Jared Kushner, asesor principal de la Casa Blanca.Foto Ap

Dos analistas británicos quienes más conocen los dédalos del Medio Oriente, Alastair Crook y Patrick Cockburn, juzgan que se gestó una nueva correlación militar de fuerzas a raíz de los ataques con drones de los hutíes del Yemen (https://bit.ly/2mowJUt).

Bajo la Lupa se atrevió a emitir una "hipótesis perversa y aviesa" de la inexplicable "ineficiencia" de Estados Unidos en Arabia Saudita debido al próximo lanzamiento de la "Oferta Pública Inicial (IPO)" por 2 millones de millones de dólares que codician Trump y su yerno talmúdico Jared Kushner.

Alastair Crook, director de Conflicts Forum, con sede en Beirut, sentencia que se trata de un "exitoso golpe mortal" que trastoca el "paradigma dominante" (EU como "guardián del Golfo y garante del flujo del petróleo") y cita a Anthony Cordesman, del think tank CSIS, quien comenta "las implicaciones estratégicas de los golpes a Arabia Saudita" (https://bit.ly/2mfiDoo): una "clara advertencia estratégica que la era de la supremacía aérea de EU en el Golfo, y del casi monopolio estadunidense de su capacidad de ataque de precisión, se detuvo rápidamente".

Según Alastair Crook, se trata de “un mensaje de un frente común (Irán, Siria, Hezbolá, Hutíes y Hash’da-Shaibi. Nota: la milicia chiíta del sur de Irak)”.

Sea el culpable que fuere, inventado o real, emerge una nueva realidad en el Medio Oriente: Irán es la "nueva superpotencia de los drones" (https://bit.ly/2LyYeGi).

Según Alastair Crook, los eventos en el corazón petrolero de Arabia Saudita forman parte de un “inmenso switch” (https://bit.ly/2nrSFPb) –un "reajuste civilizatorio" en medio del "golpe de precisión en la credibilidad de EU" (https://bit.ly/2ntZJuM)– con el resquebrajamiento del paradigma estadunidense cuando "los aviones robots y los drones cambiaron las coordenadas fundamentales de la guerra".

Por su parte, Patrick Cockburn juzga que "los ataques drones en Arabia Saudita cambiaron la guerra global" (https://bit.ly/2lmwObq), además de "transformar el equilibrio del poder militar en Medio Oriente" cuando “18 drones y 7 misiles crucero –muy baratos y sin sofisticación, comparados a la moderna panoplia militar, que afectaron la mitad de la producción de crudo de Arabia Saudita”, pese a que Riad gastó 67 mil 600 millones de dólares en su presupuesto de defensa el año pasado, en su mayoría para sistemas de defensa aéreo que "fracasaron en frenar notablemente el ataque".

Patrick Cockburn comenta que el presupuesto de defensa de EU es de 750 mil millones de dólares –nota: la parte visible, ya que, según SIPRI, existe otro tanto en las entrañas de la "investigación" en las universidades de EU– y su presupuesto de espionaje es de 85 mil millones de dólares que no supieron que ocurrió en el Golfo "hasta que habían concluido los ataques".

Las "justificaciones" de EU suenan "patéticas" y Patrick Cockburn juzga que "EU y Arabia Saudita dudan en perpetrar represalias contra Irán" porque saben que un contrataque no será un paseo dominguero.

Patrick Cockburn concluye que tales ataques con drones constituyen un punto de inflexión histórico cuando "casi cualquier país puede producir drones y misiles en suficientes grandes cantidades para superar cualquier defensa".

Lo real es que el 14 de septiembre de los drones, EU/Israel/Gran Bretaña perdieron su supremacía aérea en el golfo Pérsico. Agregaría "hasta cierto punto" debido a que en Medio Oriente nadie posee bombas nucleares como Israel que goza de canonjías celestiales que van entre 200 o 400 bombas clandestinas –dependiendo quien haga su tramposo conteo– y que se da el lujo de no firmar el Tratado de No-Proliferación de Armas Nucleares (NPT) ni de aceptar la inspección de la Agencia Internacional de Energía Atómica: procedimientos universales a los que se sometió Irán que no posee ninguna bomba nuclear –aunque si el know how del enriquecimiento de uranio hasta 20 por ciento cuando se requiere más de 90 por ciento para la fabricación de una bomba atómica.

Aunque Israel esté perdiendo gradualmente su supremacía aérea, todavía cuenta con su última arma: la Opción Sansón (https://amzn.to/2o8dMX2) –libro del galardonado israelí-estadunidense Seymour Hersh–, es decir, el lanzamiento de las bombas atómicas de Israel que pueden aniquilar a todos los países y guerrillas de Medio Oriente.

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https://diario-octubre.com/2019/08/29/colombia-ivan-marquez-que-fuera-numero-2-de-las-farc-anuncia-la-vuelta-a-la-lucha-armada/

De cómo errar con razones

 La decisión de volver al monte, por parte de Márquez, Santrich y sus acompañantes, corrobora una vez más que no es suficiente tener razón para acertar. En efecto, como han resaltado un sinnúmero de analistas en los días posteriores a la declaración, la mayoría de las razones esgrimidas en el comunicado son ciertas. Claramente, ha habido un incumplimiento sistemático del Acuerdo de Paz tanto por parte del Estado colombiano –lo que es evidente por ejemplo en la implementación de “operaciones de entrampamiento” y montajes judiciales o en el fracaso de las circunscripciones para la paz en el Congreso– como por el actual gobierno -que ha atacado a la JEP, objetando la ley estatutaria y reduciendo sus recursos, por no hablar de puntos sustanciales como el congelamiento de la reforma rural integral o la negligencia a la hora de garantizar la seguridad tanto a desmovilizados como a líderes sociales. No obstante, y esto también hace parte del consenso entre analistas, el retorno a las armas es una torpeza política enorme.

Desde que el uribismo se propuso “hacer trizas” el Acuerdo de Paz, estaba anhelando que algo así sucediera. Como fácilmente se puede corroborar, el gobierno Duque ha tratado de ejecutar el mismo libreto que tanto éxito le reportó a Uribe en sus dos gobiernos (2002-2010) y que implica aglutinar los actores de su coalición y las élites sociales y políticas que lo apoyan en torno al combate de un supuesto enemigo fundamental. La pieza faltante en todo este tiempo era el enemigo absoluto que permite disculpar e invisibilizar todos los crímenes y aglutinar su coalición: las Farc.

Los rumores que circularon cada cierto tiempo sobre misteriosas “cumbres” de disidencias pretendían revivir ese enemigo e incluso el afán de antagonizar con el actual gobierno de Venezuela muestra la necesidad que tiene el uribismo de un discurso bélico para subsistir. Máxime de cara a un panorama económico gris, muy alejado de la “bonanza” minero energética que, gracias al precio favorable de los minerales, experimentó el gobierno Uribe, y bajo un presidente sin liderazgo efectivo ni legitimidad, con las más altas cifras de desaprobación de los últimos años.

Aunque los informes del seguimiento a la implementación de lo acordado entre las partes indican que más del 90 por ciento de los excombatientes de las antiguas Farc están comprometidos con el proceso de paz, el uribismo y es de esperar que también el gobierno echarán mano del acontecimiento agenciado por Márquez para continuar erosionando los distintos componentes del proceso de paz e incluso tendrán una excusa para la desidia que han demostrado frente al genocidio político en ciernes, en forma análoga a la actitud del Estado frente al que mermó a la Unión Patriótica. La reacción del expresidente Uribe pocos minutos después de publicarse el comunicado deja ver claramente su afán de articular el hecho en su discurso con el fin de legitimar la supuesta entrega del país a la guerrilla y al mismo tiempo deslegitimar la JEP.

Pero más allá de la utilización conciente que se pueda hacer de tal evento, la existencia de este “enemigo” fortalece la mentalidad contrainsurgente, construida y enraizada en el imaginario colectivo y no solo en la doctrina de las FF. AA. durante medio siglo, que ni siquiera empezó a cuestionarse tras el Acuerdo, y que ahora tendrá nuevamente cómo ubicar el “enemigo interno” que amenaza al orden social y a todo lo que, con su sesgo característico, se le parezca en una entidad “real”: las “nuevas” Farc.

La selva de la historia

 Al margen de las acusaciones por el incumplimiento del Acuerdo, el discurso de Márquez muestra una lectura, si es que la hubo, superficial y distorsionada de la realidad política y de la correlación de fuerzas en el presente, que recuerda la falta de horizonte político demostrada por las Farc en las negociaciones con el gobierno de Pastrana (1998-2002).

