Históricamente, los expresidentes de la República son investigados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Desde la Constitución de 1886, pasando por la de 1991 y el Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las Farc, al ser un fuero especial en el cual los políticos se investigan entre ellos, esto conduce la impunidad política y judicial.

Igual ocurrió en el pasado con la jurisdicción penal militar, hasta 1987 cuando la Corte Suprema dictaminó que no podían hacerlo más, cuando los militares se investigaban y juzgaban entre ellos, lo cual condujo de igual manera a la impunidad.

Y es que ninguno de los expresidentes de Colombia ha sido investigado por la justicia ordinaria por actos cometidos durante el ejercicio de su mandato: ni Belisario Betancur (1982-1986) que autorizó el operativo criminal de “la retoma” del Palacio de Justicia en 1985; ni César Gaviria (1990-1994) que dio el consentimiento tácito para que los perseguidos por Pablo Escobar, “Los Pepes,” lo ejecutaran; ni Ernesto Samper (1994-1998) por el sonado proceso 8.000. A Betancur nunca se le pudo iniciar un juicio de responsabilidad por los hechos del Palacio pese a que el 7 de noviembre de 1985 él mismo, ante los medios de comunicación, asumió “toda la responsabilidad” sobre el holocausto (El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar, Ediciones desdeabajo, 2017, página 59).

El Procurador General de la Nación de la época, Carlos Jiménez Gómez, presentó una denuncia ante la Cámara de Representantes contra Belisario Betancur y su ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe, recién ocurridos los hechos del Palacio. La investigación fue archivada por la Comisión de Acusaciones al considerar que, las torturas, ejecuciones y desapariciones ocurridas durante y después de “la retoma” fueron “un típico acto de Gobierno, ejecutado por quien sólo podía hacerlo, es decir, el señor Presidente de la República y su Ministro de Defensa”.

Los presidentes de Colombia no han hecho nada o casi nada para detener las graves violaciones de los derechos humanos que siguieron al Palacio de Justicia en 1985, como el exterminio de la Unión Patriótica, la ejecución de sus candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, o la del último senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas.

Más adelante, con el inicio de negociaciones con los paramilitares, el excomandante Freddy Rendón, alias el “Alemán”, afirmó que Carlos Castaño decía que Uribe era el hombre con el que iban a hacer la negociación, por ser antioqueño, por haber impulsado las Convivir -que luego se convirtieron en las autodefensas- y por ser amigo de éstas.

Todos estos son ejemplos de que el Presidente de la República está blindado mientras ejerce esa función; su inmunidad judicial y la impunidad en la que resulta son características del régimen presidencial colombiano. La Constitución Política del 91 en su artículo 188 dice que el presidente “simboliza la unidad nacional”, imagen que daría a pensar que el presidente debe estar por encima de la ley.

El primer mandatario es el “buen padre” a quien las colombianas y los colombianos confiamos nuestra protección. Él es quien “se obliga a garantizar los derechos y libertades de todas y todos”. El rol protector que se atribuye a la figura del presidente acarrea el que no se le pueda responsabilizar por los crimenes que cometiere en el desempeño de sus funciones, porque se considera intocable.

Lo que se ganó en el equilibrio institucional entre los poderes públicos en la Constitución del 91, se perdió en la responsabilidad política del presidente de la República. La impunidad y la inmunidad tanto judicial como política del Primer Mandatario, nadie está dispuesto a tocar ni remover.

Así lo reafirmó el Acuerdo de Paz con las Farc, que eximió expresamente de responsabilidad a todos los expresidentes que gobernaron durante el conflicto armado interno, de comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP. Esta extensa tradición de presidentes intocables tiene fundamento también en la falta de responsabilidad política ciudadana y el rechazo de los gobernantes a rendir cuentas.

La Constitución Política de Colombia es clara al señalar que todos los cargos políticos gozan de este fuero, lo que quiere decir que las investigaciones por hechos delictivos las adelanta la Comisión de Investigaciones de la Cámara, para el caso de los Presidentes, y la Corte Suprema de Justicia, para el caso de los congresistas y gobernadores.

Esta última –en un hecho sin precedentes- fijó los días 8 y 9 de octubre de 2019 para escuchar al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez en indagatoria. El susodicho presentó una denuncia penal el 23 de febrero de 2012 ante la CSJ contra el entonces representante a la Cámara Iván Cepeda Castro, por un supuesto “complot” con testigos falsos que intentaba involucrarlo en actividades criminales de los grupos paramilitares. El 17 septiembre de 2014 el senador Cepeda promovió un debate en el Congreso contra el senador Uribe, específicamente sobre el paramilitarismo en Antioquia. Recién iniciado el debate, el senador Uribe anunció que se trasladaría a la Corte Suprema a denunciar al senador Cepeda por difamación y que regresaría al recinto. Pero no regresó.

El 16 de febrero de 2018 el senador Uribe pasó de denunciante a investigado, ya que la Corte se inhibió de seguir adelantando la indagación preliminar contra el senador Cepeda al concluir que éste “no abusó de sus funciones como congresista ni determinó a reclusos mediante sobornos para testificar”, y, por el contrario, ordenó la compulsa de copias en contra del senador Uribe para que se adelantaren las correspondientes pesquisas.

Que bueno para el estado de derecho y la democracia que sea la Corte Suprema la encargada de determinar si el doctor Uribe manipuló o no a los testigos e incurrió en fraude procesal, a partir del abundante material probatorio que obra en el proceso, según se desprende del comunicado a la opinión pública, del 17 de agosto de 2019, suscrito por Iván Cepeda Castro, Senador de la República, y la citación a indagatoria que deberá rendir el procesado.

Este escenario, que resulta sorprendente ante los antecedentes históricos, sólo está siendo posible porque los hechos concernientes ocurrieron cuando el doctor Uribe ya no era Presidente de la República, por lo que el caso vuelve a traer de relieve un debate de fondo que debe dar la sociedad colombiana: Blindar del alcance de la justicia a la figura del Presidente de la República arriesga nuestro derecho a un Estado de derecho que vele por todas y todos. La responsabilidad política y la rendición de cuentas de los expresidentes son hoy más necesarias que nunca.

Pasan dos años desde que la actriz demócrata de Hollywood Alyssa Milano lanzara la campaña “#Yotambién” para denunciar la violencia sexual que había sufrido en su trabajo e invitara a otras mujeres romper su silencio; y lo consiguió: miles de mujeres de todo el mundo y en decenas de idiomas se animaran a revelar y compartir sus secretos más dolorosos y humillantes haciendo historia: romper en pedazo al maldito concepto de honor, uno de los pilares de la familia patriarcal.

Pasó desaparecido que la frase ya había sido formulada en 2006 por otra víctima de violencia sexual, la activista afroamericana Tarana Burke quien después de conocer el drama de unas menores sometidas a abusos, fundó Me too Movement con el fin de generar conciencia sobre la dimensión de la agresión y la explotación sexual en la sociedad, promoviendo el «empoderamiento a través de empatía» entre mujeres.

El éxito universal de la campaña de Milano, que pone su énfasis en la conducta sexual grosero ejercido desde el poder, se debió quizás a que fue utilizada por los medios de comunicación demócratas contra un Donald Trump que había sido acusado por varias mujeres de perversión y abusos sexuales. Unas 50 diputadas de un Partido Demócrata sin ideas e incapaz de reclutar a diferentes sectores sociales (mujeres, trabajadores, inmigrantes, las minorías “raciales” y religiosas, los ecologistas, etc.), perjudicados por las políticas de un inepto presidente que se le regalaba decenas de motivos en bandeja, pidieron su dimisión o una investigación al respecto para someterle a una moción (impeachment). Y cuando se dieron cuenta de su error, empezaron a cometer otro: esta vez con el llamado Rusiagate, mientras 45 millones de mujeres, hombres, negros, blancos, nativos y emigrantes viven en la absoluta pobreza.

El mundo debería haberse estremecido al conocer parte de la magnitud de tanto horror sufrido en silencioso, pero ¿lo hizo?

