Martes, 13 Agosto 2019 05:37

En las patas de los caballos

En las patas de los caballos

El tema de la relación entre novela y política difícilmente se agota en América Latina. En la recién pasada Feria Internacional del Libro en Lima, me tocó subir dos veces al escenario para unas conversaciones literarias donde el contenido terminó siendo el mismo, o parecido: tanto en Los paraísos narrativos, con Mario Vargas Llosa, bajo la mediación de Patricia del Río; como en ¿Existe la novela política?, con J. J. Armas Marcelo, moderada por Clara Elvira Ospina.

Mi primera reflexión, en base a aquel doble ejercicio, es que desde muy temprano del siglo XIX aprendimos a ver la historia como epopeya; y a partir de entonces comenzó a ser tarea difícil fijar la distancia entre historia y literatura, bajo el fragor y los relámpagos de la epopeya, hasta que esa delgada línea de separación entre realidad y ficción quedó desvanecida.

Los libertadores arrastraron imaginación e historia en las patas de los caballos. Lo inconmensurable, lo exagerado, es la medida que siempre busca la imaginación para crear el asombro: en una trivia ideada por la BBC de Londres, se declara a Bolívar el americano más importante del siglo XIX:

Cabalgó 123 mil kilómetros, más de lo que navegaron Colón y Vasco de Gama sumados, 10 veces más que Aníbal, tres más que Napoleón, y el doble de Alejandro Magno. No vivió más que 47 años, pero fueron suficientes para pelear 472 batallas, viendo la derrota sólo seis veces; en 25 estuvo en riesgo de muerte, y liberó seis países.

Pero de las estadísticas gloriosas tenemos que pasar a las vidas humanas, los seres vistos en su individualidad, y así abrirnos paso hacia el territorio de la novela, donde el documento adquiere fulgores irisados, porque es ya el dominio de la imaginación; reconstruir vidas, y por tanto heroísmos, visiones, ambiciones, pasiones, celos, mezquindades. Traiciones.

La novela convierte a las personas en personajes. La singularidad se basa en lo extraordinario, no pocas veces en lo imposible, en todo aquello que resulta perturbador porque se sale del común. Capitanes desquiciados que buscan un absurdo, co­mo Ponce de León la fuente de la eterna juventud, convencidos de que lo que otros han imaginado es la verdad, y pueden mover una flota entera tras una mentira.

Héroes obsedidos por una idea libertaria, como Bolívar, cabalgando sin tregua, decididos a romper el yugo, unir países que surgen a una vida nueva, y que ya al nacer son díscolos, ingobernables, y al final del camino sólo espera la decepción de haber arado en el mar, frase de personaje de novela como no hay otra.

Pero el individuo que busca, no se encuentra a sí mismo, y muere generalmente en derrota, lejos de aquello que buscaba. Muertos de gangrena por causa de una flecha envenenada, como Ponce de León, o en la soledad del ostracismo, rumiando la desventura del fracaso, como Bolívar.

Por eso mismo es que la historia se puede leer como una novela, o ser reconstruida como novela. La Florida del Inca, escrita por el Inca Garcilaso, es una novela, como lo es la verdadera relación de la Conquista, de Bernal Díaz del Castillo. Y sin esta visión de la historia como novela, no serían posibles El general en su laberinto, de García Márquez, ni La guerra del fin del mundo, de Vargas Llosa.

La galería de personajes es infinita. Pero si me dieran a escoger a uno de entre tantos, me quedo con Francisco de Miranda. Sus diarios son eso, una novela fascinante que se lee sin respiro. Es el más exuberante de entre todos los héroes de a caballo, el más apasionado y el más apasionante, guerrero, trotamundos, aventurero, seductor.

No hay escenario de su época donde no hubiera estado, como testigo o protagonista. Capitán del ejército español, espía de la corona inglesa, perseguido por la Inquisición por lector voraz, Mariscal de Campo en Francia bajo la revolución, consejero de Catalina la Grande en Rusia, luchador por la independencia sudamericana, entregado al final de su vida a las autoridades de la corona española, el propio Bolívar de por medio, y llevado prisionero a Cádiz donde murió en las mazmorras víctima de un derrame cerebral.

Novela política, novela histórica, no existen como tales, o si existen no se salvan como géneros literarios. Existen hechos extraordinarios, y protagonistas singulares, que la historia pone a disposición de la novela, la cual, en último caso se alimenta de la realidad para crear otra paralela. Pero esta otra es ya criatura de la imaginación, no de la relación rigurosa y fehaciente de los hechos, lo que a la postre viene a resultar siempre aburrido.

Y cuántas historias para ser contadas no nos ha dado ya este siglo de caudillos iluminados, reyes del narcotráfico que se solazan en el poder del dinero y de la muerte, y democracias hundidas bajo el peso de la corrupción. Un siglo sin héroes, bajo el fulgor luciferino de lo siniestro.

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Normandía, ¿el día en que todo cambió?

Hay sucesos que marcan la historia y el presente de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial, sin duda, es uno de ellos. Acá un recorrido a vuelo de pájaro sobre el verdadero vencedor en esa contienda entre imperios, y con la URSS en un interregno de vencer el fascismo y no permitir ser arrinconada por el resto de Aliados. Una confrontación que le costó a la humanidad más de 60 millones de víctimas.

 

Hace ya 75 años, el 4 de junio de 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, sucedió el desembarco más poderoso de la historia, los Aliados (estadounidenses, canadienses y británicos) desembarcaron en forma sorpresiva en las playas francesas de Normandia, mientras los alemanes los esperaban más al norte, en el paso de Calais.

Los historiadores, prensa y academia, consideran este hecho como el principio del fin del régimen nazi, relegando a segundo lugar la participación soviética –una manera de decir que el imperialismo de los Estados Unidos fue el triunfador.

No tiene nada de raro que los medios de comunicación sostengan que el desembarco de Normandía o invasión a Francia, fue el hito que derrotó a los nazis; pero si se examina con cuidado y sin pasión alguna la historia de la Segunda Guerra Mundial, se concluye que fueron los ejércitos soviéticos los principales actores de la derrota nazi.

Tampoco son casuales las respuestas de los franceses a una encuesta secuencial sobre el tema, realizada a lo largo de 10 años.
 

La encuesta recogía la siguiente pregunta:

¿Cuál es la nación que más ha contribuido a la derrota de Alemania en 1945?


Como puede deducirse, los cambios de percepción de los franceses sobre el papel desempeñado por la URSS en este inmenso suceso varian. Una cosa aprecian cuando la URSS aún existe y otra cuando desaparece (1991). Criterio en el cual también pesa, así puede ponderarse, el resurgimiento de Rusia como imperio y del zar Putin como su líder.

Según el criterio recogido en la encuesta, el papel de la URSS fue supuestamente secundario, y no contribuyó al triunfo sobre el nazismo, a lo cual sí aportaron los Aliados con la invasión a Normandia en 1944. Pero, ¿esto fue así?

Al valorar estos sucesos no debe olvidarse el empantanamiento de las tropas de los EE.UU. en Italia en 1943. Pero tampoco que Churchill hizo todo lo posible para que la operación Overlod, nombre clave de la invasión a Normandía,  no se llevara a cabo, por cobardía, para que no les sucediera a los británicos lo ya ocurrido en la Primera Guerra Mundial, cuando invadieron Turquía, con el desastroso desembarco de sus tropas en Galípoli.

Pero sobre todo porque no quería abrir el segundo frente, propuesto por los soviéticos a los Aliados, para atenazar a los nazis y derrotarlos. Churchill lo que quería era quemar tiempo para que los soviéticos se desgastaran enfrentados a los alemanes, y luego actuar quedándose con Europa. Pero como todo el mundo sabe eso no sucedió y los soviéticos repelieron a los alemanes, y en la contraofensiva el Ejército Rojo avanzó hasta Berlín.

Los sucesos históricos no dejan duda. Debido a los problemas estratégicos de los Aliados, que no habían podido avanzar hacia Berlin, Churchill y Roosevelt le piden a Stalin que desplegara una ofensiva de invierno en el Frente Oriental, lo que hicieron los soviéticos, y así el Ejército Rojo ocupó Varsovia y Prusia Oriental, para instalarse a 150 km de Berlín.

Aprovechando el cambio en el terreno de guerra, los Aliados también se movilizaron sobre Berlín, pero mientras estos se enfrentaron a 26 Divisiones armadas alemanas en su avance sobre territorio nazi, los soviéticos tuvieron que hacerlo contra 170 Divisiones.

 

 



El inmenso costo humano

Las víctimas sufridas por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial superaron veinte veces las de los Estados Unidos y el Reino Unido combinadas. Lo cierto es, sin más, que fue el Ejército Rojo quien ganó la guerra contra la Alemania Nazi. Las fuerzas soviéticas fueron responsables de tres cuartas partes de las bajas alemanas. De un total de 13.488.000 soldados muertos o capturados, 10.748.000 procedían del Frente Oriental. La Unión Soviética sufrió al menos 23 millones de víctimas.

No se trata de una competencia sobre quién mató más soldados nazis, en esa brutal guerra donde hubo de todo por parte de todos los actores involucrados, el asunto es en dónde estuvo centrado el peso de la guerra.

El desembarco en Normandía, y el recorrido de las tropas aliadas hacia Berlín, también fue una pugna inter-imperialista, en la que los británicos no querían quedar como imperialistas de segundo orden, detrás de los EEUU, y estos con su poderío abrogarse el triunfo en el reparto del mundo. Los canadienses, pese a sus deseos, quedaron con premio de consolación. Y todos ellos contra la Unión Soviética, socialista en ese entonces.

Publicado enEdición Nº259
Fabio Mejía, "La dobre línea del saqueo", fotografía (Cortesía del autor)

Hace 200 años, el 7 de agosto de 1819, el país proclamó la independencia y dio origen a lo que hoy conocemos como República de Colombia. Este artículo describe la historia del desarrollo nacional, diagnostica la situación económica actual y sugiere las bases productivas e institucionales de una necesaria revolución social.

 

Memoria y razones de la nación que somos. El “orden”, la estratificación y el poder impuestos por los blancos peninsulares, mediante la violenta, corrupta y expoliadora Colonia, perduraron tres siglos. La insurrección de Los Comuneros (1781) fue el antecedente popular de las guerras de independencia y la primera negación, absoluta y violenta, hecha con armas y por medio de una compacta red de comunes de labriegos y aldeanos, de la soberanía de la corona española. La temprana derrota que vivieron estos insurrectos dejó una amarga lección para las futuras sublevaciones populares: la ingenua creencia que podía lograrse una conquista revolucionaria por medio de la negociación política con el poder real y el error de confiar en la mediación “neutra” de los jerarcas de la Iglesia (1).


En este contexto y dinámica, la Independencia de Colombia fue el final de un proceso histórico que permitió la emancipación del Imperio español, dando fin al período colonial. El triunfo de los patriotas condujo a una organización institucional que amplió las bases de sustentación del sistema hispano-colonial. El pueblo desempeñó un papel de símbolos abstractos, mitos y creencias republicanas. Se promulgaron constituciones liberales cómodas que sirvieron de careta al caudillismo, a las oligarquías y a toda clase de negocios, demagogias e intereses de las clases dominantes.La independencia no fue una revolución burguesa, en sentido exacto, sino un rompimiento –dentro del sistema feudal que había estructurado España– entre el feudalismo colonial y el feudalismo autonomista de los criollos. El capitalismo sólo llegaría a Colombia, de manera orgánica y moderna, hasta mediados del siglo XX.


Esas fuerzas contrarrevolucionarias –la antigua aristocracia esclavista, terrateniente y minera, la jerarquía católica, los militares cargados de tierras y privilegios, los gobiernos y transnacionales imperiales, las clientelas intelectuales y burocráticas, los comerciantes y banqueros– no solo obturaron las vías de acceso popular al Estado republicano, sino que restablecieron los mecanismos del sistema colonial de hacienda pública (2) y, además, anclaron a sus intereses las relaciones sociales, las expresiones culturales, políticas y los contenidos educativos de la “nueva ciudadanía”. Desde entonces, tres grandes vertientes de opinión y lucha política determinan y dan contenido a la dialéctica de los conflictos sociales: el liberalismo, el conservatismo y, más tarde, el socialismo.


La situación económica de la Nueva Granada en los primeros años republicanos fue de crisis y decadencia. La minería ya había declinado en las últimas décadas del siglo XVIII y en los primeros años del XIX. La agricultura del Nuevo Reino había mantenido un desarrollo lento debido a las trabas externas, la débil vinculación con mercados internacionales, y a las limitaciones internas como la falta de capitales, el régimen de impuestos y el uso de métodos y técnicas tradicionales. No obstante, la agricultura se consideró como la actividad redentora para el futuro de la nación.


El país se acostumbró a vivir por encima de sus capacidades, con crónicos déficit fiscales, antagonismos políticos por la apropiación presupuestal, una deuda pública estructural y una dependencia adictiva de los recursos naturales y energéticos. Fue evidente la precariedad del control del Estado sobre la mayor parte del territorio nacional. Además, la Primera República manifestó tendencias al regionalismo y al caudillismo, fruto de la diversidad geográfica y socioeconómica, atizando los conflictos entre centralistas y federalistas, civilistas y militaristas, pacifistas y guerreristas, librecambistas y proteccionistas, liberales y conservadores, laicos y clero, colonialistas y revolucionarios, moderados y radicales, oligarquías y trabajadores, ricos y pobres, terratenientes y minifundistas, patriotas y realistas. Estos antagonismos se transformaron, agudizaron y complejizaron hasta arraigarse como destino nacional durante las siguientes dos centurias.


El Estado, los privilegios y ventajas otorgados por el Estado y el capital estaban reservados a las clases dominantes, a la cúspide de la pirámide social. Los de abajo, los pobres, explotados y oprimidos serían, en cambio, abandonados a su propia suerte para que sobrevivieran de la forma que pudieran, pacífica o violentamente, por medios legales o ilegales, legítimos o ilegítimos. El carácter de Estado autoritario, corporativista y patrimonial se expresa, desde entonces, en cuatro tendencias políticas: las familias ricas y los partidos políticos hegemónicos se sirven de los bienes y recursos del Estado como si fueran suyos, el reforzamiento creciente de los aparatos de represión, la ilegalización de las luchas sociales y la cooptación de grupos de interés mediante la entrega de dadivas a cambio de lealtades políticas.


Colombia hoy


En la historia del  país, desde su constitución como nación, la violencia es expresión del poder real. La finalidad de la violencia étnica, de castas y de clases no ha sido el dominio y la explotación sino, más bien, el exterminio, y por ello se introdujeron tácticas bélicas inéditas en el Nuevo Reino de Granada (perpetuadas a pesar del paso del tiempo), como la política de tierra arrasada, el terror, el sometimiento colectivo por inanición, el desplazamiento forzado, el despojo, la manipulación, el chantaje  y la pobreza inducida (ver recuadro Memoria de exterminio). La concentración de la riqueza, la exclusión popular, los genocidios y la rotura del tejido social son su resultado.


No es casual que la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad, la exclusión, el desempleo y el trabajo precario e informal, en todas sus dimensiones, continúen como desafíos centrales para la sociedad colombiana. El desarrollo incluyente y sostenible, la democracia radical y plural, el trabajo digno y la garantía universal de los derechos humanos, son la condición esencial para la construcción de la paz estable y duradera. También es una verdad evidente que sin paz es imposible generar bienestar colectivo y desarrollo (Gráfico 1).

 

 


Es una deuda del establecimiento con el conjunto social, la cual está distante de cumplirse, datos recientes así lo reafirman. La reducción de pobreza monetaria se estancó en 2016, mientras que en 2017 la pobreza en términos de ingresos se había situado en 26,9 por ciento, en 2018 ascendió a 27,0. Al desglosar la cifra nacional, se encuentra que en las cabeceras urbanas el índice de pobreza fue de 24,4 por ciento, mientras que en las zonas rurales asciende al 36,1 por ciento. Históricamente el grado de incidencia de la pobreza es más aguda en las zonas rurales que en los centros urbanos. Los datos del último censo agropecuario (2016) muestran que el 0,1 por ciento de las explotaciones agropecuarias tiene más de 2.000 hectáreas y controla el 60 por ciento de la tierra, mientras que el 81 por ciento de las explotaciones tiene un promedio de sólo 2 hectáreas y ocupa menos del 5 por ciento de la tierra. Pese a toda esta evidencia, el gobierno Duque (2018-2022), enemigo de los acuerdos de paz, ha bloqueado, entre otros, el capítulo de desarrollo rural.


La precariedad del mercado laboral agrava la pobreza y la desigualdad. En particular, el desempleo es un problema que se vuelve estructural a partir de la década de 1960, cuando el impacto de “La Violencia” (1946-1966) arrojó a más de dos millones de campesinos, despojados de sus tierras, a habitar y malvivir en los cinturones de miseria de las grandes urbes.Durante la década de 1950 la tasa media de desempleo fue de 3,1 por ciento; de 1960 a 2019 el promedio anual se eleva por encima del 11 por ciento.


El país se mantiene en el grupo de siete naciones con las peores distribuciones de ingreso del planeta. El Dane reveló un aumento en la concentración del ingreso entre 2017-2018: pasó de 0,51 a 0,52. Durante los últimos sesenta años registra una media de 0,535, con tendencia a agudizarse a partir de la década de 1990, cuando tomo fuerza el modelo neoliberal, la violencia paramilitar y la financiarización de la economía.


