La UE redobla sus esfuerzos en Defensa para reducir su dependencia de EEUU

Los líderes europeos decidirán en 2020 cuánto músculo dan a su incipiente fondo para la defensa, con la idea de aumentar el perfil militar de Europa: “La UE tiene que aprender a usar el lenguaje del poder”, ha llegado a decir Josep Borrell, nuevo jefe de la diplomacia comunitaria.

Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, la salida del Reino Unido de la UE, la guerra de Siria, la situación de descontrol en Libia… Si hay algo que define al mundo del último lustro es la subida de tono y las fricciones diplomáticas. Y, por si fuera poco, cada vez es más fuerte la presión de Donald Trump para que los países europeos aumenten su gasto en defensa y alcancen el 2% del PIB acordado entre los países de la OTAN.

En este clima de desconfianza mundial los líderes europeos, encabezados por el presidente francés, Emmanuel Macron, están mostrando una voluntad cada vez mayor de coordinar esfuerzos militares. Su idea es independizarse, al menos en parte, de la protección americana y conseguir que Europa tenga mayor músculo militar por sí sola.

Así buscan tener mayor presencia en las zonas conflictivas cercanas al continente, como Malí o Libia, y otras como los Balcanes no conflictivas pero claves en el tablero de influencia mundial. Tal es la voluntad de subir el tono diplomático en Bruselas que la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le ha dado el sobrenombre de “Comisión geopolítica” a su Ejecutivo, tras tomar posesión el pasado 1 de diciembre.

2020, clave para el fondo de defensa europeo

El año 2020 puede determinar hasta qué punto los líderes van en serio o si la integración militar europea se queda en algo menor. El principal caballo de batalla será el presupuesto del nuevo Fondo Europeo para la Defensa, en marcha desde 2017 en fase piloto, pero cuyo tamaño a largo plazo se decidirá en los próximos meses.

Las intenciones del anterior presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, eran de que el fondo recibiera 13.000 millones de euros para el período 2021-2027. Sin embargo, los planes de los Estados parecen mucho más conservadores: en el último borrador de los presupuestos a largo plazo de la UE proponen que la partida sea de 6.000 millones de euros. Si no hay contratiempos, la cantidad final se decidirá antes del fin de 2020.

¿Por qué una diferencia tan grande en las cantidades? Quizá la principal razón sea el brexit, que dejará un ‘agujero’ de unos 10.000 millones de euros anuales en las cuentas de Bruselas… y no hay muchos voluntarios para cubrir ese hueco. Con ese telón de fondo, el espacio para nuevas iniciativas será muy reducido, así que el dinero extra para lo militar puede suponer el fin de otras partidas.

Los fondos irían destinados a la financiación de proyectos de investigación y desarrollo para fines militares en los que colaboren empresas de diferentes países de la UE. El ejemplo que Borrell y los técnicos de la Comisión ponen a menudo es que los países europeos tienen 17 modelos de tanque mientras que Estados Unidos tiene solo uno. 

Pero el tamaño de los subsidios a la industria armamentística podría ser aún mayor. Los Estados podrán poner dinero adicional para los proyectos de desarrollo en que estén interesados, con lo que el presupuesto final de ese fondo para la Defensa podría llegar aumentar hasta 51.000 millones, según las cifras que se manejan en estos momentos.

Es más, la Comisión Europea ha creado un departamento específico de Defensa, Industria y Espacio que se encargará en parte de coordinar el desarrollo de este fondo. En su ambición por desarrollar una industria militar europea, Macron ha conseguido colocar a su comisario Thierry Breton en la supervisión de ese departamento. Breton es el exdirector ejecutivo de Atos, una de las principales multinacionales europeas en el desarrollo de servicios tecnológicos en campos como la ciberseguridad, o los servicios financieros, pero también en la industria aeroespacial y la defensa. Su nombramiento ya provocó muchas críticas en el Parlamento Europeo, sobre todo desde la izquierda.

Más artillería para la ‘fortaleza’

Pero la cooperación militar va a ir más allá del Fondo para la Defensa. El otro proyecto estrella es PESCO, una colaboración de los Estados en temas militares, en la que participan todos los países de la Unión, excepto Reino Unido, Dinamarca y Malta.

Los ministros europeos activaron este instrumento en 2017, que estaba previsto en el Tratado de Lisboa que entró en vigor en 2009 pero que se mantenía congelado. “Es hora de despertar a la Bella Durmiente”, dijo Juncker con ocasión de su activación. Tres años más tarde, hay 47 proyectos en marcha dentro de PESCO para temas como formación militar, desarrollo de armamento y tecnología punta.

PESCO se considera el embrión para la creación de una especie de ejército europeo, algo que despierta recelos en Washington, que desconfía de que la UE busque crear una alianza propia independiente de la OTAN. Macron ha recalcado que no se trata de una nueva alianza que compita con la alianza transatlántica sino que es “complementaria”.

La guinda en el pastel de la creciente colaboración militar en la UE es el control de las fronteras, cada vez más férreo. La agencia Frontex seguirá con su expansión anual: en 2020 recibirá 411 millones de euros, un 23% más que en 2019, y 20 veces más que en su primer presupuesto de 2015. La UE pretende desplegar 10.000 agentes de Frontex para 2027.

¿Hacia un “verdadero” ejército europeo?

La retórica de defensa ha empapado el discurso de Von der Leyen desde el primer instante tras su designación como presidenta de la Comisión. Un ejemplo es su carta dirigida al nuevo jefe de la diplomacia europea, el exministro español Josep Borrell, en la que describía sus prioridades para el mandato: “Debemos tomar pasos más audaces en los próximos cinco años hacia una genuina Unión Europea de la Defensa”, escribía.

Borrell recogía el guante, anunciando que su intención es que en los próximos años Europa invierta más dinero en desarrollo militar conjunto. “La UE tiene que aprender a usar el lenguaje del poder”, llegó a decir durante su examen de confirmación ante la Eurocámara.

La retórica de Borrell va en la línea del discurso de Macron, cuya entrevista en The Economist  en la que dice que la OTAN en “muerte cerebral” ha sido la comidilla en los pasillos de los gobiernos y parlamentos de todo el mundo. La canciller alemana, Angela Merkel, ha respaldado el discurso de Macron, aunque es sabido que en Berlín son más reticentes a aumentar el gasto militar y que prefieren optar por desarrollar herramientas diplomáticas de paz. Aun así, el año pasado Merkel llegó a decir en el Parlamento Europeo que deberían barajar la idea de que un día tengamos “un verdadero ejército europeo”. “Los tiempos en que podíamos depender de otros han terminado”, concluía.

¿Quiere decir esto que caminamos hacia un ejército europeo? Pese a las campanas, no parece que vayamos a ver soldados bajo bandera europea ni a corto ni medio plazo. Lo que en Bruselas se interpreta es que Borrell y Von der Leyen buscan aumentar la colaboración de las capitales en materia de defensa, pero que de ahí a que veamos soldados bajo la bandera europea va un gran trecho. En cualquier caso el año 2020 será determinante en esa aspiración: dependerá en gran parte de cuántos recursos dedique Europa al desarrollo de armamento conjunto para la defensa de la ‘fortaleza’.

