Un militar le coloca la banda presidencial a Añez,  autoproclamada presidenta sin quórum en el Congreso boliviano. Imagen: EFE

En el Congreso boliviano, sin respaldo constitucional

Así finalizó una de las fases más importantes del golpe de Estado en Bolivia: construir una ficción institucional.

 

“Sí se pudo”, dijo Jeanine Añez al finalizar su discurso luego de autoproclamarse presidenta de Bolivia. Mientras hablaba se escuchó cómo le susurraban qué decir. Luego se dirigió al balcón presidencial y saludó con la banda tricolor. Así finalizó una de las fases más importantes del golpe de Estado en Bolivia: construir una ficción institucional.

Añez se autoproclamó fuera de la Constitución y sin quorum. Se sabía que esa era la única manera de hacerlo, ya que la mayoría en ambas cámaras pertenecen al Movimiento Al Socialismo (MAS) y que la decisión fue de no sesionar.

Yañez, por lo tanto, primero se autoproclamó presidenta del Senado -figura que debe asumir el cargo de la presidencia interina luego de la renuncia del presidente y del vicepresidente- y luego se autoproclamó presidenta. Siguieron los aplausos de las pocas personas presentes en el recinto.

Este paso era imprescindible en la estrategia de un golpe de Estado que siempre tuvo como objetivo presentarse como democrático. Esa presentación tuvo desde un principio la cobertura de Estados Unidos, del secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que este martes acusó a Evo Morales de haber cometido un golpe de Estado, y de una maquinaria mediática de protección.

Sin embargo, aún con esos respaldos, la ausencia de una formalidad de presidencia daba lugar a un vacío de gobierno -los poderes reales siempre siguieron actuando- que debía ser resuelto. El bloque que encabeza el golpe decidió entonces acelerar los pasos saltando toda legalidad para colocar la banda sobre los hombros de la persona elegida.

Nada de esto hubiera sido posible sin la participación de quienes detentan los poderes reales. Morales, quien llegó en horas de la mañana a México junto a Álvaro García Linera, denunció que Añez se autoproclamó “rodeada de un grupo de cómplices y apañada por las Fuerzas Armadas y la Policía que reprimen el pueblo”.

No se trató de una imagen política: la policía y los militares reprimieron mientras Añez y toda la derecha celebraba en Bolivia. Sucedió en el centro de La Paz, en los alrededores de la Plaza Murillo, donde toda la tarde se mantuvo una movilización encabezada por quienes bajaron de la ciudad de El Alto, uno de los lugares donde se dieron las mayores protestas del país.

La movilización de El Alto fue uno de los puntos de mayor conflictividad. El lunes tuvo lugar el primer momento del levantamiento -su génesis había sido el sábado por la noche- con miles de hombres y mujeres en su gran mayoría pertenecientes a la nación aimara. Ese día terminó con tres muertos, según denunciaron. Las imágenes eran de manchas de sangre sobre metros de calle.

La jornada del martes fue entonces la anunciada llegada a La Paz, para lo cual los vecinos del centro se encerraron en sus casas, mientras que otros salieron a aplaudir a la masiva movilización con la bandera whipala en la mano.

La acción de calle nuevamente mostró la potencia de El Alto, a la vez que evidenció una dificultad de dirección, similar a la que ocurrió en los últimos días antes de consumarse el golpe de Estado y en la que ahora se encuentran las diferentes partes del proceso de cambio.

Las acciones de El Alto, donde se realizan cabildos a diario, no son las únicas en marcha. La Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico llamó a movilizarse desde el jueves, y la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia decretó un plan de lucha para bloquear las carreteras del país y generar un cerco sobre la ciudad de La Paz que, luego de 48 horas de logrado el golpe, comienza a presentar dificultades de abastecimiento en gasolina y alimentos debido a que muchas tiendas están cerradas.

En ese contexto también se supo del anuncio de la Central Obrera Boliviana (COB) que daba “48 horas para restablecer el orden constitucional”. ¿Tomará la COB lo sucedido con Añez como restablecimiento del orden constitucional o irá a una huelga general?

La situación en Bolivia continúa con muchas preguntas, avances de quienes encabezan el bloque golpista, así como el crecimiento de resistencias en un contexto donde los canales de información son pocos. Resulta difícil saber qué sucede, tanto en el epicentro político de los debates, como en diferentes zonas de La Paz, de El Alto, y del país, en particular de las zonas más alejadas, rurales.

Son muchas las denuncias de muertos, represiones, humillaciones, persecusiones, en un contexto de ofensiva golpista que antes de lograr derrocar a Morales desplegó una oleada de violencia con grupos de choque armados, y que, una vez en el poder, con o sin gobierno, mantiene su ofensiva con el objetivo de descabezar al proceso de cambio. 

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Sábado, 31 Marzo 2018 09:22

El pulso por el control de la Fifa

El pulso por el control de la Fifa

Ahora que se acerca el mes de junio y con éste el mundial de fútbol Rusia 2018, los millones de aficionados, como los seguidores ocasionales, estarán atentos a los diversos partidos ansiosos de saber quién se alzará con la anhelada copa. Pero en la Fifa, uno de los grandes monopolios del mundo, todo es hecho a la medida de la máxima ganancia, por lo cual los escándalos gansteriles son parte de su práctica. Esa es la cara horrible del ente rector del fútbol mundial.

 

No es nada nuevo que tres años atrás estallara toda una cadena de delitos en la Fifa1, lo nuevo es que sean instituciones judiciales de los Estados Unidos –como el Departamento de Justicia, el Servicio Urbano de Impuestos (IRS) y el FBI–, quienes abocaran durante años una investigación que terminó con la orden de captura de siete altos funcionarios de la institución mundial de fútbol, acusados de lavado de activos, pago de sobornos, transacciones financieras ilegales, concierto para delinquir, entre los 54 delitos imputados2.

 

El núcleo del problema versa sobre la entrega de derechos mediáticos y de mercadotecnia, soborno de dirigentes de Estados Unidos y Suramérica, para garantizar con ello el control de eventos deportivos por realizarse en la región. Por lo tanto, no es un problema solamente judicial y penal, sino también geopolítico. ¿Qué es lo que está detrás de estas denuncias y detenciones?

 

El malestar de Estados Unidos

 

Un problema internacional. No debe olvidarse que en la disputa por la sede para el mundial de 2018, Estados Unidos y Rusia se encontraron como posibles sedes para el evento, pulso que finalmente ganó el país euroasiático; bofetada a la Federación de Fútbol de EU, la Concacaf3 y a los poderes políticos y económicos de Estados Unidos, quienes sostienen que fue con sobornos que los rusos ganaron la sede. A esto se suman los ingleses, que también querían la copa mundial y exigieron revisar la forma como Rusia fue elegida.

 

En el último congreso de la Fifa, en medio del escándalo por sobornos y de detenciones, Joseph Blatter –apoyado por Vladimir Putin– fue reelegido por quinta vez a la presidencia de uno de los mega-monopolios más poderosos del planeta, derrotando a su adversario el príncipe jordano Al Bin Al Husáin, quien contaba con el apoyo de Barack Obama, David Cameron, Ángela Merkel, François Hollande, el FBI, Scoltlan Yard y un largo etcétera.

 

Después de dos días de ser elegido, Blatter tuvo que renunciar debido a las presiones, sin embargo estuvo en el cargo hasta inicios del 2016 cuando fue celebrado un congreso extraordinario para elegir el sucesor en la dirección del gran-monopolio, que recayó en el suizo Gianni Infantino.

 

Estados Unidos no le perdona a Blatter no haber expulsado a Irán de la Fifa, de la misma manera que intenta que Israel ingrese a la Federación Mundial con la oposición de Palestina. Habrá que esperar la repercusión en la Fifa del acuerdo sobre armas nucleares entre los EU e Irán repudiado por Donald Trump. En principio Irán no será expulsado y a Israel le costará ingresar.

 

Limpiando terreno. Los estadounidenses quieren controlar la Fifa y para ello debían salir de Blatter y sus asociados, así como buscar acuerdos con los que quedaron al frente de la entidad. Hicieron la misma maniobra con Odebrecht: denunciar problemas de corrupción para reducir poderes. En la Fifa golpearon un sector con este discurso, lo cual no quiere decir que quienes quedaron en el poder del organismo internacional de fútbol estén exentos de corrupción.

 

Cambio de táctica

 

Por primera vez en la historia de la Fifa se postuló a un delegado de EU al Comité Ejecutivo de esa institución. Ya se escuchan voces para formar la Confederación Americana de Fútbol, que tendría sede en los Estados Unidos, de esta manera le restarían poder a la Conmebol, en especial a las asociaciones suramericanas como la AFA de Argentina, la FBF de Brasil y AUF de Uruguay, y así consolidar su poder en la región, lo que abriría posibles alianzas con los anti Blatter, para así hacerse al mando de la entidad internacional de fútbol.

 

Un gran nicho de billones de dólares. Los Estados Unidos no tienen tradición futbolera, sin embargo en las actuales condiciones políticas internacionales se metería de lleno a propiciar un enfoque en la Fifa. Su interés en el fútbol lo evidenciaron con la realización de la Copa América Centenario en 2016, donde mostraron su capacidad de llenar estadios con los latinos –hispanos como los llaman– que suman más de 80 millones, además de otros espectadores. El mercado está listo para un mundial.

 

¡La competencia para el mundial de 2026 ya arrancó! En una gambeta de Trump, Estados Unidos se prepara para ser sede, sus contrincantes hasta el momento son México, Canadá y Marruecos –que tiene 104 votos de 211–. Los norteamericanos van perdiendo el partido pues los suramericanos están con posiciones antiestadounidenses, ya que la mayoría de los dirigentes del fútbol de la región están presos en los EU; por otra parte hay un sentimiento anti Trump entre varios dirigentes debido a las posiciones antiinmigrantes y racistas del actual presidente.

 

Las disputas por el poder del fútbol

 

Durante los 17 años que Joseph Blatter estuvo al frente de la Fifa la dirigió apoyándose en la Conmebol, Concacaf y las Confederaciones de Asia, África y Australia, lo que dio lugar a jugosos contratos, campeonatos y a los mundiales de Corea-Japón 2002, Suráfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Como presidente del máximo organismo de fútbol, el suizo fue un decidido promotor del fútbol femenino en todas las categorías; impulsó la modernización de la salud en el deporte; inició escuelas de árbitros y técnicos. Todo esto en contra o por lo menos en detrimento de la Uefa (Unión de Asociaciones de Fútbol de Europa).