A pesar del paso del tiempo y de las reiteradas promesas de cada candidato presidencial, el modelo económico colombiano prosigue y se fundamenta sobre la polarización de la distribución del ingreso y la riqueza, en el bajo nivel de vida de la población trabajadora, en la preservación de un enorme contingente de mano de obra barata e ignorante y en la explotación semigratuita y depredatoria de los recursos naturales y energéticos (elementos que constituyen la ventaja comparativa de los países capitalistas periféricos y dependientes). El petróleo y la minería han inhibido el desarrollo de los demás sectores de la economía y contribuido al desplazamiento forzado.  


Al mismo tiempo, al Estado colombiano lo caracteriza su estructura de poder excluyente y la represión social; en medida insignificante actúa como empresa, como órgano de gestión, garantista de justicia y derechos humanos, proveedor de servicios de calidad o promotor del desarrollo humano sostenible. De una parte, es un Estado tramposo, burocrático y corrupto que provoca un clima de inseguridad jurídica y operativa, el cual afecta negativamente a la inversión y a la productividad; de otra, la estructura impositiva de carácter regresivo y arbitrario  se expresa, por ejemplo, en el tributo del 19 por ciento sobre los productos y servicios que integran la canasta familiar, lo que ahonda la desigualdad y genera pobreza entre las clases trabajadoras y caída de la productividad laboral. Además, la inestabilidad macroeconómica impacta negativamente el crecimiento económico y el bienestar social.
Sociedad sin armonía entre la estructura económica y la distribución de la fuerza laboral por ramas de la producción. En 2019, la explotación de minas y canteras genera el 6,5 por ciento del valor agregado y ocupa apenas el 0,9 por ciento de los trabajadores; la intermediación financiera aporta el 5,2 por ciento del producto nacional y genera el 1,5 por ciento de los puestos de trabajo. En la situación extrema, el sector agropecuario contribuye con el 7,9 por ciento de la producción y concentra el 15,2 por ciento de la población ocupada, reflejando un bajo nivel de productividad. La industria manufacturera, en decadencia desde los años 1980, genera 12,2 por ciento del valor agregado y registra una cifra similar en la participación del empleo nacional. En las demás ramas de la producción sobresale el trabajo informal, improductivo y precario (Gráfico 2).

 

 


La relación de la economía colombiana con el resto del mundo es asimétrica. Se exportan materias primas y se importan alimentos y toda clase de bienes manufacturados. La balanza comercial es históricamente deficitaria: durante el período 1980-2019, el valor de las importaciones es superior en 6,4 por ciento, en promedio, respecto a las exportaciones. En las últimas cuatro décadas, la línea polinómica de la balanza comercial tiene forma de U: es descendiente entre los años 1980-1992 y registra un déficit creciente a partir de 2014, alcanzando el 21 por ciento en 2019 (Gráfico 3).

 

 


Durante el período 2001-2018, el crecimiento de la población en Colombia fue de 20,7 por ciento; el valor de la producción aumentó durante estos años en 95,9 por ciento; en consecuencia, el crecimiento del ingreso per cápita fue de 62,4, equivalente al 3,5 por ciento promedio anual. Para el período 2019-2030, se espera que la población aumente 7,4 por ciento, la producción 53,9 y el PIB por persona 43,3, esto es, 3,2 por ciento promedio anual (Gráfico 4).

 

 


Economía de la Segunda República


La crisis del modelo neoliberal de crecimiento económico en Colombia se origina, de una parte, en el hecho de que cada vez encuentra menos elementos de sustentación en el sistema mundo capitalista contemporáneo, en pleno, sostenido y acelerado ingreso a la cuarta revolución industrial, luchas competitivas a muerte e involución a los nacionalismos proteccionistas; de otra, en las propias condiciones de vida de su población trabajadora que padece cada día mayores costos sociales, políticos y ambientales. No sólo se trata de un modelo de crecimiento económico sin desarrollo, sino contra la posibilidad de un desarrollo humano, sostenible y democrático. Este modelo histórico combina las formas de funcionamiento de unas estructuras internas de dominación social (sin las cuales no podría explicarse la extrema concentración de la riqueza, el ingreso  y del poder político) y las relaciones de dependencia nacional que definen los determinantes del modelo de capitalismo periférico y atraso científico-tecnológico.


La transformación del modelo económico de desarrollo, en el contexto de una Segunda República, requiere de una mirada histórica, crítica y sistémica. Los lineamientos generales de una alternativa viable y sostenible deben abarcar los temas de Estado, democracia, políticas públicas, modelo de desarrollo, dignidad humana y cuestión social (3).


Estado y política. La viabilidad de la democracia radical y plural como proyecto político hegemónico en Colombia se apoya en su capacidad de competir con proyectos posdemocráticos, antidemocráticos y premodernos. Estos últimos manipulan con eficacia emociones, afectos, miedos, dogmas y tradiciones.  En la compleja polarización de la sociedad colombiana, la solución histórica al enfrentamiento entre sectores sociales antagónicos en el campo de batalla político, necesita que la ciudadanía democrática, trabajadora, pacifista y defensora de la dignidad humana derrote política, social y culturalmente a los violentos partidos y grupos de la extrema derecha, a la corrupta lumpen oligarquía, a las iglesias y movimientos religiosos caracterizados por la intolerancia y el maniqueísmo, al violento proyecto  paramilitar y a los feroces terratenientes.


Los pilares tradicionales de la democracia moderna, radical y plural, más allá del ritus electoral, son el pensamiento crítico, la libertad, la igualdad, la solidaridad, el diálogo y la participación social, la justicia, la tolerancia y el bien común. El filósofo y psicoanalista greco-francés Cornelius Castoriadis estaba en lo cierto cuando afirmaba que, en la democracia, la comunidad política –el demos– construye sus propias instituciones y decide acerca de todo sabiendo que lo hace consciente, racional y apasionadamente. El Estado social y democrático de derecho,  proclamado en la Carta Política de 1991, es una tarea pendiente y necesaria; las clases dirigentes han procrastinado esta obligación histórica.


El Estado debe resolver los históricos y denominados déficits gemelos: el fuerte deterioro de la cuenta corriente (4) y el déficit fiscal creciente. Estos son insostenibles en el largo plazo y conducen a un endeudamiento público impagable y a cargas fiscales insoportables. Es necesario aumentar la participación de las exportaciones en el PIB colombiano; ello requiere, de una parte, incrementar la participación del sector manufacturero y los servicios de alta tecnología en el PIB y, de otra, aprovechar el potencial que tiene Colombia para desarrollar su sector agropecuario. El déficit fiscal se resuelve, por el lado del gasto, reduciendo el tamaño de la burocracia y del inflado aparato represivo, acabando con la corrupción y eliminando los subsidios a los grupos de poder; por el lado de los ingresos  se debe revisar la estructura tributaria para que el impuesto de renta sea directo y progresivo (se debe eliminar totalmente la carga tributaria sobre el consumo de las clases trabajadoras y castigar el gasto suntuario, para favorecer la reducción de la desigualdad).


El actual modelo de desarrollo privilegia la especulación económica y los beneficios del capital, postergando la satisfacción de las necesidades sociales. El Estado debe volver a centralizar y controlar la política monetaria, cambiaria y crediticia. Es necesario regular al capital financiero, orientar el crédito hacia las actividades productivas reales y la economía social, promover la generación de puestos de trabajo dignos y, a la vez, erradicar las prácticas financieras parasitarias, esto es, especulativas y rentistas.


La organización política administrativa de Colombia, por su historia y cultura,  requiere de un equilibrio entre el centralismo y el federalismo, dando mayor poder a la autodeterminación, planeación y desarrollo de las regiones. A la par y como complemento, el país debe romper con la dependencia del imperio estadounidense abriéndose a las relaciones multilaterales de cooperación y comercio global, con fundamento en los principios de autonomía, solidaridad y soberanía nacional, y promover la unidad latinoamericana y caribeña.  
La sociedad colombiana ha oscilado históricamente entre los modelos estado-céntrico y mercado-céntrico, la nación de la Segunda República debe ser plural, democrática y socio-céntrica.


Desarrollo rural y reforma agraria. El 22 por ciento de la población colombiana es rural. El país necesita transformar la economía de la tierra aboliendo su esencia feudal y señorial, estimulando la formación y expansión de una clase media rural de empresarios agrícolas y de cooperativas de producción, transformación y comercialización. La reforma agraria integral es inaplazable; debe resolverse de raíz la insuficiente disponibilidad de tierra, capital y tecnología para los productores agrícolas más eficientes y pobres. La agroindustria de exportación y bajo formas asociativas debe liderar este cambio. Debe promoverse la autonomía y seguridad alimentaria nacional. El objetivo final debe resolver estructuralmente los problemas de pobreza, exclusión y baja productividad, garantizando la plena ciudadanía y la dignidad de los pobladores rurales.  
El desarrollo rural y la reforma agraria integral, para ser sostenibles, requieren de manera prioritaria el ordenamiento ambiental del espacio vital, urbano y campestre. Esta es la base lógica sobre la cual organizar posteriormente el territorio, la división político-administrativa e implementar los planes de desarrollo humano, sostenibles y democráticos.  


Ciencia, educación, productividad, industrialización y exportaciones. La baja productividad es una de las principales razones por la cual el crecimiento de la economía nacional es reducido e insuficiente. Para que el ingreso per cápita de Colombia pueda converger hacia el nivel de países de mayor desarrollo es necesario trabajar en el crecimiento de la Productividad Total de los Factores (PTF) y la productividad laboral. La productividad del trabajo permanece estancada y la relación entre capital y trabajo viene aumentando por el incremento del costo relativo del trabajo frente al capital. Los correctivos a esta tendencia implican mejoras significativas en la calidad, cobertura y pertinencia del sistema educativo, fortalecimiento de la educación pública y acceso a la formación técnica y tecnológica superior. La ciencia, la tecnología y la innovación deben constituir el núcleo de un triángulo donde convergen educación, economía y Estado.


El Estado debe promover la diversificación y profundización de la economía de alta eficiencia y eficacia, productividad y complejidad tecnológica. Debe incentivar el aumento de las exportaciones y el incremento de la participación de la industria manufacturera y la agricultura en el PIB. El incremento de las exportaciones de alto valor agregado e intensivas en trabajo es condición necesaria para el crecimiento económico y el bienestar (5).


La cultura y la educación  deben promover en la niñez y juventud el amor a la ciencia, que conduce a la posesión racional de sí mismo, a la libertad y a la democracia. No hay libertad y consciencia sin conocimiento, ni hay verdadero conocimiento posible sino para el ser humano libre y digno.
La cuestión social. El país debe abandonar su visión e institucionalidad social de carácter medieval sustentada en la discriminación, positiva o negativa, de la pobreza, el asistencialismo y la utilización de instrumentos tecno-miserabilistas de asignación de subsidios. La dignidad humana, y su expresión jurídica universal en los derechos humanos, es garantista y por tanto debe orientar de manera democrática y responsable la política pública social. Es necesario confluir hacia una sociedad de clase media, conformada por familias estables, solidarias y seguras viviendo bajo condiciones básicas de dignidad, participación democrática y responsabilidad colectiva.


La participación de los ingresos laborales en el valor agregado nacional debe estar acorde con las necesidades básicas, la dignidad y la productividad del trabajo. La distribución del ingreso en Colombia puede mejorar con una combinación de mayores impuestos a las personas más ricas y un mayor gasto público social dirigido a garantizar el disfrute de los derechos humanos por parte de todas las personas y hogares.


Cultura, ciudadanía y modernidad. El perfil general de una sociedad moderna presupone alfabetización, movilidad social, igualdad, libertad y responsabilidad, todo unido a una cultura creativa, compartida, cohesionada, solidaria y revelarse en ella esa identidad, interiormente, como unidad de significado, sentido y proyecto societal. Debe ser una ciudadanía orientada y animada por valores democráticos, solidarios, justos y del bien común. Valores impartidos mediante sistemas educativos universales. En semejante ambiente moderno, la cultura de todo ser humano, el idioma en el que se le imparte enseñanza y mediante el cual puede ser efectivamente empleado en un trabajo productivo y participar democráticamente, son su más precioso haber, su verdadera cédula de acceso a la plena ciudadanía, a la autonomía, a la dignidad humana y  a la participación social democrática (6).



1. García Nossa, Antonio, (1981), ¿A dónde va Colombia? De la república señorial a la crisis del capitalismo dependiente, Tiempo Americano Editores Ltda., Bogotá, pp. 19-25.
2. El sistema de ingresos se caracteriza por la evasión fiscal de las clases ricas y la gravitación del sistema tributario sobre las clases pobres. El sistema de egresos registra una tendencia creciente de gastos de funcionamiento, mantenimiento de una inflada fuerza represiva, pago crónico de deuda pública, tendencia errática de la inversión y exangües programas sociales de corte asistencialista, todo contaminado por la tradicional corrupción. El desbalance entre ingresos y gastos del Estado es crónico, el déficit fiscal oscila entre el 3 y el 6% del PIB. El principio del déficit fiscal está enraizado en un hecho que conserva su inmunidad a lo largo de la historia colombiana: la falta de adecuación entre el sistema colonial de ingresos y el sistema republicano de gastos. La Constitución de 1991 elevó el gasto público total a niveles no sostenibles generando serios problemas fiscales que no han podido ser corregidos en su raíz o causas.
3. La cuestión social es una expresión acuñada en Europa en el siglo XIX que intentó recoger las inquietudes de políticos, intelectuales y religiosos frente a múltiples problemas generados después de la revolución industrial, entre ellos la pobreza y mala calidad de vida de la clase trabajadora.
4. Recoge las operaciones reales (comercio de bienes y servicios) y rentas que se producen entre los residentes de un país y el resto del mundo.
5. Brasil, con una participación de las exportaciones en el PIB de 12,6 por ciento, y Colombia, con el 14,6 por ciento, están lejos de destacarse como países exportadores y su crecimiento es inferior al de Chile y Costa Rica.
6. Gellner, Ernest, (2003), Cultura, identidad y política, Gedisa Editorial, Barcelona, p. 27.

*     Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

Memoria de exterminio



En 1492, fecha del “descubrimiento” de América, los historiadores estiman que habitaban el territorio colombiano unos tres millones de indígenas, de los que solo quedaban 770.000 hacia 1586. La guerra de exterminio, el trabajo forzado y las nuevas enfermedades  que trajeron los conquistadores explican este genocidio, calificado como uno de los más criminales, barbaros y deshumanizantes en la historia de la humanidad.  


La Independencia de Colombia fue el proceso histórico que permitió su emancipación del Imperio español, dando fin al período colonial. La guerra de quince años devoró cerca de la décima parte de la población neogranadina -200.000 personas, en una población total de 1,4 millones de personas en 1809.
La Guerra de los Mil Días (1899-1902) es considerada como uno de los episodios más traumáticos de la historia moderna de nuestra nación. El conflicto dejó 100.000 víctimas, según las estimaciones más optimistas (en 1900 la población total llegó a 4 millones). El enfrentamiento bipartidista de liberales y conservadores, las constantes convulsiones sociales que buscaban terminar con la hegemonía conservadora y la crisis económica, fueron los detonantes de este conflicto.


“La Violencia” (1946-1966) causó 300.000 asesinatos y la migración forzosa de más de dos millones de personas, equivalente a casi una quinta parte de la población total de Colombia, que para ese entonces alcanzaba los 11 millones de habitantes.


El conflicto armado del último medio siglo deja hasta ahora un balance cercano a los 9 millones de víctimas entre homicidios, población desplazada y desaparecidos, además del robo de 6,5 millones de hectáreas (tierras despojadas a agricultores medios, campesinos, negros e indios).


De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Colombia clasifica, en 2019, como el país con más desplazados del mundo, superando a Siria, República Democrática del Congo, Somalia, Etiopía, Nigeria y Yemen. En Colombia 7.816.500 de personas se encuentran huyendo de la violencia. Durante 2018, según Acnur, 118.200 colombianos abandonaron sus hogares producto de la guerra continuada.


De otra parte, la tasa de homicidios en Colombia sigue siendo alta en comparación con los estándares internacionales. Para el primer semestre de 2019 alcanzó la cifra de 24,4 por cada 100.000 habitantes, equivalente a un promedio de 1.005 homicidios al mes. A pesar de los Acuerdos de Paz, la reducción de homicidios está estancada, pues la tasa de este año es igual a la del 2017; en 2018 la tasa subió a 24,9, y en el 2016 estaba en 25,5 homicidios por cada 100.000 habitantes.


La política unilateralista del Gobierno de mera intervención militar o policial no genera un efecto positivo sobre la seguridad, esa política deteriora la confianza en las autoridades. El riesgo de incrementar la violencia es mayor ante la reedición de la política uribista de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales por parte de la administración Duque y su ministro de Defensa. Alternativamente, lo que se requiere es una estrategia integral de Estado-sociedad civil- Institucionalidad internacional, con enfoque democrático e incluyente, fundamentada en el respeto de los derechos humanos, creación de condiciones materiales para generar procesos de desarrollo autónomos y sostenibles, respeto por la dignidad de la persona, justicia, verdad, paz y promoción de la participación comunitaria con carácter decisorio.

Eduardo Esparza, sin título (Cortesía del autor)

Ayer


Los movimientos anticoloniales que estallaron en 1781 en El Socorro y en 1810 en Santafé de Bogotá, no brotaron espontáneos, aunque la historiografía tradicional, y por ende la oficial, les han dado esa apariencia de espontaneidad. Fueron producto de años de preparación y de acumulación de motivos hacia una meta común: la Independencia.


