Policías colomianos detienen a un manifestante a la fuerza este viernes en Cali.

El informe  de la delegación constató las violaciones a los derechos humanos

“Es la decisión política que toma el gobierno colombiano frente a la protesta social que implica el paro”, explica Pablo Garciarena, abogado integrante de la delegación que viajó a Colombia.

 

Colombia llega al día número 40 del Paro Nacional y la represión a las protestas populares va en aumento. Esta semana la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos presentó un informe preliminar que revela las prácticas represivas empleadas por el gobierno de Iván Duque semejantes a la de un estado terrorista. En la última jornada dos personas murieron en la ciudad de Cali cuando la policía y el ESMAD se desplegaron para levantar los bloqueos, algo que el mandatario Iván Duque reclama a diario. La delegación humanitaria argentina viajó a Colombia entre el 25 de mayo y el tres de junio. El informe trae voces que el gobierno de Duque insiste en ignorar mientras despliega cada vez más militares y el diálogo parece estancarse. 

Durante una semana los integrantes de la delegación recorrieron las ciudades de Cali, Medellín, Pereira, Siloe, Yumbo, Timbío, Popayán, Santander de Quilichao y Bogotá. “La voz de víctimas y/o familiares, de organizaciones y organismos de las distintas regiones de Colombia ha sido la fuente principal de nuestro informe”, explican en el documento preliminar. Integraron la delegación miembros de organismos de derechos humanos como SERPAJ, Correpi, y Xumec, y organizaciones gremiales y populares. La misión contactó a la Procuraduría y la Defensoría de Colombia para expresarle su preocupación, pero no fue recibida.

La consigna Parar para avanzar reflejó la necesidad de la ciudadanía colombiana de levantar la voz en contra de las medidas antipopulares del gobierno de Iván Duque. La respuesta del mandatario fue reprimir mientras cada vez más personas se unían al grito de disconformidad. “Los jóvenes no quieren morir por no tener acceso a un sistema de salud, a una vivienda digna, a tierra para producir”, expresa Martín Ferrari del Frente Popular Darío Santillán, integrante de la delegación humanitaria que viajó a Colombia.

El informe preliminar hace hincapié en el criterio “abusivo y arbitrario” para realizar las detenciones. "El trato cruel dispensado a los detenidos que incluye tormentos, el particular abuso con connotaciones sexuales sobre las mujeres y disidencias sexuales retenidas, constituyen especiales y repudiables violaciones no sólo a los derechos sino primordialmente a la condición humana”, detalla el texto.

 En este sentido, el caso de Alison Salazar revela, por un lado, la importante participación de mujeres en las protestas, y de las jóvenes en la primera línea, y por otro lado, el abuso al que son sometidas por manifestarse, dice elinforme. “Me manosearon hasta el alma”, fue el último mensaje de Salazar antes de suicidarse, luego de haber sido abusada en la Unidad de Reacción Inmediata (URI), una dependencia policial. 

El informe de la delegación argentina revela el funcionamiento de los Centros de Atención Inmediata (CAI) y las URI en el contexto del estallido social. “Lejos de cumplir con las disposiciones y reglamentos para los que han sido formalmente diseñados, fungen como cárceles improvisadas en dónde el hacinamiento, la corrupción y el trato deshumanizado constituyen denominadores comunes”, explica  el documento preliminar

Los territorios recorridos por la delegación y los testimonios de las víctimas de abuso policial ofrecen una perspectiva que no tiene lugar en el discurso del gobierno de Iván Duque. En el departamento del Cauca: 146 heridos, nueve desaparecidos, tres homicidios, y una desaparición forzada y posterior homicidio del líder campesino Cristian Torres. En Bogotá: 96 heridos, seis homicidios. En Pereira: 103 personas heridas, cinco muertos, 95 detenciones arbitrarias. En Cali: 93 personas desaparecidas, 46 personas asesinadas en el marco de la movilización, 240 detenciones, 149 personas heridas por armas de fuego.  En esta ciudad, la delegación reveló la connivencia empresarial con la estructura represiva. “Llegando las fuerzas de seguridad a utilizar instalaciones comerciales como centros de detención y tortura”. El informe también constata casos de violencia de género y violencia sexual los departamentos visitados.

La llegada de la delegación de derechos humanos abrió un espacio para que la ciudadanía pudiera denunciar los abusos sufridos en el contexto de paro nacional. “Son denuncias que no pueden hacer en la Fiscalía o en la Procuraduría. La gente tiene miedo”, explica Ferrari, que recuerda el caso de la líder indígena Daniela Soto, que fue herida en un ataque armado en Cali. “Daniela cuando llega al hospital, cae la policía y la fiscalía al hospital, si no era por sus compañeras del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) que la estaban cuidando, no se sabe qué hubiese pasado”, relata Ferrari a este diario. En este sentido, el texto preliminar apunta al rol actual de las instituciones colombianas: “Los casos de re victimización son notorios: suele investigarse y criminalizarse a la víctima antes que a su atacante. Personal de Fiscalías concurre a los hospitales no para poner en conocimiento de los derechos que corresponde a la víctima sino para judicializarla (criminalizarla) en función de los incidentes en dónde resultó lesionada”.

De regreso en Argentina, Ferrari cuenta que no dejan de llegarle denuncias de personas que han sufrido algún tipo de abuso por parte de las fuerzas de seguridad en Colombia. “Hay un descredito total de toda la institucionalidad, en Popayán hay 25 quejas de causas que abrió la gente en relación a las fuerzas públicas, particularmente el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). El Defensor del Pueblo las giró a la fiscalía y a la procuraduría y todavía no hay respuesta. Es un círculo de descrédito", agrega.

El abogado Pablo Garciarena también apuntó a la criminalización que ejerce el Estado colombiano sobre la protesta. “Son prácticas propias de un estado terrorista. Lo vimos en la Argentina de 1976 donde las víctimas del actuar represivo luego eran judicializadas por las autoridades y terminaban imputados por delitos como terrorismo, sedición. En Bolivia pasó lo mismo. Son falsos positivos judiciales: personas víctimas de violencia estatal a las que o no se les toma la denuncia o en muchos casos terminan judicializadas. Es una práctica que hemos podido ver en las experiencias de los estados latinoamericanos”, resume Garciarena.

En este contexto, el informe preliminar de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos, devela una crisis humanitaria que el gobierno coolombiano ha intentado esconder con las demoras y la negativa hacia la visita de las delegaciones de derechos humanos a quienes quiso mantener alejadas ofreciendo, a cambio, datos oficiales. “Un elemento clave es que la defensoría del pueblo y el Ministerio Público no reciben denuncias de víctimas de violencia estatal, los números oficiales de la procuraduría y la defensoría son números muy por debajo de los constatados por las plataformas de derechos humanos”, explica Garciarena.

