Colombia, políticas tributarias regresivas: ¡el que tiene más paga menos!

Una novedad de “transparencia”. A lo largo de las últimas semanas algunos funcionarios del Estado y servidores públicos publicaron su declaración de bienes y rentas correspondiente al año fiscal 2018. No fue por voluntad propia, sino la respuesta a la Ley No. 2013 que ordena hacerlo, así como también sacar a la luz su registro de conflicto de interés y la declaración de impuesto sobre la renta y complemenatarios, demanda que ya es prerequisito para posesionarse, ejercer y retirarse del cargo público que desempeñen.

La información, ahora pública, proyecta luces sobre la manera legal de evadir impuestos en Colombia, así como sobre otros elementos ya expuestos en el libro de Garay y Espitia (2019)*, las cuales quedan un poco más al descubierto a nivel individual.

Una pequeña referencia histórica

La tributación en el capitalismo –desde su primera etapa como capitalismo comercial– persiguió fortalecer el Estado, dada la necesidad del sistema de posibilitar la existencia, tanto de los agentes (en lo esencial jueces y policías) que garantizaran el cumplimiento de unas reglas del juego en el que unos actores librados a las “fuerzas del mercado” debían competir a muerte por su supremacía, así como de unas obras de infraestructura que debían ser escenario común en el que el juego tuviera lugar. Las complejidades del sistema, y la emergencia de las aglomeraciones condujeron a la obligatoria creación de sistemas sanitarios y de escolarización mínimos que garantizaran un flujo de fuerza de trabajo que cumpliera con los requisitos crecientes que imponía el capital en el proceso de trabajo.

Los impuestos, como vía para la redistribución de los excedentes son, entonces, un mecanismo que muestra el grado en que el Estado, como árbitro, es aún necesario en la mediación entre capitales particulares y entre el capital y el trabajo. La disminución del esfuerzo tributario para las élites y la descarga de este esfuerzo en los hombros de la mayoría con el aumento desmesurado de los impuestos indirectos, es un indicador innegable del carácter anti-popular del ultraliberalismo iniciado en los ochenta del siglo pasado.

Un botón basta de muestra


Aprovechando que ahora son públicas, desdeabajo reunió las declaraciones de renta presentadas por algunos de los altos funcionarios del Estado, y traemos aquí, para el análisis, los datos más relevantes de las declaraciones presentadas por 15 de ellos, dentro de los cuales están 13 senadores de la República, la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez y el presidente Iván Duque.

El formulario de declaración 210 de la Dian, que corresponde a las personas naturales, discrimina las que han denominado “cédulas” de ingreso de acuerdo al tipo de renta. Así: i) Rentas de trabajo, ii) Rentas pensionales, iii) Rentas de capital, iv) Rentas no laborales, v) Rentas por dividendos y participaciones. Se declara, entonces, para cada una de ellas, los ingresos brutos, los ingresos no constitutivos de renta, las rentas exentas de trabajo y deducciones imputables, y los ingresos líquidos gravables. Veamos los resultados obtenidos, en cada rubro, para los funcionarios seleccionados. Y en la línea de abajo los impuestos que pagaron (Tabla Nº 1)

 


Rentas no laborales Según el Estatuto Tributario, son consideradas rentas pertenecientes a esta cédula los ingresos por indemnizaciones no laborales, la venta de activos fijos poseídos por menos de dos (2) años, y todos los pagos por honorarios, comisiones, servicios, emolumentos y demás, que no clasifiquen como prestación de servicios personales, como es el caso de los honorarios percibidos por las personas naturales que presenten servicios y que contraten o vinculen, por al menos 90 días continuos o discontinuos, dos o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad productora de renta.


¿Con el sudor de la frente…?

Una primera observación extraída del cuadro anterior es que, con el ingreso que dicen percibir en un año como el de 2018, después de hacer los descuentos del caso (renta líquida gravable, RLG), uno no se explica cómo hacen algunos para enriquecerse. Según la RLG declarada por Arturo Char serían necesarios 101 años para obtener su actual patrimonio bruto; 40 años para el caso de Álvaro Uribe Vélez, 66 años en el caso de Martha Lucía Ramírez, 8 años para Iván Duque, 11 años en el de Gustavo Petro, o 15 años para John Besaile.


En segundo lugar, se observa que son pocos los integrantes de la muestra donde los ingresos laborales representen una proporción importante de sus ingresos. En el caso de Iván Duque, tal ingreso representa el 99.2 por ciento; para Gustavo Petro este valor corresponde al 98.7 por ciento; para Carlos Mejía es del 83.1 por ciento; y, para Jorge Robledo es igual al 81.0. A juzgar por la Declaración esos son únicamente “trabajadores” (¡¡!!).

Entre tanto, donde menos pesa el ingreso laboral es en los casos de Martha Lucia Ramírez (9.7%); Gustavo Bolívar (11.9%); Jonh Besaile (13.1%); Álvaro Uribe Vélez (26.5%); y, Arturo Char (39.8%). Lo que significa que este grupo de personas reciben ingresos diferentes a los de su trabajo. Pero habría que preguntarse qué tipo de ingresos son esos. Por ejemplo, Gustavo Bolívar reconoce que se trata de rentas de capital las cuales representan, en ese año, 7.4 veces lo recibido como congresista. Pero en otros casos se habla es de Rentas No Laborales, curiosa “Cédula” en la que se incluyen varios conceptos (Ver Tablas) que seguramente le permiten a un contador habilidoso incluir ingresos que después van a resultar exentos de impuestos pues son beneficiarios del conjunto de estímulos tributarios ofrecidos a los “emprendedores”. Y allí el monto declarado en semejante cédula con respecto a las rentas puramente laborales fue de 8.7 veces, en el caso de Marta Lucía Ramírez; 6.6 veces en John Besaile; y, 2.7 veces en Álvaro, el Uribe Vélez. Insistamos: una de las características de esta renta no laboral es que goza de grandes beneficios fiscales.

 

En pagar impuestos, sí que nos dan ejemplo

 

La constatación anterior nos empieza a dar una idea de cómo se hace para eludir el pago de impuestos. En una primera aproximación, veamos qué tanto representa lo que pagan al fisco en comparación con lo que reciben en el año. Como se sabe, existe, por ley, una tarifa que se aplica a las rentas o ingresos recibidos, según su nivel. Pero eso es nominal. Esta situación, donde los declarantes reciben rentas que se encuentran exentas o corresponden a ingresos no constitutivos de renta, y que resultan ser más importantes que sus ingresos gravables, queda reflejada en lo que se llama la tarifa efectiva. Es decir, aquella que corresponde a la relación entre los impuestos sobre las rentas líquidas dividida por el total de rentas brutas.

En el gráfico se observa, por ejemplo, que la tarifa efectiva de Martha Lucía Ramírez es 1.2 por ciento, de 4.0 por ciento para John Besaile, de 4.9 por ciento para Álvaro Uribe Vélez, y de 14.2 para el Presidente de la República. ¿Es justa una sociedad, donde sus dirigentes políticos reciben ingresos muchos más altos a los que tiene acceso la gran mayoría de la población y resulten pagando impuestos tan bajos respecto a sus ingresos brutos? Cabe anotar que en nuesetro país cerca del 50 por ciento de la población devenga menos de 2 salarios mínimos legales.

Examinemos ahora cómo han logrado tan envidiables tarifas aunque son considerables sus ingresos del trabajo. Y eso que, como dijimos, en la mayoría, esos no son los más importantes. En la Tabla 1, puede observarse la primera cédula de ingreso referente a las Rentas Laborales, que en el caso de los funcionarios analizados corresponden a sus salarios como Senadores, Vicepresidenta y Presidente respectivamente, los cuales oscilan entre 16 y 59 Salarios Mínimos Legales Vigente (Smlv) y en promedio equivalen a 41 Smlv para el año 2018. Pero, atención: de todos los Ingresos brutos, hay que restar la suma de aquellos que son Ingresos No Constitutivos de Renta, rentas exentas y deducciones. Al examinar cada uno de los casos, vemos que oscilan entre el 27 y el 55 por ciento del ingreso bruto de cada tipo de renta (“cédula”), con un promedio del 39 por ciento.

En consecuencia, al comparar la tarifa nominal frente a la tarifa efectiva de tributación, es decir, el recaudo del impuesto sobre el ingreso líquido gravable para cada tipo de renta, frente el recaudo del impuesto sobre el ingreso bruto del tipo de renta, podemos ver la diferencia de tributación antes y después de aplicar las exenciones, deducciones o restar los ingresos no constitutivos de renta (Incr).

Así, como lo muestra la Tabla 2, el nivel de recaudo de impuesto sobre las rentas laborales antes y después de los Incr, exenciones y/o deducciones, es en promedio de 24 y 15 por ciento respectivamente, siendo en promedio un 9 por ciento de recaudo más bajo luego de contemplar los Incr y las exenciones, los cuales equivalen en promedio a $154 millones de pesos en el año, descontados de los ingresos brutos laborales, que equivalen a 198 Smlv.

 

 

La jugada maestra

Ahí no paran las artimañas. Recordemos nuevamente que, para la mayoría, el grueso de sus ingresos no es laboral. Viene, entonces, la sorpresa: para las “rentas de capital” y las “rentas no laborales”, encontramos que el recaudo de impuestos fue nulo en la mayoría de los casos, por lo que la tasa nominal y efectiva en estos casos es de cero. Y es lógico: al calcular, para la renta de capital, el promedio de los Incr, Exenciones y deducciones, y/o Costos y gastos procedentes de la renta, se encuentra que equivalen a un 48 por ciento (en promedio) que fue el monto restado de los Ingresos brutos.

 


Pero el caso que más llama la atención, es el de las llamadas “Rentas No Laborales” las cuales ascienden en algunos casos a $1.200 millones de pesos anuales (o sea 128 Smlv mensuales), como los de Martha Lucía Ramírez, Álvaro Uribe Vélez y John Besaile, quienes, sin embargo, no pagan ningún impuesto sobre dicha renta, debido a que se presenta disminuida en numerosos Incr, exenciones, deducciones y/o costos y gastos “procedentes” es decir necesarios para la obtención de tal ingreso. El truco es buenísimo. Así, tenemos que a los senadores Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, Carlos Mejía, Paloma Valencia, Ernesto Macías, Angélica Lozano, Iván Cepeda y Armando Benedetti, les restan el 100 por ciento de su ingreso no laboral declarado por lo cual no pagan ningún impuesto.

¿Sirve de algo esta transparencia?

