Abdulla y Ghani asumieron como presidentes de Afganistán en el mismo día y en el mismo lugar.  ________________________________________ Imagen: AFP

Mientras las ceremonias de investidura tenían lugar, se produjeron dos explosiones en Kabul

Esta crisis gubernamental viene gestándose desde septiembre, cuando la celebración de los comicios estuvo marcada por una baja participación debido a las amenazas de los talibanes y las posteriores denuncias de fraude masivo por parte de los rivales de Ghani.

El presidente afgano Ashraf Ghani asumió este lunes un segundo mandato presidencial en un contexto de crisis institucional, ya que el exprimer ministro Abdulá Abdulá, que también reivindica la victoria en las elecciones de septiembre de 2019, se declaró presidente inmediatamente después.

"Juro en nombre de Dios obedecer y proteger la santa religión del islam, de respetar y supervisar la aplicación de la Constitución", dijo Ghani en una ceremonia que contó con una importante asistencia de diplomáticos. Al mismo tiempo, en otro lugar, en una ceremonia transmitida por la televisión, Abdulá Abdulá se declaraba presidente de Afganistán.

Abdulá Abdulá juró "proteger la independencia, la soberanía nacional, la integridad territorial y los intereses del pueblo afgano", minutos después de que Ghani jurara el cargo de presidente. Y mientras ambas ceremonias de investidura tenían lugar, se produjeron dos explosiones en Kabul.

"No tengo chaleco antibalas, solo mi camisa. Seguiré en el cargo aunque me tenga que sacrificar", disparó Ghani, sin abandonar el estrado en el que estaba pronunciando su discurso, pese a que se activaron las alarmas en el palacio presidencial.

"Pido a mis rivales electorales que se unan a mí para servir a este sagrado país", agregó Ghani durante su discurso, que contó con la presencia de una amplia representación diplomática, en la que destacaba el representante especial de Estados Unidos para la paz en Afganistán, Zalmay Khalilzad.

La jura de Abdullah, que en numerosas ocasiones fue retransmitida en directo junto a la de Ghani por las televisiones locales con la pantalla partida en dos, contó sin embargo con una representación de perfil más bajo, con simpatizantes políticos nacionales.

Crisis política 

Esta crisis gubernamental viene gestándose desde septiembre, cuando la celebración de los comicios estuvo marcada por una baja participación debido a las amenazas de los talibanes y las posteriores denuncias de fraude masivo por parte de los rivales de Ghani.

Los resultados finales, que se retrasaron hasta febrero, confirmaron la victoria de Ghani con un 50,64 por ciento de los votos, frente al 39,52 por ciento de Abdullah, que al tiempo que rechazaba el escrutinio se autoproclamaba vencedor de los comicios. Sin embargo, Ghani insistió hoy durante su discurso que no cierra la puerta a sus rivales, en clara referencia a Abdullah, al remarcar que necesita un "gobierno fuerte" ante el momento histórico que le ha tocado vivir a Afganistán.

Abdullah, en su discurso, también se mostró "listo para las negociaciones" y para trabajar en aras de la "unidad de Afganistán", aunque eso no evitó que se proclamara "presidente" ante los asistentes.

Ese momento histórico no es otro que la negociación con los talibanes, un proceso de paz que llega tras la firma de un acuerdo el pasado 29 de febrero entre los insurgentes y Estados Unidos en Doha, en el que se pactó la retirada en 14 meses de las tropas extranjeras.

Conversaciones con los talibanes

Para el inicio de las conversaciones afganas, que estaban previstas en un principio para el 10 de marzo, los talibanes y Estados Unidos habían pactado la liberación de 5 mil insurgentes, algo a lo que Ghani se había opuesto hasta hoy, cuando pareció sin embargo dispuesto a ceder a cambio de una reducción de la violencia.

"La liberación de los prisioneros talibanes está vinculada a la paz y la seguridad de las personas, en este sentido emitiré un decreto mañana, que incluirá más detalles sobre este proceso. Afortunadamente, llegamos a un marco en el que, a cambio de la liberación de prisioneros, se producirá una reducción significativa de la violencia", sentenció Ghani en un anuncio inesperado.

Esa violencia, sin embargo, está aún muy presente, mostrándose también este lunes durante la ceremonia de Ghani, cuando se escucharon hasta seis explosiones mientras pronunciaba su discurso, lo que desató el pánico entre los asistentes.

El ministerio de Interior detalló en un breve comunicado que las explosiones se debieron a por lo menos cuatro proyectiles de mortero que cayeron en varias zonas de la ciudad, todas en las proximidades de la sede presidencial.

"Las fuerzas de seguridad y la policía continúan sus esfuerzos por detener a quienes están involucrados en este ataque", dijo el portavoz de Interior, Nasrat Rahimi, sin aportar más detalles.

El ataque se convirtió en una de las imágenes de la jornada, cuando Ghani en un gesto simbólico pidió a todos calma, asegurando que unas explosiones no debían amedrentarles, al tiempo que se desabrochaba su chaleco para mostrar que no contaba con protección especial.

"No estoy usando chaleco antibalas, estoy usando ropa común y corriente. Mi pecho está listo para ser sacrificado por Afganistán y mi pueblo", sentenció el presidente afgano, entre gritos y aplausos de los asistentes.

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Paramilitarismo que reconfirma su instinto asesino

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir ante el país y el mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas, debido al accionar persistente de un paramilitarismo que cuenta con la complicidad activa y pasiva de todas las instituciones y que progresivamente afianza su dominio total de nuestra región.

Hace 23 años nos conformamos como una Comunidad de Paz no participante en el conflicto armado y que rehusaba compartir cualquier espacio o colaborar de alguna forma con cualquier tipo de actor armado. Desde entonces las agresiones han sido continuas, consistentes en asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, encarcelamientos ilegales, bombardeos, desplazamientos, campañas de difamación, calumnias, pillajes, destrucción de  viviendas y cultivos, robos y asaltos armados, incursiones armadas a nuestros espacios, amenazas, montajes, violaciones, profanación de cadáveres y espacios sagrados, memoricidios, invasiones, controles paramilitares y estigmatizaciones de toda índole, por el poder de las armas tanto legales como ilegales. Mes tras mes hemos venido dejando constancia de todas las agresiones que nos afectan y de la complicidad del Gobierno y de las instituciones del Estado en toda esta barbarie contra el que piensa diferente en nuestra región y en el resto del país.

La muerte sigue siendo la forma más efectiva para deshacerse de quien no se someta. En estos dos últimos  años  la estructura paramilitar que hace todo el trabajo sucio del gobierno, ha estado circulando listas de personas para matar, adicionales a los centenares de vidas ya eliminadas; listas que están siendo ejecutadas al pie de la letra y dejando en claro la tolerancia de los organismos de control, del aparato judicial y la responsabilidad de mando del Jefe de Estado, señalado por la Constitución como el supremo garante de los derechos humanos fundamentales, como los derechos a la vida, a la integridad y a las libertades básicas individuales y colectivas.

En los últimos días enfrentamos otra vez la destrucción de una vida civil a manos de los paramilitares, con la rutinaria respuesta del Estado: no pueden ir siquiera a diligenciar el levantamiento del cadáver porque “no hay condiciones de seguridad para los agentes estatales”. Nos preguntamos de qué tipo de inseguridad se habla, cuando ejército, policía y demás instituciones oficiales conviven diariamente en el minúsculo poblado de San José con los integrantes y mandos del paramilitarismo, estructura responsable de este último crimen y cuyos mandos elaboran las listas de gente para matar.  Por ello nuestra Comunidad no duda en atribuir máxima responsabilidad a los diversos estamentos del Estado que hacen presencia en el corregimiento, como la Brigada XVII del ejército y la Policía de Urabá, instituciones que confiesan recibir nuestras constancias en las cuales se revelan las rutas de presencia y de violencias de los paramilitares, incluyendo los alias y no pocas veces los nombres reales y los números de celulares desde donde amenazan y anuncian sus crímenes, e incluso videos tomados en las fincas de la zona donde concentran sus tropas ilegales, armadas y uniformadas. Pero NUNCA PASA NADA. TODO SIGUE IGUAL Y PEOR.

Los hechos de los cuales dejamos constancia esta vez son los siguientes:

  • ·En los días previos al 21 de febrero de 2020(aniversario de la horrenda masacre de Mulatos y La Resbalosa), según información de los pobladores de la zona, los paramilitares habrían realizado una reunión con la población civil en la vereda Mulatos.
  • ·El domingo 23 de febrero de 2020, el joven paramilitar conocido en la zona como “KALET”, quien es un desmovilizado de las FARC-EP y beneficiario del programa de desmovilización del Gobierno Nacional, lanzó serias amenazas contra nuestra Comunidad de Paz, manifestando: “Yo no descanso hasta ir a La Holandita  y ver correr la sangre de esa hp Comunidad”.
  • ·El mismo domingo 23 de febrero de 2020, según informaciones de pobladores, el Ejército habría hecho una reunión con la población civil en el corregimiento de Nuevo Antioquia, de Turbo, al parecer para tratar el tema de la carretera de Nuevo Antioquia / Playa Larga / Rodoxalí / La Esperanza / Mulatos, la cual se ha estado abriendo ya mediante una brecha que no cuenta con ningún tipo de licencia. Según la información recibida, no se concedió la licencia, pero los militares le recomendaron a la población civil que siguieran abriendo la carretera de manera clandestina, con máquinas de la Brigada, pues después que ya esté hecha no le quedará más salida al gobierno que legalizarla. Estas mismas palabras fueron expresadas por los paramilitares el año pasado, en las veredas Resbalosa, de San José de Apartadó, Baltasar y otras veredas de los corregimientos de Batata y Frasquillo del Municipio de Tierralta Córdoba, al manifestarle a la población civil que les ayudaran a electrificar esas veredas de una forma ilegal, que después la empresa EPM les tendría que legalizar la energía eléctrica al estar ya instalada.
  • ·El miércoles 26 de febrero de 2020un grupo de paramilitares con trajes de civil y portando armas cortas se encontraba en una vivienda civil, como a unos 180 metros junto al río el Cuchillo del casco urbano de San José, donde estaban consumiendo licor y amedrentando con sus armas a la población que pasaba por el lugar.
  • ·El mismo miércoles 26 de febrero de 2020,se notó una alta presencia de paramilitares con prendas militares y armas largas en los alrededores de las veredas Mulatos Alto y Mulatos Medio de San José de Apartadó.
  • ·El jueves 27 de febrero de 2020, dos paramilitares que han estado acechando los espacios privados de nuestra Comunidad de Paz en la vereda Mulatos Medio, cruzaron por nuestra Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra portando armas cortas y radios de comunicación.
  • ·El viernes 28 de febrero de 2020, nuestra Comunidad de Paz fue informada de la presencia de un grupo de paramilitares encapuchados entre las veredas El Salto, El Guineo y El Gas, de San José de Apartadó. Según informaciones de pobladores, los paramilitares allí amedrentaron a una familia que venía a trabajar en una tierra de su propiedad, la cual se retiró de nuevo de la zona por temor a ser asesinados.
  • ·El sábado 29 de febrero de 2020, entre las 6:00 y 7:00 a. m. fue asesinado cerca de su casa, en la vereda La Miranda, de San José de Apartadó, el señor AMADO TORRES, poblador de dicha vereda e integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda. Según las informaciones recaudadas, hombres portando armas largas y uniformes de uso privativo de las fuerzas militares llegaron hasta su vivienda, lo sacaron y lo asesinaron con varios impactos de bala de fusil en la cabeza. Su hijo de 20 años, Carlos Andrés Torres, había sido asesinado por soldados del Ejército Nacional en la vereda Caracolí, el 9 de abril de 2013, cuando iba a regresar a su vereda luego de haber traído productos agrícolas para vender en Caracolí. Todo muestra que a su padre, Don AMADO, los paramilitares lo tenían sentenciado por la autonomía que demostraba frente a ellos, no sometiéndose a sus imposiciones, administrando libremente los recursos de su finca y negándose a pagarles los impuestos ilegales o “vacunas” que ellos le exigían. Los organismos judiciales se negaron a ir a la vereda a realizar el levantamiento del cuerpo, alegando irónicamente “razones de seguridad”, cuando todo el mundo percibe su cercanía y complicidad con los paramilitares, al menos garantizando la apabullante impunidad que reina en la región que es la mayor culpable de la criminalidad reinante. Coincidencialmente, ese día el Presidente Iván Duque se encontraba de visita en Apartadó junto con el ex presidente Álvaro Uribe, en supuestos talleres denominados “construyendo país” y al enterarse del crimen le restó importancia aduciendo que en la zona hay muchos grupos violentos. Los órganos judiciales, en una actitud irresponsable, quisieron imponerle a la familia de la víctima la tarea de recoger las pruebas del asesinato, transfiriendo a las mismas víctimas lo que es su propia tarea remunerada. En lugar de ejercer de manera profesional su tarea, la fuerza pública, a través del Comandante Nacional de la Policía, General Óscar Atehortúa, lo que hizo fue ofrecer recompensas monetarias –esta vez de 20 millones- al civil que informe sobre los autores del crimen. Así se sustituye en Colombia la tarea de los órganos de instrucción penal, recurriendo a un método perverso que se presta para las más infames manipulaciones y montajes y de paso arruinan la moral pública, enseñándole a la gente que la denuncia es una mercancía lucrativa cada vez más lejana de un ejercicio ético, y en la cual se refina el caldo de cultivo para los falsos testimonios, los montajes judiciales y la destrucción en profundidad de toda conciencia moral.
  • ·El domingo 01 de marzo de 2020, llegaron comentarios a nuestra Comunidad de Paz de que los paramilitares están avanzando en la compra forzada de tierras en la zona de Caraballo, de la vereda Arenas Bajas, de San José de Apartadó. Ya son muchas las propiedades en tierras que este grupo paramilitar ha adquirido bajo amenazas a sus dueños, quienes terminan vendiéndoles la propiedad por temor a ser asesinados.
  • ·Este mismo domingo 01 de marzo de 2020, en horas de la noche fue amenazado de muerte el señor JOSÉ POLICARPO CATAÑO, en el caserío de San José, por tres hombres quienes según informaciones hacen parte a los paramilitares y reconocidos en la zona: Darío Tuberquia encargado de narcotráfico, Jairo Borja y Yeison Osorno. Estuvieron a punto de dispararle con armas de fuego.
  • ·El lunes 02 de marzo de 2020, en horas del día, llegaron informaciones a nuestra Comunidad de Paz sobre una lista que estaría circulando en San José entre los paramilitares, de gente para matar dándole continuidad a la dicha lista donde ya han asesinado a Deimer Usuga el 16 de enero 2019, Yeminson Borja el 7 de julio 2019,  weber Andrés el 18 agosto 2019 y Amado Torres el 29 de febrero de 2020 y al parecer el contenido de dicha lista sigue siendo de pobladores de la zona y miembros de nuestra Comunidad de Paz, cuyas ejecuciones están ya en preparación.

Dejamos también constancia de que el 19 de junio de 2019 radicamos en la Presidencia de la República un derecho de petición (Rad: Ext 19-00060721) con 86 constancias de hechos perpetrados contra nuestra Comunidad de Paz entre el 7 de agosto de 2018 y el 23 de mayo de 2019, invocando los artículos 2,6,18 y 189 de la Constitución Nacional, los artículos 7,11 y 20 del Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y la Sentencia SU 1184/01 de la Corte Constitucional, No. 16-17.

El Presidente Duque remitió dicho documento al Ministerio de Defensa, contra la tradición jurídica universal que no considera válido que la institución victimaria se investigue a sí misma. El 17 de diciembre de 2019 el Comandante de la Séptima División envió una respuesta de 32 páginas elaborada por la Brigada XVII, en la que se refiere a 81 constancias de las 86 incluidas en el Derecho de Petición. En un solo caso (marzo 13 de 2019) reconoce que había presencia militar en Mulatos y que los disparos se debían a tropas del ejército que estaban en un supuesto enfrentamiento con otro grupo armado. En todos los demás casos se afirma que las tropas del ejército estaban distantes de los sitios de los hechos (entre 4 y 11 kilómetros); se alega que los hechos no fueron informados “en tiempo real”, o sea con tiempo suficiente para que el ejército pudiera preparar operativos para estar allí cuando se presentaran las agresiones; o que los hechos no son claros sino confusos, con informaciones precarias, a pesar de que se dieron todas las coordenadas de tiempo, lugar y nombres ficticios o reales de los victimarios y en varios casos los números de los celulares de donde llamaban a amenazar.

Este tipo de respuesta del Gobierno revela algo muy grave pero es lo que se ha vivido en los 23 años de existencia de la Comunidad de Paz: los paramilitares se mueven con plena libertad por todo el territorio, reúnen a las poblaciones de las veredas para imponerles normas, amenazarlas y cobrarles impuestos ilegales, pero jamás su presencia coincide con la del ejército. Todo parece milimétricamente calculado y coordinado para que cuando se den las agresiones el ejército esté situado a 4 o más kilómetros de distancia y así podrá afirmar que “no se enteró” de los hechos y, cuando ya se producen las denuncias o constancias, transcriben un párrafo uniformemente digitalizado en que dicen que ellos están siempre realizando operativos de inteligencia y de control para proteger a la comunidad y para tratar de individualizar a los miembros del “Clan del Golfo”, que es su enemigo virtual y teórico, pues nunca se encuentran con él, pero no consideran como actor ilegal la estructura paramilitar a la cual están vinculados la cantidad de nombres concretos que la Comunidad ha ido registrando en sus constancias, con quienes ejército y policía departen diariamente y amistosamente en el caserío de San José.

Sobra decir que, cuando las constancias hacen referencia a actuaciones del Ejército imposibles de ocultar, como la Acción de Tutela contra nuestra Comunidad para obligarla a callarse ante las agresiones (octubre de 2018) y las presiones de la Jueza, presionada a su vez por la Brigada XVII, para amordazar a nuestra Comunidad, el documento “ignora” las constancias y evade toda respuesta o comentario.

Nuestra Comunidad entiende que la fuerza pública no tiene facultades judiciales y por eso “se lava las manos” ante la impunidad absoluta de todos los hechos. El Presidente y las diversas instituciones del Estado saben muy bien que nuestra Comunidad no acude al aparato judicial porque ha experimentado hasta la saciedad, durante varias décadas, que dicho aparato no hace justicia y solamente produce impunidad y corrupción y por añadidura persigue a los denunciantes y testigos. Es trágico que ninguna de las más altas Cortes del Estado haya acogido nuestras denuncias sobre los innumerables hechos probados de corrupción que les presentamos en el Derecho de Petición del 19 de enero de 2009, y se hayan negado a investigarlos y corregirlos y mantengan en sus cargos a todos los corruptos. Éticamente y en conciencia no podemos colaborar con un aparato así de putrefacto.

En las negociaciones de paz en La Habana, el Gobierno se comprometió a tomar medidas eficaces para erradicar el paramilitarismo. Sin embargo, como la comunidad nacional y la internacional lo saben de sobra, en lugar de erradicarlo lo ha fortalecido enormemente. En nuestra región, después del Acuerdo de Paz su poderío crece y crece diariamente y no se percibe la más mínima acción del Estado para reprimirlo o erradicarlo. Hay aquí, entonces, una monumental responsabilidad del Alto Gobierno que no podrá ocultar jamás ante los tribunales internacionales.