Por Dominique Galeano

05 de junio de 2021

Publicado enColombia
"No les bastó con asesinarlo, lo destruyeron y lo quemaron": Conmoción en Colombia por el hallazgo del cadáver calcinado de un adolescente en Cali

La versión de la familia del joven de 16 años señala a la Policía de Cali como responsable de la muerte. El organismo ha negado su participación en el hecho.

Dos versiones se confrontan nuevamente en Colombia tras el brutal asesinato de un menor de edad durante la violenta jornada de protestas del pasado viernes en Cali, que dejó 13 fallecidos y decenas de heridos en la capital del Valle del Cauca, cuando se cumplió un mes de las movilizaciones en el país.

El cuerpo calcinado de Daniel Stiven Sánchez, de 16 años, fue hallado en una tienda de Dollar City, en el municipio caleño de Siloé, la madrugada del 29 de mayo. El homicidio, que sus familiares atribuyen a la Policía, según los testimonios que han recabado, ocurrió el día que ha sido catalogado por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como "doloroso", "fatídico" y que "ha significado muerte".

La Policía Metropolitana de Cali salió al paso a la versión de los parientes de Sánchez, negó que sus efectivos tuvieran responsabilidad en la muerte del adolescente y se refirió a la quema del negocio, donde fue hallado Sánchez, por parte de "delincuentes". Tanto las autoridades como los familiares esperan el dictamen de Medicina Legal. 

Esta no es la primera vez, desde que comenzaron las manifestaciones antigubernamentales, que se denuncia la presunta participación de los cuerpos de seguridad en violaciones de los derechos humanos contra manifestantes o personas ajenas a los actos de calle. Las autoridades han negado su responsabilidad y han atribuido los actos de violencia a agentes externos a la protesta.

¿Qué pasó?

En un documental de poco más de nueve minutos, el productor audiovisual colombiano Alejandro Palencia recogió la reconstrucción de los hechos sobre la muerte de Daniel Stiven, de las voces de la madre y sus dos hermanas. Las tres mujeres, en medio de la conmoción por este homicidio, piden que se haga justicia. 

La primera en hablar es María Paula Sánchez, una de sus hermanas. Ella cuenta que el joven regresaba del trabajo en compañía de otras personas cuando se topó con una tanqueta de la Policía Metropolitana de Cali. Al verla, quedó paralizado por el miedo y solo alcanzó a levantar las manos para decir que no tenía que ver con la protesta.

A partir de ese momento, según le relataron testigos a la familia, hubo varias agresiones contra el joven, presuntamente cometidas por los policías que lo habrían golpeado, disparado varias veces y que supuestamente se lo llevaron arrastras mientras pedía ayuda. 

"Él decía que era menor de edad y los testigos gritaban: 'cogieron a un niño, lo llevan hacia el Dollar City, lo están golpeando, no nos lo quieren entregar'", refiere.

Los golpes no cesaron, según su hermana. Incluso un paramédico que iba a auxiliar al menor de edad habría sido repelido a tiros por los uniformados.

"Él pide que lo ayuden, que no lo dejen morir. En ese momento lo montan en la tanqueta y se lo llevan. Esta es la parte que no entendemos: ¿Por qué terminó quemado en el Dollar City?", se pregunta la pariente.

A pesar de estas afirmaciones, el recién nombrado comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Juan Carlos León Montes, negó en un video institucional que la tanqueta hubiera sido movilizada esa noche.

Los hallazgos

"Mi hermano tiene impactos de bala en su cuerpo y aún no tenemos el dictamen, pero el forense nos dijo que tiene índices de tortura", dice María Paula. La Policía niega esta versión.

Su otra hermana, Yurany Sánchez, manifiesta sentirse "destrozada" porque "lo mataron con sevicia". "No les bastó con asesinarlo sino que lo destruyeron, lo quemaron". Ambas afirman que el joven fue asesinado antes de que su cuerpo fuera alcanzado por las llamas en el incendio dentro del almacén. Las autoridades tampoco coinciden con esta versión.

"Lo quieren inculpar, dicen que estaba vandalizando el Dollar City, que lo estaba incendiando y robando, hay testigos directos que afirman que venía de trabajar", agrega Yurany.

María Sánchez, su madre, cuenta que le tenía prohibido ir a las manifestaciones ante el temor de que le ocurriera algo. "Los de la primera línea [vanguardia en las movilizaciones] le confirmaron a mi hija que jamás lo habían visto allá", dice.

Para Yurany, que desmiente la versión policial sobre la participación del menor en actos de vandalismo, "el objetivo de incriminar a los jóvenes es quitarle valor a la verdad".

¿Qué dice la Policía?

En una serie de trinos, la Policía Metropolitana afirma que la noche del 28 de mayo hubo "actos vandálicos" contra la estación policial El Lido, y que a las afueras se encontraban miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y una tanqueta.

En sus tuits, el organismo niega que el adolescente hubiera sido ingresado al vehículo, "teniendo en cuenta que el rodante no fue movilizado", y asegura que la comisaría no prestaba atención al público debido a que un local cercano fue saqueado e incendiado.

Según la versión oficial, los Bomberos encontraron el cadáver, que fue llevado al Hospital de Siloé, donde la Policía Judicial realizó la "inspección técnica" que mostró que "no presentaba heridas por armas de fuego, ni heridas por arma blanca".

Aunque se espera el dictamen de Medicina Legal, la Policía dijo que tras "las investigaciones adelantadas se puede determinar que los hechos se habrían registrado en el interior de un establecimiento comercial", tras una "conflagración" causada por "delincuentes" que habrían saqueado y prendido fuego al lugar.

El Ministerio Público designó a un fiscal, según adelantó el organismo policial.

Amenazas

El impacto de esta nueva muerte en Colombia, donde ya han ocurrido 71 homicidios presuntamente cometidos por la Fuerza Pública en el marco de las protestas, según el registro de Indepaz, se ha volcado a las redes.

Varios usuarios de la red social Twitter han alertado que los familiares de Daniel Stiven estarían recibiendo amenazas tras hacer la denuncia contra la Policía de Cali. 

Publicado: 2 jun 2021 18:35 GMT

Publicado enColombia
Martes, 01 Junio 2021 05:58

Colombia o la hipocresía europea

Funeral en el Cauca durante las movilizaciones contra el Gobierno de Iván Duque. Xavi Suler

Colombia sigue los pasos de Israel en su grado de impunidad y violación sistemática a los derechos humanos, con la única diferencia de que, si el segundo opera contra el ocupado pueblo palestino, Colombia lo hace contra su propia población.

 

Un régimen que criminaliza la protesta social y que en su respuesta a la misma suma un reguero continuo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Un régimen que ha añadido a la represión policial, que causa ya decenas de muertes, cientos de asesinados y miles de detenciones, nuevas formas de terror contra la población. Se generalizan así las desapariciones de manifestantes jóvenes que, semanas después, van apareciendo con signos de torturas y baleados en campos y cunetas; se cuentan también por decenas las personas que reciben disparos en los ojos, quedando de esta brutal manera marcados para el resto de sus vidas. Pero este es un régimen que también hace uso de las violencias machistas como herramienta para la represión social y se cuentan ya por decenas las mujeres jóvenes que han sido secuestradas y violadas por elementos policiales, llevando a alguna de ellas al suicidio.