Así las cosas, el resultado, que hemos visto en la muestra de funcionarios, de estas tarifas de tributación sobre los ingresos de rentas declarados, donde el recaudo pertenece en su gran mayoría a los impuestos sobre las rentas laborales, y no sobre las rentas de capital, las rentas no laborales, o las rentas de dividendos y participaciones, es un ejemplo más de aquello que los especialistas han llamado las “venas abiertas” del Estatuto Tributario, por donde se escapan los impuestos que deberían pagarse, vía Ingresos No constitutivos de Renta (Incr) y “rentas exentas”, entre otras.

Por otro lado, la Ley Nº 2013 de 2019 ordena la publicación de las declaraciones de renta mas no de sus anexos explicativos, por lo cual quedarán ocultas las distintas razones (artimañas) para las deducciones aplicadas en cada caso.

Lo hasta aquí tratado sirve como ilustración para analizar cómo los principales ingresos de varios de los altos funcionarios del Estado no corresponden a sus ingresos laborales, sino que provienen principalmente de otras actividades económicas no laborales, y en cambio, su tributación corresponde casi exclusivamente a los ingresos laborales, implicando, por un lado, que se recaude un monto menor al que sería si se gravaran sus demás ingresos y, por otro lado, que se profundicen las inequidades en la distribución de riqueza e ingresos en el país por medio de políticas tributarias regresivas que ejercen más presión de recaudo sobre la gran base de asalariados, o sobre el conjunto de la población vía recaudo de impuestos al consumo, como lo es el IVA.

Es así como tenemos que la estructura tributaria es una muestra más, entonces, de que en el país las leyes están diseñadas tan sólo para el sometimiento de los de abajo, y que la sociedad está organizada bajo marcados principios de segregación que no sólo desdicen de lo que debe ser una democracia, sino que niegan la condición de igualdad de ciudadanía que el capital inauguró desde el siglo XVIII. La caricatura de sistema que nos rige no encuentra una respuesta organizada, que debe comenzar por desnudar el carácter sesgado de la ley y su diseño profundamente clasista en favor de los poderes establecidos.

 

* Dinámica de las desigualdades en Colombia. En torno a la economía política en los ámbitos socio-económico, tributario y territorial, ediciones desdeabajo, 2019

 

 

Para suscripción:

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Colombia, políticas tributarias regresivas: ¡el que tiene más paga menos!

Una novedad de “transparencia”. A lo largo de las últimas semanas algunos funcionarios del Estado y servidores públicos publicaron su declaración de bienes y rentas correspondiente al año fiscal 2018. No fue por voluntad propia, sino la respuesta a la Ley No. 2013 que ordena hacerlo, así como también sacar a la luz su registro de conflicto de interés y la declaración de impuesto sobre la renta y complemenatarios, demanda que ya es prerequisito para posesionarse, ejercer y retirarse del cargo público que desempeñen.

La información, ahora pública, proyecta luces sobre la manera legal de evadir impuestos en Colombia, así como sobre otros elementos ya expuestos en el libro de Garay y Espitia (2019)*, las cuales quedan un poco más al descubierto a nivel individual.

Una pequeña referencia histórica

La tributación en el capitalismo –desde su primera etapa como capitalismo comercial– persiguió fortalecer el Estado, dada la necesidad del sistema de posibilitar la existencia, tanto de los agentes (en lo esencial jueces y policías) que garantizaran el cumplimiento de unas reglas del juego en el que unos actores librados a las “fuerzas del mercado” debían competir a muerte por su supremacía, así como de unas obras de infraestructura que debían ser escenario común en el que el juego tuviera lugar. Las complejidades del sistema, y la emergencia de las aglomeraciones condujeron a la obligatoria creación de sistemas sanitarios y de escolarización mínimos que garantizaran un flujo de fuerza de trabajo que cumpliera con los requisitos crecientes que imponía el capital en el proceso de trabajo.

Los impuestos, como vía para la redistribución de los excedentes son, entonces, un mecanismo que muestra el grado en que el Estado, como árbitro, es aún necesario en la mediación entre capitales particulares y entre el capital y el trabajo. La disminución del esfuerzo tributario para las élites y la descarga de este esfuerzo en los hombros de la mayoría con el aumento desmesurado de los impuestos indirectos, es un indicador innegable del carácter anti-popular del ultraliberalismo iniciado en los ochenta del siglo pasado.

Un botón basta de muestra


Aprovechando que ahora son públicas, desdeabajo reunió las declaraciones de renta presentadas por algunos de los altos funcionarios del Estado, y traemos aquí, para el análisis, los datos más relevantes de las declaraciones presentadas por 15 de ellos, dentro de los cuales están 13 senadores de la República, la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez y el presidente Iván Duque.

El formulario de declaración 210 de la Dian, que corresponde a las personas naturales, discrimina las que han denominado “cédulas” de ingreso de acuerdo al tipo de renta. Así: i) Rentas de trabajo, ii) Rentas pensionales, iii) Rentas de capital, iv) Rentas no laborales, v) Rentas por dividendos y participaciones. Se declara, entonces, para cada una de ellas, los ingresos brutos, los ingresos no constitutivos de renta, las rentas exentas de trabajo y deducciones imputables, y los ingresos líquidos gravables. Veamos los resultados obtenidos, en cada rubro, para los funcionarios seleccionados. Y en la línea de abajo los impuestos que pagaron (Tabla Nº 1)

 


Rentas no laborales Según el Estatuto Tributario, son consideradas rentas pertenecientes a esta cédula los ingresos por indemnizaciones no laborales, la venta de activos fijos poseídos por menos de dos (2) años, y todos los pagos por honorarios, comisiones, servicios, emolumentos y demás, que no clasifiquen como prestación de servicios personales, como es el caso de los honorarios percibidos por las personas naturales que presenten servicios y que contraten o vinculen, por al menos 90 días continuos o discontinuos, dos o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad productora de renta.


¿Con el sudor de la frente…?

Una primera observación extraída del cuadro anterior es que, con el ingreso que dicen percibir en un año como el de 2018, después de hacer los descuentos del caso (renta líquida gravable, RLG), uno no se explica cómo hacen algunos para enriquecerse. Según la RLG declarada por Arturo Char serían necesarios 101 años para obtener su actual patrimonio bruto; 40 años para el caso de Álvaro Uribe Vélez, 66 años en el caso de Martha Lucía Ramírez, 8 años para Iván Duque, 11 años en el de Gustavo Petro, o 15 años para John Besaile.


En segundo lugar, se observa que son pocos los integrantes de la muestra donde los ingresos laborales representen una proporción importante de sus ingresos. En el caso de Iván Duque, tal ingreso representa el 99.2 por ciento; para Gustavo Petro este valor corresponde al 98.7 por ciento; para Carlos Mejía es del 83.1 por ciento; y, para Jorge Robledo es igual al 81.0. A juzgar por la Declaración esos son únicamente “trabajadores” (¡¡!!).

Entre tanto, donde menos pesa el ingreso laboral es en los casos de Martha Lucia Ramírez (9.7%); Gustavo Bolívar (11.9%); Jonh Besaile (13.1%); Álvaro Uribe Vélez (26.5%); y, Arturo Char (39.8%). Lo que significa que este grupo de personas reciben ingresos diferentes a los de su trabajo. Pero habría que preguntarse qué tipo de ingresos son esos. Por ejemplo, Gustavo Bolívar reconoce que se trata de rentas de capital las cuales representan, en ese año, 7.4 veces lo recibido como congresista. Pero en otros casos se habla es de Rentas No Laborales, curiosa “Cédula” en la que se incluyen varios conceptos (Ver Tablas) que seguramente le permiten a un contador habilidoso incluir ingresos que después van a resultar exentos de impuestos pues son beneficiarios del conjunto de estímulos tributarios ofrecidos a los “emprendedores”. Y allí el monto declarado en semejante cédula con respecto a las rentas puramente laborales fue de 8.7 veces, en el caso de Marta Lucía Ramírez; 6.6 veces en John Besaile; y, 2.7 veces en Álvaro, el Uribe Vélez. Insistamos: una de las características de esta renta no laboral es que goza de grandes beneficios fiscales.

 

En pagar impuestos, sí que nos dan ejemplo

 

La constatación anterior nos empieza a dar una idea de cómo se hace para eludir el pago de impuestos. En una primera aproximación, veamos qué tanto representa lo que pagan al fisco en comparación con lo que reciben en el año. Como se sabe, existe, por ley, una tarifa que se aplica a las rentas o ingresos recibidos, según su nivel. Pero eso es nominal. Esta situación, donde los declarantes reciben rentas que se encuentran exentas o corresponden a ingresos no constitutivos de renta, y que resultan ser más importantes que sus ingresos gravables, queda reflejada en lo que se llama la tarifa efectiva. Es decir, aquella que corresponde a la relación entre los impuestos sobre las rentas líquidas dividida por el total de rentas brutas.

En el gráfico se observa, por ejemplo, que la tarifa efectiva de Martha Lucía Ramírez es 1.2 por ciento, de 4.0 por ciento para John Besaile, de 4.9 por ciento para Álvaro Uribe Vélez, y de 14.2 para el Presidente de la República. ¿Es justa una sociedad, donde sus dirigentes políticos reciben ingresos muchos más altos a los que tiene acceso la gran mayoría de la población y resulten pagando impuestos tan bajos respecto a sus ingresos brutos? Cabe anotar que en nuesetro país cerca del 50 por ciento de la población devenga menos de 2 salarios mínimos legales.

Examinemos ahora cómo han logrado tan envidiables tarifas aunque son considerables sus ingresos del trabajo. Y eso que, como dijimos, en la mayoría, esos no son los más importantes. En la Tabla 1, puede observarse la primera cédula de ingreso referente a las Rentas Laborales, que en el caso de los funcionarios analizados corresponden a sus salarios como Senadores, Vicepresidenta y Presidente respectivamente, los cuales oscilan entre 16 y 59 Salarios Mínimos Legales Vigente (Smlv) y en promedio equivalen a 41 Smlv para el año 2018. Pero, atención: de todos los Ingresos brutos, hay que restar la suma de aquellos que son Ingresos No Constitutivos de Renta, rentas exentas y deducciones. Al examinar cada uno de los casos, vemos que oscilan entre el 27 y el 55 por ciento del ingreso bruto de cada tipo de renta (“cédula”), con un promedio del 39 por ciento.

En consecuencia, al comparar la tarifa nominal frente a la tarifa efectiva de tributación, es decir, el recaudo del impuesto sobre el ingreso líquido gravable para cada tipo de renta, frente el recaudo del impuesto sobre el ingreso bruto del tipo de renta, podemos ver la diferencia de tributación antes y después de aplicar las exenciones, deducciones o restar los ingresos no constitutivos de renta (Incr).