Mientras recogemos las evidencias de nuestra tragedia y las compartimos con el mundo ético, valoramos cada vez más el apoyo moral de personas y comunidades que nos envían su energía espiritual desde numerosos espacios de Colombia y de otros muchos países del mundo. Para ellos y ellas nuestra renovada sincera gratitud.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Marzo 7 de 2020

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Los presidentes Vladimir Putin y Recep Erdogan

La escalada en Idleb amenazaba con derivar en una guerra entre los dos países

Los presidentes Vladimir Putin y Recep Erdogan confían en que el acuerdo ponga fin a semanas de enfrentamientos armados en la región siria de Idlib. Desde el inicio del conflicto, casi un millón de personas se vieron forzadas a abandonar Siria.

Rusia y Turquía acordaron un alto el fuego con la intención de poner fin a semanas de enfrentamientos armados en la región siria de Idlib. Luego de reunirse durante seis horas en Moscú, los presidentes Vladimir Putin y Recep Erdogan acordaron que la tregua comience en la medianoche del viernes. El pacto también contempla reforzar los puestos de observación y establecer un amplio corredor de seguridad de 12 kilómetros que corre del este al oeste de Siria y pasa por la provincia de Idlib, epicentro de los ataques militares. Por el conflicto, casi un millón de personas se vieron forzadas a abandonar Siria, y perdieron la vida militares turcos, sirios y rusos. La espiral de violencia amenazaba con derivar en un enfrentamiento militar directo entre Turquía y Rusia, aliada del régimen sirio.

En declaraciones a la prensa posteriores al encuentro, Putin dijo que el acuerdo con Erdogan servirá "como buena base para terminar con los enfrentamientos en la zona de distensión de Idlib, poner fin al sufrimiento de la población civil y contener una crisis humanitaria creciente".

El presidente aclaró que Moscú y Ankara no siempre están de acuerdo a la hora de evaluar lo que ocurre en Siria. "Pero cada vez que atravesamos momentos críticos, basándonos en el alto nivel de nuestras relaciones bilaterales, hasta ahora logramos encontrar un terreno común respecto a los temas en disputa y acordar soluciones aceptables", remarcó Putin.

El líder ruso subrayó la importancia de mantener la soberanía y la integridad territorial. En ese sentido, recordó numerosos ataques lanzados por milicias radicales contra la base aérea rusa de Hmeymim en Siria. "En total, desde principios de este año, se han detectado 15 ataques contra Hmeymim. Cada vez que eso ocurrió, informamos en tiempo real a nuestros hermanos turcos", indicó el mandatario.

Días atrás, a través de un comunicado, el ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia había indicado que militares rusos y turcos intentaron desde mediados de enero restablecer la calma en Idlib, pero, en respuesta, "los terroristas incrementaron sus ataques". El documento oficial agrega que "El número de muertos y heridos entre las tropas sirias y los civiles fuera de la zona de desescalada se cuenta por centenares. Especialistas rusos y turcos murieron trágicamente".

Buscando exhibir la reunión con Putin como un trofeo, el presidente turco Recep Erdogan celebró el acuerdo: "Hoy (por el cinco de marzo) mostramos nuestra voluntad para lograr el arreglo…A las 00.00 horas del viernes (seis de marzo) se declarará un alto el fuego y se darán todos los pasos necesarios", explicó.

El líder turco también declaró que el país envió fuerzas adicionales a la región de Idlib. "Para relajar la tensión en Idlib instalamos allí puestos de observación, y con Rusia hemos acordado enviar refuerzos para estabilizar la situación en la región", remarcó Erdogan. Los puestos de observación se suman a un corredor de seguridad que se instalará en Idlib para realizar un patrullaje conjunto a lo largo de la ruta M4, que une las provincias de Latakia y Alepo. 

A su vez, destacó que Turquía analiza colaborar con el retorno de los refugiados a Siria. "Tenemos la tarea de evitar un mayor agravamiento de la situación en Idlib, queremos facilitar el retorno de los refugiados a sus hogares que abandonaron por los ataques", expresó. 

La ofensiva militar causó una verdadera catástrofe humanitaria, con casi un millón de personas que debieron abandonar sus hogares por los combates en el mayor éxodo forzoso de personas en casi nueve años de guerra en Siria, que se cumplen este mes. La semana pasada, Erdogan decició dejar de impedir que los migrantes abandonen Turquía y crucen a la Unión Europea.

"Nuestro objetivo es evitar que empeore la crisis humanitaria", declaró Erdogan, aunque advirtió que su país se "reserva el derecho de responder con todas sus fuerzas y en cualquier lugar a cualquier ataque del régimen" sirio. 

La escalada de los combates en Idlib causó tensiones diplomáticas entre Rusia, aliado del régimen sirio, y Turquía, apoyo de los rebeldes, haciendo crecer el riesgo de un enfrentamiento directo entre ambos países, que se han convertido en los principales actores internacionales del conflicto sirio.

Al respecto, y al inicio del encuentro, Putin presentó sus condolencias a Erdogan. "Tenemos que hablar para que esto no se vuelva a producir y no destruya las relaciones ruso-turcas", subrayó, mientras su par turco aseguró que esperaba que la negociación "alivie a la región y a nuestros dos países".

Las tensiones en Idlib hicieron saltar en pedazos los acuerdos concluidos entre los dos presidentes en 2018 en la localidad rusa de Sochi. Dichos acuerdos buscaban poner fin a los combates en la región e instaurar una zona desmilitarizada. También dieron lugar a un frenético intercambio militar entre las dos capitales, que reforzaron su cooperación en los últimos años sobre el territorio sirio, pese a sus intereses divergentes. 

En los últimos meses, Turquía acusó a Rusia de no respetar los acuerdos de Sochi, que garantizaban el status quo en el terreno y la suspensión de bombardeos en Idlib, mientras que Moscú acusó al gobierno turco de no hacer nada para "neutralizar a los terroristas" en esta región. Ahora, ambos países ensayan un nuevo acuerdo, y en las próximas horas se sabrá si la tregua es un hecho o una simple ilusión que será sepultada por nuevos bombardeos.


Idlib. ¿Qué busca Erdogan en Siria con tanto ahínco?

La muerte de más de 70 soldados turcos en la provincia siria de Idlib ha terminado por sacudir la política interior en Turquía. En los últimos días, las críticas de la oposición han adquirido mayor agresividad y han puesto al presidente Erdogan contra las cuerdas

 

La reunión de dos horas y media celebrada el jueves en Moscú entre los presidentes Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan se produce en un momento particularmente delicado en la provincia siria de Idlib, donde Rusia y Turquía tienen intereses claramente encontrados y donde se suceden las acciones bélicas de los dos países y sin que se vea una salida a la crisis.

En la escena interior, por primera vez Erdogan tiene que enfrentarse a una correosa oposición que le acusa de estar al servicio del imperialismo estadounidense. Erdogan y Donald Trump compartirían, según la oposición, el proyecto de crear un nuevo Oriente Próximo. Además, le acusan de haberse embarcado insensatamente en las llamadas primaveras árabes que han destrozado la región y, por si esto fuera poco, debería explicar al pueblo por qué ha enviado al ejército a una Idlib plagada de yihadistas que actúan en connivencia con Erdogan.

Toda esta tensión se deriva directamente del elevado número de soldados muertos en Idlib, más de 70. La oposición turca considera que son bajas inútiles y que podrían crecer si Erdogan no saca al ejército de donde nunca debía haber entrado

Hay generales de la reserva que le reprochan haberse embarcado en operaciones expansionistas y peligrosas sin ninguna justificación, que le han conducido a defender a organizaciones terroristas contra un país, Siria, que en ningún momento había adoptado acciones hostiles contra Turquía.

Las críticas de la oposición podrían erosionar su poder si la situación se deteriora. La realidad es que Erdogan ha concentrado a millares de soldados, ha movilizado más de cuatro mil tanques, blindados y vehículos militares de todo tipo, así como cientos de drones fabricados por su yerno. Echarse atrás en estas circunstancias sería peligroso para él, porque se vería como una derrota, pero continuar adelante es una locura.

El malestar que Erdogan ha creado en su propio país ha tenido como consecuencia protestas populares contra la presencia militar en Idlib, hasta hacer que el presidente se haya justificado diciendo: "Quienes preguntan '¿cuál es el negocio de Turquía en Siria?' en realidad están recomendando que nos rindamos a los grupos terroristas y a un régimen enemigo". Una respuesta que no se corresponde con las actuaciones de Turquía desde el inicio del conflicto en la primavera de 2011, hace nueve años.

El miércoles en el parlamento de Ankara se produjo una pelea de lucha libre entre los diputados en un debate sobre la situación en el norte de Siria, en el que no faltaron puñetazos y otras agresiones. Los parlamentarios partidarios de Erdogan y sus detractores protagonizaron una violenta escena que vieron todos los turcos y que refleja las tensiones existentes.

En lugar de ceder y corregir sus errores, Erdogan está amenazando con enviar a Europa a millones de refugiados sirios, afganos, iraquíes y de otros países de la región. Los europeos, cuya candidez e inoperancia son tan responsables como el expansionismo de Erdogan de haber llevado el caos a Oriente Próximo, han visto las orejas al lobo, pero de los europeos no se puede esperar nada si nos atenemos a sus pobres registros de la última década.

Por primera vez desde la invasión de Chipre en 1974, el ejército turco está combatiendo contra otro ejército, pero la ironía es que está combatiendo codo con codo con los peores yihadistas de Oriente Próximo y llevando a sus soldados a una peligrosa situación en relación con el ejército ruso desplegado en Siria para respaldar al gobierno de Damasco.

Un sondeo de esta semana muestra que el 65% de los turcos está a favor de mantener la presencia militar en Idlib puesto que creen que los soldados se están defendiendo de una amenaza existencial, un elevado porcentaje que probablemente refleja el nacionalismo rampante que se fomenta desde el poder. Sin embargo, otro sondeo realizado solo una semana antes revelaba que la mitad de los encuestados estaban en contra de la presencia en Idlib y solo un 31 por ciento la apoyaban. En este sondeo, las mayores preocupaciones eran la economía y el desempleo.