29/12/2019 08:52 Actualizado: 29/12/2019 08:52

IVO ALHO CABRALO

 @IvoAlhoCabral

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El Paramilitarismo busca servirse de las juntas comunales e implantar el Memoricidio

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve nuevamente en la necesidad de recurrir al país y al mundo para denunciar las graves violaciones a sus derechos fundamentales de que ha sido víctima en los últimos meses.

Al igual que los gobiernos anteriores, el Presidente Duque ha optado también por la política de brazos caídos y oídos sordos frente al paramilitarismo. A pesar de haber recibido voluminosos documentos que le demuestran la continuidad de políticas de Estado de complicidad, connivencia, tolerancia y mucho más frente a millares de crímenes perpetrados por estructuras armadas cuya relación con el Estado ha sido puesta en evidencia ya por numerosas sentencias de tribunales nacionales e internacionales, prefiere callar y no actuar para seguirles dejando las manos libres.

El paramilitarismo en Urabá pasó de períodos en que actuaba adjunto a la fuerza pública a la luz del día sin ningún pudor, a períodos de separación coordinada, acompañada de un intenso negacionismo, afirmando todas las instituciones que “el paramilitarismo no existe” mientras todo el mundo los ve actuar dentro de los mismos parámetros políticos y criminales de siempre. Ahora parecen entrar en un nuevo período en el cual la cooptación de las juntas de acción comunal les sirve de camuflaje, pues descargan en ellas la ejecución de sus decisiones, prohibiéndoles delatar sus estrechas relaciones. Ya las más atrevidas políticas contra la población campesina y contra sus valores ancestrales aparecen como “decisiones democráticas” de las juntas de acción comunal, aunque todo el mundo sabe que son órdenes del paramilitarismo recibidas a su vez del alto gobierno. Oponerse a esas decisiones puede traer graves consecuencias y los miembros honestos de las juntas lo saben muy bien y por eso prefieren callar y someterse.

Dentro de esta nueva estrategia, a las juntas de acción comunal se les ha encargado gestionar el MEMORICIDIO, o sea el exterminio de la memoria histórica. Nuestra Comunidad está sufriendo ahora las amenazas de destrucción de los monumentos de memoria que señalan los lugares sagrados donde fueron sacrificados nuestros líderes con altos grados de sevicia por parte de militares y paramilitares. Ahora son, pues, las juntas comunales las que bloquean o quieren exterminar la memoria, cumpliendo órdenes perversas de los poderes vigentes. Era difícil imaginar que se podría llegar a esa ignominia, pero lamentablemente ya es un hecho.

Los hechos que queremos poner en conocimiento del país y del mundo son los siguientes:

En la última semana de octubre de 2019, el ex militante de las FARC-EP y ahora integrante de la estructura paramilitar con presencia en el Cerro de Chontalito, conocido como “Pablo”, participó en una fiesta en la vereda Cabecera de Mulatos y allí quiso asesinar a un joven de la zona a quien persiguió con un arma; cuando el joven se le escapó, él lo buscó por diversas viviendas para darle muerte. Cuando la Junta de Acción Comunal abordó el caso, consideró que no podían arreglar el problema con alias “Pablo” sino que debían comunicarse con alias “René”, también ex militante de las FARC-EP y quien ahora ejerce la comandancia del paramilitarismo en la zona de San José de Apartadó.

El sábado 2 de noviembre de 2019, en la vereda La Esperanza una tropa del ejército ingresó a una vivienda donde sólo estaban los niños, pues los padres habían salido a trabajar. Cuando uno de los niños observó que ellos llevaban un radio, les dijo que ese radio era igual al de su papá y fue y sacó el de su papá para mostrárselo. Los militares comprobaron que en realidad era un radio de su institución, lo que confirmaba que el jefe de ese hogar era un espía o “punto” paramilitar. Los militares regresaron a esa vivienda en la tarde cuando el señor regresó de su trabajo y departieron amigablemente con él como colegas.

En la primera semana de noviembre de 2019, en un sitio aledaño al centro urbano de San José de Apartadó fue citado un joven del caserío por paramilitares; al llegar fue amenazado de muerte acusándolo de robo y drogadicción. El joven no aceptó la acusación de robo y afirmó que si consumía droga era con su dinero. El hecho es demostrativo del tipo de “justicia” de facto que pretenden implantar los paramilitares en la región.

El sábado 9 de noviembre de 2019, el ex militante de las FARC-EP y ahora integrante de la estructura paramilitar con presencia en el Cerro de Chontalito, conocido como “Pablo”, llegó hasta la Bodega de comercialización del cacao en San Josesito, acompañado por otros integrantes de la estructura paramilitar y permaneció un tiempo en sus alrededores en actitud de espionaje.

En la segunda semana de diciembre de 2019, la Comunidad de Paz recibió informaciones según las cuales alias “Pablo”, ex integrante de las FARC-EP y ahora integrante con mando importante en la estructura paramilitar, se desplazó a la vereda de Saiza, del municipio de Tierralta, del departamento de Córdoba, a dar un curso sobre explosivos a la estructura paramilitar de dicha zona.

El viernes 13 de diciembre de 2019, varios integrantes de la Comunidad de Paz quienes se desplazaban por el camino que conduce del caserío de San José a la vereda La Unión, encontraron sobre el camino un panfleto manuscrito en el cual se incitaba a “dar muerte a los sapos”, refiriéndose a los denunciantes. La molestia y furia con que los paramilitares se refieren a las denuncias de sus acciones es algo ya muy conocido en la región, así como su acusación permanente a la Comunidad de Paz de denunciar ante el mundo todas las agresiones criminales de los actores armados y las violaciones a los derechos humanos y atentados contra la dignidad humana.

El miércoles 18 de diciembre de 2019, algunas juntas de acción comunal de la zona convocaron a una reunión de pobladores en la vereda La Esperanza para transmitir la orden de los paramilitares de obligar a todos los pobladores a pagarles impuestos ilegales de 10.000,oo (diez mil pesos) por cada hectárea de tierra que posean.

En el mes de diciembre de 2019 se han intensificado los anuncios, por parte de juntas de acción comunal de la zona, impulsadas por estructuras paramilitares que les imparten directrices, de destruir construcciones realizadas por la Comunidad de Paz en sitios sagrados de memoria de sus víctimas. Desde hace un tiempo la Comunidad de Paz ha venido construyendo un monumento – memoria de la masacre perpetrada por el ejército y los paramilitares el 8 de julio de 2000 en la vereda La Unión. Por su parte, la junta de acción comunal de dicha vereda ha amenazado reiteradamente con destruir el memorial, alegando que el gobierno les ha ofrecido construir en ese mismo sitio una placa poli-deportiva. Esto coincide, en su estrategia, con las presiones de la junta de acción comunal de la vereda Mulatos Medio, la cual ha querido apoderarse violentamente de la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, donde la Comunidad hace presencia desde hace 15 años y ha construido una capilla en el sitio sagrado donde fue masacrado Luis Eduardo con su compañera y su hijo de 10 años. En ese mismo sitio la junta de acción comunal alega que el Estado les ofrece construir una escuela y una caseta de venta de licores, precisamente allí y no en otro sitio. No cabe duda de que estas amenazas coincidentes revelan una política estatal de memoricidio, como afán de borrar la memoria de las víctimas y de los crímenes de Estado.