 

Gran Bretaña, acérrima enemiga de Blatter, estuvo dispuesta a sabotear el mundial de Rusia 2018 si este se mantenía en la presidencia. A raíz de una posible intervención de Rusia en la muerte de un exagente de inteligencia, Londres advierte que si se prueba la participación rusa, Inglaterra se retiraría del mundial 2018.

 

Disputas al interior de la Uefa. Los ingleses tienen diferencias con sus dirigentes; las rencillas no han terminado y pueden evidenciarse diferencias al interior del organismo; Gran Bretaña perdió en las votaciones para el mundial 2018 con Rusia; España y Francia, siendo de la Uefa, votaron con Blatter, y el resto de Europa votó con Platini –otro opositor de Blatter apoyado principalmente por Alemania–, quien se propuso como candidato a dirigir la Fifa y hoy está suspendido por seis años de toda actividad en la Fifa, junto con Blatter.

 

Los dirigentes del fútbol europeo y suramericano, así como los cronistas deportivos pro Uefa, ven que el único fútbol que vale la pena ver y costear es el europeo; sus argumentos se basan en las estadísticas de audiencia en campeonatos como la Champions League, Europa Ligue, Eurocopa, ligas como la española, inglesa, italiana, francesa y alemana; lo que deja a un lado los torneos y campeonatos de los demás continentes, además de seguir viendo regiones como América Latina para extraer talentos y llevarlos al fútbol europeo.

 

Por lo tanto, si la Fifa queda en las manos de la Uefa, es posible que inicie un proyecto internacional de fortalecimiento del fútbol europeo y se quede atrás o de lado todo el fútbol del resto de contenientes. Suramérica tiene para el mundial cuatro cupos y un quinto de repechaje, que lo podría perder a favor de los europeos si se reforman los estatutos a favor de éstos. La Copa América Centenario se realizó en 2016 en los EU precisamente por los acuerdos y presiones, cuando lo más lógico en apariencia era que se realizara en un país suramericano, pues de las 99 ediciones de la Copa ninguna se realizó en los EU.

 

Finalmente, las denuncias y casos de corrupción al interior de la Fifa son ciertos, pero su destape es una maniobra para propiciar el fortalecimiento de un sector que quiere disputar la organización, acabando con lo poco de fútbol que existe en otros continentes.

 

Es evidente que la Fifa, como un gran monopolio del capital financiero internacional, usa métodos delincuenciales como los usan todos los poderosos del capital financiero, tratar de limpiarla y darle un nuevo esquema no quiere decir volverla algo diferente.

 

1 El periodista deportivo de investigación, Andrew Jennings denunció fraudes y sobornos desde 1998 y nadie hizo nada.
2 Acción apoyada por las autoridades suizas y la Interpol el 27 de mayo de 2015, dos días antes del 65 Congreso de la Fifa.
3 Confederación de fútbol de América del Norte, Centro América y el Caribe.

Publicado enEdición Nº244
Sábado, 18 Febrero 2017 07:04

La familia siempre gana

Maurici Macri

 

En 2001, el Correo Oficial de la República Argentina privatizado a favor del Grupo Macri, dio quiebra y la empresa Socma, su gestionadora, se declaró insolvente. Quince años después Mauricio Macri, cuyos hijos tienen a su nombre las acciones de la empresa, acepta una quita de deuda de 70 mil millones de pesos a pagar en 2033. Los fiscales imputaron al presidente por fraude al erario público.

Los negocios familiares siguen dando dolores de cabeza al presidente argentino. Apenas iniciada su gestión saltó el caso de los Panama Papers, que lo contó entre los principales protagonistas en los medios del mundo por sus cuentas secretas y oscuras en los bancos panameños junto a su familia. Ahora es la condonación del 98 por ciento de una deuda de 4.000 millones de pesos que el Grupo Macri, fundado y capitaneado por su padre, Franco, tiene con el Estado por haber quebrado al correo argentino, empresa estatal privatizada en tiempos de Carlos Menem, durante los años noventa. La cifra sube a 70 mil millones si prospera el escandaloso acuerdo de pagar en 2033 la deuda: a esa fecha Macri acumularía en total 70.163 millones de pesos a pagar al erario público.

El caso fue destapado por la publicación digital Nuestras voces, conducida por la periodista Gabriela Cerruti, el miércoles 8, el día del cumpleaños del presidente. Según la reconstrucción del periodista Ariel Lijalad, el expediente por la quiebra del correo argentino lleva 15 años paralizado en los tribunales porque las propuestas de pago del Grupo Macri eran consideradas abusivas por el Estado nacional. Por eso el 19 de mayo pasado –con Macri ya en el gobierno– fue el Estado el que solicitó una nueva audiencia y adelantó que “podría prestar conformidad a un acuerdo de pago en caso de mejorarse la propuesta”. El 28 de junio el Grupo Macri volvió a ofertar en términos similares y los representantes del Estado aceptaron la oferta de pago constituida por el 1,18 por ciento de los 70.163 millones de pesos de deuda a pagarse en 15 cuotas anuales a partir de 2018. La quiebra fue dictada en setiembre de 2001 y los Macri terminarán de pagar así 32 años después.

El 30 de diciembre pasado la fiscal general Gabriela Boquín emitió un dictamen en el que considera lesivos para el erario público e ilegales jurídicamente los términos en que el acuerdo fue homologado: quien firmó a nombre del Estado es un funcionario nombrado transitoriamente por seis meses y que no cuenta con los poderes necesarios para representar el cargo.

El estallido del escándalo llevó a que el fiscal federal Juan Pedro Zoni solicitara la imputación de Mauricio Macri, su ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el director de Asuntos Jurídicos del ministerio, Juan Mocoroa, como autores penalmente responsables de conductas delictivas respecto del concurso sobre el correo argentino por perjuicios al Estado nacional. Ahora será el turno del juez federal Ariel Lijo de avanzar a partir de este pedido del fiscal.

Desde el miércoles 8 se presentaron cuatro denuncias contra Macri por este tema. Dos se tramitan en el juzgado de Lijo, otra en el del juez federal Rodolfo Canicoba Corral y la restante en el del juez Alfredo Martínez de Giorgi, pero todo indica que se unificarán en un solo expediente a cargo de Lijo.

Los números de la quita surgieron de la investigación realizada por la fiscal Gabriela Boquín a partir de un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (Dafi), a cargo de la especialista en cuestiones contables Judith König, también funcionaria de la Procuración General de la Nación.

La historia es compleja e intrincada y merece la atención de la justicia económica: cuando a Franco Macri le reclamaron el pago de la deuda, en 2001, aseguró que él ya no era titular del Grupo Macri, pero las acciones de Socma, parte del Grupo Macri y empresa controladora del correo argentino, estaban en manos de la familia. Franco cedió sus acciones a Mauricio pero se quedó con el usufructo vitalicio de ellas. Mauricio, a su vez, las delegó en sus hijos Jimena, Juan Francisco y Agustina. Las acciones de la empresa siguen en manos de la familia Macri y por eso la fiscal Boquín considera necesario frenar el acuerdo e investigar si en última instancia el beneficiario de la quita de la deuda no es el mismísimo presidente Mauricio Macri.

 

LA PROCURADORA EN LA MIRA.


El escándalo del correo vuelve a avivar el encono del gobierno macrista con la titular de la Procuración, Alejandra Gils Carbó, a quien desde el mismo 10 de diciembre de 2015, día de la asunción del actual gobierno, intentan desplazar. El ministro de Justicia, Germán Garavano, fue directo cuando pidió a Gils Carbó que diera un paso al costado en sus funciones. La funcionaria fue nombrada por el gobierno de Cristina Fernández en 2012 con el aval en pleno del parlamento nacional, que destacó su “foja de servicios impecable y su nivel académico apto para asumir el cargo de procuradora” . Gils Garbó es, además, la primera mujer en acceder a ese puesto en el país. Según la Constitución la funcionaria puede permanecer en el cargo hasta los 75 años, salvo que sea removida por inconductas en su accionar como funcionario público por el parlamento nacional.

En su avance sobre las instituciones y funcionarios, el macrismo tiene en Gils Carbó una espina clavada. Como los embates de Garavano para desestabilizarla no dieron fruto, es ahora el hombre fuerte de Macri, el jefe de gabinete, Marcos Peña, quien tomó a su cargo la tarea. “En cuanto pase el vendaval por el caso del correo, seguramente Peña va a tomar las riendas del asunto para sacar a la procuradora”, dijo un diputado del oficialista partido Pro a Brecha en charla informal.

En el parlamento todo el arco opositor condenó el acuerdo firmado el año pasado para condonar la deuda al Grupo Macri y pidió explicaciones al presidente y su ministro Oscar Aguad, a la sazón viejo amigo del genocida Luciano Menéndez en Córdoba. Sergio Massa, líder del Frente Renovador, consideró ruin el pacto y pidió dar marcha atrás. En el kirchnerismo y la izquierda las protestas han sido similares.
La reacción del oficialismo corrió por boca de Marcos Peña, que pidió una reunión urgente con los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, encargados de homologar o no el acuerdo con el correo. Presumiblemente correrán las presiones del Poder Ejecutivo: no se entiende otra motivación de reunirse con los jueces de parte de un gobierno que asumió pidiendo independencia para el poder judicial.

 

Recuadro

 

Borratina


El director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, se sumó hace dos semanas a la movida oficial de menospreciar, cuando no directamente negar, el genocidio de la dictadura militar de 1976. “No hubo un plan sistemático de parte del gobierno (de Jorge Videla), sino que hubo excesos y descontrol en las acciones de los jefes militares”, sostuvo en un programa de televisión, desconociendo fallos judiciales y sentencias de los últimos 13 años sobre el genocidio argentino.
“No es lo mismo 8 mil verdades que 22 mil mentiras”, agregó en relación con la cantidad de desaparecidos. Pese a que generó un pedido de renuncia firmado por parte de todos los organismos de derechos humanos, el gobierno se limitó a decir, por medio del jefe de gabinete, Marcos Peña: “no compartimos sus dichos”. Y Gómez Centurión, un ex militar carapintada que complotó con Aldo Rico contra el gobierno de Raúl Alfonsín (1987), sigue en su cargo.