Leyendo el párrafo anterior es posible que algunos se hayan situado inmediatamente en Venezuela. Una más, habrán pensado, del bárbaro régimen bolivariano que lleva años reprimiendo a la democrática oposición y sosteniéndose en su tiránico poder (esperamos se entienda la ironía). Al fin y al cabo, esto es lo que llevan años contándonos, y por lo tanto moldeando así la opinión pública, desde las tribunas mediáticas que controlan las élites económicas y políticas de Europa y América. En ese continente Venezuela encarna el mal y tiene su antónimo en el país vecino: Colombia, quien es suma de los valores de la democracia y el respeto más escrupuloso a los derechos humanos. Donde no hay intereses oligárquicos ni mezquinos que, desde posiciones ultraderechistas, sigan pugnando por enterrar el fallido proceso de paz, por estigmatizar a la población indígena, afro y campesina desde evidentes posiciones clasistas y racistas, estén detrás de la muerte de cientos de liderazgos sociales o sean la razón, con sus políticas económicas, del continuo empobrecimiento de la mayoría de la población colombiana que se ve abocada a mal vivir en su propio país o emigrar en busca del inexistente paraíso donde, por lo menos, quizá le respeten la vida.

Pero, dejemos de lado el sarcasmo y la ironía. La situación en Colombia es escandalosamente grave y este país ya no se puede clasificar ni tan siquiera como democracia de baja intensidad. Sabemos que su gobierno, así lo ha sido durante décadas, está protegido por los intereses geoestratégicos norteamericanos y europeos, que le permiten desarrollar una política de tierra quemada contra su propia población. No pretendemos entrar en una reiterada revisión de las causas más visibles de la protesta social, aquellas que tienen que ver con un nuevo intento por hacer pagar más a quienes menos tienen, mientras los que más tienen siguen engordando unas cuentas de beneficios que les permiten pasear el país en helicóptero o hacer las compras en Miami. Tampoco revisaremos las causas menos visibles, aquellas que se refieren a un régimen oligárquico que durante décadas ha respondido a una concepción patrimonial del estado, que hoy combina con los dictados más ortodoxos del modelo neoliberal. Sobre todo ello se ha escrito ampliamente en estas semanas, y se seguirá escribiendo en las venideras.

Sin embargo, hacemos aquí un alegato contra la hipocresía europea, especialmente de su clase política. Una clase siempre dispuesta para la denuncia del gobierno de Venezuela, o para poner el grito en el cielo por las detenciones de golpistas en Bolivia y a hacer votos por el respeto escrupuloso a sus derechos bajo amenazas al gobierno soberano de este país de sanciones de todo tipo. Y, sin embargo, una clase política que mira sistemáticamente para otro lado mientras en Colombia la juventud sale a las calles para denunciar la falta absoluta de perspectivas, no de futuro, sino en este presente duro al que ha sido condenada sin juicio alguno. Una clase política que mira para otro lado mientras se superan los 1000 liderazgos sociales asesinados desde la firma de unos Acuerdos de Paz (2016) que el gobierno de Iván Duque incumple sistemáticamente. Clase política europea que, acompañada de la económica y mediática, mira para otro lado desde que el 28 de abril la sociedad colombiana decidió optar por la protesta sostenida y pacífica, que ha sido respondida por la represión más salvaje y la militarización del país en un no declarado estado de excepción que suspende libertades y derechos, mientras se protege desde esos cuerpos policiaco-militares a civiles armados que asesinan impunemente manifestantes en las calles.

Colombia es un país en el que, en situación de pandemia, con índices de contagios y muertes provocadas por el virus de los más altos de América Latina, la gente prefiere salir a la protesta y asumir el riesgo que ello conlleva. Como se decía en los primeros días, este es un país en el que la gente teme más las decisiones perversas del gobierno que los efectos mortales de un virus. Al fin y al cabo, Colombia es país especializado en vivir en medio de múltiples virus: el de la violencia, el de la pobreza, el de la injusticia social, el de la desigualdad, el del neoliberalismo…

Pero para Europa nada de esto es grave. No habrá grandes conciertos de música solidaria, no habrá medidas que presionen al gobierno para frenar la represión, no habrá misiones de verificación de la situación de los derechos humanos, no sea que hagan su trabajo y le digan a la vieja Europa que Colombia es uno de los países donde esos derechos son más sistemática y masivamente violados. Esto, igual no se podría seguir escondiendo, y complicaría la consideración de Colombia como un país aliado, democrático y, sobre todo, donde la internacionalización de nuestras empresas puede seguir adelante, aunque ello no deje ningún beneficio ni entienda los intereses y demandas de la población.

En este escenario, la tónica general de Europa, tantas veces escuchada y sufrida, suele ser del tipo: “expresamos nuestra preocupación por la situación”, “seguimos de cerca la evolución de los acontecimientos”, o “llamamos a un diálogo para construir consensos”. Todo, como si lo que se estuviera produciendo fuera una discusión un poco subida de tono entre vecinos. Todo, obviando que el actual gobierno colombiano está en manos de la extrema derecha que representa el uribismo, contrario a la paz y que aboga por seguir considerando Colombia como su finca particular en la que se imponen, bajo una máscara de aparente sistema democrático, medidas siempre en detrimento de la vida de las grandes mayorías del país y, cuando éstas, protestan, se las reprime a sangre y fuego. Por supuesto, el rasero que se aplica a Colombia con miles de muertos e índices de pobreza en continua progresión no tiene nada que ver con las presiones diplomáticas, sabotajes, bloqueos económicos, denuncias internacionales y toda la larga serie de acciones y medidas concretas contra, por ejemplo, el gobierno venezolano.

Colombia sigue los pasos de Israel en su grado de impunidad y violación sistemática a los derechos humanos, con la única diferencia de que, si el segundo opera contra el ocupado pueblo palestino, Colombia lo hace contra su propia población. Y Europa, esta vez sí, aplica el mismo rasero en uno y otro caso: mirar para otro lado y dejar hacer.

por Jesús González Pazos

31 may 2021 12:48

Publicado enColombia
Reportan fosas comunes, «casas de pique» y sitios de detención clandestinos para manifestantes en Colombia

 Desinformémonos. Organizaciones de derechos humanos comunicaron las denuncias que han recibido desde el pasado 13 de mayo sobre los sitios de detención clandestinos y posibles fosas comunes a donde llevan a las personas y a los cuerpos de los manifestantes del Paro Nacional de Colombia.

El Equipo Jurídico y Humanitario 21 N, la Corporación Justicia y Dignidad y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz informaron sobre los relatos que han recibido acerca de la existencia de fosas comunes en el área rural de los municipios de Buga y Yombo a donde se llevan los cuerpos de jóvenes caleños manifestantes; además del uso del CAM como centro de operaciones encubiertas a donde llevan a los jóvenes para después transportarlos en camionetas polarizadas.

