Martes, 31 Marzo 2020 06:53

Aniversario en medio de virus mortales

Aniversario en medio de virus mortales

El lunes 23 de marzo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó conmemoró los 23 años de proclamación pública de nuestro proceso. Nacimos en medio de un verdadero baño de sangre impulsado por el ejército nacional y su brazo paramilitar, no ciertamente con el deseo de luchar contra otros armados sino con el deseo de exterminar todo movimiento social que no se someta a sus políticas excluyentes. En nuestro caso, las armas oficiales se han propuesto eliminar a quien no quiera participar en un conflicto armado en el que, de acuerdo a la doctrina militar importada de grandes imperios, hay que involucrar a toda la población civil, activa o pasivamente. Hoy, 23 años después, existen testimonios de paramilitares arrepentidos que han declarado ante los tribunales que el Presidente Uribe Vélez los convenció de que nuestra Comunidad de Paz era un nido de guerrilleros y por eso ellos se comprometieron a asesinar al mayor número de integrantes de nuestro proceso, pero años después descubrieron que todo era falso y que los habían obligado a matar a gente inocente y a cometer crímenes horrendos que los mantienen sumidos en remordimientos.

Nuestra celebración de los 23 años, dada la cuarentena de aislamiento que Colombia y el mundo están viviendo, fue más que todo virtual. 22 comunidades y organizaciones hermanas de nuestra Comunidad de Paz se conectaron por internet desde muchos países y pronunciaron hermosos mensajes de solidaridad y hermandad, enalteciendo el camino de resistencia y dignidad que nuestra Comunidad ha recorrido y en el cual ellos nos han acompañado con su respaldo moral.

Como la agresión y el crimen de Estado no cesa ni da tregua, hoy queremos dejar constancia de situaciones y hechos que nos atormentan:

  • ·El Sábado 21 de marzo de 2020,fueron convocadas en el poblado de Nuevo Antioquia, en jurisdicción de Turbo haciendo frontera con San José de Apartadó, delegaciones de las juntas de Acción Comunal, para pronunciarse, con un Sí o un No, sobre la explotación de una gigantesca mina de carbón existente en la zona, asumida por una empresa transnacional oriental, al parecer Coreana. Nos viene a la memoria el viaje del Presidente Santos a Corea del Sur en el año 2013, momento en el cual los medios comentaron que había ido a formalizar licencias de explotación de recursos mineros, especialmente del carbón. Es muy extraño que en los registros oficiales de la Agencia Nacional de Minería sólo aparecen licencias en favor de las empresas nacionales Argos y Carbones del Golfo, pero los expertos en la materia hablan de una especie de terciarización empresarial, según la cual, las empresas nacionales ejercen una especie de “testaferrato” para encubrir a los capitales multinacionales. Inquieta profundamente el requerimiento de firmas de aprobación por parte de juntas comunales, en gran parte manipuladas por grupos paramilitares o por líderes clientelistas, pues todo muestra que no se está haciendo una CONSULTA POPULAR como la prevista en la Constitución y en las leyes, bajo control de la Registraduría, sino un remedo ilegal de consulta, controlado por intereses espurios e inconfesables, adicionado con ejercicios supremamente perversos de soborno, como ofrecerle a quienes voten por el “Sí”, camionetas, sueldos mensuales, viviendas en centros urbanos y otras prebendas e incluso la construcción de una represa en el Río Mulatos, que no servirá para solucionar los problemas de agua de las poblaciones locales sino para el desarrollo de la explotación carbonífera, altamente contaminante. Tal cúmulo de ilegalidades y perversiones sólo puede darse en un ámbito de control paramilitar y en un poblado de larguísima tradición paramilitar como es el poblado de Nuevo Antioquia.
  • ·El Sábado 14 de marzo de 2020un poblador de San José de Apartadó fue llamado por alias “Nicolás”, líder paramilitar del Clan del Golfo, quien se expresa a través del celular 312 4320960, exigiéndole contribuir con una vaca al financiamiento de las actividades paramilitares en la zona de San José. Como él se negó, le anunciaron que pronto vería sin vida junto a él a uno de sus familiares más cercanos.
  • ·El domingo 15 de marzo de 2020, nuestra Comunidad de Paz fue informada sobre amenazas que están siendo proferidas contra la familia de AMADO TORRES, asesinado en la vereda La Miranda el 29 de febrero de este año (2020). Luego de su muerte violenta, los organismos competentes del Estado se negaron a ir a levantar su cadáver y su familia tuvo que transportarlo hasta el punto conocido como Caracolí, de la vereda La Victoria. Se sabe que en el crimen participaron los paramilitares alias “Alfredo” y alias “René”, este último como mando regional. El control ejercido por la organización criminal sobre la finca de la víctima, obligó a su familia a desplazarse. Los rumores que llegaron luego al vecindario comenzaron a difundir la sentencia paramilitar de que “faltan otros dos miembros de la familia por morir”. Uno de los trabajadores de la víctima también ha estado en la mira de los criminales. A esto se suma la inactividad total de la Fiscalía en el esclarecimiento del crimen, y peor aún, la actitud del Fiscal del caso de quedarse con el teléfono celular de uno de los hijos de la víctima, lo que se acomoda a la perversa tradición del poder judicial de Urabá: de investigar a las víctimas y nunca a los victimarios. Nadie se explica por qué no ha decomisado los celulares de los integrantes del grupo paramilitar responsable del crimen, ya que se trata de un grupo ampliamente conocido en toda la región.
  • ·El domingo 22 de marzo de 2020,habiéndose iniciado ya en todo el país el aislamiento personal para evitar el contagio del “Covid-19”, los mandos paramilitares de San José de Apartadó protagonizaron una jornada de consumo de alcohol, de droga, de desorden y de violencia en el caserío de La Unión. Los mandos paramilitares WILMER DE JESÚS ÚSUGA, alias “Jesusito”, alias “Ramiro” y alias “Samuel”, todos ex integrantes delas FARC -EP, fueron protagonistas. Ya desde el caserío de San José WILMER o “Jesusito” había amenazado de muerte a WILFER HIGUITA, poblador de la vereda La Unión quien en enero de 2009 sirvió de intermediario al Coronel Germán Rojas Díaz para someter a chantaje a un miembro de nuestra Comunidad, conminándolo a ayudarle a destruir la comunidad de Paz si no quería ser judicializado con falsos testigos; cuando WILFER huyó hacia La Unión, “Jesusito” lo siguió hasta allí y amenazó también a otros pobladores del caserío, mientras los otros mandos paramilitares, alias “Samuel” y alias “Ramiro” –hermanos entre sí- consumían públicamente marihuana. Nuestra Comunidad de Paz lamenta profundamente la degradación en que ha caído el poblado de La Unión, en otro tiempo escenario de resistencia heroica y de martirio de reconocidos líderes de nuestra Comunidad y de esfuerzos ejemplares de solidaridad y construcción de comunidad de muchos integrantes que observaron sagradamente los principios que han regido nuestra Comunidad.
  • ·El lunes 23 de marzo de 2020, hacia las 21:00 horas, quienes vigilaban la entrada a la Bodega de la Comunidad de Paz vieron llegar a dos personajes extraños en moto; uno de ellos se bajó y se internó en el potrero de en frente como fingiendo hacer necesidades biológicas para luego devolverse hacia el casco urbano de San José. Para los vigilantes ellos traerían otras intenciones que se vieron frustradas por la presencia de vigilantes.

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz quiere expresar su gratitud a todas las personas y comunidades que nos han acompañado y fortalecido en nuestra resistencia y cuyos mensajes de estímulo fueron tan importantes para nosotros en aniversario 23° de nuestro proceso.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Marzo 30 de 2020

Publicado enColombia
La emergencia por el coronavirus y el asesinato de los líderes y lideresas sociales

El anuncio de las primeras medidas de emergencia sanitaria en Colombia propuestas por el Gobierno de Iván Duque para contener la pandemia de COVID-19 ha coincidido de manera preocupante con una serie de agresiones y asesinatos a líderes y lideresas sociales, que han suscitado temor y preocupación entre las organizaciones y redes que defienden los derechos humanos en el país.

El jueves 19 de marzo, un día antes que comenzaran a regir las medidas de confinamiento en varias ciudades y departamentos, y cuando toda la atención de la opinión estaba centrada en los cuidados y temores generados por la pandemia ocasionada por el COVID-19, comenzaron unos días especialmente trágicos para las personas que defienden los derechos humanos.