No tuvieron, los movimientos independentistas, un carácter ideológico colectivo hasta las conspiraciones que se dieron en progresión continental durante los últimos años de la primera década del siglo XIX. Las rebeliones preliminares en el Nuevo Reino de Granada seguían el patrón de las vividas en otras regiones de América del Sur: la negativa a pagar impuestos de guerra, adicionales a los ya estatuidos, y la exigencia por parte de campesinos y artesanos de que se les permitiera comerciar libremente sus productos en el territorio, sin las restricciones de movimiento que les imponían las medidas de la Corona Española para favorecer el monopolio del comercio en las colonias ejercido por empresas peninsulares como la Compañía Guipuzcoana de Caracas, por ejemplo.


En su informe extenso y documentado de 1790 al Virrey Ezpeleta sobre el estado del Virreinato de la Nueva Granada, el economista criollo, escritor y precursor de la Independencia, Pedro Fermín de Vargas, hace descripción detallada de la situación económica en agricultura, población, comercio, industria y vías. Diagnostica los problemas y plantea soluciones.


“Se deja, pues, conocer (dice en una primera conclusión) cuán liberal ha sido la naturaleza con estos dominios del Rey, y que a nada que se fomentase la industria en ellos, competirían con los mejores del resto de la América. Una mano sabia, que, conociendo todos los recursos de que es capaz esta colonia, se aplicase con tesón a promover los ramos de agricultura, comercio y minas, tendría la satisfacción de ver floreciente el Reino en pocos años, y en estado de pagar con usura los cuidados que debe al soberano por su conservación”. Más adelante, Vargas anota en forma implícita la causa original de los movimientos pre-independientes en el Nuevo Reino de Granada:


“Es verdad que de cuando en cuando se han hecho algunos esfuerzos para componer los caminos. El Excelentísimo señor don José de Solís, Virrey que fue de este Reino, promovió cuanto estuvo de su parte la abertura del camino de Carare, la carrera de Vélez al río de La Magdalena, con la mira de dar salida pronta a las harinas del Reino. La Compañía de emprendedores que se formó en aquella época hubiera conseguido las grandes utilidades que se había propuesto si el Virrey sucesor” (Messía de la Zerda) “no hubiera variado de ideas y abierto el puerto de Cartagena a las harinas inglesas, que en un momento arruinaron la compañía y dieron un golpe mortal a nuestra agricultura”.


El promotor de la Compañía de emprendedores, y el más rico de sus socios, era don Jorge Miguel Lozano de Peralta, Alférez Real de Santafé y Sargento Mayor de las Milicias del Nuevo Reino, que posteriormente compraría el título de Marqués de San Jorge. Don Jorge Miguel fue el vasallo más rico del reino, dueño de la Dehesa de Bogotá (que abarcaba el noventa por ciento del territorio de la Sabana de Bogotá) y de Molinos en Villa de Leyva, donde, como lo dice Pedro Fermín de Vargas en su informe, se producían las harinas de mejor calidad en el mundo, de las cuales una buena parte se exportaba a Europa y a las colonias inglesas de Norte América. La competencia de las harinas inglesas, en efecto, arruinó a muchos de los socios de la Compañía de emprendedores, y puso en aprietas al señor Lozano de Peralta, y a miles de agricultores. Lozano pudo sostenerse gracias a su fortuna fabulosa y a la variedad de negocios de agricultura y ganadería facilitados por la vasta extensión de su Dehesa; pero no le perdonó al Virrey Messía aquella medida arbitraria contra los intereses de los agricultores criollos. Comenzó a cultivar dentro de sí un sentimiento rencoroso de rebeldía hacia el dominio español. Esa rebeldía se manifestó en actitudes como renunciar al título de Alférez Real (que lo hacía el segundo personaje en importancia del reino, después del Virrey) y al de Sargento mayor de las Milicias, además de enfrentarse en el cabildo de Santafé con chapetones pura sangre y retarlos a duelo. Posteriormente, al recibir el título de Marqués de San Jorge, por el cual debía pagar una suma nada despreciable al tesoro de su Majestad, solicitó a la Real Audiencia pasaporte para viajar a Madrid a efectuar el pago de su título nobiliario, pero la audiencia le negó el permiso, y en consecuencia el marqués rehusó pagar si no era en Madrid. En represalia, la Audiencia lo despojó del título. El marqués venía conspirando con criollos de Santafé y propietarios de tierras en la provincia de Tunja, en especial del Socorro, San Gil , Guanentá y Vélez. Apoyó con dinero y armas la rebelión de Galán, y participó sin remilgos en la intentona de artesanos e intelectuales el 10 de junio de 1781 para derribar el gobierno colonial. La Real Audiencia reunió pruebas de las actividades subversivas del marqués, quien por su lado envió a la Corte cartas en las que acusa a los oidores y al Virrey Caballero y Góngora de hurtar los fondos públicos y de otros delitos productivos. La Corte atendió las imputaciones de la Real Audiencia contra el Marqués de San Jorge y ordenó su prisión. Fue detenido en 1784 y enviado a las mazmorras de Bocachica en Cartagena, desde donde siguió conspirando hasta su muerte en 1793, dicen que causada por envenenamiento. El noble criollo había cumplido con su papel de precursor de la Independencia y con abrir el camino a las siguientes generaciones, que tuvieron como líderes a Francisco de Miranda, Antonio Nariño y Simón Bolívar.


El que los actos independentistas de la generación del marqués de San Jorge (la generación precursora) hayan sido minimizados por los historiadores, o sencillamente desconocidos, no les quita la importancia enorme que tuvieron, ni hace menos interesante y significativa la metamorfosis de personajes que, partiendo de un interés económico, terminaron incursos en una convicción ideológica y política en cuyo empeño no vacilaron en ofrendar su libertad, sus vidas y sus fortunas.


Otra figura clave en la formación del pensamiento independentista y libertario, fue el sabio gaditano José Celestino Mutis. De él no hablaremos en este artículo porque su papel formador y revolucionario en la gesta de la independencia está reconocido y exaltado.


La lucha por la independencia, principiada en 1780 con los levantamientos de Charalá y Mogotes, se prolongó, en lo que atañe a Colombia, por treinta y nueve años, entre conspiraciones, golpes insurgentes, contragolpes realistas, victorias y derrotas de los patriotas (1810-1814), reconquista española (1815) Guerra magna de Liberación (1816-1819), hasta culminar, con la brillante y épica campaña libertadora de la Nueva Granada en 1819, el 7 de agosto, en el Puente de Boyacá. Ahí concluye nuestro pasado.


Hoy


Nuestro presente comienza, sin solución de continuidad, el 8 de agosto y se hace visible a plenitud, con la creación de la República de Colombia en el Congreso Constituyente de Cúcuta en 1821.


Es un presente que nace embarazado, con dos mentalidades opuestas en su vientre, concebidas en el curso de las dos primeras décadas del siglo diecinueve. Esas mentalidades, como las describe Antonio Nariño en su discurso de instalación del Colegio Electoral en 1813, son las de aquellos que pelean por la libertad, y los que pelean por el poder. Mentalidades antagónicas, se enfrentarán, aun antes de que nazca el presente, y marcarán nuestra historia hasta la actualidad.


Si alguien, en los días inaugurales de la República, se hubiera preguntado cómo sería nuestro futuro, habría encontrado la respuesta precisa en dos discursos. En el primero (Angostura 15 de febrero, 1819) el Libertador Simón Bolívar avizora un futuro de prosperidad y felicidad basado en la multiplicidad de riquezas con que la naturaleza ha bendecido estos territorios recién nacidos a la luz de la libertad, pero advierte que para el logro de esa felicidad es indispensable “un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad, la paz. Un gobierno que haga triunfar, bajo el imperio de leyes inexorables, la igualdad y la libertad”. El Libertador Antonio Nariño, en el discurso de defensa ante el Senado (Bogotá, 14 de mayo de 1823) dice al concluir su análisis de las causas que ocasionaron la ruina de las repúblicas de Grecia y de Roma: “¿Qué debemos, pues, esperar de nuestra República si comienza por dónde las otras acabaron? Al principio del reino de Tiberio, dice un célebre escritor, la complacencia, la adulación, la bajeza, la infamia, se hicieron artes necesarios a todos los que quisieron agradar; así todos los motivos que hacen obrar a los hombres los apartaban de la virtud, que cesó de temer partidarios desde el momento en que comenzó a ser peligrosa. Si vosotros, señores, al presentaros a la faz del mundo como legisladores, como jueces, como defensores de la Libertad y la virtud, no dais un ejemplo de la integridad de Bruto, del desinterés de Foción, y de la Justicia severa del Tribunal de Atenas, nuestra libertad va a morir en su nacimiento. Desde la hora en que triunfe el hombre atrevido, desvergonzado, intrigante, adulador, el Reino de Tiberio empieza y el de la Libertad acaba”.


Por desgracia las premoniciones sombrías de Nariño se cumplieron. Para conseguir una república “eminentemente popular, eminentemente justa, eminentemente moral”, como la pedía Simón Bolívar, se necesitaba, y se necesita, que en su gobierno prevalecieran ciudadanos eminentemente virtuosos, eminentemente justos, eminentemente morales; pero predominaron los complacientes, los aduladores, los ruines, los infames, los que aman el poder y no la libertad. Los hipócritas, los ambiciosos, los avaros se adueñaron de la república y apagaron la voz del ciudadano. El reino de Tiberio se impuso sobre el reino de la Libertad. Nuestra república ha vivido doscientos años de violencia implacable de los poderosos sobre los débiles. Las voces que se han alzado contra la desigualdad, la inequidad, la injusticia, la inmoralidad, han sido acalladas a sangre y fuego. En el siglo diecinueve los pretextos políticos fueron entre los que defendían el centralismo o el federalismo, y los pretextos económicos entre la oligarquía feudal terrateniente y la de comerciantes que auspiciaban el libre cambio, contra los artesanos industriosos que abogaban por el proteccionismo para su trabajo, el que de verdad producía la riqueza nacional. Los gobiernos que intentaron ser eminentemente populares, es decir, eminentemente democráticos (Simón Bolívar, José María Melo, Tomás C. de Mosquera, Rafael Núñez) fueron combatidos a muerte y malogrados por la oligarquía sanguinaria que ha detentado el poder a toda costa. Igual sucedió en el Siglo XX con los gobiernos progresistas de Rafael Reyes y Alfonso López Pumarejo.


Sin embargo, a lo largo, ancho y profundo de estos doscientos años de aparente vida republicana, la lucha de los ciudadanos amantes de la libertad, de la paz, del progreso en igualdad, y los torrentes de sangre inocente derramados y que continúan derramándose por los propagadores del oscurantismo y de la violencia, no han sido un fracaso. Bolívar decía que el aprendizaje de la libertad requería tiempo y sufrimiento. Después de doscientos años de sufrimiento los colombianos hemos aprendido el valor de la libertad y con esa enseñanza irreversible vamos a empezar a construir el país, que entonces parecía fantástico, soñado por el Libertador en su discurso de Angostura. Tenemos ya la experiencia, el sufrimiento, las herramientas democráticas, y la decisión para trasladar a las manos de sus legítimos dueños, los ciudadanos, el poder que la oligarquía corrupta, corruptora y excluyente, ha detentado en los doscientos años pasados.


Mañana


Si me preguntan cómo veo el futuro, responderé con las mismas palabras que expresaron dos centurias atrás Simón Bolívar y Antonio Nariño. Podemos adoptar la organización administrativa más perfecta, las leyes más justas, instituir el federalismo o el centralismo, dotar de autonomía a las regiones, concebir una constitución que establezca, como lo proclamó José Martí, “un gobierno con todos y para el bien de todos”; mas, para hacer que todo eso funcione, el requisito indispensable está en la calidad de las personas que se escoja para gobernar. Las instituciones no actúan solas, no son autocompetentes. Su calidad operativa no es intrínseca, dependerá de la calidad de los operadores. El espectáculo de corrupción que hoy contemplamos, y que hemos tolerado pasivamente; el saqueo a los erarios municipales, el despilfarro en obras inútiles, la negligencia en el cuidado de los bienes públicos, el narcotráfico, el lavado de dinero, el atropello escandaloso a los Derechos Humanos, el asesinato de líderes sociales, el crimen organizado, esas atrocidades no ocurren porque las instituciones sean corruptas, sino porque están en manos de corruptos. La conclusión es obvia. Mañana no será mejor que hoy si los ciudadanos no entienden su deber de examinar con calma, con atención, si la persona por quien van a depositar su voto es digna de confianza. Si con nuestro voto ciego seguimos favoreciendo a los corruptos, las cosas no mejorarán en el futuro.


Por supuesto no se pueden perder de vista los factores globales, políticos y económicos, que hoy se mueven en un clima de tensión y de un arsenal tenebroso de armas nucleares que podría garantizar la desaparición de la humanidad en pocos minutos. En ese caso, ya no tendríamos que preocuparnos de nada.

Eduardo Esparza, sin título (Cortesía del autor)

A las peculiaridades más notorias del espíritu humano pertenece…
junto a tanto egoísmo en lo particular, una falta de envidia
general de todo presente respecto de su futuro”.
R.H. Lotze, citado por Walter Benjamin en la
 segunda de las “tesis sobre el concepto de Historia”



Las breves y profundísimas diecinueve tesis sobre la Historia de Benjamin son tan agudas –y a veces, tan enigmáticas– que pueden leerse en clave de la historia de la nación colombiana con sorprendentes resultados. Cualquiera que se acerque a ellas, bien para releerlas o conocerlas por primera vez, constatará cómo explican la visión de Historia desde la perspectiva de lo acontecido en el país. Entre las más citadas, la novena, habla del “ángel de la historia”, quien, con ojos desorbitados, la boca abierta y las alas tendidas, su rostro se vuelve hacia atrás para contemplar el pasado del que quiere escapar. “Lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única, que arroja a sus pies ruina sobre ruina, amontonándolas sin cesar”. El ángel está a punto de ser devastado por un huracán “que sopla desde el paraíso” y “se arremolina en sus alas”. Un huracán tan fuerte que no le permite al maltrecho ángel plegar sus alas. Benjamin afirma, con perspicaz ironía, que ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso.


¿Para qué celebrar el Bicentenario? Examinar los primeros siglos de la historia del país, con visión de grandes períodos, como lo sugiere Braudel, sirve para aclarar qué se requiere de cara a una Segunda República. Los doscientos años de la Primera República estuvieron marcados por fuerzas heredadas de la Colonia que, transformadas, adaptadas o renovadas, están arraigadas en el presente de Colombia: dominio económico, político y social de las élites criollas; el reparto y la rapiña de la cosa pública entre políticos tradicionales; el señorío del cacicazgo o gamonalismo en la provincia; la desigualdad social; la concentración de la tierra en poquísimos; la ilegalidad a lo largo y ancho, hacia arriba y hacia abajo; el contrabando en doble vía; la falta de presencia del Estado en la periferia; el uso de la violencia para definir diferencias políticas sociales o económicas, en otras palabras, la incapacidad para vivir en paz; la criminalización de la protesta social; la aculturación y despojo de tierras de las poblaciones originarias; el predominio de la Iglesia y de las ideas religiosas y morales en la vida cotidiana; la injerencia de las potencias extranjeras en los designios locales; el monopolio de los grupos económicos, principalmente, pero no exclusivamente, extranjeros en las actividades esenciales del país; la ausencia o precariedad de industria nacional sólida, acompañada de un desarrollo propio científico y tecnológico precario o inexistente; el saqueo sistemático de los recursos del país; la dependencia económica en pocas fuentes, según la época, como el tabaco, la quina, el café, el carbón y petróleo, una sociedad con una clase media inexistente o apenas incipiente, una educación dominada en gran parte por intereses confesionales y económicos, una país que no hace responsables a sus líderes y gobernantes de sus acciones, la impunidad generalizada desde la menor contravención hasta delitos de lesa humanidad, la corrupción rampante; una cultura ciudadana donde predomina lo informal, la avivatada (herencia de la irónica máxima colonial “se obedece pero no se cumple”), la malicia y el desprecio por la norma y la correspondiente incapacidad de hacerla cumplir; una enorme dependencia en lo foráneo, desde lo material hasta lo inmaterial y, para no alargar la lista, la progresiva pérdida de soberanía sobre el territorio original de la Gran Colombia. La lista parece no agotarse y el panorama no puede ser más desolador.


Todo lo anterior suele enmascararse o minimizarse bajo el atenuante de cuánto el país ha “progresado” –ese huracán que amenaza con arrasar al “ángel de la historia”– en dos siglos de vida y en todos los órdenes. Allí están las cifras e indicadores que citan orgullosamente quienes se benefician de ellos, en educación, en salubridad pública, en infraestructura, en bancarización, en institucionalidad, en acceso a las Tic, en urbanización, en movilidad social, en reconocimiento internacional en el deporte y la cultura y hasta en los llamados indicadores de felicidad donde el país aparece, sospechosamente, en los puestos más altos del mundo. Pero lo cierto es que el lastre que se arrastra desde la Colonia se ha exacerbado, cuando no llegado a un límite insostenible, que amerita cerrar la página de la Primera República y abrirle la puerta a una Segunda República.

¿Mejorar a Colombia o refundarla? ¿Continuidad o discontinuidad?