 

 

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Los jóvenes reclutados ilegalmente por el ejército de Colombia

El reclutamiento de Óscar fue cuestión de horas. "Salí del metro y dos soldados me pidieron la libreta militar. Yo tenía 18 años recién cumplidos y no la había tramitado. Así que me llevaron a la IV Brigada y por la noche ya estaba camino a Puerto Berrío (Antioquia, noroeste de Colombia), que en esa época era una zona bien caliente", cuenta a VICE News este joven nacido y criado en el humilde barrio del Socorro, en la Comuna 13 de Medellín.

El reclutamiento de Óscar fue tan rápido como ilegal.


Ley 48 de 1993 establece que el servicio militar es obligatorio y todo varón debe tener definida su situación militar a los 18 años. Esto es, disponer de una cartilla militar y que ésta señale si ha cumplido la prestación, si está exento o en proceso de incorporarse a filas.


"Pero esa misma ley señala también cómo debe ser el reclutamiento. Primero, hay que citar al joven en el distrito militar correspondiente. Segundo, someterlo a exámenes físicos y psicológicos, para ver si es apto. Y por último, fijar otra fecha para que, tras sorteo, le otorguen un destino donde prestar el servicio", aclara a VICE News Érika Gómez, abogada del Comité Permanente de Derechos Humanos (CPDH).


Los militares pueden verificar la información sobre la cartilla de cualquier joven con una simple llamada por teléfono o radio. "Bajo ningún concepto lo pueden llevar detenido a un cuartel. Eso es ilegal, tal y como lo establece la sentencia C- 879 de 2011 de la Corte Constitucional", añade.


La letrada asegura que la naturaleza ilegal de este tipo de reclutamiento — batidas ilegales, las llama — impiden conocer cuántas se llevan a cabo cada año y a cuántos jóvenes afecta.


Así es cómo el Ejército español se deshace de sus soldados enfermos. 


Sin embargo, el estudio del CPDH Batidas militares y servicio militar obligatorio en Colombia: entre la conciencia y el modelo de desarrollo revela que entre 2006, cuando se detectó el primer caso, y 2015 se han producido 182 batidas.


El número de afectados superaría con creces el millar de personas.


"A los que estábamos en la IV Brigada nos hicieron unos exámenes muy rápidos. Nos analizaron los ojos y medio lo miraban a uno y ya. Nos preguntaron si habíamos pasado tal o cual enfermedad y listo. Se creían lo que uno les decía. Hasta a un epiléptico se llevaron", continúa explicando Óscar, mientras despacha un malteada en la cafetería de la biblioteca San Javier de la Comuna 13.


"Luego nos metieron en un camión como si fuéramos ganado, nos dieron un par de sandwichitos y no paramos hasta llegar a Puerto Berrío. Casi 24 horas de viaje. Y sólo cuando llegamos me dejaron llamar a mi familia", lamenta.


El informe del CPDH precisa que impedir a los reclutados comunicarse con sus familias durante las primeras horas de detención es una de las faltas que más se repiten en estos episodios.


Otra de ellas es que los camiones en los que se transporta a los jóvenes "por lo general (...) carecen de identificación, sin placas traseras o laterales, o con placas que son ocultadas con plásticos".


Sólo los pobres van a la guerra


En Colombia son los pobres los que ponen la carne de cañón. Las batidas ilegales se dan mayormente en las ciudades de Bogotá y Medellín; y casi exclusivamente en los barrios más desfavorecidos.


Así, el informe señala que de los 7 estratos (del 0 al 6) que diferencian las clases sociales en Colombia, la mayoría de los jóvenes afectados por las batidas ilegales pertenecen al 1 y al 2. Junto al 0, los más pobres.


Así, el porcentaje mayor de soldados reclutados ilegalmente pertenecen al estrato 2, un 60,44 por ciento. Frente al 0,06 por ciento del estrato 6, según el informe del CPDH.


"Puerto Berrío era zona roja. Teníamos un entrenamiento de tres meses y luego te mandaban al batallón antiguerrilla del Putumayo. Aunque a algunos compañeros los enviaron incluso antes de terminar", revela Óscar.


"Durante esos meses te enseñaban a marchar, a disparar, te preparaban físicamente. También a tener mente fría para poder eliminar a un enemigo. Nos ponían a cazar y matar animales. Terneros, cabras... Para asimilar mejor la muerte de otra persona, para que fuera más fácil aniquilar a otra persona", relata el joven.


Óscar no terminó los tres meses de entrenamiento militar.


Una hospitalización por paludismo, primero, y las gestiones de su familia desde Medellín con el apoyo de varias organizaciones de derechos humanos, después, pusieron punto y final al mal sueño del chico.


"Demostraron que el procedimiento no fue el legal y todo se acabó", dice Óscar.


"Lo más efectivo es optar por el habeas corpus", señala a VICE News Diego Quiroga, portavoz de Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (ACOOC) de Bogotá.


Una figura jurídica que obliga a un juez a tomar una resolución en 36 horas tras la denuncia de una detención ilegal. Normalmente, el fallo es a favor del joven detenido.


El futuro de Colombia, asesinado: alarma por la elevada tasa de homicidios de menores. 


Quiroga también denuncia "la corrupción" que enturbia el reclutamiento militar en Colombia.


"Los días del sorteo de destino se reúnen a los jóvenes y a sus familias en polideportivos o lugares similares para ir dando a conocer donde irá cada cual. Ahí uno ve a los mandos militares repartiendo tarjetas por si alguna familia puede pagar una cuota de compensación y evitar así que su hijo cumpla con el servicio".


Asegurar el capital extranjero


Las batidas ilegales han ido en aumento desde 2006. De un solo caso en ese año, se ha pasado a 58 en 2014 y 71 en 2015.


"Despierta preocupación que se lleven a estos jóvenes a los llamados batallones mineros, energéticos y viales. Al cuidado de explotaciones petroleras y minerales. Lugares complicados porque son objetivo de los ataques de la insurgencia", apunta Quiroga.


El reporte del CPDH atribuye el incremento de las batidas a las cuotas mínimas de reclutas que el Ejercito debe incorporar cada año, por un lado.

Actualmente, más de 106.000 efectivos.


Y, por otro, al rumbo que está tomando el país hacia el capital extranjero con la legislatura del actual presidente Juan Manuel Santos.


"La transformación del sistema económico (...) conlleva un aumento de las necesidades de defensa, como vía para garantizar el nuevo modelo económico extractivista, donde la inversión extranjera es fundamental", señala el informe.


Así, el documento asegura que a partir de 1998 se observa una "clara simetría" entre las operaciones del Ejército colombiano y las zonas de extracción y producción minero-energética.


A pequeña escala, la Defensoría del Pueblo achaca a dinámicas internas que el Ejército siga creyéndose en su derecho de optar por las batidas ilegales a la hora de engrosar sus filas.


"Los mandos que gestionan el reclutamiento son de alta rotación. Suelen ser oficiales que vienen de primera línea del frente. Acceden a este cargo durante un año a modo de descanso alejados de las zonas calientes", explica a VICE News el defensor delegado en Asuntos Constitucionales y Legales, Luís Manuel Castro.


"Lo que finalmente ocurre es que terminan por ejercer ese cargo con la misma mentalidad que traen de las zonas rojas donde hay enfrentamientos continuamente", añade.


Castro asegura también que la Procuraduría no está investigando las denuncias que la Defensoría y ONG han hecho sobre este asunto. "Hay una especie de tolerancia a lo que hace el Ejército. Hemos enviado tres quejas y nada de nada", dice.


Por su parte, el Ejército no ha reconocido abiertamente la existencia de estas batidas hasta hace unas pocas semanas, cuando anunció que las combatiría.


En este sentido, el portavoz del Ministerio de Defensa de Colombia, Juan Carlos Sierra detalla por correo electrónico a VICE News que "los casos de no inscripción de un joven para definir su situación militar, implican que la persona solamente es compelida de manera momentánea mientras se verifica su situación y se inscribe".


"La inscripción se realiza de manera inmediata e in situ. No puede realizarse ningún otro procedimiento tendiente a su incorporación ni conducirlo a unidad militar alguna", añade.


Desde el Ministerio de Defensa aseguran también que se han puesto en marcha mecanismos para dar seguimiento y derivar a las autoridades competentes las denuncias de batidas ilegales que reciban de los ciudadanos.


Sin embargo tanto Érika Gómez, la letrada del CPDH, y Diego Quiroga de ACOOC aseguran que lejos de ponerse punto y final a las batidas éstas continúan de un modo más disimulado.


"En lugar de llevarse a veinte chicos en un camión se llevan a cuatro o cinco", afirma Gómez. "O los citan directamente en el distrito militar y de ahí los conducen directamente para el destacamento", añade Quiroga.


Sin ir más lejos, VICE News fue testigo hace dos semanas de como varios soldados solicitaban la cartilla a los jóvenes que salían de la estación de metro de Ayurá, en Medellín.


Sea como sea, más allá del reclutamiento ilegal, para el defensor delegado, Luís Manuel Castro, la discusión tendría que ser otra. "El problema aquí debería ser la eliminación del servicio militar obligatorio ya que caminamos hacia la paz".


Sábado.14 de mayo de 2016

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Esmeraldas: un negocio popular y opaco en Colombia
La producción y explotación de uno de los símbolos del país sigue cubierto por el manto de la ilegalidad

 

 

La vía principal para llegar a Muzo, un pueblo de casi 10.000 habitantes en el occidente de Boyacá, está paralizada desde hace dos meses. Un derrumbe generado por la lluvia ha mantenido a este municipio, considerado la capital mundial de las esmeraldas, aislado. Para abastecerse de los productos básicos, los más osados han tenido que utilizar vías alternas. Sin pavimentar y peligrosas. Muzo, de donde hace algunos salieron una de las esmeraldas más grandes del mundo (Fura) y una de las más valiosas (Tena) a duras penas recibe lo que merece.