En aquel momento se popularizó una explicación para ese fenómeno según la cual las Farc vivían en un tiempo lento, de larga duración, producto de su vinculación con las entrañas olvidadas y abandonadas del país, en contraste con los tiempos “líquidos” del mundo global. Mientras esa organización se desenvolvía en un mundo anterior a la caída del Muro de Berlín, en donde la política estaba necesariamente vinculada a hechos indiscutibles, o al menos con un margen reducido de interpretación, como la misma revolución, el país que veía a sus comandantes por la televisión empezaba a sumergirse en una política del espectáculo en donde, más que los hechos en sí mismos, lo fundamental es el “enmarcado”, esto es, la significación hegemónica con que son investidos.

Tal vez nada corrobora mejor ese tránsito que la fabricación simultánea de una gran amenaza y de su solución. Nadie usufructuó mejor la amenaza de las Farc de ir a las ciudades –según las palabras del “Mono Jojoy” en un famoso video– que el uribismo, incluso admitiendo que golpes como el secuestro de los 12 diputados del Valle del Cauca en abril de 2002 o el atentado al Club El Nogal en febrero de 2003 parecían la realización de tal designio.

Como muestra Fabio López de la Roche en su libro Las ficciones del poder (Debate, 2014), el temor de la ciudadanía más que en los horrendas masacres del paramilitarismo, se enfocó en el secuestro, en particular en las llamadas “pescas milagrosas” en las carreteras, por cuenta del despliegue mediático dado a las víctimas y los sufrimientos que conllevó. De ahí el énfasis puesto por la política de seguridad democrática en la seguridad de las vías principales. La alta percepción de inseguridad muy probablemente llevó a que personas que no tenían finca, vacaciones ni recursos para salir de las ciudades en plan de paseo se sintieran interpeladas por el discurso de la seguridad democrática. Así se empezó a cimentar una hegemonía cuya base fundamental, el antagonismo que permitía articular intereses, demandas e identidades diversas, fue la construcción de ese enemigo absoluto del orden social que hoy siguen siendo las Farc.

En este marco nacional, Márquez y sus compañeros no parecen ser conscientes de las transformaciones experimentadas en el terreno de la política en las últimas décadas ni de la persistencia, incluso aunque se acepte un cierto retroceso, de la hegemonía uribista en la cultura política del país. Es algo que puede inferirse incluso de la puesta en escena de su comunicado, calcado en lo fundamental de los demás comunicados que el grupo hizo públicos en las últimas décadas mediante video. La apelación a una “nueva Marquetalia”, si bien puede tener sentido para tratar de interpelar a los excombatientes comprometidos con el proceso de paz, es una muestra de solipsismo que no le dice nada al “otro”, a ese pueblo que explícitamente se afirma representar, sino que erige un discurso únicamente para sí mismos. Esa huida al pasado ubica al grupo, además, en un lugar asincrónico respecto del tiempo que maneja el resto del país, al que primero se le vendió la idea de que el conflicto armado se reducía a la existencia de la guerrilla y luego de que se estaba transitando hacia un “posconflicto”, desde el que será imposible sintonizar políticamente.

Fallas estructurales

 El “enmarcado” del acontecimiento, el significado dado por distintos actores políticamente relevantes, negó de entrada cualquier pretensión de reconocimiento político al grupo de Márquez. El común rechazo osciló sin embargo entre los discursos guerreristas que inmediatamente pidieron “mano dura”, la impasibilidad de los expertos para quienes es un hecho más en el tortuoso camino de construcción de la paz y el pesimismo de quienes estaban esperando el suceso. Pero la visión general que se tuvo fue la del surgimiento de una nueva “disidencia” que se suma a las ya existentes, las cuales se conciben como grupos dedicados a actividades criminales.

La apuesta de esta disidencia se concentra en tratar de articular a los excombatientes comprometidos con el proceso de paz, a las demás disidencias y al Eln o sectores de esa guerrilla. Aunque en el comunicado mencionan cambios en las formas de hacer la guerra, el aspecto fundamental es que su relevancia política y militar dependerá, en últimas, del fracaso del Acuerdo de Paz, un interés común con el uribismo y los sectores sociales que se enriquecieron con la guerra. Mientras persistan la oposición y la desidia con la implementación, no será difícil que este grupo se constituya en una “amenaza” relevante. Las experiencias de Centroamérica luego de las negociaciones de paz, el aumento en las tasas de homicidio y delincuencia común y organizada entre otras cosas, muestran que si no se atacan los factores sociales que originan y alimentan el recurso a la violencia organizada, la mano de obra disponible para la guerra no va a faltar. Así, el retorno al monte muestra varias de las fallas estructurales del proceso de paz, más allá de los incumplimientos y la lentitud de la implementación, que se retrotraen a la concepción misma del conflicto armado en que se fundamentó y la imposibilidad de articular una mayoría de respaldo.

En efecto, no es posible desligar las negociaciones de paz bajo el gobierno Santos de la implementación de la Política de Seguridad Democrática de Uribe, pues esta se trazó explícitamente el objetivo de debilitar a la guerrilla para llevarla a negociar. De hecho, ese objetivo se realizó, incluso sobre los más ambiciosos postulados de promover la presencia de la fuerza pública como base para garantizar la operación de las demás entidades del Estado en todo el territorio nacional, pues hoy sabemos que en este empeño se ha retrocedido hasta el punto de convertirse en uno de los principales problemas para la implementación del Acuerdo. Sin embargo, la consecuencia de esa enfoque fue limitar la agenda de negociaciones a la desmovilización, incluso aceptando que el Acuerdo final contiene puntos esenciales como la Reforma Rural Integral. La narrativa del actual gobierno de Duque intensifica este marco de comprensión al concebir el proceso como una política de reintegración exclusivamente, olvidando el resto de compromisos necesarios para construir paz.

Podría decirse entonces que Santos dio continuidad a la política del gobierno Uribe, que incluso intentó acercamientos con las Farc al final de su segundo período, a pesar de la oposición del expresidente. Esa oposición, aunada a la tibieza de Santos, imposibilitaron crear una fuerte coalición de respaldo al proceso de paz, que no solamente incluyera actores políticos sino parte sustancial de las élites nacionales e incluso el Estado estadounidense, y no solo al gobierno Obama. Si bien hubo una división en las élites, que se manifestó con fuerza en las elecciones presidenciales de 2014, en donde Santos resultó vencedor con el apoyo de quienes habían sido sus anteriores adversarios para salvar el proceso de paz, también es cierto que Santos fue complaciente con los sectores de las élites que naturalmente privilegian sus intereses particulares sobre la construcción de la paz. Quizás el ejemplo más notorio fue la promoción de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía, un hombre de Sarmiento, vinculado directamente a la cadena de acontecimientos que resulta en el retorno de ese grupo de las Farc a la guerra.

¿Hacia la vieja polarización?

El Acuerdo de paz reestructuró el escenario político colombiano de una manera inédita. La agenda pública fue invadida por las demandas sobre los problemas estructurales del país que están en la raíz de la violencia política, la exclusión social y política, la desigualdad socioeconómica, la concentración en la propiedad de la tierra, las reivindicaciones ambientalistas, feministas, urbanas, etcétera. En ese contexto, la representación política de esas demandas necesariamente implica una “polarización” de nuevo cuño, ya no definida únicamente en función de la posición que adoptan los distintos actores frente a la guerra, sino por la representación de las demandas represadas durante medio siglo. Ambas formas de polarización se traslapan aunque no se confunden. Así, mientras las elecciones de 2014 y el plebiscito de octubre de 2016 evidencian un escenario político estructurado por la opción guerra/paz, las elecciones presidenciales de 2018 insertaron en el campo político la necesidad de transformaciones de fondo para responder a las demandas mencionadas.

El otro elemento característico del escenario posterior al Acuerdo es el intento de construir una identidad política de “centro”, que empieza por denunciar el carácter ficticio de la polarización, cuando no por rechazar lo que considera una manera de alentar la “lucha de clases”, para designar los intentos de representar las demandas irresueltas que han alimentado la violencia política. El “centro”, cuyo análisis desborda estas líneas, está constituido por sectores de la política tradicional que no comparten los medios del uribismo o que acompañaron al gobierno Santos en las negociaciones, así como por actores emergentes que por distintas razones no apuestan a una confrontación abierta con quienes detentan el poder y los privilegios en el país.

Aunque por el momento el anuncio de retorno a la guerra por la facción de las Farc no parece modificar de fondo ese escenario, sí incrementa las probabilidades de que la polarización guerra/paz termine por sobreponerse o desplazar a la polarización que originan las demandas aplazadas por medio siglo que alimentan periódicamente la guerra. De hecho, el llamado del ex candidato presidencial, Sergio Fajardo, a rodear al presidente Duque para enfrentar la nueva amenaza, es una muestra de lo que podría significar una escalada violenta, en la medida en que el “centro”, reacio a representar las demandas emergentes tras la firma del Acuerdo, se fragmentaría nuevamente en torno a la bifurcación guerra/paz, entre quienes acompañarían al gobierno uribista y quienes apostarían por una expresión autónoma de la sociedad civil en función de la implementación del Acuerdo.