Ese día fue asesinado en zona rural de Puerto Asís (Putumayo), el destacado líder nacional Marco Rivadeneira, quien fue retirado de una reunión por parte de 3 hombres vestidos de civil y armados y momentos después lo asesinaron, cuando dialogaba con la comunidad de la vereda Nueva Granda en busca de soluciones y alternativas para la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito. Marco Rivadeneira, vocero del Comité Operativo Nacional de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, CCEEU, líder histórico de las comunidades campesinas en Colombia y vocero regional del Proceso Nacional de Garantías, era el más reconocido líder agrario del departamento del Putumayo en los últimos años.

En la misma fecha fueron asesinados dos concejales en otras dos regiones del país: Ángel Ovidio Quintero, concejal del municipio de San Francisco (Antioquia) e Ivo Humberto Bracamonte, concejal del municipio de Puerto Santander (Norte de Santander). La característica común de estos 3 asesinatos es el perfil destacado de cada uno de ellos. En el caso de Marco Rivadeneira, es la primera vez que las estructuras criminales que están detrás del plan de asesinatos sistemáticos de personas que defienden los derechos humanos en Colombia, asesinan a un vocero y dirigente de la más importante y numerosa red de organizaciones defensoras de derechos humanos en el país.

Esta situación ha suscitado el temor de que la atención por la emergencia en salud provocada por la pandemia, no solo invisibilice el exterminio de líderes y lideresas sociales, sino que facilite ataques contra dirigentes que hasta ahora no se habían atrevido a tocar, por el costo político que ello podría significar. La CCEEU se pronunció haciendo responsable de este asesinato “al Gobierno presidido por Iván Duque y la facción política hoy en el poder del Estado, y a la Ministra Alicia Arango, quien hace un mes y justo en la tierra de Marco, dijo que morían menos defensores de derechos humanos que por robo de celulares”. Este homicidio hace patente la inclemente racha de asesinatos emprendida por el paramilitarismo y las disidencias que el Gobierno permite y se niega a desmantelar, incrementada desde la firma del Acuerdo Final de Paz, lo cual muestra una clara sintonía con el propósito declarado de hacer trizas la paz y mientras el Gobierno simula su cumplimiento. Según la CCEEU, “este asesinato corrobora una vez más la falta de garantías de seguridad para la labor de los defensores de derechos humanos y la falta de voluntad del Gobierno Colombiano para desmantelar las estructuras criminales y organizaciones paramilitares que vienen atentando contra los líderes sociales y quienes defienden la paz en los territorios”[i].

Estos temores se han venido acrecentando con las nuevas acciones criminales en contra de los líderes y lideresas sociales durante la crisis provocada por el coronavirus, tal y como denunciaron varios líderes sociales al periódico TheGuardian[ii]. En una nota publicada el pasado 23 de marzo, el periódico británico alertó que los líderes sociales en Colombia temen que la cuarentena nacional –que inició oficialmente este miércoles– los ponga en peligro, ya que “quedarse en un solo lugar los convierte en objetivos fáciles” para los grupos armados. Otros líderes y lideresas expresaron que durante el confinamiento “Están jugando con nuestras vidas porque saben que nuestros guardaespaldas, la Policía y el sistema de justicia serán aún menos efectivos de lo que suelen ser”[iii].

El aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, ha sido aprovechado para facilitar la localización y exterminio de los líderes y lideresas sociales. Así también lo denunciaron las organizaciones indígenas por el asesinato de dos de sus dirigentes en el departamento del Valle. El 24 de marzo fueron asesinados ÓmarGuasirumaNacabera y Samper Guasiruma, líderes indígenas del pueblo Embera, quienes fueron sacados y asesinados en las afueras de su vivienda mientras estaban recluidos por la cuarentena obligatoria, mientras que otros dos indígenas resultaron heridos (José y Víctor Guasiruma)[iv].

En otro hecho que confirma estas preocupaciones, el 24 de marzo fue asesinada Carlota Salinas, lideresa social vinculada a la Organización Femenina Popular, histórica organización de derechos de las mujeres en la región del Magdalena Medio. Sicarios ingresaron a la vivienda de la lideresa en el municipio de San Pablo (Sur de Bolívar) y la asesinaron de varios disparos a la salida de la vivienda[v].

Por último, la noche del 25 de marzo, hombres armados intentaron asesinar a Jhon Restrepo, reconocido líder LGBTI de Medellín y director de la Corporación Casa Diversa de la Comuna 8. Durante varios años, Jhon lideró la Mesa LGBTI de la Comuna 8 de Medellín hasta 2011, cuando la Mesa se desintegró por los continuos ataques de grupos armados que rechazaban la visibilización de las personas LGBTI de la Comuna. Recientemente, el grupo fue reconocido como el primer sujeto LGBTI de reparación colectiva en el país y reanudó sus actividades como Corporación Casa Diversa. Sin embargo, comenzaron a recibir nuevas amenazas y la noche del 25 de marzo, después de que Jhon terminara de entregar mercados a vecinos del barrio para que tuvieran suministros básicos durante la cuarentena nacional, tres hombres armados llegaron a su casa y lo atacaron con arma blanca, apuñalándolo cinco veces[vi]. El caso del líder LGBTI de Medellín hace pensar que atacar a los líderes durante esta época afecta también a las comunidades porque ellos y las organizaciones están gestionando apoyos a las poblaciones más vulnerables durante la cuarentena.

El riesgo social agravado por la pandemia de COVID-19 también ha afectado negativamente a excombatientes firmantes del Acuerdo Final de Paz. Este es el caso de Albeiro Antonio Gallego Mesa en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación -ETCR- de La Macarena, en el departamento del Meta[vii]. Tres días antes se había denunciado el asesinato de otros dos firmantes de la paz en San Vicente del Caguán (departamento de Caquetá), los excombatientes Irnel Flores Forero y Belle Ester Carrillo Leal[viii].

Las preocupaciones que se evidencian de estos crímenes ponen de presente que los riesgos se incrementen para los liderazgos sociales en momentos en que la atención de la comunidad nacional e internacional está centrada en la contención de la emergencia sanitaria originada por la expansión del COVID-19 y, que estas circunstancias sean utilizadas para llevar más lejos los planes de exterminio del liderazgo social y las personas que defienden los derechos humanos en Colombia.

Estos hechos son una alerta sobre la necesidad de que la opinión pública y la comunidad internacional eleven el nivel de exigencias a las autoridades colombianas para la contención de los planes de exterminio que desde el inicio del proceso de paz se han puesto en práctica en contra de los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos. Las pautas de estos ataques registrados durante la aplicación de las medidas de aislamiento preventivo, al igual que de otros ataques perpetrados por los paramilitares autodenominados “Águilas Negras”, evidencian intensos seguimientos previos, en los que los líderes y lideresas son ubicados en sus viviendas, lugares de trabajo y redes sociales, actuaciones que, según diversas fuentes, estarían implicando a organismos de inteligencia estatal que se encargan de amenazar a los líderes[ix], en tanto los asesinatos ocurren casi siempre a manos “civiles armados”, “sujetos desconocidos”, “encapuchados” o “autores indeterminados”[x]. Esto podría agravarse durante la aplicación de la cuarentena nacional, debido al aislamiento de los líderes y lideresas en un mismo lugar durante varios días.

Por estos motivos, la CCEEU concluyó su comunicado frente al asesinato de su vocero Marco Rivadeneira haciendo “un llamado a la comunidad internacional a acompañar las demandas al Gobierno de Iván Duque para que cumpla sus obligaciones, contenidas en compromisos internacionales de derechos humanos y reforzadas en virtud del Acuerdo de Paz, de brindar garantías plenas para la labor de las personas que defienden los derechos humanos, e impida y contenga a las fuerzas enemigas de la paz para que la situación de emergencia en que hoy se encuentra el país y el mundo no sea aprovechada para continuar el exterminio de los liderazgos sociales en los territorios y de las personas y comunidades que reclaman y defienden los derechos humanos[xi].

