Trump puso sanciones porque investigaban crímenes de sus tropas

EE.UU. sigue atacando a la Corte Penal Internacional

 

La gravedad del problema institucional que ya implicaba el desconocimiento de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional (CPI) se profundizó a fines de junio. En el sistema mundial que concibió Immanuel Wallerstein, EEUU sigue enfrascado en su histórico excepcionalismo. Ese que consiste en el doble estándard para juzgarse a sí mismo y al resto de las naciones de modo distinto. Además de aislarse –se fue de la OMS a fines de mayo– sigue anunciando sanciones unilaterales contra organizaciones o países. Al tribunal con sede en La Haya lo alcanzó el largo brazo de Washington cuando tuvo el tupé de investigar los crímenes que cometieron sus tropas en la invasión de Afganistán. La secuencia es así: el 11 de junio en respuesta a esa decisión de la CPI, Donald Trump emitió la orden ejecutiva 13928 para bloquear los bienes de algunos de sus integrantes. La réplica, un documento del mayor grupo de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, no demoró. Se conoció el 25 de junio y considera la sanción “un ataque directo” a la independencia judicial del organismo que reúne a 123 naciones que adoptaron el estatuto de Roma en 1998.

Estados Unidos no reconoce a la Corte como el instrumento para juzgar crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por personas físicas. Los especialistas, relatores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, consideraron que “estas amenazas constituyen una interferencia inadecuada con la independencia de la CPI y también podrían tener posibles efectos adversos en los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y los representantes de las víctimas…”.

Desde que se creara la Sociedad de las Naciones en 1919 a la que Estados Unidos no adhirió –disuelta en 1946 para dejar paso a la ONU- los intentos de la potencia mundial para condicionar a los organismos multilaterales se dan con frecuencia. Por citar los últimos, Trump se retiró del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio de 2018. Al año siguiente, en diciembre de 2019, el gobierno de EEUU ya ni siquiera argumentó que actuaba en defensa propia. Acudió en ayuda de su incondicional aliado, Israel. Le advirtió a la CPI que “tendría consecuencias” si pretendía poner en marcha cualquier investigación “ilegítima” sobre las políticas en los territorios palestinos ocupados.

Estos antecedentes fueron contextualizados por Diego García-Sayán, relator especial de la ONU para la independencia de los jueces y abogados: “La implementación de tales políticas por parte de Estados Unidos tiene el único objetivo de ejercer presión sobre una institución cuyo papel es buscar justicia contra los crímenes de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión”.

Si la ONU tiene 193 países y la Corte Penal 123 se debe en buena medida a la historia recorrida por ambas. Naciones Unidas cumplirá 75 años el próximo 24 de octubre y la CPI recién llegará a los 22 años este 17 de julio. No es menor la cantidad de sus países miembros si se toma en cuenta que al 1° de enero de este año 117 estados de la ONU pasaron por el Consejo de Derechos Humanos que tiene un cuerpo estable de 47 naciones desde el 15 de marzo de 2006.

El conflicto entre Estados Unidos y la Corte se agudizó cuando la fiscal internacional Fatou Bom Bensouda, recibió el apoyo clave de una las Cámaras de Apelaciones de la CPI. El 5 de marzo de este año, la Cámara decidió en fallo unánime que la autorizaba a investigar posibles delitos en la república islámica de Afganistán que EEUU todavía ocupa con unos trece mil soldados. John Bolton, uno de los halcones de la Casa Blanca que asesoró a Trump hasta septiembre de 2019 cuando el presidente lo despidió, fue el más taxativo de todos los funcionarios cuando se refirió al tribunal de La Haya: “No cooperaremos con la Corte; no le prestaremos asistencia; no nos uniremos a ella; dejaremos que se muera sola”.

Pero la CPI está muy lejos de morirse y tiene quienes la defienden de las medidas con que la amenazó Washington: “El uso de sanciones unilaterales contra jueces internacionales y funcionarios públicos internacionales constituye una clara violación no solo de sus privilegios e inmunidades, sino también de un amplio espectro de derechos de las personas seleccionadas”, dijeron los responsables de todas las relatorías de la ONU, quienes no reciben un salario por su trabajo, son independientes de cualquier gobierno y se desempeñan a título individual. Entre ellos hay un argentino: Fabián Salvioli, quien se encarga del área de promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en Naciones Unidas.

La gambiana Bensouda es por ahora el principal blanco individual del gobierno de Trump. Los crímenes que investiga en Afganistán según informes de la CPI afectaron a 699 víctimas, 61 de las cuales fueron torturadas por las fuerzas de ocupación. Estados Unidos llegó a retirarle la visa a la fiscal que también investiga crimenes de los talibanes. El Fiscal General de EEUU, William Barr, afirmó el mes pasado que las medidas tenían como objetivo “responsabilizar a la CPI por exceder su mandato y violar la soberanía de los Estados Unidos”.

Esa concepción muy vinculada con la doctrina del destino manifiesto que se arroga Washington desde la época de sus padres fundadores, es analizada por Thierry Meyssan. El periodista francés que preside y fundó la Red Voltaire escribió en un artículo que publicó el 2 de abril del año pasado: “Estados Unidos afirma que sigue ‘la voluntad de Dios’ mientras que sus enemigos se niegan a ‎hacerlo y, por tanto, juzga a sus enemigos mucho más severamente de lo que se juzgaría a ‎sí mismo por los mismos hechos, recurriendo así al doble rasero”. ‎

La posición del gobierno de EEUU es evidente desde que se firmó el estatuto de Roma con que se rige la CPI. Se considera una nación “excepcional” -de ahí la doctrina del excepcionalismo- que no debe ni puede quedar condicionada por los principios universales que rigen a otros Estados.

Según algunos académicos este conflicto plantea un dilema ético. Thomas Bender, un respetado historiador norteamericano, autor del libro Historia de los Estados Unidos. Una nación entre naciones (Siglo XXI), le dijo en 2011 a Página/12: “Nosotros aceptamos nuestras actividades imperialistas justamente porque nos consideramos ‘aparte’. Creemos que estamos ayudando a la gente que invadimos. Este excepcionalismo es intrínsecamente contradictorio: no compartimos la historia mundial, pero cualquier historia nacional extranjera nos parece una emulación de la nuestra, como si los demás debieran ir en la misma dirección”. Como se ve, nada cambió hasta hoy y la ofensiva de Trump contra la Corte Penal Internacional es más de lo mismo.

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Los camuflajes de la muerte en la verdadera pandemia

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se dirige nuevamente al país y al mundo para compartirle los hechos que siguen revelando una política criminal del Estado colombiano y su tolerancia y connivencia con todos los procesos criminales que vienen del pasado.

La matanza de colombianos de a pie, inconformes y/o vulnerables, comenzó hace muchas décadas. La fuerza armada del Estado se consideró con licencia para matar durante mucho tiempo, apoyándose solamente en la calificación de las víctimas como enemigos del poder de turno. Con el paso del tiempo, los Estados Unidos le enseñaron   a los gobiernos colombianos, secretamente, a meter en la guerra a la población civil, no sólo como objetivo militar, que ya lo era en sus capas pobres e inconformes, sino también como combatientes, en forma de paramilitares o brazos armados clandestinos del Estado; esto ocurrió en 1962 con la misión a Colombia del General norteamericano  William Yarborough y sus directrices secretas, para que así el Estado no cargara con todo el peso del deterioro moral e ilegitimidad de su imagen y con una condena universal. Cuando el paramilitarismo comenzó a estar en la mira de algunos jueces, el Estado se empeñó en hacerlo desaparecer mediáticamente y acuñó el nombre de BACRIM o Bandas Criminales, llevando a la sociedad a creer que todo era problema de delincuencia común. Cuando los Acuerdos de Paz impidieron llamar guerrilleros a todas las víctimas de ejecuciones y desapariciones, la muerte de los líderes sociales y de los sectores inconformes o “desechables” comenzó a atribuirse a violencia intrafamiliar, a problemas de linderos entre vecinos, a picaduras de culebras o a peleas entre borrachos. En general, las falsas razones se han impuesto contra el conocimiento de poblaciones enteras que callan la verdad por temor al asesinato o al estigma.

Las muertes violentas perpetradas por el paramilitarismo, el cual continúa controlando nuestra zona de San José de Apartadó, han buscado últimamente formas de camuflaje que desafían el saber del campesinado del entorno. En el caserío de San José, fue palpable el silencio que rodeó la ejecución del joven Rafael Antonio Guerra el pasado 12 de mayo, en el paraje Caño Seco de la vereda Alto Bonito. Según el comentario que circula entre los pobladores de San José, la familia tuvo que camuflar el crimen bajo la versión de una “muerte por picadura de culebra”, para que se permitiera pasar el ataúd por el centro urbano. La última ejecución, ocurrida el pasado domingo 7 de junio, está siendo leída por muchos pobladores como efecto de “las borracheras dominicales” o de “peleas entre colegas” o conflictos entre los mismos paramilitares. Los medios no hablan de diligencias judiciales en estos casos ni se refieren al contexto de completo control de la zona por las estructuras paramilitares. Los medios locales y regionales, en lugar de ayudar a esclarecer los hechos, han ayudado siempre a difundir versiones de camuflaje que favorecen los intereses del sector político dominante, intereses que a veces se proyectan en la necesidad de eliminar a sus mismos servidores paramilitares, cuando éstos se sienten cansados o decepcionados en su misión asesina y manifiestan deseos de abandonar las filas criminales, o se enfrentan entre los mismos paramilitares por los recursos que incluyen el mercado de drogas alucinógenas. Versiones de las últimas muertes apuntan en algunas de estas direcciones.

Nuestra Comunidad quiere dejar constancia de los siguientes hechos:

·         El domingo 10 de mayo de 2020 los paramilitares permitieron y promovieron la celebración de la fiesta de la madre en la vereda La Unión, con gran consumo de licor, desconociendo las normas de control de la pandemia.