 

La localidad boyacense ejemplifica la cruda realidad de uno de los símbolos nacionales de Colombia. El negocio de las esmeraldas atraviesa por un buen momento, a tenor de las cifras de la Federación Nacional de Esmeraldas: 2015 cerró con un aumento del 27% en las exportaciones. Según datos del Ministerio de Minas, la producción de repuntó en un 15% pasando de 1.551.549 a 2.167.110 quilates. Las esmeraldas representaron el año pasado el 14% de la producción de los minerales no metálicos y alrededor del 2,4% del PIB minero.

 

Pero más allá de estos números, el negocio sigue estando presidido por una opacidad y evidencia una falla histórica: la fragilidad del Estado en el control que ejerce sobre este tipo de minería. En Muzo, por ejemplo, la explotación y la comercialización de esmeraldas supone el primer renglón de su economía, pero el dinero que recibe el municipio apenas llega al 3% del presupuesto municipal. Muy poco, si se tiene en cuenta que tan solo un quilate de esta piedra preciosa se vende en el mercado en precios que van desde los 25 hasta los 100.000 dólares.

 

Muzo no solo no tiene lo que debería por su riqueza minera, también ha tenido que vivir desde los años sesenta en medio de una ‘guerra verde’, desatada por quienes buscan el control del negocio de las esmeraldas. Un informe de la Contraloría General de la Nación señala que “la explotación de esmeraldas en el occidente de Boyacá es el ejemplo más paradigmático de la desidia del Estado por controlar la explotación de un recurso no renovable de su propiedad”. En la práctica, dice la entidad, “se ha cedido en el control del orden público y la explotación de las minas ha sido usufructuada, en apreciable medida, por organizaciones amparadas por el poder de la fuerza o por sus nexos con grupos armados al margen de la ley. En los municipios productores de esmeraldas confluyen violencia y degradación social con poderosos empresarios y grupos armados, vinculados algunos con bandas de narcotraficantes y paramilitares, que el Estado ha tolerado durante décadas”.

 

Ninguna autoridad colombiana es capaz de obviar lo que evidencia la Contraloría. Tres años después de la muerte de Víctor Carranza, el zar de las esmeraldas, dueño máximo de la extracción y la producción del valioso mineral, la lucha por el control del negocio ilegal, continúa. Solo en abril, hubo dos operaciones contra patrones de las esmeraldas. La Policía detuvo a principios de mes en Maripí (Boyacá) a un reconocido esmeraldero, Horacio Triana, a quien se investiga por haber querido atentar contra Carranza en el pasado. Pocos días después, se capturó a 10 funcionarios y exfuncionarios colaboradores de otro esmeraldero, Pedro Nel Rincón, también conocido como Pedro Orejas’. Entre los detenidos había un fiscal, un exjuez y varios abogados.

 

El senador del Polo Democrático Iván Cepeda, coautor de ‘Victor Carranza, alias El Patrón’, un libro que repasa el lado más oscuro de uno de los símbolos más populares de Colombia, recuerda que, a diferencia de otros negocios ilegales, en el caso de las esmeraldas, a tratarse de un mineral precioso, la conexión con las élites hace que, en muchas ocasiones, estás hayan mirado para otro lado. “Cada vez que se ha intentado regular el negocio, ha sido en vano”, sigue advirtiendo Cepeda.

 

Boyacá, un departamento cercano a Bogotá, es donde se concentra el 68% del total de títulos para la explotación de esmeraldas en Colombia, según la Agencia Nacional de Minería. El organismo asegura que el año pasado el valor de los quilates de esmeraldas exportados alcanzó algo más de 18 millones de dólares. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “en el año 2015 el principal destino de las exportaciones de esmeraldas fue la Zona Franca Permanente Bogotá con una participación de 92,3%. El segundo destino (un 3,3%) fue Hong Kong.

 

Una de las paradas obligadas para cualquier turista, y no solo, que haya pasado por Bogotá es la compra, o al menos el intento, de una de estas piedras preciosas. La confluencia en el centro de la capital de la Jiménez y con la Séptima, dos de las calles más transitadas, es un hervidero de vendedores de esmeraldas. Los negocios florecen en cada esquina como el silencio cuando a los vendedores se les preguntar por el origen y la calidad de las piedras. “Es un negocio lindo”, se les oye repetir.

 

 

 

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Desigualdad, motivo de la filtración de los papeles de Panamá, expresa fuente

 

Múnich/Ciudad de Panamá.

 

La fuente que reveló la existencia de unas 200 mil sociedades offshore fundadas por el despacho legal panameño Mossack Fonseca en documentos conocidos como papeles de Panamá expuso sus motivos en una especie de manifiesto que publica hoy en su página web el diario alemán Süddeutsche Zeitung.


La fuente, que se llama a sí misma John Doe, sostuvo que a pesar de no ser siempre ilegales, las sociedades offshore sirven con frecuencia para cometer delitos.


En una declaración titulada La revolución será digitalizada, John Doe explica las razones que lo llevaron a realizar la mayor filtración en la historia:


“La desigualdad económica es uno de los temas definitorios de nuestros tiempos. Nos afecta a todos, en todo el mundo. El debate acerca de su acelerado incremento ha estado presente durante años. (...) Y persisten las preguntas: ¿Por qué? ¿Y por qué ahora?


“Los papeles de Panamá proveen una convincente respuesta a estas preguntas: la masiva, generalizada corrupción”.
También dice: Decidí exponer a Mossack Fonseca porque pensaba que sus fundadores, sus empleados y clientes deberían responder por su papel en estos delitos, de los cuales sólo algunos han salido hasta ahora a la luz, argumentó. Llevará años, posiblemente décadas, para que se conozca la dimensión cabal de los actos sórdidos de la empresa.

 

La publicación de la información sobre las cuentas de sociedades opacas en paraísos fiscales dio pie a investigaciones en muchos países y reabrió el debate sobre los santuarios fiscales y el lavado de dinero.

 

“Más que un mero engranaje en la maquinaria de la ‘gestión de patrimonio’, Mossack Fonseca utilizó su influencia para redactar e interpretar leyes a su manera en todo el mundo para favorecer los intereses de criminales en un periodo de décadas”, afirmó sobre el despacho legal panameño.

 

John Doe no dio pistas sobre cómo accedió a 2.6 terabatios de datos del despacho legal. Aseguró que no trabaja ni trabajó “para ningún gobierno ni servicio secreto, directamente o como subcontratista.

 

“Es mi punto de vista enteramente personal y fue mi decisión compartir los documentos con el Süddeutsche Zeitung y con el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ), no por ningún motivo político específico sino simplemente porque comprendí lo suficiente de su contenido como para darme cuenta del nivel de injusticias que describían”, señaló.
La fuente afirmó que “el despacho legal, sus fundadores y empleados violaron de forma deliberada y reiterada una miríada de leyes en todo el mundo. Públicamente alegaron ignorancia, pero los documentos muestran un conocimiento detallado y un comportamiento incorrecto deliberado.

 

Por lo menos sabemos que Mossack cometió perjurio frente a una corte federal en Nevada y sabemos que su equipo de tecnología intentó encubrir sus mentiras. Todos debieran ser perseguidos de la forma correspondiente y sin trato especial, demandó.

 

John Doe también fustigó la situación de quienes arriesgaron su vida para filtrar información para sacar a la luz injusticias e irregularidades como el estadunidense Edward Snowden.

 

 

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Nuevo Decreto 583 sobre tercerización laboral en Colombia: un gran retroceso

El pasado 8 de abril, con la firma del Ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, el gobierno expidió el decreto 583, que reglamenta los aspectos generales de las investigaciones administrativas sancionatorias sobre tercerización laboral ilegal en Colombia.

Este Decreto, reglamentario del artículo 63 de la ley 1429 de 2010 (ley de formalización laboral) y del artículo 74 de la ley 1753 de 2015 (ley que adoptó el plan de desarrollo), a juicio de la Escuela Nacional Sindical representa un retroceso en la materia, y va en contravía de lo que inicialmente se estipuló en el Plan de Acción Laboral (PAL) suscrito entre los gobiernos de Colombia y EEUU.

Según el análisis de la ENS, que a continuación se presenta, el decreto 583 lo que en esencia hace es legalizar la tercerización laboral en todos los escenarios, incluso en aquellos que hasta la fecha estaban protegidos por la legislación laboral, es decir, en casos de actividades misionales y permanentes. Permite que las empresas deslinden responsabilidades directas de la relación laboral y las trasladen a terceros proveedores. Así el ejercicio de la libertad de empresa no puede usarse para afectar el derecho que tienen los trabajadores a un vínculo laboral directo con la empresa que se beneficia de su trabajo, entre otras razones, porque con ello, se garantiza de mejor manera los derechos laborales y sindicales de los trabajadores.

 

1. Antecedentes en el contexto

 

Es importante recordar que cuando el gobierno de Colombia negoció el Plan de Acción Laboral (PAL) con el gobierno de EEUU, señaló que establecería una prohibición para el uso indebido de las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) y cualquier otra forma de relación que afectase los derechos laborales. Es decir, reconoció la necesidad de hacer una regulación completa y sistemática del fenómeno de la tercerización ilegal.

En ese sentido, en diciembre de 2010 se aprobó la Ley 1429, que sobre contratación de personal por intermediación de CTA determinó en el artículo 63: “El personal requerido en toda institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de Cooperativas de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes”.

Al tiempo que se aprobaba esta ley, el Gobierno anunció que expediría un decreto reglamentario que estableciera en forma clara y suficiente la definición de "actividad misional permanente" e "intermediación", y fijara multas para los infractores, cuyo monto sería mayor para los reincidentes e infractores a gran escala. Como estrategia para que los empleadores cumplieran la norma promovería la condonación de las multas, toda o parte de ella, cuando éstos establecieran una relación laboral directa con los trabajadores afectados. Para el caso concreto de las CTA, se presumiría como infractora la cooperativa que “no demuestre su independencia financiera; si sus miembros no tienen autonomía en la realización de la labor realizada por la cooperativa; si sus miembros fueran obligados, de cualquier forma, a formar parte de la cooperativa para conservar su trabajo; si la cooperativa está involucrada en cualquier forma de intermediación laboral; si los trabajadores no tienen acceso a los beneficios económicos provenientes de la cooperativa o si los trabajadores no son objetivamente los propietarios del capital, los medios de producción, y el patrimonio de la cooperativa”.