Bogotá, marzo 27 de 2020

 

[i] Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU. La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, rechaza el asesinato de su dirigente en el Putumayo Marco Rivadeneira.  En: https://coeuropa.org.co/lacoordinacioncolombiaeuropaestadosunidosrechazaelasesinatodesudirigenteenelputumayomarcorivadeneira/

[ii]Colombiandeathsquadsexploiting coronavirus lockdown to killactivists. En: TheGuardian. 24 march 2020. Available at: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/23/colombiangroupsexploitingcoronaviruslockdowntokillactivists

[iii]Grupos armados aprovechan cuarentena para asesinar a líderes sociales: TheGuardian. Pulzo. 24 de marzo de 2020. En: https://www.pulzo.com/mundo/gruposarmadosaprovechancuarentenaparamatarlideressocialestheguardianPP867787

[iv]“Asesinan a dos líderes indígenas cuando cumplían aislamiento por COVID-19”. En: Caracol Radio. 25 de marzo de 2020. https://noticias.caracoltv.com/coronaviruscovid19/asesinandoslideresindigenascuandocumplianaislamientoporcovid19ie214

[v]“Asesinan a la lideresa Carlota Salinas Pérez en Bolívar antes de la cuarentena”. En: El Heraldo. 25 marzo 2020. https://www.elheraldo.co/judicial/asesinanlalideresacarlotasalinasperezenbolivarantesdelacuarentena712263

[vi]Denuncia pública de la Corporación Casa Diversa, 26 de marzo de 2020.

[vii]“Asesinan a excombatiente de las Farc en Meta.” En Radio Nacional de Colombia. 22 de marzo de 2020.https://www.radionacional.co/noticias/asesinatoexcombatientemeta

[viii]Dos ex combatientes de las FARC fueron asesinados en Colombia. Notas. 19 de marzo de 2020. En: https://notasperiodismopopular.com.ar/2020/03/19/dosexcombatientesfarcasesinadoscolombia/

[ix]«Las ‘Águilas Negras’ son una corporación por fuera de la ley, compuesta por funcionarios armados del Estado». Debate sobre el Paramilitarismo en el Senado de la República. 5 de junio de 2029. Senador Gustavo Petro. En: https://twitter.com/Alonrop/status/1136352534728237056

[x]CINEP. “Violencia Camuflada. La Base Social en Riesgo. Informe Anual de DD.HH en Colombia 2018”. 2019. En: https://www.business-humanrights.org/en/node/188302

[xi]CCEEU. Ibídem.

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Denunciamos y rechazamos el asesinato de la lideresa Carlota Isabel Salinas Pérez y la desaparición de su esposo

Comunicado al Gobierno Nacional, a las entidades de Naciones Unidas, a la Fiscalía, a la Defensoría del pueblo, a todas las organizaciones de Derechos Humanos en Colombia y a la sociedad colombiana en general sobre el Asesinato de la Lideresa Carlota Isabel Salinas Pérez, perteneciente a la Organización Femenina Popular, en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar.

Un grupo de estudiantes y profesores del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, quienes realizamos una salida de campo en octubre del año pasado, con el fin de conocer y aprender de primera mano sobre las condiciones sociales, las formas de resistencia y las distintas iniciativas de los pobladores de varios municipios del Magdalena medio, denunciamos y rechazamos el asesinato de la lideresa Carlota Isabel Salinas Pérez y la desaparición de su esposo. Exigimos al Gobierno nacional, y en particular a la Fiscalía General de la Nación, la identificación y judicialización de los autores intelectuales y materiales de este execrable hecho.

Por otra parte expresamos nuestra solidaridad a la familia de Carlota, a la de su pareja y con la Organización Femenina Popular (OFP) y sus familias, que en sus más de 30 años ha estado en el acompañamiento de los sectores más vulnerables del país y del Magdalena medio y que ha sufrido persecución y asesinatos de varias de sus lideresas, cayendo en la revictimización constante.

Exigimos al Gobierno nacional la protección de todas las integrantes de la OFP, así como de todas las organizaciones y personas del Magdalena medio que luchan por los Derechos Humanos, la Soberanía Alimentaria, la tierra y, en general, por el buen vivir y la paz territorial.

Es necesario decir que Carlota Isabel y la OFP estaban -y siguen- trabajando arduamente en la búsqueda de alternativas en pro de la ayuda a la población más vulnerable en el contexto de la Pandemia del coronavirus. En una lección que las mujeres colombianas vienen brindando al resto de la sociedad, en el cuidado familiar, colectivo y en la resistencia a todas las formas en las cuales el capitalismo y el patriarcado vienen atacando la vida digna y el derecho a vivir en paz de todas y todos.

Por último, hacemos un llamado a toda la sociedad colombiana, para que en medio de la situación compleja de la pandemia causada por el Coronavirus, no olvidemos la pandemia de asesinatos de líderes sociales en el país, que se constituye en una masacre sistemática de todas las personas que luchan por los Derechos Humanos y la paz digna para toda Colombia. Cabe mencionar que Carlota Salinas en los últimos días venía fortaleciendo lazos de solidaridad en el municipio, para que familias en condiciones desfavorables pudieran también sumarse a la medida obligatoria de aislamiento preventivo.

Exigimos al Estado colombiano, y a las instituciones que lo componen, proteger la vida de los líderes y lideresas sociales, comprometerse con el mandato constitucional de la Defensa de la vida digna y llegar hasta las últimas consecuencias en la identificación de los asesinos y de quienes son responsables de esta masacre.

Firmado en Bogotá, el jueves 26 de marzo de 2020.

Carlos Iván Pacheco Sánchez – Profesor del Departamento de Sociología – Universidad Nacional de Colombia

Estudiantes de los cursos "Métodos Cualitativos" y "Espacio y Sociedad" 2019-2, et al.

Gean Pierre Tilano Molina

Jeison Alejandro Vaca Monroy

Carolina García Bernal

Nazly Dayanna Jaimes Bernal

Lina Fernanda Rangel Fonseca

Sara Maria Rincón Bogota

Duvan Carranza García

Juan José Jiménez Jaramillo

Felipe Trujillo Garzón.

Juan Diego Castro Yanes

Simón Esteban De Antonio Delgado

Leidy Sofia García García

Isabel González Guerrero

Ingrid Liliana Cortés.

Miguel Angel Amaya Placides

Natalia Niño Bastidas.

Kurt Daksen Lozada Marin

María Alejandra Caucali Sterling

Brayan David Cristancho Navarrete

Daniela Moreno Sánchez

Laura Alejandra Alarcón, estudiante de Trabajo Social.

Ana Lorena Jaime Huérfano

Kiara Vanessa Rodríguez España

María José calvo Paez

Nicolle Valentina Amaya Baquero

Juan Sebastián Rodríguez R.

Edwan Santiago Guzmán Silva

Valentina Cardenas Cogollos

Madi Andrés Barbosa Nieves

Juan Esteban Vásquez Arcila

Diana Pachón Giraldo

Erika Dayana Romero

Juliana Valentina Díaz Reyes

Laura Rincón Jurado

Sofía Hernández

Álvaro Iván Tapie

Jenny Fernanda Chocue

Vielka Valentina Rodríguez

Richard Darío Carvajal Ramírez

Si otrxs estudiantes y profesores de Sociología o de otras Facultades de la Universidad Nacional quieren suscribir este comunicado pueden hacerlo en el siguiente link:

https://docs.google.com/document/d/1WjLqavT1knhjQWWbo45TiAjBEzFrt12XCY79J-x67vY/edit

Desde la Universidad Nacional de Colombia nos negamos a olvidar

¡BASTA YA DE ASESINATOS A LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES QUE LUCHAN A DIARIO POR LA VIDA DIGNA Y POR LA PAZ!

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Viernes, 27 Marzo 2020 06:57

El mundo pos pandemia

El mundo pos pandemia

“El periodo comprendido entre 1990 y 2025/2050 será muy probablemente un periodo de poca paz, poca estabilidad y poca legitimación”, escribía Immanuel Wallerstein en 1994*. En periodos de turbulencia y confusión, conviene consultar brújulas. Él era una de las más notables y, además, era de los nuestros.

En rigor, los grandes eventos globales como las guerras y las pandemias no crean nuevas tendencias sino que profundizan y aceleran las ya existentes.

Tres tendencias de fondo, que nacieron probablemente a raíz de la revolución de 1968, se están desplegando de modo formidable en estos momentos: la crisis del sistema-mundo, con la consiguiente transición hegemónica Occidente-Oriente; la militarización de las sociedades ante la incapacidad de los Estados-nación de integrar y contener a las clases peligrosas; y las múltiples insurgencias de abajo, que son el aspecto central de este periodo.