·         El sábado 16 de mayo de 2020, nuevamente los paramilitares autorizaron e impulsaron la celebración de la fiesta de la madre en la vereda La Resbalosa, con abundante consumo de licor.

·         El jueves 4 de junio de 2020 fue visto nuevamente en la finca del Señor Muñoz, en la vereda La Esperanza, un grupo de paramilitares armados con armas largas y uniformados. Ya varias veces antes nuestra Comunidad había sorprendido, fotografiado y filmado a los miembros de ese grupo paramilitar en el mismo sitio y los miembros del Senado de la República pudieron examinar los videos, pero eso no ha traído ninguna medida de represión o contención, menos de enjuiciamiento y sanción, a esa estructura paramilitar. En varias ocasiones, posteriormente, se les ha sorprendido en la misma finca, armados y uniformados, sin que ninguna institución haya hecho absolutamente nada para investigarlos y enjuiciarlos.

·         El viernes 5 de junio de 2020, tuvo lugar una convocatoria de paramilitares en la vereda Playa Larga. En dicha reunión, a la cual acudieron al menos 50 paramilitares, se insistió en la necesidad de controlar más fuertemente a la  población de la zona cercana a San José, donde hay personas que deben ser eliminadas.

·         El sábado 6 de junio de 2020 unidades de la Brigada XVII del ejército llegaron a la vereda La Unión e ingresaron a un establecimiento público donde consumieron licor. Cuando su mando fue interrogado por pobladores de La Unión para que explicara por qué el ejército no combate a los paramilitares, respondió que no los combatían porque después, cuando ellos estuvieran de licencia, los podrían atacar. Dicho oficial afirmó que asumiría el mando de la base de San José a partir del 15 de junio.

·         El domingo 7 de Junio de 2020, hacia las 20:00 horas, en la vereda La Victoria de San José de Apartadó, un grupo de paramilitares asesinó al joven JESÚS ALBERTO MUÑOZ YEPEZ, de 35 años, apodado “El Tato”, residente del e barrio Policarpa de Apartadó, e hirió a una joven llamada Leidy quien lo acompañaba y estaba embarazada y es prima del jovenYeminson Borja Jaramillo, asesinado el 7 de  julio de 2019 en la vereda aledaña de La Balsa, por paramilitares que controlan esa ruta y someten a la población civil a sus órdenes mediante amenazas y ejecuciones. Varias versiones circulan sobre los móviles de este crimen, incluyendo la que presenta a la víctima como activo del paramilitarismo que se encontraba en retirada, mereciendo por ello la pena de muerte. El silencio permisivo y cómplice de las autoridades, acompañado por el silencio temeroso de la población del entorno, configura el mecanismo monstruoso de la total impunidad reinante.

·         El viernes 12 de junio de 2020, los paramilitares convocaron a las juntas de acción comunal en la vereda Mulatos Medio, en el recinto de la escuela recién construida en el lindero de la Aldea de Paz de nuestra Comunidad. En dicha reunión participó un líder político paramilitar, quien impartió normas a los pobladores. Ya nuestra Comunidad había presentido que esa construcción, motivada en ofertas del gobierno, iba a servir para eventos políticos y para fiestas y consumo de licor, todo como sabotaje a los principios de nuestra Comunidad de Paz, fuera de utilizar los espacios de nuestra aldea para sus reuniones.

·         El domingo 14 de junio de 2020, la junta comunal de la vereda Arenas Altas organizó en la escuela veredal, que es terreno de nuestra Comunidad de Paz, una fiesta con consumo de licor, violando todas las normas de aislamiento vigentes, derivando en riñas y heridos. Uno de los paramilitares organizadores fue John Edinson Góez, alias “El Pollo”.

·          El miércoles 17 de junio de 2020, A partir de los controles de seguridad que realiza la población civil de San José de Apartadó en la vereda La Balsa para evitar la expansión del coronavirus (Covid-19) se está organizando desde allí el cómo restringir la libre movilidad de nuestra Comunidad, supuestamente con el decir que los extranjeros van a entrar y a traer el virus, por lo que ya se comenta que: allí están ingresando gente de otros lugares violando la cuarentena Nacional y este es un caso que debe pasar a las autoridades porque si llega a haber un enfermo por el virus es culpa de la Comunidad de Paz. Como Comunidad de Paz rechazamos dichas acusaciones pues no es responsabilidad de nuestra Comunidad de Paz evitar que se infecte la población, más cuando toda la gente de la zona está bajando al casco urbano diariamente sin ninguna medida de protección. Son el mismo paramilitarismo y la fuerza pública los que están llevando el riesgo de contagiar a la población porque son los que más patrullan la región, además frecuentan lugares públicos de San José y sus veredas a tomar licor y ahora se quiere responsabilizar a nuestra Comunidad como culpable, cuando somos los únicos en la zona que mejor hemos manejado una cuarentena autónoma, por lo que no será nuestra responsabilidad ni la de nuestros acompañantes nacionales e internacionales; si llegase  haber un contagio con el virus covid-19 en la zona, la responsabilidad es de las mismas autoridades competentes por que no se ha tomado una verdadera medida necesaria de precaución para garantizar que cada día no hayan más contagiados  en la Región de Urabá, la misma fuerza pública es la que más tiene contagiados en Urabá, además está  la libre movilidad del paramilitarismo que le ha permitido ejercer mayor control sobre la población civil, pues se están transitando por carreteras y caminos desde la Región de Urabá hasta el chocó y otros lugares del país sin restricción  alguna.   

En las diversas veredas del corregimiento de San José nuestra Comunidad de Paz sigue comprobando la presencia de estructuras de control paramilitar de la población a través de personas o familias espías denominadas “puntos”, los cuales informan permanentemente a los jefes paramilitares de la zona sobre los movimientos y pensamientos de los pobladores, mientras, los mandos “paras” se movilizan libremente por el territorio portando armas y a través de los “puntos” imparten normas a los pobladores, los convocan a reuniones y les cobran impuestos ilegales, amenazándolos de muerte si no se muestran sumisos a sus órdenes y a su dominio. Ninguna institución del Estado ha demostrado controlar esa estructura criminal, la cual está detrás de las amenazas de muerte y de las ejecuciones, hoy camufladas bajo causas ficticias.

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo siguen nuestro proceso y nos animan moralmente a defender nuestros principios.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Junio 22 de 2020

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Las muertes de líderes sociales en Colombia durante el confinamiento

1.- La Paz y su Incertidumbre

El 26 de septiembre de 2016 se firmó oficialmente el Acuerdo de Paz entre una de las guerrillas más antiguas de América Latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno de Juan Manuel Santos en representación del Estado Colombiano. No alcanzó el raitng de un partido de la selección de futbol, pero en los televisores, mucha gente siguió el evento entusiasmada, nostálgica. La ciudad de Cartagena de Indias fue sede de este primer momento para la Paz. Alrededor de cuatro años de intensas negociaciones en Oslo y La Habana culminaron en un hecho histórico que generó reacciones encontradas en el país del vallenato, la cumbia y la chirimía.

Recuerdo que el 2 de octubre de 2016, fecha del plebiscito nacional para consultar si el pueblo colombiano respaldaba la Paz, yo me encontraba en un Consejo Comunitario (jurisdicción Afrodescendiente en Colombia) del departamento del Cesar en la Costa caribeña. En ese momento visitaba a la familia de Campeón, apodo cariñoso con el que se le conocía a Nestor Martínez en su pueblo, quien varias veces me ofreció amablemente su casa; así pude conocer de cerca la realidad que viven los líderes sociales en la Costa. Ademas me compartió sus ideas profundas en torno a la lucha política, es decir, los sueños por defender su tierra, mientras escuchábamos la música de Diomedes Díaz, compartíamos el tinto mañanero o la viuda de pescado bocachico.

Su muerte no figura en el numeral de los muertos durante esta Paz enlutada, porque fue asesinado el 11 de septiembre de 2016, aunque sí forma parte de esa lista de líderes asesinados que, como una elipse infinita, pareciera no tener inicio ni fin en este país. Él era afrodescendiente y vocero de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar (CISBCSC).

A pesar del dolor por su muerte y el coraje por el nivel de impunidad e injusticia, o tal vez precisamente por ello, ese día, la familia de Campeón salió a votar por el Sí a la Paz. Así pasó prácticamente en todos los sectores rurales que vivieron y aún viven la guerra en sus territorios, en sus cuerpos. Sin embargo, al final de la jornada de este segundo momento, un contundente abstencionismo, y el triunfo del No, principalmente en las ciudades, se tradujeron en uno de los primeros golpes políticos al Acuerdo de Paz. La campaña mediática aplicada por los detractores del proceso de paz sustentada en mentiras y encabezada por el senador Álvaro Uribe Vélez del Centro Democrático (CD), días previos al ejercicio, cosechó sus primeros frutos.

2.- Los asesinatos en medio de la Paz

En esta esquina del planeta, Macondo, donde ahora vivo, hermoso rincón de mangos, yuca, malanga y platanares, Corazón del Mundo según los Arhuacos, Koguis, Wiwas y Kankuamos que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, las comunidades campesinas, pescadoras, afrodescendientes e indígenas, con su sabiduría y picardía ancestral, bromean, “maman gallo” como dicen acá, en referencia al partido político del actual presidente de Colombia: “ No joda, el CD es el partido de las tres mentiras porque ni es partido, tampoco es de centro y mucho menos es democrático; es la voz autoritaria de Uribe…”

Con el triunfo en 2018 de Iván Duque, fiel representante del uribismo y con la abierta decisión de “hacer trizas el Acuerdo de Paz”1, rápidamente se encendieron las alarmas en el seno del movimiento social en todo el país. La memoria viva de las décadas recientes, esa memoria de quienes han nacido, crecido y sobrevivido a la guerra en todo Colombia, no estaba equivocada en leer el destino próximo que se avecinaba; cual campesinos en víspera de siembra que avizoran en las cabañuelas del cielo, se pronosticó una sequía prolongada para el cultivo de la Paz.