Los dos sectores anti #MeToo

1. Desde la derecha la campaña fue atacada con los siguientes argumentos:

• Las mujeres son cómplices de los abusos: utilizan sus encantos para escalar en su trabajo. Aunque en los ínfimos casos fuese así, ¿por qué los hombres no necesitan hacer lo mismo?
• El deseo sexual masculino es imposible de controlar por estar incrustado en sus genes que no en una mente que considera a la mujer un ser creado para satisfacer las necesidades de los hijos varones de Adán. ¡Falso biologismo! ¡No hay registro histórico de la violación colectiva de mujeres en biquini o bañador en ninguna playa por los hombres bañistas, pero los hay y millones sobre el acoso y los abusos de los jefes a sus empleadas en los 195 países del planeta! La diferencia es que en un lugar carecen del poder para hacerlo y en el otro sí. En el trabajo, ellas aguantan la agresión sexual porque dependen de la voluntad del hombre para ser contratadas, ocupan puestos de menor categoría en la jerarquía de poder y son las primeras en ser despedidos.
• Si no resisten, significa que les gusta, sino “se irían”: pero no “se van” porque la mayoría tiene todas las puertas bloqueadas y no pueden permitirse el lujo de perder su trabajo mientras tienen bocas que alimentar, y aunque se vayan, en el segundo, el tercero y el último trabajo encontrarían el mismo problema.

• El tipo de ropa que llevan es una autorización a ser tocadas, asaltadas:  Es lo que pensó un tribunal de Irlanda, al absolver en 2018 a un violador después de que su abogado mostrase el tanga que había llevado su víctima de 17 años. El hashtag #ThisIsNotConsent con las fotos de tangas invadieron las redes sociales. ¿Por qué, entonces, a ninguna mujer se le ocurre manosear ni mucho menos violar a los hombres que andan sin camisa y con los pechos expuestos en la Rambla de Barcelona?

Millones de mujeres musulmanas que obligadas (por Dios, el Estado o la familia) se cubre con el velo también sufren tocamientos e incluso violaciones en los espacios públicos. Una encuesta a las mujeres egipcias, (que hoy al contrario de lo que pasaba en los años setenta ninguna se atreve a ponerse minifalda), casi todas con el velo, realizada por la ONU en 2013, mostró que el 99,4% había experimentado acoso y abusos sexuales.

El asalto a las mujeres en las calles de Afganistán es tal que ni se salvan las que llevan el burka (prenda que justamente lo único que resalta es el sexo de la persona). Este fue el tema del performance de la artista afgana Kubra Khademi, que  hizo de gladiatoria de bragas de acero para mostrar por qué hay padres que no dejan que sus hijas vayan al colegio. El hastag #MosqueMeToo (“Mezquita yo también”) denuncia que ni en los lugares sagrados como la Meca, las mujeres aun ultratapadas están a salvo.

1. Desde la extrema izquierda se alega que #MeToo:

• Es una campaña de mujeres burguesas. ¡Vale, porque ellas tienen medios para expresarse y su voz llega. Pero, esta lacra, y otras incluidas en la violencia contra la mujer, la sufren todas (en diferentes grados y formas), independientemente de su clase, raza o religión. Las temporeras marroquíes de Huelva también denunciaron en 2018 el acoso, los abusos sexuales (tocamientos en pechos y genitales) y coacción del empresario, pero el juez instructor lo archivó. La presión social hizo que la justicia ordenase reabrir el caso. Luego están, las amordazadas, como millones de madres en los campos de refugiados de Kenia, Somalia, Sudan, Siria, Jordania, Turquía, y otros que cada vez que tiene que pedir una barra de pan para sus hijos son manoseadas, incluso violadas por los vigilantes o proveedores de alimentos.
• Se centra en el dolor de una misma que no la discriminación integral de la mujer como colectivo. “Yo también”, es una pieza más de una causa común, y tiene el potencial de construir una solidaridad en base del sufrimiento compartido, y no hay que pedirle más.
• Su objetivo no es desmantelar el neoliberalismo patriarcal. ¡Cierto! Pero esto no debe impedir hacerle un “apoyo crítico”. Reclamar la libertad personal de expresión de mujeres que incluso hoy están forzadas a callarse significa romper los tabús creados durante milenios que hacen de mordaza. La campaña cuestiona la normalidad del abuso del poder, y ha planteado la necesidad de expresar el consentimiento en una relación sexual.

Los males de MeToo

• Al carecer de un enfoque ideológico para analizar el problema, cuestiona la “actitud poco moral” de algunos hombres, que no la estructura del poder, el monopolio de los hombres sobre los recursos y medios económicos, y una milenaria cultura misógina legitimada por muchas religiones. La superioridad es el concepto que el sexismo comparte con el racismo y también con el especismo.
• Carece de respuestas incluso para suavizar la opresión multidimensional a la que están sometidas todas las mujeres que trabajan.
• Comparte la visión con quienes abogan que el empoderamiento individual conduce a la liberación colectiva, pidiendo más puestos para las mujeres “valiosas” en el poder, que no es otro que participar en la gestión de la explotación, legitimando y reproduciendo el sistema, y liberarse ellas que no las mujeres. El modelo individualista del feminismo, que achaca la disfunción de una sociedad fundada en la explotación y la lamentable situación de mujeres a la falta de ambición de ellas, les propone atiborrarse de libros de “autoayuda”, ser “agresivas”  y “emprendedoras”. Si aun así, y matándose en el esfuerzo, no consiguen triunfar será porque no se lo merecen.

Si el «feminismo de Twitter» no acaba con una complejo y milenario sistema de explotación de unos sobre otras, la “lucha armada” tampoco lo consigue: Phoolan Devi, la Reina Bandida, una mujer india que había sido violada en varias ocasiones por una manada de hombres, creó un grupo armado de mujeres que mató a una veintena de depredadores sexuales, todos de castas superiores. Después de pasar 11 años en prisión –sin ser juzgada–, la heroína de los pobres fue elegida diputada. En 2001 fue asesinada a balazos por defensores de la supremacía masculina.

La necesidad de acciones colectivas

El 16 de agosto, varios miles de mujeres ocuparon la Zona Rosa de la Ciudad de México, -en un país donde cada día al menos 10 mujeres son asesinadas-, en protesta por la violación de una joven por cuatro policías y la indiferencia de las autoridades. Días antes, un grupo de mujeres asaltó con espray una jefatura de la honorable policía, pintándola de rosa. Para un poder que se aterroriza viendo un pueblo movilizado, la “violación” del espacio policial era más grave que la violación y el asesinato de mujeres por estos individuos. El movimiento feminista universal, como movimiento político, necesita acciones contundentes que visibilicen su profundo malestar por los recortes de derechos logrados durante siglos de lucha, y no sólo para así ser escuchado, sino también para atraer a las jóvenes al activismo en las calles, universidades y fábricas, traspasando el “me gusta” del ordenador.

Por Nazanín Armanian

25 agosto 2019

Como en muchas ocasiones durante estos 22 años, nuestra Comunidad de Paz nuevamente deja constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cueles hemos sido víctimas al querer seguir en resistencia civil, en la defensa de la vida y del territorio.

Nuestra región se encuentra de nuevo de luto, gracias a la permisividad de la Brigada 17 del Ejército, pues los paramilitares asesinaron a otro joven campesino de nuestro Corregimiento que se negó a someterse a sus imposiciones arbitrarias y absurdas. Una evidencia más de que el paramilitarismo tiene las manos libres para proclamarse dueño de la vida y de la muerte de la población civil. Mientras el Gobierno y su Brigada militar 17 de Carepa afirman que el paramilitarismo no existe y que nuestra Comunidad de Paz inventa crímenes para desacreditarlos, la sangre sigue corriendo en nuestro territorio; los victimarios siguen en libertad y con carta blanca para seguir matando y las listas de próximos ejecutados circulando y sembrando terror, al tiempo que las organizaciones civiles, como las juntas comunales, que debieran reaccionar con energía, guardan silencio y se paralizan.

Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes: 

• ·El domingo 18 de Agosto de 2019, entre las cinco 5 y las 6 de la tarde, fue asesinado el joven WEVER ANDRÉS ARIAS GARZÓN o UBER como lo llamaba la familia entre las veredas La Linda y La Cristalina, del corregimiento de San José de Apartadó. El crimen fue perpetrado por paramilitares que controlan la zona, los cuales ingresaron a la vivienda donde Wever Andrés se encontraba solo en ese momento, pues su compañera se encontraba en San José haciendo mercado. Le hicieron 4 disparos de arma de fuego que acabaron con su vida. Ese mismo día domingo, al enterarse del hecho, nuestra Comunidad de Paz organizó una comisión humanitaria para ir hasta el lugar de los hechos y acompañar a la familia. Se logró salir a las 11:00 de la noche, llegando al lugar a la 1:30 de la madrugada del lunes 19 y acompañar a la familia y amigos que se encontraban allí. Al mismo tiempo se habló con la Defensoría del Pueblo para que realizara las diligencias respectivas para el levantamiento del cadáver. Sólo a las 12:30 del día lunes 19 de agostode 2019, 19 horas después del asesinato, llegaron hasta el sitio miembros de la SIJIN, la Policía y el Ejército supuestamente para hacer el levantamiento del cadáver. Sin embargo un Sargento le dijo a la madre de la víctima que era mejor que los civiles que se encontraban allí recogieran el cadáver y lo llevaran hasta San José donde los esperaría un grupo de la policía, pues ellos estaban muy cansados y no podían llamar un helicóptero.

Miembros de nuestra Comunidad le insistieron a la Defensoría del Pueblo de Apartadó que llamara a las autoridades competentes y de allí se comunicaron con el Coronel Pavón, comandante de operaciones, pero él respondió que era la policía la que debería levantar el cadáver y llevarlo a San José. Las dos órdenes contradictorias solo evidenciaban la irresponsabilidad rutinaria de la fuerza pública que busca siempre evadir y sacarle el cuerpo a sus obligaciones.

Ante tanta tardanza, la familia había pensado en un momento levantar el cadáver y llevarlo hasta San José, pero al ver llegar a la fuerza pública esperó a que ésta lo hiciera. No lo hicieron sino que le pidieron a la familia que lo hiciera. Nuestra Comunidad, que estaba un poco alejada para no permanecer junto a gente armada, según sus principios, se acercó a hacerles el reclamo cuando vio que los del GOES se iban a retirar dejando allí el cadáver. Los policías se enojaron, reiteraron que estaban cansados y dijeron que entonces habría que esperar otras 6 horas hasta conseguir un helicóptero y se fueron, anunciando que después recogerían el cadáver.

Mientras los integrantes de nuestra Comunidad regresaban, separados de la fuerza pública y acompañando a la madre de la víctima, fueron alcanzados por familiares y amigos de Wever Andrés, quienes, ante la irresponsabilidad de la fuerza pública, decidieron recoger el cadáver en una hamaca y llevarlo hasta San José.

• ·Este mismo lunes 19 de Agosto de 2019, el paramilitar alias ARCADIO TAMAYO y su hermano menor se encontraban cerca del río, a 50 metros del casco urbano de San José, pendientes y tomándole fotos a la comisión de nuestra Comunidad que venía de regreso del lugar donde los paramilitares habían asesinado al joven Wever Andrés.
• ·El martes 20 de Agosto de 2019,nuestra Comunidad se enteró de que los paramilitares amenazaron a la población civil para que no saliera a hacer el levantamiento del cadáver de Wever Andrés, lo que explicaba que ninguna de las Juntas de Acción Comunal se acercó incluyendo a La Asociación Campesina de San José de Apartadó (ACASA) al lugar de los hechos. Seguramente estaban paralizadas por el terror. Según las informaciones que fueron suministradas a nuestra Comunidad, los paramilitares alias ALFREDO o ALFREDITO, alias ARCADIO, alias SANTIAGO, y alias KALET ex combatiente de las Farc y beneficiado en el programa de desmovilizados del Gobierno Nacional, entre otros reclutados por los paramilitares alias RENE y los hermanos CARDONA, han sido los autores materiales acompañados de sus jefes inmediatos de éste y otros asesinatos y se la pasan con todos los demás comandantes paramilitares en medio de la Policía y el Ejército en San José, consumiendo alcohol  y coordinando nuevas acciones criminales.

Pero resulta que WEVER ANDRÉS ARIAS GARZÓN ya estaba condenado a muerte, como lo estuvieron otros que fueron ejecutados antes de él. Figuraba en la LISTA DE LA MUERTE DE LOS PARAMILITARES. El martes 18 de septiembre de 2018 fue amenazado de muerte en la vereda La Cristalina, cuando era parte de la familia Guisao, por no aceptar que los paramilitares lo empadronaran para que pudieran tener control sobre su vida y obligarlo a participar en actividades paramilitares (Ver Constancia del 14 de octubre de 2018). Y ya hace algunos meses que vivía independiente con su compañera, Fue incluido en una lista de ocho personas para asesinar el pasado 17 de enero de 2019 (Ver Constancia del 18 de enero de 2019). Luego, el 20 de abril de 2019, los paramilitares habilitaron la lista para volver a asesinar, luego de un receso en el crimen, según ellos, a causa del ruido causado por las constancias públicas, y el 25 de abril de 2019 los paramilitares alias SANTIAGO y alias ARCADIO le prohibieron al joven Wever Andrés tumbar un pequeño rastrojo para sembrar un lote de maíz en su finca, y si lo hacía, tendría que pagar una multa de 5.000.000 (cinco millones de pesos), órdenes que no quiso obedecer y sembró su cultivo de maíz (Ver Constancia del 9 de mayo de 2019). Hoy, 3 meses después, es asesinado por no someterse a sus proyectos de muerte.

Ya son muchas las ocasiones en que hemos dejado constancias de que existe un grupo de personas civiles que vienen siendo amenazadas por los paramilitares, pero las instituciones militares y policiales se hacen los sordos ante las agresiones que sufren los campesinos en la zona. El pasado 22 de diciembre de 2017 dejamos constancia de que había un plan para asesinar a nuestro representante legal German Graciano Posso y 7 días después, el 29 de diciembre, fue el atentado contra su vida, el cual gracias a Dios y a nuestra Comunidad de Paz se pudo resistir (Ver Constancia del 22 de diciembre de 2017). Con esa misma lista que los mismos paramilitares anuncian, están matando, a pesar de que lo hemos advertido al país y al mundo en diversas constancias. Ya van 3 personas asesinadas recientemente de esa lista: el 16 de enero DEIMER USUGA HOLGUÍN; el 7 de julio YEMINSON BORJA JARAMILLO; el 18 de agosto WEVER ANDRÉS ARIAS GARZÓN. Y las autoridades competentes se siguen haciendo las de la vista gorda ante los hechos. Hacemos responsable a la Brigada 17 del Ejército y a la Policía de Urabá por estos crímenes que los paramilitares han perpetrado, pues si se dieran a la verdadera tarea de garantizar la protección de la población civil y no a la complicidad con esos grupos que conviven con ellos desde hace 22 años, no hubieran centenares de personas asesinadas en nuestra región. Al mismo tiempo hacemos responsable al Gobierno Nacional por lo que le pueda pasar en adelante a cualquier miembro de nuestra Comunidad de Paz o a otro poblador de nuestro entorno, pues en las listas de los paramilitares se anuncia que hay miembros de nuestra Comunidad de Paz a la vez que campesinos de nuestros vecindarios. Desde hace 22 años, nuestras Constancias llegan al Palacio Presidencial con censura moral y exigencia de derechos, pero NADA PASA. TODO SIGUE IGUAL.