Las organizaciones compartieron también información sobre la movilidad de camiones que hacen parte de los medios que usa la policía colombiana para llevar a los manifestantes al sector de Mulaló, a 30 minutos de Cali, donde también descargan cuerpos de jóvenes de los barrios populares que participan en la movilización y se encuentran desaparecidos.

Reportaron que los jóvenes son detenidos, reportados como desaparecidos y “ajusticiados” en lugares alejados de Cali por grupos de civiles armados protegidos por la policía. Denunciaron que las “dinámicas de represión se han ido sofisticando con la pretensión cada vez mayor de evitar que sea identificable la responsabilidad policial en operaciones de tipo paramilitar y criminal”.

Las organizaciones señalaron que estas operaciones violentas clandestinas demuestran la gravedad de las consecuencias que la mentalidad y las órdenes emanadas por el más alto nivel del Estado genera al definir como “vándalos terroristas” a los jóvenes manifestantes, víctimas y blancos directos de planes criminales.

Instaron a los entes de investigación y protección del Estado y particularmente a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas a tomar en cuenta la información reportada y actuar conforme a ella. Con base en la garantía y los derechos a la verdad, exigieron a las autoridades que adopten medidas eficaces e investiguen junto con expertos forenses y observadores de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales.

A continuación el comunicado completo:

Desde el pasado 13 de mayo de 2021 nuestras organizaciones han recibido relatos absolutamente escabrosos y delicados que hieren la conciencia de la humanidad por el comportamiento y las prácticas policiales, que reflejan la gravedad de las consecuencias que la mentalidad y las órdenes emanadas por el más alto nivel del Estado genera al definir como “vándalos terroristas” a los jóvenes manifestantes víctimas y blancos directos de planes criminales.

Desde el 14 de mayo se conocieron las primeras versiones de la existencia de fosas comunes en el área rural de los municipios de Buga y Yumbo en donde estarían llevando los cuerpos de muchos jóvenes caleños.

Días atrás una nueva fuente compartió información más precisa de esta delicada información, indicando que el domingo 2 de mayo, el CAM fue usado como un centro de operaciones encubiertas. Algunos jóvenes fueron llevados a unos sótanos, horas más tarde eran sacados en camionetas polarizadas.

Dos fuentes posteriores informaron de la movilidad de camiones que, al parecer, hacen parte de los medios que usa la policía para su movilidad. En algunos de estos se habrían llevado jóvenes en horas de la noche al sector conocido como Mulaló, corregimiento de Yumbo, ubicado a 30 minutos de Cali. Allí, en un paraje previamente preparado estarían descargando cuerpos de jóvenes de los barrios populares que participan en las movilizaciones y que se dan por desaparecidos.

También de las personas que ha compartido su testimonio indicó que los jóvenes son detenidos, algunos de ellos habrían sido reportados como desaparecidos por sus amigos o familias, y en Guacarí, en Buga, 45 minutos de Cali, habrían sido “ajusticiados”.

Algunos de los sobrevivientes de los ajusticiamientos fueron encontrados con heridas por arma de fuego en centros asistenciales y hoy se encuentran aterrorizados y escondidos. Hoy 23 de mayo, se conoció una versión más delicada de las operaciones de los grupos de civiles armados protegidos por policiales. Se habrían instalado una Casa de Pique en el exclusivo lugar de Ciudad Jardín.

Algunos familiares nos han compartido con nuestra organización algunos nombres de los jóvenes que son detenidos, luego llevados a una instalación policial en Meléndez y días después se desconoce de su paradero.

Las dinámicas de represión se han ido sofisticando en estos casi 25 días con la pretensión cada vez mayor de evitar que sea identificable la responsabilidad policial en operaciones de tipo paramilitar y evidentemente criminal Dada la ausencia de garantías solicitamos a los entes de investigación y de protección del Estado y en especial a la Unidad de Búsquedas de Personas dada por Desaparecidas, desarrollar su actividad con base en la información inicial pública.

Dada la ausencia de imparcialidad manifiesta en desarrollo del Paro Nacional por parte de la Fiscalía General de la Nación, urge un especial para verificar las actuaciones investigativas.

Ante el temor fundado que asiste a eventuales testigos de ser victimizados en su vida, integridad y libertad, se requiere la adopción de medidas técnicas propias de la investigación judicial.

Temen los testigos que la policía pueda desarrollar estrategias de presión, de intimidación, de estrategias de encubrimiento con el asesinato de más jóvenes y sus familias.

Con base en la síntesis de estos relatos que brindan elementos razonables de planes criminales sofisticados en los que participaría la Policía Nacional y dada la forma como han operado desde el 28 de Abril hasta hoy, los efectivos regulares fuerzas y las expresiones militares del General Zapateiro, dejamos Constancia Histórica Pública de la información recibida.

Dado el deber de garantía y los derechos a la verdad, el Estado colombiano actúen con eficacia, más allá del lugar retórico de las “exhaustivas investigaciones” y del testimonio como única base para el inicio de las investigaciones, que permitan confirmar las hipótesis a partir de estos fundamentos fácticos.

Reiteramos que con base en esta Constancia Histórica pública el Estado colombiano debería iniciar una exploración técnica con expertos forenses del instituto de Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas con la participación de observadores de organizaciones Humanitarias nacionales e internacionales, y, adoptar medidas inmediatas de investigación judicial que aseguren una proceso de investigación independiente y eficaz que desvirtúe o confirme los relatos de testigos de esta situación.

Este es el listado de personas dadas por desparecidas de acuerdo con los cotejos realizados por la Universidad del Valle desde abril 28 a hoy:

  1. Alejandro Castro
  2. Alejandro Duque González
  3. Alejandro Hoyos Salgado
  4. Alexander Martínez
  5. Andrés Arango
  6. Andrés Felipe Gómez Rivadeneira
  7. Angie Amaya
  8. Antony Jaramillo
  9. Antony López Brando Molina
  10. Brando Stiven Blandón Pérez
  11. Brayan Cavadias
  12. Brayan Steven Rayo
  13. Bryan Steven Mesa
  14. Bryan Varela
  15. Camila Jaramillo
  16. Carlos Alberto Vásquez Usma
  17. Carlos Andrés Benavides
  18. Carlos Castillo
  19. Carlos Mayorc
  20. Claudia Ospina
  21. Cristian Andrés Ocampo
  22. Cristian Camilo Duque
  23. Cristian Estiven Rentería Valencia
  24. Cristian Zúñiga
  25. Cristopher Rodriguez
  26. Daniel Becerra
  27. Daniel Steven Bonilla
  28. Daniel Zuluaga García
  29. Devi Alezander Ovalle Cabrera
  30. Deivy Alexis Gómez
  31. Devin Alegría Camacho
  32. Deyvi Farley Orozco
  33. Diana Cruz
  34. Diana Marcela Betancour Rodriguez
  35. Diana Ruiz Diego Botero
  36. Eduardo Galeano
  37. Edwin Santiago Martínez Garcés
  38. Elberth Orozco
  39. Esteban Rodríguez
  40. Estiven Jaramillo
  41. Estiven Marulanda
  42. Fabier Londoño Medina
  43. Felipe Arias Felipe Ruiz
  44. Francisco Durán
  45. Francisco Javier García
  46. Héctor Valencia
  47. Heilen Bravo
  48. Isabella Martinez
  49. Jesús David Lozano
  50. Jhon Alexander Aguirre
  51. Jhonatan Lenis
  52. Joan Francisco Herrera
  53. Joan Stiven Vélez
  54. Job Alejandro Moreno
  55. Johan Esteban Torres Urbano
  56. Jorge Alexander Lozano Perez
  57. Jose David Hurtado Moreno
  58. Jose Esteban C Angulo
  59. Juan Camilo Maiman
  60. Juan Camilo Pérez
  61. Juan Camilo Sánchez
  62. Juan Carlos Gironza Hoyos
  63. Juan Carlos Peña Meneses
  64. Juan Diego Ulloa
  65. Juan Esteban Alvarez
  66. Juan Pablo Gutiérrez
  67. Juan Pablo Guzman Rodríguez
  68. Karol López
  69. Kelvin Josué Plaza Castillo
  70. Kevin Aguilar
  71. Kevin Alexis Bedoya
  72. Kevin Jiménez
  73. Kevin Perea
  74. Kevin Stiven Rodiguez Motavita
  75. Leonardo Andrés Villegas Arana
  76. Lizeth Arévalo
  77. Lizeth Valencia
  78. Luis Dayan Montes Betancourt
  79. Luis Fernando Chávez
  80. Luis Mario Maicol
  81. Andrés Medina Ortiz
  82. Manuela Ruiz Taborda
  83. Marcela Valencia
  84. Marco Andrés Arango
  85. María Angélica Cano
  86. María del Carmen Carabai Barrera
  87. Mario Alberto Arcila Martínez
  88. Marvin Santiago Trejos
  89. Mauricio Cáceres
  90. Michele Arteaga
  91. Michell Torres
  92. Miguel Angel Escobar
  93. Miguel Ángel Henao
  94. Miguel Bolaños
  95. Mónica Mosquera
  96. Nicolás Flórez
  97. Nicolas Suarez
  98. Oscar Eduardo Arroyo
  99. Ramiro Parmenio
  100. Robert Steven Londoño Ospina
  101. Santiago Muñoz Quiroga
  102. Santiago Cruz
  103. Santiago Posada
  104. Santiago Arce
  105. Sebastián Arce
  106. Sebastián Cortés
  107. Sebastián Escobar
  108. Sebastián Ospina
  109. Sofia del Mar Gaviria
  110. Steven Riveros
  111. Valentina Campos
  112. Valentina Marin Quintero
  113. Valentina Ramirez Sánchez
  114. Valeria Serna Vanessa Navia
  115. Verónica Valencia
  116. Víctor Manuel Agudelo
  117. Wilson Loaiza
  118. Mujer Afrodescendiente NN, Adolescente, 13 años
  119. Persona detenida arbitrariamente en Meléndez, 08.05.21
  120. Persona detenida arbitrariamente en Meléndez 08.05.21

23 de mayo de 2021

Equipo Jurídico y Humanitario 21 N

Corporación Justicia y Dignidad

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Publicado enColombia
Colombia. Estamos ante el terrorismo de Estado, en cuerpo pleno.

En Popayán, desde el día cero del Paro Nacional, la violencia y represión alcanzó niveles inadmisibles, pero su pico máximo se registró durante la semana del 10-17 de mayo, con epicentro el día 12 cuando dos menores denunciaron su violación por parte de efectivos policiales del Esmad. Una de ellas, Alison Meléndez, ante lo sentido por su cuerpo a la fuerza (“Me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma", denunció), como lo evidencian los moretones sobre sus manos, optó por quitarse la vida. La familia de la otra menor pidió la reserva de su nombre. 

“En un mar de caos, entre escombros y estallidos yo me disponía a ocultarme en el domicilio de unos conocidos, decidí parar para registrar un proceso irregular por parte de la fuerza pública y ese fue el peor error que pude cometer, una vez los agentes de la guardia antimotines se percataron de que grababa sentí miedo, traté de esconderme pues sabía que huir podría ser peor, segundos después estaba siendo aprehendida forzosamente por cuatro agentes quienes morbosamente me manoseaban y me jalaban la ropa, entre insultos y amenazas me condujeron a la Unidad de Reacción Inmediata más cercana, todo parecía indicar que mi destino ya estaba escrito; yo no estaba marchando pero eso tampoco pudo evitar el horror que esas bestias me hicieron en nombre del Estado”. Vivido por Alison Meléndez.

Otra mujer violentada, ultrajada, sometida al machista y patriarcal proceder de un cuerpo armado instituido para defender intereses y privilegios, entre ellos, es evidente, el de considerar a las mujeres cosas, objetos de placer. Intereses y privilegios que para su prolongación no reparan en métodos, formas, armas; clara forma de concretar y prolongar un poder que destruye a las mayorías de una sociedad.

Una injusticia más. Tantos caídos en disimiles circunstancias: golpeados, acribillados, y las mujeres abusadas y ultrajadas; unas y otros víctimas de un solo proceder: el operar represivo y autoritario de unidades de las fuerzas armadas, bien policías, bien escuadrones del Esmad y del Goes (Grupo de operaciones especiales). Esta es la áspera realidad que no le da descanso a los jóvenes a lo largo de toda la geografía nacional, en la que, bajo tratos que niegan diversos derechos humanos, las fuerzas del establecimiento pretenden preservar el sacrosanto orden establecido para el beneficio de unos pocos.

Un poder, un orden, que al sentirse cuestionado y desconocido por amplios sectores sociales, niegas sus propios preceptos.

“Se está cortando, llevó toda la semana con el celular “chuzado”, dice qué la SIM card no funciona”, asegura una defensora de DDHH en la capital del departamento del Cauca en plena entrevista con desdeabajo; al parecer las llamadas están siendo intervenidas o cuando menos existe una alta interferencia. De acuerdo a nuestra entrevistada no solo le sucede a ella, los teléfonos de otras personas dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, como otras vinculadas al activismo estudiantil, registran pésima recepción. Es claro que a alguien no le interesa que estas personas se comuniquen entre sí, ni que mantengan relaciones dinámicas con sus contactos al interior como al exterior de la ciudad, algo ya vivido en días recientes en Siloé, por ejemplo, donde es sabido que las fuerzas armadas utilizaron bloqueadores de señal, propios de zonas de guerra o para aislar zonas de alto valor estratégico o para el desarrollo de operativos militares de alto vuelo.