El proyecto PACIFISTA!, medio de información alternativo enfocado en contenidos sobre los derechos humanos y la construcción de paz en Colombia, ha hecho esa tediosa,valiosa y nada sencilla tarea de dar seguimiento al asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC-EP que se acogieron a los Acuerdos; lo viene haciendo juiciosamente desde el 1 de diciembre de 2016 fecha en que entró en vigor el tercer momento importante de los mismos, su implementación, es decir, dar paso a su materialización, hacer que la palabra firmada se hiciera realidad para todo el pueblo colombiano. Así, PACIFISTA! afirma que, paradójicamente, al día de hoy, suman 293 los colombianos y colombianas que en el contexto de la implementación de los Acuerdos de Paz, han perdido la vida en este nueva era que prometía garantizar la vida y la felicidad.2

3.- La otra pandemia en Colombia

El 25 de marzo del presente año, marcó el inicio del confinamiento obligatorio en Colombia y sus efectos represivos ya han sido denunciados por víctimas de atropellos por parte de las fuerzas del Estado en plena cuarentena. Dos ejemplos bastan para evidenciar que las salidas autoritarias para enfrentar la pandemia resultan mal para los mismos de siempre, sobre todo en lugares del mundo donde la violencia estatal ha sido documentada. El caso del operativo de desalojo en Altos de la Estancia en Ciudad Bolívar en la capital de país3, cinturón de miseria de la Nevera, como se le conoce popularmente a Bogotá, es sólo una muestra de las dramáticas historias de familias de escasos recursos que en plena contingencia sanitaria son desalojadas de sus viviendas; hechos que se replican en otros lugares de la capital. Y el caso denunciado de racismo registrado en el municipio de Puerto Tejada cerca de la ciudad de Cali, donde Anderson Arboleda, afrodescendiente de 24 años de edad, falleció el 22 de mayo luego de una brutal golpiza, a manos de la policía, por incumplir el confinamiento4.

La pandemia por el Coronavirus y la serie de decretos oficiales de cuarentena obligatoria emitidos por el gobierno de Colombia no han sido obstáculo para que los agravios en contra de la vida de mujeres y hombres que representan liderazgos sociales a lo largo y ancho de Colombia continúen perpetrándose. Por el contrario, las denuncias de amenazas y hechos de sangre demuestran que, dentro de este confinamiento obligatorio, las y los líderes sociales así como [email protected] defensor@s de derechos humanos se encuentran hoy más vulnerables a las agresiones en sus territorios por parte de nuevas formas de paramilitarismo – estructuras que siempre son negadas por el gobierno de Duque. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante el confinamiento obligatorio, han sido asesinados y asesinadas: 49 líderes sociales y [email protected] de derechos humanos, 5 familiares de líderes sociales y [email protected] de derechos humanos; y 6 excombatientes de las FARC-EP.5

Desde antes de la coyuntura en torno al Covid 19, el gobierno colombiano venía negando la sistematicidad de los asesinatos en mención, declarando que no existe un patrón a seguir que pueda dar cuenta de un exterminio de líderes sociales en curso, la Ministra del Interior, Alicia Arango, interpelada por esta situación, se atrevió a señalar que en Colombia morían más gentes por robo de celular que defensores de derechos humanos.6

No obstante, un informe publicado en octubre de 2018 en Bogotá por el CINEP y el IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia, entre otros organismos de derechos humanos7, concluye que “las víctimas presentan unas características comunes determinadas por sus cualidades y sus luchas” (CINEP, et. al., 2018:210) además de que “en general, las víctimas de violaciones al derecho a la vida llevaban a cabo ejercicios de poder contra-hegemónico en el ámbito local que afectan intereses de grupos ilegales, pero también de grupos económicos, empresas o personas que son consideradas por el Estado y la sociedad como inscritos en la legalidad.”(Ídem:211)

4.- Edwin Acosta, asesinado durante el confinamiento obligatorio por defender la Vida y el Territorio

El pasado 26 de mayo, Edwin Emiro Acosta Ochoa, líder social y agrominero del Sur del Departamento de Bolívar, fue asesinado en su domicilio frente a su familia cuando cumplía la cuarentena en el municipio de Tiquisio. A su hogar, en el corregimiento de Mina Seca, tres paramilitares llegaron preguntando por él y abrieron fuego sobre el miembro de la Asociación Agrominera de Tiquisio y accionista de la Sociedad de Economía Mixta Ambiental Agropecuaria y Minera (SEMAAM). Al igual que Campeón, Edwin Acosta pensaba colectivamente y era parte de un proceso organizativo en territorio, de esos donde se enfrenta concretamente el modelo minero energético hegemónico, tal como lo señala el informe del CINEP antes citado; su Asociación y SEMAAM también forman parte de la CISBCSC. Cuál Crónica de una muerte anunciada, la SEMAAN venía denunciando, mucho antes del suceso, la presencia de grupos paramilitares en su territorio amedrentando y reclutando jóvenes de sus comunidades frente a la complacencia del Ejército Colombiano que también hace presencia en su territorio. Mientras se escribe este texto las denuncias continúan llegando no sólo de Tiquisio, sino de otros proceso colectivos que forman parte de la CISBCSC.8

La Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar (CISBCSC), es un entramado de procesos organizativos que, cual chinchorro, tejen una red que desafía la realidad trágica que ha querido imponer el régimen económico neoliberal hegemónico. Entre sus pilares como organización se encuentran: el derecho a la vida digna y a la permanencia en el territorio; plantear la recuperación y el fortalecimiento de la economía campesina. La organización ha enfrentado directamente la megaminería, los monocultivos de palma aceitera (africana), la ganadería extensiva, el fracking y proyectos de infraestructura que privilegian el tránsito de mercancías por sobre el Río Magdalena y el complejo cenagoso de la región; también, ha reivindicado las identidades culturales como pescadores, agromineros, campesinos, afrodescendientes y la defensa y exigencia de sus derechos humanos. Su propósito inicial en el sur del departamento de Bolívar, se extendió al centro y sur del Cesar y hoy también congrega a organizaciones de familias pescadoras y campesinas ubicadas en municipios al sur de Magdalena y al sur del departamento de Norte de Santander. “Al paso que vamos tendremos que llamarla Comisión de los Sures”, dicen en las asambleas sus integrantes en alusión a este hecho. Todos estos procesos conviven y habitan un territorio que trasciende las fronteras jurisdiccionales trazadas por el estado colombiano y poseen una cultura compartida en un sancocho de identidades en lo que se denomina la región del Magdalena Medio.

Alfredo Molano Bravo, fue un intelectual que dedicó su vida a caminar las trochas campesinas recuperando la voz de protagonistas de experiencias concretas como las que describimos aquí y logró construir una de las mejores crónicas del Conflicto Armado en Colombia. En un reciente conversatorio virtual en su memoria, organizado por el departamento de Sociología de la Universidad Nacional, Gloria Inés Restrepo nos recordaba las herencias que él nos legó a quienes creemos que la sociología debe comprometerse y tomar partido como acto ético, estar al lado de los personajes que no hacen parte del Establecimiento, narrar esas pequeñas grandes historias de la gente que queda en el anonimato9. En medio de la avalancha de información que hoy satura nuestros dispositivos móviles y medios masivos de comunicación, se requiere una máquina contra el olvido como la de Cien años de soledad. Es urgente alzar la voz fuerte y contundente en torno a la doble invisibilización de la otra pandemia de Colombia, más añeja y con secuelas en la vida comunitaria de muchas más personas. Ninguna de estas muertes es aislada, tenemos que sacar del frío conteo estadístico esas historias que luchan por la vida en medio de la muerte; he aquí un humilde homenaje a Edwin Acosta, Nestor Martínez, los liberadores y liberadoras de la Madre Tierra en el Cauca y los cientos de víctimas de este genocidio en ciernes.

1 NoticiasUnoColombia] (2017, Mayo 7), Fernando Londoño y Alejandro Ordóñez prometen volver trizas el acuerdo de paz [archivo de video) recuperado de https://youtu.be/vIRJK2d84-8

2 PACIFISTA!(2020). #NiUnMuertoMás. Colombia. Recuperado de https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-asesinados-inicio-implementacion/

3 Colombia Informa (2020).Altos de la Estancia: los desalojos no se detienen con la pandemia. Colombia. Recuperado de http://www.colombiainforma.info/altos-de-la-estancia-los-desalojos-no-se-detienen-con-la-pandemia/

4 BBC Mundo (2020). Anderson Arboleda: la muerte de un joven negro tras una presunta golpiza policial que desató un debate sobre el racismo en Colombia. Noticias América Latina. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52914249

5 Indepaz(2020) #PazAlLiderazgoSocial. Registro permanente desde el 1 de enero de 2020. Colombia. Recuperado de http://www.indepaz.org.co/paz-al-liderazgo-social/

6 RT en Español (2020) “»Mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de DD.HH.»: La insólita comparación de la ministra de Interior de Colombia”. Recuperado de https://actualidad.rt.com/actualidad/344864-mueren-personas-robo-celulares-defensores

7 CINEP, IERPI-UN, et. al. (2018) ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el Post Acuetrdo. Bogotá, Recuperado de https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/producto/cuales-son-los-patrones-asesinatos-de-lideres-sociales-en-el-post-acuerdo/

8[1]CISBCSC(2020) “Acción urgente: inminente riesgo de masacre y desplazamiento masivo”. Comunicado de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, archivo PDF circulado por redes sociales, 2 de junio. Colombia.