Fue así como el 8 de junio de 2011 el gobierno expidió el decreto 2025, que reglamentó parcialmente el artículo 63 de la Ley 1429 en lo relativo a las cooperativas. Pero dejó sin reglamentar otras formas de tercerización ilegal, lo que desde un inicio se advirtió como una falla de la norma, ya que el efecto que produciría sería el de la continuidad de la tercerización ilegal, no ya a través de las cooperativas sino de otras formas jurídicas, como las SAS, fundaciones, contratos sindicales, etc. Que fue lo que finalmente sucedió. En cinco años nunca se expidió un decreto regulador de esas otras formas de tercerización, por tanto, el Ministerio de Trabajo no actuó y los empresarios se adaptaron recurriendo a otros proveedores de trabajadores.

Tras dos años de denuncias del “vacío” generado por el decreto 2025, el 29 de noviembre de 2013 el Ministerio de Trabajo expidió el decreto 2798, que en su artículo 1º señaló: “En los términos de la Ley 1429 de 2010 está prohibido el uso de sociedades, asociaciones, corporaciones, fundaciones y la contratación de servicios de colaboración o manejo de recurso humano, Empresas de Servicios Temporales, Compañías de Servicios de Colaboración, o personas naturales, que utilicen modalidades de vinculación que impliquen desconocimiento o violación de derechos laborales constitucionales, legales y extralegales, de carácter individual o los colectivos de asociación sindical, negociación y huelga. Esta prohibición se aplica a instituciones y empresas públicas y privadas”.

Y en su artículo 2 agregó: “En todos los casos en que las empresas utilicen formas de vinculación permitidas por la ley, diferentes a la contratación laboral directa, se tendrán en cuenta las siguientes previsiones legales: 1- La aplicación preferente de las normas sobre Unidad de Empresa. 2- La aplicación de las normas sobre responsabilidad solidaria en las obligaciones laborales. 3- La constitución de garantías para amparar los derechos relativos a la remuneración, salarios, prestaciones e indemnizaciones de los trabajadores”.

En resumen, el decreto 2798 prohibió la tercerización de actividades misionales y permanentes si no cumplían las normas laborales. O lo que es lo mismo: permitió la tercerización de trabajadores bajo cualquier modalidad y para cualquier tipo de actividad, siempre que se cumplieran normas laborales. En su momento dijimos que permitía cualquier tercerización con laboralización. Sin embargo, apenas duró 6 meses. El gobierno, presionado por algunas centrales sindicales, por la OIT (que en junio de 2014 incluyó a Colombia en la lista de países examinados por la Comisión de Aplicación de Normas por incumplimiento del convenio 81 de inspección del trabajo) y por el gobierno de Estados Unidos, lo derogó el 29 de mayo de 2014 mediante un nuevo decreto: el 1025.

Esto dado que es imprescindible que la adopción de cualquier norma que afecte a los trabajadores, deba ser sometida a consulta en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CPCPSL), buscando siempre el logro de acuerdos y garantizando en igualdad de condiciones la posibilidad de expresar los puntos de vista tanto a las organizaciones sindicales como de las organizaciones de empresarios que tienen asiento en la CPCPSL.

Es así como para su derogación se argumentó que se había expedido “sin haber surtido la necesaria etapa de consulta ante la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales”. En consecuencia, anunció que por la trascendencia del tema de formalización laboral se redactaría una nueva versión y la sometería a consulta de la recién creada Subcomisión de Formalización y de la CPCPSL. Quedó entonces con el compromiso de consultar y expedir un nuevo decreto que regulara la prohibición de tercerización laboral en actividades misionales y permanentes, sin distinción de la forma jurídica que adoptaran.

Desde el 2014 se conocieron varias versiones del proyecto del nuevo decreto. Las centrales sindicales presentaron varias propuestas, y también los empresarios dieron a conocer su postura frente al tema, exigiendo que se derogara el artículo 63 de la Ley 1429, lo cierto es que el Decreto sólo se discutió y construyo con el empresariado de la ANDI sin que se haya surtido ningún trámite en las comisiones tripartitas de concertación.

El 8 de abril el gobierno procedido a firmar el Decreto 583, no sin antes haberlo publicado en la página del Ministerio del Trabajo con el objeto de que la ciudadanía hiciera observaciones. Pero no lo consultó en el seno de la CPCPSL desconociendo a los trabajadores y adicionalmente desinstitucionalizando la CPCPSL, al no presentarlo oficialmente en este espacio.

 

2. Consideraciones conceptuales y jurisprudenciales

 

Se hace necesario hacer algunas precisiones terminológicas y conceptuales que desde la doctrina y desde la sociología jurídica han intentado definir términos que para la legislación y jurisprudencia en Colombia se tratan indiscriminadamente y que para el caso en análisis es necesario identificarlas.

a) Consideraciones conceptuales (1)

- Tercerización: Etimológicamente este vocablo implica la intervención de un tercero o tercera persona en una situación o relación donde están ya presentes dos (o más personas) (naturales o jurídicas). En los distintos casos de intermediación laboral, se satisface literalmente esta connotación: amén de la empresa beneficiaria y controladora de la prestación laboral, y dla/el trabajador que la efectúa, se encuentra la entidad intermediaria. No sucede lo mismo en el otro caso de subcontratación laboral, como es el contrato de prestación de servicio, y en todos los casos de externalización de actividades. No obstante, con imaginación se podría allí encontrar un tercer actor: por ejemplo, el comitente, en el campo de las obras públicas y de la construcción de vivienda, donde aparecen además el contratista y subcontratista; y la/el trabajador de la entidad subcontratista, en la generalidad de los casos de externalización de actividades. Pero en estos ejemplos no habría propiamente triángulo o triangulación, por falta de una relación, o lado del triángulo.

- Intermediación laboral: Este concepto, antes jurídico que sociológico, se encuentra en la literatura a veces como sinónimo de suministro de mano de obra. En la legislación colombiana sólo se aplicaría en cuanto a práctica legal para la intermediación que realizan las bolsas de empleo, agencias de colocación y Empresas de Servicios Temporales (OIT, 2013), y para la intermediación ilegal. Pero por fuera de las normas dictadas, el uso del término en los casos de ilegalidad no es siempre consistente. En un artículo situado en el portal del Ministerio del Trabajo que informa sobre sanciones impuestas a CTA(s) se habla de "sanciones a la tercerización laboral). El sentido asignado aquí a esta expresión, tercerización laboral como sinónimo de intermediación, es contradictorio con el de su definición más arriba.

- EST e intermediación laboral: Según los análisis jurídicos, el trabajo temporal a través de las empresas de trabajo o servicios temporales representa típicamente una intermediación laboral, e incluso el paradigma de las relaciones triangulares (en particular, A. Bronstein). A veces, la consideran simplemente como suministro de mano de obra temporal. El texto de la OIT (2013) excluye las EST(s) de la intermediación legal. Pareciera que la legislación laboral tampoco las considera explícitamente desde el ángulo de la intermediación. Sin embargo, el Decreto 2025 cuando dispone que la "intermediación laboral...(es una) actividad propia de las Empresas de Servicios Temporales...", las concibe incidentalmente de esta manera.

- Subcontratación, tercerización, externalización: Estos tres términos suelen utilizarse como sinónimos tanto en los análisis jurídicos (en particular, OIT, 2013) y de los científicos sociales, como en el lenguaje de los actores económicos, aunque tienen escasa presencia en las legislaciones laborales propiamente dichas. Pero es la "externalización" con su sentido etimológico la que permite dar la definición más entendible del fenómeno correspondiente. Estos términos hacen referencia a dos objetos, la actividad y el trabajador, dando lugar a dos tipos de subcontratación, tercerización o externalización: la de actividades y la laboral.

- Externalización de actividades: Éstas puede ser del core business (giro ordinario, actividades misionales o actividades productivas) o de soporte (o apoyo). Hay externalización de actividades cuando una entidad confía (transfiere) a otra entidad externa (jurídica o natural) la ejecución con autonomía de unas actividades, perdiendo así el control directo de dicha ejecución, lo que representa el indicador primordial de la externalización, y no la ubicación geográfica de la esta última.

El contrato de prestación de servicios, cuando la ejecución de las actividades se realiza sin subordinación, corresponde a una externalización de actividades. También en principio sería el caso de una cooperativa verdadera que subcontratara actividades y sus verdaderos asociados las ejecutara sin subordinación respecto a la entidad beneficiaria. Pero, ¿cómo imaginar que un sindicato pudiera ejecutar un contrato sindical en estas mismas condiciones, y usando por lo demás sus propios medios de trabajo y producción? (OIT, 2013). Este último texto usa el término tercerización sólo para las actividades, y no para las/los trabajadores (externalización laboral).

- Externalización laboral: Se habla de externalización laboral, cuando es sólo la/el trabajador (o ejecutor de las actividades) el que es "externo", no teniendo relación de trabajo jurídica con la entidad beneficiaria de su trabajo, la cual mantiene el control directo de la ejecución de estas actividades. Aquí también prima el indicador de control sobre el geográfico. Corresponden a externalización laboral todos los casos de intermediación laboral en el sentido de la legislación colombiana (legal o ilegal, incluyendo, agregamos nosotros, la de las EST), así como las situaciones en que los contratos de prestación de servicios se ejecutan sin autonomía (2).

 

b) Consideraciones jurisprudenciales que desconoce el Decreto 583/2016

 Las Cortes históricamente han desarrollado el concepto de lo misional permanente sumado a otros criterios como la autonomía técnica, administrativa, financiera, propiedad de los medios de producción, elementos de subordinación entre otros, a la hora de determinar si se están encubriendo verdaderas relaciones laborales con la aparente externalización de actividades o con las intermediaciones aparentemente legales de las EST o con los aparentes contratos de prestación de servicios, en este punto, la jurisprudencia juega un papel fundamental por cuanto han sido los órganos de cierre de la jurisdicción colombiana Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, quienes han dictaminado los criterios que engloban las actividades que han de ser tomadas en su desarrollo como misionales permanentes así pues, es a estos criterios jurisprudenciales a los que se ha de atender siempre que se vaya a establecer si determinada labor es o no misional permanente y no como simples indicativos para una investigación, no sancionables como lo establece el presente Decreto. Una actividad es misional permanente según la jurisprudencia cuando:

 La actividad es señalada como propia de la entidad en la ley o en la Constitución Política, reglamentos, las convenciones colectivas, o en sentencias o resoluciones de autoridad competente, estatutos o plataformas corporativas. Corte Constitucional. Sentencia C-614 de 2009. Consejo de Estado. Sentencia del 21 de agosto de 2003, radicado 0370-2003. Sentencia del 10 de agosto de 2006, radicado 4096-03.