Si el número de bajas crece, la popularidad de Erdogan se resentirá significativamente. Otro sondeo de febrero señala que el 50% de la población no tiene intención de votar al actual presidente en las próximas elecciones. Si Erdogan no resuelve el conflicto "rápidamente", como asegura que es su intención, su popularidad corre el riesgo de caer en picado.

El rampante nacionalismo ha suscitado incidentes racistas en varios lugares, incluido el pillaje de negocios regentados por refugiados sirios, y las palizas contra los mismos refugiados, como si estos, y no Erdogan, fueran responsables de la muerte de sus soldados. Las turbas también han amenazado algunas representaciones diplomáticas rusas en Turquía. Los críticos con la operación en Idlib en las redes sociales están siendo investigados por la policía.

Las críticas de la oposición contra Erdogan por aliarse con el imperialismo estadounidense son de lo más sangrantes si se tiene en cuenta que solo uno de cada cinco turcos simpatiza con Estados Unidos, en gran parte debido a la percepción de que Washington no condena las acciones del PKK kurdo y apoya al PKK en el norte de Siria.

Aunque esta opinión puede haber ayudado a Erdogan a acercarse a Rusia en el terreno militar y en el terreno económico en los últimos años, Siria se ha convertido en un hueso duro de roer puesto que los rusos aspiran a que el gobierno de Damasco extienda su soberanía en Idlib, algo a lo que Erdogan se opone frontalmente.

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El relator de la ONU para defensores de derechos humanos, Michel Forst

El relator especial concluye que Colombia sigue siendo el país con más defensores asesinados en América Latina

Colombia sigue siendo el país de América Latina donde se asesinan a más defensores de derechos humanos, “y las amenazas se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad”, asegura el relator especial de la ONU Michel Forst. El riesgo, además, ha aumentado en los tres años transcurridos desde la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC. Esas crudas conclusiones, que presentó este miércoles en su informe al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, han aumentado la ya elevada tensión entre el Gobierno de Iván Duque y Naciones Unidas.

Las personas en mayor riesgo son los líderes sociales “que defienden los derechos humanos en zonas rurales, en particular el acuerdo de paz, la tierra, los derechos de los pueblos étnicos y el medioambiente, frente a los intereses de actores estatales y no estatales, como empresas nacionales e internacionales y otros grupos de poder”, señala el informe. También apunta que carecen de un reconocimiento público positivo, y a pesar de las declaraciones en las que Duque valora su papel, “otros actores estatales y no estatales” los deslegitiman y criminalizan. Según el documento, los dirigentes políticos y funcionarios públicos, entre otros, estigmatizan a los activistas al tratarlos como “guerrilleros”, “terroristas”, “antidesarrollos” o “informantes”.

En un nuevo episodio de la encendida polémica que lo enfrenta a distintas oficinas de Naciones Unidas, el Gobierno rechazó “tajantemente estas graves e irresponsables afirmaciones”, pues asegura que Forst “no aporta suficiente sustento fáctico para soportarlas” y “desconoce información proporcionada por el Estado durante su visita”, de manera que sus observaciones “no reflejan fidedignamente la situación actual del país”.

Las conclusiones de Forst, formalmente el relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, se conocen apenas un día después de que la ministra del Interior, Alicia Arango, representante de los sectores más afines al expresidente Álvaro Uribe en el Gabinete, desató una nueva polémica al afirmar que en Colombia “mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos”. Una declaración que fue ampliamente interpretada como una manera de minimizar el problema del persistente asesinato de líderes sociales. Un total de 323 defensores de derechos humanos han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, a finales de 2016, de acuerdo con el informe.

La escalada de violencia contra los defensores de derechos humanos no ha tenido tregua. Al menos una treintena fueron asesinados entre enero y febrero y, en lo que va de este año, la Alta Comisionada de la ONU ha recibido 40 denuncias por asesinatos contra líderes sociales. En la tarde de este miércoles, por ejemplo, se conoció que fue asesinado en Cali un escolta de Leyner Palacios, un reconocido líder social. Amenazado de muerte por sus denuncias, Palacios ya se había tenido que desplazar a comienzos de año de su natal Bojayá.

La desmovilización de la extinta guerrilla de las FARC, hoy desarmada y convertida en un partido político, no trajo una presencia integral del Estado en las zonas que antes estaban bajo su control. En muchas regiones, los grupos armados ilegales –que incluyen a la guerrilla del ELN, disidencias que se apartaron del proceso de paz o bandas narcotraficantes– han copado el vacío. “Las personas defensoras que se oponen al control de estos grupos o a sus intereses defendiendo los derechos humanos y los acuerdos de paz, y en particular la sustitución de cultivos de coca, se han convertido en el blanco de los ataques”, advierte el relator. En esos entornos difíciles carecen de la protección efectiva del Estado. “El retraso y falta de determinación política y de designación de fondos suficientes” para implementar el acuerdo de paz “es sin duda una de las causas estructurales clave que mantienen la situación de riesgo de los defensores”, apunta.

“En vez de enfrentarse con el relator, el Gobierno debería fijar sus recomendaciones, como la de reafirmar su compromiso con el acuerdo de paz, priorizar su implementación, dotarlo de los recursos necesarios para ello y fortalecer los mecanismos de protección para personas defensoras”, ha manifestado Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, durante el espacio de comentarios en la sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

El relator visitó Colombia a finales de 2018, tres meses después de la posesión de Duque. Su documento se presenta una semana después de que el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, retratara la deteriorada situación de violencia en en el país. Ante esas observaciones, los sectores más radicales del Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por el expresidente Uribe, redoblaron sus ataques a la ONU e incluso pidieron expulsar la oficina de Bachelet. El propio Duque, que suele cultivar un perfil más moderado con respecto a su partido, consideró “una intromisión a la soberanía de Colombia” la sugerencia que contenía de acercar la policía a la órbita del Ministerio del Interior.

El informe de este miércoles ya venía precedido de controversia, pues Forst insinuó en declaraciones a medios colombianos que no pudo concretar una segunda visita, prevista para mediados del año pasado, por distintas trabas a su labor. Su enlace era el entonces consejero presidencial para los derechos humanos, Francisco Barbosa, un abogado cercano a Duque que fue elegido fiscal general de la nación. Ahora es, precisamente, el encargado de investigar los incesantes asesinatos de líderes sociales que han despertado el hastío de una sociedad ansiosa por pasar la página de la violencia.

La Cruz Roja confirma deterioro de la situación humanitaria

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) lo advirtió durante el 2019 y ahora, en el balance anual de la organización, lo confirma: “la situación humanitaria en Colombia se ha deteriorado”. Así lo subrayó Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR, quien explicó que en 2019 hubo un aumento de víctimas de artefactos explosivos y minas antipersona, persistió el desplazamiento forzado y se incrementó la práctica del confinamiento de poblaciones y los ataques a las misiones médicas, entre otros fenómenos que dificultan la vida de los campesinos en algunas regiones de Colombia.

“Nuestros equipos documentaron el año pasado 987 violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y otras normas humanitarias. La mayoría fueron graves hechos como amenazas, homicidios, actos de violencia sexual y reclutamiento de menores. La población civil sigue sufriendo las peores consecuencias del conflicto y la violencia armada y hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, las víctimas guardan silencio por temor a represalias. Vivir sin miedo es una deuda pendiente para Colombia”, dijo Harnisch.

Una de las mayores preocupaciones es que el uso de artefactos explosivos y minas antipersona causó una víctima diaria durante el año pasado. De acuerdo con sus cifras, se registraron 352 víctimas, de las cuales 159 corresponde a civiles. En 2018 fueron 220 las víctimas. El agravante es que los grupos armados que se han instalado en los lugares a los que no ha llegado el Estado tras el acuerdo de paz recurren al uso de explosivos improvisados de detonación controlada y no advierten a las comunidades.

Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas, durante el 2019 estos ataques produjeron el desplazamiento de 25.000 personas y el confinamiento de otras 27.600. Esta última es una práctica que se observó en regiones como Chocó, en el occidente de Colombia. “Hubo una ligera disminución del desplazamiento pero un aumento del confinamiento, lo que evidencia una profundización del conflicto armado”.

El CICR afirma que en Colombia existen al menos cinco conflictos armados no internacionales. “Uno entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) en El Catatumbo (frontera colombo-venezolana); el segundo entre el Gobierno y el ELN; otro entre el Gobierno y EPL; el cuarto, entre el Gobierno contra el grupo paramilitar Clan del Golfo; y el quinto, entre el Gobierno y las tres exestructuras del bloque oriental de las FARC que no se sumaron al proceso de paz”, explicó el delegado.

La fragmentación y existencia de tantos grupos hace que la situación humanitaria sea más compleja que en 2018. En ese contexto el CICR documentó 93 nuevos casos de desaparición. “Lamentablemente la desaparición no es un fenómeno de la historia pasada sino del presente”, agregó Harnisch sobre uno de los fenómenos que arrastra el país. Las estimaciones de Medicina Legal hablan de hasta 200.000 desaparecidos.

Bogotá - 04 Mar 2020 - 18:24COT

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Excombatientes talibanes entregan sus armas este domingo en Jalalabad. GUHLAMULLA HABIBI EFE

El presidente de Afganistán rechaza liberar a los milicianos prisioneros como precondición para el diálogo interno

El acuerdo de Estados Unidos con los talibanes ha encontrado este domingo su primer obstáculo. El presidente afgano, Ashraf Ghani, ha rechazado la cláusula que prevé la liberación de miembros de la guerrilla. “El Gobierno de Afganistán no se ha comprometido a liberar a 5.000 prisioneros talibanes”, ha declarado Ghani al día siguiente de asistir en Qatar a la firma de ese pacto, presentado como un primer paso para alcanzar una solución política en aquel país. No obstante, el presidente extiende la tregua que se respetó durante la semana pasada.