Quienes piensan en la centralidad del conflicto entre Estados, en la hegemonía y la geopolítica, pueden confiar en que la tendencia hacia el ascenso de Asia Pacífico, China en particular, y la decadencia de Estados Unidos, se están acelerando durante la pandemia.

El Pentágono y otras agencias harán todo lo posible por enlentecer ese proceso, ya que no pueden revertirlo, con las más diversas medidas, incluyendo una no descartable confrontación nuclear, que creen poder ganar. Ni siquiera algo tan siniestro puede modificar las tendencias de fondo.

Quienes nos empeñamos en la lucha contra el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo, no podemos confiar en los Estados que están militarizando rápidamente a nuestras sociedades. Quiero centrarme en cómo nos afecta a los pueblos/sociedades en movimiento la situación actual.

En primer lugar, se acelera la crisis civilizatoria, que se superpone a la crisis del sistema-mundo. No estamos ante una crisis más sino ante el comienzo de un "proceso largo" (Wallerstein) de caos sistémico, atravesado de guerras y pandemias, que durará varias décadas hasta que se estabilice un nuevo orden.

Este periodo que, insisto, no es una coyuntura ni una crisis tradicional sino algo completamente diferente, puede ser definido como "colapso", siempre que no entendamos por ello un evento puntual sino un periodo más o menos prolongado.

Durante este colapso o caos, se produce una fuerte competencia entre estados y capitales, un potente conflicto entre clases y pueblos con esos poderes, en medio de una creciente crisis climática y sanitaria.

Por colapso entiendo (siguiendo a Ramón Fernández y Luis González)**, la disminución drástica de la complejidad política, económica y social de una estructura social. Los sistemas complejos pierden resiliencia a medida que aumentan su complejidad para responder a los desafíos que enfrentan. "Las sociedades basadas en la dominación tienden a aumentar su complejidad como respuesta a los desafíos que van encarando" (p. 26, t. I).

Por ejemplo: derrochan energía, se vuelven más jerárquicas y rígidas, y no pueden evolucionar. En concreto: la gran ciudad es mucho más vulnerable que una comunidad rural. Ésta es autosuficiente, usa la energía que necesita, no contamina, es poco jerárquica y, por tanto, es más eficiente. Aquella no tiene salida, salvo el colapso.

En segundo lugar, durante este largo proceso de colapso, más parecido a una piedra rodando por una pendiente que cayendo a un precipicio, habrá enorme destrucción material y, lamentablemente, de vidas humanas y no humanas. Es la condición para pasar de "lo complejo, grande, rápido y centralizado, a lo sencillo, lento, pequeño y descentralizado" (p. 337, t. II).

Lo que nos atañe como pueblos y clases es un proceso de barbarie que implica la canibalización de las relaciones sociales y con la naturaleza. Sobrevivir como pueblos será tan arduo como lo fue para los originarios la invasión colonial española. Un cataclismo al que llamaron “ pachakutik”.

La tercera cuestión es cómo actuar como movimientos antisistémicos. Lo básico es comprender que vivimos en el interior de un campo de concentración, algo evidente en estos días de confinamiento obligatorio. ¿Cómo se resiste y se cambia el mundo dentro de un campo?

Organizarnos es lo primero. Luego, hacerlo con discreción, que no se enteren los guardias (de derecha o de izquierda) porque es condición de sobrevivencia.

Lo que sigue: trabajar en colectivo (minga/tequio), comunitariamente, para garantizar la autonomía de alimentos, agua, salud; en una palabra: reproducción de la vida. Decidir en colectivo, en asamblea.

Podemos hacerlo. Lo hacen a diario los pueblos originarios en movimiento: zapatistas, mapuche, nasa/misak, entre otros. Lo hacen incluso los compas de la Comunidad Acapantizingo en Iztapalapa (Cdmx), en la panza del monstruo.

Podemos construir arcas. Ejemplos no nos faltan.

* "Paz, estabilidad y legitimación", en "Capitalismo histórico y movimientos anti-sistémicos", Akal, 2004.

** "En la espiral de la energía", Libros en Acción/Baladre, 2014.

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Marco Rivadeneira, líder social asesinado en Colombia en medio de la pandemia.Onu Derechos Humanos

Dos líderes indígenas fueron asesinados en sus casas, donde se encontraban confinados cumpliendo el aislamiento obligatorio. La Fiscalía dice que homicidios redujeron el fin de semana

 

La violencia y el conflicto con grupos armados en Colombia no se ha detenido por el coronavirus y mientras la cuarentena reviste incomodidades para millones de personas, en algunas regiones del país significa más miedo y muerte. Miles de campesinos enfrentan una doble preocupación: la pandemia y las organizaciones armadas. Este lunes se evidenció ese riesgo cuando dos líderes indígenas del pueblo embera chamí en el Valle del Cauca fueron asesinados mientras cumplían el aislamiento obligatorio que se decretó en ese departamento del occidente del país. “A las 9:20 de la noche, Omar y Ernesto Guasiruma estaban en su vivienda en el corregimiento de Naranjal cuando llegaron dos sujetos y los sacaron de sus casas”, contó Luis Fernando Arias, de la Organización Nacional Indígena (ONIC). Otros dos defensores indígenas atacados de la misma forma se encuentran gravemente heridos.

Colombia es uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos en América Latina y, con la atención puesta en la emergencia humanitaria generada por el Covid-19, el peligro se incrementa en las comunidades rurales. Desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 565 activistas sociales. En plena pandemia fue asesinado Marco Rivadeneira, líder reconocido de Putumayo, suroccidente del país. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas lamentó la pérdida y recordó que era un hombre con quien trabajaban en llave para proteger a otros líderes. “Nos estremece el homicidio”, aseguró el ente. La Unidad Nacional de Protección dijo en un comunicado que “es obligatorio que los escoltados y sus esquemas de seguridad respeten la restricción de aislamiento”, pero eso en la práctica, según denuncia Arias, ha significado que los líderes amenazados permanezcan en sus viviendas sin alguien que los cuide.

El confinamiento, que es novedad para millones de colombianos, es parte de la vida cotidiana de miles de campesinos. En 2019, de hecho, aumentó el confinamiento como práctica de los grupos armados. “Según cifras oficiales, más de 25.000 personas se desplazaron masivamente y cerca de 27.600 permanecieron confinadas”, indicó el Comité Internacional de la Cruz Roja en su balance de la crisis humanitaria.

El Gobierno ha declarado la cuarentena hasta el 13 de abril, pero en algunas zonas ya circulan panfletos que obligan a los campesinos a permanecer en sus casas so pena de ser asesinados. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) publicó que declaraba un “toque de queda” con excepción de las personas enfermas y un “castigo revolucionario” a quienes teniendo Covid-19 no se autoaislaran. Lo mismo hicieron grupos de disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, que declaran objetivo militar a quienes estén fuera de sus casas; y grupos paramilitares que aterrorizan a los civiles de las regiones más apartadas de las ciudades. La Fiscalía, sin embargo, reporta una disminución de la actividad delictiva del fin de semana del 21 al 23 de marzo. De acuerdo con sus cifras, hubo 49 homicidios en todo el país, es decir 100 menos que en el mismo periodo del 2019 y también se redujeron los hurtos.

Mientras los artefactos explosivos y minas antipersona siguen afectando a la población civil. Uno de los últimos casos conocidos es el de un adolescente de 16 años que resultó herido al pisar uno de esos explosivos en norte de Santander, en la frontera con Venezuela. En Colombia cada día hay una nueva víctima por estos artefactos, según cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha dicho que “las operaciones militares no han parado ni han mermado” y que las fuerzas de seguridad están desplegadas para hacer cumplir la cuarentena. “Hay 39.000 policías en tareas de vigilancia, 1.000 puestos de control en supermercados. Más control fronterizo y caravanas de seguridad para garantizar el transporte de alimentos y productos básicos”, dijo.

Bogotá - 26 mar 2020 - 16:24 COT

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Viernes, 27 Marzo 2020 06:42

Un precio para la cabeza de Maduro.

Un precio para la cabeza de Maduro.

 Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares para capturarlo

El nuevo paso dado por EE.UU. coincide con la acusación del gobierno venezolano de la activación de un nuevo plan golpista.