  •  La actividad que es desarrollada en sus mismas características por empleados de planta y empleados externalizados y que se ejecuta y/o requiere de manera continua o habitual. Corte Constitucional. Sentencia C-614 de 2009. Consejo de Estado. Sentencia del 6 de septiembre de 2008, radicado 2152-062. Sentencia del 18 de mayo de 2006, radicado 1553. Sentencia del 26 de enero de 2006, radicado 0735-05. Sentencia del 29 de septiembre de 2005, radicado 2990-05. Sentencia del 13 de marzo de 2008, radicado 0087-07.
  •  Aquella actividad que en razón de su objeto específico la entidad está en posibilidad y capacidad técnica de controlar en su desarrollo, o de injerir en la selección del personal que se requiere para tales efectos. Corte Suprema de Justicia. Sala laboral. Sentencia del 25 de mayo de 2010, radicado No. 35790.
  •  La actividad que corresponde a una etapa del proceso industrial. Corte Suprema de Justicia. Sala laboral. Sentencia de agosto 30 de 2005. Radicado No. 25505. M.P. Eduardo López Villegas y Luis Javier Osorio López. Sentencia del 25 de mayo de 1968.
  •  Las actividades que son de preparación, construcción o el mantenimiento de maquinaria esencial. Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 22 de septiembre de 2004, radicado 23063. Sentencia del 10 de marzo de 2009, radicado 27623.
  •  Las actividades que se puedan considerar similares, conexas o complementarias en la medida en que hagan parte común del objeto social de los entes económicos, o sean desarrolladas haciendo uso unilateral o recíproco de recursos, redes, sistemas de información o el talento humano. Corte Suprema de Justicia. Sala laboral. Sentencia de marzo 1 de 2011. Radicado No. 40932.
  •  Cuando la actividad es requerida de manera continua o habitual por el ente público o privado. Corte Constitucional. Sentencia C-614 de 2009. Consejo de Estado. Sentencia del 21 de febrero de 2002, radicado 3530-2001. Sentencia del 25 de enero de 2001, radicado 1654-2000. Corte Suprema de Justicia. Sala laboral. Sentencia del 21 de abril de 2004. Radicado No. 22426.
  •  Si la beneficiaria tiene la posibilidad o realiza supervisión efectiva sobre la realización de la actividad, es indicio de que la misma es relevante para el desarrollo de su objeto y en esta medida, es misional permanente. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 25 de mayo de 2010, radicado No. 35790.
  •  Si el beneficiario del servicio proporciona herramientas, materiales o maquinaria para la realización de la actividad, podría ésta ser misional permanente. Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 24 de abril de 2012, radicado 39600. Sentencia del 22 de abril de 2005, radicado 23669

 

3. Riesgos inherentes a este tipo de contrataciones para los trabajadores

 

Sea que lo definamos como externalización de actividades, externalización de trabajadores, tercerización, intermediación ilegal todas estas llevan consigo por lo menos 7 riesgos para los trabajadores, estos son los riesgos a los que el Decreto 583 expone a los trabajadores.

- El riesgo de la deslaboralización o informalización laboral: Este se entiende como la ausencia del contrato de trabajo en la prestación laboral, Pero, también puede concebirse como la inexistencia parcial de estos derechos, se dé o no un contrato laboral, en cuyo caso se podría hablar de grados de deslaboralización o informalización laboral.

- El riesgo de los bajos ingresos laborales: A medida que las empresas acuden a la subcontratación, y en particular a la laboral, con el propósito de reducir el nivel general de sus costos, no ha de sorprender que los ingresos laborales de los trabajadores “involucrados en la subcontratación” sean bajos, y mucho más que el de todos aquellos que no lo estén. A menudo no perciben todas las prestaciones legales y, prácticamente nunca, los beneficios materiales adicionales que brindan las convenciones colectivas.

- El riesgo de la desprotección social: Estas modalidades afectan en grados diversos la protección social (esencialmente, salud, pensión de vejez y subsidios de desempleo).

- El riesgo de la discriminación laboral: La deslaboralización, con sus consecuencias negativas sobre los derechos laborales y la protección social, configuran de por sí una situación de discriminación frente a los trabajadores que se benefician de un contrato tradicional, sin embargo, esto no es lo único también son excluidos de los posibles beneficios convencionales.

- El riesgo de insolvencia del empleador formal: En general, las empresas o entidades subcontratistas o que intervienen en la intermediación laboral, son mucho más pequeñas, con reducidos activos y rendimientos inferiores, y financieramente más frágiles que las empresas principales que se benefician de este fenómeno.

- El riesgo del desempleo recurrente: La interrupción recurrente de la actividad laboral es un riesgo connatural a todas las demás modalidades vigentes de subcontratación laboral, incluso a la de los trabajadores autónomos. Y si bien todo el empleo en las economías flexibles actuales, está expuesto a frecuentes interrupciones, está claro que el empleo vinculado a la subcontratación y contratación atípica carga con el mayor peso en este riesgo.

- El riesgo de la pérdida de los derechos colectivos: En todas partes, el sindicalismo ha retrocedido ante el avance de la subcontratación y la contratación atípica, y las poblaciones laborales que han caído en su órbita han quedado excluidas, en una gran proporción, del ejercicio del conjunto de los derechos colectivos. La temporalidad, o falta de estabilidad en el empleo (común a todas las modalidades de subcontratación y deslaboralización), es uno de los factores explicativos de esta pérdida de facto de derechos colectivos.

 

4. La ANDI y el Decreto 583/2016 coinciden en la definición de la tercerización y concepto misional permanente

 

La ANDI tal como lo establece el actual Decreto 583 propone “eliminar el concepto de actividad misional permanente y dejar que opere la tercerización con base en la normatividad laboral actual, con un control en la inspección laboral, más profesional y efectivo que corrija distorsiones y malos usos.

Para la ANDI tercerización es uno de los elementos de la flexibilización laboral y ha sido definida como el proceso por medio del cual se transfieren actividades dentro de la cadena de valor a proveedores seleccionados, los cuales actúan con plena independencia. (...) es importante recordar que la tercerización laboral, como ha dicho la Organización Internacional del Trabajo - OIT y como lo regula nuestro Código Sustantivo del Trabajo, no es prohibida en si misma. Solo es censurada cuando, mediante la ambigüedad o el disfraz, el empleador evade las obligaciones que le corresponden y, consecuentemente, desconoce los derechos de sus empleados y colaboradores.

El concepto de actividad misional permanente apareció en nuestra legislación recientemente con los artículos 63 de la Ley 1429 de 2010, 103 de la Ley 1438 de 2011, y con el Decreto 2025 de 2011, que regula el tema de cooperativas. Para la ANDI, el concepto de actividad misional permanente ha creado inseguridad jurídica y confusión; esto porque el uso indebido de la tercerización debe ser censurado en toda actividad, sea misional permanente o no. De igual manera, el uso adecuado de las diferentes formas de contratación, sean o no directas, debe ser admitido en toda actividad, sea misional permanente o no.

Consideramos que nuestra legislación regula de manera suficiente y adecuada las formas de tercerización laboral. Con o sin el concepto de actividad misional permanente, bien pueden sancionarse las prácticas abusivas, por medio de la figura del contrato realidad, la cual privilegia la real forma como se desarrolla y aplica el trabajo, más que la modalidad jurídica como en apariencia se presenta el vínculo laboral.”

 

5. Consideraciones generales y específicas al Decreto 583/2016

 

Consideraciones generales:

A partir de lo que promueve su contenido, este decreto significa un gran retroceso, fundamentalmente porque toda tercerización laboral es legal y permitida “siempre y cuando cumplan con las normas laborales vigentes”, aunque se trate de actividades misionales y permanentes de los beneficiarios del trabajo. Es decir, sin más rodeos da autorización para que se tercericen todas las relaciones laborales con “proveedores”, sin importar su forma jurídica y en desmedro de las garantías de los trabajadores.

Cumple entonces una exigencia de los empresarios: permitir que se externalicen, sin límites y bajo cualquier figura, todas las actividades de la empresa; y traslada a los trabajadores los riesgos que entrañan tales acciones. No disuade a los empresarios para que no acudan a la tercerización, como lo pretendía el PAL. Por el contrario: la promueve, asegurando sí, en abstracto, que se deben cumplir con las normas laborales vigentes. O sea que 5 años después de la firma del PAL, este decreto 583 desvanece el propósito de acabar con la tercerización laboral.

La definición de tercerización laboral que trae el decreto dice: “Se entiende como tercerización laboral los procesos que un beneficiario desarrolla para obtener bienes o servicios de un proveedor, siempre y cuando cumplan con las normas laborales vigentes”. Se deduce entonces que toda tercerización será legal si se cumplen las normas laborales vigentes.

Y para remarcar más el concepto, establece que la tercerización es ilegal cuando “en una institución y/o empresa pública y/o privada coincidan dos elementos: se vincula personal para el desarrollo de las actividades misionales permanentes a través de un proveedor de los mencionados en este decreto, y se vincula personal de una forma que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes”. Es decir, que la prohibición de tercerizar actividades misionales y permanentes solo será ilegal, y por ende sancionable, cuando la forma de vinculación afecte los derechos. O lo que es lo mismo: será legal toda tercerización de actividades misionales y permanentes si se vincula a las personas de una forma que no afecte los derechos.

Este decreto, estamos seguros, se expide excediendo las facultades reglamentarias, porque el artículo 63 de la ley 1429 señala claramente en relación con la contratación de personal a través de cooperativas de trabajo asociado: “El personal requerido en toda institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes”. Pero no solo excede las facultades reglamentarias, va en contravía de la copiosa jurisprudencia de las altas cortes en materia de tercerización ilegal.