Es una presión constante, parte del despliegue de la llamada inteligencia de combate. No se afanan en ocultar sus acciones, les interesa que quien es objeto de seguimiento sepa que está bajo vigilancia, que viva la zozobra de no saber si pasarán la raya, ni cuando lo harán; es parte de la guerra psicológica.

Acciones que también recaen sobre toda la sociedad. Los helicópteros sobrevuelan como aves de rapiña y la presa es el pueblo, los despojados, que con mucha dignidad buscan resistir las envestidas orquestadas por las diferentes divisiones de la mal llamada “fuerza pública”. Censurar y reprimir son los dos principales objetivos, porque a este gobierno le gusta la gente “juiciosita”: el indígena en el resguardo, los pobres produciendo, los estudiantes en clase y sin cuestionar ni pretender comprender nada más allá de lo que dicta el profe, y todo aquel que sea diferente que baya buscando la forma de mimetizarse y no incomodar porque la “gente de bien” con un muy abstracto código moral se puede cansar de tanto bloqueo y protesta.

Tapen, obstruyan, manipulen

El delito de obstruir la justicia también se hace presente y cuando “la cara amable del Estado” no logra sus propósitos matando o amedrentando, hace todo lo posible por obstaculizar la gestión de los defensores de DDHH y de los comunicadores de los medios independientes. En el ejercicio de su función estos saben que consultar el estado de salud, como el calabozo donde fue encerrada una u otra persona, es considerado un desacato a la autoridad por los “guardianes del orden”, al punto que muchos defensores son amenazados y su trabajo se ve seriamente entorpecido, sometidos a vivir en permanente zozobra, en no saber en dónde pasará la noche para al día siguiente salir desde temprano a hacer la veeduría en hospitales y centros policiales para verificar las condiciones en que están encarcelados o en tratamiento médico decenas de manifestantes.

La vida siempre ha valido poco en Colombia, la diferencia es que ahora están matando de manera abierta, apuntándole a todo el que se atraviese, a todo el que se levante y objete. Hoy no se trata de aquellas personas perseguidas y asesinadas lejos de las zonas urbanas, no, hoy puede ser en cualquier ciudad, a plena luz del día, y quien reciba los impactos de bala puede ser cualquiera, alguien indignado, pero también alguien que esté mal parqueado.

Todo esto es la consecuencia de la decisión oligárquica de soltar a sus perros de presa y estos, hambrientos y atrofiados por sus falsas conciencias han desatado todo su odio e ira sobre la población civil. Apuntan a la cara y a matar. Al que no pueden matar le propinan brutales golpizas. A la que elijan, la violan.

Todo esto fue vivido y experimentado en Popayán en estos días, como ya lo habían padecido en otras ciudades amplios grupos sociales. Estamos ante el terrorismo de Estado, en cuerpo pleno.

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Alison Meléndez. Un suicidio provocado por una violación

Con furia e inculpando al establecimiento reaccionaron cientos de jóvenes payaneses ante la noticia del suicidio de la menor de 17 años Alison Meléndez y quien había sido violenta e ilegalmente capturada por 4 efectivos del Esmad mientras registraba con su celular las protestas cerca de su sitio de habitación.

Según su testimonio, expresado a través de las redes sociales, esos policías “Me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma".


De acuerdo a su abuela, cuando su nieta regresó de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), a donde había sido llevada por sus captores, volvió con moretones en el cuerpo y le dijo que la habían manoseado. Al día siguiente sus familiares encontraron a la menor inconsciente en su habitación, tras aparente suicidio. Aunque fue llevaba de urgencia al hospital los galenos no lograron reanimarla.

Por su parte Luis Salazar, padre de la menor, y quien hace parte a su vez de la fuerza pública, fue tajante en sus declaraciones al exigir justicia y esclarecimiento de los hechos.

Como ha ocurrido en otros 16 casos de denuncia por violación sufrida por jóvenes detenidas por efectivos policiales en el marco de las protestas que conmocionan al país desde el pasado 28 de abril, voceros oficiales, en este caso el jefe de la Policía de la región, Ricardo Alarcón, acudió al reiterado negacionismo que ya es típico a la hora de responder ante denuncias de toda gravedad como esta. Una reacción de “solidaridad de cuerpo” que los marca y que en este caso una vez más evidencia el nivel de impunidad que campea en el país y con el cual se protegen los cuerpos represivos para actuar sin acatar ninguna norma ética ni respetuosa con la carta de Derechos Humanos. Un comportamiento que, en el caso de violencia contra mujeres, evidencia la manera como poder y patriarcado están íntimamente ligados.

Como prueba inicial para desmoronar el reiterado negacionismo oficial está el video donde puede apreciarse el momento cuando la menor de edad es capturada de manera ilegal por los efectivos de la mal llamada “fuerza pública”.

No más impunidad

Una vez la muerte de la joven fue noticia, sus pares no se contuvieron. Su expresión de afecto y de solidaridad propició que denunciaran los reiterados abusos, violaciones y desmanes de la policía, la cual tienen que padecer en parques, calles o en cualquier otro lugar donde sus efectivos llegan en actitud autoritaria a imponer un orden que ya no responde ni corresponde a la sociedad de justicia a que las mayorías sociales aspiran a vivir.


Es así como, con energía exultante, se dirigieron al complejo de policía Intendente Jefe Diego María Guerrero donde estaba erigido el monumento “Edificadores de paz” hecho por la policía con casquillos de balas para “recordar a las víctimas”, el cual fue lanzado al río Molino. Unas horas después hicieron lo propio con el monumento que recordaba a Francisco de Paula Santander (instalado en la glorieta de la terminal de transportes), asociado desde hace dos siglos con la defensa de los poderosos y de sus privilegios.


Para allí no paró su demostración de rechazo a la violación de que fue objeto la joven Alison Meléndez. Con igual entusiasmo se dirigieron a la URI a donde fue llevada por sus captores y le prendieron fuego, rechazo abierto y directo al estamento policial, síntesis del autoritarismo vigente en Colombia. Cuerpo armado defensor de privilegios y expresión de vetustas formas que asume el poder en Colombia, como son el machismo y patriarcado.


Mientras esto sucedía en medio del día 16 de paro nacional que registra Colombia, se conocido que como respuesta por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a una solicitud de diversas organización de Derechos Humanos para que envíe una delegación para una visita de trabajo al país, la secretaria ejecutiva de esa organización, María Claudia Pulido, le dirigió una carta al presidente Duque solicitando autorización para proceder con la visita correspondiente.


Al mismo tiempo, se hacía publica una carta firmada por 55 congresistas de Estados Unidos donde denuncian que la Policía colombiana “está desatada” y piden al secretario de Estado Antony John Blinken para que se pronuncie sobre lo que vive Colombia.


¿Podrá contenerse el proceder policial y de las Fuerzas Armadas en general? ¿Podrá en algún momento que los cuerpos armados dejen de defender el poder de minorías y se alineen con las mayorías? La respuesta la brinda la historia, la cual también indica que “solo el pueblo salva al pueblo”.