Así, como lo muestra la Tabla 2, el nivel de recaudo de impuesto sobre las rentas laborales antes y después de los Incr, exenciones y/o deducciones, es en promedio de 24 y 15 por ciento respectivamente, siendo en promedio un 9 por ciento de recaudo más bajo luego de contemplar los Incr y las exenciones, los cuales equivalen en promedio a $154 millones de pesos en el año, descontados de los ingresos brutos laborales, que equivalen a 198 Smlv.

 

 

La jugada maestra

Ahí no paran las artimañas. Recordemos nuevamente que, para la mayoría, el grueso de sus ingresos no es laboral. Viene, entonces, la sorpresa: para las “rentas de capital” y las “rentas no laborales”, encontramos que el recaudo de impuestos fue nulo en la mayoría de los casos, por lo que la tasa nominal y efectiva en estos casos es de cero. Y es lógico: al calcular, para la renta de capital, el promedio de los Incr, Exenciones y deducciones, y/o Costos y gastos procedentes de la renta, se encuentra que equivalen a un 48 por ciento (en promedio) que fue el monto restado de los Ingresos brutos.

 


Pero el caso que más llama la atención, es el de las llamadas “Rentas No Laborales” las cuales ascienden en algunos casos a $1.200 millones de pesos anuales (o sea 128 Smlv mensuales), como los de Martha Lucía Ramírez, Álvaro Uribe Vélez y John Besaile, quienes, sin embargo, no pagan ningún impuesto sobre dicha renta, debido a que se presenta disminuida en numerosos Incr, exenciones, deducciones y/o costos y gastos “procedentes” es decir necesarios para la obtención de tal ingreso. El truco es buenísimo. Así, tenemos que a los senadores Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, Carlos Mejía, Paloma Valencia, Ernesto Macías, Angélica Lozano, Iván Cepeda y Armando Benedetti, les restan el 100 por ciento de su ingreso no laboral declarado por lo cual no pagan ningún impuesto.

¿Sirve de algo esta transparencia?

Así las cosas, el resultado, que hemos visto en la muestra de funcionarios, de estas tarifas de tributación sobre los ingresos de rentas declarados, donde el recaudo pertenece en su gran mayoría a los impuestos sobre las rentas laborales, y no sobre las rentas de capital, las rentas no laborales, o las rentas de dividendos y participaciones, es un ejemplo más de aquello que los especialistas han llamado las “venas abiertas” del Estatuto Tributario, por donde se escapan los impuestos que deberían pagarse, vía Ingresos No constitutivos de Renta (Incr) y “rentas exentas”, entre otras.

Por otro lado, la Ley Nº 2013 de 2019 ordena la publicación de las declaraciones de renta mas no de sus anexos explicativos, por lo cual quedarán ocultas las distintas razones (artimañas) para las deducciones aplicadas en cada caso.

Lo hasta aquí tratado sirve como ilustración para analizar cómo los principales ingresos de varios de los altos funcionarios del Estado no corresponden a sus ingresos laborales, sino que provienen principalmente de otras actividades económicas no laborales, y en cambio, su tributación corresponde casi exclusivamente a los ingresos laborales, implicando, por un lado, que se recaude un monto menor al que sería si se gravaran sus demás ingresos y, por otro lado, que se profundicen las inequidades en la distribución de riqueza e ingresos en el país por medio de políticas tributarias regresivas que ejercen más presión de recaudo sobre la gran base de asalariados, o sobre el conjunto de la población vía recaudo de impuestos al consumo, como lo es el IVA.

Es así como tenemos que la estructura tributaria es una muestra más, entonces, de que en el país las leyes están diseñadas tan sólo para el sometimiento de los de abajo, y que la sociedad está organizada bajo marcados principios de segregación que no sólo desdicen de lo que debe ser una democracia, sino que niegan la condición de igualdad de ciudadanía que el capital inauguró desde el siglo XVIII. La caricatura de sistema que nos rige no encuentra una respuesta organizada, que debe comenzar por desnudar el carácter sesgado de la ley y su diseño profundamente clasista en favor de los poderes establecidos.

 

* Dinámica de las desigualdades en Colombia. En torno a la economía política en los ámbitos socio-económico, tributario y territorial, ediciones desdeabajo, 2019

 

 

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Publicado enEdición Nº266
Estos son los privilegios de la aviación, el medio de transporte más contaminante del planeta

La aviación representa el 2% del total de las emisiones a nivel mundial. Los viajes aéreos han crecido de manera exponencial en los últimos años, gracias a una serie de exenciones fiscales que permiten que los billetes se vendan a precios irrisorios en comparación con otros sectores menos nocivos como el ferroviario.

 El presente es velocidad. Inmediatez. Si hay algún elemento que resuma la premisa moderna de la rapidez es el avión. Con sus alas de acero y sus potentes motores acortan distancias de una forma abrupta. Un viaje de Berlín a Madrid es equivalente, a nivel temporal, a un trayecto en coche desde la capital hasta Mérida. La presteza del sector de la aviación es, sin duda, una cualidad atractiva que contribuye a esa concepción del mundo globalizado. No en vano, el sector asienta su predominio y su crecimiento socioeconómico sobre unos privilegios que determinados colectivos empiezan a denunciar

Es el caso de Stay Grounded (SG), una plataforma conformada por más de un centenar de organizaciones sociales que claman por un decrecimiento aéreo. En otras palabras, dejar de volar como eje vertebrador de lucha ecologista. Esta premisa se basa no tanto en eliminar los viajes aéreos como en reducir el número de vuelos que cada día recorren los cielos del globo terráqueo.

Pero, ¿por qué se quiere poner límites a este medio de transporte que facilita los trayectos lejanos? Por la contaminación. La industria de la aviación –el medio de transporte más contaminante y el segundo de manera sectorial que mas emisiones esconde por detrás del tráfico rodado– causa el 2% de las emisiones de CO2 totales, según los datos de un informe de SG difundido por Ecologistas en Acción. Para que el lector se haga a una idea, cada pasajero que viaja en un vuelo desde París hasta Nueva York lleva asociada la misma huella de CO2 que un ciudadano europeo para mantener su hogar caliente durante todo un año, según los datos de la Comisión Europea. Una realidad que se sustenta en una serie de privilegios económicos plasmados en el informe Decrecimiento de la aviación: la reducción del transporte aéreo de manera justa

La aviación disfruta, en la mayor parte del planeta, de exenciones fiscales promovidas por un acuerdo internacional, la Convención de Chicago, que se aprobó en 1944 y que buscaba facilitar la expansión del sector en un momento de la historia en el que toda práctica económica empezaba a ser industrializada. Entre los acuerdos de este tratado destacaba la prohibición de impuestos al carburante y otras formas impositivas especiales.

De esta forma, el centenar de plataformas ecologistas que integran Stay Grounded, denuncian que los puntos que articulan este tratado generan unos privilegios que permiten que el sector haya crecido de manera exponencial en las últimas décadas, ya que la escasez de medidas impositivas permite abaratar los billetes e incrementar el número de vuelos diarios. De hecho, Transport&Environment informa en una publicación reciente que la contaminación por dióxido de carbono asociada a la quema de combustible de los aviones se ha elevado en más de un 26% durante los últimos cinco años.

Según el informe de Stay Grounded, la introducción de un impuesto al queroseno –principal combustible de los aviones comerciales– con un valor de 0,33 euros por litro generaría una recaudación anual de 17.000 millones de euros y reduciría las emisiones de CO2 en un 11% al año. En el caso de que se aplicara un IVA al 19%, la colecta pública europea sería de 30.000 millones anuales y las emisiones se reducirían, tal y como recalca la publicación, en un 18% cada año, ya que se entiende que esto afectaría en el precio del billete y se reduciría, al ser más caro, el número de ventas y de viajes.

Esta realidad abordada por la plataforma ecologista no nace fruto de un fanatismo antiaereo. Tanto es así, que en mayo de 2019 este diario informó sobre un documento oculto de la Comisión Europea en el que se concluía que establecer impuestos a la aviación reduciría las emisiones en un 11%, lo que equivaldría a eliminar casi ocho millones de automóvil de las carreteras del continente.

Los privilegios se visualizan mejor si se compara el impuesto medio del queroseno con otros combustibles utilizados por los vehículos terrestres. Así, mientras que el diésel tiene una recaudación impositiva media de 73,76 euros por tonelada de CO2 y la gasolina de 85,85 euros por tonelada, las escasas cargas fiscales del queroseno ponen la cifra en 4,61 euros por tonelada de CO2. 

Evitar que sólo vuelen los ricos

En torno al 90% de la población mundial nunca ha cogido un avión, denuncia el informe. En cierta medida, volar es una cuestión de clase. Encontramos, por un lado, una mayoría global que, debido a la pobreza, apenas tiene posibilidad de montar en un aeroplano en toda una vida. Pero luego, dentro del rango de viajeros, hay subcategorías que vienen determinadas por un servicio de primera, de segunda o de tercera. Una copita de champán, cortesía de la casa, o unas rodillas que, clavadas en un respaldo durante horas, evidencian que también en un avión hay clases sociales.

El ecologismo aéreo es consciente de esta realidad. Por ello, advierte de que una legislación impositiva impulsada a la ligera puede tener consecuencias sociales negativas, en tanto que obligar a las compañías a pagar por sus emisiones y gravar los billetes con un IVA puede generar una subida de precios a la alza que profundice la brecha de estamental, haciendo de volar una práctica elitista

Aunque las soluciones no son absolutas, desde Stay Grounded proponen una medida fiscal novedosa denominada Tasa a los Viajeros Frecuentes (TVC). Esta herramienta, según la publicación de la plataforma climática, permitirá equilibrar la balanza y hacer que los billetes se "encarezcan" de manera progresiva si se realiza un número determinado de vuelos en un espacio temporal reducido. 

También se plantea, de forma complementaria, una Tasa a los Kilómetros Recorridos (TKR) que eleva el precio de los billetes según la distancias viajadas por el consumidor durante los últimos cuatro años. De esta forma, cuantos más kilómetros complete cada viajero, más pagará por sus próximos billetes. Tanto la TVC como la TKR contemplan, además, un incremento de precio más elevado para aquellas personas que deciden comprar un billete en clase business.

"Las cifras son inequívocas: a pesar del aumento de la aviación de bajo coste existen disparidades y desigualdades enormes en la movilidad aérea entre naciones y dentro de ellas, entre clases sociales, etnias y géneros. Incluso teniendo en cuenta la caída de los precios relativos, las encuestas indican que las clases sociales más privilegiadas cogen la gran mayoría de los vuelos de bajo coste", valoran desde Stay Grounded, que afirma que este tipo de tasas impositivas pueden restringir el número de viajes de lo que denomina una "élite hipermóvil".