De nuevo agradecemos a las muchas voces de ánimo que recibimos a diario desde el país y del mundo que nos brindan fuerte apoyo moral y político para continuar en nuestra resistencia ética y nunca callarnos ante los crímenes de lesa humanidad. A todas y a todos nuestra profunda gratitud.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Agosto 21 de 2019

El general Nicacio Martínez elaboró un documento que llama a “construir una narrativa” unitaria ante la Comisión de la Verdad y el tribunal de paz

Colombia se juega la verdad de su conflicto armado de más de medio siglo. Y los militares son conscientes de la trascendencia y de las consecuencias políticas y legales de ello. A eso apunta una nueva directriz, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, firmada por el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, en la que da pautas a los militares para “la construcción de una narrativa marco del conflicto armado colombiano” ante los requerimientos que hace la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), este último, el tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves de la guerra.

El documento, con el nombre de Plan 002811, del 13 de marzo de 2019, va dirigido a los jefes del Estado Mayor de Comando del Ejército. En él, Martínez les ordena tener un plan coordinado para la comparecencia de militares ante las dos instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC. Y establece las “líneas de contra argumentación” que usará el Ejército ante éstas, en lo que apunta a la construcción de una verdad institucional coordinada.

La narrativa –dice el comandante del Ejército– “busca guiar la posición institucional en los espacios de verdad y memoria histórica” y se hará a través de tres frentes: “Las líneas de contra argumentación, el esclarecimiento de casos emblemáticos y la visibilización de afectación de las víctimas militares”.

En los últimos meses, 2.000 militares se sometieron a la JEP y rendirán versiones sobre su participación en los llamados falsos positivos –ejecuciones extrajudiciales en las que civiles fueron presentados como guerrilleros a cambio de recompensas– y otros casos emblemáticos. “Las líneas de contra argumentación constituirán una guía para las contribuciones que potencialmente hagan los miembros del Ejército Nacional en el marco del trabajo de la CEV (Comisión de Esclarecimiento de Verdad), y eventualmente a la Justicia Especial para la Paz; deberán ser conocidas; discutidas, ampliadas y comentadas entre los potenciales contribuyentes del Ejército al trabajo de la CEV; así mismo incorporadas como directriz de trabajo la institución en los ámbitos de verdad, memoria y justicia transicional”, agrega el documento.

La Comisión de la Verdad –presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux– comenzó a finales del 2018 sus tres años de mandato. Su propósito es entregar un informe final que dignifique a las víctimas y arroje luces sobre el complejo y extendido conflicto colombiano, que involucró a guerrillas, grupos paramilitares y fuerzas del Estado. Es una entidad de carácter extrajudicial, que no pretende aportar una verdad jurídica, pero trabaja en coordinación con la JEP. Esta última es la encargada de juzgar los crímenes más graves, con beneficios judiciales a cambio de confesiones y reparación a las víctimas, en un periodo de 15 años prorrogables por otros cinco.

La Comisión ha venido enfrentando hasta ahora obstáculos de acceso a la información. En los nueve meses de vigencia que tiene la CEV no han recibido ni un solo documento por parte del Ejército. Aunque el informe final del conflicto se entregará en 2021, los comisionados deben tener la información con tiempo para contrastar los hechos.

EL PAÍS buscó comunicarse con la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército para conocer cómo garantizará que esta directriz no incida en los relatos que los militares cuentan ante la Comisión y la JEP, sin obtener respuesta.

El segundo eje del Plan será destacar los “casos emblemáticos” de violaciones al Derecho Internacional Humanitario en los que participaron grupos como las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –hoy desarmadas y convertidas en partido político en virtud del acuerdo de paz sellado a finales de 2016–. Para esto, Martínez le pide a los oficiales que acopien documentos y estadísticas de cómo las FARC afectaron a cada jurisdicción militar. Finalmente, y en línea con estas dos estrategias, el relato institucional del Ejército buscará mostrar cómo estos han sido víctimas del conflicto armado. “La información de las víctimas del Ejército Nacional será enmarcada dentro de dos circunstancias particulares, cuando han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos o graves infracciones al DIH”. Para eso anexan un formato que debe ser llenado por las unidades operativas. Para completar el relato, Martínez también ordena que se haga un listado de las acciones sociales del Ejército en los territorios y la designación de un sociólogo, un oficial de inteligencia y uno de operaciones para la construcción de la narrativa.

En el último año, el Ejército ha estado en la mira de la opinión pública en Colombia por cuenta de otra orden firmada por el general Nicacio Martínez en la que se pedía aumentar las bajas en combate y alimentaba el temor por el retorno de los incentivos que favorecieron los falsos positivos. Tras la controversia, la orden fue retirada. Por otro lado, la cúpula ha enfrentado denuncias de diversos tipos de corrupción que han provocado la salida de la institución de cinco generales.

Por Catalina Oquendo

Bogotá 20 AGO 2019 - 20:24 COT

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

En las últimas semanas se ha notado otra vez una intensa presencia de paramilitares camuflados y con armas largas, los cuales han entrado por la vereda Playa Larga provenientes de Nuevo Antioquia, corregimiento de Turbo, y por la vereda La Resbalosa provenientes de Córdoba. Están llegando a las veredas e intimidando a los campesinos, anunciando que les van a quitar sus teléfonos celulares para que no informen de su presencia a nuestra Comunidad de Paz, insistiendo en que está prohibido informar de su presencia y menos a la Comunidad de Paz.

Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes: 