“Estados Unidos carece de autoridad para dejar en libertad a los prisioneros, esa es una prerrogativa que corresponde al Gobierno de Afganistán”, ha subrayado Ghani durante una conferencia de prensa de la que se ha hecho eco la web afgana ToloNews. Es tan solo la segunda vez que el presidente comparece ante los medios en sus cinco años de mandato.

Según los términos del acuerdo, “Estados Unidos se compromete a trabajar con todas las partes implicadas para la liberación de los presos políticos y combatientes”. El texto prevé que hasta 5.000 talibanes encarcelados serán liberados a cambio de un millar de presos del lado gubernamental antes del 10 de marzo, para facilitar el inicio del diálogo interafgano. Pero Ghani rechaza que esa medida se considere una precondición y defiende que debe ser parte de las conversaciones con los talibanes.

“Un acuerdo que se alcanza a puerta cerrada va a tener problemas básicos en su ejecución desde mañana mismo”, añadió el presidente afgano en una poco velada crítica a la ausencia de su Gobierno en las negociaciones que llevaron al pacto. Pero los talibanes siguen sin reconocer la legitimidad del Gobierno de Kabul, lo que ha obligado a Estados Unidos a hacer equilibrios para contar con la participación de éste y ofrecer la imagen de que va a incorporarse en una segunda fase.

Previo a la firma del acuerdo de EE UU con la guerrilla, un comunicado conjunto afgano-estadounidense anunció los planes de reducción de tropas, presentándolos dentro de un marco bilateral. Sin embargo, el asunto del intercambio de presos aparecía de forma mucho más ambigua: “La República Islámica de Afganistán participará en un debate facilitado por Estados Unidos con representantes talibanes sobre medidas de fomento de la confianza, que incluirá la posibilidad de liberar a un número significativo de prisioneros de ambos lados”.

Las objeciones del presidente pueden muy bien ser una mera táctica para hacerse valer ante el diálogo interafgano que debe empezar ahora y en el que la participación del Gobierno no está clara. El enviado estadounidense Zalmay Khalilzad, ha mencionado una delegación “incluyente” con “importantes figuras del Gobierno, responsables clave de partidos políticos, miembros de la sociedad civil y mujeres” para hablar con los talibanes.

El Gobierno querría determinar los participantes. Sin embargo, el rifirrafe que Ghani mantiene con su principal rival, Abdullah Abdullah, que le disputa el resultado de las últimas elecciones presidenciales, dificulta formar el equipo. En principio, solo tras el lanzamiento de esas conversaciones, empezará la retirada de las tropas estadounidenses que es lo que buscan tanto Washington como la guerrilla.

De momento, el presidente afgano ha dicho que, por su parte, “la reducción de la violencia va a continuar con el objetivo de alcanzar un alto el fuego definitivo”. Kabul ha informado a los talibanes a través del general Scott Miller, jefe de las fuerzas norteamericanas en Afganistán. La guerrilla aún no se ha manifestado al respecto. La víspera el responsable político del grupo, Mohammad Abbas Stanikzai, declaró a ToloNews que el alto el fuego llegará una vez que se acuerde el Gobierno interino (de transición) y dio a entender que seguirían atacando a las fuerzas afganas, aunque mantendrían la tregua con Estados Unidos.

Dubái 1 MAR 2020 - 11:14 COT

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Estados Unidos y los talibanes llegaron a un histórico acuerdo de paz

El acuerdo prevé la retirada de la mitad del contingente estadounidense en Afganistán. Aunque la firma en sí misma es un hito histórico, todavía queda por delante un largo proceso de negociaciones entre los talibanes y el gobierno de Kabul.

Estados Unidos y los talibanes firmarán este sábado un histórico acuerdo de paz que allana el camino para el fin de una guerra que lleva casi dos décadas. El acuerdo prevé la retirada de la mitad del contingente estadounidense en Afganistán. A cambio, los talibanes deberán garantizar que el territorio afgano no será utilizado para atacar a otros países. Aunque la firma del convenio es un hito histórico, todavía queda por delante un largo proceso de negociaciones entre los talibanes y el Gobierno de Kabul.

Observadores y representantes de diferentes países, además de organizaciones internacionales, están invitados a asistir el sábado a Doha, la capital de Qatar, donde se celebra el acuerdo. Para poder llegar a este punto Estados Unidos y los talibanes pusieron como condición previa una reducción de la violencia. Los últimos siete días fueron la gran prueba de fuego para el grupo fundado por el mullah Omar, cuyo régimen (1996-2001) cayó con la invasión de Estados Unidos. La administración de Bush en esos momentos ardía ante la insistencia talibana de no entregar al fundador de la red integrista Al Qaeda, Osama bin Laden.

A la medianoche del viernes se cumplió el plazo establecido para la disminución de las acciones violentas. Varios dirigentes afganos remarcaron que el objetivo se había cumplido de manera significativa. Esa pretendía ser la prueba del compromiso de los rebeldes con la paz, así como de su autoridad sobre los diferentes comandantes que operan en el terreno.

La comunidad internacional recibió la noticia con gran entusiasmo y muchas expectativas. Sin embargo algunos se mostraron cautos ya que todavía falta un acuerdo entre los insurgentes y el gobierno afgano, que fue excluido del diálogo con Estados Unidos. Las relaciones de fuerzas en Afganistán funcionan en base a las sinergias entre sus grupos tribales.

Por el momento, poco se conoce del texto que se firmará en la capital qatarí. Sin embargo, el representante especial de Estados Unidos para la paz, Zalmay Khalilzad, reveló un detalle importante: el pacto prevé la retirada en 135 días de 5.000 de los alrededor de 12.000 efectivos que Washington tiene desplegados en Afganistán. Según los insurgentes, el acuerdo supondrá también la liberación de unos 5.000 de sus prisioneros y la de un millar de miembros de las fuerzas de seguridad afganas.

De esta forma culminan las negociaciones que comenzaron el 12 de octubre de 2018 y que fueron guardadas celosamente de flashes y micrófonos. El inicio y finalización de cada ronda de diálogos en el golfo Pérsico fue anunciando sobre la hora. Aun así, no faltaron obstáculos y sustos durante el proceso de negociación. El pasado septiembre, el presidente norteamericano, Donald Trump, canceló abruptamente los encuentros en respuesta a un atentado en Kabul en el que murió un soldado estadounidense. El proceso recién se retomó a fines de noviembre tras una visita del mandatario a Afganistán.

Ahora será el turno del ejecutivo afgano de sentarse a la mesa de diálogo con los talibanes. Y no llegan de la mejor manera. El presidente Ashraf Ghani fue recientemente declarado ganador de las elecciones por segunda legislatura consecutiva. Sin embargo el segundo candidato más votado, Abdullah Abdullah, se negó a acatar los resultados. Otro asunto que podría complicar el proceso entre el gobierno y los insurgentes es la formación del equipo negociador. Por el momento el ejecutivo no ofreció detalles sobre sus posibles miembros. Eso encendió la alarma entre partidos y políticos del país asiático. Temen que se trate de una delegación escogida de forma unilateral y que no incluya una representación amplia del espectro político.

Para Estados Unidos la guerra en Afganistán fue la más cara desde la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que los distintos gobiernos gastaron casi 1 billón de dólares en el enfrentamiento bélico. Según cifras actualizadas en junio pasado, desde el inicio de la intervención militar en 2001 el Congreso de Estados Unidos aprobó 975.000 millones de dólares de fondos para Operaciones de Contingencia. Pero el número es aún mayor si a esto se agrega el incremento de los presupuestos del Departamento de Defensa, que asciende a unos 250.000 millones de dólares desde 2001. A su vez, los gastos del Departamento de Asuntos de los Veteranos suman cerca de 50.000 millones.

Estados Unidos financió la guerra casi enteramente tomando deuda. Eso aumentó su déficit fiscal, la deuda externa y causó impactos macroeconómicos, como el alza en las tasas de interés. A diferencia de otras guerras anteriores, la mayor parte de las familias estadounidenses no se vieron afectadas por la guerra en Afganistán. No hubo reclutamientos forzosos ni nuevos impuestos para pagar el conflicto.

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Crece la tensión en Siria tras la muerte de 33 soldados turcos

Fuerzas sirias y rusas atacaron a rebeldes apoyados por Turquía

Los bombardeos tuvieron lugar en Idlib, al noroeste de Siria, último bastión de los rebeldes al gobierno de Bashar al Assad. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan respondió atacando objetivos militares sirios.

Al menos 33 soldados turcos murieron y otros 32 resultaron heridos en bombardeos del Ejército sirio en la provincia de Idlib ubicada al noroeste de Siria. Fuerzas sirias y rusas llevan adelante una ofensiva conjunta contra rebeldes que son apoyados por Turquía. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan respondió a los bombardeos con ataques contra objetivos militares sirios. Horas más tarde conversó con su par ruso Vladimir Putin para poner paños fríos a la situación. No se descarta una reunión entre ambos en los próximos días.

Idlib es el último bastión rebelde dentro de Siria. La provincia es controlada por insurgentes islamistas apoyados por el Ejército turco. Los bombardeos llegaron tras semanas de creciente tensión entre Turquía, el único miembro musulmán de la OTAN, y Rusia, que apoya militarmente desde 2011 al gobierno sirio del presidente Bashar al Assad en la guerra contra los grupos rebeldes. Se trata de la mayor cifra de soldados turcos muertos en un solo día desde que Turquía intervino por primera vez en la guerra  Siria en 2016.

El canciller ruso, Serguei Lavrov, dio sus condolencias a Turquía por la muerte de los soldados y remarcó que la tragedia podría haberse evitado si Turquía proporcionara la ubicación de sus tropas. Lavrov informó que siempre están en contacto pero que en esta ocasión Turquía no les había informado que sus soldados estaban en la zona de fuego sirio, mezclados con los insurgentes islamistas de Idlib. "Tan pronto como esto quedó claro, le pedimos al gobierno sirio que hiciera una pausa en la acción militar e hiciera todo lo posible para garantizar la evacuación de los heridos y permitir el traslado de los soldados muertos al territorio turco", agregó el canciller.