9[1]Departamento de Sociología (2020) “Homenaje a Alfredo Molano Bravo”. Universidad Nacional de Colombia , Conversatorio virtual por Facebook Live, recuperado de https://www.facebook.com/DepartamentodeSociologiaUNAL/videos/305090303988322/

* Maestro en Desarrollo Rural, mexicano radicado en Colombia

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Incidentes en París en una marcha contra la violencia policial

La protesta fue reprimida con gases y balas de goma

Los manifestantes marcharon para pedir justicia por Adama Traoré, un joven negro de 24 años que fue asesinado en 2016 en una comisaría, dos horas después de ser detenido.

 

Una movilización en París contra la violencia policial y el racismo derivó en la noche del martes en incidentes entre los manifestantes y la policía, que reprimió la protesta con gases lacrimógenos y balas de goma. Alrededor de 20 mil franceses coparon las calles de la capital para pedir justicia por Adama Traoré, un joven negro de 24 años as esinado en 2016 en una comisaría, dos horas después de ser detenido. La prefectura había prohibido la manifestación debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, que no permite las concentraciones de más de diez personas, y también por el riesgo de "altercados". El llamado a la manifestación en París coincidió con la ola de protestas en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, el joven de 46 años asfixiado por un policía en Minneapolis. A diferencia de lo que pasó en Francia, en ciudades como

La manifestación, que empezó al final de la tarde en la explanada delante del tribunal del nordeste de París, se vio perturbada por el uso de gases lacrimógenos por parte de la policía. Los manifestantes se dispersaron por las calles aledañas y en el bulevar que rodea a la capital francesa, donde cientos de ellos bloquearon parcialmente el paso de vehículos. En ese sector se produjeron varios enfrentamientos, en los que la policía recurrió a disparos de balas de goma mientras los manifestantes intentaban defenderse lanzando proyectiles. En las calles se levantaron barricadas y algunas bicicletas fueron incendiadas. 

Al comienzo de la protesta, Assa Traeoré, hermana mayor de Adama, expresó: "Hoy no se trata solo del combate de la familia Traoré, se trata del combate de todos ustedes. Hoy, cuando peleamos por George Floyd, peleamos por Adama Traoré". Frente a la joven, vocera del Colectivo Adama, los manifestantes gritaban "Revolución" o "Justicia para Adama".

En otro tramo de su discurso improvisado, Assa manifestó: "Mi hermano murió en su cumpleaños. Se puso su camisa, tomó su bicicleta y salió a dar un paseo. Pero en Francia, un hombre negro no puede salir a dar un paseo en bicicleta", antes de acusar a la Justicia francesa de "encubrir a los agentes que mataron a mi hermano". 

El caso de Adama Traoré se convirtió en un símbolo de la violencia policial en Francia. El 19 de julio de 2016, el joven de 24 años falleció en una comisaría de las afueras de París, dos horas después de haber sido arrestado. El arresto se produjo tras una persecución por parte de gendarmes que fueron exonerados la semana pasada por la justicia francesa. Los agentes que lo atraparon lo redujeron en el suelo con una técnica policial que, según la familia, le causó la muerte horas después, al contrario de lo que afirman los peritajes realizados por la justicia. 

Esta tarde, los abogados de la familia Traoré presentaron las conclusiones de un nuevo informe médico, que fue realizado al margen del procedimiento judicial. Yassine Bouzrou, uno de los letrados, aseguró en declaraciones al canal BFMTV que "los gendarmes que lo detuvieron lo mataron" y que el juez de instrucción "hace todo lo posible para proteger a los gendarmes". 

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Protestas en Nueva York contra el racismo. Foto: The New York Times

Una treintena de ciudades del país, desde Los Ángeles a Chicago, pasando por Cleveland, Washington DC y Nueva York, están siendo escenario de protestas por la muerte de George Floyd, un hombre negro, que murió a manos de la policía el pasado lunes en Mineápolis.

En esa localidad, centenares de personas se congregaron minutos antes de que empezara el toque de queda nocturno decretado por las autoridades a partir de las 20:00 hora local, en la zona del Quinto Distrito, donde el viernes una sucursal bancaria y una comisaría fueron incendiados.

Las escenas de coches policiales incendiados, carreteras bloqueadas, ventanas rotas y el lanzamiento de cócteles molotov se repitieron en distintos puntos de EEUU, donde la policía empleó gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes.

En Filadelfia, los participantes en las concentraciones destruyeron un vehículo de la policía e hicieron pintadas e intentaron arrancar la estatua del exalcalde Frank Rizzo en el centro de la ciudad. Rizzo, fallecido en 1991, fue comisionado policial.

Entretanto, en lugares como Chicago y Los Ángeles, los manifestantes se enfrentaron a la policía, que disparó balas de goma contra ellos. El Departamento de Seguridad Pública de Pittsburgh, en el estado de Pensilvania, señaló en Twitter que varios oficiales de policía había resultado heridos durante los disturbios en esta localidad, mientras que tres periodistas habían sufrido lesiones o habían sido atacados por los participantes en las protestas.

Miles de personas protestaron por tercer día consecutivo en Nueva York, al tiempo que las autoridades anunciaron la detención de dos hermanas acusadas de lanzar el viernes un cóctel molotov a la policía. En Washington DC, cientos de personas se congregaron en las inmediaciones de la Casa Blanca, y hubo escaramuzas con el Servicio Secreto, encargado de la seguridad en la mansión presidencial, después de que derribaran una valla.

En la costa oeste, el Departamento de Policía de Seattle informó en un comunicado de que "tras horas de protestas pacíficas, la multitud se volvió violenta y agresiva, y comenzó a tirar botellas contra los oficiales". Como resultado de esos altercados varios manifestantes y agentes han resultado heridos, indicó la policía. El centro de Miami (Florida) fue testigo de una protesta de dos millares de personas, como parte de una convocatoria de organizaciones sociales.

Seis estados -Georgia, Kentucky, Wisconsin, Colorado, Ohio y Utah- se unieron este sábado a Minesota para ordenar la movilización de la Guardia Nacional, un cuerpo de reserva, para hacer frente a los disturbios. Varias ciudades han decretado el toque de queda, como Atlanta, donde el viernes las protestas fueron especialmente violentas.

Medidas similares se han adoptado en Cleveland (Ohio), Pittsburgh (Pensilvania), Los Angeles (Colorado), Louisville (Kentucky), Denver (Colorado) y Milwaukee (Wisconsin).

 

Miles protestan en Nueva York, llegando a los 5 distritos y la Torre Trump

 

Miles de manifestantes que protestaban por la muerte de George Floyd salieron a las calles de la ciudad de Nueva York por tercer día el sábado, bloquearon el tráfico, prendieron fuego a los vehículos de la policía y se pelearon con oficiales en marchas simultáneas que arrasaron los cinco condados y se detuvieron brevemente fuera de Trump Torre en el centro de Manhattan.

Durante gran parte de la tarde, hasta bien entrada la noche, multitudes de manifestantes con carteles y cánticos se abrieron paso a través de Harlem, East Village, Times Square, Columbus Circle, Jackson Heights en Queens, la sección Flatbush de Brooklyn y partes del Bronx y Staten Island, que a veces parece moverse de forma independiente, pero en otros momentos parece que se separa, se une y vuelve a astillarse de una manera que pone a prueba la capacidad de la policía para mantener el control.

La mayoría de las acciones fueron pacíficas, con manifestantes saludando a la policía con salvia en llamas o gritando el nombre del Sr. Floyd para llorar su muerte el lunes pasado a manos de un oficial de policía de Minneapolis. "No estoy aquí para pelear con alguien", dijo Eldon Gillet, de 40 años, que estaba en las calles de Brooklyn. "Estoy aquí para luchar contra un sistema".

Pero las protestas se volvieron violentas a intervalos cuando la gente volcó los botes de basura, rompió los escaparates de las tiendas, prendió fuego a los autos de la policía y arrojó botellas y otros escombros a la multitud de oficiales.

Al anochecer, hubo docenas de arrestos, incluidos al menos siete fuera de la Torre Trump, donde varios manifestantes rechazaron las órdenes oficiales de salir de la Quinta Avenida y dirigirse a las aceras. "¡No hay aceras!" los manifestantes gritaron allí. “Esta es una protesta. Pertenecemos a las calles ".

Uno de los momentos más tensos del día, capturado en un video que rápidamente se volvió viral, llegó en Flatbush Avenue en Park Slope, Brooklyn, donde los policías en un SUV fueron bloqueados por una multitud de manifestantes que llevaban una barricada de metal amarillo.

Cuando otros manifestantes arrojaron el vehículo, y un segundo SUV de la policía, con objetos de la calle, los autos repentinamente se lanzaron hacia la multitud. No estaba claro de inmediato si alguien resultó herido, y un portavoz de la policía dijo el sábado por la noche que el departamento no tenía comentarios sobre el video.

El alcalde Bill de Blasio, en una conferencia de prensa el sábado por la noche, dijo que no iba a culpar a los oficiales "que estaban tratando de lidiar con una situación absolutamente imposible".

"La gente que estaba convergiendo en ese auto policial hizo lo incorrecto para empezar y crearon una situación insostenible", dijo el alcalde. “Desearía que los oficiales encontraran un enfoque diferente, pero comencemos por el principio. Los manifestantes en ese video hicieron lo incorrecto para rodear el auto de la policía, punto ".

Las protestas de Nueva York fueron parte de una creciente ola de manifestaciones, marchas y enfrentamientos con la policía de costa a costa, con la Guardia Nacional desplegada en varios estados y toques de queda impuestos en ciudades como Minneapolis, Chicago, Los Ángeles y Atlanta. Pero el Sr. de Blasio dijo que no emitiría un toque de queda, citando la efectividad del departamento de policía y lo que calificó como un pequeño número de protestas por una ciudad de 8 millones de personas.