Desde distintos espacios se clama por un cambio profundo. Es urgente, dicen algunos, “reparar el futuro”. La pregunta es cómo hacerlo: ¿a través de continuidades o discontinuidades?, como preguntaría Foucault. Un ejemplo, sólido y sensato, desde las continuidades, lo establece el investigador Mauricio García Villegas, director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional de Colombia, quien publicó en el 2018, precedido de una introducción propia, la compilación de 25 “ideas para reparar el futuro”. Allí recoge opiniones de igual números de personajes de la vida nacional que señalan cómo es posible “mejorar” el país. Del análisis comparativo de las propuestas, García sintetiza siete ideas básicas:


1. Consolidar la paz con las guerrillas y pasar la página amarga de la violencia política;
2. Proteger el medio ambiente;
3. Mejorar el talante moral de la sociedad colombiana; es decir darle la importancia que se merece a la cultura, a los valores éticos y a los sentimientos morales;
4. Colmar el territorio nacional con un Estado legitimo y con capacidad para controlar a los actores armados, proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar la participación política;
5. Adoptar una política económica centrada en la igualdad social y la ampliación de la clase media;
6. Fortalecer la educación pública;
7. Rescatar la memoria de tal manera que ella nos ayude a superar el pasado y a enfrentar el futuro.


La sabiduría existente sobre desarrollo de los países, anota García, coincide en tres ideas de cómo mejorar los países: crecimiento económico acompañado de igualdad social y aumento de clase media; diseños institucionales que sean vistos como legítimos y respaldados por acuerdos básicos entre las fuerzas sociales y políticas, y, por último, cohesión ciudadana que tenga la capacidad de controlar a las élites en el poder y de difundir una cultura de cumplimiento de reglas, todo ello en medio de un contexto social de paz. No sorprende ni son novedosas las siete conclusiones y tres recomendaciones. Son de sentido común; todo esto, como admite García Villegas, “parece ridículamente elemental, como sacado de un manual de autoayuda para países. Pero a veces las verdades que requieren las naciones para empezar a reparar su futuro son de una simpleza pasmosa”.


Lo que debe resaltarse es que estas ideas atraviesan el espacio común de la cultura que un país tiene o debe tener. El concepto de cultura es inmanente a todo intento de formular una alternativa a la Primera República. Pufendorf, en el siglo XVII afirmaba que cultura es todo lo que se opone al status naturalis o barbaries. Luego, los iluministas franceses Turgot, Montesquieu y Voltaire constataron que la cultura no es solo la formación humana sino, por el contrario, algo esencialmente objetivo sometido a sus propias leyes. Por su parte, los alemanes Herder, Jenisch y Burckhardt le dieron la forma final al concepto de cultura, tanto en el sentido subjetivo, el de la cultura de un pueblo, como el objetivo, la de la humanidad. Herder considera que la cultura de un pueblo es el “florecimiento de la existencia, con la que él se manifiesta de manera grata, pero frágil”.


Sin embargo, para regresar a la opinión de veinticinco sabios, este aspecto no es suficiente para movilizar a un país en la dirección correcta, así ellos demuestren un alto grado de sensatez. Es necesario algo más profundo, una discontinuidad que busque, más allá de mejorar lo existente, una refundación de la nación colombiana. Dicho en palabras de Benjamin en su tesis decimocuarta: “la historia es objeto de construcción cuyo lugar no es el tiempo homogéneo y vacío, sino el que está lleno de ‘tiempo del ahora’. Así para Robespierre, la antigua Roma era un pasado cargado de ‘tiempo del ahora’, que él hacía saltar del continuum de la historia”. Y luego, de manera más explícita, en la tesis decimoquinta: “La conciencia de hacer saltar el continuum de la historia es propia de las clases revolucionarias en el instante de su acción”.


Bases para la fundación de una Segunda república. El Acuerdo Final



Otra fuente para usar como hoja de ruta para fundar la Segunda República, a diferencia de las ideas anteriores que, a pesar de lo juiciosas que son, no pasan de ser opiniones de un sector de la intelectualidad del país, es una que tiene el sustento jurídico de la legalidad, un Acto Legislativo incorporado a la Constitución de Colombia: el Tratado Final de Paz firmado en el 24 de noviembre de 2016 en el teatro Colón de Bogotá. Más allá de los ataques que ha sufrido el Acuerdo por sus opositores, y su mismo rechazo en el referendo convocado para su refrendación, principalmente en el gobierno Duque y su partido el Centro Democrático, es preciso resaltar que tiene fuerza de ley y que desconocerlo es equivalente a violar la Constitución Política del país.


No más revisarlo es encontrar cómo están dadas allí las bases para una Segunda República. Hay un aire, un vientecillo fresco, que permea, sin nombrarlo, todo el Acuerdo de Paz: la necesidad de abrirle las puertas al país de una visión intercultural. Esta implica, según Fornet-Betancourt, creador de la filosofía intercultural –una de las vertientes más importantes de la filosofía latinoamericana–, varios aspectos: en primer lugar, crear las condiciones para que los pueblos hablen con voz propia; segundo, fundar una nueva dinámica de inclusión del otro, con el reconocimiento, respeto y solidaridad; tercero, pasar de un modelo de «totalidad» y que fija cierta «verdad» a una verdad como proceso, no como condición ni situación, y cuarto, uno de carácter epistemológico, como es crear las condiciones tanto para la comprensibilidad, como para el discernimiento de lo que es culturalmente extraño. En otras palabras, el pensamiento intercultural es uno que huye de lo hegemónico, de lo etnocéntrico, del desconocimiento del otro y va a contrapelo de lo que ha sido el pensamiento filosófico occidental tradicional, aquél que se retroalimenta a sí mismo sobre las bases de una filosofía antigua griega, primero, y luego centroeuropea, principalmente alemana, francesa e inglesa.


La interculturalidad, como su nombre lo indica parte del contraste y diálogo entre culturas, de buscar espacios de encuentro donde se pueda permitir la convivencia, no solo de ideas sino de seres humanos. Por ello, en el Tratado de Paz se insiste, una y otra vez, que es necesario un país que se abra a nuevas culturas que permitan cerrar para siempre lo que caracterizó a la Colonia y la Primera República: la intolerancia a la diferencia y la violencia como medio de expresar esa intolerancia.


Universales y principios para una Segunda República


De los Diálogos de Paz emergen «universales» no solo en forma de Principios rectores de cada uno de los puntos del Acuerdo Final, sino también, en la decisión de ir «modelando» nuevas «culturas» en el país, culturas entendidas en el sentido que sostiene Bastide, que lo cultural no puede estudiarse aisladamente de lo social. Las relaciones culturales deben ser estudiadas, «en el interior de los diferentes marcos de relaciones sociales, que pueden favorecer relaciones de integración, de competencia, de conflicto, etc».


En este sentido, la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, nombrada por la mesa de La Habana, resalta en su informe (2015) de qué manera en Colombia ha imperado una cultura de violencia en su sociedad desde hace más de cincuenta años; una cultura de violencia acompañada de otra cultura de intolerancia por la diferencia política (liberal-conservador; derecha-izquierda); una cultura de estigmatización por las inclinaciones políticos de los adversarios; y en simultánea, una cultura de autoritarismo por parte de grupos y opositores, incluyendo el mismo Estado, una cultura de fuerza, del uso de las armas para hacerse justicia, una cultura de privatización de la seguridad particular, pero también una cultura de no participación política, por indiferencia o por miedo, una cultura de represión a la expresión de la protesta social y popular, y una cultura de irrespeto por los derechos humanos de las mujeres, de los niños, de los adolescentes, por sólo mencionar algunas de estas «culturas» que han imperado, prosperado y se han enquistado en el país.


De allí que el Acuerdo Final insista en la necesidad de cambiar esas «culturas» y hacer emerger unas nuevas, sustitutivas de las ya mencionadas. Es decir, la sociedad colombiana que emerge de los Diálogos de Paz, debe asegurar, entre muchos aspectos, la ampliación democrática, el fortalecer el pluralismo, el tener más representación de las diferentes visiones políticas, el promover la convivencia, la tolerancia, la no estigmatización, el proveer de garantías para ejercer la oposición y para que los movimientos sociales de protesta tengan también las garantías necesarias.


Aspectos que, a propósito, identifican los principios de la filosofía intercultural. En primer lugar, las partes reconocen, en una manifestación de convergencia y respeto intercultural, que «la construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. Es importante ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr bases sólidas para forjar la paz», cuya construcción «es un asunto de la sociedad» que en su conjunto requiere de la participación de todos sin distinción, «y por eso es necesario concitar la participación y decisión de toda la sociedad colombiana en la construcción de tal propósito, que es derecho y deber de obligatorio cumplimiento, como base para encauzar a Colombia por el camino de la paz con justicia social y de la reconciliación, atendiendo el clamor de la población por la paz».


Se dice en el punto 2.1.1. del Acuerdo Final que «el ejercicio de la política no se limita exclusivamente a la participación en el sistema político y electoral, razón por la cual la generación de espacios para la democracia y el pluralismo en Colombia requiere del reconocimiento tanto de la oposición que ejercen los partidos y movimientos políticos, como de las formas de acción de las organizaciones y los movimientos sociales y populares que pueden llegar a ejercer formas de oposición a políticas del gobierno nacional y de las autoridades departamentales y municipales». Luego se establecen garantías para la oposición en su legítimo derecho de disenso.


Las partes acuerdan así la creación de un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, como «parte de una concepción moderna, cualitativamente nueva de la seguridad que, en el marco del fin del conflicto, se funda en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos, en particular en la protección de los derechos y libertades de quienes ejercen la política, especialmente de quienes luego de la terminación de la confrontación armada se transformen en opositores políticos y que por tanto deben ser reconocidos y tratados como tales» (2.1.6). Y a continuación viene la enunciación de la «nueva cultura»:


«Este nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política debe contribuir a crear y garantizar una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad, que dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cualquier forma de estigmatización y persecución de dirigentes por motivo de sus actividades políticas, de libre opinión o de oposición» (8.12.2013:3).


Por ello, se declara, a nivel de principios o de «universales»:


«Una sociedad democrática y organizada es una condición necesaria para la construcción de una paz estable y duradera, en particular en el marco de la implementación del Acuerdo Final. Por ello, y en atención al derecho de todas las personas a constituir organizaciones sociales del más variado tipo; a formar parte de ellas y a difundir sus plataformas; a la libertad de expresión y al disenso; al pluralismo y la tolerancia; a la acción política o social a través de la protesta y la movilización; y teniendo en cuenta la necesidad de una cultura política para la resolución pacífica de los conflictos y la obligación del Estado de garantizar el diálogo deliberante y público, acordamos que se adoptarán medidas para garantizar el reconocimiento, fortalecimiento y empoderamiento de todos los movimientos y organizaciones sociales, de acuerdo con sus repertorios y sus plataformas de acción social» (2.2.1).


En un nuevo despliegue de interculturalidad, la partes acuerdan reconocer «que la movilización y la protesta, como formas de acción política, son ejercicios legítimos del derecho a la reunión, a la libre circulación, a la libre expresión, a la libertad de conciencia y a la oposición en una democracia; y que en un escenario de fin del conflicto se deben garantizar diferentes espacios para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías plenas para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica».


Y, con el objetivo de garantizar el ejercicio de estos derechos, las partes acuerdan que el Gobierno definirá las medidas y ajustes normativos necesarios con base en unos criterios; entre los que se destacan:


- garantías plenas para la movilización y la protesta como parte del derecho constitucional a la libre expresión, a la reunión y a la oposición, privilegiando el diálogo y la civilidad en el tratamiento de este tipo de actividades;
- garantías a los derechos de los manifestantes y de los demás ciudadanos;
- garantías necesarias para el ejercicio de la libertad de información durante la movilización y la protesta;
- garantías para la revisión y, de ser necesaria, modificación de las normas que se aplican a la movilización y la protesta social;
- garantías para la aplicación y el respeto de los derechos humanos en general;
- garantías para el diálogo frente a la movilización y la protesta incluyendo la revisión del marco normativo (2.1.2.2)

Acompañamiento del Ministerio Público en las movilizaciones y protestas como garante del respeto de las libertades democráticas, cuando sea pertinente o a solicitud de quienes protestan o de quienes se vean afectados o afectadas. (2.2.2)
Más adelante se insiste sobre la nueva cultura que debe imperar en el país: «En un escenario de fin del conflicto, todos deben contribuir a avanzar en la construcción de una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización, especialmente por razón de la acción política y social en el marco de la civilidad.» (2.2.4) Y en cuanto a la participación ciudadana en política, se dice también:

«Con el fin de promover una cultura política democrática y participativa, que fomente el tratamiento de los conflictos a través de los mecanismos que brinda la política, proscribiendo la violencia como método de acción política, acordamos que se pondrán en marcha las siguientes medidas: promoción de los valores democráticos, de la participación política y de sus mecanismos, para garantizar y fomentar su conocimiento y uso efectivo y así fortalecer el ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente, a través de campañas en medios de comunicación y talleres de capacitación; fortalecimiento de los programas de educación para la democracia en los distintos niveles de enseñanza; promoción de programas de liderazgo político y social para miembros de partidos y de organizaciones sociales; y un programa para la promoción de la participación y liderazgo de la mujer en la política» (2.3.5).


El tema de género tampoco queda por fuera en el punto de Participación Policía y en ese sentido se establece que «se garantizará el enfoque de género, y se diseñarán y adoptarán las medidas afirmativas necesarias para fortalecer la participación y liderazgo de la mujer» (2.3.7).


También se asegura que «los procesos de democratización política y social, apuntalados en la mayor participación social y popular, tenderán a la transformación estructural de la cultura política y promoverán la recuperación del valor de la política» (2.2.2).


Y en cuanto a los medios de comunicación «deberán contribuir a la participación ciudadana y en especial a promover valores cívicos, diferentes identidades étnicas y culturales, la inclusión política y social, la integración nacional y en general el fortalecimiento de la democracia. La participación ciudadana en los medios de comunicación contribuye además a la construcción de una cultura democrática basada en los principios de libertad, dignidad, y pertenencia, y a fortalecer las comunidades con los lazos de vecindad o colaboración mutuos» (2.2.3). Y luego insiste, en el mismo acápite, en que «adicionalmente, en un escenario de fin de conflicto, los medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, contribuirán al desarrollo y promoción de una cultura de participación, convivencia pacífica, paz con justicia social y reconciliación». De nuevo en la sección 2.2.4, titulada: “Garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización, especialmente por razón de la acción política y social en el marco de la civilidad”, se establece que «en un escenario de fin de conflicto, todos, incluidas las partes de este Acuerdo, deben contribuir a avanzar en la construcción de una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización, lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto y dignidad en el ejercicio de la política y la movilización social…» (2.2.4).


Se acuerda, también la creación de un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, que establece entre otros mecanismos y acciones la «creación de una cátedra de cultura política para la reconciliación y la paz» .


Dentro del punto 2.3 Medidas efectivas para promover una mayor participación en la política nacional, regional y local, de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad, se establece un acápite (2.3.5) dedicado a la Promoción de una cultura política democrática y participativa en la que se sostiene que «avanzar hacia una cultura política democrática y participativa implica promover y garantizar el valor y el significado de la política como vehículo para el cumplimiento de los derechos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales. Una cultura política democrática y participativa debe contribuir a la mayor integración de los sectores sociales más vulnerables, así como de los campesinos, las comunidades indígenas y afrodescendientes y la población LGBTI» (2.3.5).

Búsqueda de una nueva cultura y trabas de sus adversarios


Es claro que del Acuerdo Final y de sus documentos preparatorios surge la búsqueda de una nueva cultura en el país, que se aleje de la violencia, de la estigmatización, de la no tolerancia al disenso y se remplace, con el apoyo colaborativo de todos, en una sociedad que a través de una transformación estructural (como lo exige la filosofía intercultural) que evidencia una cultura (o unas culturas), plural, tolerante, democrática, de reconciliación, participativa, de convivencia pacífica, de paz con justicia social, de solidaridad.


Tras este análisis, no sorprende cierta convergencia que existe entre las citadas veinticinco ideas para reparar el futuro compiladas y analizadas por García Villegas y la esencia de lo planteado el Acuerdo Final (incluso con las modificaciones que sufrió tras el revés sufrido con el No, en el plebiscito de octubre del 2016). Tras las revisiones que sufrió el Acuerdo, el énfasis en lo cultural quedó intacto.


 El cumplimiento del Acuerdo Final, que es integral a la Constitución Política de Colombia puede ser (y lo está siendo), atacado, ignorado y desestimado, pero no por ello deja de ser de obligatorio cumplimiento para los gobiernos de turno, la sociedad colombiana y las instituciones del Estado colombiano, así como de los tres poderes que lo conforman.


A casi tres años de su firma, puede parecer desalentador para muchos, que creyeron en él desde un comienzo y que vieron con ilusión la firma como el umbral del camino para alcanzar finalmente el fin de la guerra, ver que poco o nada ha cambiado gracias al Acuerdo y comprobar cada día como surgen nuevas trabas mientras la violencia regresa, se recrudece y los lideres sociales siguen siendo asesinados en muchos lugares la geografía nacional, especialmente en Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Norte de Santander, Nariño y como, incluso una de las partes firmantes, las Farc, se ha fracturado y en muchos casos ha dado la espalda al Acuerdo tan arduamente trabajado. El Acuerdo de Paz ha estado bajo ataque desde su misma gestación en el año 2012, y con certeza seguirá siendo objeto de hostigamiento con miras de hacerlo inoperante.