 

Desde Caracas.15 millones de dólares, es el precio ofrecido por la justicia norteamericana para quien brinde información “que puedan llevar a la detención y arresto” del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. 10 millones son ofrecidos en el caso de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y otros dirigentes actuales, como Tareck El Aissami, y ex funcionarios.

Han quedado así procesados por el Departamento de Justicia norteamericano, un anuncio que fue hecho por el Fiscal General, William Barr, junto a fiscales federales de tribunales de, entre otros, Nueva York y Florida. “Tengo un mensaje para los altos cargos del chavismo: la fiesta se les está acabando”, dijo, por ejemplo, Ariana Fajardo, fiscal para el sur de Florida.

Dentro de los acusados se encuentran también Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

La acusación es por narcoterrorismo. Barr señaló que el gobierno venezolano busca “inundar a Estados Unidos (EEUU) con cocaína”, y que ha enviado entre 200 y 250 toneladas de cocaína, lo que equivale, explicó, a 30 millones de dosis. Esa operación de “inundación” estaría coordinada, según explicó, con el sector de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que retomaron las armas.

La acusación, sin embargo, no se sostiene según datos internos a EEUU, donde aparece que alrededor del 90% de la cocaína con destino a los EEUU se trafica a través de las rutas del caribe occidental y el pacífico oriental, y no a través de los mares del caribe oriental de Venezuela.

La razón esgrimida para ponerle precio a la cabeza del presidente venezolano y a Cabello, con un rol de liderazgo central dentro del chavismo, cumple el rol de argumento formal para justificar una declaración de nuevo punto de no retorno en el ataque contra el gobierno venezolano.

El nuevo paso dado por EEUU sucede en simultáneo con la acusación del gobierno venezolano del intento de activación de un nuevo plan golpista. El presidente denunció que el 23 de marzo había sido incautado un cargamento de armas en Santa Marta, Colombia, que iba con destino a Venezuela.

Esa denuncia tuvo un giro inesperado pocas horas después del anuncio del Departamento de Justicia norteamericano: Cliver Alcalá, un mayor general prófugo en Colombia señalado varias veces por su participación en tramas golpistas, reconoció públicamente estar detrás de las armas incautadas que iban a ser “para hacer una unidad militar que se conformó con la idea de libertar al país y eliminar quirúrgicamente los objetivos”.

Las declaraciones de Alcalá revelaron no solamente su participación protagónica, sino la de Juan Guaidó que, según explicó Alcalá, “firmó un contrato en Colombia con asesores norteamericanos” para la compra de las armas. El prófugo afirmó que el gobierno colombiano estaba al tanto de la operación.

La particularidad de la declaración de Alcalá es que se trata de una de las personas a las cuales el gobierno norteamericano puso precio a su cabeza junto con la de Maduro y Cabello. Es decir, que luego de la denuncia del Departamento de Justicia en su contra, decidió revelar la existencia del plan y de varios de sus actores.

Al respecto, Jorge Rodríguez, ministro de comunicación, explicó que Alcalá habría sido incluido en la lista por no haber logrado acelerar los objetivos de las operaciones militares. En cuanto a su confesión, se debió, explicó Rodríguez, al temor de ser asesinado, como el mismo Alcalá denunció: “estoy en mi casa, no estoy huyendo, me informaron de la posibilidad de un falso positivo”, es decir un asesinato.

Esta serie de acontecimientos pusieron entonces sobre la mesa tres puntos. En primer lugar, que EEUU profundizó la apuesta en el intento de derrocamiento contra Maduro a través de acciones de fuerza. En segundo lugar, que esas operaciones están en marcha, tienen a Colombia como territorio principal de preparación y asesores norteamericanos en el mando. Y, por último, que una de esas operaciones centrales logró ser frenada.

Esa política norteamericana sucede a contracorriente de las voces internacionales que piden que, ante el escenario de pandemia, exista una descompresión contra Venezuela. Así, por ejemplo, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, afirmó: “en este momento decisivo, las sanciones sectoriales deberían atenuarse o suspenderse”.

En ese mismo sentido, Josef Borrell, canciller de la Unión Europea, sostuvo: “Hemos acordado apoyar la solicitud de Irán y también de Venezuela al FMI para tener apoyo financiero (…) se encuentran en una situación muy difícil especialmente debido a las sanciones estadounidenses que les impiden obtener ingresos por la venta de petróleo”.

Sin embargo, en un cálculo de crisis de coronavirus, disputas geopolíticas, y campaña electoral, la política norteamericana encabezada por Donald Trump no solamente no descomprime el bloqueo, sino que acelera y pone precio público a la cabeza de la dirección del gobierno venezolano. 

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Crash del fracking a la vista, según Bloomberg

Antes de la "era del coronavirus", estaba cantada la declinación del caníbal fracking (fracturación hidráulica; https://bit.ly/2WIq3AO).

David Wethe, de Bloomberg, informa la “advertencia de los gigantes de fracking” de que el “crash del shale (gas/petróleo lutita) será más rápido esta vez”: “mucho mayor que el de hace cinco años que golpeó a EU y Canadá (https://bloom.bg/2QGB9SU)”, según las depredadoras Schlumberger/Halliburton, que tanto daño causaron a México en su etapa neoliberal con su fétida secuencia de entreguistas directores de Pemex (https://bit.ly/3bo0d9d).

La dupla Schlumberger/Halliburton podó sus gastos en forma significativa cuando Wall Street decidió no seguir sosteniendo a la industria del shale en sus cuidados financieros intensivos.

Halliburton, líder del caníbal fracking, planifica cerrar los dos tercios de sus pozos en los últimos tres meses del año, mientras Schlumberger, mayor proveedor de servicios petroleros del mundo, empezó a recortar sus gastos hasta 30 por ciento para lo que queda del año.

No faltan quienes calculan que el cierre de los pozos en EU para extraer shale pueda alcanzar 70 por ciento en los próximos seis meses.

Se trata de un juego de los tres grandes del mundo petrolero/gasero: EU/Rusia/Arabia Saudita (AS), donde el vencedor será quien pierda menos.

Sputnik, de Rusia, evalúa que “los precios del crudo se dispararon tras el anuncio de la Reserva Federal de su plan ‘agresivo’” –que a su vez resucitó a Wall Street de manera artificial mediante la "técnica Bernanke" del lanzamiento de dólares desde los helicópteros (https://bit.ly/3doikhn).

El holandés Cyril Widdershoven –analista de "defensa de energía" en Medio Oriente– en el portal saudita Al Arabiya rechaza los "análisis" de la guerra de precios entre Rusia y AS, que dan como perdedor a AS. Alega en forma muy debatible que "en brusco contraste a Riad, Moscú no es capaz de acceder a las finanzas y a los servicios petroleros al mismo nivel que AS", debido a las sanciones de EU (https://bit.ly/33J2nxx).

Es muy discutible, ya que habrá que ver cuánto perdurarán las sanciones de EU en la "era del coronavirus" cuando Rusia cuenta con el respaldo financiero de China que ostenta las mayores reservas de divisas del mundo (https://bit.ly/39iuWDo).

A juicio de Widdershoven, el bluff de Putin, con cobertura ajedrecista, ha sido expuesto por el revire saudita "Tawila": "inmensos picos de producción".

El "error" de Putin, según este acrobático análisis, es haber mirado únicamente al shale de EU.

Anómalamente, Widdershoven no toma en cuenta la sensible dependencia geopolítica de AS con EU, antes y después del coronavirus, por lo que la inminente visita de Mike Pompeo a Riad definirá el piso y/o las tendencias del mercado.

Llama la atención el artículo en Al Arabya de Robin Mills, ejecutivo de Qamar Energy, donde baraja la hipótesis de una unión de “Texas (¡megasic!) y Rusia con la OPEP para evitar el colapso del mercado petrolero (https://bit.ly/3bqPFWO)”.

Para beneficio del análisis dialéctico y holístico, vale la pena destacar la audaz postura del francés Thierry Meyssan, de Red Voltaire, que puede erizar los cabellos de neófitos/ignaros/cándidos, quien advierte el inicio de la balcanización de AS, Yemen y Turquía.

A juicio de Meyssan, el Pentágono planea balcanizar Turquía y AS debido a que el primero busca(ba) una guerra con Rusia, y el segundo colapsó la industria shale del fracking.

Según el geopolitólogo francés, la respuesta del Pentágono no se hará esperar mas allá de 3 meses (https://bit.ly/2UyYpUb).