En otros países, el negacionismo y el memoricidio se desarrollan en períodos de posconflicto y de posviolencia, cuando la memoria busca exigir que se tomen medidas de corrección y de no repetición. En Colombia esas perversas estrategias coinciden con la continuidad de los crímenes, pues mientras los paramilitares, brazo armado ilegal del Estado, tratan de bloquear la memoria valiéndose de las juntas de acción comunal, esos mismo paramilitares continúan exterminando el liderazgo social del país y matando a los combatientes desmovilizados.

Otra labor destacada de las juntas de acción comunal en los últimos meses ha sido la recolección de firmas en favor de las empresas transnacionales orientales (Coreanas y Chinas) que ya están diseñando la explotación del carbón y de varios metales, comenzando por el corregimiento de Nuevo Antioquia (Turbo) y avanzando por las veredas de San José de Apartadó. Igualmente promueven la presentación de hojas de vida para ser contratados por esas empresas, como solución al problema del desempleo. Es profundamente lamentables que el Estado quiera apoyarse en necesidades básicas insatisfechas de la población campesina para involucrarla en un modelo económico basado en la destrucción definitiva de recursos naturales no renovables, explotación que daña y envenena radicalmente el medio ambiente.

Una vez más agradecemos a las numerosas comunidades y personas que desde muchos lugares del país y del mundo mantienen en alto nuestra moral de resistencia y nuestros ideales de un mundo menos inhumano que el que vivimos. Al mismo tiempo les deseamos que el año que va a comenzar sea una nueva oportunidad de unir fuerzas entre todos los sectores del mundo que se apoyan en principios éticos humanitarios con el fin de avanzar en la construcción de la justicia, la solidaridad y la paz entre los vivientes.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Diciembre 26 de 2019

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Viernes, 27 Diciembre 2019 06:14

Cruces de Trump con Rusia por ataques en Siria

Un hombre evacúa a una víctima de un bombardeo en Maaret Al-Noman, provincia de Idlib. Imagen: AFP

El presidente de EE.UU. acusó a Putin, Irán y al régimen de Asad de bombardeos indiscriminados

Desde el 16 de diciembre, las fuerzas del presidente sirio Bashar al Asad, con el apoyo de la fuerza aérea rusa, han intensificado sus bombardeos sobre la región de Idlib. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este jueves a los gobiernos de Rusia, Siria e Irán que detengan la violencia contra civiles en la provincia siria de Idlib, controlada por los rebeldes. "Rusia, Siria e Irán están matando, o en camino a matar, a miles de civiles inocentes" en ese territorio del noroeste sirio dominado por los yihadistas, tuiteó Trump. "¡No lo hagan! Turquía está trabajando duro para detener esa matanza", agregó.

Desde el 16 de diciembre, las fuerzas del presidente sirio Bashar al Asad, con el apoyo de la fuerza aérea rusa, han intensificado sus bombardeos sobre la región y los combates en tierra contra los yihadistas y rebeldes, a pesar de un alto el fuego anunciado en agosto. Alrededor de 80 civiles fueron asesinados en la nueva escalada, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que estima que más de 40.000 personas han sido desplazadas.

Ankara dijo el martes que está en conversaciones con Moscú para asegurar un nuevo alto el fuego en Idlib, y pidió el fin inmediato de los ataques. El portavoz presidencial turco Ibrahim Kalin dijo que Ankara estaba presionando por un nuevo alto el fuego para reemplazar un acuerdo alcanzado en agosto. Francia también pidió un retroceso inmediato de las acciones, acusando a Damasco y sus aliados rusos e iraníes de "empeorar la crisis humanitaria".

En un comunicado esta semana, el ejército sirio dijo que se había apoderado 320 kilómetros cuadrados de sus enemigos en los últimos días. Además, ha prometido continuar su puja hasta recuperar Idlib, pidiendo a los civiles que salgan de las áreas bajo control yihadista. La región de Idlib está dominada por yihadistas del grupo Hayat Tahrir al Cham (HTS), exaliado de Al Qaida, y otros movimientos rebeldes.

El líder del grupo instó a los yihadistas y los rebeldes aliados a dirigirse al frente y luchar contra "los ocupantes rusos" y el régimen. Su campaña "feroz" "requiere que hagamos más esfuerzos", dijo el martes el líder de HTS, Abu Mohammed al Jolani, en un comunicado. 

Idlib alberga a unos tres millones de personas, incluidos muchos desplazados por años de violencia en otras partes del país. El régimen, que ahora controla más del 70% del territorio sirio, ha dicho repetidamente que está decidido a reconquistar Idlib.

La escalada de violencia se produce después de que Rusia y China vetaran el viernes una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que habría extendido por un año las entregas de ayuda transfronteriza a cuatro millones de sirios, muchos de ellos en Idlib. La medida aumentó los temores de que la asistencia vital financiada por la ONU podría dejar de ingresar desde enero a las partes de Siria controladas por la oposición, salvo que se alcance un acuerdo alternativo.

La asesora humanitaria de Naciones Unidas para Siria, Najat Rochdi, expresó la semana pasada su preocupación por la escalada de violencia en Idlib y pidió a todas las partes el cese inmediato de estas tensiones para proteger tanto a la población civil como las infraestructuras básicas.

Rochdi condenó la intensificación de los combates y, en particular, el aumento de los ataques aéreos y el supuesto uso de "barriles bomba". Decenas de civiles habrían perdido la vida como consecuencia de estas acciones, entre ellos numerosos niños, según la estimación de Naciones Unidas.

"A pesar de las reiteradas garantías de que las partes enfrentadas solo atacarán objetivos militares legítimos, persisten los ataques contra instalaciones médicas y educativas", lamentó Rochdi en un comunicado. "Las operaciones antiterroristas no pueden invalidar las responsabilidades para proteger a los civiles" subrayó.

El Gobierno de Siria ha defendido que la ofensiva en Idlib es parte de su lucha contra el terrorismo en el país. La guerra de Siria ha matado a más de 370.000 personas y ha desplazado a millones desde 2011 con la brutal represión de las protestas antigubernamentales.

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Matanza de líderes, la peor crisis humanitaria

 

“La mayor tragedia humanitaria de Colombia es la violencia contra líderes sociales, que se ha traducido en centenares de asesinatos en los últimos tres años”: Rodrigo Uprimny.

 

Según el Consejero mayor de la ONIC, desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el fin del Gobierno Santos fueron asesinados 66 líderes indígenas; desde el inicio del Gobierno Duque hasta hoy han sido asesinados 134 [1].

Por su parte el Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reporta que en el 2019 han asesinado 234 líderes y defensores, 167 corresponden a indígenas, negros, campesinos y ambientalistas, dedicados a defender el territorio y la implementación de los Acuerdos entre las FARC y el Gobierno, y 176 excombatientes y 42 familiares; 20 intentos de asesinato y 13 desapariciones forzadas [2].

