana después del escándalo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Por la documentación incautada al DAS ahora sabemos que hubo una directriz del Mossad para infiltrar a las embajadas árabes, de Venezuela y Ecuador. Todo esto está en los expedientes del DAS Bahía, que están bajo reserva.

–¿Cómo se posiciona el Polo Democrático Alternativo frente a la guerra?

–Nos hemos distanciado de la idea clásica de una mesa de negociaciones con la guerrilla. Pensamos más en una salida política, específicamente en el conflicto rural, a partir de construir equidad social. Ahí hay una nueva concentración de la tierra en manos de la mafia y lo que hay que hacer es recuperar esos territorios, empoderar al movimiento de víctimas y desplazados para que reclamen y recuperen su tierra. La posibilidad de una pacificación pasa por una reforma agraria, por construir una sociedad rural mucho mas equitativa. Eso le quitaría gasolina humana al conflicto y colocaría a las FARC ante un cambio de mentalidad, que es indispensable.

–¿Quiere decir: destrucción de las FARC no por vía militar sino por la vía de quitarle base social?

–Sí. Y llevarla a la negociación por obligación. Porque sin base social a las FARC sólo le queda el camino del narcotráfico puro, en donde perdería poder político y se vendría abajo. Hay que darle a las FARC la opción de una salida de la guerra, no de la utilización de la negociación para fortalecer la guerra.

Por Blanche Petrich
Enviada
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En Colombia existe un conflicto interno de dimensiones significativas y con trágicas consecuencias humanitarias. Para resolverlo, no cabe la vía militar y es imprescindible una opción política negociada. Tesis principales de la senadora liberal Piedad Córdoba, 55, pieza clave para mediar en la liberación de prisioneros en poder de la guerrilla y una de las voces más críticas a la política de Álvaro Uribe Vélez en sus últimos ocho años de poder.
Pocas semanas antes de las elecciones presidenciales del 30 de mayo próximo, Córdoba, quien realiza “La Gira por la Paz” por una media docena de países europeos, analiza la crudeza del conflicto interno colombiano y aboga por gestos políticos inmediatos, tanto del Gobierno como de la comunidad internacional, para revertir la profunda crisis humanitaria que afecta a ese país sudamericano.  
P: Acaba de iniciar esta segunda semana de abril una gira europea que había ya pospuesto desde hace un tiempo. ¿Cuál es el principal objetivo de la misma?
 
R: La comunidad internacional debe reconocer que en Colombia hay un conflicto social armado. Nos preocupa el autismo de muchos países que motivados por sus intereses económicos y el de sus empresas transnacionales hacen la vista gorda sobre la realidad profunda que vive mi país.
 
En ese sentido, venimos a presentar una vez más el tema de los derechos humanos; hablar de la grave crisis humanitaria que confrontamos hoy. Y subrayar la necesidad de una salida política negociada para Colombia.
 
Por otra parte, queremos informar sobe el trabajo que realizamos en “Colombianos y Colombianas por la paz” a favor del intercambio humanitario y dejar constituidos comités en cada país. Y lanzar la propuesta de “Europeos a favor de la paz en Colombia”.
 
Queremos también presentar nuestra iniciativa, impulsada en conjunto con el ex presidente Ernesto Samper, de “Coordinadora por el Intercambio humanitario”... En suma, buscamos activar a la comunidad internacional para que apoye la negociación en mi país. Justo en un momento en que el presidente Uribe cierra todas las puertas para el intercambio.
 
P: Sin embargo, voceros del Gobierno reiteran su voluntad política para la negociación...
 
R: Es un mero discurso para la galería. No corresponde con los hechos en la realidad cotidiana. Por ejemplo, las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) han venido planteando una disposición política para el intercambio de prisioneros desde hace dos años... El hecho que la última liberación unilateral (finales de marzo) se haya retrasado casi un año es responsabilidad principal del Gobierno. Éste apuesta mucho más por la salida militar.
 
La doctrina de la “seguridad democrática”
 
P: Es decir, a la visión conceptual de la “seguridad democrática” que el presidente Uribe ha promovido durante toda su gestión gubernamental...
 
Y que asegura haber obtenido éxitos evidentes.
 
R: El Gobierno considera como ejemplo de sus grandes éxitos, la “Operación Jaque” (ndr: liberación de Ingrid Betancourt en julio del 2008) o la operación militar que incluyó la invasión al Ecuador (ndr: en marzo 2008 que le costó la vida a Raúl Reyes, dirigente de las FARC).
 