Durante la mayor parte de la noche, Brooklyn fue el centro de la violencia. En Bedford Avenue en Flatbush alrededor de las 5:30 p.m., un gran grupo de manifestantes se enfrentó a la policía en una serie de melees callejeros que empujaban y tiraban. Los oficiales respondieron con billy clubs y gas pimienta. Un helicóptero policial voló bajo sobre la multitud, golpeando a las personas con ráfagas de viento.

 

Trump amenaza a los manifestantes de la Casa Blanca con 'perros viciosos' y 'armas siniestras'

 

Un día después de afirmar que no tenía la intención de sugerir que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberían disparar a las personas que formaron parte de los disturbios en Minnesota, el presidente Trump dijo el sábado que el Servicio Secreto había estado preparado para atrapar a los "perros más viciosos" en los manifestantes afuera Las puertas de la Casa Blanca el viernes por la noche.

Esos comentarios fueron los primeros de varios de los que hizo Trump a lo largo del día que se desviaron violentamente en tono y contenido, desde amenazas de violencia contra los manifestantes fuera de la Casa Blanca en la mañana hasta sonar notas de simpatía por el dolor causado por el "horror" de brutalidad policial por la tarde a una serie de mensajes vespertinos en Twitter, incluido uno que defiende a la policía en la ciudad de Nueva York.

Y llegaron cuando el presidente enfrentaba tres crisis simultáneas: el creciente número de muertos por la pandemia de coronavirus, las consecuencias económicas de las medidas tomadas para controlarlo y la violencia y los disturbios que se desarrollan en varias ciudades de los Estados Unidos.

"Gran trabajo anoche en la Casa Blanca por parte de los Estados Unidos @SecretService ", tuiteó Trump en una serie de cuatro publicaciones el sábado por la mañana. “No solo eran totalmente profesionales, sino muy geniales. Estaba dentro, observaba cada movimiento, y no podría haberme sentido más seguro ”.

Continuó que el Servicio Secreto había permitido a los manifestantes "gritar y despotricar tanto como quisieran" y solo actuó cuando "alguien se puso demasiado juguetón o fuera de lugar".

"La línea del frente fue reemplazada por agentes nuevos, como la magia", agregó. “Gran multitud, organizada profesionalmente, pero nadie estuvo cerca de romper la valla. Si lo hubieran hecho, habrían sido recibidos con los perros más viciosos y las armas más siniestras que he visto. Fue entonces cuando la gente habría sido muy lastimada, al menos ".

Trump afirmó que los agentes del Servicio Secreto le habían dicho que estaban clamando por involucrarse con los manifestantes. "Ponemos a los jóvenes en primera línea, señor, les encanta y buenas prácticas", dijo que le habían dicho.

También pareció invitar a sus propios partidarios a reunirse afuera de la Casa Blanca el sábado para contrarrestar a los manifestantes, a pesar de la prohibición de las reuniones de más de 10 personas en Washington en medio de la pandemia de coronavirus.

"Esta noche, entiendo, ¿es NOCHE MAGA EN LA CASA BLANCA?" tuiteó, usando el acrónimo de su primer eslogan de campaña, "Make America Great Again". E intentó describir a los manifestantes como agitadores reclutados en lugar de personas que se reunían orgánicamente para hacer una declaración.

Afuera de la Casa Blanca el sábado por la noche, los manifestantes pasaron horas en enfrentamientos con la policía, arrancando barricadas y lanzando proyectiles y recibiendo gases lacrimógenos y balas de goma. Algunos edificios cercanos fueron destruidos y los vehículos fueron incendiados. No había señales de que los partidarios de Trump hubieran resultado en cantidades significativas.

 

Decenas de miles en las calles de Estados Unidos la noche del sábado

 

Decenas de miles de personas estaban en las calles de los Estados Unidos el sábado por la noche, mientras las manifestaciones se extendían de costa a costa en un paroxismo nacional de ira que vio incendiar edificios, saquearon negocios y una respuesta agresiva de las autoridades.

Las protestas han tenido lugar en al menos 48 ciudades y han llegado a las puertas de la Casa Blanca en los días posteriores a la muerte del Sr. Floyd en Minneapolis. La imposición de toques de queda por los alcaldes parecía estar más extendida el sábado que en cualquier otro momento desde el asesinato de Martin Luther King Jr. en 1968.

En Indianápolis, una persona murió y otras tres resultaron heridas cuando un hombre armado disparó contra una protesta, dijo la policía .

En Chicago, los manifestantes se pelearon con la policía el sábado por la tarde, quemaron al menos una bandera y marcharon hacia el Trump International Hotel and Tower antes de dispersarse. Alrededor de 3.000 personas participaron en las protestas, según informes de noticias locales. Algunos vehículos policiales destrozados y dejaron edificios pintados con spray a su paso.

En Los Ángeles, el alcalde Eric M. Garcetti emitió un toque de queda, un día después de que la policía hizo más de 500 arrestos. La policía utilizó porras y balas de goma para dispersar a las multitudes y el gobernador Gavin Newsom activó la Guardia Nacional.

En San Francisco, el alcalde London Breed implementó un toque de queda cuando los manifestantes llegaron a su casa para protestar.

En el condado de Miami-Dade, Florida, el alcalde Carlos Giménez ordenó un toque de queda en todo el condado a partir de las 11 de la noche después de que al menos un automóvil de la policía se incendió cerca de la sede del Departamento de Policía de Miami. El gas lacrimógeno también se utilizó para dispersar a las multitudes el sábado por la noche en Jacksonville y Orlando.

En Washington, la Guardia Nacional se desplegó frente a la Casa Blanca, donde las multitudes que cantaban se enfrentaron con el Servicio Secreto y atacaron a un reportero de Fox New. Se iniciaron incendios en el parque Lafayette, a pocos pasos de la Casa Blanca.

En Filadelfia, al menos 13 policías resultaron heridos cuando los manifestantes comenzaron a incendiar y se volvieron violentos.

En la ciudad de Nueva York , miles de manifestantes salieron a las calles por tercer día, reuniéndose en marchas en Harlem, Brooklyn, Queens y fuera de la Torre Trump en el centro de Manhattan. Al final de la tarde, los manifestantes en la sección Flatbush de Brooklyn se enfrentaron a la policía en una serie de melees callejeros, arrojando botellas vacías y escombros a los agentes que respondieron con garrotes y gas pimienta. Un video mostraba un auto de la policía chocando contra una multitud.

En Richmond, Virginia, dos agentes de policía en el Capitolio del Estado fueron hospitalizados con heridas en las piernas después de ser golpeados por un bate de béisbol y una botella de cerveza, informó The Richmond Times-Dispatch . Anteriormente, la policía disparó gases lacrimógenos contra los manifestantes, algunos de los cuales lanzaron fuegos artificiales y rompieron ventanas.

30 mayo 2020

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Un manifestante sostienen un cartel frente a la Casa Blanca.Foto Afp

"Cuando comiencen los saqueos, comienzan los disparos"

 Protestas se extienden a 10 ciudades de todo el país

 

Nueva York. Una vez más estalla la ira ante la violencia oficial sistemática contra la comunidad afroestadunidense, con otro grito de "ya basta" escuchado desde Minneapolis a varias ciudades del país.

El presidente Donald Trump amenazó con enviar tropas y disparar contra los amotinados.

“Hay una revuelta porque la policía no nos protege como dicen que hacen… Estamos perdiendo a seres queridos todos los días. No somos nosotros, es la policía, esta es la locura que ellos provocaron. Si quitas (la vida) a un ser querido, tienes mucha gente adolorida. Y esto no se acaba hoy. Nosotros no somos los que no estamos matando, esos son ustedes. No podemos hacer un cambio si ustedes no cambian”, declaró un joven adolescente en las calles de Minneapolis durante la revuelta de furia la noche del jueves y madrugada del viernes en entrevista con videorreporteros.

El caso que detonó la nueva ola de furia –sólo uno de incontables– ocurrió el lunes pasado en Minneapolis cuando un policía blanco, acompañado por tres oficiales más, arrestó a George Floyd, un hombre afroestadunidense acusado de un delito no violento, sujetándolo con esposas en un estacionamiento donde lo hizo tirarse al piso, se hincó sobre su cuello por varios minutos, mientras el detenido exclamaba: "no puedo respirar". Murió poco después. "Fue una ejecución pública", declaró un observador.

Aunque los cuatro policías fueron despedidos, el culpable no fue arrestado hasta este viernes y sólo después de las revueltas y demandas por todo el país. Derek Chauvin, cuya imagen con su rodilla sobre el cuello de Floyd se hizo viral, fue acusado de homicidio; su tres colegas están aún bajo investigación.

Las protestas estallaron por tercer día el jueves y la madrugada del viernes en Minneapolis, las cuales fueron enfrentadas con gases lacrimógenos y balas de goma de la policía provocando una revuelta civil que el jueves culminó con la ocupación de un cuartel policial en uno de los barrios más afectados por la violencia oficial, que fue incendiado mientras las fuerzas de seguridad huyeron.

Las autoridades declararon un estado de emergencia en la ciudad, y se desplegaron elementos de la Guardia Nacional. El alcalde Jacob Frey declaró un toque de queda de las 20 horas el viernes a las 6 de la mañana del sábado.

Poco después de la una de la mañana del viernes, Trump emitió un tuit –el cual fue parcialmente oculto por Twitter al considerar que violaba sus normas por "glorificar la violencia"– en el que amenazó con disparar contra los manifestantes, a los que llamó "matones" (thugs, en inglés); criticó al alcalde de ser un "débil radical de izquierda", quien no logra imponer control, y dijo estar dispuesto a enviar tropas de la Guardia Nacional, advirtiendo que "cualquier dificultad y asumiremos el control; cuando empieza el saqueo, empiezan los disparos".