Así, el camino planteado por la red medioambientalista pasa por terminar con los privilegios fiscales del sector, la implementación de un IVA ajustado a la realidad ambiental y la creación de tasas que permitan que la subida de precios de los billetes no haga de la aviación un medio de transporte elitista. A ello, se añaden demandas complementarias como el fomento de otras alternativas de transporte a nivel nacional y europeo: trenes de alta velocidad, red de autobuses o barcos propulsados con energías renovables. 

madrid

18/02/2020 22:43

Publicado enMedio Ambiente
Jueves, 21 Noviembre 2019 06:52

'Moneyland': así nos roban los superricos 

'Moneyland': así nos roban los superricos 

El periodista británico Oliver Bullough presenta en España uno de los 'best-sellers' económicos del año, en el que explica cómo y por qué "los ladrones y los tramposos controlan el mundo" y cómo sus prácticas empobrecen a la sociedad.

 

El país del dinero existe. No tiene fronteras físicas ni territorio ni tampoco aparece en los mapas, pero es una consecuencia real de lo mal repartido que está el mundo. El periodista británico Oliver Bullough lo ha bautizado como Moneyland y ese es precisamente el título de su último libro, que este miércoles se publica en España de la mano de la editorial Principal de los Libros

De gira por Madrid y Barcelona, Bullough, corresponsal en Rusia de la agencia Reuters, explica a Público que Moneyland "es un sistema que permite a los ricos y a las fortunas más poderosas del mundo incumplir las leyes que afectan al resto de las personas". El periodista cuenta en su alabada obra –ha sido elegido como libro del año por The EconomistThe Times y The Daily Mail– cómo funciona este perverso sistema y cómo debilita a la democracia. Un entramado de paraísos fiscales, empresas pantalla, fondos en Jersey, prácticas ilegales y redes financieras opacas que conforman un universo aparte donde los ricos se hacen cada vez más ricos, donde retuercen la ley a su antojo, donde nunca pagan lo que deberían pagar y donde, en definitiva, hurtan a los Gobiernos parte de sus impuestos, empobreciendo así al resto de la sociedad. 

Moneyland es el principal foco de corrupción del mundo, un refugio para los grandes cleptócratas globales, evasores de impuestos, ladrones, sátrapas y gobernantes corruptos, sostiene Bullough. "Es el lugar más democrático del mundo: mientras tengas mucho dinero siempre serás bienvenido, sin importar lo que hayas hecho antes. Puedes haber robado e incluso haber matado, pero si tienes dinero y ganas de esconderlo, Moneyland siempre estará abierto para ti", añade el autor.

En su libro, Bullough explica cómo funciona "este sistema de injusticia global" y cómo surgió. La aparición de los primeros paraísos fiscales lo cambió todo, recuerda el periodista: "Moneyland fue inventado en los años sesenta del siglo XX para ayudar, primero, a los occidentales que no querían pagar más impuestos y, segundo, a políticos corruptos y dictadores de países sudamericanos y africanos que necesitaban esconder todo el dinero que robaban". 

El sistema no ha dejado de perfeccionarse desde entonces y a día de hoy ha alcanzado un refinamiento maligno. "Las leyes tienen fronteras físicas, pero el dinero no. La corrupción es global y Moneyland es de hecho un país que llega a todas partes. Si uno roba dinero, ya no tiene que meterlo en una caja fuerte. Ahora puede sacarlo del país hacia cualquier parte del mundo comprando propiedades de todo tipo —inmobiliarias, arte, yates, artículos de lujo. etcétera...– o invirtiendo", recuerda Bullough. 

Buena parte de la ingente cantidad de dinero que circula por Moneyland proviene de países en vías de desarrollo o de Europa del Este. De hecho, el interés de Bullough por esta realidad surge tras haber pasado siete años en Rusia, uno de los epicentros de Moneyland

En realidad el libro es una rigurosa investigación periodística en la que este periodista británico desgrana casos que ponen los pelos de punta: la codicia del que fuera presidente de Ucrania, Viktor Yanukovitch; la cleptocracia de la familia Obiang en Guinea Ecuatorial; la permisividad fiscal de Donald Trump; los manejos de los magnates rusos ayudados por Vladimir Putin y las trampas de los multimillonarios árabes. Tiene especial relevancia el capítulo dedicado al asesinato de Alexander Litvinenko, el espía ruso asesinado en 2006 con una dosis letal de polonio tras denunciar los oscuros negocios de lavado de dinero sucio en Rusia con la complicidad del Gobierno de Putin.  

En Rusia y en Ucrania Bullough vio cosas increíbles, el grado sumo de la corrupción y del saqueo (también del mal gusto). Sin embargo, el periodista advierte de que este es un fenómeno global que afecta a todo el mundo, desde Rusia al Caribe; desde Nueva Zelanda a Argentina. Europa tampoco es inmune: "En Europa occidental Moneyland es mucho menos obvio porque tenemos menos desigualdad, pero si el dinero ruso robado o fruto de la corrupción llega a Marbella, eso también afecta a España. El dinero corrupto siempre es dinero corrupto y siempre va a dañar a la sociedad de alguna manera. Moneyland es enemigo de la democracia, socava su legitimidad. Lo que tenemos que hacer es luchar contra ello". 

¿Cómo desactivar un sistema tan perfecto y tan opaco? ?¿Cómo luchar contra los hombres que han robado al mundo entero y que tienen un inmenso poder? Bullough propone "más democracia". "Tenemos que tener mayor control sobre la riqueza, mayor transparencia; tenemos que saber quién es propietario de qué y hacer mucho más difícil robar dinero, porque ahora es muy fácil robarlo. También hay que dotar de más medios a la Policía porque ahora el dinero se mueve muy fácilmente por toda Europa. En ese sentido, yo soy partidario de crear un FBI a nivel europeo y de apostar por la cooperación internacional". 

Sin embargo, la laxitud sobre todo de los gobiernos occidentales a la hora de aceptar dinero sucio e inyectarlo en sus economías es un hándicap para luchar contra Moneyland. En ese sentido, Estados Unidos es un caso paradigmático: "Estados Unidos es un paraíso fiscal muy importante, no sólo de dinero del extranjero, sino también de dinero nacional", afirma Bullough.

Y más ahora que en Estados Unidos gobierna Donald Trump, un habitante destacado del país del dinero, un moneylander de manual. "Donald Trump, Vladimir Putin y otros muchos practican el juego de Moneyland: son buenos al mentir sobre su dinero y sobre cómo lo consiguen y por eso también son buenos al mentir sobre sus políticas. Son mentirosos profesionales", afirma Bullough.

Pese a todo, Bullough​ afirma que Moneyland, al contrario de lo que muchos pueden pensar, "no es un problema del capitalismo, sino un problema de criminalidad" y por lo tanto, debe combatirse con las leyes. "El capitalismo no es el problema. Mi libro trata sobre lo fácil que es robar y sobre la necesidad de cambiar las leyes. Es así de sencillo", afirma Bullough, quien se reserva la última pregunta de la conversación: "¿Por qué no se está haciendo?" Él mismo responde: "Existe una industria que hace que luchar contra Moneyland sea complicado, Una persona muy rica quiebra la ley y no se hace prácticamente nada, pero si una persona pobre lo hace, enseguida siente en el cogote el aliento de la ley".

Los poderosos de siempre siguen siendo muy poderosos, viene a decir Bullough: "En verdad todo es una mentira. Creo que uno de los graves problemas que tenemos los que nos enfrentamos a Moneyland es cómo hacer frente a alguien que te está mintiendo. Es mucho más fácil mentir que demostrar una mentira: hay que demostrar que uno se equivoca, ese es el gran problema de las fake news".

Pero Bullough no quiere terminar la conversación sin lanzar un mensaje optimista: "Europa no sabe el poder que tiene; es un gigante dormido. ¿Quién es más poderoso, Putin o Europa? Si comparamos la economía de Europa con la de Rusia, ya tenemos la respuesta. Lo que tenemos que hacer es rastrear el dinero, ver dónde está y recuperarlo. Es sencillo". 

Ahora sólo falta ponerlo en práctica, y en ese sentido el libro de Bullough ofrece varias claves sobre cómo derrotar a los "ladrones y los tramposos que controlan el mundo".

 

19/11/2019 19:31 Actualizado: 20/11/2019 16:43

JORGE O. MALDONADO

 jorgeotero99

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Las decisiones antipopulares condujeron a manifestaciones masivas. Foto: Al-Mayadeen.

Desde el jueves 17, miles de libaneses protestan en las calles contra medidas económicas que el Gobierno aplicará a algunos productos, aumentando el impuesto al valor agregado para 2021 y 2022.

Los manifestantes exigen una inmediata respuesta del gobierno, tras conocerse los debates del Consejo de Ministros para el presupuesto de 2020 que valora subida de impuestos y tarifas.

Durante las manifestaciones se han suscitado enfrentamientos entre manifestantes y agentes antidisturbios, así como la quema de neumáticos y el bloqueo de carreteras en la capital Beirut.

Algunos de los participantes han resultado heridos, en las que han sido catalogadas como unas de las protestas más grandes que se han visto en años en el país.

Manifestantes opinaron que las protestas masivas de las últimas horas constituyen el despertar de la ira popular contenida durante años. “Hemos prendido fuego para que se escuchen nuestras voces”, dijo Mazen, de 24 años de edad.

Y agregó: “todos deben venir y apoyarnos para deshacernos de los ladrones”.

Y aunque algunos manifestantes no aprueban los métodos como Magalene Mrad, de 23 años de edad, quien consideró “vergonzoso lo que está sucediendo”, señala que “la culpa recae en los gobernantes al empujar a la población al borde del abismo”.

“El mundo se cerró para El Líbano”, añadió; “y todo lo que hacen los políticos es gravar más a los pobres; en algún momento tendremos que pagar por el aire que respiramos”.

El descontento popular que llevó a manifestantes a lanzarse a las calles en El Líbano, ha sido nombrado por algunos medios de prensa como la “Revolución de WhatsApp”.

Sobre las medidas económicas

El gobierno libanés declaró una medida de emergencia económica después de que el país entrara en una profunda recesión implantando una serie de medidas, todas impopulares, incluyendo el aumento del IVA hasta el 15% en 2022.

Aunque a esta medida ya se le dio marcha atrás, fue el detonante de las manifestaciones populares: se trata del anuncio de que el Líbano cobraría 20 céntimos diarios por las llamadas de voz hechas por WhatsApp. Horas después, se dio marcha atrás debido a las demostraciones. El impuesto no solo hubiese afectado a WhatsApp, también a otras aplicaciones de voz sobre IP como Skype, FaceTime o Hangouts.