En fin, si bien en este momento la apuesta política de Márquez y sus camaradas nació muerta, tanto por las carencias del propio grupo como por el rechazo generalizado, siendo finalmente asimilado a una disidencia más sin reconocimiento político, la apuesta militar va a tener oportunidad mientras no se traten de fondo los históricos problemas estructurales que suscitan la guerra o, cuando menos, aquellos que fueron abordados en el Acuerdo de Paz, como la Reforma Rural Integral. Mientras la situación en los campos y ciudades siga igual o empeore, el problema no va a ser el posible retorno a la guerra de los desmovilizados de las Farc hoy comprometidos en el proceso, pues “mano de obra” para la guerra se conseguirá con relativa facilidad en función de objetivos políticos o meramente criminales.

Publicado enEdición Nº261
Jueves, 26 Septiembre 2019 16:50

Cuando el río suena, piedras lleva

https://oiganoticias.com/2018/09/21/las-farc-se-rearman-y-vuelven-al-monte/

Más de un seguidor de la teoría de la no-violencia, la muerte de los meta-relatos y posmodernos deben estar rascándose la cabeza y tomando mucho café, a partir del video de los comandantes de las Farc con el fúsil al hombro, así uno de ellos tenga problemas de visión. Aguaceros de reflexiones, contra-argumentos contra la lucha armada, acuerdos de La Habana hojeados con lupa y libros sobre la guerrilla desempolvados pueden estar ocupando el primer lugar en escritorios y salones de clase.

Ojo. Que los uniformes verde olivo (nuevos y viejos) no nos distraigan de la almendra de este asunto. Sacude fibras que en pleno siglo XXI reaparezca una guerrilla, pero no es la única en el mundo que vive actualmente; veamos al pueblo kurdo y sus cuerpos armados de hombres y mujeres, veamos la India donde está la guerrilla Naxtalita; o la guerrilla del Eln que sigue operando en Colombia. Ahí no puede limitarse la reflexión.

Los acuerdos de La Habana fueron pactados con el fin de cambiar algunas condiciones de vida de los miembros de las Farc y de las comunidades de los territorios donde ellas operaban. Con naturaleza reformista, sus 6 puntos estipulaban leyes económicas, judiciales, sociales, comunicacionales, de reintegración y beneficios tanto para la guerrillerada y comunidades, como para sus detenidos/as políticas, que pusiera fin al conflicto armado con este grupo subversivo. Pero se vio truncado por un plebiscito donde ganó el NO convalidar lo firmado en La Habana; Acuerdo pocas semanas después firmado una vez más –con un proceder lo más parecido al del pupitrazo– en un teatro en Bogotá. La ultra derecha había hecho bien su tarea de movilizar sus seguidores para frenar la aprobación de esos acuerdos.

A partir de ahí, se empezaron a revelar una serie de inconsistencias en la parte del trato que el Estado debía cumplir. Las zonas de integración donde se ubicó la guerrillerada fueron blanco de la corrupción desde el inicio. Mercados vencidos, incumplimientos en los tiempos de entrega de los enseres, casas hechas en medio del barro, incluso se presentaron zonas donde no había agua. Para rematar, los paramilitares estaban cercando estos lugares. La misma guerrilla empezó a denunciar estas condiciones inhumanas de vida.

Seguidamente, los asesinatos selectivos de los excombatientes empezaron a subir como espuma. Más de 100 se cuentan a la fecha. Junto a los casos de desplazamiento y amenazas contra estos excombatientes a manos de paramilitares que entraron en el plan de retomar los territorios donde no mandaban las armas de las Farc, para imponer la ley de las suyas. Siguiendo con el listado de traiciones al proceso de negociación, se presenta la captura de Santrich –bajo acusaciones de narcotráfico– con un espectacular cubrimiento mediático que lo inculpaba antes de iniciar el juicio, alegato y demás. La emboscada estaba cantada.

Escarbando más hondo, encontramos la raíz de todo esto. El modelo económico neoliberal no se tocó. La estructura económica que rige a Colombia sigue intacta, donde banqueros, industriales privados, agroindustriales, grandes comerciantes, multinacionales de sectores servicios, petróleo, minero-energético y ricos locales engordan sus cuentas bancarias a costa de la miseria del pueblo y destrucción de la naturaleza. En ese marco global ¿usted cree que unos acuerdos de paz pueden echar frutos? Claro, están aquellas microempresas de excombatientes donde producen cerveza artesanal, sacha ichi, zapatos, morrales, para su sustento colectivo y familiar, pero no lograron transformar la lógica del mercado, la competencia y dependencia del sector privado en todos los niveles de la economía, para que esas iniciativas económicas puedan garantizar, primero, un modelo económico que ponga al ser humano y naturaleza por encima del capital y, segundo, que promueva unas relaciones sociales solidarias y dignas.

El gobierno nacional hizo lo que llamamos en dominó, tapicui. Jugó sus fichas para que por punta y punta perdieran las Farc. En este contexto, ¿quién en sus cinco sentidos no cosecha la idea de seguir echando plomo? Si la correlación de fuerzas para el 2012, año donde inició la mesa en La Habana, hubiera sido distinta ¿no creen que las otras insurgencias –Eln y Epl– también se hubieran pegado a un proceso de diálogo, junto a las comunidades/movimiento social para realizar las transformaciones de raíz que exigimos hace más de 50 años? ¡Claro que sí!

¿Cuáles reflexiones se cocinan?

 Para que haya un proceso de paz real, se debe meter mano al modelo económico y social que causó el conflicto armado, para construir otro modelo que esté acorde a los intereses de las comunidades, de las mayorías. Pues son los intereses de los ricos y multinacionales los que no permiten tener paz. De eso, nos pueden hablar muy bien los hermanos/as de El Salvador y Guatemala. Así mismo, también podemos ver que el agua, los árboles, los animales, la tierra, los minerales y todo el extenso cuadro del territorio continúa siendo un escenario de disputa entre el capital y las comunidades; y cada uno buscará las formas de ganar esa disputa.

Por otro lado, la bandera de la paz se ha revelado como un escenario de disputa ideológica y política. Porque diferentes concepciones se chocan como un par de trenes sin frenos. Está la concepción de la paz de los ricos (desarme de las insurgencias, debilitamiento del movimiento social-político, continuación de los negocios con multinacionales y entrega irrestricta de la naturaleza a la explotación minero-energética) versus la visión de paz de las comunidades (defensa y permanencia en el territorio, participación directa en la construcción del Estado-nación, deslinde de megaproyectos e implementación de alternativas económicas que frenen el cambio climático).

El reflejo

El video de las Farc 2.0 expone la vigencia del carácter integral de la lucha social y política de las comunidades de Nuestra América y el mundo. A partir del contexto, historia, cultura de cada comunidad, estas deciden cómo organizarse y cómo movilizarse. En algunos casos la principal herramienta es la toma de tierras baldía, en manos de terratenientes, en otros la toma de instituciones públicas/privadas, cierre de carreteras para frenar el movimiento del capital, junto al despliegue del relacionamiento internacional para denunciar y consolidar fuerzas entre organizaciones sociales-políticas.

Lo que está pasando en Colombia no es un caso de terquedad de unos pocos en seguir disparando y poniendo bombas. Por el contrario, es el reflejo de que los ricos tienen el pie en el acelerador en sus planes de seguir robando y regalando los bienes de la naturaleza, los recursos públicos a costa de la miseria de las comunidades; dando como resultado más gente con ganas de subvertir ese orden de cosas.

*Comunicador social. Coordinador Nacional Agrario.

Publicado enEdición Nº261
“En mi unidad del Ejército se presentaron desapariciones forzadas”

El testimonio del excomandante de un grupo de élite describe el mecanismo de los 'falsos positivos' que se dieron en Colombia

Primero, los ejecutaban. Después, hacían desaparecer los documentos de las víctimas para entorpecer la investigación. Este era uno de los procedimientos de los llamados "falsos positivos", esto es, miles de ejecuciones extrajudiciales perpetradas durante al menos 15 años por militares colombianos. Y así respondieron distintas unidades del Ejército a la política de incentivos que buscaba mejorar los resultados o las "bajas" de guerrilleros en combate. Tras este eufemismo, en realidad, hubo 2.248 asesinatos probados de civiles inocentes, según la Fiscalía, que fueron cometidos principalmente entre 2002 y 2008. Precisamente a esa época se remonta el testimonio de un mayor retirado dado a conocer este martes por la Comisión de la Verdad, el organismo público dedicado al esclarecimiento de las causas del conflicto armado.