El mensaje fue denunciado como racista por una amplia gama de figuras (la frase sobre el saqueo es exacta a una que usó un famoso jefe de policía de Miami a finales de los años 60 para amenazar a manifestantes), llevando a que Trump intentara rectificar sin lograrlo.

Mientras miles se manifestaban en Minneapolis, protestas estallaron en más de 10 ciudades incluyendo Nueva York, Los Ángeles, Memphis, Columbus, Phoenix, Atlanta y Louisville, algunas de las cuales continuaron hoy con reportes de más arrestos esta noche. La pancarta más común es "no puedo respirar".

Hubo brotes de violencia y decenas de arrestos, entre ellos un equipo de periodistas de CNN en Minneapolis que fue rápidamente liberado con disculpas del gobernador.

Con todo esto se renovó el debate de un tema obviamente sin resolver después de repetidas promesas y compromisos a lo largo de los últimos años.

El ex presidente Barack Obama declaró que “esto no puede ser ‘normal’ en el Estados Unidos de 2020”, y pidió un esfuerzo para crear una "nueva normalidad", pero no asumió ninguna responsabilidad por su fracaso para lograrlo durante sus ocho años en la Casa Blanca.

El ex vicepresidente y candidato presidencial demócrata Joe Biden denunció las palabras de Trump y declaró que "esto es una crisis nacional" que requiere de un "verdadero liderazgo" para abordar las "heridas abiertas" históricas del racismo en el país.

El senador Bernie Sanders emitió un mensaje: "No podemos esperar más para actuar de manera firme y audaz para sacar el cáncer del racismo sistémico y violencia policiaca contra gente de color. Esto tiene que parar".

En Minneapolis, sindicatos y agrupaciones sociales se unen en apoyo a los manifestantes y las demandas por justicia en el caso. Choferes sindicalizados de autobuses municipales bajo las órdenes de la policía rehusaron transportar arrestados en las protestas a las cárceles. Algunos sindicatos nacionales, como el siderúrgico (USW) deploraron los hechos como parte de un patrón de violencia racista en Estados Unidos.

"No creo que la gente haya sido tan violenta como el sistema ha sido contra ellos", explicó Michael McDowell, un fundador de Black Lives Matter en Minneapolis. “Están reaccionando a un sistema violento… Ya no lo van a tolerar. Por eso está ardiendo Minneapolis”, indicó al Washington Post.

Aunque el caso de Floyd detonó esta ola de protestas contra la brutalidad policiaca y la violencia racista contra minorías, su caso es sólo el más reciente. En semanas recientes se registró el caso de Breonna Taylor, una técnica médica de emergencia de 26 años quien fue muerta a balazos por policías en Louisville que entraron por la fuerza a su hogar durante una investigación antinarcóticos en marzo. En febrero, Ahmaud Arbery, de 25 años, fue asesinado por un par de hombres blancos cuando estaba haciendo ejercicio en un suburbio de Georgia.

Son incontables los casos anteriores, entre ellos el de Eric Garner, quien también fue sujetado por policías en Nueva York en 2014 de tal manera que sus últimas palabras fueron iguales a las de Floyd esta semana: "no puedo respirar" y generaron el surgimiento de nuevos movimientos de derechos civiles, incluyendo Vidas Negras Valen (Black Lives Matter), entre otros.

"Soñamos una utopía pero nos despertamos gritando", dice una nueva pinta sobre una barda en Minneapolis.


Racismo, brutalidad policial y COVID-19 en Estados Unidos

Por Amy Goodman - Denis Moynihan | 30/05/2020

Mientras las muertes por Covid-19 en Estados Unidos superan las 100.000, con un impacto desproporcionado sobre las comunidades de color, el asesinato y la violencia por parte de la policía contra personas de color, perpetrados con legitimación del Estado, continúan aparentemente sin tregua.

El pasado lunes, Día de los Caídos en Estados Unidos, George Floyd suplicaba por su vida mientras Derek Chauvin, oficial de la policía de Minneapolis, le apretaba el cuello contra el pavimento con una de sus rodillas. “Por favor. Por favor. No puedo respirar, oficial. No puedo respirar”, jadeaba George Floyd, con sus manos esposadas detrás de la espalda. Los testigos del suceso le pidieron repetidas veces a Chauvin que aflojara la presión, pero el oficial siguió con la rodilla enterrada en el cuello de Floyd. Un devastador video de diez minutos registró este asesinato en cámara lenta, respiración menguante tras respiración menguante. Finalmente, el cuerpo inerte de Floyd fue bruscamente colocado en una camilla, cargado en una ambulancia y llevado al hospital, donde se declaró su muerte.

La indignación fue in crescendo a medida que el video se viralizaba. El hermano de George, Philonise Floyd, declaró a la cadena CNN: “Amo a mi hermano. Todos amaban a mi hermano… conocerlo es quererlo. Él gritaba ‘mamá, mamá, no puedo respirar’ pero no les importó. Realmente no entiendo lo que tenemos que sufrir en la vida. No tenían por qué hacerle eso”. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, expresó en un comunicado: “Su vida era importante. Tenía valor… Vamos a buscar justicia y la encontraremos”. En declaraciones posteriores, Ellison agregó: “Lo que estamos tratando aquí no es un caso aislado, sino un problema sistémico. Y tanto la investigación como la acusación se están llevando adelante con el objetivo de llegar hasta las últimas consecuencias. Estoy seguro de que se están llevando adelante de manera competente. Pero eso no le pone fin al asunto. El despido de los agentes no le pone fin. El proceso penal que ha comenzado no le pone fin. El proceso de derechos civiles no le pone fin. Necesitamos un cambio sistémico, profundo y permanente”. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, opinó tras el asesinato de Floyd: “Ser negro en Estados Unidos no debería implicar una condena a muerte”. Frey demanda el arresto de Chauvin y la familia de Floyd quiere que los cuatro oficiales sean acusados ​​de asesinato.

La reverenda Bernice King, una de las hijas del Dr. Martin Luther King Jr., publicó en Twitter una foto del oficial Chauvin con la rodilla apoyada sobre el cuello de Floyd al lado de una icónica foto de la estrella de la Liga Nacional de Fútbol Americano Colin Kaepernick hincado sobre una de sus rodillas en un campo de juego. El ex mariscal de campo fue expulsado de la Liga por arrodillarse durante el himno nacional en protesta contra la violencia policial y la injusticia racial. El texto que acompaña el tuit dice: “Si no te molesta o te molesta poco la primera rodilla, pero te indigna la segunda, entonces, en palabras de mi padre, estás ‘más consagrado al orden que a la justicia’. Y más apasionado por un himno que supuestamente simboliza la libertad que por la libertad de vivir de un hombre negro”.

Mientras las muertes por Covid-19 en Estados Unidos superan las 100.000, con un impacto desproporcionado sobre las comunidades de color, el asesinato y la violencia por parte de la policía contra personas de color, perpetrados con legitimación del Estado, continúan aparentemente sin tregua . El pasado 23 de febrero, en Georgia, Ahmaud Arbery fue asesinado a balazos por Travis McMichael y su padre, el policía retirado Gregory McMichael, tras salir a correr. El 13 de marzo la policía de Louisville, Kentucky, disparó ocho veces contra Breonna Taylor, causándole la muerte. Taylor era técnica en emergencia médica y tenía 26 años de edad. La policía irrumpió en su hogar en el medio de la noche, al entrar en el departamento equivocado cuando buscaban a un sospechoso que ya estaba bajo custodia.

Afortunadamente, no tenemos que agregar el nombre de Christian Cooper a esa trágica lista. Chris Cooper, afroestadounidense, se encontraba observando aves en el Central Park de Nueva York el Día de los Caídos cuando respetuosamente le pidió a una mujer que también paseaba por allí que siguiera las reglas del parque y le pusiera la correa a su perro. Ella se negó rotundamente, lo que lo condujo a grabar la interacción. La mujer llamó al 911 y le dijo a Cooper: “Voy a decirles que hay un hombre afroestadounidense que está amenazando mi vida”. Christian Cooper le envió el video a su hermana, quien lo publicó en las redes sociales, donde rápidamente llegó a 42 millones de reproducciones. Alguien identificó a la mujer como Amy Cooper (sin parentesco con Christian) y, como resultado de su reacción violenta, fue despedida de su trabajo y el refugio para perros le retiró su mascota.

Ibram X. Kendi, director fundador del Centro de Investigaciones y Políticas Antirracistas de la Universidad Americana, le dio contexto histórico a esta interacción durante una entrevista para Democracy Now!: “Lo que hizo Amy Cooper es un típico comienzo de violencia racista. Tenemos a una mujer blanca que utiliza como arma su privilegio de ser mujer y blanca. En lugar de resolver la disputa con la otra persona y seguir las reglas y ponerle la correa a su perro, se victimiza y llama a la policía, con esa proyección de víctima, para que la policía vaya y la proteja. A menudo, los policías realmente creen que esta mujer blanca está siendo amenazada por este presunto depredador afroestadounidense. Con demasiada frecuencia, esto lleva a que esa víctima desarmada resulte lesionada o incluso asesinada”. En 1955 un suceso similar condujo a la tortura y linchamiento de Emmet Till, de 14 años de edad.