Sin embargo, el ministro de Defensa turco, Huluso Akar, rechazó la justificación rusa. “Durante este ataque no había grupos armados (rebeldes) alrededor de las unidades turcas”, sostuvo el ministro. Ankara sostiene que Rusia sabía dónde estaban apostadas las tropas turcas. El encargado de Defensa informó que los ataques continuaron después de que los soldados notificaran al personal ruso que estaban siendo bombardeados.

Luego de conocer la información sobre las muertes, Erdogan convocó a su gabinete en una reunión de emergencia. Asistieron los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores, así como el jefe de inteligencia y los comandantes militares. El principal asesor de prensa de la presidencia, Fahrettin Altun, dijo que allí se decidió atacar las posiciones conocidas de las tropas sirias por aire y tierra como represalia. Altun pidió a la comunidad internacional que cumpla con sus responsabilidades para poner fin a la violencia en Idlib. Además hizo referencia a los crimenes de lesa humanidad del gobierno sirio.

Turquía también informó que no va a seguir reteniendo a los refugiados que quieran llegar a la Unión Europea (UE). Esto generó que cientos de migrantes se dirijan a las fronteras entre Turquía y Grecia. En respuesta al anuncio turco, el gobierno griego cerró uno de sus pasos fronterizos con Turquía. También empezó los preparativos para redoblar la vigilancia en el mar Egeo, a lo largo de la frontera entre las numerosas islas griegas y la cercana costa oeste de Turquía. Por su parte, Rusia envió dos buques de guerra equipados con misiles crucero hacia las costas sirias en el Mar Mediterráneo, informó la agencia de noticias rusa Interfax.

Tras conocerse la muerte de los soldados turcos Putin y Erdogan dialogaron telefónicamente. "Se expresó una seria preocupación por la escalada de tensiones en Idlib que provocó numerosas bajas, incluso entre los militares turcos", informó el Kremlin en un comunicado sobre la conversación entre los mandatarios. La nota agregó que ambos líderes estuvieron de acuerdo en la necesidad de tomar medidas adicionales para distender la situación. También mencionaron la posibilidad de reunirse cara a cara para discutir las medidas.

El canciller ruso dijo que la conversación entre los presidentes estuvo centrada en la implementación del acuerdo de alto el fuego al que se había llegado en 2018. "La conversación fue detallada y dedicada a la necesidad de hacer todo lo necesario para implementar los acuerdos sobre Idlib'', precisó Lavrov. El arreglo se había roto luego de que ambos países se acusaran mutuamente de violar sus términos. Turquía exige que las fuerzas sirias que operan en Idlib se replieguen a las líneas del alto el fuego de 2018. Rusia dice que los acuerdos se malograron debido a los continuos ataques de los rebeldes islamistas apoyados por Turquía. "Pero debemos comenzar a implementar esos objetivos. Durante medio año no se ha hecho nada. El ejército sirio tiene todo el derecho de reaccionar ante las constantes violaciones", agregó el canciller ruso.

Horas más tarde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,y su par turco,  Erdogan, hicieron un llamado conjunto a Rusia y Siria para que detengan su ofensiva militar en la región de Idlib, informó en un comunicado la Casa Blanca.

Con las muertes de ayer, al menos 54 soldados turcos murieron solo este mes como parte de los intentos de Turquía de frenar la ofensiva sirio-rusa en Idlib. Los ataques vienen provocando una verdadera catástrofe humanitaria. Más de 950.000 personas tuvieron que dejar sus casas para huir de la violencia. Según la ONU, este es el mayor éxodo forzoso de desplazados en casi nueve años de guerra en Siria.

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El Salvador aprueba una ley de reconciliación rechazada por las víctimas de la guerra civil

La legislación reduce las penas de prisión a quienes hayan cometido crímenes de guerra y conmuta las de los condenados que sufran problemas de “salud”

A toda y prisa y a puerta cerrada los partidos de derecha con representación en la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobaron la noche del miércoles en una sesión extraordinaria una ley de reconciliación que es vista por las víctimas de la guerra civil que desangró a este país como una puerta abierta a la impunidad. La legislación reduce hasta en un 75% las penas a quienes confiesen haber cometido crímenes durante el conflicto y pidan perdón, a la vez que permite a los jueces conmutar las condenas cuando se alegue problemas de salud o edad. Organismos internacionales han rechazado la nueva ley, que, dicen, es un retroceso importante en el camino de este país centroamericano para lograr justicia para las víctimas de una sangría que dejó más de 70.000 muertos según organizaciones de derechos humanos.

La guerra civil se extendió de 1980 a 1992 y dejó algunos de los capítulos más terribles de vejaciones en el continente americano. Entre ellos destaca la matanza de El Mozote de 1981, cuando soldados del Batallón Atlácatl del Ejército salvadoreño asesinaron a al menos 986 personas en una operación que tenía como objetivo arrasar con la guerrilla izquierdista que combatía a la dictadura militar. Desde los acuerdos de paz firmados a inicios de los años noventa, las víctimas del conflicto han exigido una respuesta del Gobierno salvadoreño. “Lo que ha pasado es muy grave para toda la sociedad y nos causa mucho dolor”, dice a EL PAÍS Amanda Castro, cuyos padres fueron desaparecidos durante el conflicto.

Castro forma parte del Colectivo Vidas, conformado por supervivientes y familiares de víctimas de la guerra, y no esconde su enojo por la decisión de los diputados salvadoreños. Sus padres eran jóvenes estudiantes universitarios que se involucraron dentro de organizaciones de la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El padre, Jorge Enrique Jiménez fue desaparecido en agosto de 1981 junto a otros nueve compañeros, en Honduras, por integrantes del Ejército de ese país. La madre, Lisbeth Castro, fue capturada en una estación de autobuses cuando se dirigía a la Universidad Nacional. Más tarde hombres de civiles y fuertemente armados la llevaron, con signos de tortura, a la casa familiar, donde realizaron un cateo. Luego Lisbeth fue desaparecida. Amanda tenía 14 meses. "Desde entonces estamos buscando justicia y no ha sido posible hallarla", dice.

La noche del miércoles el FMLN, ahora convertido en partido político de oposición, se abstuvo de votar por la legislación, que fue aprobada sin consultas. “Pero tampoco mostró una posición clara a favor de las víctimas”, acota Castro. “Su posición es pueril. Los diputados del FMLN también son cómplices”.

Entre los partidos que votaron la ley está la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fundada en 1981 por Roberto d'Aubuisson, militar a cargo de los denominados Escuadrones de la muerte que sembraron el terror durante la guerra. La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) había advertido el 25 de febrero que la legislación podría significar una “restricción del derecho a la justicia” y una “prescripción de facto para crímenes que, por su naturaleza y definición, son imprescriptibles”. Para el organismo, la conmutación de las penas “propicia la impunidad”.

El presidente Nayib Bukele, que hace dos semanas se enfrentó al Parlamento por la negación de este a votar un préstamo internacional para financiar su estrategia contra la violencia, anunció que vetará la ley. Las víctimas, sin embargo, tampoco confían en el controvertido mandatario. “Si el presidente veta la ley es importante, pero un presidente que tiene toda una práctica autoritaria y militarista. Tampoco es garantía de nada. Vamos a seguir luchando para que haya verdadera justicia”, dice Castro. Su esperanza, afirma, es que la Sala Constitucional del Supremo “se pronuncie con fuerza sobre esta ley que es un pacto de impunidad.”

Por Carlos Salinas Maldonado

México 27 FEB 2020 - 15:55 COT

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Una vez destruidos los cuerpos y los tejidos sociales hay que destruir la memoria de las víctimas

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó, luego de haber conmemorado los 15 años de la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005, acto de memoria en el cual nos acompañaron varias representaciones diplomáticas de Europa y Naciones Unidas y grupos solidarios de Colombia, y de haber sentido nuevamente el ambiente viciado que se respira en el largo y tortuoso camino hacia las veredas de Mulatos y La Resbalosa, queremos compartir con el país y el mundo las preocupaciones que nos asedian.

En primer lugar, revivir el dolor de aquella barbarie, como lo hacemos cada año, en lugar de acercarnos cada vez más hacia el olvido, tiene más bien el efecto contrario. Quince años después, cuando la menor intensidad de las lágrimas enturbia menos la visión y permite percibir con mayor nitidez las estructuras actoras del crimen, el sufrimiento se acrecienta al comprobar que continuamos bajo los mismos poderes perversos que en ese momento perpetraron tantos horrores. En estos años ha habido ciertamente victimarios de bajo rango arrepentidos, que han entregado confesiones escalofriantes a los órganos de la justicia transicional, pero esas mismas confesiones y la manera como esos organismos de supuesta “justicia” han recibido sus relatos, nos dejan aún más angustiados. A través de esos relatos queda claro que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, junto con su entorno de jerarquías castrenses, paramilitares y empresariales, que actuaban y siguen actuando en estrecha coordinación, se inventaron la leyenda de que nuestra naciente Comunidad de Paz era una “guarida de guerrilleros”, y con esa convicción, apoyada en falsos y perversos testimonios, encendieron los ánimos de pistoleros fanatizados, sedientos de sangre y de dinero fácil, para destruir una comunidad de campesinos empobrecidos y enemigos de toda violencia que rehusábamos ponernos al servicio de un Estado corrupto, violento y criminal, que consolidaba cada vez más su carácter elitista, excluyente  y opresor.