La declaración en vídeo del exoficial Gustavo Enrique Soto no tiene alcance judicial porque esta entidad no es un tribunal como, por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, supone un reconocimiento sin apenas precedentes y un relato valioso para entender los engranajes de un mecanismo criminal que manchó a la fuerza pública. Soto fue, entre 2006 y 2007, comandante de un Gaula (Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal), un equipo de élite que actuaba bajo la responsabilidad del comando de las Fuerzas Armadas en el departamento de Casanare, en el este del país.

"En mi unidad, el Gaula Militar Casanare, se presentaron desapariciones forzadas, y el día de hoy quiero manifestarles a ustedes de igual manera que he aceptado mi responsabilidad", reconoce el exmilitar, que pasó una década en prisión y que ahora, tras demostrar su compromiso con la reparación de las víctimas ante la JEP, ha denunciado amenazas. "Quiero contribuirle a la verdad, a las víctimas, buscando las personas que se encuentran desparecidas", continúa Soto antes de incidir en su "arrepentimiento de corazón". Además de su declaración, la Comisión de la verdad difundió también las de José Éver Veloza, un exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y de José Benito Ramírez, excomandante del Bloque Sur de las FARC. Todos reconocen "hechos de desaparición". Aun así, las premisas de estos casos son muy distintas, al tratarse por un lado de dos combatientes integrados en organizaciones ilegales y por otro de un representante del Ejército, cuya misión es precisamente velar por la legalidad.

"Tengo algunos documentos que van a ser de suma importancia por las estadísticas que se manejaban en ese momento. Cuando fui comandante del Gaula militar Casanare siempre traté de mantenerme en el top 10, es decir, entre las diez mejores unidades del Ejército y esto generó muchos problemas al pueblo colombiano y en particular a las víctimas que son las que hoy están sufriendo este dolor", explica el exoficial.

Encabezar la clasificación era sinónimo de recibir incentivos monetarios o permisos. Y para que el sistema funcionara, se falseaban las pruebas. "Generalmente, cuando se daba un muerto desaparecían los documentos ¿Por qué? Pues, con el personal más antiguo que estaba, con los soldados…. No, para que sea más difícil identificarlo. Permití que se realizara de esa manera, porque muchos lo realizaban así, los reportaban como NN, y yo también lo permití, por eso he aceptado mi responsabilidad", describe Soto, que promete aportar "las actas de levantamiento de cadáver" y sobre "diferentes misiones tácticas". Ya han pasado 12 años de aquellos crímenes y este militar, como otra decena de oficiales del Ejército retirados, decidió denunciar lo que ocurrió. "Mi compromiso hoy es pleno. Quiero que ya las víctimas terminen con ese dolor que yo les generé. Quiero pedirles un perdón a todas las víctimas por este daño que yo les causé".

Por Francesco Manetto

Bogotá 25 SEP 2019 - 02:26 COT

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Miércoles, 25 Septiembre 2019 05:41

Uruguay se retira del TIAR

"El tratado es obsoleto e inconducente" dijo Nin Novoa. Imagen: EFE

"Están abriendo paso a una intervención armada", sostuvo su canciller, Rodolfo Nin Novoa, e informó que lo denunciará ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Uruguay saldrá del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) luego de votar en contra de las sanciones que este organismo resolvió imponer este lunes al gobierno de Venezuela. "Están abriendo paso a una intervención armada", sostuvo el canciller, Rodolfo Nin Novoa, e informó que lo denunciará ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

"Nos salimos del tratado por obsoleto, por inconducente, por uso inapropiado del mismo”, argumentó el canciller uruguayo. Este lunes, en una resolución aprobada por 16 de los 19 Estados firmantes, el TIAR resolvió identificar y sancionar a dirigentes del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro vinculados con actividades ilícitas, corrupción o violaciones de los derechos humanos. “Esta resolución sienta un gravísimo precedente en materia de derecho internacional, particularmente en lo relativo al principio de la solución pacífica de las controversias y al principio de no intervención. La región ha sido testigo de intervenciones armadas (...) y Uruguay jamás se prestará para justificar acciones de esta naturaleza", añadió. Además indicó que la activación del TIAR afectaba de manera grave el sistema multilateral porque es una resolución que permite "ingresar extranjeros a un país a capturar, extraditar y sancionar personas sin su consentimiento".

"Conforme al artículo 25 del TIAR el gobierno uruguayo ha decidido denunciar dicho tratado, a cuyos efectos estará remitiendo a la Secretaría General de la OEA la notificación formal de esta decisión", acotó el canciller uruguayo. Recalcó que el rol de Uruguay es "el que ha tenido a lo largo de toda su historia" de fomentar la paz, el entendimiento y el diálogo para la solución de las controversias. La desvinculación de Uruguay del Tratado tendrá efecto en un plazo de dos años.

Las sanciones que impuso ayer el TIAR a Venezuela, promovidas por Estados Unidos, contaron con el apoyo de Venezuela (representada por enviados de Guaidó), Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, EE.UU., Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y la República Dominicana. Uruguay votó en contra, Trinidad y Tobago se abstuvo, y Cuba estuvo ausente. En el texto, los países se comprometen a identificar a personas y entidades asociadas al gobierno de Maduro que estén vinculadas a actividades ilícitas, a corrupción o a violaciones de los derechos humanos para proceder a investigarlas y sancionarlas, por ejemplo congelando los activos que puedan tener en esos Estados. 

Los firmantes también prometen perseguir, capturar y extraditar a esos individuos, ya sean personas vinculadas con "el blanqueo de capitales, el tráfico ilegal de drogas, el terrorismo y su financiación" o responsables de "actos de corrupción o de violaciones graves de los derechos humanos". La resolución no hace ninguna mención a una posible intervención armada, una posibilidad que plantea el marco del TIAR, que es una suerte de OTAN americana. Además, los miembros del Tratado acordaron estudiar otras posibles medidas y volver a reunirse en el plazo de dos meses. Estas son las primeras acciones adoptadas contra Venezuela en el marco de este tratado, después del primer paso para su activación el pasado 11 de septiembre en la OEA.

En plena campaña por las elecciones presidenciales de octubre en Uruguay, la oposición aprovechó el hecho para acusar al gobierno de Tabaré Vázquez (Frente Amplio) de aliarse con el gobierno chavista. Pero el canciller uruguayo defendió la medida: “Uruguay votó en contra de esta resolución, no a favor del gobierno de Venezuela, sino a favor del derecho internacional y de la paz y de la institucionalidad de las instituciones regionales”. 

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 La cúpula de la extinta guerrilla de las FARC, este lunes en Bogotá tras la comparecencia. Iván Valencia AP

La cúpula de la antigua guerrilla responde por el delito de secuestro sistemático. "Todos y todas perdimos", asegura Timochenko

El proceso de paz entre las FARC y el Estado colombiano consistió en buena medida en la negociación de un relato. Eso sucedió en La Habana, durante más de cuatro años de conversaciones, y sigue pasando, cada día, en medio de la aplicación de los acuerdos que pusieron fin a un conflicto armado de más de medio siglo. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia encargado de juzgar los crímenes de la guerra, es el escenario en el que se confrontan ahora las versiones sobre el pasado reciente de un país lacerado por la violencia. Por eso su función, que en última instancia es cristalizar la historia, es primordial para la reconciliación de la sociedad y el resarcimiento a las víctimas. Ante ese tribunal compareció este lunes la cúpula de la extinta guerrilla para responder del delito de secuestro sistemático. El que fuera su máximo líder, Rodrigo Londoño, Timochenko, admitió los errores cometidos y pidió formalmente perdón.

"Asumimos, como hombres y mujeres que formaron parte del último Estado Mayor Central que sobrevivió a la confrontación, nuestra responsabilidad ética y política", afirmó el exjefe guerrillero, acompañado de una decena de comandantes. Londoño, hoy presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido nacido de la organización insurgente, reiteró además el compromiso con la paz de su dirección. "Honraremos nuestra palabra empeñada, porque así nos lo impone nuestra ética nos debemos como revolucionarios y ciudadanos", dijo, en lo que supone la enésima declaración de intenciones que se desmarca de la deriva de un grupo de disidentes encabezado por Iván Márquez y Jesús Santrich, que a finales de agosto anunciaron su regreso a las armas.

- Todos y todas perdimos.