Sin embargo, las protestas no se limitan a una aplicación, sino a la situación general del país y la erosión social debido a grandes casos de corrupción y la terrible administración de los fondos públicos del país, denunciada por los manifestantes.

Igualmente, el Gobierno decidió aplicar una nueva tarifa a los productos del tabaco, tanto local como importado, y aumentar el impuesto al valor agregado en dos puntos en 2021 y otros dos puntos adicionales en 2022, para alcanzar el 15 por ciento.

El primer ministro del Líbano, Saad Hariri, envió un mensaje televisivo en el que pide una respuesta explícita sobre el anuncio del alza en los impuestos que lo convenzan a él, a la población, a la comunidad internacional y a todos los que expresan su enfado en las calles.

Además, dio un plazo de 72 horas para que los partidos políticos solucionen el descontento que ha generado la medida.

Hariri indicó que el enfado es real y que el pueblo libanés ha dado “más de una oportunidad” a los políticos para hacer reformas. “El dolor de los libaneses es verdadero y lo veo, y apoyo cualquier movimiento para expresarlo”, recalcó y no se responsabiliza por la situación del país.

Posiciones con respecto a las medidas

La ministra del Interior, Raya al-Hassan, aseguró a Al-Mayadeen que la mayoría de las manifestaciones en el país fueron pacíficas y destacó que la alternativa a las medidas de austeridad era el colapso de El Líbano.

Al-Hassan expresó considera necesario que el gobierno equilibre esas medidas y alivie su impacto en los ciudadanos.

Por su parte, el presidente del Partido Socialista Progresista, el exdiputado Walid Jumblatt, dijo al canal televisivo, que todos los componentes del gobierno se responsabilizarán de lo que está sucediendo y nadie es más responsable que el otro.

El miembro del bloque Lealtad a la Resistencia en el Parlamento libanés, el ministro Hussein al-Haj Hassan, confirmó el sesgo del bloque a las demandas populares y subrayó la necesidad de una reforma real en el país.

Por su parte, la ministra de Estado para el Desarrollo Administrativo, May Chidiac, consideró que lo que está sucediendo refleja un resentimiento popular a la luz de la incapacidad de los ciudadanos para pagar los impuestos.

El canciller de El Líbano, Gebran Bassil, defendió al Gobierno de las protestas en marcha, al decir que el descontento popular surgió de causas abandonadas por Ejecutivos anteriores.

Según el jefe de la diplomacia, es entendible lo de las manifestaciones que eran de esperarse por crisis acumuladas.

Es una “descarga eléctrica” necesaria para el país, que debería impulsar medidas contra la corrupción y el despilfarro, apuntó.

Bassil pidió la aprobación de leyes para recuperar fondos públicos saqueados, una de las demandas clave de los manifestantes

Por su parte, el secretario general de Hizbullah, Sayyed Hassan Nasrallah, ha rechazado una eventual renuncia del gobierno en El Líbano debido a una situación popular explosiva e incontrolable.

A juicio del dirigente de la Resistencia, la idea de dimisión del Ejecutivo para escoger otro, no resolverá la crisis económica que conduce al colapso del país.

“Cualquier gobierno de tecnócratas no durará mucho y los que piden hoy un gobierno así serán los primeros en pedir su derrocamiento. Cualquier nuevo proceso electoral parlamentario reproducirá la misma asamblea actual”, expresó.
La situación financiera actual no es el resultado de ahora, ni de este año, ni del corriente mandato presidencial, apuntó, sino de una acumulación de décadas.

“Todos tenemos que asumir la responsabilidad incluso nosotros mismos, aunque es relativo y con porcentajes diferentes”, señaló. “Es vergonzoso que se quiera eludir culpabilidad en lo que ocurre, en especial de aquellos participantes en anteriores gobiernos”, acotó.

El periódico libanés Al-Akhbar reveló el jueves la aprobación del gabinete de una propuesta del ministro de Comunicaciones, Mohamed Choucair, para imponer un impuesto a la aplicación de WhatsApp y a los cigarrillos, y para discutir la posibilidad de imponer una nueva tarifa sobre derivados del petróleo y aumentar el impuesto al valor agregado.

Etiquetas como #HoraDePasarLaCuenta (traducción de la original en árabe) han llegado a ser los más cotizados en Twitter, por activistas que expresaron su enojo por los nuevos impuestos y las malas condiciones de vida a la luz de la crisis del dólar en el país.

Solidaridad internacional con la causa del pueblo libanés

En Londres, Los Ángeles, Barcelona, Milán, Berlín, Toronto, Boston, Niza, París, Ginebra, Madrid, Países Bajos y Lyon, se concentraron decenas de personas para solidarizarse con la causa del pueblo libanés.

Desde el jueves y hasta hoy, se han hecho visibles muchas muestras de respaldo universal a los miles de libaneses que salieron a las calles para protestar por el deterioro económico nacional, contra la corrupción y en demanda de cambios en el Gobierno y el Parlamento.

Ayer, en Nueva York y Montreal se reunieron cientos de personas para expresar su apoyo al pueblo libanés.

(Tomado de Al-Mayadeen)

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El Constitucional colombiano hunde la reforma tributaria de Duque

La Corte Constitucional de Colombia decidió este miércoles hundir la ley de financiamiento del Gobierno de Iván Duque, con la que contaba para atraer inversión extranjera por la vía de reformas tributarias y fiscales. La decisión, tal como admitió el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, es un golpe a la credibilidad de su política económica.

Después de diez horas de análisis y, en una decisión de seis votos contra tres, la Sala Plena del Constitucional resolvió enterrarla como respuesta a dos demandas que pedían tumbarla por completo y señalaban que era inconstitucional porque se aprobó con vicios de trámite, un término para referirse a los errores de procedimiento. Estas eran apenas dos de las 26 demandas que llegaron a la corte contra esta ley, pero fueron definitivas para la decisión.

Según la presidenta de la Corte, Gloria Ortiz, la ley fue presentada de manera incompleta y no tuvo la publicidad necesaria en el Legislativo. Es decir, que los miembros de la Cámara votaron la reforma tributaria sin conocer todas las modificaciones hechas en el Senado. La magistrada enumeró cuatro razones: “primero, se evidenció que el texto aprobado por el Senado fue publicado en la Gaceta con posterioridad a su aprobación en la Cámara de Representantes; segundo, no hay constancia de que se hubiera distribuido una copia impresa del texto; tercero, la explicación oral ofrecida por un senador de la república no fue específica, precisa ni suficiente bajo los parámetros jurisprudenciales para admitir este tipo de publicidad; y cuarto, tampoco se anunció que la información estaba publicada en la página web del Senado”. La decisión entrará en vigencia a partir del primero de enero de 2020 con el propósito de "modular sus efectos" sobre la economía colombiana.

La expectativa por la noticia tuvo en vilo a políticos y gremios durante todo el día por las posibles consecuencias que pueda tener para la economía. El Gobierno, a través de varios de sus funcionarios, encabezados por el ministro Carrasquilla, había advertido que de hundirse esto podría detener el crecimiento del Producto Interno Bruto.

“Es un golpe descomunal”, apunta Ricardo Ávila, analista del periódico El Tiempo, aunque matiza que hay tiempo para presentar una nueva ley en el Congreso. Aunque Colombia crecerá este año en cifras cercanas al 3%, de cara al 2020 se oscurecen un poco las perspectivas, señala. Si bien el esquema viejo daba más recaudos, “de alguna manera la estrategia económica de Duque, que consistía en mejorar la competitividad tributaria del país en el caso de las empresas y adicionalmente crear una serie de estímulos en una serie de sectores, incluidos los de la economía naranja, se le cae”, señala.

Para Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana y analista de la cadena  RCN, “no es un escenario catastrófico, pero debe obligar a la reflexión política del presidente Duque”. La Corte apela a lo que se conoce como efectos diferidos, lo que permite que los artículos de la ley operen hasta el final del año fiscal, que en Colombia termina en diciembre, de manera que no habría ningún efecto inmediato en términos de recaudo tributario, ni de gasto, explica. “Lo que es preocupante es que en el mediano plazo sí puede tener un efecto sobre las condiciones de inversión”, advierte. “La reducción del conflicto y esa caída en los impuestos era algo que estaba explicando la extraordinariamente alta tasa de crecimiento de Colombia para el contexto de América Latina”.

Uno de los efectos más probables es que la necesidad de volver a presentar, antes del 31 de diciembre de este año, una nueva ley de financiamiento en el Congreso, donde Duque carece de mayorías, aplace otras iniciativas, como la reforma de pensiones que ya había anunciado el Gobierno. Carrasquilla, quien sobrevivió un intento de moción de censura a finales del año pasado, se asoma como el principal responsable político del nuevo escenario. Sin embargo, “si hay alguien que ha demostrado que tiene resiliencia política es Alberto Carrasquilla, es el único peso pesado del Gobierno”, valora Restrepo.

Por Catalina Oquendo  / Santiago Torrado

Bogotá 17 OCT 2019 - 03:16 COT

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Lenin Moreno decreta "estado de excepción" para contener las protestas

El aumento de combustibles derivó en un paro nacional de transporte y protestas en todo el país.

El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, decretó el “estado de excepción” que le permitirá sacar las fuerzas armadas a las calles en su país. Lo hizo después de anunciar el martes un aumento de hasta el 123 por ciento en el precio de los combustibles, lo cual derivó en un paro nacional de transporte y protestas en todo el país.  La liberación del precio de los combustibles, anunciada por Moreno, ató esos precios a valores internacionales, generando el desproporcionado aumento. Las medidas anunciadas forman parte de la reforma tributaria que le exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Ecuador en el marco del acuerdo que firmaron en marzo de este año.

Frente al avance de múltiples focos de protesta en varios puntos de Quito, la policía cercó vastas zonas del centro y reprimió movilizaciones, entre ellas una de estudiantes. Las Fuerzas Armadas rodearon el Palacio de Gobierno. Las protestas se extendieron por todo el territorio ecuatoriano, con intentos de saqueos y cortes en rutas y vías de acceso. Miles de pasajeros se las ingeniaron para movilizarse en las avenidas troncales a través del sistema municipal de transporte, que no adhirió al paro, pero en el resto de la ciudad colapsó a falta de autobuses y taxis privados y de cooperativas, que acataron masivamente. 

 "Mientras no se dé marcha atrás en las alzas de los combustibles, nosotros no dejaremos de protestar", dijo Carlos Guzmán, dirigente de una cooperativa de taxis que se manifestó en el centro viejo de la capital. “El gobierno se sacó toda la careta y planteó el paquetazo neoliberal que le ordenó el FMI, donde todo el peso del proyecto económico lo pone en las espaldas del pueblo ecuatoriano", señaló el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) Mesías Tatamuez.