El informe elaborado por el Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP) “Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz” [3], muestra que entre 2012 y julio de 2019 han sido criminalizados 249 líderes, 74 por ciento de estas judicializaciones son por rechazar el impacto ambiental de las empresas extractoras de recursos naturales.

Para el CSPP la judicialización y estigmatización de defensores y líderes sociales obedece al favorecimiento que le da el Estado a las empresas nacionales y trasnacionales; este Informe registra que 117 empresas tienen 365 convenios de cooperación con el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, ¿Es posible ser imparcial en estas condiciones?

Los Departamentos que más convenios tienen con las empresas son Antioquia 60, Meta 34, Casanare 30, Santander 29, Cesar 28 y Putumayo 25; Departamentos donde están el 35,7 por ciento de los Títulos Mineros que existen en el país y el 46 por ciento de las zonas donde se realiza exploración y explotación de pozos petroleros, a su vez en estas zonas se registra el 58 por ciento de judicializaciones a defensores y líderes sociales.

Otro acuerdo que no se cumplirá

Colombia es el segundo país más peligro para los defensores ambientales , según informe de Global Witness en 2018, con 83 asesinatos; más de la mitad del total reportado por la ONG que registró 164 asesinatos en todo el mundo [4].

Iván Duque firmó el 12 de diciembre el Acuerdo Escazú, en el que hacen parte 21 países de Latinoamérica y el Caribe, cuyo propósito es proteger los protocolos para la protección ambiental y especialmente de los líderes que velan por el territorio.

El Acuerdo Escazú se enfoca en que los defensores tengan acceso a la información de proyectos que involucran el medio ambiente; sin embargo, el Gobierno guarda silencio frente a proyectos como la protección del páramo Santurbán y la ejecución de proyectos pilotos de fracking.

El día de los DDHH, represión y matanza

Jimmy Alberto Pacué de 24 años, comunero indígena del resguardo de Jambaló. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), informó que fue asesinado el 8 de diciembre en Caloto, mientras se desplazaba con su esposa y su hijo recién nacido.

El 10 de diciembre en Bogotá entre la Universidad Nacional y el Centro de Memoria, 17 personas entre ellos personal de la Primera Línea, fueron golpeadas y reprimidas con disparos de gases por parte del ESMAD; igualmente agentes de la fuerza pública secuestraron en carros particulares a María Fernanda Pérez y Harold Rodríguez, el joven fue brutalmente agredido y la joven fue liberada por la presión solidaria de la ciudadanía.

Heriberto Úsuga , campesino reclamante de tierras; el 12 de diciembre fue atacado por sicarios del Clan del Golfo, quienes le disparando cuando se encontraba en una finca ubicada en el corregimiento de Macondo en Turbo, Antioquia.

Luis Carlos Hernández Santiago de 42 años, representante de la Mesa Departamental de Participación de Víctimas y excandidato al Concejo de Curumaní, Cesar; fue asesinado el 12 de diciembre cuando se dirigía a la vereda Los Ranchos.

Humberto Londoño , coordinador del Comité de Conciliación en la vereda El Socorro, en el área de Cañón de Iglesias, hacía parte de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (ASOCBAC); fue asesinado el 6 de diciembre en la vía que comunica a Tarazá con la vereda La Caucana.

Manuel Antonio González Vuelvas, ex combatiente de las FARC que hacía parte de un proyecto ganadero colectivo y residía en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), Román Ruiz; fue asesinado el 13 de diciembre en la vía de Ituango a la vereda Santa Lucía.

Notas:

[1] El derecho a defender derechos. Rodrigo Uprimny. El Espectador, 15-12-2019.

[2] https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1205833102158958592?s=20

[3] [CSPP Informe: Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz. 2019 https://bit.ly/2RT3Qha

[4] https://www.globalwitness.org/es/campaigns/environmental-activists/enemigos-del-estado/

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licenc

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Trump anuncia oficialmente la creación de la Fuerza Espacial de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció oficialmente la creación de la Fuerza Espacial durante la ceremonia de firma del presupuesto de Defensa.

"Hoy marcamos un hito histórico, al inaugurar oficialmente una nueva rama de nuestras Fuerzas Armadas. Es un momento muy grande e importante. Se llama Fuerza Espacial", dijo durante la ceremonia trasmitida por Fox News.

 

Asimismo anunció que la nueva fuerza tendrá al frente al general de la Fuerza Aérea John Raymond.

El año que viene, la Fuerza Espacial tendrá un presupuesto de 40 millones de dólares y una plantilla de 200 personas.

Por su parte, la secretaria de la Fuerza Aérea de EEUU, Barbara Barett, dijo que el nuevo servicio es pequeño para los estándares del Departamento de Defensa, con unos 16.000 miembros de la Fuerza Aérea (entre efectivos y empleados civiles) para comenzar.

"Serán efectivamente la Fuerza Espacial con carácter inmediato", declaró Barrett, citada por el Pentágono.

La creación de la Fuerza Espacial fue ordenada por el presidente en diciembre de 2018.

Donald Trump ratificó la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA por su sigla en inglés) de 738.000 millones de dólares que incluye sanciones contra el gasoducto Nord Stream 2, Turquía y Siria, junto con otras medidas.

La ley impone sanciones a los gasoductos Nord Stream 2 y TurkStream, y prohíbe la cooperación militar con Rusia.

La norma también sanciona a Turquía por la adquisición de los sistemas de defensa aérea S-400 de Rusia y prohíbe la transferencia de aviones F-35 a Ankara.

Además, incluye 71.500 millones de dólares para guerras en curso en el exterior u "operaciones de contingencia en el extranjero".

La NDAA incluye otras medidas para "contrarrestar" a Rusia en Europa del Este, como prohibir que Estados Unidos reconozca la reincorporación de Crimea a Rusia, aumentando los fondos para la Iniciativa de Defensa Europea, con 734.3 millones adicionales, para la construcción militar y la guerra antisubmarina.

El presupuesto militar también apoya la extensión del Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III) desde su fecha de finalización en febrero de 2021 hasta febrero de 2026, de conformidad con la ley. Asimismo, exige que el presidente determine e informe al Congreso si Rusia viola el tratado.

Además, la ley establece que EEUU debe reemplazar el Tratado START con otro acuerdo de control de armas que garantice iguales o mayores restricciones, transparencia y verificación de las fuerzas nucleares de Rusia.

La NDAA también prevé más pruebas de los sistemas de defensa antimisiles, y apoya los esfuerzos para desarrollar armamento hipersónico para mediados de los años 2020.

Según la norma, el Departamento de Defensa, en el plazo de 120 días después de la entrada en vigor de la NDAA, deberá presentar al Congreso un informe sobre la asistencia militar proporcionada a países africanos por Rusia o cualquier contratista de seguridad privada con sede en Rusia.

También requiere un análisis de cualquier supuesta desinformación y propaganda rusa en países africanos que puedan suponer un riesgo para los intereses estadounidenses en la región. El documento señala igualmente la necesidad de desarrollar un plan para "contrarrestar las actividades desestabilizadoras rusas" en África.