Este es uno de los mensajes centrales del escrito que acompaña el documento entregado al tribunal, una versión colectiva sobre los miles de secuestros perpetrados durante el conflicto, que son objeto de investigación del caso 001, abierto en julio de 2018.  Es decir, Timochenko mantiene que la violencia fue una derrota, el fracaso de todos, aunque la atribuye a las dinámicas propias de una confrontación bélica. "Tras décadas de guerra fratricida, nadie podría decir que hubo algún vencedor. Por el contrario, generaciones enteras fuimos condenadas a la violencia de todo tipo, incluyendo las peores vejaciones", concede la declaración de las FARC. "Ello no puede volver a suceder nunca jamás. Nuestra historia, la de Colombia, tendrá que escribirse de ahora en adelante desde la voz de quienes proscriban la guerra y otorguen un lugar protagónico a quienes la padecieron".

El excomandante aseguró que no pretende "justificar ninguna conducta que resultó violatoria del Derecho Internacional Humanitario". "Nos haremos cargo de responder por el papel que jugamos", prometió. Sin embargo, se escudó en que la guerrilla nació "en defensa de la vida y la reforma agraria y así seguirá siendo", ahora sí, desde la contienda política o el banquillo. La presidenta de la sala, la magistrada Julieta Lemaitre, explicó que el tribunal estudiará de forma exhaustiva el documento entregado: "Esta versión colectiva que nos entregaron nos permite agilizar el proceso de investigación".

El escrito, presentado en una breve vista de menos de una hora, describe someramente la práctica criminal del secuestro, que a menudo acababa en asesinato de las víctimas. Timochenko viene a decir que las atrocidades de la guerra impidieron que "las normas de las FARC-EP pudieran ser cumplidas a cabalidad, lo que llevó a que ocurrieran hechos lamentables, como lo son las retenciones a civiles". La guerrilla, explica, tenía dos leyes, llamadas 002 y 003, que fueron "disposiciones que dieron forma a la política de retenciones". "Cabe aclarar que estas buscaban minimizar las retenciones realizadas", continúa la introducción al documento, que no hace hincapié en los casos individuales pero promete detallar "cómo se llegó a la decisión de retener a otras personas con el fin de obtener un canje humanitario" o a "tomar la decisión de detener figuras políticas". "De igual manera, se explica cómo se llevaron a cabo las retenciones con fines económicos".

"Detener, detenidos, retenciones...". Estas son las palabras empleadas por el antiguo mando de las FARC, que evita referirse abiertamente al secuestro. Porque además del relato sobre lo sucedido, en la JEP se asiste también a una disputa semántica entre las partes. Así las cosas, la meta del tribunal será también la de fijar las palabras que escriban al fin la historia de Colombia.

Por Francesco Manetto

Bogotá 23 SEP 2019 - 15:37 COT

Publicado enColombia
Diez motivos para explicar la volatilidad del precio del petróleo 

El ataque con drones contra la refinería Abqaiq, la de mayor producción de crudo del planeta, que gestiona la petrolera estatal saudí Aramco, la empresa más poderosa del mundo, ha dejado una semana convulsa en el mercado del oro negro. El precio del barril de Brent subió por encima de los 69 dólares, un 20% más, su revalorización más alta en 28 años. El atentado terrorista vuelve a mostrar la alta sensibilidad del petróleo a los riesgos geoestratégicos.

 

El mercado del petróleo acostumbra a dejar jornadas negras en cada ejercicio. Es, sin duda, la plaza bursátil más propensa a vaivenes traumáticos en su cotización diaria, aunque también a medio y largo plazo para cerrar contratos a futuros –fórmulas para garantizar el abastecimiento en periodos de meses– motivados por una alargada lista de riesgos exógenos.

El último botón de muestra de esta susceptible sensibilidad del barril de crudo hacia la distorsión de la irritable ley de la oferta y la demanda que rige en estas transacciones mercantiles imprescindibles para nutrir la actividad económica de cualquier país se produjo el pasado fin de semana. El ataque mediante drones contra las instalaciones de Aramco en Abqaiq y Khurais, frenó en 5,7 millones de barriles diarios la capacidad extractiva de la mayor petrolera del mundo -y la empresa líder en ingresos y beneficios de todo el planeta- e hizo saltar por los aires el mercado de futuros.

Los contratos a dos meses del Brent, barril de referencia en Europa, se revalorizaron por encima del 15% –pese a que superaron por instantes el 19% el lunes, otro día trágico en el mercado–, tres puntos más que su cotización al cierre de la jornada, en la que superó los 69 dólares. La subida de más calibre desde que se iniciaron las operaciones contractuales de compraventa de crudo, en 1988.

El West Texas Intermediate (WTI) la bolsa que determina el precio del petróleo en EEUU también se unió a la escalada. Otro 15%, hasta los 62,90 dólares. Otro salto sin precedentes, en este caso desde 2008, al inicio de la crisis financiera, informa Bloomberg.Pero, ¿qué factores determinan el precio del mercado? Y, sobre todo, ¿por qué los riesgos tanto económicos como geopolíticos propician tanta volatilidad colateral a la cotización del oro negro? El régimen de Riad ha anunciado que restablecerá la producción de las refinerías dañadas por el ataque de los diez aviones no tripulados, cuya autoría señala, según acusaciones oficiales tanto de EEUU como de Arabia Saudí a la milicia huti, la más combativa en Yemen contra la alianza de fuerzas del Golfo Pérsico que sufraga mayoritariamente Riad, y a Irán, el rival geoestratégico del mayor productor de petróleo en Oriente Próximo y el país que ocupa el top-one de amenazas a la seguridad global a los ojos de la Administración Trump.

Las diez claves

Acusan a Teherán de patrocinar y de participar activamente en los atentados con drones. Las autoridades petrolíferas saudíes han prometido que tiene la capacidad de devolver, en varias jornadas, hasta el 70% de los daños de extracción ocasionados por el ataque. Pero, de no hacerlo, los analistas ya avanzan que el precio del barril sobrepasará de inmediato -si se supera un tiempo prudencial sin una oferta mínima de crudo en el mercado- los 80 dólares.

1.- La frágil frontera entre la oferta y la demanda. En el mundo del petróleo no es una relación directa que determine que una retirada del crudo en el mercado eleva las peticiones de compra. O a la inversa. En este juego de tronos entre productores y consumidores se opera con algunos ases en la manga. Los contratos de futuros -acuerdos que conceden el derecho de adquisición de un número de barriles de petróleo a un precio predefinido para entrega en fechas específicas- o los hedge funds vinculados a la energía, son dos de ellos. Son agentes especuladores con unos niveles de éxito fulgurantes en la cotización. La autoridad bursátil Chicago Mercantile Exchange (CME), la gran plaza de las materias primas, detrás de la mayoría del tráfico de futuros no está la mano que mece los mercados, sino la de especuladores que, en realidad, formalizan menos del 3% de las transacciones de compraventa de barriles.

Movimientos desde áreas de inversión de líneas aéreas que suscriben estos contratos en previsión de alzas del barril a medio plazo o, sencillamente, los que negocian al alza o a la baja en función de la trayectoria del mercado o de los episodios de volatilidad en una u otra dirección, pero sin intención alguna de adquisición. Su papel ficticio no le resta un ápice de trascendencia en el valor del crudo. Determinan el clima del mercado, el sentimiento inversor, la aversión al riesgo o la falsa calma psicológica a la hora de cerrar volúmenes de operaciones concretas a precios pactados. Y lo que es peor, abaratan o encarecen artificial e interesadamente, en no pocas ocasiones, equilibrios básicos. Como el de que el crudo descienda en época de vacas flacas como la actual -la OCDE acaba de augurar el crecimiento más débil del PIB mundial desde el credit crunch de 2008 en medio de proclamas de cada vez más analistas de que se avecina una recesión en las potencias industrializadas, casi todas altamente demandantes de combustibles fósiles-, o el que aumente en ciclos de negocios boyantes. También influyen sobremanera en episodios de extrema volatilidad como el actual.

2.- La dictadura del cártel de la OPEP. El flujo de crudo en el mercado tiene un incuestionable actor principal, la OPEP. Sus quince socios, capitaneados siempre por Arabia Saudí, controlan el 40% del crudo mundial y sus exportaciones suponen el 60% de las transacciones globales, según la Agencia Internacional de la Energía. La propia OPEP dice estar en posesión del 79,4% de las reservas de petróleo probadas. En 2019, han puesto en el mercado, de media, 80,6 millones de barriles diarios, pero en julio ya rebajaron, por sus políticas de ajuste de cuotas –han entrado en una fase agresiva de recortes por decisión de Riad– este flujo en más de 170.000 barriles por día. Los intentos de la Justicia, especialmente en EEUU, donde en el pasado se abrieron causas por competencia desleal y dumping de precios, en cumplimiento de las exigentes normas anti-trust americanas, han sido en balde.