• El martes 30 de julio de 2019, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz se enteró de que estaban amenazando fuertemente a los integrantes de nuestra Comunidad que viven en la vereda La Resbalosa. Allí los paramilitares están anunciando que no van a permitir que los miembros de nuestra Comunidad sigan trabajando en una de las fincas comunitarias de nuestro proceso de vida en dicha vereda. Al parecer hay muchos intereses empresariales y de narcotráfico que los llevan a impedir que la gente siembre alimentos en huertas de pan coger, pues quieren que la tierra se dedique a objetivos ajenos a los de la subsistencia del campesinado y que éste se someta a planes e intereses de sectores poderosos que solo buscan dañar y destruir la naturaleza y explotar al campesino para su provecho.
• El jueves 1º de Agosto de 2019, en horas del día, nos llegaron informaciones según las cuales los paramilitares que controlan las 32 veredas de San José de Apartadó les están   prohibiendo terminantemente a los pobladores, especialmente a quienes tienen tierras en las veredas de Mulatos, La Resbalosa y La Esperanza, entre otras, vender sus tierras sin permiso de ellos y menos a la Comunidad de Paz, advirtiendo que, si alguien lo hace, tendrá que atenerse a graves consecuencias. Fuera de la persecución que el paramilitarismo ha sostenido durante más de dos décadas contra nuestra Comunidad de Paz, buscando a toda costa su exterminio y desaparición, la población de la región percibe cada vez más claramente que el paramilitarismo, y los poderes que detrás de ellos se expresan, buscan un control cada vez más absoluto del territorio para someterlo a planes perversos, en beneficio de una élite pequeña y poderosa.
• El viernes 2 de Agosto de 2019, en horas del día, nos llegaron informaciones de que el comandante paramilitar alias “René” quien ha sido desde hace algún tiempo el encargado del control y expendio de drogas en el área de San José, se había retirado de la zona diciendo que se trasladaba a causa de las fuertes denuncias que hay en su contra, lo cual le impedía ejercer mayor control. Según informaciones, fue trasladado por sus mandos paramilitares al corregimiento de Piedras Blancas, del municipio de Carepa. Al despedirse lanzó fuertes amenazas contra nuestra Comunidad de Paz, manifestado que: “la única que denuncia es esa Comunidad de Paz, pero esto no se quedará así”.
• El sábado 3 de Agosto de 2019, en horas de la noche, llegaron cerca de 15 paramilitares camuflados y portando armas largas de fuego a la vereda El Porvenir. Allí ingresaron a las viviendas de los campesinos anunciando que llegaron para solucionar algunos problemas de mala fama que tienen los paramilitares en la zona, manifestando: “estamos aquí porque la población civil dice -y hay muchas denuncias que así lo muestran- que nosotros los paramilitares somos unos asesinos y ladrones y eso lo vamos a solucionar, pues nosotros no somos malos”. Al mismo tiempo, en tono amenazante, preguntaron a los pobladores que si tenían celulares, a lo que los pobladores respondieron que no. Allí permanecieron toda la noche en los alrededores de las fincas.
• El domingo 4 de agosto de 2019, a las 12:00 del día, fueron vistos nuevamente estos mismos paramilitares que habían llegado el día anterior a la vereda El Porvenir y que se habían quedado acampando cerca de las viviendas de los campesinos.
• El martes 6 de Agosto de 2019, nuestra Comunidad de Paz hizo presencia, con acompañamiento internacional y de la Defensoría del Pueblo de Apartadó, en las veredas Alto Joaquín y Puerto Nuevo y en el corregimiento de Frasquillo, del municipio de Tierralta Córdoba. Allí nuestra comunidad defiende unas propiedades colectivas en la cuales viven miembros de nuestro proceso de Comunidad de Paz. Se pudo evidenciar que los paramilitares siguen siendo los que controlan todo allí, desde el comercio de drogas de uso ilícito, las que transportan con el permiso de la Armada Nacional que tiene allí una base; el comercio de alimentos, el cual controlan para no vender sino a quienes ellos les quieren vender; el control sobre la represa, regulando toda la movilidad en embarcaciones tipo Johnson, y el despojo de tierras de las familias que viven cerca de la represa. Todo esto ligado al pago de impuestos obligatorio que le exigen a los campesinos.
• El miércoles 7 de Agosto de 2019, nuestra Comunidad realizó un recorrido con acompañamiento internacional hacia la vereda La Esperanza, pasando por la vereda El Porvenir ambas dentro del territorio del corregimiento de San José, pues ya habían muchas informaciones según las cuales los paramilitares habían estado en esos días anteriores recorriendo las viviendas de los campesinos. Estando allí, en el camino que conduce de la vereda El Porvenir hasta la vereda La Esperanza, se pudo comprobar que había presencia de paramilitares armados muy cerca del camino, lo cual confirmaba su presencia en la vereda El Porvenir. Según pobladores de la vereda La Esperanza, los militares habían estado esos mismos días patrullando en la vereda La Esperanza pero no en El Porvenir, distante unos 40 minutos de La Esperanza y que era el lugar donde los paramilitares estaban llegando a ingresar a las casas de los campesinos. Ya es suficientemente conocida la táctica militar y su articulación con los paramilitares, consistente en no coincidir en los mismos espacios para no dar la impresión de que se apoyan mutuamente.
• El jueves 8 de Agosto de 2019, a las 9:00 de la mañana, un contingente militar de la Brigada 17 del ejército llegó al pequeño caserío, antiguo asentamiento de nuestra Comunidad de Paz en la vereda La Unión, allí comenzaron a visitar las casas de los campesinos  haciendo un censo o empadronamiento. No sabemos qué objetivo tendría dicho censo, lo que es muy claro es que en años anteriores la Brigada 17 del ejército hacía estos censos o empadronamientos ilegales y todas esas informaciones terminaban en las manos de los paramilitares quienes luego iban asesinando a mucha gente que aparecía en esas listas.

El pasado 19 de junio se puso en conocimiento del Presidente Duque un compendio de agresiones contra nuestra Comunidad de Paz, sufridas entre agosto de 2018 y mayo de 2019 [Rad: EXT 19-00060721], con la reiterada petición de cumplir sus obligaciones constitucionales como garante de derechos, todo acompañado de un recordatorio de principios de derecho internacional que le impone a todo mandatario hacerse cargo de los hechos de sus predecesores cuando no se decide a condenar, corregir y reparar lo que viene del pasado destruyendo el Estado de Derecho. La respuesta fue idéntica a la de los ex Presidentes Samper, Pastrana, Uribe y Santos: remitirle los llamados al Ministerio de Defensa (responsable de primer orden de los hechos) y allí las peticiones comienzan un peregrinaje de años, de oficina en oficina, donde ningún oficial o sub-oficial quiere repudiar los hechos perpetrados por sus colegas, prefiriendo solidarizarse con ellos en el disimulo, la evasión, el encubrimiento y la opción de manos caídas y “vista gorda”. Nada cambia. Nada cambia. Nada cambia. Todo sigue igual. Son rutinas que han trillado su camino en 22 años.

Una vez más nuestra Comunidad de Paz agradece a la multitud de personas en el país y en el mundo que se solidarizan con nuestra resistencia y que condenan con plena convicción ética y moral la criminalidad del Estado colombiano. A todas ellas nuestra sincera gratitud.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Agosto 16 de 2019

La Corte Suprema de Justicia, el 8 de agosto de 2019 precluyó la investigación contra la doctora Ángela María Buitrago Ruíz porque llegó a la conclusión que efectivamente Edgar Villamizar Espinel sí compareció a la Escuela de Caballería en el 2007 y, al no prefabricarse la prueba, el prevaricato por exclusión de materia quedó automáticamente sin sustento.

Corría el año 2007 cuando el cabo del ejército Edgar Villamizar Espinel llegó a la Escuela de Caballería durante una diligencia que adelantaba la fiscal Angela María Buitrago Ruíz en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Villamizar le dijo la verdad a la fiscal, que había visto en dicha guarnición militar a varios desaparecidos del Palacio y le escuchó decir al coronel Luis Alfonso Plazas Vega: “cuelguen a esos hijueputas”.

Tres años después, el señor Plazas Vega denunció a la fiscal Angela Buitrago por falsedad ideológica en instrumento público y prevaricato por acción, porque el nombre del testigo no coincidía, ya que en la declaración aparecía como Edgar Villareal y no Edgar Villamizar y porque tampoco concordaba el lugar de nacimiento del testigo. Además, sostuvo el coronel, que Edgar Villamizar se “retractó” en el 2009, dos años depués, al negar haber declarado ante la fiscal y al afirmar que no estuvo en la Escuela de Caballería en el 2007.

La Corte Suprema de Justicia, el 8 de agosto de 2019 precluyó la investigación contra la doctora Ángela María Buitrago Ruíz porque llegó a la conclusión que efectivamente Edgar Villamizar Espinel sí compareció a la Escuela de Caballería en el 2007 y, al no prefabricarse la prueba, el prevaricato por exclusión de materia quedó automáticamente sin sustento.

La misma Corte Suprema el 16 de diciembre de 2015 absolvió a Plazas Vega al otorgarle el beneficio de la duda, aseguró que la declaración de Édgar Villamizar Espinel de 2007, evidentemente sí se practicó, pero no le confirió crédito alguno a la declaración por no encontrar medios de convicción que permitieran corroborarla. Sobre este último aspecto, consideramos que en el expediente si existen medios de pueba que concuerdan y confirman lo dicho por Villamizar.

Primero. El agente de inteligencia militar Ricardo Gámez Mazuera le dijo a las autoridades que el coronel Luis Alfonso Plazas Vega dio la siguiente orden a subalternos: “me los llevan, me los trabajan, ya cada dos horas me dan informes”, refiriéndose los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia. En el argot militar de la época, “me los trabajan” significaba “me los torturan”.

Segundo. Los militares sí sabían el día y la hora en que el M-19 se iba a tomar el Palacio de Justicia, ya que hubo acuartelamiento de primer grado el 5 de noviembre de 1985 en Comando Especial, el Ciaes en Villavicencio al que pertenecía Villamizar y en las horas de la mañana del 6 de noviembre se trasladaron en helicóptero a Bogotá, desde la base militar de Apiay, Meta. Por otro lado, el 6 de noviembre a las 10:30 de la mañana, miembros de inteligencia del batallón Charry Solano llevaron álbumes fotográficos a la Casa del Florero para identicar a los integrantes del M-19 que participaron de la toma.

Tercero. Las torturas eran un modus operandi en la Escuela de Caballería. Ejemplo de ello fueron los choques eléctricos y ahogamiento a José Vicente Rubiano Galvis, y en otras instalaciones militares como el Charry Solano donde fueron torturados Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson, y en la propia Casa del Florero, puesto avanzado de la Brigada XIII, a Orlando Quijano.