De nuevo, Benjamin, en su tesis octava, nos recuerda, como si desde su lugar en la eternidad tuviera puesto un ojo en la realidad nacional, que:


“La tradición de los oprimidos nos enseña que el “estado de excepción” en que ahora vivimos es en verdad la regla. El concepto de historia al que lleguemos debe resultar coherente con ello. Promover el estado de excepción se nos presentará como tarea nuestra, lo que mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo. La oportunidad que este tiene está, en parte no insignificante, en que sus adversarios lo enfrentan en nombre del progreso como norma histórica. El asombro ante el hecho de que las cosas que vivimos sean “aun” posibles […] no tiene nada de filosófico…”


Sin embargo, dicha tarea no parece tan fácil. Se requiere de una inmensa voluntad política y de la ciudadanía en general, para que recoja las bases establecidas en el Acuerdo y lo use para fundar la Segunda República, aquella que todo el país, que al menos admite que quiere, en verdad la paz, así haya divergencias de la manera en lograrla, puede emprender el camino de ese profundo cambio cultural que se requiere para erigir un nuevo país, después de doscientos años de tropiezos, errores, caídas. No porque en la Constitución se haya dicho (a través del Acuerdo Final incorporado a ella) que el país requiere nuevas culturas estas aparecen ya consolidadas de la noche a la mañana, sobre todo cuando las culturas a renovar son proactivas inveteradas que provienen desde épocas de la Colonia, como soporte y liento de un poder autoritario y excluyente. Es grande el esfuerzo requeerido para echar a andar esas nuevas culturas, y por lo visto, el Gobierno actual tiene poco o ningún interés de liderar esas banderas.


Pese a todo ello, una ventana queda abierta: debe venir un proyecto político de largo aliento, con aires de renovación que provea el “impulso de articulación o unidad” entre fuerzas progresistas como el que defiende, por ejemplo, Boaventura de Sousa Santos, que lejos de tratar de alcanzar el poder en corto plazo (para perderlo al poco tiempo como sucedió con la mayoría de los gobiernos progresistas latinoamericanos de comienzo del siglo) aspira a sentar unas bases sociales para que verdaderamente pueda calar el llamado a establecer en el país la Segunda República. Benjamin cita a su maestro Nietzsche, en el epígrafe de la tesis decimosegunda, aquella donde nos recuerda que el sujeto del conocimiento histórico es la clase oprimida: “Necesitamos de la historia, pero de otra manera de como la necesita el ocioso exquisito en los jardines del saber”. No necesitanos recreaciones históricas de batallas y cabalgatas de las rutas libertadoras, ni listados inocuos de las 200 mejores canciones, novelas o personalidades del bicentenario. La labor es más grandiosa. No todos los días se funda una república.

Eduardo Esparza, sin título (Cortesía del autor)

Ayer


Los movimientos anticoloniales que estallaron en 1781 en El Socorro y en 1810 en Santafé de Bogotá, no brotaron espontáneos, aunque la historiografía tradicional, y por ende la oficial, les han dado esa apariencia de espontaneidad. Fueron producto de años de preparación y de acumulación de motivos hacia una meta común: la Independencia.


No tuvieron, los movimientos independentistas, un carácter ideológico colectivo hasta las conspiraciones que se dieron en progresión continental durante los últimos años de la primera década del siglo XIX. Las rebeliones preliminares en el Nuevo Reino de Granada seguían el patrón de las vividas en otras regiones de América del Sur: la negativa a pagar impuestos de guerra, adicionales a los ya estatuidos, y la exigencia por parte de campesinos y artesanos de que se les permitiera comerciar libremente sus productos en el territorio, sin las restricciones de movimiento que les imponían las medidas de la Corona Española para favorecer el monopolio del comercio en las colonias ejercido por empresas peninsulares como la Compañía Guipuzcoana de Caracas, por ejemplo.


En su informe extenso y documentado de 1790 al Virrey Ezpeleta sobre el estado del Virreinato de la Nueva Granada, el economista criollo, escritor y precursor de la Independencia, Pedro Fermín de Vargas, hace descripción detallada de la situación económica en agricultura, población, comercio, industria y vías. Diagnostica los problemas y plantea soluciones.


“Se deja, pues, conocer (dice en una primera conclusión) cuán liberal ha sido la naturaleza con estos dominios del Rey, y que a nada que se fomentase la industria en ellos, competirían con los mejores del resto de la América. Una mano sabia, que, conociendo todos los recursos de que es capaz esta colonia, se aplicase con tesón a promover los ramos de agricultura, comercio y minas, tendría la satisfacción de ver floreciente el Reino en pocos años, y en estado de pagar con usura los cuidados que debe al soberano por su conservación”. Más adelante, Vargas anota en forma implícita la causa original de los movimientos pre-independientes en el Nuevo Reino de Granada:


“Es verdad que de cuando en cuando se han hecho algunos esfuerzos para componer los caminos. El Excelentísimo señor don José de Solís, Virrey que fue de este Reino, promovió cuanto estuvo de su parte la abertura del camino de Carare, la carrera de Vélez al río de La Magdalena, con la mira de dar salida pronta a las harinas del Reino. La Compañía de emprendedores que se formó en aquella época hubiera conseguido las grandes utilidades que se había propuesto si el Virrey sucesor” (Messía de la Zerda) “no hubiera variado de ideas y abierto el puerto de Cartagena a las harinas inglesas, que en un momento arruinaron la compañía y dieron un golpe mortal a nuestra agricultura”.


El promotor de la Compañía de emprendedores, y el más rico de sus socios, era don Jorge Miguel Lozano de Peralta, Alférez Real de Santafé y Sargento Mayor de las Milicias del Nuevo Reino, que posteriormente compraría el título de Marqués de San Jorge. Don Jorge Miguel fue el vasallo más rico del reino, dueño de la Dehesa de Bogotá (que abarcaba el noventa por ciento del territorio de la Sabana de Bogotá) y de Molinos en Villa de Leyva, donde, como lo dice Pedro Fermín de Vargas en su informe, se producían las harinas de mejor calidad en el mundo, de las cuales una buena parte se exportaba a Europa y a las colonias inglesas de Norte América. La competencia de las harinas inglesas, en efecto, arruinó a muchos de los socios de la Compañía de emprendedores, y puso en aprietas al señor Lozano de Peralta, y a miles de agricultores. Lozano pudo sostenerse gracias a su fortuna fabulosa y a la variedad de negocios de agricultura y ganadería facilitados por la vasta extensión de su Dehesa; pero no le perdonó al Virrey Messía aquella medida arbitraria contra los intereses de los agricultores criollos. Comenzó a cultivar dentro de sí un sentimiento rencoroso de rebeldía hacia el dominio español. Esa rebeldía se manifestó en actitudes como renunciar al título de Alférez Real (que lo hacía el segundo personaje en importancia del reino, después del Virrey) y al de Sargento mayor de las Milicias, además de enfrentarse en el cabildo de Santafé con chapetones pura sangre y retarlos a duelo. Posteriormente, al recibir el título de Marqués de San Jorge, por el cual debía pagar una suma nada despreciable al tesoro de su Majestad, solicitó a la Real Audiencia pasaporte para viajar a Madrid a efectuar el pago de su título nobiliario, pero la audiencia le negó el permiso, y en consecuencia el marqués rehusó pagar si no era en Madrid. En represalia, la Audiencia lo despojó del título. El marqués venía conspirando con criollos de Santafé y propietarios de tierras en la provincia de Tunja, en especial del Socorro, San Gil , Guanentá y Vélez. Apoyó con dinero y armas la rebelión de Galán, y participó sin remilgos en la intentona de artesanos e intelectuales el 10 de junio de 1781 para derribar el gobierno colonial. La Real Audiencia reunió pruebas de las actividades subversivas del marqués, quien por su lado envió a la Corte cartas en las que acusa a los oidores y al Virrey Caballero y Góngora de hurtar los fondos públicos y de otros delitos productivos. La Corte atendió las imputaciones de la Real Audiencia contra el Marqués de San Jorge y ordenó su prisión. Fue detenido en 1784 y enviado a las mazmorras de Bocachica en Cartagena, desde donde siguió conspirando hasta su muerte en 1793, dicen que causada por envenenamiento. El noble criollo había cumplido con su papel de precursor de la Independencia y con abrir el camino a las siguientes generaciones, que tuvieron como líderes a Francisco de Miranda, Antonio Nariño y Simón Bolívar.


El que los actos independentistas de la generación del marqués de San Jorge (la generación precursora) hayan sido minimizados por los historiadores, o sencillamente desconocidos, no les quita la importancia enorme que tuvieron, ni hace menos interesante y significativa la metamorfosis de personajes que, partiendo de un interés económico, terminaron incursos en una convicción ideológica y política en cuyo empeño no vacilaron en ofrendar su libertad, sus vidas y sus fortunas.


Otra figura clave en la formación del pensamiento independentista y libertario, fue el sabio gaditano José Celestino Mutis. De él no hablaremos en este artículo porque su papel formador y revolucionario en la gesta de la independencia está reconocido y exaltado.


La lucha por la independencia, principiada en 1780 con los levantamientos de Charalá y Mogotes, se prolongó, en lo que atañe a Colombia, por treinta y nueve años, entre conspiraciones, golpes insurgentes, contragolpes realistas, victorias y derrotas de los patriotas (1810-1814), reconquista española (1815) Guerra magna de Liberación (1816-1819), hasta culminar, con la brillante y épica campaña libertadora de la Nueva Granada en 1819, el 7 de agosto, en el Puente de Boyacá. Ahí concluye nuestro pasado.


Hoy


Nuestro presente comienza, sin solución de continuidad, el 8 de agosto y se hace visible a plenitud, con la creación de la República de Colombia en el Congreso Constituyente de Cúcuta en 1821.


Es un presente que nace embarazado, con dos mentalidades opuestas en su vientre, concebidas en el curso de las dos primeras décadas del siglo diecinueve. Esas mentalidades, como las describe Antonio Nariño en su discurso de instalación del Colegio Electoral en 1813, son las de aquellos que pelean por la libertad, y los que pelean por el poder. Mentalidades antagónicas, se enfrentarán, aun antes de que nazca el presente, y marcarán nuestra historia hasta la actualidad.


Si alguien, en los días inaugurales de la República, se hubiera preguntado cómo sería nuestro futuro, habría encontrado la respuesta precisa en dos discursos. En el primero (Angostura 15 de febrero, 1819) el Libertador Simón Bolívar avizora un futuro de prosperidad y felicidad basado en la multiplicidad de riquezas con que la naturaleza ha bendecido estos territorios recién nacidos a la luz de la libertad, pero advierte que para el logro de esa felicidad es indispensable “un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad, la paz. Un gobierno que haga triunfar, bajo el imperio de leyes inexorables, la igualdad y la libertad”. El Libertador Antonio Nariño, en el discurso de defensa ante el Senado (Bogotá, 14 de mayo de 1823) dice al concluir su análisis de las causas que ocasionaron la ruina de las repúblicas de Grecia y de Roma: “¿Qué debemos, pues, esperar de nuestra República si comienza por dónde las otras acabaron? Al principio del reino de Tiberio, dice un célebre escritor, la complacencia, la adulación, la bajeza, la infamia, se hicieron artes necesarios a todos los que quisieron agradar; así todos los motivos que hacen obrar a los hombres los apartaban de la virtud, que cesó de temer partidarios desde el momento en que comenzó a ser peligrosa. Si vosotros, señores, al presentaros a la faz del mundo como legisladores, como jueces, como defensores de la Libertad y la virtud, no dais un ejemplo de la integridad de Bruto, del desinterés de Foción, y de la Justicia severa del Tribunal de Atenas, nuestra libertad va a morir en su nacimiento. Desde la hora en que triunfe el hombre atrevido, desvergonzado, intrigante, adulador, el Reino de Tiberio empieza y el de la Libertad acaba”.


Por desgracia las premoniciones sombrías de Nariño se cumplieron. Para conseguir una república “eminentemente popular, eminentemente justa, eminentemente moral”, como la pedía Simón Bolívar, se necesitaba, y se necesita, que en su gobierno prevalecieran ciudadanos eminentemente virtuosos, eminentemente justos, eminentemente morales; pero predominaron los complacientes, los aduladores, los ruines, los infames, los que aman el poder y no la libertad. Los hipócritas, los ambiciosos, los avaros se adueñaron de la república y apagaron la voz del ciudadano. El reino de Tiberio se impuso sobre el reino de la Libertad. Nuestra república ha vivido doscientos años de violencia implacable de los poderosos sobre los débiles. Las voces que se han alzado contra la desigualdad, la inequidad, la injusticia, la inmoralidad, han sido acalladas a sangre y fuego. En el siglo diecinueve los pretextos políticos fueron entre los que defendían el centralismo o el federalismo, y los pretextos económicos entre la oligarquía feudal terrateniente y la de comerciantes que auspiciaban el libre cambio, contra los artesanos industriosos que abogaban por el proteccionismo para su trabajo, el que de verdad producía la riqueza nacional. Los gobiernos que intentaron ser eminentemente populares, es decir, eminentemente democráticos (Simón Bolívar, José María Melo, Tomás C. de Mosquera, Rafael Núñez) fueron combatidos a muerte y malogrados por la oligarquía sanguinaria que ha detentado el poder a toda costa. Igual sucedió en el Siglo XX con los gobiernos progresistas de Rafael Reyes y Alfonso López Pumarejo.


Sin embargo, a lo largo, ancho y profundo de estos doscientos años de aparente vida republicana, la lucha de los ciudadanos amantes de la libertad, de la paz, del progreso en igualdad, y los torrentes de sangre inocente derramados y que continúan derramándose por los propagadores del oscurantismo y de la violencia, no han sido un fracaso. Bolívar decía que el aprendizaje de la libertad requería tiempo y sufrimiento. Después de doscientos años de sufrimiento los colombianos hemos aprendido el valor de la libertad y con esa enseñanza irreversible vamos a empezar a construir el país, que entonces parecía fantástico, soñado por el Libertador en su discurso de Angostura. Tenemos ya la experiencia, el sufrimiento, las herramientas democráticas, y la decisión para trasladar a las manos de sus legítimos dueños, los ciudadanos, el poder que la oligarquía corrupta, corruptora y excluyente, ha detentado en los doscientos años pasados.


Mañana


Si me preguntan cómo veo el futuro, responderé con las mismas palabras que expresaron dos centurias atrás Simón Bolívar y Antonio Nariño. Podemos adoptar la organización administrativa más perfecta, las leyes más justas, instituir el federalismo o el centralismo, dotar de autonomía a las regiones, concebir una constitución que establezca, como lo proclamó José Martí, “un gobierno con todos y para el bien de todos”; mas, para hacer que todo eso funcione, el requisito indispensable está en la calidad de las personas que se escoja para gobernar. Las instituciones no actúan solas, no son autocompetentes. Su calidad operativa no es intrínseca, dependerá de la calidad de los operadores. El espectáculo de corrupción que hoy contemplamos, y que hemos tolerado pasivamente; el saqueo a los erarios municipales, el despilfarro en obras inútiles, la negligencia en el cuidado de los bienes públicos, el narcotráfico, el lavado de dinero, el atropello escandaloso a los Derechos Humanos, el asesinato de líderes sociales, el crimen organizado, esas atrocidades no ocurren porque las instituciones sean corruptas, sino porque están en manos de corruptos. La conclusión es obvia. Mañana no será mejor que hoy si los ciudadanos no entienden su deber de examinar con calma, con atención, si la persona por quien van a depositar su voto es digna de confianza. Si con nuestro voto ciego seguimos favoreciendo a los corruptos, las cosas no mejorarán en el futuro.


Por supuesto no se pueden perder de vista los factores globales, políticos y económicos, que hoy se mueven en un clima de tensión y de un arsenal tenebroso de armas nucleares que podría garantizar la desaparición de la humanidad en pocos minutos. En ese caso, ya no tendríamos que preocuparnos de nada.

Publicado enColombia
Eduardo Esparza, de la serie “Desentierros” (Cortesía del autor)

“Aquí viene el árbol, el árbol
de la tormenta, el árbol del pueblo.
De la tierra suben sus héroes
como las hojas por la savia,
y el viento estrella los follajes
de muchedumbre rumorosa,
hasta que cae la semilla
del pan otra vez a la tierra (1).



Hace ya dos siglos, en medio de condiciones adversas, algunos de quienes acometieron el reto de enfrentar al rey de España y sus designados en estas tierras, virreyes y otros burócratas, terratenientes rodeados de sus ejércitos opresores, usurpadores del trabajo de indígenas y otros pobres, así como de los miles de miles de esclavizados traídos en contra de su voluntad desde África, recorrieron este territorio, observaron, discutieron, estudiaron a los eruditos de su época como de otras, meditaron y se atrevieron.


No fue fácil. En medio de persecuciones, ataques de todo tipo (terroristas, dirían de ellos hoy), destierro, cárcel, lograron por un tiempo materializar sus sueños, no para ellos sino para el conjunto de quienes habitaban estos territorios, cuyas descendencias, indígenas, cholas, campesinas, mestizas, blancas, hombres y mujeres, aún hoy requieren la concreción plena de la utopía de un territorio integrado, forjado en justicia y garante de soberanía popular, una patria que haga posible el “Supremo sueño de Bolívar”, como diría Augusto César Sandino, general rebelde que proyectó una alianza de todos los Estados hispanoparlantes de la región para oponerse y superar la Doctrina Monroe, una alianza que pasados los años debería dar paso a una federación, sin perder de vista que el mundo sea nuestra patria (2).