Su muerte ha sido anunciada en demasiadas ocasiones, pero sus miembros mantienen una especie de hermandad de sangre. Por mucho que Irán amenace con alejarse del club cuyos destinos dirige su enemigo político, económico y religioso regional o que denuncie los acuerdos privados de producción entre Riad y Moscú, ajenos al cártel. Que Irak no se haya sentido cómoda con sus aliados energéticos bajo el yugo del bloqueo exportador que, durante décadas, le ha impuesto Occidente. O que Venezuela se salte soterradamente las cuotas asignadas por la organización o no las alcance por su elocuente déficit tecnológico de extracción y que Nigeria traslade sus constantes reticencias a rebajar su producción. Su decisión de agosto de perpetuar los recortes marcó el trigésimo segundo mes consecutivo de retirada de crudo. A los que hay que sumar el de los diez aliados de la OPEP, entre los que figuran Rusia, México, Omán o Malasia. Entre ambos bloques, sacaron en agosto de la actividad mercantil 1,2 millones de barriles diarios.

3.- Una cuestión de inventarios. Los países consumidores también tratan de controlar el precio. Y la nación más capacitada para ello es EEUU que ostenta, a la vez, el mayor demandante de crudo y, si la Casa Blanca desea abrir su grifo productor al máximo, el primer suministrador. La Administración Trump, más que ninguna otra en tiempos recientes y pretéritos, ha decidido usar el petróleo como brazo ejecutor de su política exterior. Irónicamente, el arma arrojadiza que la Casa Blanca ha lanzado contra Rusia o Arabia Saudí.

El fracking ha otorgado a Washington el cetro de primer productor global. Por su recuperada capacidad para extraer más de 10 millones de barriles diarios. Una ratio sólo comparable a Arabia Saudí y Rusia. Porque Venezuela, con una balsa de crudo que excede el 25% de las reservas probadas de toda la OCDE, por encima de las saudíes, carece de la capacidad técnica para operar a pleno rendimiento. La Administración de Información Energética americana (EIA) admite que la mayor economía del mundo fue también, en 2018, el mayor productor de crudo, con unos 14,86 millones de barriles al día, contabilizando el total de su producción, que incluye petróleo condensado, productos refinados, gas natural, carburantes sin tratamiento y combustibles licuados. Por delante de Arabia Saudí, con 12,39 millones de barriles y Rusia, con una capacidad de 11,24 millones.El grifo de regulación del crudo estadounidense podría activarse de inmediato, además, por los retrocesos de los inventarios, el stock acumulado de crudo adquirido por el país y sus petroleras y que, a finales de agosto, descendió en 4,7 millones de barriles respecto a la semana precedente en una clara tendencia de pérdida de avituallamiento.

4.- Los tres tenores del mercado. Donald Trump, Vladimir Putin y el Mohamed Bin Salman. Son los grandes protagonistas del precio del crudo. Por diferentes intereses, obviamente. Dominan el flujo de crudo. El príncipe heredero saudí restableció una aparente relajación en junio de 2018 con su mandato de que la OPEP + (como se llama al consorcio con los grandes países productores ajenos al cartel y capitaneados por Rusia) bajara el ritmo de restricción de crudo, que empezó al inicio de 2017, lo que permitió activar el cauce de extracción hasta límites próximo a su récord. Era una acción de obediencia debida a la decisión del presidente de EEUU de elevar las sanciones económicas a Teherán. Los stocks de los socios de la OCDE volvieron a mostrar fuerza de nuevo. Hasta que Riad decidió recortar en otro medio millón de barriles diarios en octubre pasado. En este tránsito temporal, se ha ido retirando gradualmente crudo en el mercado, según consignas de la entente saudí-americana. El reto de Bin Salman era aproximar el precio a los 80 dólares, cota que ha logrado puntualmente, aunque se haya instalado en la banda de los 72-76 dólares por barril. Rusia también ha asumido este sacrificio. Asume recortes, pero su condición de país no miembro de la OPEP le permite superar cuotas para llegar a una cotización de 70 dólares que, según sus palabras, “le satisface plenamente”. Entretanto, la industria petrolera de Texas ya ha logrado un ritmo productivo similar al poder extractor de Nigeria (miembro de la OPEP, en doce meses.

5.- El delicado enclave de Ormuz. Este estrecho marítimo está bajo la jurisdicción de Irán, que ostenta la llave de entrada y salida de petroleros. Las tensiones geoestratégicas entre EEUU y la república islámica, que acaba de recibir una nueva amenaza de aumento de multas económicas de la Casa Blanca, sin aportar pruebas convincentes de que los drones contra la refinería suadí tenían el sello del régimen iraní. Ormuz es paso obligado del crudo de la península arábiga que inicia su travesía inicial por el Golfo Pérsico. Por este estrecho pasa la tercera parte del tránsito marítimo de crudo. A comienzos de verano hubo dos incidentes con petroleros, uno de bandera británica y otro con enseña japonesa, a los que siguieron la retención de otro iraní en Gibraltar por orden de Reino Unido. Tokio se desmarcó del tono beligerante de Washington. Pero el cruce de acusaciones entre EEUU, que ha enviado al portaviones Abraham Lincoln a la zona, e Irán, que traslada estar listo para unas hostilidades que dice no desear, ha ido en aumento, afirma la agencia Associated Press. El propósito de Trump de anular la actividad exportadora de crudo de Irán está en connivencia con los deseos de Rusia y Arabia Saudí de ocupar su nicho de mercado. Desde los 2,5 millones de barriles al día -una merma ya considerable de su capacidad- que le impone el bloqueo liderado por Washington, a casi cero, con el consiguiente deterioro de una economía, la iraní, ya bastante deteriorada. Al ritmo que EEUU, Arabia Saudí y Rusia consideren necesario.

6.- Resurge el impuesto terrorista. ¿Existe en el mundo una especie de impuesto revolucionario vinculado al terrorismo? Voces del mercado admiten que sí. Sobre todo, desde los atentados del 11-S. Se paga una especie de prima de riesgo por ataques a instalaciones petrolíferas. Riad ha logrado abortar varias decenas de atentados en el último decenio y medio. Sobre todo, en la de Abqaiq. Con el barril en torno a los 70 dólares, ese impuesto agregado -y casi nunca declarado por los agentes que intervienen en el mercado- es de 12 dólares, en torno al 18% del precio del barril. Pero se dispara tras acontecimientos como el de la pasada semana. Desde el Instituto Memorial para la Prevención del Terrorismo (MIPT, según sus siglas en inglés) se asegura que la factura global por esta tasa supera los 70.000 millones de dólares cada año. El Instituto para el Futuro de la Seguridad Energética Americana (SAFE) augura catástrofes, con distorsiones de flujo de crudo, de índole terrorista, por el resurgimiento de células de Al Qaeda, que podrían elevar la factura petrolífera al 8% del PIB mundial con un barril de nuevo por encima de los 120 dólares si resultan tener la firma de la Yihad.

7.- El polvorín de Oriente Próximo. El ex comandante de la Quinta Flota americana, John Miller, alerta en Foreign Policy de que los ataques a la refinería saudí desencadenan una “escalada más que significativa” de tensiones en esta convulsa región. Describe que el consenso en Washington es de creciente inclinación hacia una intervención militar contra Teherán. En una entrevista más que elocuente, afirma que, pese al respaldo sin fisuras de Arabia Saudí e Israel -en pleno vacío institucional por la incertidumbre postelectoral para formar gobierno y con Benjamin Netanyahu bajo serias acusaciones de corrupción y sin la autoridad de haber ganado en las urnas-, EEUU se encuentra “bloqueado y sin mucha capacidad de respuesta” para iniciar una incierta declaración bélica. Miller, que dirigió la flota de la Armada americana que navega por el Golfo Pérsico, el Mar Rojo y la Península Arábiga entre 2012 y 2015, cree que “es demasiado pronto para conocer qué ocurrió realmente en el ataque y de dónde procedía o quién ha patrocinado el ataque con drones y misiles de crucero”, dando por hecho que la Casa Blanca ha podido precipitarse en su duro diagnóstico acusador.

8.- ¿Cuál es la posición de los aliados de EEUU? Japón se ha desmarcado de cualquier intento de conflicto contra Irán. Tampoco los socios europeos, partidarios de mantener, sin fisuras, el acuerdo nuclear de junio de 2015 con Irán. Incluso Reino Unido elude un apoyo oficial. Sólo Riad está decidido a forzar una vuelta de tuerca más. La financiación de la guerra de Yemen le ha ocasionado los primeros déficits presupuestarios al gran petro-Estado. Aun así, Trump cierra casi cualquier posibilidad de un entendimiento diplomático con Teherán: “dicen querer un acuerdo, pero no hacen lo más mínimo para lograrlo”, explica en un tweet el artífice de la salida unilateral de EEUU del pacto atómico con Irán y el inductor de las sanciones y el bloqueo económico hacia el país persa.