Cuarto. Las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas como las del magistrado Carlos Horacio Urán, el administrador de la cafetería Carlos Rodríguez y la guerrillera Irma Franco hacen parte de un patrón de comportamiento del ejército durante la retoma y luego de finalizada esta.

Quinto. La declaración de Villamizar concuerda, entre otras, con las de José Vicente Rubiano, Eduardo Matson, Yolanda Santodomingo, Ricardo Gámez, Tirso Saénz y Marlio Quintero.

Sexto. Las “retractaciones” fueron una práctica sistemática de los militares en el caso Palacio de Justicia. Fueron obligados a cambiar su testimonio el sargento Bernardo Alfonso Garzón Garzón, el conductor del taxi del ejército Marlio Quintero Pastrana, -quien hacía parte de una fachada del batallón Charry Solano- y el cabo Edgar Villlamizar Espinel.

Séptimo. Los testigos falsos Alonso Vásquez López y Ariel Guillermo Valdés Gil, trataron de desvirtuar para restarle credibilidad a la declaración de Edgar Villamizar, lo cual obligó a la jueza que condenó al general Jesús Armando Arias Cabrales a compulsar de copias por falso testimonio a la Fiscalía para investigar la conducta de los testigos.

Octavo. la fiscal Ángela Buitrago así como distintas autoridades judiciales colombianas y la Comisión de la Verdad de la Corte Suprema, otorgaron plena credibilidad a lo descrito por Villamizar, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A propósito de la decisión de la Suprema del 16 de diciembre de 2015 que absolvió a Plazas, afirmamos en el libro El Pacto del Silencio, publicado en agosto de 2017: “Que no saque mucho pecho el coronel porque tiene rabo de paja. Que no ande señalando con un dedo a la fiscal Ángela María Buitrago porque tres de ellos apuntan hacia él. La Corte reconoció que no hubo suplantación del testigo Edgar Villamizar Espinel, tampoco la Suprema negó los hechos ni las desapariciones ni las torturas y ejecuciones extrajudiciales. Reconoció la Corte que son crímenes de lesa humanidad y ordenó que investiguen a Plazas Vega por exceso de uso de fuerza.”

Nos alegramos por la decisión inhibitoria de la Corte de agosto de 2019 en favor de la fiscal Angela María Buitrago Ruíz. Esperamos que la Fiscalía General de la Nación “desengavete” el caso a fin de superar la impunidad en que lo mantiene, luego de entregar restos incompletos de algunas víctimas a sus familiares. Esperamos que se supere el silencio y el miedo, con el fin de que la verdad y la justicia salgan adelante pronto, porque el paso del tiempo juega en su contra. Las víctimas tienen derechos que se deben satisfacer plenamente.

Conveniente "suicidio" de Jeffrey Epstein ante su juicio por pedofilia que implica a Trump.

Jeffrey Epstein ya había sufrido un premonitorio "desmayo" en su celda. Su conveniente "suicidio" salva muchas honras en el Olimpo del poder de Estados Unidos y Gran Bretaña.

Cuatro días antes, Wayne Madsen (WM) –ex funcionario de National Security Agency (NSA) y especialista en espionaje electrónico– opinó que el inicio del juicio de Epstein en el verano de 2020, en pleno paroxismo de la campaña electoral, descarrilaría la relección de Trump (bit.ly/2ZH5qUh).

Ya había abordado en tres artículos los avatares del hoy occiso: 1.“Pedofilia cupular del multimillonario J. Epstein: Casa Blanca/Virgin Island/Israel (bit.ly/2XIePOB)”; 2. “Caso Epstein de pedofilia cupular: renuncia Acosta, secretario del Trabajo de Trump (bit.ly/2xXTfGB)”; y 3. “Peter, sobrino de George Soros, en la ‘lista negra’ del pedófilo Epstein (bit.ly/2YZ9y0x)”, donde afloran sus connivencias eróticas con la "élite" política y empresarial de Estados Unidos y la Casa Real Británica.

WM expurgó el juicio escabroso de 2006 “Jane Doe contra Jeffrey Epstein y Donald Trump, (bit.ly/2YQLCxt) y (bit.ly/2YBQABT)”, que alega la violación en 1994 de una niña de 13 años en la mansión de Manhattan de Epstein, lo cual se acumulaba a las pestilentes aventuras del multimillonario en Florida/Nueva York/Nuevo México/Islas Vírgenes con metástasis sexuales en Francia y México (¡mega-sic!).

Lo mas explosivo se centra en que "la demanda federal en Estados Unidos contra Epstein está programada para empezar durante el verano de 2020 justo a la mitad de la campaña presidencial de Estados Unidos", cuya evidencia arroja "¡más de un millón de paginas!", que "afectará el resultado de la elección".

A juicio de WM –quien reveló los vínculos del mega-especulador George Soros con la CIA (goo.gl/F6h7sC) y (goo.gl/bqLJn4)–, la estrecha relación de Trump con Epstein “puede ser la razón por la cual varios republicanos de la Cámara de Representantes no competirán: "lo que se esperaba una derrota de los republicanos en 2020 puede ser un tsunami si el juicio de Epstein produce la esperada información explosiva de los residentes (sic) multimillonarios en la isla Palm Beach en Florida, hogar de Epstein, Trump y otros mega-ricos muy influyentes".

WM expone los vínculos de Epstein con el Mossad, agencia de espionaje israelí, así como sus periplos en Francia y México (sic).

¿Existirán traslapes entre la pedofilia trasnacional de Epstein con los fétidos escándalos del albergue "Mama Rosa", tenazmente "defendida" por Letras Libres (sic) de Televisa (bit.ly/2LQdrCm), así como con la secta sexual esclavista de NXIVM, donde brotan los vástagos de tres ex presidentes de México (Salinas, De la Madrid y Fox) y la connotada regiomontana Rosa Laura Junco de la Vega Garza T. (bit.ly/2YV9ZJB)?

WM devela el "pasaporte austriaco fake" que Epstein usaba en sus vuelos trasnacionales: "el uso de los pasaportes fake, una especialidad del Mossad" que mantiene una "industria de pasaportes" en Israel y que han sido usados para "operaciones del Mossad" en 22 países (sic), que incluyen a México (sic).

¿Los pasaportes fakes de los tres criminales israelíes, dos de ellos asesinados en Galería Artz del Pedregal, y uno expulsado de Cancún en forma bizarra (bit.ly/2TjYBpt), habrán sido confeccionados por el Mossad?

WM comenta que "los más altos escalones de la estructura política y del espionaje de Israel forman parte prominente del círculo de asociados y amigos de Epstein".

WM arguye que "el uso de chantaje sexual por las agencias de espionaje son operaciones muy añejas", pero que "el uso de menores (sic)" en los casos de "trampas de miel" son prácticamente la exclusividad del Mossad.

Epstein manejó el portafolio financiero de Leslie Wexner, cuya "Fundación Wexner otorgó generosos donativos a organizaciones israelíes, que incluyen becas para funcionarios del gobierno de Israel con el fin de obtener títulos de posgrado en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard" ¡Mega-Uf!

El "suicidio" de Epstein beneficia a la relección de Trump.

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De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

La muerte lenta sigue siendo el mayor incentivo de terror para someter a la población, pues cada rincón de la zona está cubierto por paramilitares que controlan las salidas y las entradas. El caso del Corregimiento de San José es preocupante pues desde allí los paramilitares controlan todas sus veredas y lo hacen en presencia de un puesto de la policía y de una base del ejército que hacen presencia permanente en el caserío, allí mismo donde los jefes paramilitares se coordinan con sus tropas y organizan festejos sin ser molestados por nadie.

Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes: 

• El mes de mayo de 2019, en la  vereda La Unión del corregimiento de San José el reconocido paramilitar alias “Ramiro” quien llegó allí haces unos meses a controlar y someter a la población civil al paramilitarismo, amenazó de muerte a su padrastro el señor Emilio el cual tuvo que desplazarse a otros lugares por seguridad. 