El decreto, pues, habilita la tercerización en todos los escenarios, incluso en aquellos que hasta la fecha ha protegido la legislación laboral, es decir, en los casos de las actividades misionales y permanentes, con lo que se permite que las empresas deslinden responsabilidades directas de la relación laboral, y las trasladen a terceros proveedores.

Consideraciones específicas:

Lo que el Decreto 583 denomina como “elementos indicativos de la tercerización ilegal”, son en verdad presunciones que desde tiempo atrás la jurisprudencia de las altas Cortes de manera uniforme ha considerado. Pero el decreto los despoja de esa categoría, reduciendo su fuerza jurídica al indicar “que no son conductas sancionables por sí mismas”.

Es decir, el hecho de que el proveedor de servicios laborales no tenga la capacidad financiera para pagar los salarios, ni tenga la autonomía en el uso de los medios de producción o en la ejecución de procesos o subprocesos, o no tenga poder subordinante frente a quienes emplea, e incurra en infracciones a las normas laborales vigentes, no tiene connotación legal sino que es una mera orientación para la investigación. Incluso, en contradicción con el propio articulado, algunos de esos elementos están relacionados con el incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales, que no darían para sanción sino para guiar una investigación.

- En todo su cuerpo el decreto insiste en habilitar la tercerización en todos los escenarios de la vida productiva, para las labores misionales y permanentes, restándole fuerza a una eventual sanción cuando el trabajador conozca por escrito que ha sido tercerizado, como lo plantea el numeral 1 del artículo 2.2.3.2.3.

- El Decreto establece en el artículo 2.2.3.2.4 que si en las actuaciones administrativas se “concluye que existen los elementos que configuran el contrato de trabajo, el Ministerio de Trabajo deberá así advertirlo en el acto administrativo sancionatorio”, y señala además que “dicha advertencia no implica la declaratoria de derechos individuales o definición de controversias”. Sin embargo, ello no es un avance porque la ley 1610 ya lo contempla, pero sobre todo porque la advertencia de la existencia de un contrato de trabajo no establece quién es el contratante. Es importante recordar que el problema principal que se presenta en las relaciones tercerizadas es el de establecer la responsabilidad directa de la empresa beneficiaria del trabajo en el pago de salarios y prestaciones sociales.

- Como se dijo atrás, no queda claro si se revive la posibilidad de que las Cooperativas de Trabajo Asociado puedan proveer personal. Preocupa que en el artículo 2.2.3.2.2 el decreto diga que “el personal requerido por un beneficiario para el desarrollo de sus actividades misionales o permanentes” es permitido cuando el proveedor cumpla con sus obligaciones en normas laborales vigentes.

- Al referirse a las empresas de servicios temporales, el decreto no menciona los supuestos jurídicos en los cuales se permite, de manera estricta, la utilización de trabajadores en misión, pudiéndose deducir que se amplían las hipótesis a todos los eventos. Pero además la hipótesis también es lesiva, en cuanto a que no incluye las prestaciones convencionales dentro de los derechos que deben reconocerse a los trabajadores en misión.

 

(Ver tabla anexa: Elementos específicos del Decreto 583 que amplia este análisis)

 

6. Interpretación que se espera se le dé al Decreto 583/2016

 

Si bien es cierto como se ha expuesto a lo largo de este documento el Decreto legaliza la tercerización laboral con cualquier figura que se contrate, elimina el concepto de lo misional permanente habilitando tercerizar cualquier proceso o subproceso de la cadena productiva siempre y cuando se reconozcan derechos laborales, lo que se espera es que con todo y estas definiciones el Ministerio de Trabajo en ejercicio de su función de inspección, vigilancia y control laboral haga una interpretación favorable a la materialización de la primacía del principio de vinculación directa, realizando una estricta labor probatoria para la identificación de relaciones laborales ilegales enmascaradas en tercerizadoras ahora llamadas proveedoras, para esto se espera que usando lo que establece el Decreto como indicativos orientadores de la investigación no sancionables, se identifiquen irregularidades y más que criterios orientadores sean verdaderas presunciones jurisprudenciales tal como lo han establecido las Cortes en sus distintas decisiones, de esta forma se logrará alcanzar el objetivo que se trazó el gobierno nacional desde hace ya 5 años desde que se expidió la ley 1429 y se propuso una reglamentación que frenara el uso abusivo de figuras por parte de las empresas para esconder verdaderas relaciones laborales.

 


 

Anexo 1.


(Análisis elementos específicos del Decreto 583/2016)

 


Las Entidades públicas para el desarrollo de actividades permanentes debe hacerlo con personal directo, pero hay unas excepciones. Se permite tener personal en actividades misionales en las entidades públicas que no estén contratadas directamente. Se puede entender que se hace referencia a la excepción de contratos de prestación de servicios, pero debe expresarse en qué casos sobre todo porque en el desarrollo del texto analizado una excepción puede ser cualquier figura ya que este aplicaría para instituciones públicas y privadas. Legaliza el uso de otras figuras para actividades misionales en entidades públicas, como el contrato sindical.

Párrafo 5 del considerando


Las empresas pueden ejercer ampliamente su objeto social con libertad contractual y cumplimiento a normas laborales. No hay restricciones, las empresas pueden libremente fragmentar sus actividades misionales mediante cualquier modalidad contractual. Legaliza que las empresas puedan contratar con otros, actividades misionales permanentes. Párrafo 7 del considerando
Inspección laboral a todas las modalidades de vinculación que haga el beneficiario distintas a la vinculación directa Este texto excluye la posibilidad de inspeccionar contratos de prestación de servicios en nominas paralelas, en estos casos hay vinculación directa con entidades públicas, pero son relaciones laborales ilegales. Propicia la no inspección en contratos de prestación de servicios Artículo 2.2.3.2.1. Definiciones


Hay unos beneficiarios y unos proveedores y estos pueden ser de cualquier naturaleza pública o privada y ostentar cualquier modalidad contractual Se trae como concepto nuevo el “proveedor” y se hace un listado de figuras que pueden tercerizar incluidos los sindicatos y cualquier modalidad contractual social. Legaliza la tercerización y propicia la proliferación de figuras proveedoras en la producción de bienes y prestación de servicios. Artículo 2.2.3.2.1. Definiciones Numeral 4
Se define tercerización laboral el obtener bienes y servicios de proveedores con el cumplimiento de normas laborales. No se habla en la definición de tercerización laboral nada de la limitante cuando se trate de actividades misionales permanentes. Legaliza la tercerización laboral en actividades misionales permanentes Artículo 2.2.3.2.1. Definiciones Numeral 6
Se define tercerización laboral ilegal cuando coincidan dos elementos 1. Se desarrolle actividad misional permanente 2. No cumplir derechos laborales Solamente es ilegal la tercerización cuando no haya cumplimiento a los derechos laborales y la actividad que se desarrolle sea misional permanente (la sumatoria de estos dos elementos) Es legal tercerizar actividades misionales permanentes si se cumplen derechos laborales. Artículo 2.2.3.2.1. Definiciones Numeral 6
El personal que se requiera para actividades misionales permanentes no puede estar vinculado por un proveedor que viole derechos laborales y constitucionales. Tercerización ilegal. Repite lo dicho en la definición de tercerización legal (Deroga el artículo 63 de la ley 1429 que se pretende reglamentar) Es legal tercerizar actividades misionales permanentes si se cumplen derechos laborales. Artículo 2.2.3.2.2. vinculación de trabajadores
Elementos para orientar investigaciones, pero no son sancionables. Puede haber tercerización ilegal cuando:

1 Cuando se contraten las mismas actividades que la beneficiaria ya desarrolla con un proveedor hay que informarle por escrito a los trabajadores
2 Vinculación económica del beneficiario con el proveedor.
3 La proveedora no tenga capacidad administrativa o financiera
4 La proveedora no sea dueña de los medios de producción, ni de los procesos y subprocesos.
5 Que el proveedor no imparta las ordenes, sin perjuicio de la coordinación que hace el beneficiario
6 El no pago de salarios y prestaciones
7 Que el beneficiario fraccione la organización sindical producto de haber fragmentado sus actividades con proveedores.
8 Que no se les otorgue derechos iguales a los trabajadores que pasan de la beneficiaria a la proveedora
9 Que el beneficiario y proveedor violen normas laborales. Lo que claramente por la jurisprudencia son presunciones para determinar una tercerización ilegal para el Ministerio no son sancionables y son simples orientaciones en la investigación.
1.Se legaliza que el beneficiario fragmente sus actividades misionales y se las entregue a proveedores, caso en el cual se le debe informar por escrito al trabajador que lo van a tercerizar (puede entenderse claramente que es legal pasar trabajadores de la beneficiaria a proveedores para tercerizarlos)

2, 3, 4, Cuando se den estos elementos hay tercerización ilegal esto lo han dicho las Cortes no como lo afirma el Decreto que son elementos para orientar, ahora cuando se violen normas laborales y no se paguen salarios – prestaciones como lo establece el numeral 6, 9 ¿cómo puede ser solo para orientar una investigación y no dar lugar a sanción?

5. No es un criterio orientador, se presumen la tercerización ilegal si el proveedor no da las ordenes, esto lo han dicho las Cortes, preocupa que queda abierta la posibilidad de que el beneficiario “Coordine actividades del proveedor” porque órdenes del beneficiario pueden entenderse como una coordinación necesaria.

7. Este criterio orientador legaliza la fragmentación de actividades de la beneficiaria para pasarlas a otras llamadas proveedores, incluso el mover trabajadores de la beneficiaria a las proveedoras y la limita a que puede ser un criterio orientador de tercerización ilegal solo cuando se trate de trabajadores sindicalizados.