9.- Boicot americano al gaseoducto entre Rusia y Europa. El Nord Stream 2 no gusta a Trump. Es el canal por el que Alemania especialmente pretende garantizar el suministro del gas natural a su mercado nacional. Más de 1.200 kilómetros de infraestructura que conecta Vyborg, en la Península rusa de Jamal, con Greifswarld, ciudad del norte de Alemania a través de las aguas del Mar del Norte y el litoral báltico. La Casa Blanca ha amenazado con sanciones a Berlín si continúa apoyando su construcción con Moscú, hasta el punto de que asegura estar dispuesto a retirar las tropas americanas, bajo el paraguas de la OTAN, de suelo germano. EEUU no desea que haya nuevas redes de transporte que sirvan para reducir su capacidad de control del petróleo.

10.- Alza de carburantes en el espacio industrializado. El efecto inmediato es un encarecimiento de combustibles. En especial, en las economías de rentas altas, muy dependientes del consumo de crudo y que se adentran en escenarios de contracción. El G-7 se encuentra ya en la antesala de una probable recesión sincronizada. 2020 no será un buen año. En España, con incertidumbre política plena, nuevas elecciones el 10-N y un presupuesto que calcula sus partidas con un precio del petróleo instaurado por Cristóbal Montoro, el coste de la gasolina supondrá un incremento de cuatro euros -para llenar un depósito de 55 litros- y de tres en el caso del gasoil. Con carácter inminente. En Reino Unido, enfrascado en hacer acopio de provisiones de todo tipo para hacer frente a un Brexit duro, la factura energética le depara nuevos desembolsos. China, además, se podría convertir en el gran perdedor de los ataques contra Arabia Saudí. La retirada inicial de casi el 5% del crudo diario del mercado. Riad es el gran suministrador del combustible que Pekín necesita para mantener su ritmo industrial. El segundo mayor demandante de energía. En unos meses claves para espolear un PIB que ha renunciado a los dobles dígitos de dinamismo y ahora se instala en crecimientos del 6%. Con presiones añadidas por las guerras comerciales en curso.

madrid

23/09/2019 07:59 Actualizado: 23/09/2019 07:59

DIEGO HERRANZ

Publicado enEconomía
Yehuda Shaul

Yehuda Shaul es cofundador de Breaking The Silence, organización formada por antiguos militares israelíes que critican la ocupación

"El sentimiento de una persona promedio en Tel Aviv es que la ocupación no es un problema. No pagan un precio por ello", señala Shaul, "están dormidos"

"La idea de que Israel logrará la estabilidad y la paz aplastando a millones de Palestinos es una locura. Nunca ha funcionado en la historia y no hay razones para pensar que esta vez sí"

Yehuda Shaul habla tranquilo, con tono grave y en su perfecto inglés, desde una cafetería en Madrid. "El sentimiento de una persona promedio en Tel Aviv es que la ocupación no es un problema. No pagan un precio diplomático, político, mediático, apenas de seguridad…", señala este activista israelí. "Están dormidos", denuncia.

Quizá porque muy pocos saben a qué se dedican sus soldados cuando nadie les ve. Contra esa duermevela creó Shaul la ONG Breaking the Silence, dedicada a recopilar los abusos del Ejército en boca de sus propios soldados: asaltos a viviendas y arrestos aleatorios en barrios palestinos, castigos e intimidaciones a ancianos y niños…

Shaul creó la ONG poco después de terminar el servicio militar obligatorio de tres años en las Fuerzas de Defensa Israelíes en la ciudad ocupada de Hebrón en 2004, coincidiendo con el pico de violencia de la Segunda Intifada. Criado en la derecha israelí y con varios familiares colonos, fue al instituto en la Cisjordania ocupada y no fue hasta que dejó los fusiles y las ropas de camuflaje, cuando aquello que había estado haciendo durante tres años le hizo reflexionar.

Buscó refugio en sus "camaradas", y fue a través de conversaciones en los cuarteles cómo algunos de los soldados y exmilitares israelíes de una de las Fuerzas Armadas más temidas del mundo comenzaron a romper su silencio y a reconocer sus dudas sobre si lo que habían hecho estaba bien o no.

Empezaron su activismo con una exposición. Fotos del día a día en el Ejército. Tanques, civiles palestinos golpeados o arrestados con los ojos vendados, niños desde el visor de un francotirador… El objetivo era contar qué pasaba en las zonas ocupadas y qué estaban haciendo aquellos que se habían acostumbrado a la violencia. "La gente que venía estaba en shock, mientras que para nosotros aquello era como estar en casa", recuerda. Años después publicaron 'El libro negro de la ocupación', que recogía más de un centenar de testimonios sobre la intimidación y el día a día en Gaza y Cisjordania.

Y así pasaron quince años. Y, con ellos, el viraje al conservadurismo de la mano del partido del primer ministro conservador Benjamin Netanyahu, el Likud. De aquella exposición fotográfica que presentaron en el Parlamento israelí han pasado a tener su propia ley en contra, la 'Ley Breaking The Silence', que prohíbe dar charlas en los colegios a las voces disonantes. El objetivo, según Shaul, es callar la disidencia y matar el pensamiento crítico para que así el paso a un apartheid legal se haga de la forma más natural y "menos abrupta" posible.

Las elecciones refuerzan la ocupación

Los resultados de las recientes elecciones confirman el apoyo y la continuación de la ocupación. El actual primer ministro conservador, Benjamin Netanyahu, que se jugaba su impunidad jurídica y la radicalización de su proyecto político ha empatado con el otro favorito, Benny Gantz, exjefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y también defensor de la ocupación. "La idea de que Israel logrará la estabilidad y la paz aplastando a millones de Palestinos es una locura. Nunca ha funcionado en la historia y no hay razones para pensar que esta vez sí", señala el activista.

La repetición electoral, según Shaul, ha puesto sobre la mesa dos cuestiones fundamentales, explica mientras se bebe una Coca Cola. La primera es el anuncio prometido por Netanyahu como guiño a los colonos y sectores más ortodoxos de anexionar los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. Imponer la soberanía, aplicar la ley israelí y… "formalizar un régimen de apartheid".

El segundo aspecto, denuncia Shaul, es la destrucción de los pilares de lo que él considera los valores fundacionales e instituciones liberales de Israel: "Una educación y unos medios de comunicación críticos, una sociedad civil vibrante, un poder Judicial independiente..."

Sumada a esta delicada coyuntura interna, el activista añade un contexto internacional "trumpiano" y el llamado Acuerdo del Siglo o Plan Trump —Shaul hace un juego de palabras y lo llama 'Sham Trump' (el Engaño de Trump)—, cuyos detalles todavía se mantienen en secreto. "Lo que están intentando hacer es terminar con el paradigma de los dos Estados, la ley internacional, las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, en el mejor de los casos, legitimar la ocupación permanente. En el peor, la anexión sin igualdad de derechos", denuncia.

"Todo va a depender de cómo responda Europa", afirma. "Si vuestros líderes no comprenden que Europa tiene que defender con contundencia el derecho y lo acordado en los tratados internacionales", no solo sentará precedente para disputas similares futuras, sino que "Israel perderá la oportunidad de, en un futuro lejano y progresista, dar marcha atrás y rectificar" .

El papel de los agentes internacionales es determinante porque la sociedad israelí, continúa Shaul, no tiene capacidad para oponerse al apartheid, término que utiliza casi como sinónimo de ocupación. "La mayoría de los israelíes y palestinos han nacido en esto, esta es la única realidad que conocemos, una en la que nosotros les controlamos", sentencia.

Por Marta Maroto

21/09/2019 - 20:58h

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EE UU enviará tropas a Arabia Saudí con misión “defensiva” tras el ataque a las refinerías

El Pentágono anunció este viernes por la noche el envío de tropas a Arabia Saudí con fines "defensivos" tras el ataque a las refinerías saudíes sufrido el pasado sábado, que tanto Washington como Riad atribuyen a Irán, pese a que el régimen de los ayatolás lo niega. El Gobierno estadounidense hizo pública la decisión tan solo unas horas después de aprobar sanciones contra el Banco Nacional de Irán, calificadas por el presidente Donald Trump como “el mayor [castigo] impuesto nunca contra un país”.

"El presidente ha aprobado el envío de fuerzas estadounidenses que serán de naturaleza defensiva y se centrarán principalmente en la defensa aérea y de misiles", señaló el secretario de Defensa, Mark Esper, en una rueda de prensa. El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Joseph Dunford, concretó que se trataría de un "despliegue moderado". Tanto el carácter explícitamente defensivo y la advertencia de que no se trataría de un envío muy numeroso deja clara la preferencia de la Administración de Trump de no entrar en un conflicto militar con Irán.