La ley exige informar sobre las ventas de armas en África que puedan violar los embargos de armas impuestos por la ONU, especialmente en Sudán del Sur, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana.

La NDAA renueva la asistencia militar por 300 millones de dólares para Ucrania, que incluye 100 millones en armas. Además, amplía los tipos de ayuda que Ucrania puede recibir, incluidos los misiles de crucero de defensa costera y los misiles antibuque.

El documento incluye una disposición para imponer sanciones a las tropas del Gobierno sirio por presuntos crímenes de guerra cometidos durante el conflicto civil en la República Árabe.

También requiere la elaboración de informes sobre amenazas que puedan provenir de China y proclama que el Congreso apoya inequívocamente a Hong Kong.

04:10 21.12.2019(actualizada a las 10:07 21.12.2019)URL corto

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 Claudia García, directora del Instituto de Medicina Legal colombiano. INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL

Claudia García, directora del Instituto de Medicina Legal de Colombia, coordina los trabajos de exhumación de cuerpos sin identificar

 

Las víctimas en el centro. Estuvieron en el vórtice del dolor del conflicto armado colombiano y hoy deben estar en la primera línea. También en la búsqueda de sus familiares desaparecidos como sucede, por ejemplo, en el cementerio de Dabeiba, a menos de 200 kilómetros de Medellín. Este es el propósito del Instituto de Medicina Legal, que trabaja en ese municipio del departamento de Antioquia junto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal nacido de los acuerdos entre el Estado y las FARC que busca esclarecer y juzgar las tropelías de la guerra. El reflejo de ese dolor se encuentra ahora en una fosa común en la que las autoridades tratan de identificar desde hace semanas decenas de civiles asesinados por militares. Víctimas de un sistema perverso de ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos, planeadas para mejorar resultados y perpetradas a mediados de la pasada década a cambio de permisos o premios.

Claudia García lleva 24 años en el instituto forense y el pasado febrero asumió las riendas de ese organismo público en un momento decisivo para la transición de Colombia hacia la convivencia. El operativo de Dabeiba, que las víctimas consideran esperanzador, no tiene precedentes y es un ejemplo de los intentos de cerrar las heridas del pasado. "Ese trabajo comienza hace unas semanas, cuando los magistrados de la JEP se comunican con el Instituto de Medicina Legal para informarles de la existencia de esta información en la fosa, en donde hay posibles casos de ejecuciones extrajudiciales. En la primera fase de acompañamiento, asesoramos a la unidad de investigaciones y acusaciones para el momento de las exhumaciones. Una vez en campo, recibimos 14 casos y en este momento recibimos 17 en total", explica García en conversación telefónica con EL PAÍS. 

El instituto trabaja con un equipo de médicos, antropólogos, odontólogos y expertos en balísticos que se trasladaron desde Bogotá para comenzar a estudiar los casos en su sede de Medellín. "La primera fase", continúa esta cirujana especialista en medicina forense, "es una necropsia médico legal completa en donde el objetivo es establecer el número de individuos que hay en estos 17 casos que recibimos, porque no necesariamente pueden ser 17 cuerpos, pueden ser más o menos". Hacia la tercera semana de enero, explica, ofrecerán el primer informe, sobre todo para cumplir su compromiso con las víctimas.

Esta semana la directora de Medicina Legal dio a conocer una cifra aterradora. En Colombia faltan alrededor de 200.000 cuerpos por exhumar e identificar. García explica que se trata de una estimación, pero es a partir de ese cálculo que las autoridades tienen que buscar a los desaparecidos durante más de medio siglo de guerra. "Si partimos del número de cementerios que tiene nuestro país, pensando en que al menos hay uno, a veces dos por cada uno de los municipios. Pensando en el número de cuerpos que han sido inhumados en el transcurso de todo los años de conflicto, los que han pasado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y permanecen en condición de no identificados, los que pasaron por el sector salud, y si sumamos la existencia de fosas clandestinas, el estimativo es que los desaparecidos debemos buscarlos entre 200.000 cuerpos que están inhumados en estas circunstancias". Un trabajo titánico que requiere, explica, de mayores recursos.

"Valoro todo lo que el instituto ha construido en sus 105 años de historia, creo que tiene una experiencia única, desafortunadamente hemos aprendido de la violencia. Tenemos la experiencia, tenemos la tecnología, tenemos la infraestructura, pero necesitamos un apoyo del Gobierno nacional frente a los recursos. Porque la búsqueda no va a durar uno, dos años, ni siquiera los 20 años que tiene la Unidad de Búsqueda. Va a durar muchos años, pasaré yo por este instituto y pasarán muchos otros directores y directoras antes de que logremos encontrar todos los desparecidos. Entonces, hay que fortalecer la institucionalidad", defiende Claudia García.

Esta forense cree que tanto las instituciones como la sociedad colombiana "han aprendido de las familias de las víctimas". "Nos han enseñado que con perseverancia se logran muchas cosas, que la perseverancia es la que realmente se requiere este país para poder buscar desaparecidos. Las mujeres buscadoras nunca han desfallecido incluso cuando las instituciones les hemos cerrado las puertas. Han logrado que las reconozcamos y que entendamos que es con ellas, con las familias de las víctimas, con esas mujeres buscadoras, que debemos mejorar lo que hasta ahora hemos hecho. Tenemos muchísimas cosas por mejorar, pero lo fundamental y que estamos liderando desde el instituto es que el trabajo se haga de mano de las víctimas", enfatiza. El enfoque de trabajo con los familiares pasa por el derecho a conocer la verdad, el derecho a la información y el derecho al trato digno.

García relata que aprendió "a través del dolor de las víctimas cosas fundamentales como poder reconocer que la desaparición es lo peor que le puede pasar a un ser un humano y a una familia". "Por eso, tengo un total compromiso con las víctimas para la búsqueda de los desaparecidos", prosigue. "Todo este dolor que ha sentido el país y al que nos enfrentamos día a día los funcionarios lo único tiene que ser es fortalecernos para realmente uno, dejar memoria en los jóvenes. Las personas jóvenes no conocen la historia de este país y hay que dejársela viva para que no la repitan. Y lo otro es lograr unirnos como país para que logremos que no haya repetición y además logremos una reparación real de las víctimas. He aprendido que las víctimas son las que están más dispuestas a perdonar y repararse y el Estado les debemos a ellas todos los mecanismos para que logren esa reparación".

Po FRANCESCO MANETTO

Bogotá 18 DIC 2019 - 22:38 COT

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Miércoles, 18 Diciembre 2019 06:39

La OTAN, fracturada en su 70 aniversari

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, durante un discurso pronunciado después de la juramentación de su nuevo gabinete, en una ceremonia efectuada en Ottawa el 20 de noviembre pasado.Foto Afp

El aniversario 70 de la anacrónica OTAN fue un sonoro fracaso que expuso su inherente fragmentación cuando ya no sabe qué nuevo enemigo seleccionar entre China, Rusia o el etéreo "terrorismo". Dos de sus principales baluartes exitosos durante la guerra fría fueron el thatcherismo y el reaganomics que orillaron a la disolución de la URSS gracias a la legendaria candidez del locuaz Gorbachov, quien fue mejor publicitando pizzas y la tarjeta American Express, que como mandatario de una superpotencia.