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Las víctimas se manifiestan en el marco del Paro Nacional

Las víctimas del conflicto colombiano denuncian incumplimientos y revictimización

 

Bogotá, D.C., 14 de mayo de 2021. En el marco del actual Paro Nacional en Colombia, las víctimas del conflicto armado se unen para manifestar las faltas de garantías de seguridad y el irrespeto a la vida de los líderes y lideresas sociales de Colombia. En lo recorrido del presente año se han denunciado aproximadamente 60 asesinatos a nivel nacional, sin contar los que se han presentado durante las protestas de los últimos días.

Es hora de un cambio, donde solicitamos la garantía y el cumplimiento a los derechos que nosotros las víctimas tenemos y una reestructuración de la Unidad de Víctimas, además de la renuncia irrevocable del cargo del Director Ramón Alberto Rodríguez Andrade. Es hora de que las víctimas hagamos valer nuestros derechos” expresó un grupo de Víctimas de la Unidad de Víctimas.

Denuncian la falta de cumplimiento por parte del gobierno de Iván Duque a sus derechos y la revictimización a la que son sometidos, exponen la falta de gestión y compromiso de la Unidad de Víctimas, una institución que surge a partir la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448), la cual dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.

Por lo anterior, han decidido movilizarse y hacer un llamado a todas la víctimas, a las organizaciones y a la ciudadanía a nivel nacional para que los acompañen el próximo miércoles, 19 de mayo a las 9:00 a.m. en el monumento del Parque Nacional de la ciudad de Bogotá, ubicado en la carrera séptima con calle 39, punto de partida para iniciar un recorrido hasta llegar a la Plaza de Bolívar.

Pliego de peticiones: víctimas de la Unidad de víctimas

1. Reconocimiento jurídico y político como población de víctimas, como centro del incumplimiento del Acuerdo de Paz.

2. Renuncia del Director General de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, por incumplimiento y presunta desviación de recursos.

3. Reestructuración de la Unidad de Víctimas:

  • Eficiencia en los canales de atención de la Unidad de Víctimas del conflicto armado, asegurando un trato eficaz y respetuoso.
  • Integración de las víctimas del conflicto armado en los canales de atención y resolución de la Unidad de Víctimas.
  • Cumplimiento y rendición de cuentas de indemnizaciones a la víctimas.

4. Programas de desarrollo y empleabilidad, con el fin de generar autosostenibilidad económica de las familias víctimas del conflicto armado.

5. Garantías de educación superior gratuita para las víctimas del conflicto armado.

6. Vivienda de interés prioritario a las víctimas del conflicto armado.

7. Creación y vinculación de un grupo específico dentro del SISBEN de la población en calidad de víctima del conflicto armado.

8. Exigibilidad de la participación política del grupo de víctimas del conflicto armado en el Congreso de la República con las 16 curules pactadas en los Acuerdos de Paz.

9. Garantías de no repetición del conflicto armado.

 

Para más información:

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https://soundcloud.com/victimas-de-la-unidad-de-victimas

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Reportan la primera víctima fatal en Bogotá por la represión contra el paro nacional en Colombia

Se trata de un joven de 20 años que se encontraba en coma inducido tras ser impactado por un artefacto en la cabeza durante la movilización del 1 de mayo.

Daniel Alejandro Zapata se convirtió en la primera víctima fatal caída en la capital de Colombia, Bogotá, en el marco de las protestas sociales que convulsionan todo el país. La organización no gubernamental Lazos de Dignidad confirmó este lunes el fallecimiento del joven. 

"Alejandro Zapata, uno de los casos de violencia policial que asumimos el 1 de mayo, acaba de fallecer", informó la organización en su cuenta de Twitter. 

Zapata, de 20 años, se encontraba en coma inducido en la Clínica Mandalay de Eusalud, después de resultar herido durante las protestas sociales del 1 de mayo en Bogotá.El joven habría sido impactado por un artefacto en la cabeza, presuntamente por parte de la fuerza pública, según reportaron medios locales

Tras permanecer por 10 días en terapia intensiva, Zapata perdió la vida este lunes

Investigaciones 

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lamentó "profundamente" la muerte de Zapata. No obstante, aseguró que en su despacho no tenían conocimiento de ese caso, por lo que ordenó el inicio de una investigación. 

"No teníamos el registro siquiera de que Daniel Alejandro hubiera entrado por una lesión, no nos lo reportaron", dijo López en conferencia de prensa. 

En ese orden, la alcaldesa cuestionó una serie de omisiones. "Necesitamos saber cómo llegó al hospital, quién lo llevó, en qué circunstancias entró, por qué el hospital no lo reportó como posible lesionado en las protestas", agregó.

Por lo pronto, López ordenó a la Secretaría de Salud iniciar una investigación sobre el caso. 

Hasta este lunes, Bogotá lleva registro de 288 ciudadanos atendidos en hospitales por heridas en el marco de las manifestaciones, incluyendo 14 víctimas de lesiones oculares. Del total de lesionados que recibieron atención médica, cinco personas continúan hospitalizadas y su estado es delicado, según detalló López. 

Publicado: 11 may 2021 03:05 GMT

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Atacada Guardia Indígena por los "pájaros" del Estado

En un ataque predeterminado y llevado a cabo por personas de civil, tres chivas en las que se transportaba decenas de mujeres, hombres, niños y adultos, comuneros pertenecientes a La Minga y a la Guardia Indígena Nasa, fueron interceptadas en la zona conocida como Cañas Gordas, vía Jamundí,y atacados a tiro de pistolas por personas que se bajaron de camionetas de alta gama. El saldo: 12 heridos de distintas consideración, cuatro de ellos graves.

El saldo pudo ser aún mayor ya que cuando los atacados trataron de protegerse ocultando sus cuerpos tras de otros vehículos recibieron descargas desde la parte posterior al ataque. Es decir, estamos ante una acción claramente premeditada, lo que despeja la duda si quienes atentaron eran civiles que de manera espontánea, por racismo o por motivos similares, entraron en ira. No, la premeditación y la impunidad indica que el formato corresponde a fuerzas parapoliciales y/o paramilitares.

Los y las mingueras se dirigían hacia la Universidad del Valle, donde se realizaba una asamblea para coordinar con estudiantes y colectivos de derechos humanos medidas por implementar para neutralizar el grado de violencia que está afectando a los sectores populares caleños.

El ataque, sin duda, desnuda aún más el desespero de un régimen que se siente acorralada y sin respaldo ciudadano; un desespero que se traduce en violencia, cada vez más aguda, y la cual puede ahondarse hasta sumir el país en un mayor chaco de sangre, avanzando, en pro de impunidad, hacia un autogolpe.

James Larrea, defensor de DDHH, en entrevista con desdeabajo describe que al interior de la Universidad del Valle se vive una tensa calma y el temor de quienes allí sesionan a un posible ataque, temor no infundado ni gratuito, más aún cuando se enteraron de lo sucedido con la delegación indígena que se dirigía hacia el centro universitario. Realidad refrendada por el senador Feliciano Valencia que en horas de la tarde vía Twitter alertó sobre el cerco de la Universidad por unidades policiales y militares, incluso con sobrevuelo de un helicóptero.