8. Este indicativo sigue en la misma línea de que es posible pasar trabajadores de la beneficiaria a la proveedora y que esto constituye tercerización ilegal solo cuando no se les otorguen los mismos derechos que tenían cuando eran directos. Artículo 2.2.3.2.3. elementos indicativos de la tercerización ilegal

Se establece que las empresas investigadas pueden solicitar al Ministerio de Trabajo Suscripción de un acuerdo de formalización En este artículo hace falta dejar por expreso que el Ministerio en estos casos y las investigaciones de oficio vinculará a las organizaciones sindicales. Artículo 2.2.3.2.8 reducción de las sanciones

Elementos concluyentes identificados en el Decreto 583/2016
1.
2. Legaliza el uso de otras figuras para actividades misionales en entidades públicas, más allá de los contratos de prestación de servicios.
3. Legaliza que las empresas puedan contratar con otros (proveedores), actividades misionales permanentes, si se cumplen derechos laborales. propicia la proliferación de figuras proveedoras en la producción de bienes y prestación de servicios.
4. No inspección laboral en contratos de prestación de servicios al ser esta una forma de contratación directa aparentemente.
5. Queda abierta la posibilidad de que el beneficiario “Coordine actividades del proveedor” porque órdenes del beneficiario pueden entenderse como una coordinación necesaria.
6. Se legaliza el mover trabajadores de la beneficiaria a las proveedoras tercerizandolos y la limita a que puede ser un criterio orientador de tercerización ilegal solo cuando se trate de trabajadores sindicalizados, cuando a los trabajadores no se les otorguen los mismos derechos que tenían cuando eran directos o cuando los trabajadores no hayan sido informados por escrito.
7. Lo que claramente por la jurisprudencia son presunciones para determinar una tercerización ilegal para el Ministerio no son sancionables y son simples orientaciones en la investigación.
8. No hay nada novedoso en que el Ministerio de Trabajo pueda advertir una relación laboral eso ya lo traía la ley 1610, de igual forma esto no sirve cuando no se va a poder determinar el verdadero empleador.
9. Quedan los interrogantes de si entonces se van a tercerizar a partir de este Decreto actividades misionales permanente de CTA que era lo que prohibía el Artículo 63 ley 1429.
10. No se dice nada explícito de en qué casos se pueden enviar trabajadores en misión en el marco de una EST.
11. En este Decreto se exceden las facultades Reglamentarias y adicionalmente no fue un Decreto consultado en la CPCPSL.

 

Anexo 1.

(Análisis elementos específicos del Decreto 583/2016)

Publicado 22 de abril de 2016.

 

1     Hacia un concepto de lo MISIONAL PERMANENTE Elementos desde la sociología del trabajo y la jurisprudencia para descubrir relaciones tercerizadas e intermediadas ilegales, Julio Puig y Viviana Osorio, ENS.

2  A. Bronstein (1999) incluye en su lista de formas de subcontratación laboral, en particular, las empresas de trabajo temporal, los préstamos entre empresas principales y subordinadas, y el trabajo a domicilio.

3  Se describen los siete aspectos generales, de los cuales, cuatro, remiten directamente a las principales dimensiones o “elementos fundamentales” de los modelos de trabajo decente más conocidos. Se advierte que en esta descripción se usaron conceptos de subcontratación laboral de cariz jurídico, tomados de Brontein (1999), Ermida y Colotuzo (2009) y Ermida y Orsatti (2009).

Estrategia para una nueva industrialización. ANDI. 2015

 

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Decenas de miles de prisioneros iraquíes, muchos de los cuales estaban hasta el pasado julio bajo custodia de Estados Unidos, corren un serio riesgo de tortura y malos tratos en su país, según denuncia Amnistía Internacional (AI) en un informe divulgado hoy. Según dicho documento, hasta 30.000 personas se encuentran detenidas en las cárceles iraquíes sin que estén pendientes de juicio ni se les hayan presentado cargos.
 
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Torturas
 
Muchos de estos presos dijeron a Amnistía que habían sido arrestados arbitrariamente y que se les había sometido a torturas, en muchos casos para obtener confesiones falsas de su participación en atentados u otros delitos castigados con la pena de muerte. Algunos de los métodos de tortura que emplean las autoridades iraquíes son, según AI, palizas con cables y mangueras, suspensión prolongada de las extremidades, choques eléctricos en partes sensibles del cuerpo, asfixia y perforamientos con taladros, además de torturas psicológicas como la amenaza de violación.
 
"Las autoridades iraquíes deben tomar medidas firmes y decisivas ahora, al completarse la transferencia de la custodia de prisiones a las autoridades iraquíes, para demostrar que tienen la voluntad política de proteger los derechos humanos de todos los iraquíes, de acuerdo con sus obligaciones internacionales, y acabar con las torturas y abusos que prevalecen hoy", afirma Smart.
 
Smart insta al Gobierno iraquí a liberar inmediatamente a los detenidos que no vayan a ser imputados de cargos y a juzgar sin demora a los acusados de delitos, garantizándoles un proceso justo sin recurso a la pena de muerte.

EFE - Londres - 13/09/2010
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Bogotá, 17 de agosto. La Corte Constitucional de Colombia declaró hoy inconstitucional el acuerdo firmado entre Bogotá y Washington que permite a soldados y asesores estadunidenses usar siete bases militares en territorio colombiano y dará un año al gobierno para que lo corrija y tramite ante el Congreso.

El presidente de la Corte Constitucional de Colombia, Mauricio González, aseguró que al no haber sido avalado por el Congreso, el acuerdo no puede surtir efectos en el ordenamiento interno de Colombia hasta tanto no satisfaga dicha exigencia.

Añadió que el documento firmado entre el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe con Estados Unidos en octubre de 2009, ya fue devuelto al nuevo presidente de la República, Juan Manuel Santos, para su corrección.

Según explicó González a Telesur y otros medios, Uribe no le dio continuidad a otro acuerdo firmado con Washington que se encontraba vigente en Colombia. Según el gobierno colombiano, el acuerdo militar no era un nuevo tratado, sino una extensión de los pactos firmados entre ambos países desde los años 50, por lo que no requería aprobación del Legislativo.

El acuerdo para la instalación de las siete bases fue firmado en 2009 por el ex canciller, Jaime Bermúdez y el embajador estadunidense en Bogotá, William Brownfield, y daba permiso al ejército estadunidense para disponer de las instalaciones colombianas durante diez años.

Las bases militares son las de Malambo, en el departamento del Atlántico; Palanquero, en la región del Magdalena Medio; Apiay, en el departamento del Meta; las bases navales de Cartagena y el Pacífico, y ahora, el centro de entrenamiento de Fuerte Militar Tolemaida y el Fuerte Militar Larandia en el departamento de Caquetá.

Respuesta a demanda de abogados

Al responder a una demanda presentada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el alto tribunal declaró inconstitucional el acuerdo con siete votos en contra del convenio y dos a favor, por lo que ahora tendrá que ser revisado por el Congreso.

Inicialmente, el magistrado ponente, Jorge Palacios, solicitó al alto tribunal declarar inexequible (incongruente con la Carta Magna) el acuerdo militar, que fue rechazado por los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil y Argentina. El mandatario venezolano, Hugo Chávez, lo consideró lesivo para la soberanía de su país y un riesgo para la seguridad de la región.

La sala plena tomó la decisión luego de deliberar sobre si se daba paso a las tropas de Estados Unidos en el país latinoamericano a pesar de las condenas que este pacto levantó en la región sudamericana.

El pasado julio Palacios introdujo una ponencia en la que acusaba al anterior gobierno colombiano de excederse en sus funciones por haber dado el visto bueno al aumento de la presencia militar estadunidense en el territorio nacional.

Durante dos semanas la Corte Constitucional estudió el caso de las bases militares y este martes se venció el plazo para que se emitieran los fallos sobre un tema que provocó diferencias entre los países de la región.

La directora del Movimiento Justicia y Vida, Lilian Solano, sostuvo en declaraciones a Telesur que su organización realizará campañas internacionales con la intención de presionar al Congreso para que no ratifique este tratado militar con Estados Unidos.

Si es que se le da un año al Congreso (...) entonces tendremos un año de trabajo intenso para sensibilizar al mundo, donde lo último que necesitamos (los colombianos) son bases militares de Estados Unidos, afirmó la representante del organismo.

Desde que Colombia suscribió el pacto militar con Estados Unidos, las relaciones con Venezuela comenzaron a deteriorarse ante las denuncias de Caracas sobre la amenaza que representan las bases del ejército estadunidense para la paz y estabilidad de la región. El lunes, Chávez afirmó que las bases militares de Estados Unidos en Colombia tenían la capacidad de provocar cualquier incidente en la zona limítrofe colombo-venezolana

En 2009 el mandatario boliviano, Evo Morales, afirmó estar en desacuerdo con la presencia militar estadunidense en América Latina y argumentó que donde existen bases militares extranjeras no puede haber una integración y una paz social entre las naciones.

El mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, también rechazó la instalación del ejército estadunidense el pasado junio, cuando pidió a Bogotá ofrecer garantías a la región de que esas bases y los militares de Estados Unidos que las operan estarán en territorio colombiano.

No cuestionamos la soberanía de Colombia, pero lo que queremos es que, en el tratado firmado con Estados Unidos, quede explícito, para que nos den garantías de derecho internacional, que la base tiene como principio fundamental la actuación dentro de Colombia y no en la frontera con otros países, afirmó.

Igualmente, organismos internacionales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) condenó en 2009, en un documento, la instalación de las base en Colombia y defendió el derecho de Venezuela a poner en alerta sus defensas por este motivo.

En noviembre de 2009 un documento de la fuerza aérea de Estados Unidos reveló que el acuerdo que firmó ese país con Colombia, sobre todo el relacionado con condicionamiento de la base de Palanquero, tiene el propósito de preparar acciones de inteligencia, espionaje y reconocimiento contra países del continente.

En las afueras de la Corte colombiana se congregaron este martes integrantes de cerca de 160 organizaciones sociales de diversos países que iniciaron un recorrido por varias localidades para explicar la experiencia de cómo ha sido la militarización en sus territorios, informó la corresponsal de Telesur en Colombia, Angie Camacho.

Horas antes del fallo de la Corte Constitucional, el gobierno de Colombia dijo que acataría cualquier dictamen que emitiera el organismo judicial. También defendió la visita que hizo, más temprano, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, a la Corte Constitucional, poco antes de que los magistrados comenzaran la reunión en sala plena para analizar el citado acuerdo militar.

El gobierno tiene el derecho a dialogar sobre asuntos que le preocupan con el Poder Judicial, argumentó el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, al subrayar que el recién investido presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha iniciado una etapa de colaboración armónica con las autoridades judiciales, sin afectar su independencia.

Xinhua, Afp y Reuters
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