Hoy en la fase del "nacionalismo económico" del Brexit/trumponomics, que sustituye a la burbuja especulativa del thatcherismo/reaganomics del falleciente neoliberalismo global y/o globalismo financierista, la OTAN exhibe sus profundas fracturas, su falta de rumbo y quizá hasta su irrelevancia.

El británico Patrick Cockburn, considerado uno de los mejores analistas de su país con justa razón, aduce que los "historiadores del futuro escogerán 2019 como el año decisivo en el declive de EU y Gran Bretaña (GB) como potencias mundiales" y arguye que el “reinado de GB como superpotencia mundial concluyó gracias al Brexit (https://bit.ly/2LB6fJb)”. Cockburn juzga que "este giro geopolítico viene exactamente un siglo después del Tratado de Versalles de 1919, cuando EU y GB se encontraban en el pináculo de su poder para determinar el destino de los países tras la Primera Guerra Mundial". Agrega que "ambos, Obama y Trump, reconocen que la era cuando EU era la única superpotencia que podía hacer lo que se le venía en gana ha concluido ahora".

¿Qué tanto pueden suplir Francia y Alemania a la dupla anglosajona de EU/GB para reconfigurar a la desfondada OTAN? Suena inverosímil que el conservador premier británico, Boris Johnson, se haya sumado a su par canadiense, Justin Trudeau, al presidente galo, Emmanuel Macron, y al premier holandés, Mark Rutte, en su mofa a Trump en la ceremonia del Palacio de Buckingham, donde la princesa Ana (hija de la reina Isabel II) se negó a saludar al polémico presidente de EU (https://dailym.ai/2DVAbvq). Como consecuencia de la burla de cuatro importantes mandatarios de la OTAN, Trump canceló su programada conferencia de prensa, abandonó la cumbre y calificó a Trudeau de "doble cara". Como si lo anterior fuera poco, Donald Tusk, ex premier de Polonia, apuntó insolentemente con dos dedos a la espalda de Trump (https://bit.ly/2PjCM7y). No se necesitan más videos delatores ni mayores interpretaciones para asentar la grave fractura de la OTAN.

El portal ruso Sputnik sintetiza los cinco puntos del conflicto interno en la OTAN: 1) Trump vs. Macrón: el mandatario de EU criticó la definición del presidente galo, de que la OTAN estaba en "muerte cerebral", como "insultante" y "muy repugnante"; 2) la OTAN vs. Turquía (su único miembro islámico): debido a la adquisición de los sistemas misilísticos de defensa rusos S-400 y a la invasión del norte de Siria, donde deglutió a los kurdos sirios; 3) la OTAN vs. China: donde Trump y su secretario de Estado, Mike Pompeo, no pudieron obtener una definición consensuada que catalogue a Pekín como una "amenaza" y donde prosperó la cosmogonía europea de visualizar a China bajo la óptica de "oportunidades y desafíos"; 4) Trump vs. el gasoducto Nord Stream 2: que abastece de gas ruso primordialmente a Alemania que rechaza la presión de Trump para su cancelación, y 5) la pachanga de Trudeau vs. Trump (https://bit.ly/36gSWpq). Por último, People’s Daily de China expone el futuro de la OTAN “entre divergencias y fracturas (https://bit.ly/2PlwuVa)”.

Si los dos pilares en 1989/91 de la OTAN, EU/GB, fueron determinantes en el colapso de la URSS y la unificación alemana, el declive de ambos, 28 años más tarde, carcome en sus entrañas a la otrora organización noratlántica que denota sus vulnerabilidades militares frente a Rusia, en la era hipersónica del zar Vlady Putin, y geoeconómicas/tecnológicas con China que descuella desde su alunizaje en el lado oscuro de la Luna, pasando por el 5G/computación cuántica hasta la inteligencia artificial.

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Los falsos positivos reviven en Colombia tras descubrir una fosa con 50 cadáveres

Los falsos positivos reviven en Colombia tras descubrir una fosa con 50 cadáveres

"Los indicios preliminares indicarían que se trata de hombres entre los 15 y los 56 años, con domicilio en Medellín y entre los que se encontrarían personas en condición de discapacidad", explicó la JEP.

El hallazgo en un cementerio del noroeste de Colombia de fosas en las que se cree están enterrados al menos medio centenar de civiles víctimas de ejecuciones extrajudiciales abre en el país un nuevo capítulo del horror conocido como "falsos positivos".

La investigación en el cementerio Las Mercedes, del municipio de Dabeiba, unos 200 kilómetros al noroeste de Medellín, capital del departamento de Antioquia, está a cargo de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que detalló que allí se encontraron restos de posibles víctimas de esas ejecuciones, uno de los episodios más oscuros del conflicto armado colombiano por su crueldad.

"Se presume que en el cementerio de Dabeiba se encontrarían los restos de más de 50 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate ('falsos positivos')", afirmó la JEP en un comunicado, en el que señaló que la exhumación de los cadáveres comenzó el pasado lunes.

Según este tribunal, creado a instancias del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, los trabajos en el cementerio de Dabeiba dejan hasta el momento "la exhumación de siete cadáveres completos de presuntas víctimas de estos hechos".

"Los indicios preliminares indicarían que se trata de hombres entre los 15 y los 56 años, con domicilio en Medellín y entre los que se encontrarían personas en condición de discapacidad", explicó la JEP.

Escándalo recurrente

Este hallazgo vuelve a poner sobre la mesa los "falsos positivos", un escabrosa política aplicada por miembros del Ejército colombiano desde la década de los 90 y que consistía en "reclutar" civiles con promesas de falsos trabajos para conducirlos a lugares distintos a los de su residencia, donde posteriormente eran ejecutados.

Una vez perpetrado el crimen, los militares presentaban a los asesinados como guerrilleros muertos en combate con el objetivo de obtener de sus superiores beneficios como ascensos, condecoraciones o permisos.

El escándalo de los "falsos positivos" ya había vuelto a ser objeto de controversia en el país en mayo pasado cuando un artículo publicado en el diario The New York Times reveló la existencia de una directriz en el Ejército colombiano orientada a revivir las ejecuciones de civiles que esa institución se vio obligada a retirar.

Nuevo capítulo

La investigación en el cementerio de Dabeiba, localidad que da acceso a la estratégica región agroindustrial de Urabá, donde hasta antes de la firma de la paz fueron muy activos varios frentes del Bloque José María Córdova de las FARC, saca a la luz el que puede ser el mayor caso de "falsos positivos".

Las fosas en Dabeiba tienen la particularidad de que se encuentran en un cementerio situado dentro del perímetro urbano, a diferencia de otros casos similares en los que los cadáveres han sido encontrados en zonas despobladas, generalmente en las montañas.

Las excavaciones y exhumaciones en Dabeiba son parte de una de las investigaciones que lleva a cabo la JEP para esclarecer los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

Como parte de este proceso, ese tribunal decretó "medida cautelar de protección sobre algunos cuerpos custodiados en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia".