En los escritos de Miranda, Nariño y Bolívar están plasmadas sus visiones con extensión en el tiempo. En sus acciones fundieron con marca indeleble el ejemplo de que la palabra con la acción impide que el polvo de la historia oculte la vitalidad de lo proyectado, entre ello, sueños de una región integrada, en libertad, en soberanía plena, con igualdad y bienestar para el conjunto humano que la habita.


Sueño de un país-región integrado de manera propositiva al mundo. País-región donde los Derechos Humanos, los de ayer (civiles y políticos), sean una realidad, pero también lo sean otros reconocidos décadas después, producto de las luchas de varias generaciones de trabajadores, de mujeres en pugna por la igualdad, de pueblos resueltos a defender su libertad, derechos conocidos como económicos y sociales. Suma de reconocimientos que también integran los derechos ambientales, culturales y otro conjunto de los que han quedado integrados en los convenios de la ONU y sus organismos adjuntos.


Así lo hicieron quienes movilizaron todas sus energías tras una América como patria común, regida con independencia y plena de libertad y justicia, proyectando como Patria Grande el territorio inmediato donde habitaron (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, además de Panamá, república producto de las maniobras de los Estados Unidos por controlar y dominar nuestro destino). Al celebrar el Segundo Bicentenario de la Independencia (1819) y la aprobación dos años después, de la Primera República, es necesario, en perspectiva del país de hoy y del soñado para regir bajo una Segunda República, proyectar el país del futuro y con los pies bien asentados en la tierra pero sin amarrarlos con cadenas de realismo político.


Ha de ser este el proyecto de un país otro, para los tiempos que ya llegarán –que construiremos entre todos–, y que en un primer ejercicio parte del territorio que hoy integra Colombia y lo cubre. Pero que en un segundo ejercicio deberá repasar y resumir el territorio integrado como región, ojalá producto de la común deliberación de las organizaciones sociales y políticas que se sienten hijas y prolongación de un legado histórico que está por forjarse como cuerpo.


En perspectiva de la Segunda República, la necesaria de configurar si de verdad pretendemos garantizar en algún momento paz, justicia, libertad, soberanía popular, democracia –más allá de las formalidades que han terminado por hacer de la misma una palabra vacía–, redistribución de la riqueza en beneficio del conjunto social, así como garantía plena de la totalidad de Derechos Humanos, etcétera, que para el caso de nuestro país son retos y guías:



[…]
“Patria, naciste de los leñadores,
de hijos sin bautizar, de carpinteros,
de los que dieron como un ave extraña
una gota de sangre voladora,
y hoy nacerás de nuevo duramente
desde donde el traidor y el carcelero
te creen para siempre sumergida.

Hoy nacerás del pueblo como entonces.
[…]” (3).



Horizonte luminoso. Que en el 2060 Colombia sea el mejor vividero y el país más pacífico de la región.


Referente territorial. Hacer realidad el sueño de Francisco Miranda, Antonio Nariño y Simón Bolívar, y de nuestras montañas, valles, ríos, mares, desiertos, altillanuras, con su población toda, sin distingos de procedencia, raíces, memoria, cultura, poder económico, sabidurías, etcétera; un solo territorio integrado por su conciencia de tiempo, presente y futuro, para erigir en su interior un modelo social de bienestar y alegría, y, en su exterior, entrega permanente de solidaridad y amor genuino a la humanidad global, aportes que eviten que nuestra especie, más las otras con que compartimos el planeta, así como la naturaleza toda, prosigan por el rumbo que hoy padecen de explotación, opresiones, imposiciones, unilateralismo, desunión, injusticias, colapso ambiental.


Debe ser un objetivo indeclinable poner en marcha una geopolítica plural de puertas abiertas con todos los países que aspiren y dispongan una relación entre iguales con Colombia.
“[…] pregunta Bolívar al caballero isleño: ¿Quiere saber usted cuál es nuestro destino […] los campos para cultivar el añil, la grana, el café, la caña, el cacao y el algodón, las llanuras solitarias para criar ganado, los desiertos para cazar las bestias feroces, las entrañas de la tierra para excavar el oro […] (4).

Colombia, reserva ambiental del mundo. La naturaleza que habitamos es nuestra principal ventaja comparativa frente a otros países, y nuestro principal potencial, protegerla en su equilibrio dinámico, es la garantía de futuro armónico y luminoso para las generaciones del presente y las venideras.


Con esa conciencia de nuestro ser natural e histórico, deberá emprenderse la recuperación de mares, ríos, lagos, humedales, manglares, corales, y todos los ecosistemas hídricos, cuencas y microcuencas, destruidos para ‘sembrar’ cemento, como parte de un prometido desarrollo cuyo resultado hasta hoy es contrario a lo ofertado. En fin, protección y recuperación –donde sea necesario– de bosques, selvas, así como de todos los parques nacionales hoy delimitados, más otros que pudieran serlo en el futuro.
Conseguir que nos reconozcamos en los páramos que encumbran nuestras cordilleras, y protegerlos como nuestras más importantes fuentes de agua y cuna de biodiversidad. Igualmente, denegar todo proyecto de minería industrial en su interior, así como de siembra o ganadería de carácter comercial.


Estructurar un plan especial en todas las áreas para proteger, recuperar, y potenciar la cuenca del Amazonas.


Renunciar al desastre que significaría construir el Canal Atrato-Truandó o Canal del Darién, optando por la recuperación y la protección de todo el territorio que integra esa parte del país, frontera con Panamá.


Revertir, asimismo, la deforestación como la siembra de selvas con monocultivos de palma o cualquier otro vegetal, elemento destructor del equilibro ambiental de esas tierras, cuyos impulsores –a sangre y fuego– implementan una política de persecución, exclusión, despojo y desintegración de quienes allí han habitado siempre o quienes llegaron a esos terruños en años o décadas recientes en procura de tierra para un mejor vivir.


Matriz energética. Explorar otras fuentes de energía, más allá del petróleo, con menor impacto sobre el conjunto de la naturaleza, así como sobre la economía de nuestra población, partiendo para ello de lo ya avanzado y encontrado por la humanidad, así como de la diversidad y la potencialidad de nuestro territorio, en sus desiertos, llanuras, páramos, protegiendo en todo momento su integridad.


Mar–Islas. Sembrar conciencia en el conjunto nacional de que, más allá de las ciudades y los campos, contamos con mares e islas, plenos de diversidad en la vida que contienen y en ellos se reproduce. Por tanto, tomar conciencia acerca de que los ríos llegan a los mares, llevando muerte o vida, según la noción que sobre nuestra huella ecológica tenga cada uno de nosotros, así como el conjunto que integramos, y el modelo económico imperante. Si respetamos esta parte de nuestro ser territorial, podremos desarrollar allí ciencia, así como industria de alimentos, y realizar otras iniciativas que favorezcan nuestro bienestar. También, implementar planes especiales para recuperar a San Andrés y sus alrededores del desastre a que los ha llevado la falta de una política económica y ambiental que responda de verdad a su fragilidad natural.


Reorganización-descentralización de los grandes núcleos urbanos con que cuenta el país. Para ganar eficiencia urbana y calidad de vida, es inaplazable encarar su imparable crecimiento. Promover la salida y el traslado de varios millones de los habitantes de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, para que se ubiquen en nuevos asentamientos, construidos o ampliados según el caso y con no más de un millón quinientos mil o dos millones de pobladores, centros donde se encare la realidad del equilibro ambiental, diseñando espacios totalmente integrados entre vivienda, estudio, trabajo, recreación, lo que reduzca a lo mínimo indispensable la utilización del transporte con base en gasolina, y estimule el traslado a pie o en bicicleta, así como en un eficiente transporte urbano, con tarifa mínima o gratuita, entendiendo que este es uno de los mecanismos más expeditos para garantizar igualdad y redistribuir la renta pública.


Para ampliar ciudades, se deben identificar aquellas que cuenten con, máximo 300 o 400 mil personas y que en su entorno reúnan ventajas comparativas, como ríos y terrenos para la siembra de alimentos. En tales espacios se construirán universidades y centros de investigación estatales, que funcionen con un potenciado criterio público, centrados en las bondades del territorio.


A su vez, para construir nuevos poblados, se debe plasmar una amplia variedad de estudios que destaquen las bondades de diversas zonas del país donde es posible encarar este propósito sin destruir su ecosistema. Trabajo seguro, estudio con financiación a cargo del Estado, construcción de potentes centros de investigación, grandes espacios para esparcimiento y recreación, serán cualidades y bondades de estos proyectos a partir de los cuales no haya que transarse en disputa con quienes deben habitarlos.
Potenciar la economía nacional a partir de retomar e integrar lo público con lo privado, y en esto lo solidario, cooperativo y colectivo como primera instancia. Proteger como bien colectivo todo aquello que tenga valor estratégico y de utilidad común.


Reforma agraria integral. La condición insoslayable para que Colombia llegue a ser una sociedad otra descansa en la implementación de una reforma agraria integral, baluarte para la paz efectiva como para un amplio e intenso proyecto que garantice soberanía alimentaria para los millones que somos y además produzca en segundo renglón para el mercado externo.


Proyectando un transporte eficiente en medianas y largas distancias, mecanismos para movilizar la producción del campo a la ciudad, así como entre estas, e incluso entre países, abordar como Estado la recuperación del transporte férreo y acuático –flota naviera–, tanto de buques como de cabotaje.


Trabajo para todos(as). Plan de choque para acometer diversidad de obras civiles, cuidado de bosques, construcción y mejoramiento de vías en todos los órdenes. Poner en marcha una política salarial, de planeación colectiva y de incentivos en todo nivel, de manera que el trabajo deje de ser una carga y se transforme en proyecto de vida de las mayorías.


Educación y salud, derechos universales y gratuitos.


Recuperación de bienes estratégicos de la nación: telefonía y comunicaciones, empresas que tengan que ver con la prestación de servicios públicos –hospitales, represas, acueducto, etcétera.


Reducir al mínimo posible la concentración de la riqueza y la desigualdad social.


Política tributaria: quien tiene más paga más.


Democracia plena, deliberativa, participativa, directa, refrendataria, política, económica, social, cultural, ambiental.


Sistema punitivo y cárcel. Asumir que la cárcel no corrige y, por el contrario, deforma a quien la padece. Dejarla como último recurso para tratar personas no adaptadas a las leyes discutidas y aprobadas en el conjunto social. A mayor justicia e igualdad, y mejor convivencia social, menor debe ser el número de las contravenciones.


Espacio aéreo. Aprovechar nuestra ubicación en la zona ecuatorial para la investigación y el aprovechamiento del espacio aéreo. Establecer alianzas con terceros países que nos ahorren en investigación y nos desatrasen en todo lo concerniente a soberanía informática y similares.


Ciencia. Investigación y desarrollo del conocimiento en procura de un mejor bienestar para los nuestros y para el resto de la humanidad. Es imperioso retomar el mejor conocimiento producido en otros países en todas las áreas, a fin de lograr una mejor vida para nuestra sociedad. Asimismo, reconocer nuestras tierras en procura de una botánica útil para potenciar una farmacéutica de preevención y cura de enfermedades. En el mismo orden de ideas, rescatar los saberes ancestrales –en plantas y energías– con el permiso de sus poseedores, para superar una industria que en este campo hoy no se preocupa por curar sino por especular con la salud y la vida de la humanidad.

[…] “Sobre esta claridad irá naciendo
la granja, la ciudad, la minería,
y sobre esta unidad como la tierra
firme y germinadora se ha dispuesto
la creadora permanencia, el germen
de la nueva ciudad para las vidas” […] (5).


1. Neruda, Pablo, “Los libertadores”, en Canto general, 1950.
2. Augusto César Sandino, “Plan de realización del supremo sueño de Bolívar” (1929), en Pensamiento bolivariano. Origen, desarrollo, vigencia. Ediciones Desde Abajo, 2005, Bogotá, pp. 101-120.
3. Neruda, Pablo, “América insurrecta”, op. cit.
4. Bolívar en: Gómez, García, Juan Guillermo, Hacia la independencia latinoamericana: de Bolívar a González Prada, Ediciones Desde Abajo, Bogotá, 2010, p. 51.
5. Neruda, Pablo, “Letra”, op. cit.

Fabio Mejía, "La dobre línea del saqueo", fotografía (Cortesía del autor)

Hace 200 años, el 7 de agosto de 1819, el país proclamó la independencia y dio origen a lo que hoy conocemos como República de Colombia. Este artículo describe la historia del desarrollo nacional, diagnostica la situación económica actual y sugiere las bases productivas e institucionales de una necesaria revolución social.

 

Memoria y razones de la nación que somos. El “orden”, la estratificación y el poder impuestos por los blancos peninsulares, mediante la violenta, corrupta y expoliadora Colonia, perduraron tres siglos. La insurrección de Los Comuneros (1781) fue el antecedente popular de las guerras de independencia y la primera negación, absoluta y violenta, hecha con armas y por medio de una compacta red de comunes de labriegos y aldeanos, de la soberanía de la corona española. La temprana derrota que vivieron estos insurrectos dejó una amarga lección para las futuras sublevaciones populares: la ingenua creencia que podía lograrse una conquista revolucionaria por medio de la negociación política con el poder real y el error de confiar en la mediación “neutra” de los jerarcas de la Iglesia (1).


En este contexto y dinámica, la Independencia de Colombia fue el final de un proceso histórico que permitió la emancipación del Imperio español, dando fin al período colonial. El triunfo de los patriotas condujo a una organización institucional que amplió las bases de sustentación del sistema hispano-colonial. El pueblo desempeñó un papel de símbolos abstractos, mitos y creencias republicanas. Se promulgaron constituciones liberales cómodas que sirvieron de careta al caudillismo, a las oligarquías y a toda clase de negocios, demagogias e intereses de las clases dominantes.La independencia no fue una revolución burguesa, en sentido exacto, sino un rompimiento –dentro del sistema feudal que había estructurado España– entre el feudalismo colonial y el feudalismo autonomista de los criollos. El capitalismo sólo llegaría a Colombia, de manera orgánica y moderna, hasta mediados del siglo XX.


Esas fuerzas contrarrevolucionarias –la antigua aristocracia esclavista, terrateniente y minera, la jerarquía católica, los militares cargados de tierras y privilegios, los gobiernos y transnacionales imperiales, las clientelas intelectuales y burocráticas, los comerciantes y banqueros– no solo obturaron las vías de acceso popular al Estado republicano, sino que restablecieron los mecanismos del sistema colonial de hacienda pública (2) y, además, anclaron a sus intereses las relaciones sociales, las expresiones culturales, políticas y los contenidos educativos de la “nueva ciudadanía”. Desde entonces, tres grandes vertientes de opinión y lucha política determinan y dan contenido a la dialéctica de los conflictos sociales: el liberalismo, el conservatismo y, más tarde, el socialismo.


La situación económica de la Nueva Granada en los primeros años republicanos fue de crisis y decadencia. La minería ya había declinado en las últimas décadas del siglo XVIII y en los primeros años del XIX. La agricultura del Nuevo Reino había mantenido un desarrollo lento debido a las trabas externas, la débil vinculación con mercados internacionales, y a las limitaciones internas como la falta de capitales, el régimen de impuestos y el uso de métodos y técnicas tradicionales. No obstante, la agricultura se consideró como la actividad redentora para el futuro de la nación.


El país se acostumbró a vivir por encima de sus capacidades, con crónicos déficit fiscales, antagonismos políticos por la apropiación presupuestal, una deuda pública estructural y una dependencia adictiva de los recursos naturales y energéticos. Fue evidente la precariedad del control del Estado sobre la mayor parte del territorio nacional. Además, la Primera República manifestó tendencias al regionalismo y al caudillismo, fruto de la diversidad geográfica y socioeconómica, atizando los conflictos entre centralistas y federalistas, civilistas y militaristas, pacifistas y guerreristas, librecambistas y proteccionistas, liberales y conservadores, laicos y clero, colonialistas y revolucionarios, moderados y radicales, oligarquías y trabajadores, ricos y pobres, terratenientes y minifundistas, patriotas y realistas. Estos antagonismos se transformaron, agudizaron y complejizaron hasta arraigarse como destino nacional durante las siguientes dos centurias.


El Estado, los privilegios y ventajas otorgados por el Estado y el capital estaban reservados a las clases dominantes, a la cúspide de la pirámide social. Los de abajo, los pobres, explotados y oprimidos serían, en cambio, abandonados a su propia suerte para que sobrevivieran de la forma que pudieran, pacífica o violentamente, por medios legales o ilegales, legítimos o ilegítimos. El carácter de Estado autoritario, corporativista y patrimonial se expresa, desde entonces, en cuatro tendencias políticas: las familias ricas y los partidos políticos hegemónicos se sirven de los bienes y recursos del Estado como si fueran suyos, el reforzamiento creciente de los aparatos de represión, la ilegalización de las luchas sociales y la cooptación de grupos de interés mediante la entrega de dadivas a cambio de lealtades políticas.


Colombia hoy


En la historia del  país, desde su constitución como nación, la violencia es expresión del poder real. La finalidad de la violencia étnica, de castas y de clases no ha sido el dominio y la explotación sino, más bien, el exterminio, y por ello se introdujeron tácticas bélicas inéditas en el Nuevo Reino de Granada (perpetuadas a pesar del paso del tiempo), como la política de tierra arrasada, el terror, el sometimiento colectivo por inanición, el desplazamiento forzado, el despojo, la manipulación, el chantaje  y la pobreza inducida (ver recuadro Memoria de exterminio). La concentración de la riqueza, la exclusión popular, los genocidios y la rotura del tejido social son su resultado.