El profesor Kendi lanzó “The COVID Racial Data Tracker”, un sitio web para documentar las disparidades raciales en torno a la letalidad de la pandemia, que afecta de manera desproporcionada a las comunidades de color. Los datos se están utilizando para desacreditar el argumento de que las personas de color se ven más afectadas por la Covid-19 por sus afecciones subyacentes. Kendi explicó: “Al menos hacia fines de marzo, y ciertamente a principios de abril, eran personas latinas, afroestadounidenses e indígenas estadounidenses las que se estaban contagiando y muriendo de forma desproporcionada. Llevó un gran esfuerzo de parte de los movimientos de base, que reclamaron que se expongan los datos raciales, empezar a constatar esto, porque los estados se negaban a verlo. El indicador de predictibilidad fundamental de las tasas de contagio y muerte en la población negra es el acceso a la atención médica, el acceso a seguro de salud, así como la contaminación del aire y del agua y el tipo de empleos. Todas estas determinantes sociales de la salud son indicadores predictivos mucho más fuertes en cuanto a las tasas de muerte y contagio en la población negra que sus afecciones subyacentes”.

Los afroestadounidenses representan el 13% de la población de Estados Unidos, pero han representado como mínimo el 25% de las 100.000 muertes por Covid-19 del país. La misma disparidad en la tasa de mortalidad prevalece entre los 5.000 estadounidenses asesinados por la policía desde 2015: los afroestadounidenses tienen el doble de chances de ser asesinados por la policía en comparación con los blancos. La violencia policial es una de las principales causas de muerte de los jóvenes de color.

La pandemia revela lo que los videos de teléfonos celulares y cámaras corporales han expuesto cada vez más y lo que las comunidades de color han sabido por mucho tiempo: el racismo está bien vivo en Estados Unidos y tiene consecuencias letales.

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Trump amenaza con mano dura en respuesta a los disturbios de Mineápolis

El presidente estadounidense acusa al alcalde de Mineápolis de debilidad tras el incendio de instalaciones policiales de la ciudad, y anuncia que mandará al ejército si continúan los disturbios.  

 

“No puedo quedarme atrás y observar cómo le pasa esto a una gran ciudad estadounidense como Mineápolis. Una falta total de liderazgo. O Jacob Frey, el muy débil alcalde de la izquierda radical, se hace cargo y controla la ciudad, o mandaré a la Guardia Nacional y arreglaré yo el asunto”, alertaba Donald Trump en la madrugada del viernes en su cuenta de Twitter.

“No puedo quedarme atrás y observar cómo le pasa esto a una gran ciudad estadounidense como Mineápolis. Una falta total de liderazgo. O Jacob Frey, el muy débil alcalde de la izquierda radical, se hace cargo y controla la ciudad, o mandaré a la Guardia Nacional y arreglaré yo el asunto”, alertaba Donald Trump en la madrugada del viernes en su cuenta de Twitter.

El presidente se manifestaba de esta forma horas después de que la imagen de una comisaría de la ciudad totalmente en llamas recorriera las redes sociales dando constancia de la brecha permanente entre la población afroestadounidense y las fuerzas policiales, reabierta contundentemente tras la muerte el pasado lunes de George Floyd, el hombre negro de 46 años que fue retenido por el policía Derek Chauvin durante nueve minutos con una rodilla apretando su cuello, hasta que perdió el conocimiento y murió. 

Tanto el agente, como los tres policías que le acompañaban y que no intervinieron para evitar la muerte de Floyd han sido despedidos pero están en libertad. Ayer jueves se supo que Chauvin, un policía blanco con casi dos décadas de carrera, acumula una docena de quejas por sus actuaciones. Además, según publica el New York Times, disparó en dos ocasiones su arma, la primera en 2006, cuando perseguía junto a otros agentes al presunto autor de un apuñalamiento, que resultó muerto, y la segunda, en 2008, contra un hombre que habría agredido a su pareja. Lejos de ser sancionado, Chauvin contaba con varios reconocimientos por su labor como policía.

La hermana de George, Brigitte Floyd anunció el miércoles que la denuncia por asesinato afectará a los cuatro agentes implicados. La víctima fue inmovilizada y esposada por haber presuntamente intentado pagar en un negocio con un billete de 20 dólares falso. El dueño de la tienda que llamó a la policía mostró su arrepentimiento por haber denunciado y se ha ofrecido a pagar el entierro de Floyd. 

La amenaza del presidente estadounidense, revestida de crítica a Frey, alcalde demócrata de la ciudad que ha mostrado su indignación ante el hecho de que no se haya detenido a los agentes, y que ha mostrado su comprensión ante la indignación de los manifestantes, llega tras tres noches de disturbios, que se han extendido por numerosas ciudades.  El mandatario estadounidense, que ha acusado en su tuit a los manifestantes de faltar al honor del afroamericano asesinado, continuaba su intervención en Twitter con  un mensaje inquietante “when the looting starts, the shooting starts” (cuando empiezan los saqueos empiezan los disparos). Hasta ahora, las manifestaciones han sido reprimidas con balas de gomas y gases lacrimógenos. 

El incendio y saqueo de la estación de policía durante la noche de ayer, pone de manifiesto la rabia que la población afroamericana siente hacia unas fuerzas de seguridad que acaban con su vida impunemente. Ya en las horas que siguieron a la viralización del vídeo en el que, a plena luz del día y ante la pasividad de los compañeros de Chauvin, se produce el homicidio, coches patrulla fueron destrozados e incendiados. 

Si bien Mineápolis ha sido el principal foco de los disturbios, con un primer despliegue de la Guardia Nacional ordenada por el gobernador Tim Walz, tras la petición de ayuda del alcalde, las protestas se han extendido por el país y cientos de personas salieron a las calles en California, Chicago, Memphis. Nueva York, Oakland, Ohio y Colorado, según reportan medios del país.

Al grito de “No puedo respirar”, súplica que Floyd repitió varias veces mientras el agente Chauvi apretaba su rodilla contra el cuello del afroamericano, los disturbios han ido intensificándose en los últimos días, obteniendo la represión como respuesta. Tanto el alcalde como el abogado de la familia Floyd,Benjamin Crump, han llamado a la calma, y a la pacificación de las protestas. “No podemos caer al nivel de nuestros opresores y ponernos en peligro los unos a los otros cuando respondemos a la urgencia necesaria de alzar nuestras voces unidas y en ira. El saqueo y la violencia nos distrae de la fuerza de nuestra voz colectiva”, manifestaba el letrado en un comunicado hecho público ayer.

La muerte de Floyd y la impunidad de sus responsables se suma a una larga historia de violencia policial sin coste para sus autores. Las movilizaciones tras los hechos del lunes recuerdan a las que en 2014 sucedieron a los asesinatos por parte de la policía de Michael Brown y Eric Garner, en Ferguson, que dieron gran visibilidad al movimiento Black Lives Matter.

Los disturbios se suceden en plena crisis del covid-19, que han puesto en relieve una vez más la persistente desigualdad racial en el país, tras más de medio siglo de la aprobación de la Ley de Derechos Civiles que acababa formalmente con la discriminación por causas raciales. Los afroestadounidenses suponen una proporción de las víctimas del virus muy superior a la que les correspondería dada la dimensión de esta población.

Al mismo tiempo, las consecuencias económicas y laborales de la crisis sanitaria se están cebando con las capas de la sociedad más precarizadas, entra las que se encuentran millones de trabajadores negros. Para la investigadora y activista Keeanga-Yamahtta Taylor, autora de From#Blacklivesmatter to Black Liberation. Las protestas deben entenderse en el trasfondo de la crisis del covid. 

Los disturbios se suceden en plena crisis del covid-19, que han puesto en relieve una vez más la persistente desigualdad racial en el país, tras más de medio siglo de la aprobación de la Ley de Derechos Civiles que acababa formalmente con la discriminación por causas raciales. Los afroestadounidenses suponen una proporción de las víctimas del virus muy superior a la que les correspondería dada la dimensión de esta población.

Al mismo tiempo, las consecuencias económicas y laborales de la crisis sanitaria se están cebando con las capas de la sociedad más precarizadas, entra las que se encuentran millones de trabajadores negros. Para la investigadora y activista Keeanga-Yamahtta Taylor, autora de From#Blacklivesmatter to Black Liberation. Las protestas deben entenderse en el trasfondo de la crisis del covid. 

Redacción El Salto

29 may 2020 09:20


La Guardia Nacional entra en Minneapolis tras declararse estado de emergencia

 

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha enviado a Minneapolis a la Guardia Nacional luego de que el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, declarase estado de emergencia local. El despliegue tiene como objetivo restaurar el orden luego de varias noches de violentas protestas, provocadas por la muerte de un afroamericano a manos de un policía.

Las manifestaciones arrasaron con varias cuadras del vecindario Longfellow, luego de que los enfrentamientos se extendieran por toda la ciudad en dos noches consecutivas de protestas violentas. Los participantes empezaron a arrojar piedras y botellas y las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

​El detonante fue la muerte de George Floyd, quien, durante un arresto ocurrido el 25 de mayo, fue asfixiado por un agente de policía que mantuvo su rodilla sobre su cuello por casi ocho minutos. La víctima falleció en el hospital poco después. En un vídeo grabado por un transeúnte, se puede escuchar a Floyd diciendo que no podía respirar hasta que lentamente deja de hablar y de moverse.

Las autoridades estiman que las protestas continuarán por los próximos días. Algunas tiendas de Minneapolis y sus suburbios han cerrado o reducido su horario de trabajo por temor a nuevos enfrentamientos. El sistema de tren ligero de la ciudad cerró sus puertas y se planea suspender todo el servicio de autobuses.

El ayudante general de la Guardia Nacional trabajará con las agencias del gobierno local para proporcionar personal, equipo y las instalaciones necesarias para responder y recuperarse de esta emergencia. Además, la Patrulla del Estado de Minnesota proporcionará 200 soldados. Los helicópteros de la Patrulla y otros aviones también estarán disponibles para ayudar a los agentes del orden en tierra.

Por su parte, Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, y la jefa de policía local, Medaria Arradondo, prometieron trabajar con los líderes de la comunidad local con la esperanza de pacificar las protestas. No obstante, Frey declaró una emergencia local de hasta 72 horas.