Afirma que la disección de AS había sido contemplada por el Pentágono desde 2002 y destaca un artículo del Wall Street Journal (https://bit.ly/2wDaUpE) y otro del NYT (https://nyti.ms/2xoT49W), donde se escenificó un complot para derrocar al príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien hasta hace poco era íntimo de Jared Kushner, yerno de Trump.

Otros multimedia mediorientales traslucen que el golpe abortado en AS fue diseñado por el secretario de Estado Mike Pompeo, "evangelista sionista" y ex director de la CIA.

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Paramilitarismo y operaciones encubiertas en Colombia

Las Águilas Negras no están "registradas" pero sí existen

“No es posible estar dentro de una piscina y no mojarse”, afirmó en 2013 el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, en relación con el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y los hechos en los cuales se ha vinculado al exmandatario con grupos paramilitares. Junto con estas palabras, anunciaba que ordenaría que se investigara a Uribe Vélez, por “promover, auspiciar y apoyar estas organizaciones armadas ilegales”. Posteriormente el magistrado sufrió amenazas desde las redes sociales y el senador Uribe Vélez lo señaló de exguerrillero.

El 27 de junio de 2017 el magistrado Pinilla Cogollo renunciaría a su cargo a través de una misiva dirigida a la Corte Suprema de Justicia, y declararía que su renuncia se debió a que la ley de Justicia y Paz se limitó a conceder penas de ocho años pero no a que se divulgue la verdad[1].

El pasado 21 de febrero del 2020, otro magistrado Juan Guillermo Cárdenas, también del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, en una abultada sentencia de 2.278 páginas, contra 9 paramilitares del Bloque Metro, le ordena a la Fiscalía que amplíe la diligencia de versión libre que en noviembre de 2013 rindió Abad Giraldo Arias, ‘el Indio’, “recabando sobre el posible compromiso de Álvaro Uribe Vélez en la masacre en la vereda Cañaveral”, en Remedios Nordeste Antioqueño, ocurrida el 7 de julio de 2001.

La masacre, al mando de Carlos Mauricio García Fernández, exoficial del Ejército Nacional, conocido como ‘Rodrigo Doble Cero’, fundador de las Autodefensas y sanguinario paramilitar; se llevó a cabo contra arrieros y trabajadores de la tierra, a quienes los paramilitares acusaban de ser “colaboradores de la guerrilla”. Fueron decenas las víctimas, muchas obligadamente enterradas en fosas comunes por sus propios vecinos.

El Bloque Metro fue creado en 1998, en el nordeste antioqueño, estuvo asociado a la cooperativa de vigilancia y seguridad privada conocida en la región como Convivir y con Luis Alberto Villegas Uribe, antiguo socio de la familia Uribe Vélez.

Antes del 2001, el municipio de Remedios, había sufrido otra dolorosa incursión paramilitar donde fueron masacradas 18 personas del caserío. La acción fue cometida por paramilitares de las Autodefensas del Nordeste GAN, la noche del 2 de agosto de 1997. Según el Centro de Memoria, la noche del 1 de agosto, tanto el Ejército como la Policía hicieron presencia en el casco urbano de Remedios y llevaron a cabo operativos de control y requisas a los pobladores, sin embargo, horas más tarde, no reaccionaron “para interrumpir o impedir el recorrido paramilitar”.

Pero los antecedentes nos llevan aún más atrás. Desde los años 80, los mandos militares en la región crearon, una red paramilitar compuesta por miembros de las secciones de inteligencia del ejército, integrantes de grupos paramilitares, y personas ligadas al narcotráfico. Participaron en distintos momentos ganaderos, políticos locales y empresas. Esta red operó bajo diversas siglas: M.A.S, M.R.N, Los Realistas, Los Blancos y ANA.[2]

El 18 de marzo de 1987, el exmagistrado y presidente de la UP Unión Patriótica Jaime Pardo Leal, en rueda de prensa, señaló con nombres y grados, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas comprometidos en asesinatos y desapariciones, e informaba de la existencia del grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste M.R.N, demostrando la pertenencia de miembros de la Policía a dicha estructura. El 11 de noviembre de 1988, el MRN se adjudicó la masacre en Segovia en la que fueron asesinados 43 pobladores. Las investigaciones posteriores arrojarían que había sido planeada directamente en el cuartel general de la XIV Brigada, en cabeza del comandante, brigadier General Raúl Rojas Cubillos. También se comprobó que varias de las cartas de amenazas, habían sido elaboradas en la máquina de escribir del comandante del Batallón Bomboná Teniente Coronel Alejandro Londoño Tamayo.

En 1989 hace su aparición en Yondó, Muerte a Revolucionarios y Comunistas MARCO, que regularmente eran escoltados por unidades de la XIV Brigada. El alcalde informó de esta situación al ministro de Gobierno y al gobernador de Antioquia.Posteriormente surgiría el HURE, que según el testimonio del exmiembro de la red de inteligencia de la XIV Brigada; varias investigaciones fueron la principal causa que condujo a la Brigada a crear esta estructura clandestina dentro del ejército” [3].

Ya en 1979, en el Manual Instrucciones generales para operaciones de contra-guerrillas, Del Ejército Nacional, se impartían claras indicaciones para la realización de operaciones encubiertas. Así, se recomienda a comandantes de compañías, el uso de “agentes clandestinos de civil, que cumplan y simulen acciones de bandoleros”.[4]

Al respecto, el caso más emblemático fue el de la llamada Triple A (Alianza Anticomunista Americana), que desde 1978 hasta 1981, asesinó y desapareció varios miembros de la oposición política. Las amenazas eran reivindicadas públicamente por la Triple A, pero los asesinatos y desapariciones, eran atribuidos a fuerzas oscuras. Sin embargo, las investigaciones adelantadas y las confesiones de varios exintegrantes del Binci, pusieron al descubierto la identidad de quienes actuaban detrás de la Triple A. Entre ellos el Teniente Coronel Harold Bedoya Pizarro, Comandante del Batallón de Inteligencia “Brigadier General Charry Solano” [5].

A principios de 1987, los grupos paramilitares inician su integración a nivel nacional, basados en la experiencia del Nordeste Antioqueño, por ello se realiza una reunión con ese fin en la sede del Batallón “Charry Solano” en Bogotá. Esta reunión esta “liderada por el servicio de inteligencia del ejército”, y asisten líderes paramilitares regionales. Después vendría el MEPAN Movimiento Patriota de Autodefensa Nacional, en el año de 1992. Esta estructura sería el antecedente de las AUC [6].

Con razón el exmagistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, había señalado en 2013, que el Estado sabía de la existencia de los paramilitares y de la vinculación de los altos mandos militares con estos desde 1983, por tanto “el Estado colombiano es responsable, por acción y omisión, de los hechos cometidos por los paramilitares”. De hecho el surgimiento del paramilitarismo, no obedece a la ausencia del Estado en amplias zonas del país ni se explica por esa razón, al contrario, nacieron y crecieron donde había presencia del Estado y las Fuerzas Militares y eran apoyados por éstas.

El reciente llamado del Tribunal Superior de Medellín al esclarecimiento de la participación del expresidente Uribe en la masacre de Remedios en el año 2001; será fundamental para determinar la profundidad y extensión de esa omisión y acción del Estado Colombiano frente al paramilitarismo y su aterrador accionar.

Mientras tanto, las recientes declaraciones del general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, en relación a las amenazas y asesinatos de líderes sociales por parte de las Águilas Negras,  en las que despachó el asunto con: “Esa organización no es conocida en Colombia, no ha sido registrada”, recuerdan las declaraciones de la ANDI en 1983, a raíz del informe de la Procuraduría sobre el M.A.S, en las que los industriales aseguraban: “El M.A.S, no existe sino en mentes enfermizas de malos colombianos, las Fuerzas Armadas saldrán airosas”.[7]

1 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/la-justicia-le-ha-faltado-valor-para-investigar-uribe-ruben-dario-   pinilla-articulo-717119

2 Sumario adelantado contra Ramirez R. y otros por Homicidio, por el Juzgado 19 de Instrucción Criminal.

Declaración de Martín Emilio Sánchez, ante la Procuraduría General de la Nación, el 20/07/90

4 Instrucciones generales para operaciones de contra-guerrillas, Fuerzas Militares, Ejercito Nacional, Imprenta de las Fuerzas Militares, Bogotá 1979, pág. 188

5 El Espectador, 16 de febrero de 1981. Pág, 10 A

6Documento del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, con las declaraciones del Mayor retirado Oscar de Jesús Echandía Sánchez. Aparecido en “Tras los pasos perdidos de la guerra sucia” Paramilitarismo y operaciones encubiertas en Colombia.