En los 23 años transcurridos desde nuestra primera Declaración pública como Comunidad de Paz, el Estado y sus pistoleros legales e ilegales, abierta o clandestinamente fusionados, han perpetrado 1500 crímenes de lesa humanidad cuya relación detallada reposa en tribunales internacionales. Y quizás lo más aterrador es la ausencia total de justicia, pues la impunidad absoluta cubre con desvergüenza todos los horrores sufridos. El único crimen que se aventuró por los túneles del aparato judicial colombiano, fue justamente el de la masacre del 21 de febrero de 2005, y ello por el trabajo de abogados y partes civiles solidarias, pues ya desde antes, para nuestra Comunidad, la justicia colombiana no gozaba de la más mínima credibilidad, por lo cual no participamos como Parte Civil. Pero ese expediente se convirtió en el monumento más evidente y vergonzoso de la impunidad. Tanto la primera como la segunda instancia concluyeron absolviendo a los criminales dentro de un total irrespeto y burla a toda norma procesal. Llevado finalmente a demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia, gracias a un trabajo de juristas honestos e ilustrados, 10 de los victimarios fueron condenados a más de tres décadas de prisión cada uno, pero en ese momento la Jurisdicción Especial para la Paz, fruto del degradado y envilecido “Acuerdo de Paz”, les tendió la mano para colmarlos de privilegios, en violación flagrante de la misma Ley Estatutaria de la JEP. Así las instituciones judiciales exhibieron, en este caso, su más alto nivel de podredumbre

Este 15° aniversario de una de las masacres más horrendas que han tratado de aniquilarnos como Comunidad de Paz, ha estado contextuado por una campaña de MEMORICIDIO. Desde hace más de un año, la perversa articulación entre gobierno nacional y local, fuerza pública, paramilitarismo y juntas de acción comunal, ha orquestado varias campañas para bloquear los santuarios de la memoria que nuestra Comunidad de Paz ha ido construyendo. Siempre se alega, como pretexto, que el gobierno les ha ofrecido algún proyecto y que no lo pueden despreciar, aunque para realizarlo sea necesario destruir los santuarios de la memoria de las víctimas.

En la ALDEA LUIS EDUARDO GUERRA de la vereda Mulatos Medio, la campaña para que nuestra Comunidad abandone ese lugar, donde fue sacrificado nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra y miembros de su familia el 21 de febrero de 2005, lleva ya varios años. Han recurrido incluso a la amenaza armada y en un momento dado nos quisieron hacer creer que la orden de desalojo venía de la Mesa de Negociaciones de las FARC en La Habana, hasta que las mismas FARC desmintieron la versión y sancionaron al supuesto guerrillero que citaba a “negociar” con armas en mano. Luego la Junta de Acción Comunal tomó el relevo de la amenaza, alegando condiciones de la Alcaldía de Apartadó para la donación de una escuela. Actualmente, pasando por encima de todas nuestras denuncias y protestas, han descargado numerosos bultos de arena y de cemento para construir a las malas unas supuestas aulas escolares, en el lugar menos indicado para una institución educativa. Lo importante para ellos es borrar la memoria de nuestras víctimas y lo quieren hacer pisoteando los principios de la Comunidad: han pretendido implantar allí ventas de licor, juegos de azar, competencias y peleas de gallos, es decir, diversiones que embrutecen y arrasan con los valores de sana convivencia.

Algo similar ha ocurrido en la vereda La Unión, donde el 8 de junio de 2000 el ejército con sus paramilitares ejecutó a 6 de nuestros líderes de la manera más cruel. En el mismo sitio donde quedaron sus cuerpos ensangrentados, nuestra Comunidad construyó un memorial físico lleno de simbolismos. Ahora la Junta de Acción Comunal amenaza con destruir el monumento, alegando que la Alcaldía les ha prometido construirles una placa polideportiva en el mismo sitio, lo que para ellos es prioritario, expresando al tiempo el desprecio absoluto por la memoria de los mártires.

Lo que más nos duele en todas estas controversias es que nuestra sociedad civil ha ido perdiendo o perdió ya del todo sus valores éticos. La memoria de las víctimas ya no tiene carácter sagrado. Lo que tiene carácter sagrado son las migajas de ayudas financieras que el Estado nacional o local les ofrece; o quizás lo más sagrado sea la relación politiquera con los poderes de turno; o quizás lo más sagrado sea el deporte que educa en la competitividad, que es el alma de las sociedades neoliberales insensibles a los problemas sociales pues sacralizan el triunfo egoísta de uno sobre los demás; o quizás lo más sagrado seas los espacios donde se cumplen los rituales de una educación que transmite valores elitistas y antisociales y enseña a someterse con servilismo a lo que se presenta como las últimas modas o tecnologías creadas por los modernos imperios.

Pero para poder pisotear los valores éticos, las diversas autoridades y sus secuaces han tenido que volverle la espalda a las mismas normas legales que el Estado ha redactado y promulgado, quizás bajo la presión de los organismos humanitarios internacionales. En efecto, en el Decreto 1800 de 2011 (decreto reglamentario de la Ley de Víctimas), el mismo gobierno de entonces estableció normas muy claras en defensa de la MEMORIA HISTÓRICA, que ahora violan los alcaldes, la fuerza pública, los paramilitares y las juntas comunales en sus campañas de Memoricidio.

En su artículo 170, dicho decreto define la reparación simbólica como “los actos o las obras de repercusión pública dirigidos a la construcción o recuperación de la memoria histórica, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y la reconstrucción del tejido social”.  Por ello ordena que los órganos del Estado concierten con las víctimas el tipo de medidas y “el lugar en el cual se deben ejecutar” (art. 171).  Incluso en el artículo 184 se ordena al Comité creado para ello que debe “coordinar actos conmemorativos en los que se acepte, reconozca y repudie las conductas que involucran graves violaciones a los derechos humanos … y pedir perdón público a las víctimas (…) actos que deben realizarse preferiblemente en el lugar donde acontecieron los hechos victimizantes, donde se encuentran las víctimas afectadas por los hechos que se reconocen o en el lugar reconocido por las mismas víctimas como escenario de vulneración de sus derechos” (art. 184, parágrafo 1)

El artículo 186 afirma, además: “La memoria histórica es patrimonio público (…) El Centro de Memoria Histórica apoyará iniciativas públicas y privadas que autónoma e independientemente aporten a su reconstrucción en perspectiva de consolidación de garantías de no repetición, de reconciliación y de sostenibilidad del legado de los emprendimientos sociales de las víctimas”.  Por eso el artículo siguiente (187) ordena: “las autoridades públicas no censurarán los resultados de los procesos de memoria histórica construidos en el marco de la Ley 1448/11 y cumplirán con su deber de memoria histórica”.

Al referirse a los sujetos de reparación colectiva, el mismo decreto en su artículo 223 los define como: “grupos y organizaciones sociales, sindicales y políticas y las comunidades que hayan sufrido daños colectivos en los términos del artículo 3 de la Ley 1448/11”. A ellos se refiere el artículo 225 al señalar como objetivos del programa de reparación colectiva éstos: “reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados. Las acciones del programa deben orientarse a la vinculación de las medidas de reparación con el reconocimiento de las víctimas, las violaciones y los impactos y daños en ellos producidos (…) a la reconstrucción del tejido social y cultural de los sujetos colectivos (…) a la construcción de memoria histórica como aporte al derecho a la verdad del que son titulares los sujetos de reparación colectiva”.

También en el Decreto 303 de 2015, enfocado al problema de las desapariciones forzadas, el artículo 53 establece que el Gobierno Nacional declare como SANTUARIO DE LA MEMORIA “el lugar donde se presuma la existencia de cuerpos o restos de las personas desaparecidas forzadamente, incluyendo los que por sus condiciones geográficas y topográficas resulte imposible realizar exhumaciones”.  En esos sitios se erigirán monumentos en honor a los desaparecidos. Dicho decreto establece además que: el Gobierno Nacional por medio de varias de sus instituciones, los familiares de las víctimas y la comunidad, “definirán las características del monumento que se erigirá en honor a las víctimas de desaparición forzada en los lugares declarados como Santuarios de la Memoria, que tenga como propósito devolver la dignidad a las personas desaparecidas y promover acciones que cumplan con el deber de recordar”.

En el artículo 55 del mismo Decreto se prohíbe “intervenir o alterar las condiciones de los Santuarios de la Memoria, salvo en los casos en que sea necesario para realizar actividades de localización o exhumación de cuerpos o restos humanos. El incumplimiento de esta disposición acarreará las sanciones previstas en la legislación penal vigente”.

Cualquiera percibe que, si la sola sospecha de que en esa zona pueda estar sepultado el cuerpo de un desaparecido lleva a una declaratoria del lugar como “Santuario de la Memoria”, con mucha mayor razón, según el espíritu de esta ley, los lugares donde hay certeza de que allí fueron sacrificadas las víctimas tienen que ser declarados SANTUARIOS DE LA MEMORIA y no podrán ser alterados sino para dignificar más la memoria de las víctimas.

Este recuento de normas que supuestamente están vigentes, nos muestra claramente el nivel de ignorancia o voluntario desconocimiento y desacato que las mismas autoridades tienen respecto a ellas. Esto no nos extraña, pues durante más de 10 años hemos experimentado cómo la Corte Constitucional le ha dado órdenes perentorias al Presidente, a los Ministros de Defensa, a los comandantes militares, exigiéndoles que nos entreguen los nombres de quienes estaban en los lugares y fechas de los crímenes más atroces y todos han desacatado esas órdenes, una y otra vez, de manera contumaz, y sin embargo siguen afirmando que “este es un Estado de Derecho”. Lo que niegan rotundamente con sus procedimientos.