No es casual que la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad, la exclusión, el desempleo y el trabajo precario e informal, en todas sus dimensiones, continúen como desafíos centrales para la sociedad colombiana. El desarrollo incluyente y sostenible, la democracia radical y plural, el trabajo digno y la garantía universal de los derechos humanos, son la condición esencial para la construcción de la paz estable y duradera. También es una verdad evidente que sin paz es imposible generar bienestar colectivo y desarrollo (Gráfico 1).

 

 


Es una deuda del establecimiento con el conjunto social, la cual está distante de cumplirse, datos recientes así lo reafirman. La reducción de pobreza monetaria se estancó en 2016, mientras que en 2017 la pobreza en términos de ingresos se había situado en 26,9 por ciento, en 2018 ascendió a 27,0. Al desglosar la cifra nacional, se encuentra que en las cabeceras urbanas el índice de pobreza fue de 24,4 por ciento, mientras que en las zonas rurales asciende al 36,1 por ciento. Históricamente el grado de incidencia de la pobreza es más aguda en las zonas rurales que en los centros urbanos. Los datos del último censo agropecuario (2016) muestran que el 0,1 por ciento de las explotaciones agropecuarias tiene más de 2.000 hectáreas y controla el 60 por ciento de la tierra, mientras que el 81 por ciento de las explotaciones tiene un promedio de sólo 2 hectáreas y ocupa menos del 5 por ciento de la tierra. Pese a toda esta evidencia, el gobierno Duque (2018-2022), enemigo de los acuerdos de paz, ha bloqueado, entre otros, el capítulo de desarrollo rural.


La precariedad del mercado laboral agrava la pobreza y la desigualdad. En particular, el desempleo es un problema que se vuelve estructural a partir de la década de 1960, cuando el impacto de “La Violencia” (1946-1966) arrojó a más de dos millones de campesinos, despojados de sus tierras, a habitar y malvivir en los cinturones de miseria de las grandes urbes.Durante la década de 1950 la tasa media de desempleo fue de 3,1 por ciento; de 1960 a 2019 el promedio anual se eleva por encima del 11 por ciento.


El país se mantiene en el grupo de siete naciones con las peores distribuciones de ingreso del planeta. El Dane reveló un aumento en la concentración del ingreso entre 2017-2018: pasó de 0,51 a 0,52. Durante los últimos sesenta años registra una media de 0,535, con tendencia a agudizarse a partir de la década de 1990, cuando tomo fuerza el modelo neoliberal, la violencia paramilitar y la financiarización de la economía.


A pesar del paso del tiempo y de las reiteradas promesas de cada candidato presidencial, el modelo económico colombiano prosigue y se fundamenta sobre la polarización de la distribución del ingreso y la riqueza, en el bajo nivel de vida de la población trabajadora, en la preservación de un enorme contingente de mano de obra barata e ignorante y en la explotación semigratuita y depredatoria de los recursos naturales y energéticos (elementos que constituyen la ventaja comparativa de los países capitalistas periféricos y dependientes). El petróleo y la minería han inhibido el desarrollo de los demás sectores de la economía y contribuido al desplazamiento forzado.  


Al mismo tiempo, al Estado colombiano lo caracteriza su estructura de poder excluyente y la represión social; en medida insignificante actúa como empresa, como órgano de gestión, garantista de justicia y derechos humanos, proveedor de servicios de calidad o promotor del desarrollo humano sostenible. De una parte, es un Estado tramposo, burocrático y corrupto que provoca un clima de inseguridad jurídica y operativa, el cual afecta negativamente a la inversión y a la productividad; de otra, la estructura impositiva de carácter regresivo y arbitrario  se expresa, por ejemplo, en el tributo del 19 por ciento sobre los productos y servicios que integran la canasta familiar, lo que ahonda la desigualdad y genera pobreza entre las clases trabajadoras y caída de la productividad laboral. Además, la inestabilidad macroeconómica impacta negativamente el crecimiento económico y el bienestar social.
Sociedad sin armonía entre la estructura económica y la distribución de la fuerza laboral por ramas de la producción. En 2019, la explotación de minas y canteras genera el 6,5 por ciento del valor agregado y ocupa apenas el 0,9 por ciento de los trabajadores; la intermediación financiera aporta el 5,2 por ciento del producto nacional y genera el 1,5 por ciento de los puestos de trabajo. En la situación extrema, el sector agropecuario contribuye con el 7,9 por ciento de la producción y concentra el 15,2 por ciento de la población ocupada, reflejando un bajo nivel de productividad. La industria manufacturera, en decadencia desde los años 1980, genera 12,2 por ciento del valor agregado y registra una cifra similar en la participación del empleo nacional. En las demás ramas de la producción sobresale el trabajo informal, improductivo y precario (Gráfico 2).

 

 


La relación de la economía colombiana con el resto del mundo es asimétrica. Se exportan materias primas y se importan alimentos y toda clase de bienes manufacturados. La balanza comercial es históricamente deficitaria: durante el período 1980-2019, el valor de las importaciones es superior en 6,4 por ciento, en promedio, respecto a las exportaciones. En las últimas cuatro décadas, la línea polinómica de la balanza comercial tiene forma de U: es descendiente entre los años 1980-1992 y registra un déficit creciente a partir de 2014, alcanzando el 21 por ciento en 2019 (Gráfico 3).

 

 


Durante el período 2001-2018, el crecimiento de la población en Colombia fue de 20,7 por ciento; el valor de la producción aumentó durante estos años en 95,9 por ciento; en consecuencia, el crecimiento del ingreso per cápita fue de 62,4, equivalente al 3,5 por ciento promedio anual. Para el período 2019-2030, se espera que la población aumente 7,4 por ciento, la producción 53,9 y el PIB por persona 43,3, esto es, 3,2 por ciento promedio anual (Gráfico 4).

 

 


Economía de la Segunda República


La crisis del modelo neoliberal de crecimiento económico en Colombia se origina, de una parte, en el hecho de que cada vez encuentra menos elementos de sustentación en el sistema mundo capitalista contemporáneo, en pleno, sostenido y acelerado ingreso a la cuarta revolución industrial, luchas competitivas a muerte e involución a los nacionalismos proteccionistas; de otra, en las propias condiciones de vida de su población trabajadora que padece cada día mayores costos sociales, políticos y ambientales. No sólo se trata de un modelo de crecimiento económico sin desarrollo, sino contra la posibilidad de un desarrollo humano, sostenible y democrático. Este modelo histórico combina las formas de funcionamiento de unas estructuras internas de dominación social (sin las cuales no podría explicarse la extrema concentración de la riqueza, el ingreso  y del poder político) y las relaciones de dependencia nacional que definen los determinantes del modelo de capitalismo periférico y atraso científico-tecnológico.


La transformación del modelo económico de desarrollo, en el contexto de una Segunda República, requiere de una mirada histórica, crítica y sistémica. Los lineamientos generales de una alternativa viable y sostenible deben abarcar los temas de Estado, democracia, políticas públicas, modelo de desarrollo, dignidad humana y cuestión social (3).


Estado y política. La viabilidad de la democracia radical y plural como proyecto político hegemónico en Colombia se apoya en su capacidad de competir con proyectos posdemocráticos, antidemocráticos y premodernos. Estos últimos manipulan con eficacia emociones, afectos, miedos, dogmas y tradiciones.  En la compleja polarización de la sociedad colombiana, la solución histórica al enfrentamiento entre sectores sociales antagónicos en el campo de batalla político, necesita que la ciudadanía democrática, trabajadora, pacifista y defensora de la dignidad humana derrote política, social y culturalmente a los violentos partidos y grupos de la extrema derecha, a la corrupta lumpen oligarquía, a las iglesias y movimientos religiosos caracterizados por la intolerancia y el maniqueísmo, al violento proyecto  paramilitar y a los feroces terratenientes.


Los pilares tradicionales de la democracia moderna, radical y plural, más allá del ritus electoral, son el pensamiento crítico, la libertad, la igualdad, la solidaridad, el diálogo y la participación social, la justicia, la tolerancia y el bien común. El filósofo y psicoanalista greco-francés Cornelius Castoriadis estaba en lo cierto cuando afirmaba que, en la democracia, la comunidad política –el demos– construye sus propias instituciones y decide acerca de todo sabiendo que lo hace consciente, racional y apasionadamente. El Estado social y democrático de derecho,  proclamado en la Carta Política de 1991, es una tarea pendiente y necesaria; las clases dirigentes han procrastinado esta obligación histórica.


El Estado debe resolver los históricos y denominados déficits gemelos: el fuerte deterioro de la cuenta corriente (4) y el déficit fiscal creciente. Estos son insostenibles en el largo plazo y conducen a un endeudamiento público impagable y a cargas fiscales insoportables. Es necesario aumentar la participación de las exportaciones en el PIB colombiano; ello requiere, de una parte, incrementar la participación del sector manufacturero y los servicios de alta tecnología en el PIB y, de otra, aprovechar el potencial que tiene Colombia para desarrollar su sector agropecuario. El déficit fiscal se resuelve, por el lado del gasto, reduciendo el tamaño de la burocracia y del inflado aparato represivo, acabando con la corrupción y eliminando los subsidios a los grupos de poder; por el lado de los ingresos  se debe revisar la estructura tributaria para que el impuesto de renta sea directo y progresivo (se debe eliminar totalmente la carga tributaria sobre el consumo de las clases trabajadoras y castigar el gasto suntuario, para favorecer la reducción de la desigualdad).


El actual modelo de desarrollo privilegia la especulación económica y los beneficios del capital, postergando la satisfacción de las necesidades sociales. El Estado debe volver a centralizar y controlar la política monetaria, cambiaria y crediticia. Es necesario regular al capital financiero, orientar el crédito hacia las actividades productivas reales y la economía social, promover la generación de puestos de trabajo dignos y, a la vez, erradicar las prácticas financieras parasitarias, esto es, especulativas y rentistas.


La organización política administrativa de Colombia, por su historia y cultura,  requiere de un equilibrio entre el centralismo y el federalismo, dando mayor poder a la autodeterminación, planeación y desarrollo de las regiones. A la par y como complemento, el país debe romper con la dependencia del imperio estadounidense abriéndose a las relaciones multilaterales de cooperación y comercio global, con fundamento en los principios de autonomía, solidaridad y soberanía nacional, y promover la unidad latinoamericana y caribeña.  
La sociedad colombiana ha oscilado históricamente entre los modelos estado-céntrico y mercado-céntrico, la nación de la Segunda República debe ser plural, democrática y socio-céntrica.


Desarrollo rural y reforma agraria. El 22 por ciento de la población colombiana es rural. El país necesita transformar la economía de la tierra aboliendo su esencia feudal y señorial, estimulando la formación y expansión de una clase media rural de empresarios agrícolas y de cooperativas de producción, transformación y comercialización. La reforma agraria integral es inaplazable; debe resolverse de raíz la insuficiente disponibilidad de tierra, capital y tecnología para los productores agrícolas más eficientes y pobres. La agroindustria de exportación y bajo formas asociativas debe liderar este cambio. Debe promoverse la autonomía y seguridad alimentaria nacional. El objetivo final debe resolver estructuralmente los problemas de pobreza, exclusión y baja productividad, garantizando la plena ciudadanía y la dignidad de los pobladores rurales.  
El desarrollo rural y la reforma agraria integral, para ser sostenibles, requieren de manera prioritaria el ordenamiento ambiental del espacio vital, urbano y campestre. Esta es la base lógica sobre la cual organizar posteriormente el territorio, la división político-administrativa e implementar los planes de desarrollo humano, sostenibles y democráticos.  


Ciencia, educación, productividad, industrialización y exportaciones. La baja productividad es una de las principales razones por la cual el crecimiento de la economía nacional es reducido e insuficiente. Para que el ingreso per cápita de Colombia pueda converger hacia el nivel de países de mayor desarrollo es necesario trabajar en el crecimiento de la Productividad Total de los Factores (PTF) y la productividad laboral. La productividad del trabajo permanece estancada y la relación entre capital y trabajo viene aumentando por el incremento del costo relativo del trabajo frente al capital. Los correctivos a esta tendencia implican mejoras significativas en la calidad, cobertura y pertinencia del sistema educativo, fortalecimiento de la educación pública y acceso a la formación técnica y tecnológica superior. La ciencia, la tecnología y la innovación deben constituir el núcleo de un triángulo donde convergen educación, economía y Estado.


El Estado debe promover la diversificación y profundización de la economía de alta eficiencia y eficacia, productividad y complejidad tecnológica. Debe incentivar el aumento de las exportaciones y el incremento de la participación de la industria manufacturera y la agricultura en el PIB. El incremento de las exportaciones de alto valor agregado e intensivas en trabajo es condición necesaria para el crecimiento económico y el bienestar (5).


La cultura y la educación  deben promover en la niñez y juventud el amor a la ciencia, que conduce a la posesión racional de sí mismo, a la libertad y a la democracia. No hay libertad y consciencia sin conocimiento, ni hay verdadero conocimiento posible sino para el ser humano libre y digno.
La cuestión social. El país debe abandonar su visión e institucionalidad social de carácter medieval sustentada en la discriminación, positiva o negativa, de la pobreza, el asistencialismo y la utilización de instrumentos tecno-miserabilistas de asignación de subsidios. La dignidad humana, y su expresión jurídica universal en los derechos humanos, es garantista y por tanto debe orientar de manera democrática y responsable la política pública social. Es necesario confluir hacia una sociedad de clase media, conformada por familias estables, solidarias y seguras viviendo bajo condiciones básicas de dignidad, participación democrática y responsabilidad colectiva.


La participación de los ingresos laborales en el valor agregado nacional debe estar acorde con las necesidades básicas, la dignidad y la productividad del trabajo. La distribución del ingreso en Colombia puede mejorar con una combinación de mayores impuestos a las personas más ricas y un mayor gasto público social dirigido a garantizar el disfrute de los derechos humanos por parte de todas las personas y hogares.


Cultura, ciudadanía y modernidad. El perfil general de una sociedad moderna presupone alfabetización, movilidad social, igualdad, libertad y responsabilidad, todo unido a una cultura creativa, compartida, cohesionada, solidaria y revelarse en ella esa identidad, interiormente, como unidad de significado, sentido y proyecto societal. Debe ser una ciudadanía orientada y animada por valores democráticos, solidarios, justos y del bien común. Valores impartidos mediante sistemas educativos universales. En semejante ambiente moderno, la cultura de todo ser humano, el idioma en el que se le imparte enseñanza y mediante el cual puede ser efectivamente empleado en un trabajo productivo y participar democráticamente, son su más precioso haber, su verdadera cédula de acceso a la plena ciudadanía, a la autonomía, a la dignidad humana y  a la participación social democrática (6).



1. García Nossa, Antonio, (1981), ¿A dónde va Colombia? De la república señorial a la crisis del capitalismo dependiente, Tiempo Americano Editores Ltda., Bogotá, pp. 19-25.
2. El sistema de ingresos se caracteriza por la evasión fiscal de las clases ricas y la gravitación del sistema tributario sobre las clases pobres. El sistema de egresos registra una tendencia creciente de gastos de funcionamiento, mantenimiento de una inflada fuerza represiva, pago crónico de deuda pública, tendencia errática de la inversión y exangües programas sociales de corte asistencialista, todo contaminado por la tradicional corrupción. El desbalance entre ingresos y gastos del Estado es crónico, el déficit fiscal oscila entre el 3 y el 6% del PIB. El principio del déficit fiscal está enraizado en un hecho que conserva su inmunidad a lo largo de la historia colombiana: la falta de adecuación entre el sistema colonial de ingresos y el sistema republicano de gastos. La Constitución de 1991 elevó el gasto público total a niveles no sostenibles generando serios problemas fiscales que no han podido ser corregidos en su raíz o causas.
3. La cuestión social es una expresión acuñada en Europa en el siglo XIX que intentó recoger las inquietudes de políticos, intelectuales y religiosos frente a múltiples problemas generados después de la revolución industrial, entre ellos la pobreza y mala calidad de vida de la clase trabajadora.
4. Recoge las operaciones reales (comercio de bienes y servicios) y rentas que se producen entre los residentes de un país y el resto del mundo.
5. Brasil, con una participación de las exportaciones en el PIB de 12,6 por ciento, y Colombia, con el 14,6 por ciento, están lejos de destacarse como países exportadores y su crecimiento es inferior al de Chile y Costa Rica.
6. Gellner, Ernest, (2003), Cultura, identidad y política, Gedisa Editorial, Barcelona, p. 27.

*     Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

Memoria de exterminio



En 1492, fecha del “descubrimiento” de América, los historiadores estiman que habitaban el territorio colombiano unos tres millones de indígenas, de los que solo quedaban 770.000 hacia 1586. La guerra de exterminio, el trabajo forzado y las nuevas enfermedades  que trajeron los conquistadores explican este genocidio, calificado como uno de los más criminales, barbaros y deshumanizantes en la historia de la humanidad.  


La Independencia de Colombia fue el proceso histórico que permitió su emancipación del Imperio español, dando fin al período colonial. La guerra de quince años devoró cerca de la décima parte de la población neogranadina -200.000 personas, en una población total de 1,4 millones de personas en 1809.
La Guerra de los Mil Días (1899-1902) es considerada como uno de los episodios más traumáticos de la historia moderna de nuestra nación. El conflicto dejó 100.000 víctimas, según las estimaciones más optimistas (en 1900 la población total llegó a 4 millones). El enfrentamiento bipartidista de liberales y conservadores, las constantes convulsiones sociales que buscaban terminar con la hegemonía conservadora y la crisis económica, fueron los detonantes de este conflicto.