"Estos hechos nunca habían sido investigados por la justicia ordinaria", señaló la JEP, que dijo que "hasta la fecha se han recuperado numerosas estructuras y fragmentos óseos de otras posibles víctimas", cuya identificación estará a cargo del Instituto Nacional de Medicina Legal.

El tribunal explicó que en la investigación que se lleva a cabo en Dabeiba se busca "encontrar la verdad plena sobre la desaparición forzada, en el cual se viene trabajando con otras medidas" como parte del "Caso 03" de la JEP, relacionado con "Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado".

Ese proceso incluye medidas cautelares en 17 lugares "donde se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado" en Colombia.

En la investigación ha sido fundamental el testimonio de un exintegrante del Ejército que "indicó tener conocimiento de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate", información que fue contrastada con un conjunto de pruebas, afirmó el tribunal.

Según medios locales, un exsoldado del Ejército que acompañó a la JEP a la exhumación detalló que superiores suyos le ordenaron disparar con una ametralladora en la cabeza de los fallecidos para que estos no pudieran ser identificados.

Hasta el momento la Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos de "falsos positivos" que fueron cometidos entre 1988 y 2014 y que implican a unos 1.500 militares, aunque solo se ha condenado por ellos a soldados o suboficiales, no a oficiales de alto rango.

Como parte de esta investigación la JEP ha acreditado cerca de 400 víctimas, ha recibido 17 informes de diferentes organizaciones y 160 exmiembros de la fuerza pública han dado su versión de los hechos.

Operacion macabra 

Los "falsos positivos", condenados de manera reiterada por organismos internacionales como Human Rights Watch, salieron a la luz hace más de una década después de que varios jóvenes, algunos de ellos con discapacidad, aparecieron muertos en las afueras de Ocaña, segunda ciudad del departamento de Norte de Santander (noreste).

Este caso se convirtió en el más reconocido de las ejecuciones extrajudiciales pues al menos 15 de las víctimas sepultadas como guerrilleros en Ocaña procedían de Soacha, municipio vecino de Bogotá.

Para exigir justicia por el asesinato de sus hijos, esposos o hermanos nació el colectivo Madres de Soacha, cuyos miembros acudieron a una audiencia en la JEP el pasado 17 de octubre para dar su versión de lo sucedido.

Ese día cuestionaron las versiones dadas por militares que en la década pasada integraron la Brigada Móvil No. 15 y el Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander, con sede en Ocaña, puerta de entrada a la convulsa región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela.

 

Por DANIEL SUÁREZ ZARTA (EFE)

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Lunes, 16 Diciembre 2019 07:21

Daños colaterales

 Un niño afgano busca plástico y otros artículos que puedan usarse como remplazo de leña, en un basurero de Kabul. Según estadísticas de la ONU, Afganistán se encuentra entre los países más pobres del mundo.Foto Ap

Se dice que la verdad es la primera víctima de una guerra, y esta semana se confirmó otra vez, como si fuera necesario. Pero aún peor es que parece que hoy día, cuando se revela la verdad no hay gran consecuencia para los mentirosos que, en este caso, llevaron a decenas de miles de muertes.

En la extraordinaria investigación del Washington Post titulada En guerra contra la verdad –que se ha comparado con la publicación de los Papeles del Pentágono, en 1971– se documenta que todos los presidentes, generales y otros encargados de la guerra más larga en la historia de Estados Unidos engañaron a la opinión pública durante 18 años y contando (https://www.washingtonpost.com/graphics/ 2019/investigations/afghanistan-papers/afghanistan-war-confidential-documents/).

Desde 2001, más de 775 mil tropas estadunidenses han sido desplegadas en algún momento en Afganistán; 2 mil 300 de ellos han muerto ahí y 20 mil 589 han sido heridos en acción, junto con más de 100 mil afganos muertos (nadie sabe el número preciso; https://watson.brown.edu/costsofwar/ costs/human). Unas 13 mil tropas permanecen allá hoy día. Esa guerra ha costado hasta la fecha más, tal vez mucho más, de un billón de dólares (no hay un cálculo oficial).

Los 2 mil documentos obtenidos por el Post incluyen entrevistas confidenciales realizadas por la Oficina del Inspector General especial de la oficina de la la Reconstrucción en Afganistan (SIGAR, por sus siglas en inglés) con más de 400 actores claves (la gran mayoría sin revelar sus nombres) que guiaron esa guerra; desde comandantes y generales, hasta altos funcionarios, asesores y diplomáticos dejan claro que desde un inicio esa intervención fue un desastre disfrazado de éxito para la ciudadanía en Estados Unidos.

Uno de los entrevistados, el general Douglas Lute, quien fue un coordinador de la Casa Blanca para la guerra durante los gobiernos de Bush y Obama, comentó en 2015 que carecíamos de un entendimiento fundamental de Afganistán, no sabíamos lo que estábamos haciendo.

Este proyecto oficial dedicado a evaluar las lecciones de la guerra para el gobierno estadunidense detallan el fracaso de la doctrina de contrainteligencia de Estados Unidos aplicada en Afganistán, las decisiones arrogantes e ignorantes de políticos y militares que no entiendan en qué país estaban, y la determinación constante de encubrir las derrotas y fracasos manipulando estadísticas e informes públicos.

El ex comandante de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN, Dan McNeill, afirma en su entrevista que aun al inicio de la guerra en 2002, él no podía encontrar a alguien en el gobierno que pudiera definir que marcaría una victoria para esa guerra. Otros, como un integrante del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, no encontraba respuesta a por qué se lanzó la guerra contra el talibán en primer lugar, ya que fue Al Qaeda el que atacó a Estados Unidos.

Vale subrayar que todos estos encargados de la guerra trabajaron en gobiernos republicanos y demócratas; de George W. Bush a Barack Obama, y ahora Trump.

El jefe de SIGAR, John Sopko, comentó al Post que las entrevistas en estos documentos sugieren que se la ha mentido constantemente al pueblo estadunidense sobre esta guerra.

Pero al concluir la semana y cuatro días durante los cuales el Post publicó su extenso reportaje, los que engañaron a este pueblo parecen estar seguros de que nadie los hará rendir cuentas. A diferencia del terremoto político, cuando se divulgaron los Papeles del Pentágono y que nutrieron a un vital movimiento contra la guerra en Vietnam, ahora no se registró ningún temblor.

Algunos dicen que tal vez es por las distracciones del impeachment o que las guerras son percibidas como algo muy remoto. O tal vez es porque la mentira ya es algo normal y aparentemente aceptable en la vida política mientras los veteranos militares quebrados por la experiencia se quedan con la pregunta: ¿para qué fue todo esto? (https://www.thenation.com/article/ afghanistan-papers-forever-war/).