Pero si se contrastan estos elementos con los casi 5 millones de desplazados internos; con los 5.000 casos de falsos positivos –civiles inocentes asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate- o los 200.000 desaparecidos en la última década de los cuales habla el último fiscal, llegamos a la conclusión que la política de seguridad constituye un total y rotundo fracaso. Sin menospreciar el impacto del 10% del presupuesto nacional destinado al rubro militar.
 
P: ¿Un balance mucho más negativo que positivo?
 
R: La política de guerra preventiva promovida por Uribe que se origina en los Estados Unidos en un inicio apareció como muy vistosa y presentable. Pero detrás de la misma no había más que la estrategia de control del territorio –beneficiando a los grandes intereses militares y económicos.
 
Esa misma estrategia le permitió al Gobierno identificar y denunciar como “terroristas” a todos los que no están de acuerdo con él . Yo misma estoy acusada de terrorista en mi país. Nunca he tomado un arma. Nunca he sido miembro de ninguna organización armada y pertenezco a un partido político legal.
 
Podríamos hablar de otros corolarios de la grave crisis humanitaria que produjo esa estrategia oficial. El descubrimiento de una fosa común en Macarena donde habrían sido enterradas 2.000 personas... Otro tema muy sensible que casi no recoge la opinión pública internacional es el de la situación de las cárceles; las torturas; los confinamientos indecorosos... Sin olvidar la denuncia de jefes paramilitares detenidos sobre la construcción de hornos crematorios donde esos grupos han reducido los cuerpos de adversarios políticos.
 
Por otra parte, si se quiere hacer un balance, hay que tener en cuenta la situación social actual.
 
P: ¿Qué quiere expresar cuando habla de la actual situación social?
 
R: Uribe Vélez deja 18 millones de pobres; 8 millones de indigentes; un 16% oficial de desempleo. Nada de esto puede ser considerado como resultado positivo de la seguridad democrática.
 
“No más gestos unilaterales” 
 
P: ¿La última liberación unilateral de prisioneros de finales de marzo por parte de las FARC, abre expectativas de algo más significativo en cuanto a canje humanitario antes del término del mandato del presidente Uribe en agosto?
 
R: Es difícil decirlo. El intercambio es un aspecto muy importante en una guerra. Y estamos de acuerdo con el principio de que los guerrilleros liberados no vuelvan a enrolarse. Sobre eso hay mecanismos para discutir tanto con las FARC como en la sociedad colombiana.
 
Lo que es cierto es que ni las FARC ni nosotros, en tanto que mediadores, vamos a trabajar en nuevas propuestas de intercambio a nivel unilateral.
 
Sería mucho mejor que se pueda avanzar en este tema tan importante antes de que Uribe termine su mandato. Dejarlo después de las elecciones, con la perspectiva de candidatos que no quieren apostar a nada que toque la temática del conflicto, sería darle largas al asunto.
 
“Que se repitan las elecciones legislativas”
 
P: Dado que se habla de elecciones... ¿Cómo evalúa las elecciones legislativas de marzo pasado en la que fue reelegida como senadora nacional?
 
R: Hubo tantas irregularidades, corrupción, compra de votos... que yo misma que fui cómodamente elegida –para mi misma sorpresa dada la campaña de desprestigio contra mi persona por parte del Gobierno- quisiera que se repitan esas elecciones. Fue un fraude impresionante que hacía años no se veía en esa magnitud en Colombia. Se violó un derecho humano básico: el de elegir y ser elegido.
 
P: Una proyección sobre las elecciones presidenciales del próximo 30 de mayo...
 
R: No veo la perspectiva de grandes cambios. Especialmente cuando se observa que el candidato con más opción para ganar la presidencia según las encuestas es el ex Ministro de Defensa del actual gobierno. Responsable de los falsos positivos y de tantas violaciones graves de derechos humanos. Si se confirma esta tendencia se profundizará una política derrotada, la de la seguridad democrática. 
 
“Solidaridad internacional, no caridad”
 
P: Quisiera concluir por dónde comenzamos... ¿Qué espera en concreto de la comunidad internacional?
 
R: Ninguna caridad. Sino el acompañamiento en la búsqueda de soluciones negociadas. El compromiso, la responsabilidad y la solidaridad con un país que vive una guerra tan cruenta. Que se entienda que Colombia está siendo convertida en una punta de lanza para desestabilizar a los otros países de la región y se evite así que nos hundamos en un conflicto regional.
 
Y tres puntos esenciales de síntesis: el compromiso con la crisis humanitaria que vivimos; compresión sobre que el paramilitarismo es un fenómeno siempre vigente; y que se paren los asesinatos extrajudiciales y la persecución de defensores y defensoras de derechos humanos así como contra líderes sociales, comunales, estudiantiles. Por último, que se asegure un seguimiento y asistencia de cerca a las presas y presos políticos, comunales, sociales.