El Tiempo, 22 de febrero de 1983, pág. 6 A.

 

Por Pablo Nariño | 16/03/2020 

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Diomedes Sandoval, solicitante de asilo y líder social colombiano, en la terraza de la Parroquia San Carlos Borromeo de Entrevías, Madrid.- JAIRO VARGAS

Las apenas 600 peticiones de asilo de ciudadanos colombianos en 2016 se han disparado a más de 29.000 en 2019. Sólo se le concedió a 48 personas. En enero han sido la nacionalidad que más lo ha demandado, superando a los venezolanos, pero el proceso de paz y la diversidad de perfiles les cierran las puertas de la protección casi de forma automática. Mientras esperan la respuesta a sus peticiones, muchos se ven abocados a vivir en la calle durante días por la saturación del exiguo sistema de acogida español

Cuando Diomedes Sandoval aterrizó en Madrid el pasado noviembre pensó que todo iría bien. Este líder social colombiano, amenazado de muerte y superviviente de un intento de asesinato, pidió asilo en el aeropuerto de Barajas y los policías le dijeron que su caso "era de manual" y "bien documentado". Le dieron un papel que acreditaba que era solicitante de protección internacional, una tarjeta transporte con diez viajes y un consejo: "Que fuera al Samur Social si no tenía dónde dormir" mientras el Ministerio de Interior estudiaba su solicitud, recuerda.

Eso hizo, pero cuando vio la cantidad de gente en su misma situación y que no había hueco para todos en los albergues de Madrid empezó a sospechar que Europa, en cuanto a protección internacional, no era como se había imaginado en su Tolima natal. "Esa noche me quedé en un hostal. A la mañana siguiente, cuando salí de la ducha, me habían robado mi documentación y todo mi dinero", lamenta.

Sandoval relata su historia a Público mientras toma café en la parroquia San Carlos Borromeo de Entrevías. Es el único lugar de Madrid que considera un hogar, dice. "Aquí venimos muchos a pasar el día, a comer algo sin que nos cueste dinero, a buscar compañía", describe, porque no tiene aún permiso de trabajo ni nada que hacer además de esperar. El alojamiento que le ofrece el Ministerio de Migraciones, Inclusión y Seguridad Social sólo está abierto por las noches.

Más de tres meses después, sigue en la fase de acogida temporal para solicitantes de asilo sin recursos económicos, es decir, un albergue "en malísimas condiciones" que comparte con otros 120 demandantes de asilo en Vallecas. Este jueves, por fin, le darán la una plaza que ha quedado libre en Málaga. Pasará a la primera fase del programa de acogida estatal, aunque no sabe si esa plaza es una habitación en un piso compartido o en un centro. "Será mejor que esto, eso seguro, pero tiene que mejorar el sistema porque van a seguir viniendo", afirma.

Los colombianos triplican sus peticiones de asilo

Por paradójico que resulte, desde que se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016, la violencia ha repuntado en casi todo el país. En la diana están personas de como Sandoval, los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, personas de referencia en las comunidades rurales, gente que denuncia la corrupción con fondos destinados a cumplir con la parte social de los acuerdos de paz, por ejemplo.

En 2019, más de 29.000 colombianos solicitaron protección internacional en España. En 2018 fueron tres veces menos, 8.800. En 2016, año de la firma de los acuerdos de paz, apenas superaron las 650. Solo en enero de este año ya han superado a los venezolanos, con 4.860, y son la nacionalidad que más protección pide en España, según el avance de datos del Ministerio del Interior, aunque también de las que menos la recibe.

"Es muy posible que este año superen a los venezolanos, la tendencia es muy clara, aunque el nivel de resoluciones favorables de sus solicitudes es muy bajo. Sólo se le ha dado el estatuto de refugiado a 48 personas de las 5.000 que se han estudiado. El resto han sido rechazadas", explica Paloma Favieres, directora de políticas y campañas de CEAR.

Reconoce que los casos que llegan son muy variados, aunque apuntala el problema de la persecución de los líderes sociales. "Son un grupo social bien definido y claramente amenazado y perseguido, deberían recibir más protección, a juzgar por las cifras", apunta. "Recibimos muchos casos de personas de Colombia que huyen de amenazas o la extorsión de bandas criminales, pero el Gobierno las rechaza alegando que no hay conflicto armado o que esa persecución o amenazas no están promovidas por autoridades o el Gobierno del país, que hay medidas judiciales y legislativas para perseguir este tipo de crimen", explica Favieres, que apunta que hay una gran discusión sobre esta circunstancia en los tribunales.

Sandoval, en cambio, apunta a la connivencia del Gobierno de Iván Duque con estos grupos armados. "Yo empecé a recibir amenazas cuando mi organización comenzó a denunciar el desvío de fondos para las víctimas del conflicto y para el desarrollo de infraestructuras", sostiene. "Tenía escoltas asignados pero decidí marcharme cuando sufrí un atentado por parte de sicarios del que salí con vida", recuerda mostrando los papeles que lo acreditan.

"Huí de la muerte pero no esperaba que, después de todo esto, en España me fuera a convertir en un mendigo, en un indigente. Nos ha pasado a muchos", señala este solicitante de asilo. Recuerda que algunas noches le tocó dormir en las calles de Madrid. "No había plazas en el Samur Social, no había plazas del Ministerio de Migraciones. Muchos días, tampoco en los albergues para personas sin hogar para la campaña del frío. Es indigno el trato que recibimos. No quiero pensar que estoy pasando por esto para que luego me denieguen el asilo y tenga que volver al lugar del que huyo", argumenta. Por eso prefiere que su rostro no aparezca en la fotografía. "Denunciar siempre trae problemas, en España o en Colombia", sentencia.

El mismo temor tienen Heber Erazo y su mujer, dos sexagenarios que llevan en Valencia casi un año y medio. Eran periodistas de Bogotá y de la región colombiana del Cauca, una de las más afectadas por la violencia de paramilitares, disidentes de las FARC, narcotraficantes y otros grupos armados. 

"Hemos presenciado y contado casi todo el conflicto. Siempre hemos alzado la voz, hemos sido testigo de masacres, hemos denunciado corrupción e irregularidades y nos ha costado ataques de todos los flancos: alcaldes, concejales, congresistas, gobernadores...", recuerda. Han recibido amenazas, el pasado año sufrieron un allanamiento de su vivienda en Bogotá, de donde desaparecieron "documentos sensibles y confidenciales, denuncias contra quienes les perseguían, miles de fotografías y los archivos originales de su periódico y fundación", entre otros episodios. "No nos ha matado porque hemos sido nómadas. Huimos por varias zonas de Colombia hasta que ya nos tuvimos que venir a España", aclara.

"Pero el acceso al sistema de protección es una carrera de obstáculos", denuncia. Se tarda en obtener citas para cada trámite burocrático, para obtener una respuesta, para recibir una plaza. Todo es siempre cuestión de meses.

Actualmente se encuentran en la fase dos del sistema. Reciben una ayuda para pagar el alquiler del piso en el que viven y una ayuda para manutención. Entre los dos llegan casi a los mil euros mensuales, pero la mitad se lo lleva el alquiler, describe. Antes pasaron medio año en una casa compartida, durante la fase uno del programa de acogida. "Se generaban problemas de convivencia constantes. Es normal, solo teníamos un baño para ocho personas, poco espacio y mucha tensión acumulada", recuerda, pero al menos tenían un baño, puntualiza.

"El sistema no está preparado. El colapso no está solo en Madrid. Nosotros tuvimos que dormir en la calle durante un tiempo", recuerda. Decidieron ir a Valencia porque allí tenían un conocido que les dio alojamiento durante los primeros meses, "pero son tantas las trabas administrativas que ya no pudo acogernos más y acabamos en situación de calle hasta que nos dieron una plaza", afirma.

El temor al rechazo de la solicitud

Ahora ve con miedo la próxima cita para renovar el permiso de residencia. "Cuando vayamos pueden decirnos que no nos conceden ningún tipo de protección y quitarnos el permiso de residencia. A los colombianos se nos está rechazando de forma masiva", advierte. "La diplomacia del Gobierno hace bien su trabajo. Dice que allí hay posconflicto, que hay paz, pero hay muertos cada día, por eso nos vemos obligados a irnos", sentencia.