Tanto en junio, a raíz del derribo de un dron estadounidense (sin muertes), como ahora, el republicano está optado por la vía del endurecimiento de las sanciones, si bien, nunca descarta para a las armas. Otra cosa son las palabras, que rebosan de ardor guerrero: "El arsenal nuclear está al máximo nivel, renovado, increíble", recalcó Trump este viernes, "debemos rezar todos para que no tengamos que usarlo".

Teherán sigue negando los ataques del sábado y su ministro de exteriores, Mohammad Javad Zarif, declaró ayer jueves que un ataque militar contra Irán por parte de Estados Unidos o Arabia Saudí supondría el inicio de “una guerra total”.

Las sanciones anunciadas por el presidente llegan antes de que el Pentágono y los asesores de seguridad nacional de la Casa Blanca entreguen la lista de posibles objetivos para un eventual ataque. Aunque las sanciones económicas pueden ser una vía para evitar un conflicto militar abierto con el régimen de Hasán Rohaní, el mandatario estadounidense ha insistido en que “la opción militar siempre es una posibilidad".

Trump ha ido elevando las sanciones a la República Islámica desde que renunció al acuerdo nuclear de 2015 con Irán, incluidas severas restricciones a la capacidad de Teherán para vender petróleo. El acuerdo nuclear de 2015 consistía en la congelación de sanciones contra Irán a cambio de que frenase su carrera atómica, pero Trump siempre criticó que, en realidad, Teherán seguía con sus aspiraciones nucleares y que las podía desarrollar gracias al alivio económico del levantamiento de las multas. Al romper el acuerdo en 2018, Washington reactivó esas penalizaciones. Irán optó entonces por incumplir abiertamente el pacto.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha explicado que las nuevas sanciones "cortarán todas las fuentes de fondos a Irán", incluido su fondo de riqueza soberana. "Esto significa que no llegará más dinero a los Guardianes de la Revolución", ha añadido sobre el ejército ideológico del régimen, también conocido como Pasdarán. "No habrá más dinero para financiar el terrorismo", ha puntualizado Mnuchin.

Trump se ha limitado a decir: "Es muy malo lo que está ocurriendo con Irán. Se está yendo al infierno". El mandatario ha finalizado recordando a Teherán que "cuando van con todo contra EE UU, no hay ninguna manera de que ganen".

Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, aseguró ayer jueves en Abu Dabi que EE UU prefiere “una solución pacífica” con Irán, lo que supone un cambio de tono respecto a la belicosidad con la que calificaba los ataques contra el corazón de la industria petrolera. Aseguraba que se trataba de "un acto de guerra”.

Por Yolanda Monge

Washington 20 SEP 2019 - 18:43 COT

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Viernes, 20 Septiembre 2019 06:45

"Ribbentrop-Molotov": coctel histórico

"Ribbentrop-Molotov": coctel histórico
  1. A 80 años de su firma (23/8/39), el pacto Ribbentrop-Molotov (bit.ly/1kcYUP8), tratado de no-agresión entre Alemania nazi y la URSS sigue dividiendo Europa, haciendo ruido en la izquierda y sirviendo a Rusia como palanca de la política regional. Su infame apartado secreto delimitaba las "zonas de influencia" y repartía Europa central. Tras la invasión conjunta de Polonia (1 y 17/9/39) −dividida en parte occidental incorporada a la Tercer Reich, central controlada por los nazis ( Generalgouvernement) y oriental incorporada a la URSS− Stalin anexó también partes de Rumania, Finlandia y los tres países bálticos. Así, no extraña la declaración conjunta de gobiernos de Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumania según la cual "el pacto detonó la Segunda Guerra y condenó a la mitad del continente a décadas de miseria" (bit.ly/2lT16SY). Igualmente no extrañan intentos de la izquierda neoestalinista de defenderlo –"fue el Occidente que al negarse a formar un bloque antifascista propuesto por Moscú la empujó a firmarlo" y “el pacto fue fruto del ‘genio geopolítico’ de Stalin y ayudó a ganar la guerra” (bit.ly/2lV7sBi, bit.ly/2kmFBcN)− contrastadas con críticas de izquierda más sensata que apuntan, igual que en la década de los 30, a la esterilidad del análisis geopolítico sin enfoque de clase, maquiavelismo del régimen burocrático estalinista, sus afanes colonialistas y desastrosos efectos para el movimiento comunista internacional (bit.ly/2m0LufW). Allí está también Rusia cuya progresiva rehabilitación del pacto oscila entre verlo como "mal necesario" y "gran logro de la diplomacia".
  1. Si bien Putin inicialmente lo condenó por "inmoral" ( Gazeta Wyborcza, 29/8/09), conforme se acentuaban conflictos con naciones de su "zona de influencia" −Estonia, Ucrania et al.− trasladándose también al campo histórico, aumentaba su defensa ("ustedes de por sí eran colaboracionistas nazis, así que nosotros no tenemos nada de qué pedir perdón"). La reciente exhibición en Moscú, a pesar de que incluye el apartado secreto cuya existencia ha sido negada por la URSS hasta 1989, sigue este camino “contextualizándolo en nefasto clima de la realpolitik de los 30 (Múnich, etcétera)” y arguyendo que "la URSS estaba forzada a firmarlo por el malOccidente" (bit.ly/2kGhAxB). Es la misma línea que tiró... Stalin en un panfleto Los falsificadores de la historia –sic– (1948), escrito en reacción a la revelación del texto del pacto, donde subrayaba –torciendo él mismo la historia callando p.ej. sobre el apartado secreto– que “ningún falsificador –sic– logrará borrar de la historia el hecho que o aceptábamos la propuesta alemana para ganar tiempo o dejábamos que el Occidente nos involucrase en guerra en situación desfavorable” (bit.ly/2maFxNE).
  1. De una apología neoestalinista del pacto es fácil caer en otro extremo y verlo como una encarnación de la "equivalencia Hitler-Stalin", tal como lo hace −aunque de modo light− T. Snyder (bit.ly/2lVfNoq). Frente a su afán de ver en el "origen de la Segunda Guerra" –el meollo de su re-lectura de la historia de la región en Bloodlands, (2010)–, E. Zuroff apunta que esto "exculpa a los alemanes" y "disminuye intentos genocidas nazis" (bit.ly/2mkW2qD). Si bien, correctamente subraya que esta argumentación acaba en peligrosas teorías revisionistas de "dos totalitarismos" y "doble genocidio" en boga en el mundo possoviético –"mientras Stalin no era Hitler y la URSS no era la Tercer Reich"−, al enfatizar "razones prácticas" de la URSS (también reales), deja de lado sus motivaciones coloniales.
  1. Si Katyn –por décadas negada masacre a manos de NKVD de unos 22 mil oficiales de ejército, policía y otros miembros de la intelligenstia polaca en 1940 aprisionados durante la invasión el 17/9 (bit.ly/29VL6UX)− no se explica sólo con razones "defensivas", se entiende muy bien con el chovinismo e imperialismo gran-ruso y la naturaleza colonial de la invasión. La "seguridad" no requería eliminación de las élites, deportación de más de un millón de polacos a Siberia y Kazakstán, ni previa casi total liquidación física del Partido Comunista Polaco (KPP) –lo mismo aplicaba a los comunistas de Ucrania−, pero el afán de colonizar y anexar a Polonia –y Ucrania et al.−, sí (según P. Broué las purgas en KPP “estaban motivadas en buena parte por la necesidad de Stalin de abrirse el camino al deal con los nazis y la partición de Polonia”, Histoire de l’Internationale communiste: 1919-1943, 1997, p. 687).
  1. Para W. Benjamin, el pacto Ribbentrop-Molotov era la última prueba –tras la experiencia del Frente Popular y la derrota de la República Española− de que "ninguna esperanza podría venir de la URSS", llevándolo a tildar a los políticos estalinistas como "traidores de su propia causa" ( Tesis de filosofía de la historia, 1940). Los efectos del pacto para la izquierda eran terribles exponiendo la naturaleza contrarrevolucionaria del régimen de Stalin que desde Comintern ordenó suprimir la crítica del nazismo/fascismo y enfocarla en "el imperialismo franco-británico". Mientras los comunistas en el mundo seguían en un estado de choque, Moscú le pasaba a Berlín camaradas alemanes refugiados en la URSS. Trotsky ya en 1937 predijo el pacto documentando los acercamientos nazi-soviéticos (Broué, p. 716). Después de la invasión a Polonia, escribió que Stalin simplemente actuó "como un agente de Hitler al conquistar a 3 millones polacos" (bit.ly/2kIjVIn).

*Periodista polaco

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