• El martes 25 de junio de 2019, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz recibió información sobre la ocurrencia de un posible asesinato en el sitio conocido como Caño Seco, en límites con la vereda La Unión- Carepa. Según dichas informaciones, ninguna persona podía denunciar el hecho y mucho menos venir a informar sobre el caso a nuestra Comunidad de Paz. Ese mismo día el programa Familias en su Tierra se reunía en la vereda Mulatos-Cabecera con las juntas de acción comunal de las veredas Mulatos, Resbalosa, La Esperanza, La Hoz, entre otras, en un evento que ocultó el asesinato mencionado, del cual no se tuvo más información.  
• El sábado 29 de junio de 2019 llegaron informaciones a nuestra Comunidad según las cuales en el caserío de San José de Apartadó el reconocido comandante paramilitar alias René, quien ha sido el encargado de controlar y someter a la población civil a sus proyectos de muerte, realizó una fiesta en la cual participaron muchos paramilitares; allí lanzó serias amenazas de muerte contra pobladores de la zona, algunos de los cuales se encontraban allí mismo. La policía y el ejército que hacen presencia permanente en ese centro urbano conocen muy bien el accionar de los paramilitares y son totalmente permisivos frente a este fenómeno, el cual sigue evidenciando  la complicidad de la fuerza pública con el paramilitarismo, innegable durante varias décadas. El mismo día 29 de junio de 2019, según algunos pobladores, los paramilitares habían planeado asesinar a una familia de la región, razón por la cual esa familia tuvo que desplazarse a otros lugares.
• El martes  2 de julio de 2019,  en horas de la mañana, el señor Elkin Ortiz y su hijo Wilson Ortiz conocido como “Morochito” quien está integrado al paramilitarismo y quienes desde hace casi dos años viven en el centro urbano de San José, dañaron una de las plantaciones de cacao certificado y productos de  pan coger que se ha cultivado en grupos de trabajo de nuestra Comunidad de Paz en la finca la Roncona, allí cortaron y dañaron los alambrados y de esta manera lo han venido haciendo desde hace más de 6 meses. Nuestra comunidad se desplazó al lugar y tomó evidencias, las cuales el joven paramilitar Wilson Ortiz rechazó y trató de impedir. La finca la Roncona es una propiedad que nuestra Comunidad de Paz ocupa en posesión legal desde hace más de 22 años y donde tenemos nuestras plantaciones de cacao certificado y cultivos de pan coger. El 11 de septiembre del 2018 sufrimos una invasión allí en La Roncona por parte de más de 100 personas, entre las cuales se encontraban el señor Elkin Ortiz y sus hijos paramilitares; en esa ocasión dañaron muchas plantaciones de cacao y pan coger. Ahora el Señor Elkin Ortiz, quien ha buscado apropiarse de un espacio de La Roncona, supuestamente por órdenes de los antiguos dueños y además utiliza a sus hijos paramilitares para amenazar a nuestra Comunidad de Paz. Este caso lo ha puesto la Comunidad en conocimiento de la Defensoría del Pueblo desde hace 6 meses pero no se ha generado ninguna solución para que el señor Elkin Ortiz deje de perjudicar a nuestra Comunidad de Paz.
• El sábado 6 de julio de 2019, en horas de la tarde, el paramilitar Wilson Ortiz, junto a su padre  Elkin Ortiz, interceptó en la salida de San José a Sirly Cerpa, integrante del Consejo Interno de  nuestra Comunidad y feligrés de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para enviar amenazas a nuestra Comunidad, manifestando: “no me gustó ni poquito que me tomaran fotos y videos allá abajo en La Roncona y no voy a permitir que eso vuelva a pasar porque la próxima vez voy a reventarles esas cámaras”.
• El domingo 7 de julio de 2019, en horas de la tarde, fue asesinado por varios impactos de arma de fuego, en la vereda La Balsa, del corregimiento de San José de Apartadó, el joven YEMINSON BORJA JARAMILLO, en hechos atribuidos a los paramilitares que controlan la zona, pues la carretera que conduce del corregimiento de San José hasta el área urbana de Apartadó está totalmente controlada por paramilitares que se movilizan permanentemente en motocicletas. Las razones o justificaciones que dan para matar es que “son ladrones o marihuaneros”. La verdadera razón de estas muertes es el sometimiento forzado de la población al paramilitarismo; quien no se someta, simplemente es asesinado y así el terror les sirve de instrumento de sumisión. Ya hemos dejado muchas constancias públicas sobre el avanzado reclutamiento de jóvenes que son entrenados por paramilitares para matar; sobre el expendio de drogas; sobre los hurtos y el cobro de vacunas a los campesinos. La nula respuesta del Estado y sus instituciones las hace responsables de que los paramilitares terminen con la vida de personas inocentes, pues los verdaderos ladrones son los integrantes de toda esta estructura paramilitar que recluta y roba los sueños a nuestros jóvenes y los somete al imperio de las drogas y demás formas de degradación de la vida. Nos solidarizamos con la familia de Yeminson y pedimos a Dios que lo tenga disfrutando de la vida en plenitud.
• El lunes 8 de julio de 2019, nuestra Comunidad partió hacia la vereda La Unión donde se realizó la conmemoración de los 19 años de la masacre de 6 líderes de nuestra Comunidad de Paz, perpetrada por paramilitares y militares el 8 de julio de 2000. Al regresar de allí en horas de la tarde, al pasar por el caserío de San José, el paramilitar Wilson Ortiz alias “Morochito” amenazó de muerte a dos miembros de nuestra Comunidad, manifestando: “Ahí vienen  esos hp para llenarles la cabeza de plomo; me los quiero encontrar solitos”. El lugar donde este paramilitar profirió estas amenazas fue desde una casa de balcón propiedad del señor Darío Tuberquia, en la entrada al casco urbano de San José. Desde hace ya más de un año reconocidos paramilitares han tenido concentraciones allí junto a esta vivienda, a plena vista de la fuerza pública –ejército y policía- quienes patrullan día y noche el minúsculo caserío y donde muchas veces han amenazado a miembros de nuestra Comunidad de Paz.

El gobierno nacional sigue negando la existencia del paramilitarismo mientras su copamiento territorial sigue avanzando intensamente en todo el país. Nadie ignora que el partido político del Presidente actual tiene vínculos históricos y estrechos con las formas más atrevidas de paramilitarismo, incluyendo las “Convivir”, de las cuales ha sido intenso defensor y usuario el ex presidente Uribe, cerebro, ídolo y guía del partido y de la política gobernante. Las formas de relación entre el Estado y el ParaEstado se han ido remodelando y hoy predomina la combinación entre el anonimato progresivo de los pistoleros y la tolerancia pasiva de las instituciones, fórmula exitosa que le permite al país posar de “democracia” ante la comunidad internacional mientras el asesinato de líderes sociales y de excombatientes desmovilizados supera los estándares mundiales de criminalidad política. El Senador Petro acaba de destapar los vínculos entre las “Águilas Negras”, calificadas por muchos años por el establecimiento como “bandas criminales”, y la inteligencia militar. Al mismo tiempo el Presidente Duque, al regular el porte de armas mediante el decreto 2362 del 24 de diciembre de 2018, volvió a legalizar el boquete que siempre ha permitido el paso de las armas oficiales a los criminales privados (art. 1, parágrafo) y al mismo tiempo volvió a canonizar el principio eje del paramilitarismo, o sea la vinculación de los civiles a la guerra, al anunciar en Tolemaida, el 6 de febrero de 2019, que ya llegaba a un millón el número de civiles preparados para asumir tareas militares. Todo esto se camufla como “política de seguridad nacional” y se implementa a través de las estrategias de “vista gorda” y de “brazos caídos” de la fuerza pública y de las demás instituciones, gracias a las cuales nuestras veredas caen todas bajo el dominio paramilitar sin que nadie pueda defender a las víctimas y ni siquiera reconocer la invasión paramilitar.