Cuando nos desplazamos a la vereda Mulatos para la conmemoración del 15° aniversario de la masacre, los paramilitares con sus espías o “puntos” nos siguieron por todas partes. Pudimos comprobar una vez más que la región sigue bajo control paramilitar estricto gracias a la tolerancia y aquiescencia, activa y pasiva, de todas las instituciones del Estado. Sin embargo, las autoridades siguen afirmando que “el paramilitarismo no existe”. La hipocresía y capacidad de mentira de nuestro Estado no tiene límites. Así, el pasado  28 de septiembre, cuando el Comandante de la Brigada XVII, Coronel Carlos Padilla, presidió un supuesto acto de desagravio, ordenado por un tribunal, dirigido a los familiares de las víctimas de la masacre del 21 de febrero de 2005, no reconoció la enorme criminalidad del ejército en ese crimen y en todos los demás centenares de crímenes de su contexto, y afirmó: “Doy fe de que el ejército continuará con la firme convicción de mantener y garantizar las condiciones de libertad y democracia que todos ustedes como pueblo colombiano nos demandan”.  Una ceguera profunda y un cinismo sin límites le impidió reconocer que nunca han garantizado condiciones de libertad y democracia sino todos sus contrarios: han garantizado genocidio, asesinatos, desapariciones, torturas, violaciones, detenciones arbitrarias y perversas, bombardeos, saqueos, incineración de viviendas y cultivos, desplazamientos, asaltos a mano armada, robos, calumnias, campañas de difamación y estigmatización etc. Por añadidura, calificó a las víctimas de tan atroz terrorismo de Estado como “víctimas del conflicto armado”, como olvidando que justamente las victimizaron por definirse como absolutamente ajenas al conflicto armado.

En las últimas semanas se vienen divulgando panfletos que pretenden ocultar o negar de antemano la responsabilidad de los paramilitares en los crímenes anunciados. Se dice que el ELN ha llegado a la zona, lo cual no es muy creíble, y que otras disidencias de las guerrillas se están enfrentando en la zona. Incluso en la noche del 18 de febrero hubo disparos en el caserío de San José bajo el pretexto de ahuyentar a alguna unidad del ELN. Todo muestra que los paramilitares están buscando crear fantasmas para atribuirles sus próximas acciones violentas y desviar la atención de ellos mismos.

Nuestra Comunidad de Paz quiere expresar nuevamente su gratitud a todas las personas, grupos y comunidades que desde muchos rincones de Colombia y de otros países nos apoyan con su fuerza moral y que en estos días se han manifestado de manera muy especial, recordando la masacre del 21 de febrero de 2005, conscientes de que para nuestra Comunidad es una herida que nunca se sana. A ellas y ellos nuestros agradecimientos sinceros.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Febrero 25 de 2020

Publicado enColombia
"No necesitamos una tercera revolución en los métodos de hacer una guerra." Imagen: EFE

Entrevista a la Premio Nobel de la Paz en 1997 por su lucha contra las minas antipersonales

A horas de su llegada a Buenos Aires para participar de la "Campaña para Detener a los Robots Asesinos", Williams repudia al presidente Donald Trump y remarca la importancia del movimiento feminista en el mundo.

 

Su libro autobiográfico, "My name is Jody Williams", fue traducido al español con el particular título de "La hippie que llegó a ser Nobel de la Paz". A la ganadora del prestigioso premio en 1997 por su militancia contra el uso de minas antipersonales no le molesta esa definición. Al contrario, la reivindica: "Si ser hippie quiere decir ser una activista informal e incapaz de decir palabras bonitas solamente para caerle bien a otros, entonces sí, soy una hippie".

Jody Williams nació el 9 de octubre de 1959 en Brattleboro, pequeño pueblo del estado de Vermont, Estados Unidos. Se formó en Relaciones Internacionales, pero las mejores experiencias las vivió en su recorrida como voluntaria por países de América Central. A horas de llegar al país para participar de la "Campaña para Detener a los Robots Asesinos", Williams dialogó con Página/12. A lo largo de la entrevista, revela la importancia de la guerra de Vietnam en la elección de su vida militante, manifiesta su rechazo hacia el presidente Donald Trump y remarca la importancia de que el movimiento feminista siga creciendo a nivel mundial.

-En su autobiografía de 2013, usted dice que la religión ocupó un lugar importante en su vida.

- Mi abuela maternal nació en Italia y crecí en una casa católica y sí, eso fue una parte importante de mi infancia y de mi juventud. Pero la iglesia no podía o no quería contestar preguntas difíciles y siempre decía que teníamos que aceptar cosas inexplicables por fe. Yo no creo en esa idea de fe. No acepté no tener respuestas a mis preguntas. Soy espiritual, pero no creo en el Dios de la iglesia.

- ¿La guerra de Vietnam significó un quiebre a la hora de elegir su vocación?

- Mi experiencia con Vietnam fue algo que me abrió los ojos en cuanto a la historia de los Estados Unidos. Aprendí que el país no es un país pacífico, sino uno de lo más intervencionistas en la historia. Vietnam me dio ganas de intentar buscar un camino para influir en la política externa del país.

- Usted trabajó en distintos países de Centroamérica como voluntaria. ¿Cómo recuerda esa experiencia? 

- Allí aprendí lo que es ser activista. Entendí que el trabajo avanza por nosotros, no por mí. O sea, una persona solita no cambia el mundo para beneficio de todos. Para lograr eso, es necesario trabajar con otros con la misma visión y determinación de hacer de la visión una realidad. Después de mi labor humanitaria en la región, empecé a trabajar en la campaña antiminas.

- La llevo al momento en que usted recibió el Nobel en 1997 por su lucha contra las minas antipersonales y las bombas de racimo. ¿Cómo se enteró que había ganado?

- Estaba con mi novio (ahora esposo) Steve Goose y mi familia en Vermont. Steve y yo nos conocimos en la campaña antiminas. El nueve de octubre es mi cumpleaños y habíamos ido a Vermont para festejarlo. El diez de octubre hacen el anuncio del Nobel de la Paz. ¡Fue un regalo inesperado! Y me costó procesarlo, porque sigo siendo introvertida por naturaleza.

- Ha sido muy crítica del Premio Nobel de la Paz otorgado a Barack Obama en 2009. ¿Cómo se explica que haya recibido ese premio?

- Obama mismo sabía y sabe que no merecía ese premio. No hizo más que sentarse a esperar un mundo sin armas nucleares, pero luego procedió a modernizarlas. Una total hipocresía. Creo que el Comité del Nobel estaba tan feliz de ver algo diferente de George W. Bush en el poder, que se dejó llevar. Pero no se dieron cuenta de que iban en la dirección equivocada.

- Usted se unió a otras mujeres ganadoras del Premio Nobel, entre ellas la guatemalteca Rigoberta Menchú, para trabajar por la paz. ¿Cómo surgió la idea?

- En 2005, nos dimos cuenta de que eramos varias mujeres que habíamos conquistado el Nobel de la Paz. Entonces decidimos juntarnos y usar la influencia y poder del Nobel para apoyar a organizaciones de mujeres en zonas de conflicto. Trabajamos para hacer un mundo con paz sostenible, y ya llevamos casi quince años de trabajo exitoso.

- El feminismo como movimiento no para de crecer en el mundo. ¿Cuáles son los principales desafíos que observa en la actualidad?

- Lamentablemente, los desafíos siguen siendo esencialmente los mismos en todo el mundo. Los hombres controlan la mayor parte del poder, y parecen creer que el poder es de alguna manera finito. Y si las mujeres tienen algún poder, eso significará que los hombres tendrán menos poder. Es un razonamiento absurdo.

- En Argentina existe una fuerte campaña para que el Congreso apruebe el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ¿Está a favor del derecho a abortar?

- Absolutamente. Las mujeres debemos tener control sobre las decisiones que nos afectan. Eso quiere decir control sobre nuestros cuerpos, nuestro dinero, nuestras vidas. Yo no voy a obligar a otra mujer a tener un aborto. Pero al mismo tiempo, no quiero que otra gente me diga que no puedo tomar esa decisión. Me indigna que los hombres crean que tienen ese derecho.

- El año electoral arrancó con fuerza en Estados Unidos. Usted nació en Vermont, estado por el cual Bernie Sanders es senador. ¿Le genera alguna esperanza su precandidatura demócrata?

- En este momento es el líder del espacio demócrata. Sinceramente, mi esperanza más grande es vivir la derrota de Trump en las elecciones de noviembre.

- ¿Pero cree que Trump puede ser vencido en las presidenciales del próximo tres de noviembre?

- Siempre ha tenido presunciones de ser un rey. Con los resultados del impeachment en el Senado parece que de veras cree que es el rey. Creo que puede ser vencido, pero también creo que puede ganar y si es horrible hoy, no puedo imaginarlo si ganara en noviembre.

- Sus críticas hacia el presidente parecen ir en línea con lo que llama "excepcionalismo estadounidense".

- Todo el mundo ya sabe que los gringos se creen los dueños del mundo y eso proviene de la creencia de que el país y su gente, los blancos obviamente, son excepcionales en el mundo. Por eso, todo lo que hace Estados Unidos contribuye al bienestar de todo el mundo, incluso cuando el mundo no se da cuenta de eso...

Este miércoles 26 de febrero a partir de las 10:30 horas, en el Auditorio del Centro Cultural de la Ciencia, Williams brindará una conferencia en Buenos Aires como parte de la Campaña para Detener a los Robots Asesinos junto a la directora de la división Armas de Human Rights Watch, Mary Wareham, la ingeniera de software, Laura Nolan, la investigadora del CONICET, Vanina Martínez, y la Coordinadora de la Red de Seguridad Humana en Latinoamérica y el Caribe, María Pía Devoto.

- ¿Cómo podría explicarle a los habitantes de la región, no habituados a ese tipo de discusiones, cuál es la importancia de frenar la actividad de estos robots asesinos?

- Desde la Campaña nos preocupa pensar que las armas autónomas decidirían quién vive y quién muere, sin intervención humana, algo que cruza los límites morales. El mundo ya es lo suficientemente peligroso. No necesitamos una tercera revolución en los métodos de hacer una guerra. Y menos cuando serían guerras impredecibles, ya que los seres humanos quedarían fuera de decidir quién vive y quién muere. Sería un desarrollo completamente asqueroso.

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