“La Violencia” (1946-1966) causó 300.000 asesinatos y la migración forzosa de más de dos millones de personas, equivalente a casi una quinta parte de la población total de Colombia, que para ese entonces alcanzaba los 11 millones de habitantes.


El conflicto armado del último medio siglo deja hasta ahora un balance cercano a los 9 millones de víctimas entre homicidios, población desplazada y desaparecidos, además del robo de 6,5 millones de hectáreas (tierras despojadas a agricultores medios, campesinos, negros e indios).


De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Colombia clasifica, en 2019, como el país con más desplazados del mundo, superando a Siria, República Democrática del Congo, Somalia, Etiopía, Nigeria y Yemen. En Colombia 7.816.500 de personas se encuentran huyendo de la violencia. Durante 2018, según Acnur, 118.200 colombianos abandonaron sus hogares producto de la guerra continuada.


De otra parte, la tasa de homicidios en Colombia sigue siendo alta en comparación con los estándares internacionales. Para el primer semestre de 2019 alcanzó la cifra de 24,4 por cada 100.000 habitantes, equivalente a un promedio de 1.005 homicidios al mes. A pesar de los Acuerdos de Paz, la reducción de homicidios está estancada, pues la tasa de este año es igual a la del 2017; en 2018 la tasa subió a 24,9, y en el 2016 estaba en 25,5 homicidios por cada 100.000 habitantes.


La política unilateralista del Gobierno de mera intervención militar o policial no genera un efecto positivo sobre la seguridad, esa política deteriora la confianza en las autoridades. El riesgo de incrementar la violencia es mayor ante la reedición de la política uribista de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales por parte de la administración Duque y su ministro de Defensa. Alternativamente, lo que se requiere es una estrategia integral de Estado-sociedad civil- Institucionalidad internacional, con enfoque democrático e incluyente, fundamentada en el respeto de los derechos humanos, creación de condiciones materiales para generar procesos de desarrollo autónomos y sostenibles, respeto por la dignidad de la persona, justicia, verdad, paz y promoción de la participación comunitaria con carácter decisorio.

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Alumnos sensibles, murales cuestionadores

La escuela secundaria George Washington de la muy progresista ciudad de San Francisco acaba de votar gastar una pequeña fortuna, 600.000 dólares, para destruir una de las grandes obras de arte público de Estados Unidos. Es una serie de trece murales que cubren 150 metros cuadrados en las áreas de circulación y cuentan la historia del padre de la patria desde una perspectiva poco común. Es que el autor de los murales, Victor Arnautoff, era un comunista ruso que había emigrado a Estados Unidos y que en los años treinta pintó mucho arte público para la Administración de Trabajos del gobierno, un inolvidable invento de Franklin Roosevelt para darle trabajo a artistas desempleados por la Gran Depresión. En los murales de Arnautoff, Washington le da órdenes a sus esclavos, los exploradores matan indios y el prócer aparece rodeado de sirvientes.

La escuela quiere borrar los murales no porque defienda la idea de un prócer impoluto sino porque “la presentación de minorías sólo como víctimas es una agresión a parte de nuestro alumnado”. Los administradores del colegio votaron unánimemente destruir las pinturas para poder darle a sus alumnos “un ambiente seguro”. Y hasta se negaron a taparlos con, por ejemplo, cortinados, ya que eso permitiría “que en el futuro se volvieran a exhibir”. Hasta votaron gastar buena parte de los escasos fondos de la escuela para arrasar las pinturas con lija y pintura blanca.

La idea fue atacada desde varios ángulos, por artistas y por muchos padres que observan que este caso de censura parte de una idea exagerada de cómo y hasta dónde hay que proteger a los chicos. Y los alumnos tampoco están de acuerdo: apenas un uno por ciento dijo estar de acuerdo con destruir los magníficos murales que hace más de ochenta años cubren su escuela.

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Imagen: Guadalupe Lombardo

A pocos días de la huelga general convocada para el 14 de junio en Brasil, la investigadora señala las condiciones que llevaron a Bolsonaro al poder y su dificultad para sostenerlas.

 

Mientras Jair Bolsonaro disfrutaba de una cena romántica con su esposa en el emblemático “Señor Tango”, los ciudadanos del gigante sudamericano se mantenían en estado de alerta, a días de haberse manifestado masivamente contra los recortes en educación y en defensa de las jubilaciones, vulneradas por una inminente reforma que aparentemente no será resistida en la arena parlamentaria. Las expectativas de gran parte de la sociedad y de la oposición al actual gobierno de Brasil están puestas en la huelga general (greve geral) anunciada por las centrales sindicales para el próximo 14 de junio, que busca generar un efecto demostración volcando a las calles una multitud similar a la que adhirió a la huelga de abril de 2017, durante el gobierno de Michel Temer. La semana pasada confirmaron su adhesión a la medida las centrales del transporte y de la educación pública, entre otras.

En su visita a Buenos Aires invitada por el Iade, Rosa Marques, profesora de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, dialogó con PáginaI12 sobre las condiciones de posibilidad que llevaron a Bolsonaro a la presidencia de Brasil y acerca de los peligros para la democracia que implica el creciente autoritarismo de su gobierno.

 

–¿Cómo pudo ganar las elecciones en Brasil un candidato como Jair Bolsonaro, que se presenta como un outsider, aunque viene desde adentro de la estructura partidaria? 

 

–Hubo un proceso de desgaste interno muy grande en Brasil. Tuvimos tres años de un gobierno pequeño, el de Michel Temer, con fuertes cambios en las políticas sociales y de distribución de ingresos que, al mismo tiempo, apoyó fuertemente a algunas empresas “campeonas”. Se creó un vacío con Lula preso, un descontento muy grande en una parte de la población. Bolsonaro catalizó esa situación siendo, efectivamente, un “outsider” que estuvo durante dieciocho años en el Parlamento pero perteneció al “bajo clero”. No convive con las clases dominantes, es un “bandido”, aunque sí haya logrado ubicarse entre las milicias.

 

–¿Qué rol jugó el votante de clase media en el resultado de las elecciones? 

 

–La clase media poco a poco fue mostrando su descontento en sucesivas elecciones. Al observar el mapa electoral, notamos que Bolsonaro obtuvo más votos en los estados de ingresos medios y altos que no soportan que se hayan desestructurado las bases de la sociedad brasileña, que siempre ha sido desigual y racista. Desde fines de los ochenta, en Brasil los cambios estuvieron asociados a la democracia y a la posibilidad de convivir con el diferente. Cuando llegaron Lula y Dilma, este cambio estaba en alza. En ese contexto político cultural, los gobiernos del PT aprobaron leyes que beneficiaban a esas minorías. Y buena parte de la clase media no lo soportó. La gente puede ser muy buena, pero cuando una empleada doméstica tiene un hijo en la universidad y tu hijo no entró, se genera un resentimiento. Actualmente, en la universidad hay dos tipos de cupos: uno es para los negros y otro, para sectores de bajos ingresos que estudiaron en escuelas públicas.

 

–En las últimas semanas se han observado muchas movilizaciones en rechazo al recorte en educación y, en general, al ajuste que pretende implementar el gobierno de Bolsonaro. ¿Qué impacto cree que puedan tener esas manifestaciones en vistas de la nueva huelga general convocada para el 14 de junio? 

 

–La educación es el sector que sufrió los mayores niveles de ajuste, lo cual afecta la situación de los estudiantes y de los profesores. Espero que esas movilizaciones hayan sido un paso importante para la huelga general del 14 de junio. Creo que la huelga tendrá un impacto político importante, pero, al mismo tiempo, tenemos que esperar para ver si las centrales sindicales cierran filas con los partidos de la oposición. Se está dando el primer paso para esa construcción y, en ese sentido, que la gente salga a la calle es muy significativo.  

 

–¿En qué sentido las políticas educativas del PT afectaron a la clase media? 

 

–En la dimensión subjetiva. La clase media pensaba que había perdido ingresos, lo cual no es verdad. Lo que ocurrió es que crecieron los ingresos de los sectores más bajos y se acercaron a los de la clase media. La reducción de la brecha en materia de ingresos se dio entre la clase baja y la clase media, pero los verdaderamente ricos, como dice Lula, nunca ganaron tanto.

 

–¿Los verdaderamente ricos apoyaron al PT? 

 

–En un primer momento, sí. 

 

–¿Y por qué se perdió ese apoyo? 

 

–La pérdida de apoyo comenzó después de 2008. En primer lugar, producto de la crisis internacional, que inicialmente no afectó mucho la economía brasileña, aunque después sí tuvo un impacto negativo. Y en segundo lugar, por la baja en el precio de los commodities. Dilma hizo algo que Lula nunca había pensado hacer: bajar la tasa de interés en una economía donde el sector financiero está imbricado con la industria, por lo que comenzaron a aflorar las contradicciones. La situación internacional era mala, encima cayó el comercio internacional y, por ende, la exportación de las commodities, que, además, disminuyeron su precio. Bolsonaro inició su campaña para presidente hacia 2014, muy cerca de las elecciones de ese año. 

 

–Bolsonaro inició su campaña en el momento en que las movilizaciones en Brasil –iniciadas como una crítica al aumento del boleto– fueron cooptadas por grupos de derecha, como el Movimiento Brasil Libre. ¿En qué medida esa derechización de las protestas contribuyó para concretar la destitución de Dilma Roussef?  

 

–Es imposible pensar ambas dinámicas en forma separada. El proceso empezó en 2013, como algo contradictorio, y terminó de otra manera. El gobierno de Dilma intentó aumentar el control sobre la economía. En Brasil hubo una gran ola privatizadora que comenzó con Fernando Collor, pero las mayores privatizaciones las hizo Fernando Henrique Cardoso. Hay quienes sostienen que Lula las continuó, pero fue algo muy chico. Muchos recursos siguen siendo estatales, como Petrobras, el Banco do Brasil, Caixa Económica, Electrobras. Las privatizaciones, sin embargo, son un cambio de propiedad, que no necesariamente transforman la relación entre capital y trabajo. 

 

–No es lo mismo Petrobras en manos del Estado que en manos privadas y extranjeras.

 

–Es cierto, pero el Estado brasileño es fuerte, incluso así. El tema es que tanto los industriales como la clase dominante en general, interna y externa, pedían una reforma laboral. Brasil, como otros países de América del Sur, tiene una fuerza laboral muy despareja: una parte está formalizada y la otra, completamente precarizada. Con Lula, el mercado formal aumentó como nunca antes, sobre todo en los sectores de bajos ingresos. 

 

–¿Ese aumento se debió a la valorización del salario mínimo o fue producto de otro tipo de regulaciones?

–No solo de la valorización del salario, la formalización también trajo beneficios en términos de protección social y de otros derechos. Precisamente, el problema para la industria y para el capital extranjero eran los trabajadores que estaban en la formalidad, porque tenía un salario comparativamente alto. Temer, incluso antes que Bolsonaro, cambió esa situación en el mercado de trabajo.

–¿Cuáles fueron los principales cambios que hizo Temer en el ámbito laboral?

–Lo más importante es que cambió la relación entre patrón y trabajador. La empresa puede proponer un acuerdo que estará por encima de lo que marca la ley y, con eso, se abre una variedad de formas de contratación. 

–¿Qué continuidad dio Bolsonaro a esas iniciativas de precarización laboral?

 

–La precarización laboral ya era un hecho, no era necesario nada más. Bolsonaro hizo cambios en la política de salario mínimo. Dilma aplicaba una fórmula de valorización del salario que incluía la inflación pasada y el aumento de la productividad. Durante los dos gobiernos de Lula y el primero de Dilma, esa valorización llegó al 74 %. El segundo gobierno de Dilma fue muy diferente.

 

–Con el triunfo de Bolsonaro, el resultado de las elecciones en Brasil significó una recomposición en el Congreso y en la propia conformación de los partidos tradicionales. ¿Qué efectos tuvo esa reconfiguración en términos de gobernabilidad?

 

–Bolsonaro no es un político como cualquier otro, su racionalidad es distinta. Desde que se recuperó la democracia en Brasil ha habido un presidencialismo de coalición, lo que llamamos “Nueva República”. Cuando Lula ganó la elección no estaba solo, los ministerios tenían la representación de distintos partidos. Cuando Bolsonaro asumió el gobierno, conformó sus ministerios sin ninguna coalición. 

 

–El gobierno está impulsando la reestructuración de ministerios, una medida que tomó por decreto y debería aprobar el Congreso. ¿Cree que la actual composición parlamentaria permitirá su aprobación? 

 

–Las medidas provisorias son un problema porque el gobierno es muy diferente, casi diría “loco”. Sin embargo, las instituciones no cambiaron, hay un Congreso y hay jueces, aunque los jueces se compren. Por eso es que no puede haber decretos-ley como durante la dictadura. Las medidas provisorias, en algún momento, deben pasar por el Congreso. Con estas elecciones, desaparecieron partidos tradicionales como el de Fernando Henrique Cardoso. Eso no garantiza que todo marche bien para Bolsonaro, tampoco significa necesariamente una derrota para él. La pregunta que uno se puede hacer es: ¿envía todo al Congreso para que pase algo de ese paquete? ¿Cuál es el verdadero objetivo? El Congreso está funcionando y hay una oposición parlamentaria. Hay una tendencia al autoritarismo en Bolsonaro, pero tampoco es que haya cerrado el Congreso. De todas formas, hay propuestas del gobierno que van a pasar más fácilmente, como la reforma jubilatoria, que consiste en aumentar la edad para jubilarse y los años de aportes. La propuesta de un sistema de capitalización puede venir después, no es lo más importante en este momento.

 

–Se empiezan a ver algunos desacuerdos entre los sectores militares y el sector que responde a Olavo de Carvalho. ¿Cree que eso repercutirá en la relación del propio Bolsonaro con los militares?

 

–Olavo es su ideólogo. Donde los militares están más presentes es en el Ministerio de Educación. Hubo un cambio de ministro y se dio un conflicto entre los militares y los olavistas. Yo tengo una interpretación maquiavélica: un tiempo antes, Bolsonaro había hablado en la conmemoración de un acontecimiento militar, el alzamiento del 31 de marzo de 1964. Hubo un gran rechazo de la oposición, principalmente de la izquierda. Muchos periodistas hipotetizaron que esa había sido una movida para que se manifestara el conflicto.

 

–La previsión de crecimiento que había para este año se revirtió. Ahora estaría cerca del 1 por ciento o incluso menos, lo que continuaría con el ciclo recesivo de Brasil. ¿Qué factores o decisiones de este gobierno contribuyen a esa tendencia? 

 

–El nivel de desempleo en Brasil es casi del 13 por ciento, lo que equivale a 13 millones de desempleados. Es una situación grave. Más aun cuando en ese porcentaje no se incluyen las personas que ya no buscan empleo o que trabajan esporádicamente. La tasa de inversión está en el nivel más bajo y la capacidad ociosa es muy alta. Había instituciones financieras estatales orientadas a otorgar crédito al sector industrial. Por eso la inversión estatal fue siempre muy importante, pero ha venido disminuyendo hasta casi desaparecer. Cuando la economía empezó a mostrar problemas más graves, durante el gobierno de Temer, hubo un cambio en el régimen fiscal, permitido por enmienda constitucional, para controlar el nivel del gasto del gobierno federal. En diciembre de 2016, Temer anunció la intención de volver al superávit para garantizar el pago de la deuda estatal, que es mayormente interna. 

 

–¿Eso empeoró el rendimiento de la economía en Brasil? 

 

–El primer presupuesto que no cambió respecto del año anterior fue el de 2017, al año siguiente el aumento fue solo nominal, pero no varió en términos reales. Cuando Bolsonaro inició su gobierno las expectativas eran distintas, pero ahora, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial sostienen que el crecimiento será casi nulo. Y la crisis argentina también afecta a Brasil. En este escenario, la perspectiva de crecimiento es revisada todos los días. Incluso hay pronósticos de crecimiento negativo, con lo cual la recaudación impositiva cae y, por eso, se aplica un procedimiento de contingencia para suspender la ejecución del gasto hasta que se alcance el nivel necesario de ingresos fiscales. En algunos estados las consecuencias de la recesión son muy graves, a tal punto que hay demoras en el pago de los salarios. Es una situación de quiebra. El gobierno federal ayudó un poco a paliar la situación, pero se trata de una situación dramática generalizada. 

 

–¿Cuál es el sector de la economía más afectado por la crisis argentina? 

 

–Principalmente, la industria automotriz. 

 

–En la agenda bilateral, el aspecto importante tanto para Macri como para Bolsonaro es avanzar en los acuerdos con la Unión Europea. De hecho, ya se habían iniciado conversaciones entre ambos gobiernos antes de la visita de Bolsonaro a la Argentina. En el estado actual del Mercosur, ¿cómo se encara una negociación comercial con la Unión Europea?

 

–Bolsonaro tiene una posición ideológica clara e inocultable: no quiere saber nada con América latina y, particularmente, con países como Venezuela. En el mismo sentido, el gobierno brasilero cambió la relación con Estados Unidos. Sinceramente, no sé si un acuerdo con la Unión Europea pueda prosperar. Hay mucha retórica, pero no estoy segura de que haya condiciones para que esa iniciativa se concrete.  

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