Viendo las cifras de asilo para colombianos, no tiene mucha fe en que sus solicitudes sean aprobadas. Su mayor esperanza es que, en caso de rechazo, se les conceda el permiso de residencia por razones humanitarias, que no lleva aparejada ninguna ayuda económica, pero permite la estancia regular en el país durante un año con posibilidad de prórroga.

El Gobierno español comenzó a conceder este permiso el pasado año ante el drástico aumento de solicitantes de asilo venezolanos, aunque es difícil que lo obtengan los ciudadanos de otros países. "Aunque esa figura está recogida en la ley de asilo, en el caso de los venezolanos se está implementando de forma masiva para dar respuesta a una recomendación de la ONU por la crisis que atraviesa el país", explica la portavoz de CEAR, que recuerda que este permiso no se puede considerar una medida de protección internacional como tal.

Algunas organizaciones consideran que la situación en la mayoría del territorio colombiano no dista mucho de la que atraviesa Venezuela en cuanto a falta de servicios básicos, pobreza, índices de criminalidad y vulneraciones de los derechos humanos, por lo que piden al Ministerio del Interior español que aplique el mismo rasero. "El problema es que en España no se sabe qué es un líder social y el peligro que corre en Colombia. O quizás es que no quiere saber de forma intencionada", explica Sandoval.  

madrid

11/03/2020 22:39

Por jairo vargas

 

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La violenta paz de Colombia: "Cada día matan a uno o dos líderes sociales"

Las amenazas y la violencia contra los defensores de derechos humanos y líderes comunales se ha recrudecido en el país desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC, mientras el Gobierno de Iván Duque trata de restarle importancia. Los desplazamientos forzosos continúan y los colombianos ya son la segunda nacionalidad que más asilo pido en España.

"Abandonar tu territorio y a tu familia por amenazas es lo más triste que le puede pasar a uno en la vida", relata por teléfono a Público la lideresa afrocolombiana Julisa Mosquera, nacida en Quibdó, capital del Chocó. En Colombia, cada día aumenta más la lista de líderes sociales y de defensores de derechos humanos que son asesinados, la inmensa mayoría con total impunidad.

El país está viviendo una oleada de violencia que, paradójicamente, se ha recrudecido desde la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP en 2016. Los datos varían en función de la fuente pero todos son igualmente alarmantes. Entre 2016 y 2019 se registraron 366 homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos, según el último informe de Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. La Defensoría del Pueblo eleva la cifra 555 en el mismo periodo y alerta del "aumento exponencial", en el caso de las mujeres.

Sólo el año pasado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó 108 asesinatos de líderes sociales, casi un 50% más que en 2018. En los dos primeros meses de 2020, la oficina de Michelle Bachelet ha confirmado otros cuatro homicidios y verifica otra treintena.

La lista aumenta si se cuenta a exguerrilleros desmovilizados. En tan solo los dos meses de 2020, más de 60 activistas y excombatientes de las FARC-EP han sido asesinados por oponerse públicamente a proyectos de grandes multinacionales, denunciar corrupción política o enfrentarse a los grupos armados que buscan ocupar los territorios, según las cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Desde la firma de la teórica paz colombiana, este organismo cuenta más de 700 líderes sociales asesinadosy 135 excombatientes de las FARC. Fuera quedan los ataques y las amenazas, y numerosos colectivos denuncian el maquillaje de cifras por parte de los diferentes Gobiernos.

"Son homicidios sistemáticos que buscan crear miedo en las regiones rurales para que nadie pueda denunciar", recalca la activista Mosquera, víctima de secuestro, torturas y desplazamiento. "Llevo once años corriendo de un sitio a otro, no puedo quedarme en ningún lugar ni tener un espacio propio. Toda mi familia vive pendiente de cuándo me van a matar", lamenta esta desplazada interna.

Refugio en España

El suyo no es un caso aislado. Colombia es el país con más desplazados internos del mundo, según la ONU. Los 60 años de guerra han provocado casi ocho millones de desplazados forzosos, y el fenómeno continúa en tiempos paz hasta el punto que cada vez son más los afectados que buscan asilo político en Europa. Ya son la segunda nacionalidad que más protección internacional pide en España, sólo por detrás de los venezolanos. En 2019, más de 29.000 colombianos pidieron asilo en España, el 25% de las más de 118.000 solicitudes registradas. El el triple que las registrada en 2018, pero el aumento es exponencial si se mira al año 2016, cuando apenas eran 600 los colombianos que buscaban refugios en España. 

La persecución de estas personas se da principalmente en las llamadas regiones, zonas rurales de las periferia del país, donde el Estado apenas llega y donde la guerrilla, ahora fuera de la ecuación, imponía su particular orden.

Entre las víctimas hay una enorme casuística:  reclamantes de tierras, políticos —especialmente opositores a la extrema derecha que ahora ocupa el Gobierno—, defensores del medio ambiente que se enfrentan a la extracción de los recursos naturales y excombatientes de las FARC-EP, líderes campesinos o portavoces de colectivos de víctimas del largo conflicto, según explica el sociólogo colombiano Mateo Giraldo.

Las alarmantes cifras pasan desapercibidas para la comunidad internacional, que habla de Colombia como ejemplo de transición. "Esta situación es invisibilizada porque la gente cree que como ya se firmó el Acuerdo, ya hay paz", resalta Marcos Ávila, vicepresidente de Ciudadanías por la Paz, una de las asociaciones que promovió las marchas de colombianos hacia a la Corte Penal Internacional para denunciar los crímenes contra los líderes sociales en 2019.

"Todos son asesinatos selectivos, no se dan por accidente o error. Esto es fácil detectarlo porque todos ellos han pasado por asociaciones, sindicatos, cooperativas y otras organizaciones que buscan construir territorio", hacer valer los puntos de los acuerdos de paz que tanto rechazó el presidente Duque, aclara Ávila.

Un Estado ausente 

"A la gente la están matando por enfrentarse a empresas multinacionales, petroleras, mineras y agroindustriales", sentencia Francia Márquez, activista ganadora del premio Medioambiental Goldman en 2018. Esta defensora de derechos humanos explica que el Gobierno colombiano, de corte neoliberal, ha favorecido la acumulación de capital de las grandes empresas que persiguen sus intereses económicos a costa de las comunidades. 

"He recibido 15 amenazas desde 2019 y hace un año sufrí un atentado con granadas en la región del Cauca. Las agresiones son constantes, cada día matan a uno o dos líderes comunales", comenta. Por su recorrido como activista, Márquez tuvo que abandonar su tierra, el territorio ancestral de la Toma, en octubre de 2014. "La impunidad en este país sigue siendo un premio para los victimarios, hay mucha complicidad", reclama.

También denuncia que lo poco que se había avanzado con el proceso de paz se está perdiendo durante el Gobierno de Iván Duque, delfín del expresidente Álvaro Uribe Vélez, principal opositor a los acuerdos de paz. "Hablan de desarrollo económico pero aquí no hay salud, acceso al agua ni una buena educación", comenta la activista.

Para el sociólogo Mateo Giraldo, el principal obstáculo a la hora de afrontar estos crímenes es que el Gobierno no los reconoce como un fenómeno sistemático y opina que sólo busca "solucionar el problema militarmente". Sin embargo, lo que reclaman las comunidades que sufren la violencia es que el Estado se haga presente en forma de derechos sociales, que garantice el acceso a la educación, al trabajo, a la sanidad y a la participación política. 

La escalada de ataques contra activistas y excombatientes revive los fantasmas del exterminio de los militantes de la Unión Patriótica (UP), un partido político de izquierdas que nación en 1985, después de un acuerdo de paz entre el Gobierno con las FARC que no cuajó.

Más de 3.000 militantes de esta formación, entre ellos dos candidatos presidenciales, fueron víctimas de ataques selectivos atribuidos a grupos paramilitares de de idiología ultraderechista, en connivencia con sectores de las las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, tanto el anterior Gobierno como el actual niegan que haya un plan sistemático de eliminación de los líderes sociales que velan por la aplicación de los acuerdos de paz y por el desarrollo del rural colombiano.

madrid

10/03/2020 22:28

Por maría duarte / jairo vargas

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