Como respuesta Moreno decretó el “estado de excepción” para garantizar la “movilidad en todo el territorio nacional”. Esto le permite volcar a las calles las Fuerzas Armadas. “Las medidas siguen firmes. No existe la más mínima posibilidad de cambiar aquellas medidas relacionadas con ese subsidio perverso que causaba daño al país”, dijo Moreno, descartando rumores que hacían pensar en una posible marcha atrás.

El aumento de combustibles es parte de las reformas tributarias, a las que hay sumar las laborales, que el gobierno impulsa en función del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En marzo Ecuador firmó un acuerdo con este organismo para conseguir créditos por 4.209 millones de dólares, en medio de serios problemas financieros. Otros organismos multilaterales también entregarán 6.070 millones de dólares en préstamos a la administración de Moreno, que inició su mandato en mayo de 2017. Por falta de liquidez su gobierno ya emitió bonos de deuda por más de 10.000 millones de dólares.

“Moreno tiene la amenaza del FMI de que no canalizará el siguiente desembolso a menos que se cumplan las medidas de equilibrio de fiscal que ellos requieren”, dijo en diálogo con Página/12 Andrés Arauz, ex presidente del Banco Central de Ecuador entre 2009 y 2011. “El decreto de Moreno no sólo elimina el subsidio a los combustibles. Lo que hizo fue liberar el precio para de esa forma atarlo a los valores internacional”, explicó. La cotización del galón americano de diésel pasó de 1,03 dólares a 2,30 dólares y la de gasolina corriente, de 1,85 a 2,40 dólares, en surtidoras de Quito. 

Según el ministro de Economía, Richard Martínez, el esquema de precios vigente hasta entonces era insostenible.  "Lo que estamos haciendo es sincerar los precios, retirar un subsidio, un regalo que estaba haciendo el Estado”, señaló.

El martes, admás del aumento de combustible, Moreno ebozó algunas de las reformas laborales y tributarias que presentará al Parlamento, pero no hizo circular el proyecto de ley, por lo que no se descarta que aparezcan otras sorpresas. dado que el aumento, impacta con más fuerza a los sectores más desprotegidos, para compensar Moreno anunció otra medida supuestamente orientada a que las grandes empresas compartan el sacrificio. Anunció que las empresas que generen ingresos anuales de más de 10 millones de dólares "pagarán, por tres años, una contribución especial que totaliza más de 300 millones".  Esos fondos se destinarán exclusivamente "para seguridad, educación y salud", subrayó el mandatario. 

Sin embargo, para Arauz, la medida anunciada es de corte voluntarista y por lo tanto inefectiva. “Esta podría ser vista como una medida progresista, ya que apunta a los sectores que más ganancias obtienen. Sin embargo es un impuesto extraordinario, con esquema de tributación voluntario, sin ejercicio de control”, sostiene Andrés Arauz. El presidente ecuatoriano también anunció la reducción de aranceles de importación para bienes de capital y materias primas que beneficien a los sectores agrícola e industrial. Además, suprimirá los impuestos a la importación de teléfonos móviles, computadoras y tabletas. A los exportadores les anunció la simplificación para la devolución de tributos al comercio exterior, por un porcentaje del valor de la exportación. Entre las medidas fiscales dijo que decidió bajar el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para materias primas, insumos y bienes de capital que constan en una Lista del "Comité de Política Tributaria”.

Entre las medidas que componen la reforma laboral figura la reducción en 15 días de vacaciones a los empleados de empresas públicas, y la aportación de un día de salario al año, anunció el presidente. “Su remuneración es superior a la que se percibe en el resto de la administración pública", argumentó Moreno. Otra medida es la reducción de los topes en las distintas escalas salariales de la función pública, la cual ahorraría al Estado 148 millones de dólares en una fase inicial, dijo el mandatario. Además estableció un cronograma de despidos que pretende llevar adelante el próximo año, que aportará otros 160 millones de dólares adicionales a las arcas estatales. "Todo esto, insisto, contribuye a dinamizar la economía y el empleo", argumentó Moreno.

Pero para Arauz los objetivos de Moreno son otros. “Entre las metas que impuso el FMI figura la eliminación del déficit, no reducirlo, para de esa manera llegar a un superávit primario del 4 por ciento. Estas medidas que toma el gobierno van en sintonía con ese objetivo”, sostiene Arauz. “No se debe invertir en obra pública, se deben acumular reservas, para llevarlas a bancos extranjeros. Buscan extraer liquidez para depositarla afuera. El programa estipula que para el 2022 deben existir reservas en el exterior por 15.000 millones cuando ahora hay 4.000 millones”, informó Andrés Arauz.


El paquetazo del FMI lleva a Lenín Moreno al borde del precipicio

Eloy Osvaldo Proaño

CLAE

La caída vertiginosa de la credibilidad del presidente ecuatoriano Lenín Moreno, la imposición del paquetazo impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la declaración del estado de excepción ante el reclamo popular, se suman a las denuncias de corrupción, que van abonando el mismo camino que debieron seguir sus antecesores Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez

Con la declaración del estado excepción que durará 60 días, con posibilidad de renovación (según la ministra de Gobierno María Paula Romo) el presidente Lenín Moreno, pretende "garantizar la seguridad" ante los "focos localizados" de violencia. "La gente piensa que no tomo decisiones, pero sí lo hago", aseguró Moreno.

La ola de movilizaciones respondió a un “paquetazo” económico decretado por el gobierno e impuesto por el FMI, que incluye el incremento del precio del diésel y gasolina extra, producto de la eliminación del subsidio estatal, además de reformas laborales y tributarias . El gobierno pretende ahorrar 1.400 millones de dólares anualmente.

A las manifestaciones de los transportistas se sumaron organizaciones sociales, indígenas y estudiantes universitarios que rechazan lo que tildan de “paquetazo”. Lo cierto es que desde la medianoche del miércoles no hay transporte y las clases han sido suspendidas en todo el país y el jueves el ambiente de las protestas subió de tono.

La gasolina extra ha pasado de costar 1,85 dólares por galón a 2,22, respectivamente. El diésel, habitual combustible del transporte de mercancías, estaba entre un dólar y 1,37 dólares, dependiendo del tipo, y ahora sube a casi el doble, con algo más de 2,10 dólares el galón.

"Las medidas que tomamos en conjunto están en firme, no existe posibilidad de cambiar, principalmente las relacionadas con el subsidio que causa tanto daño al país que distorsionaba la economía", dijo Moreno desde la casa de gobierno.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló el miércoles desde Washington que las reformas anunciadas por Moreno tienen como objetivo mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la economía ecuatoriana, y fomentar un crecimiento sólido e inclusivo.

Destacó asimismo que las autoridades “están trabajando en importantes reformas destinadas a apoyar la dolarización de Ecuador, incluida la reforma del Banco Central y el Código Orgánico de presupuesto y planificación”. El 11 de marzo, el FMI avaló un acuerdo técnico de asistencia financiera a Ecuador por 4.200 millones de dólares, que permitió el desembolso inmediato de 652 millones de dólares

Assange, los INA Papers, Unasur, Opep

Lenín Moreno sorprendió el jueves 11 de abril al revocar el asilo que Ecuador le había concedido a Julián Assange, situación que le fue exigida por el vicepresidente estadounidense Mike Pence y, según señalan algunos analistas, por el Fondo Monetario Internacional para otorgarle los créditos solicitados.

La medida acabó con su estadía de casi siete años en la embajada ecuatoriana en Londres y permitió que la policía británica lo arrestara, para entregarlo al gobierno estadounidense. Moreno aseguró que Assange “prácticamente convirtió a la embajada en un centro de espionaje internacional y terrorismo informático”, quebrando las normas de convivencia y hasta manchando con sus heces las paredes de la sede diplomática.

Existe una evidente relación causal y temporal entre las revelaciones de Wikileaks acerca de los INA Papers y la expulsión de Julián Assange de la embajada de Ecuador en Londres. Las revelaciones sobre los sobornos recibidos amenazaron con acabar con la carrera política de Moreno, e incluso, dar con sus huesos en la cárcel.

En marzo de 2012, en la capital de Belice, el hermano del presidente, Edwin Moreno Garcés constituyó una empresa fantasma offshore bajo el nombre INA Investment Corp (acrónimo de las tres últimas letras del nombre de las tres hijas que del mandatario: Irina, Carina y Cristina), con el fin de recibir dineros de coimas que se recaudaban por medio del “empresario” y a la vez su testaferro Xavier Macías Carmignani.

Los sobornos comprobados se recibieron de empresas como la china Sinohydro y la panameña Recorsa pagaban por el lobby efectuado en las adjudicaciones de determinadas concesiones con el estado. En uno solo de esos movimientos se pagaron ni más ni menos que 18 millones de dólares.

Los INA Papers son una importante serie de documentos que confirman la existencia de una organización criminal liderada por Lenín Moreno. Por medio de al menos una docena de sociedades fantasmas constituidas en diversos paraísos fiscales, cometió una serie de delitos que incluyen lavado de activos, defraudación fiscal y tributaria, tráfico de influencias y el cohecho en perjuicio del Estado ecuatoriano, cuyos alcances han derivado en lo que Interpol categoriza como crimen transnacional.

Las últimas semanas Lenín Moreno no sólo decidió la salida de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), bombardeando el esfuerzo de integración política regional, sino también el vaciamiento de la sede en la mitad del mundo, que incluyó quitar la estatua del expresidente argentino Néstor Kirchner. Y anunció también el retiro del país de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Presidentes expulsados

Los ecuatorianos saben de levantamientos populares contra presidentes que los han engañado, impulsados por movimientos populares e indígenas, desde, al menos, la década de 1980 hasta el ingreso en el nuevo milenio.

Abdala Bucaram, fue alcalde de Guayaquil tras ser electo en 1984. Fue enjuiciado por injurias a las Fuerzas Armadas y peculado en 1985. En su intento por huir de la prisión preventiva en el juicio por peculado, viajó a Panamá. En 1987 el Congreso le dio amnistía , permitió que participe en las elecciones de 1988 en la que perdió contra Rodrigo Borja, y los juicios en su contra volvieron a activarse inmediatamente y tuvo que volver a Panamá.

En 1992 el Congreso le otorgó amnistía por segunda vez y se postuló para los comicios presidenciales de 1992 en los que volvió a perder. Su tercera candidatura fue en 1996 y ganó. En 1996, la entonces Corte Suprema de Justicia presentó dos juicios en su contra debido a mal manejo de gasto público y un sobreprecio en la adquisición de mochilas escolares. En 1997 el congreso lo calificó de ‘incapacidad mental’, fue destituido y viajó a Panamá, lugar en el ha permanecido exiliado.