Por Sergio Ferrari
 
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La violencia parece no tener fin en Colombia. En un nuevo informe de Human Rights Watch (HRW), la organización denunció la existencia de “abusos graves y generalizados” perpetrados por nuevos grupos armados considerados los sucesores de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La ONG criticó asimismo la gestión del presidente Alvaro Uribe por “no haber abordado el surgimiento de los grupos sucesores con la seriedad que amerita este problema, fracasando en hacer un esfuerzo serio en romper los vínculos, denunciar y castigar”. Ante las críticas, el gobierno colombiano salió a controlar los daños inmediatamente, calificando al informe de “mentiroso y basado en especulaciones.”

“Entre 2003 y 2006 Colombia implementó un proceso de desmovilización de la violenta coalición armada AUC. Según el gobierno, el proceso fue exitoso y desde entonces han afirmado en varias oportunidades que ya no existen paramilitares en su país. Sin embargo poco después de la desmovilización, surgieron grupos sucesores en todo Colombia que continuaron con la actividad delictiva, logrando un impacto brutal en la situación humanitaria y de derechos humanos en el país”, reza la introducción del informe presentado ayer en Bogotá “Herederos de los Paramilitares: La nueva Cara de la violencia en Colombia”.

Tras dos años de trabajo de campo, el informe de 126 páginas describe la brutal participación de estos nuevos grupos armados en masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados, violaciones y extorsión, generando un clima de constante amenaza en cada una de las comunidades bajo su influencia. Su presencia se extiende a prácticamente todo el país, habiéndose confirmado su actividad en 24 de los 32 departamentos colombianos.

“El gobierno ha tomado algunas medidas para enfrentarlos, pero no ha hecho un esfuerzo sostenido y significativo para proteger a los civiles, investigar las redes criminales de estos grupos e identificar a sus cómplices y bienes”, señaló de manera crítica el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco. “Estas bandas son una continuación de bloques paramilitares muy conocidos que operan bajo el mismo patrón. Casi todos sus líderes eran mandos medios de las AUC que no se desmovilizaron o cometieron fraude con ese proceso. Muchos fueron contratados para hacerse pasar por paramilitares y los verdaderos mantuvieron intactas sus estructuras”, indicó el responsable de la organización defensora de los derechos humanos.

Los nuevos grupos armados han logrado instalarse tanto en zonas rurales como en urbanas, destacándose el caso particular de Medellín, que sufrió un incremento del ciento por ciento en el número de homicidios durante el último año. De acuerdo con la policía nacional colombiana, el número de integrantes armados rondaría los 4000 miembros nucleados en ocho organizaciones diferentes. Sin embargo, HRW advirtió que algunas estimaciones llevarían esa cifra a los 10.000 integrantes. Estas bandas, con nombres como Aguilas Negras, Rastrojos o Los Paisas reclutan activamente a nuevos miembros y, pese a la captura de algunos de sus jefes, actúan con rapidez para reemplazar a estos mandos y ampliar sus zonas de operación, aseguró el dossier.

El surgimiento de los grupos sucesores era predecible de acuerdo con la HRW. El gobierno colombiano no logró desarticular las redes criminales de manera eficaz por una implementación inadecuada y mal concebida de las desmovilizaciones entre 2003 y 2006. Asimismo, la ONG manifiesta preocupación por las denuncias de supuesta “tolerancia” de algunos funcionarios del Estado y de sectores de la fuerza pública frente a la actuación de los paramilitares. Fiscales y miembros de alto rango de la policía indicaron a la organización que esto obtaculiza su labor.

“Queremos recordar al gobierno del presidente Alvaro Uribe que tiene obligaciones para enfrentar a esos grupos y proteger a la población civil. Creemos que hay una actitud pasiva y un discurso dirigido a minimizar la importancia de este problema. No hay suficientes policías en las zonas en que actúan estos grupos y no vemos el despliegue de recursos necesarios. Tampoco notamos esfuerzos para enfrentar la tolerancia con estos grupos”, señaló el director de la HRW, mientras que expresó su confianza en que este informe sirva para redefinir las prioridades vigentes del actual gobierno en materia de seguridad.