Un viejo modelo

El proceder parapolicial y/o paramilitar desplegado en las horas de la tarde del domingo 9 de mayo es similar a la actuación de civiles que atacaron en el viaducto de Pereira, con total alevosía, a tres activos del paro, entre ellos Lucas Villa y Andrés Felipe Castaño, el primero de los cuales fue declarado con muerte cerebral.

Es un proceder que recuerda, a pesar del paso del tiempo, el actuar de los pájaros en la década de los años 50 del siglo XX en Colombia, los que bañaron de sangre sus zonas rurales, procediendo al asesinado y desplazamiento de decenas de miles de campesinos marcados como sus enemigos, imponiendo el silencio a sangre y fuego.

Un modelo de control y de imposición autoritaria del “orden” también experimentado con los “Escuadrones de la muerte”, como denominó a este tipo de cuerpos civiles armados, un miembro de la Guardia Indígena que habló vía telefónica  con desdeabajo.

Violencia, muerte e impunidad. ¿Hasta dónde posibilitará este gobierno un modelo genocida de control social y hasta cuándo continuara desconociendo las demandas populares? 


Relación (parcial) de integrantes de la Guardia Indígena heridos:

Nombre                                 Resguardo

Segundo Pequi                  Toribío

Alexander Yule Ramos     Toribío

Marlen Martínez                 Pueblo Nuevo

Yerson J. Talaga                 López Adentro

Eucardo Ul                          Huellas

Daniela Soto                        Sat tama

Sandro Camayo                  Las delicias

Yeison Tenono                   Monchique    


          

Videos relacionados

https://www.facebook.com/cric.colombia/videos/d41d8cd9/4491007630913861/

 

Adjuntamos videos que llegaron a la redacción:

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (1)

https://youtu.be/OaHgFIgefoA

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (2)

https://youtu.be/duTtVX6dir4

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (3)

https://youtu.be/5CQNXmqebiA

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (4)

https://youtu.be/UTqN9QB0yNY

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (5)

https://youtu.be/mXsU7N0cShU

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (6)

https://youtu.be/BC5yrUQlJbM

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (7)

https://youtu.be/r_6Lct3H3P8

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (8)

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (9)

https://youtu.be/vCpT8XMOgm0

 

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Un operativo policial en la favela Jacarezinho causó 24 muertes de pobladores 

 

Es balance más letal en la historia de Río de Janeiro

"¿Quiénes son los muertos de la operación en la favela?: los jóvenes negros" señaló Silvia Ramos, coordinadora de la Red de Observatorios de Seguridad Pública.

 

Una operación policial contra el narcotráfico en una favela de Río de Janeiro dejó este jueves 25 muertos, entre ellos un agente de la policía. El balance de la acción en la favela Jacarezinho es el más letal de una operación policial en la historia de esa ciudad, señalan investigadores. Según informó la Policía Civil en un comunicado, un uniformado murió baleado en la cabeza, y "24 sospechosos" también murieron alcanzados por balas policiales. Pobladores y ONGs denunciaron ejecuciones sumarias: la Policía las negó. 

Desde primeras horas del día, esa comunidad se transformó en un verdadero campo de batalla, con intensos tiroteos y helicópteros sobrevolando las casas. Vecinos denunciaron abuso de la fuerza por parte de los agentes. Una novia no pudo acudir a su propio casamiento y una embarazada con cesárea agendada no pudieron salir de sus casas, entre otros casos.

Los habitantes relataron que hallaron a personas muertas en terrazas y callejuelas y que muchos cuerpos fueron cargados en un camión blindado de la policía, confió un líder comunitario a la agencia AFP, que pidió no ser identificado por razones de seguridad.

La explosión de granadas en la región asustó a los pobladores y a los pasajeros del subte cercano, la estación Triagem, en Jacarezinho, zona norte de Río. Dos personas fueron heridas de bala dentro de la formación del subte y están fuera de peligro internadas.

En una conferencia de prensa al final de la tarde, la Policía Civil (PC, que se ocupa de investigaciones criminales) confirmó el balance dado inicialmente por la prensa de "24 sospechosos" y un agente muertos y aseguró que "todos los protocolos" de la corporación antes de abrir fuego "se cumplieron, sin excepción".

"Lamentablemente hubo muchos enfrentamientos en la comunidad. No hay lo que celebrar en ese balance", afirmó un responsable de la PC. El agente muerto fue baleado en la cabeza "al iniciarse la operación", agregó.

La irrupción policial se dio en el marco de una investigación sobre una banda que reclutaba a niños y adolescentes para el tráfico de drogas, robos, secuestros y asesinatos.

Para Silvia Ramos, coordinadora de la Red de Observatorios de Seguridad Pública, se trató de "una operación mal planificada, y con un policía muerto, se convirtió en una operación de venganza".

"¿Quiénes son los muertos? Jóvenes negros. Y por eso la policía habla de 24 sospechosos. Basta ser joven, negro y habitante de una favela para convertirse en sospechoso", dijo Ramos.

Miembros de organizaciones defensoras de los derechos humanos acudieron a la favela e inspeccionaron junto a los vecinos las casas que fueron invadidas durante la acción policial, algunas con rastros de sangre y destrucción.

Una habitante contó que un joven fue abatido en su casa, donde se había refugiado herido. "El chico llegó baleado y como ningún habitante de la comunidad puede echar a otro, se quedó. Pero los policías vieron sangre y entraron gritando: '¿dónde está? ¿dónde está?'. Yo solo tuve tiempo de llevar a mis hijos para atrás mientras ellos lo mataban en el cuarto", contó la mujer.

Jacarezinho es considerada una base del Comando Vermelho (Comando Rojo), la principal organización narcotraficante de Rio.

La operación más letal 

"Si pensamos en masacres con participación de policías fuera de servicio (operaciones ilegales de venganza), las de Vigario Geral en 1993 (22 muertos) y la de la Baixada en 2005 (31 muertos)" se le asemejan, dijo Silvia Ramos.

"Pero en operaciones legales, la de Jacarezinho batió todos los récords", agregó.

El dispositivo se llevó a cabo a pesar de un fallo de la corte suprema que impide a la policía hacer redadas en los barrios periféricos mientras dure la pandemia de coronavirus, salvo en "circunstancias absolutamente excepcionales".

El Instituto Igarapé, especializado en temas de seguridad y desarrollo, consideró "inaceptable que la policía de seguridad pública del estado (de Río) siga apostando por la letalidad como principal estrategia, sobre todo en zonas vulnerables".

Según datos del Instituto de Seguridad Pública citados por Igarapé, la Policía de Río "fue responsable por la muerte de 453 personas entre enero y marzo de este año", un número que ya representaba "el 36% del total de muertos en todo 2020", cuando fueron abatidas 1.245 personas.

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