"Si sientes esa tristeza, esa ira, no solo es comprensible, es correcto. Es un reflejo de la verdad que nuestra comunidad negra ha vivido. Debemos creer que podemos ser mejores de lo que hemos sido", dijo Frey durante una conferencia de prensa al respecto.

Por su parte, el gobernador, Tim Walz, declaró que "la muerte de George Floyd debería conducir a la justicia y al cambio sistémico, no más muerte y destrucción".

"Es hora de reconstruir. Reconstruir la ciudad, reconstruir nuestro sistema de justicia y reconstruir la relación entre las fuerzas del orden y aquellos a quienes se les debe proteger", declaró Walz en un comunicado.

La vicepresidenta del Consejo de la Ciudad, Andrea Jenkins, reiteró los llamados para que la gente protestara pacíficamente, señalando que muchas de las estructuras que fueron incendiadas en los disturbios de la noche anterior cumplen funciones vitales durante una pandemia, vendiendo comida y llenando recetas, por ejemplo.

"Necesitamos paz y tranquilidad en nuestras calles y ruego por esa calma", señaló Jenkins.

Sputnik

23:17 GMT 28.05.2020(actualizada a las 04:18 GMT 29.05.2020) URL corto

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Asesinan a otro líder comunitario en Colombia; suman 80 en el año

El líder comunitario y defensor ambiental Alejandro Llinás Suárez fue asesinado el viernes en la zona rural de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, en el norte de Colombia. El activista había denunciado en semanas recientes la presencia y el hostigamiento de grupos paramilitares.

Llinás Suárez era un defensor ambiental del Parque Tayrona. Según medios locales, varios individuos armados entraron en su finca y acabaron con su vida.

"Con profunda tristeza lamentamos el asesinato del líder de Colombia Humana en Santa Marta, Alejandro Llinás", publicó en su cuenta de Twitter el movimiento político Colombia Humana, liderado por el senador Gustavo Petro.

Hostigamiento paramilitar

Llinás Suárez fue "un defensor de su territorio, del ambiente y los recursos naturaleza. Pedimos justicia para que su asesinato no quede impune!", agregó la organización.

"La violencia política sigue cobrando vidas, triste realidad. Alejandro Llinás Suárez fue asesinado hoy en Calabazo, Santa Marta, Magdalena", tuiteó por su parte la activista Mariana Risaralda, que ha subrayado que Llinás Suárez "denunció la presencia y el hostigamiento de grupos paramilitares en la zona".

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va de 2020 han sido asesinados más de 80 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. El gobierno ha contabilizado desde 2016 hasta abril de 2020 los asesinatos de 364 líderes sociales, de los cuales el 55 por ciento se encuentran ya bajo investigación.

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Ordena Tesoro de EU despojo bancario contra Venezuela

"Grave delito del crimen trasnacional": BCV

Citibank transfirió recursos del país sudamericano a una cuenta de la Fed

 

Caracas. El Banco Central de Venezuela (BCV), máxima entidad financiera del país, denunció que el jueves el gobierno estadunidense ordenó a la institución Citibank, transferir recursos para apropiarse indebidamente de dinero del Estado venezolano.

El BCV relata en un comunicado que el Departamento del Tesoro estadunidense instruyó al banco Citibank "transferir recursos, de una cuenta cuyo titular es este instituto, a una cuenta de la Reserva Federal, consumando un vulgar despojo de recursos financieros pertenecientes al ente emisor venezolano".

La principal institución bancaria venezolana señaló que se trata de otra medida unilateral del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela y destacó que esta acción se suma a una serie de ataques coordinados contra la nación sudamericana.

Durante años la Casa Blanca ha venido endureciendo una serie de sanciones coercitivas contra Venezuela que impiden su desenvolvimiento económico-financiero y que han implicado el despojo de cuantiosos recursos del Estado venezolano.

El BCV aseguró que "ejercerá todas las acciones a que hubiere lugar en el marco del derecho internacional y del ordenamiento jurídico nacional, para proteger los legítimos derechos e intereses del Estado venezolano".

El banco denunció que los despojos, que suponen "graves delitos de crimen transnacional organizado" han sido acometidos "directamente por el gobierno de Donald Trump, en colusión con diputados extremistas de la derecha venezolana".

La institución lamentó que el referido despojo incide en el desenvolvimiento normal de la economía venezolana, que ya estaba ampliamente afectada por las medidas previas de la Casa Blanca contra Venezuela, y que además se ve más complicada actualmente en vista de la situación generada por la pandemia de Covid-19.

Es un "vulgar despojo" del Departamento del Tesoro de Estados Unidos "en complicidad" con la Asamblea Nacional, que controla la oposición, denunció el canciller Jorge Arreaza en Twitter.

En otro orden, Brasil cerró ayer formalmente su misión exterior en Venezuela al repatriar a sus últimos diplomáticos y funcionarios de la embajada con sus familias, informaron las autoridades.

Según un comunicado conjunto entre la cancillería y el Ministerio de Defensa, un total de 38 personas, entre diplomáticos y funcionarios de la embajada y los consulados, agregados militares y familiares fueron repatriados en un vuelo de la Fuerza Aérea Brasileña que llegó a Brasilia.

En el operativo fueron repatriados, además, otros 12 ciudadanos brasileños. Los brasileños que vivan en Venezuela podrán comunicarse con la cancillería de su país mediante un número telefónico.

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La violencia silenciosa que arrecia en el campo colombiano en medio de la pandemia

 El alto el fuego del ELN rebaja las estadísticas, pero el conflicto entre grupos armados no se detiene y se disparan las amenazas contra exguerrilleros

En pocas horas en Colombia murieron ocho disidentes de la antigua guerrilla de las FARC, un militar falleció en un combate con otra columna que se separó de los acuerdos de paz, una banda de paramilitares amenazó a un periodista y el partido político nacido del grupo insurgente, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, denunció la indefensión ante estas organizaciones de los excombatientes que abandonaron las armas. Fue allí, en el municipio de Argelia, ubicado en el departamento suroccidental del Cauca, donde en los últimos días se intensificaron los combates entre un sector de las disidencias y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las Fuerzas Armadas informaron este miércoles de que “ocho terroristas murieron al enfrentarse con las unidades militares” mientras trataban de contener esos enfrentamientos, que se enmarcan en la lucha por el control de una ruta del narcotráfico.

Estos son los episodios violentos más recientes conocidos en Colombia, que hace frente a la emergencia sanitaria del coronavirus -que ha dejado 130 muertos y más de 3.000 infectados- con una estricta cuarentena y el cierre de las fronteras. Sin embargo, la violencia en el campo, en un país eminentemente rural que acaba de salir de un conflicto armado de más de medio siglo, no se detiene. Y ahora es más silenciosa porque todos los ojos están centrados en la pandemia. El partido FARC deploró a través de un comunicado que “en medio de la crisis [...] hay grupos que, con una lectura equivocada del momento, no dan tregua con sus actos, agudizan los temores y la zozobra que actualmente se vive en las comunidades”. Argelia fue el último escenario de una persecución consolidada por parte de las bandas criminales: “Rechazamos el señalamiento y la declaración como objetivo militar de los dirigentes de las organizaciones sociales y de los militantes de nuestro partido y reincorporados”, señala un comunicado.

El abismo entre campo y ciudad y la escasa presencia de las autoridades en algunos territorios no supone una novedad en Colombia. Pero en estas circunstancias hace saltar las alarmas de los expertos. Lo explica Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. “El país está concentrado en el coronavirus, las Fuerzas Armadas están en acuartelamiento esperando una crisis del coronavirus, pero el país se sigue incendiando. Y la otra parte de la respuesta es que en datos, en números, en estadísticas no se ve, porque el ELN paró la actividad y los enfrentamientos entre grupos no se cuentan, porque es cuando se ataca la fuerza pública”.

El ELN es la última organización guerrillera aún activa en Colombia, aunque se disputa el control del tráfico de droga con otras bandas. Esto es, aunque a finales de marzo declarara un alto el fuego unilateral con el Estado, sus actividades siguen pese a que haya suspendido los ataques a las fuerzas militares. “Si viene el ELN y declara un cese unilateral al fuego, ellos siguen enfrentándose a otros grupos, siguen expandiéndose, aunque hayan parado la actividad frente al Ejército, la guerra sigue, con las disidencias y los paramilitares”, continúa Ávila.

El procurador, Fernando Carrillo, se pronunció públicamente a propósito del caso del Cauca. “Sobre la situación en Argelia, hacemos un llamado a la fuerza pública colombiana para garantizar la protección efectiva, la vida e integridad personal de los reincorporados en el marco de la implementación del acuerdo final”, afirmó. La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas se sumó al llamamiento, solicitando “protección inmediata tanto de reincorporados de las FARC como de las comunidades que están padeciendo el control violento de grupos armados en la zona”.

A eso se añaden los ataques sistemáticos a los líderes sociales y las preocupaciones por la compleja implementación de los acuerdos de paz firmados con las FARC en 2016. Entonces se acabó una guerra, pero no la violencia. El jefe de la misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, manifestó que la necesidad de redoblar los esfuerzos ante la epidemia de covid-19. “Tenemos la obligación colectiva de seguir garantizando el progreso en la implementación del acuerdo de paz. La paz en Colombia no puede ser una víctima de la pandemia”, señaló el martes. “La violencia en contra de excombatientes se ha mantenido a pesar de la cuarentena nacional. Desde la publicación del informe [a principios de marzo] otros tres excombatientes han sido asesinados, para un total de 195 desde la firma del acuerdo de paz”. Así las cosas, Ruiz Massieu considera que “así como diferentes sectores en Colombia se están uniendo para enfrentar la pandemia, es necesario que todos los sectores se unan para poner fin a la epidemia de violencia contra líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y excombatientes”.

México - 16 abr 2020 - 03:03 COT

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