Jamil Mahuad fue electo presidente en 1998 y destituido de sus funciones en enero del 2000, tras poner al país al borde de la hiperinflación. Esto llevó a la quiebra o cierre de 21 de los 42 bancos existentes en esa época. Mahuad decretó un congelamiento de depósitos y dolarizó al país. Se produjo una devaluación acelerada. El precio del dólar había subido de 4.500 a más de 25.000 sucres en menos de un año.

El 21 de enero de 2000 fue derrocado cuando las Fuerzas Armadas le quitaron su apoyo. El gobierno de Chile le ofreció asilo diplomático pero Mahuad se fue a dar clases en la universidad de Harvard. El 27 de mayo de 2014, la Interpol emitió una circular roja para poder detener a Mahuad en cualquier parte del mundo y llevarlo a los tribunales de Ecuador, pero fue retirada en menos de un mes.

La justicia ecuatoriana lo busca por el presunto delito de peculado —mal uso de fondos públicos— que significaría una pena de 12 años en prisión.

El 21 de enero del 2000 Lucio Gutiérrez participó en una rebelión indígena y de militares de bajo rango que derrocó al presidente constitucional Jamil Mahuad. Fue arrestado por golpista y confinado en el Fuerte Militar Atahualpa, donde permaneció por 120 días hasta que el Congreso le otorgó la amnistía. En las elecciones del 2002 se lanzó como candidato presidencial y ganó en la segunda vuelta.

El mandato de Gutiérrez experimentó casos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. Creó la Pichi Corte donde se buscaba eliminar los juicios para los ex presidentes Gustavo Noboa y Abdalá Bucaram. El aumento del costo del combustible y el no cumplimiento de su plan político llevó a la ciudadanía a protestar durante varias semanas hasta que, el miércoles 20 de abril de 2005, Gutiérrez dejó la presidencia, a bordo de un helicóptero del Ejército.

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La renovada represión marca la ruta de su posible futuro, sobre todo cuando las guarismo de las últimas elecciones regionales marcaron un sostenido aumento del poder popular del expresidente Rafael Correa, denostado, permanentemente atacado por Lenín Moreno, quien supo ser su vicepresidente y su candidato a sucederlo.

Moreno no tiene ningún poder de mando, pero aún le resta cumplir con algunos objetivos de los sectores de poder, como desdolarizar caóticamente, que es lo que aspiran los grandes importadores, los grandes exportadores y los banqueros, sobre todo.

No sería descartable que dada la debilidad de Moreno, esos mismos sectores sean los que aceleren la asunción del vicepresidente para que pueda seguir con las medidas económicas y el camino trazado. Algo similar sucedió, recuerda el exvicecanciller Kintto Lucas, en el año 2000 con Mahuad-Noboa cuando se declaró la dolarización.

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Sábado, 21 Septiembre 2019 05:19

¿Por qué funciona la economía boliviana?

¿Por qué funciona la economía boliviana?

Bolivia era un país bimonetario. Justo antes de la llegada de Evo Morales, en 2005, sólo 15 por ciento de los depósitos estaban en moneda nacional; en materia de crédito, únicamente 7 por ciento se otorgaba en pesos bolivianos. En esos años, siempre bajo gobiernos neoliberales, todo el mundo usaba el dólar para refugiarse de la desvalorización del peso. Aquellos que podían compraban dólares mensualmente y los vendían a medida que necesitaban gastar. La economía estaba más dolarizada que la de la Argentina actual. Sin embargo, después de algo más de una década, en apenas unos 13 años, la situación se revirtió completamente. En 2019, 99 por ciento de los depósitos y 87 por ciento de los préstamos son en pesos bolivianos. En la actualidad, todos prefieren prestar en pesos y tomar depósitos en pesos porque es una moneda fuerte y rentable.

Esta transformación económica no tuvo lugar por arte de magia. En economía, los milagros no existen. Todo tiene que ver con todo. Cada resultado económico es la consecuencia de un gran conjunto de decisiones que poco o nada tienen que ver con la creencia "paranormal" de que los mercados, por sí solos, nos llevarán a un equilibrio virtuoso. No. La economía no funciona así. Ni mucho menos.

Evo logró la bolivianización del sistema financiero al mismo tiempo que hacía crecer la economía más que nadie en toda Latinoamérica. Supo, además, combinar el bienestar macroeconómico con el bienestar microeconómico de las familias, algo diferente a lo que sucede en Perú, Colombia o Paraguay, que sólo pueden presumir de buenos indicadores macroeconómicos, y muy diferente de Argentina, que no disfruta bienestar macro ni microeconómico.

 

¿Cómo lo hizo? He aquí una breve enumeración de las principales acciones:

 

  1. Evo recibió el Gobierno con un tipo de cambio de ocho pesos por dólar, a poco de asumir "apreció" la moneda a siete pesos y, actualmente, se mantiene estable (cotiza en 6.95). Le generó una pérdida a los tenedores de dólares con la que rompió la inercia y mandó la señal de que quien le apuesta al dólar no siempre gana.
  1. Desalentó la compraventa de divisas ampliando el diferencial cambiario entre compra y venta de divisas hasta una diferencia de 10 centavos.
  1. Aumentó a 66.5% el encaje líquido que los bancos deben tener por cada depósito en dólares, mientras el encaje para los depósitos en pesos es de 11 por ciento. La medida encarece el costo de los créditos en dólares.
  1. Se ofrecieron tasas ligeramente más altas a los ahorristas en pesos.
  1. Se estableció un impuesto a las transacciones financieras en dólares, que afecta sólo a las cajas de ahorros con más de 2 mil dólares y a los depósitos a plazos menores al año
  1. Se aumentaron los requisitos para otorgar créditos en moneda extranjera y se facilitó el crédito en moneda nacional, por lo que aumentó mucho la preferencia a otorgar préstamos en pesos.
  1. Se utilizó la Unidad de Fomento a la Vivienda, unidad de cuenta actualizada con la inflación local, como instrumento para realizar todo tipo de contratos en moneda local y desalentar el uso del dólar como unidad de cuenta.
  1. Se emitieron títulos públicos en moneda nacional y desaparecieron los títulos en dólares.
  1. Se emitieron títulos especiales en pesos para pequeños tenedores.
  1. Usando varios instrumentos, en especial los coeficientes de reservas y cupos máximos, se orientó el crédito bancario a las actividades productivas, especialmente vivienda, vivienda social, empresas, microcréditos y Pymes, expandiendo la cartera de créditos en casi siete veces. Los tipos de interés que resultaron de esta política son envidiables: por debajo de 10 por ciento para los créditos hipotecarios, por debajo de 7 por ciento a los créditos de vivienda social, cercanos a 20 por ciento para el consumo, por debajo de 5 por ciento si es crédito empresarial y de 7 por ciento cuando se trata de Pymes.
  1. Se prohibió indexar las tarifas en función de la evolución del dólar.
  1. Se creó un fondo contracíclico de reservas internacionales que ronda 25 del PIB.
  1. Implementó una política deliberada de control del monopolio y abuso de posición dominante, con seguimiento casi diario y control directo por parte de Presidencia sobre precios relevantes de la economía.
  1. Se llevó a cabo una obsesiva política de apoyo a la producción, con crédito dirigido a la inversión productiva y una vasta inversión en infraestructura que tuvo el efecto de extender el área geográfica desde donde se provee a las grandes ciudades, por lo que la oferta productiva se amplió y, con ello, muchos precios cayeron.

 

Y por si todo esto fuera poco, se hizo en un contexto de nacionalizaciones que, según un informe de Celag, tuvo un impacto en la economía boliviana de generación de riqueza por 74 mil millones de dólares (dos PIB del año 2017), 670 mil puestos de trabajo, ahorro de divisas de 45 por ciento, aumento de consumo de 125 por ciento y subida de la inversión hasta 11 mil 200 millones de dólares (29.9 por ciento del PIB). Además, ello tuvo lugar en un clima de inflación a la baja; 1.5 por ciento en el último año, igual o más baja que la de Estados Unidos a pesar del fuerte ritmo de crecimiento sostenido y de la mejora en absolutamente todos los indicadores de bienestar social y económico.

Después de todo lo expuesto, y mirando lo sucedido con Macri en Argentina, ¿quién se atreve a decir que no hay alternativa ni pragmatismo en esta propuesta económica boliviana?

Por Guillermo Oglietti y Alfredo Serrano, Celag

Publicado enEconomía
El FMI avisa de que el 40% de la inversión internacional de las multinacionales solo busca la elusión fiscal
  • La inversión extranjera directa mueve 40 billones de dólares en el mundo, de los que 15 billones son inversiones de multinacionales en sociedades instrumentales o "vacías" radicadas en otro país para pagar menos impuestos, según el FMI
  • El Fondo Monetario Internacional publica estos datos en el informe "El ascenso de las inversiones fantasma: las sociedades instrumentales socavan la recaudación de impuestos en mercados avanzados, emergentes y en desarrollo"
  • Luxemburgo y Holanda, países que reciben la mitad de la inversión extranjera directa "fantasma", están entre los preferidos por las empresas españolas del Ibex 35 para establecer filiales

 

Cada día en los periódicos aparecen noticias sobre inversiones y operaciones de compañías multinacionales en países como Luxemburgo, Suiza, Holanda o Irlanda, y a través de ellos (en el caso de Holanda) en algunas de sus excolonias, directamente tachadas como paraísos fiscales. Esta misma semana se recogía en los medios la resistencia de la tecnológica Apple a pagar los 13.000 millones de euros que Bruselas considera que adeuda por las ventajas fiscales de las que lleva décadas disfrutando en Dublín, donde mantiene su sede principal europea. También han sido noticia los acuerdos de la familia Berlusconi con una empresa de inversión con sede en Luxemburgo, Peninsula Holding S.a.r.l., para evitar que se torpedee la fusión entre Mediaset España y Mediaset Italia, operación que tiene entre sus objetivos llevarse la sede a Holanda (aunque han asegurado que seguirán sometidos a la fiscalidad italiana).

La ingeniería fiscal de las compañías para mover el dinero entre países tiene como objetivo la elusión o rebaja del pago de impuestos a través de los mecanismos que les ofrece la globalización financiera y de la economía. El último organismo que ha analizado este fenómeno y le ha puesto cifras es el Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de un estudio de sus economistas Jannick Damgaard, Thomas Elkjaer y Niels Johannensen.