La verdad es sólo otro daño colateral de las guerras.

https://www.youtube.com/watch?v=mn91L9goKfQ

https://www.youtube.com/watch?v=H-kA3UtBj4M

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Domingo, 15 Diciembre 2019 06:52

La paz en Colombia, rezagada para las mujeres

Un indígena lleva una máscara que recuerda a Cristina Bautista, una líder indígena asesinada. LUIS

Un informe de ONU Mujeres y el Instituto Kroc asegura que el 42 % de compromisos de género del acuerdo de paz con las FARC no han empezado a implementarse

La paz en Colombia les llega más tarde a las mujeres. A tres años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas FARC, los avances en los compromisos con las mujeres "son insuficientes" y "tienen un mayor rezago". Adicionalmente, en algunos casos, las medidas pactadas para la igualdad de género ni siquiera han comenzado a implementarse. Así lo han señalado ONU Mujeres, el Instituto Kroc, la Federación Democrática Internacional de Mujeres FDIM y el Gobierno de Suecia en un informe.

De los 130 compromisos con perspectiva de género del acuerdo de paz, el 42% aún no han empezado a implementarse, agrega el informe Hacia la paz sostenible por el camino de la igualdad de género, que analiza el periodo comprendido entre septiembre de 2018 y agosto de 2019. Es decir, el manejo que ha dado el Gobierno de Iván Duque a los compromisos. “Más de la mitad debe completarse entre 2019 - 2026, lo cual confirma que muchos de ellos son acciones de largo plazo. No obstante, 28 de los compromisos que según el Plan Marco de Implementación deben completarse en 2019 no se han iniciado aún”.

El Gobierno ha respondido asegurando que "las mujeres y el género son el centro" de su política de paz. “El informe de la ONU ignoró los avances: no tiene en cuenta los índices de medición acordados por las partes y ni siquiera valora los programas en que la misma Organización participa”, ha dicho Emilio Archila, Alto Consejero para la Estabilización y la Consolidación.

El capítulo de género en el proceso de paz es particularmente sensible. Durante los diálogos de La Habana y por iniciativa de los movimientos de mujeres y de víctimas se incluyó el enfoque de género al acuerdo de paz y este se convirtió en uno de los más avanzados en el mundo en materia de incorporación de los derechos de las mujeres. Sin embargo, esa perspectiva fue atacada desde flancos religiosos y de extrema derecha, así como por miembros del partido de Gobierno. Estos grupos promovieron una narrativa contra el enfoque de género que influyó en el triunfo del no en el plebiscito por la paz.

Desde ese momento, la implementación de las medidas para las mujeres ha estado bajo la mira de la comunidad internacional. Por eso, estas entidades advierten que "pasa por un momento crítico de inflexión" y le hacen un llamamiento a pasar a la acción.

Asesinato de mujeres, la mayor preocupación

El mismo llamamiento hacen desde otros sectores de la sociedad civil. Claudia Mejía, de GPaz y Sisma Mujer, también señala la gravedad de los incumplimientos, particularmente los que afectan a la vida de las mujeres. “Tenemos una alta preocupación por los asesinatos de las líderes. Todos los sistemas de información coinciden en el incremento desproporcionado de los ataques contra las defensoras y aunque existe el Programa Integral de Garantías para las defensoras, a la fecha no contamos con los mecanismos que se requieren para su implementación”, dice Mejía. “Nos preocupa la falta de respuesta del Estado en lo que tiene que ver con el incumplimiento de estos marcos que podrían frenar los ataques a las mujeres”. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), desde 2016 a septiembre 2019, han sido asesinados 320 defensores de derechos humanos, de los cuales 36 eran mujeres y seis pertenecían a la comunidad LGBT. Pero esas cifras han aumentado en 2019, según la Defensoría del Pueblo.

El temor es parte de la vida diaria de líderes como Maria Eugenia Alarcón que coordina la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos. “Hay miedo, claro, porque hay actores armados que hacen un control de territorio y el Gobierno no está ofreciendo las garantías necesarias. A pesar de eso somos valientes. Pero en la medida en que la implementación de las medidas de género y las garantías para las defensoras tenga retraso, el riesgo que corremos será mucho mayor”, cuenta a EL PAÍS. Y recuerda que ya existe un plan de prevención que la Red ha probado en dos regiones de Colombia con apoyo de la comunidad internacional pero aún esperan que el Gobierno establezca un plan de acción para todo el país. “Solo pedimos que implemente el plan de acción. No pedimos medidas que requieren mayores costos presupuestales, son acciones concretas que ya hemos probado. Las mujeres víctimas estamos dejando un legado al mundo entero, pero si eso se valorara lo suficiente nos estarían garantizando lo que requerimos para seguir recomponiendo este país destruido por la guerra”, agregó Cruz, que fue víctima de violencia sexual durante el conflicto.

GPaz también ha hecho un análisis detallado del enfoque de género y aunque lo evalúa bajo la metodología de semáforo (el grueso de compromisos está en amarillo, otros en rojo y solo uno en verde) llega a conclusiones similares a las de ONU Mujeres y Kroc. Valoran que exista un plan de trabajo para los próximos años, una arquitectura institucional y normativa, pero exigen mayor celeridad al Gobierno para llevarlo a los hechos.

Claudia Mejía, que ha comparado el proceso de paz de Colombia con los de Centroamérica, Irlanda y Sudáfrica asegura que la correcta implementación del enfoque de género es garantía de una paz sostenible. "Si se garantizan que los procesos de participación política o de reincorporación hay mayores desarrollos de género, se construye una paz más perdurable. A mayor tierra para las mujeres, mayor posibilidad de que la sociedad rural salga de la pobreza", dice la experta.

La reincorporación de los excombatientes de las FARC era otro de los objetivos del proceso de paz. En este punto, ONU Mujeres y Kroc destacan que el Gobierno ha desarrollado algunas medidas con enfoque de género, pero muchas otras son autogestionadas por las excombatientes y la comunidad internacional. "Hay mecanismos y programas enunciados pero el Gobierno los está dilatando en el tiempo. Han hecho una lectura unilateral y una reinterpretación del acuerdo que socava su acción reparadora relacionada con las mujeres y la comunidad LGBTI", dice a EL PAÍS Sandra Ramírez, senadora del partido FARC, creado tras los acuerdos de paz.

Por CATALINA OQUENDO

Bogotá 14 DIC 2019 - 18:14 COT


LAS MUJERES EN LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD

SANTIAGO TORRADO

La guerra en Colombia golpeó de diversas formas a las mujeres. Por eso la perspectiva diferencial de género ha sido transversal para la Comisión de la Verdad, surgida de los acuerdos de paz, que en dos años debe entregar un informe final que arroje luces sobre los hechos de violencia más graves. En ese trabajo de esclarecimiento ha surgido la reflexión sobre cómo los esquemas patriarcales generaron un mayor desprecio por la vida y el cuerpo de algunas víctimas, explica la comisionada Marta Ruiz. La comisión organizó este jueves y viernes su cuarto Encuentro por la Verdad, dedicado a las poblaciones campesinas. El primero estuvo dedicado a las víctimas de violencias sexuales y el segundo a las familias buscadoras de desaparecidos, ambos con un marcado acento femenino. En el de esta semana también fue importante el papel de las mujeres campesinas, que han cargado en sus hombros el mayor peso del desplazamiento en un país con más de ocho millones de víctimas.

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