El documento de la HRW fue tajantemente rechazado por el ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva. “Es un informe que no se basa en la realidad. No tiene información, sino especulaciones, son generalidades que cuando uno las confronta con los hechos nunca son capaces de demostrarlo”, dijo el funcionario a los medios locales, tras cancelar la entrevista que tenía prevista ayer con Vivanco.
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En Estados Unidos, donde se conoció en primer lugar y en inglés el texto del Plan Colombia, se aprobó bajo la denominación de Alianza Act, ley S1758, presentado por los senadores republicanos Coverdell, Dewine y Glaseley. Dentro del capítulo “Focos Integrados del Plan”, se planteaba como objetivo central (para Estados Unidos) la reducción en seis años en un 50% de los cultivos y en igual proporción de la producción de cocaína. En el Congreso de Colombia jamás se discutió, y mucho menos se aprobó, no obstante, luego de una década, en dicho Plan se condensó la estrategia general del país en todos los órdenes, lo cual impele necesariamente a hacer un balance de los efectos del mismo.

Del documento preliminar al respecto, elaborado en octubre de 2008 por Jo Biden actual vicepresidente de Estados Unidos y entonces presidente del comité de relaciones exteriores del Senado, “Plan Colombia: Las metas en reducción de drogas no fueron alcanzadas, pero la seguridad ha mejorado…”, se deduce que los fines con los que se justificó no se lograron. No resultó porque Colombia haya incumplido sus compromisos, al contrario, luego de un enorme costo fiscal y de miles de vidas, es centro mundial de producción y comercio básico de cocaína.

¿En qué se invirtieron entre 1999 y 2008 los 52.241 millones de dólares, que el país ha prodigado en este Plan, de un valor total de 58.688 al que hasta entonces había llegado? El monto mayor, 37.209 millones, (75 billones de pesos de hoy, un promedio de 7,5 billones al año, casi más del 3% del PIB por año en dicho periodo) se ha gastado en triplicar el rubro de seguridad y defensa y en duplicar el número de efectivos de la fuerza pública. Colombia se convirtió, a la larga, en uno de los países que más gasta con estos fines en el mundo y, si se evalúa en el contexto de las cuentas presupuestales ejecutadas, este importe puede equivaler a la mitad del valor de toda la deuda contratada entre diciembre de 1999 y diciembre de 2008, es decir, uno de cada dos pesos del endeudamiento público se ha ido en el conflicto.

La “ayuda” norteamericana, tan publicitada y que se muestra indispensable, aún excluyendo las demás colaboraciones del extranjero, es solamente el 11% del importe total del Plan. Además ha tenido dos condiciones: una, desde 2003, la Contraloría advirtió que el 75% de esa “ayuda” era manejada por agencias gringas; y, otra, la mitad corrió para contratos con las empresas del complejo militar-industrial norteamericano; esto es, negocios (de yo con yo) fundados en la lucha contra el narcotráfico en Colombia, aún sin importar si se alcanzan o no las metas.

Un vínculo entre este Plan y los acuerdos con el FMI, en la misma década, que persiguieron la reducción del gasto social y el aumento del recaudo de impuestos por la vía de contribuciones indirectas como el IVA para ampliar la capacidad de crédito del gobierno central, lleva a concluir que en todas las imposiciones de política económica neoliberal del Fondo van ocultos, entre sus muchos perversos propósitos, el de buscar espacios para compra de armamento y gasto bélico. Un verdadero oprobio. Por algo hay documentos cruzados con el FMI donde se especifica el aval para los compromisos con el Plan Colombia y por lo mismo un capítulo amplio del Plan se titula “reencauzando la economía”. ¿Qué tal esto? El futuro está marcado. Con la indigna cesión de soberanía, y toda suerte de prebendas, para la operación de fuerzas de Estados Unidos en siete bases militares colombianas y que pueden extenderse a todo el territorio patrio, continuará la afrenta del Plan Colombia. A partir de 2007 ya tuvo su segunda versión hasta el 2013, con dos componentes claves: “lucha contra el terrorismo” y “apertura de mercados”. Se recrudecerá el teatro de guerra. Adam Isacson, del Center for International Policy, que patrocina una política de “acción integrada” del Estado en la consolidación de los territorios donde se ha expulsado la guerrilla, exige ante todo, un “esfuerzo militar intensivo”, coordinado entre el Ejército de Colombia y el Comando Sur de US Army. Sin ello, agrega, los programas sociales no fructificarán. Parece cumplirse la premonición de Kissinger en 2001, respecto al Plan Colombia: “soy especialmente sensitivo cuando los conflictos armados comienzan con fines nobles, pero lamentablemente siempre terminan en un punto muerto, sin ilusiones,...acaban por convertirse en una amenaza para la estabilidad y la seguridad”. Así vamos…, por tanto, seguirá plomo y más plomo y, desde luego, más neoliberalismo para financiarlo.

Bogotá, 20 de enero de 2010
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