Según un informe titulado "El ascenso de las inversiones fantasma: las sociedades instrumentales socavan la recaudación de impuestos en mercados avanzados, emergentes y en desarrollo" y publicado este mes, en el año 2017 se movieron en el mundo 40 billones de dólares (36,2 billones de euros) en inversión extranjera directa. De ellos, el 40% (15 billones, equivalentes a la suma del PIB anual de China y Alemania) son "inversiones fantasma". Es así como se denominan las operaciones que hacen las multinacionales entre sus filiales para eludir el pago de tributos.

El porcentaje total de "inversión fantasma" ha pasado del 30% al 40% en menos de una década, como se puede observar en el siguiente gráfico elaborado por los autores:

De los 15 billones de dólares (13,582 billones de euros) de inversión a través de "cascarones" sin actividad, las llamadas empresas instrumentales o sociedades fantasma, el 85% se concentró en 10 economías consideras como "nichos" o como paraísos fiscales: Luxemburgo, Holanda, Hong Kong, las Islas Vírgenes Británicas, las Bermudas, Singapur, las Islas Caimán, Irlanda y Mauricio. En los dos primeros países se concentró la mitad del movimiento de dinero.

Durante 2017, lo que el FMI considera inversión extranjera "fantasma" ascendió a 3,809 billones de dólares (3,449 billones de euros) en Luxemburgo. En segundo lugar se situó Holanda, con 3,317 billones de dólares (3,003 billones de euros), al tiempo que la cifra en Irlanda fue de 545.000 millones de dólares (493.494 millones de euros). Todos estos países, situados en la Unión Europea, son tachados por los economistas del FMI como "paraísos fiscales", si bien la propia UE los excluye de su "lista negra", que tan solo contempla países fuera del club comunitario.

Un informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa del año 2017 distingue entre "paraísos" y "nichos fiscales". Estos últimos son los que bajo determinadas condiciones permiten una tributación extremadamente baja, aunque el régimen fiscal habitual sea normal. Estas condiciones o excepciones "con frecuencia están diseñadas deliberadamente para ciertos tipos de actividades corporativas que pueden ser empleadas por multinacionales para reducir considerablemente su carga impositiva total".

Ejemplos de estos nichos fiscales pueden ser Irlanda o Luxemburgo. Las empresas que cotizan en el Ibex 35 tienen como favoritos para sus filiales a Holanda, Suiza, Luxemburgo e Irlanda, como se observa en el siguiente esquema del Observatorio RSC. Según sus cálculos, las empresas del Ibex tienen casi mil sociedades entre nichos y paraísos fiscales.

"Algunas multinacionales utilizan agujeros en la ley irlandesa utilizando innovadoras técnicas de ingeniería fiscal con nombres creativos como 'doble café irlandés con sándwich holandés', que implica transferencia de beneficios entre filiales en Irlanda y Holanda hacia paraísos fiscales en el Caribe como destino más habitual", explica el informe del FMI. En España uno de los primeros condenados por aplicar estos esquemas fue Andrés Guillamot, el entonces socio del dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros.

"Hoy en día, una multinacional puede usar ingeniería financiera para transferir grandes sumas de dinero por todo el mundo, trasladar activos intangibles muy rentables o vender servicios digitales desde paraísos fiscales sin tener una presencia física", aseguran los economistas del FMI, que recuerdan que estas estrategias pueden ser beneficiosas para países como Irlanda, donde la recaudación por sociedades se ha elevado a pesar de las rebajas impositivas, pero "erosiona" las bases imponibles en el resto de los países.

 

Cuándo es delito y cuándo no

 

La línea que separa la posibilidad o no de entrar en conflicto con Hacienda para empresas radicadas en España la marca, básicamente, que se pueda demostrar que la filial en otro país, a través de la que se tributa, tiene actividad real y que se cumplen los principios de precios de transferencia –es decir, asegurar que el valor que se atribuye a un activo que se va a transmitir entre empresas de un mismo grupo es real, no ficticio con el fin de trasladar de manera artificial beneficios o pérdidas de unas sociedades a otras–.

Como explicaba en una entrevista con eldiario.es el inspector de Hacienda José María Peláez, uno de los expertos que compareció ante el Parlamento Europeo en la comisión de investigación sobre los Papeles de Panamá, "situar dinero en lo que se conoce como paraísos fiscales no incumple ninguna norma. Lo que la incumple es utilizar esos territorios para ocultar la identidad del verdadero titular de esa cuenta corriente, esos inmuebles o bienes, con ánimo o bien de defraudar o de blanquear dinero".

Muchos de los protagonistas de este tipo de maniobras y otras similares, siempre con ánimo de eludir el pago de impuestos, se han ido desvelando en investigaciones periodísticas como la citada de los Papeles de Panamá, los Papeles de Castellana y los Papeles del Paraíso, y abarcan un espectro diverso como Apple, Nike, Uber, el ex ministro de Industria José Manuel Soria, Shakira, o la familia del rey.

Por Marina Estévez Torreblanca

20/09/2019 - 21:06h

Publicado enEconomía
Richard Wilkinson: “Elevaría el impuesto de sucesiones. Estamos creando dinastías”

Británico, de 76 años, es un eminente defensor de la equidad. En su nuevo libro argumenta que la igualdad tiene efectos directos en nuestro bienestar

Decir que Richard Wilkinson es un defensor de la igualdad es quedarse muy corto. Este epidemiólogo, historiador económico y activista británico de 76 años ha dedicado su carrera a estudiar los efectos de la desigualdad. Junto a su pareja, Kate Pickett, a la que saca 18 años, ha escrito dos libros sobre el asunto. En el primero —Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva (Turner)—, detallan los efectos perniciosos de la inequidad, y en el segundo —Igualdad. Cómo las sociedades más igualitarias mejoran el bienestar colectivo (Capitán Swing)— la otra cara de la moneda. Además, ha creado una organización que promueve la equidad.

El día acordado, Wilkinson no está en el lugar de la cita. Se ha olvidado. O, más bien, la ha anotado para un mes más tarde. Raudo, se sube a un tren desde York, donde vive, y llega a Londres tres horas más tarde. Está recién operado de cáncer de colon, se excusa, y tiene la cabeza en otro lado.

PREGUNTA. Necesitamos igualdad. ¿No es obvio para todos?

RESPUESTA. Los efectos de la desigualdad no son tan obvios. Afecta a la felicidad, al bienestar, a la salud, a la esperanza de vida, a tu valor en la sociedad, a los resultados académicos de los niños; provoca un aumento del consumo de drogas, causa infinidad de problemas muy perniciosos. Todos los problemas que son más habituales en los estratos más bajos se extienden por toda la sociedad. Nos daña a todos.

P. ¿Por qué no la defendemos todos?

R. Se ha creído durante años que con más desigualdad la economía crecía más, pero recientemente tanto el Banco Mundial como el FMI han cambiado de opinión. Han visto que los países con más desigualdad tienden a crecimientos repentinos seguidos de batacazos. Y la idea de que la desigualdad fomenta la iniciativa privada también es errónea. Se registran más patentes per capita en los países más igualitarios.

P. Menciona el rendimiento escolar. ¿Por qué se acepta la segregación en los sistemas educativos?

R. Hay gente con prejuicios hacia grupos vulnerables como los inmigrantes, las etnias minoritarias o incluso hacia las mujeres. En las sociedades más desiguales, donde el amor propio de la gente está minado, se intenta recuperarlo aplastando a los más débiles. Y eso es muy común no solo en poblaciones humanas, sino también entre simios. Un mono que pierde una batalla por el estatus enseguida se enfrenta a sus inferiores para evitar una pérdida catastrófica de categoría. Al igual que los simios, muchos humanos se ven obligados a confirmar su estatus con los que consideran inferiores. La desigualdad convierte la posición social en algo mucho más relevante, hace que nos juzguemos más. Y cuanto más nos fijamos en el estatus, más tememos el juicio del otro. ¿Me respetan o creen que soy tonto y aburrido? ¿Creen que soy un fracasado? Así piensa mucha gente con una enfermedad mental. Les preocupa cómo los ven y se retiran de la vida social porque les provoca ansiedad.

P. Y por otro lado, cuenta en su libro que aumenta el narcisismo.

R. Así es. Uno de los efectos de la desigualdad es que hincha la idea que la gente tiene sobre sí misma y el consumismo gana más peso. La gente viste ciertas ropas o usa ciertos coches para dar una buena imagen.

P. Por qué se valora tanto el sueño americano en vez del modelo escandinavo?

R. Supongo que lo que pasa es que los países tienen conceptos equivocados sobre sí mismos. Los estadounidenses creen que tienen mucha movilidad social cuando padecen una de las menores del mundo desarrollado. El país en el que menos validez tiene la idea de que cualquiera puede llegar a ser presidente es, precisamente, EE UU.

P, Entonces, ¿es falsa la idea de que, si te esfuerzas, llegarás lejos?

R. Ahora sabemos más sobre cómo se desarrolla nuestro cerebro y podemos ver en él los efectos de la pobreza o de la ausencia de aprendizaje. El cerebro refleja la vida que hemos vivido, si has aprendido un idioma o a tocar un instrumento. Las habilidades de cada persona son primordialmente el reflejo de su punto de partida en la escala social, más que del punto de llegada. La gente cree que es al revés.

P ¿Cómo ha evolucionado la igualdad en el mundo?

R. Desde 1930 hasta los años setenta, la desigualdad estaba en retroceso en casi todos los países. Es a partir de los años ochenta, con la llegada del neoliberalismo, cuando empezó a crecer, primero en EE UU, luego en el Reino Unido y en todo el mundo desarrollado. Es hora de revertir el proceso. Entre los actores de esta reversión están los partidos ecologistas, que creen en la igualdad.

P. ¿Qué opina de la situación política en Europa?

R. Es terrible. La desigualdad hace que aumente el populismo, y está claro que está en auge. Es lo que llevó al Brexit y a la elección de Trump.

P. Usted apoyó al laborista Jeremy Corbyn. ¿Se arrepintió al comprobar su postura ante el Brexit?

R. Supongo que sí. Cuando lo apoyé no sabía que tenía tantas dudas sobre la Unión Europea. Al menos ha cambiado su postura. El Brexit es un enorme error. El mundo necesita más acuerdos internacionales, no menos, para tratar problemas como el cambio climático o la evasión fiscal.

P. Si fuera político, ¿qué medidas aprobaría? 

R. Prohibiría los paraísos fiscales y la maquinaria financiera que ayuda a privilegiados a evadir impuestos. Debería lograrse un acuerdo internacional para frenar estas dos trampas. Y elevaría el impuesto de sucesiones. Estamos creando dinastías. Hay familias en las que los hijos no necesitan trabajar y muchos los miran como si fueran seres superiores cuando no lo son.

Por Carmen Pérez-Lanzac

17 SEP 2019 - 17:00 COT

Publicado enEconomía
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