Una vez más nuestra Comunidad de Paz agradece a la multitud de personas en el país y en el mundo que se solidarizan con nuestra resistencia y que condenan con plena convicción ética y moral la criminalidad del Estado colombiano. A todas ellas nuestra sincera gratitud.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Julio 12 de 2019

La enorme presión de la opinión pública en EU, a 16 meses de las elecciones sobre el abuso sexual de menores por el recidivista Jeffrey Epstein "Pedofilia Cupular del Multimillonario: Casa Blanca/VirginIslands/Israel"; (https://bit.ly/2XIePOB), orilló a Alexander Acosta, único latino en el gabinete, a presentar su renuncia como secretario del Trabajo.

Hace 12 años Alexander Acosta, entonces fiscal de Miami, operó la "subasta" de la "justicia" mediante un "pacto secreto" con el consuetudinario criminal sexual de menores Epstein, consagrado a la especulación en Wall Street (https://hrld.us/2SBRGq3).

En diciembre de 2018, legisladores de EU exigieron investigar la añeja venalidad de Alexander Acosta, quien redujo en forma atroz la condena de Epstein (https://bit.ly/2Y3jmu8) con una mínima detención de 13 meses que le permitía en forma insólita salir cada mañana de su confinamiento de lujo en Miami para ir a "trabajar" 12 horas (sic) a su oficina y regresar frescamente a dormir (https://bit.ly/2YUowWA). ¡Sólo faltó que Alexander Acosta hubiera condenado a las huérfanas indefensas! (https://bit.ly/2LjBGcA).

Considerando la totalidad de perjuicios y las personalidades implicadas, a mi juicio, el grupo vinculado a George Soros –cuyo sobrino Peter Soros resplandece en la fétida "lista negra"– (https://bit.ly/2XLghLg) sale más dañado que Trump, quien de inmediato pasó al control de daños orillando a su secretario del Trabajo a dimitir.

Tan es así que el saliente primer israelí Bibi Netanyahu y al mismo tiempo ministro de Defensa dimisionario –gran aliado de Trump/Jared Kushner/SheldonAdelson– emprendió una feroz campaña para demoler la imagen del ex primer y también ex ministro de Defensa Ehud Barak, gran aliado de Soros, quien compite en las próximas elecciones de Israel.

Barak, ahora gran empresario de una trasnacional distribuidora de marihuana Intercure (https://bit.ly/2GbJLf7), recibió extraños donativos por 2.3 millones de dólares de Epstein para una inversión en un startup clandestino (https://bit.ly/2XMyGHs), que huele más bien a un andamiaje supraestatal de espionaje sexual y de inherente chantaje político.

Con tanto escándalo sexual a cuestas, ya se encuentran inmunizados Bill Clinton –(v.gr. el caso de Mónica Lewinsky)– viajero frecuente en el jet privado Lolita Express del depravado multimillonario –y Trump– a quien Epstein introdujo con su hoy esposa la ex modelo Melania (https://bit.ly/32p2j4Z): como sucedió con MitrídatesVI, "Rey del Veneno" (https://amzn.to/30xcuD2), quien de tanto ingerir pociones pequeñas de ponzoña se volvió inmune a dosis mayores.

El problema es para el restante de la "pequeña (sic) lista negra" de 92 páginas develada por el blog neoyorquino Gawker (https://bit.ly/2BDPqJh).

Lo más triste es que, a cambio de su silencio, las testigos potenciales aceptaron 350 mil dólares de Epstein (https://nyti.ms/2JyjfyI).

Sputnik fustiga el "sistema criminal de justicia de EU que ignora crímenes como los de Epstein, mientras castiga a los vulnerables" (https://bit.ly/2xJirjM).

Los caminos de los recientes escándalos de abuso sexual y pedofilia en EU/Gran Bretaña/Israel y el globalista paraíso fiscal US Virgin Islands llevan a los mismos titiriteros en forma circular: desde el degenerado cineasta hollywoodense Harvey Weinstein, socio de Barak (http://bit.ly/2A6ZfhM), hasta México: con el fétido albergue de Mamá Rosa de 500 menores flagelados sexualmente” (https://bbc.in/2LQavWn) –premiada por Felipe Calderón y "defendida" por un miembro del Consejo de Administración de Televisa (https://bit.ly/2JEyUez), donde están embrollados Vicente Fox (presunto asociado de Soros) y un segmento del Partido Acción Nacional–, así como la secta de esclavitud sexual NXIVM, que implica a hijos/hijas de tres ex presidentes (Salinas/De la Madrid/Fox), a la que pertenecía Clare W. Bronfman, hija del omnipotente dueño de Seagram, Edgar Bronfman, ex presidente del Jewish World Congress (https://bit.ly/2LS7Kna).

El albergue Mamá Rosa fue incendiado para no dejar rastros, como fue incinerada la "justicia de EU" por Alexander Acosta.

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El caso generó reacciones públicas en un contexto marcado por dos variables políticas principales: los intentos de diálogo y el informe que presentará la Alta Comisionada de a ONU.

La muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo impactó en Venezuela. Arévalo, retirado desde hacía diez años de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) se encontraba detenido en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para ser investigado por su presunta participación en la denominada “Operación vuelvan caras” develada por el ministro de comunicación Jorge Rodríguez. Había sido detenido el 21 de julio, su muerte ocurrió “durante el acto de presentación frente al tribunal competente”, según fue informado por un comunicado oficial del gobierno nacional el 29.

Las razones exactas de la muerte de Arévalo aún no han sido esclarecidas. Las denuncias de su esposa y del abogado apuntan a que fue torturado dentro de las instalaciones de la Dgcim, lo que habría derivado en su fallecimiento. El Fiscal General, Tareck William Saab, informó haber solicitado la detención preventiva de un teniente y un sargento segundo adscritos a la Dgcim como presuntos responsables de los hechos, imputados por el delito de homicidio preterintencional con causal.

Arévalo, alias “Gonzalo” dentro de la Operación, tenía como tarea apoderarse de quince vehículos blindados del Banco Central de Venezuela para utilizarlos en el asalto al Servicio Bolivariano de Inteligencia y el Palacio de Miraflores. Así fue develado en los videos presentados por Rodríguez, donde el mismo Arévalo, junto a otros implicados, aparecen explicando las acciones paso por paso del golpe que debía darse el 23, 24 y 25 de junio. Rodríguez informó que la trama había sido infiltrada durante catorce meses por la contrainteligencia del gobierno venezolano. Junto a Arévalo fueron detenidos otros tres militares retirados y dos ex comisarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

El caso del capitán de corbeta generó reacciones públicas en un contexto marcado por dos variables políticas principales: los intentos de diálogo y el informe que presentará la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

Acerca de los diálogos, Juan Guaidó afirmó que la delegación opositora, que estuvo reunida días antes con el enviado especial norteamericano para el caso Venezuela, Elliot Abrams, no asistirá al encuentro. El autoproclamado sostuvo que la suspensión se debe a la muerte de Arévalo, y no anunció un posible nuevo acercamiento en el intento de resolución acordada que ya ha tenido dos instancias públicas en Oslo y cuenta con el consenso de la mayoría de los países internacionales involucrados, a excepción central de Estados Unidos.

Nicolás Maduro anunció en cambio el día martes que habrán “buenas noticias en las semanas que están por venir sobre lo bien que van los procesos de contactos, negociaciones y preacuerdos con distintos sectores de la oposición venezolana”. Ya había anticipado días antes que habría noticias, indicando así que los acercamientos han seguido su proceso fuera de cámaras.

Respecto a Bachelet, la misma se mostró “profundamente preocupada” por el caso Arévalo, y afirmó: “Estoy conmocionada por la presunta tortura del capitán Acosta Arévalo, y porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte (…) urjo a las autoridades a llevar a cabo una profunda investigación, incluyendo una autopsia que siga los estándares internacionales”.

La Alta Comisionada había estado en Venezuela la semana anterior, invitada por el gobierno, para reunirse con las diferentes instancias, como ministros, representantes de poderes públicos -Fiscalía, Tribunal Supremo de Justicia, Asamblea Nacional Constituyente, Defensoría del Pueblo-, y el presidente Maduro, a la vez que con la Asamblea Nacional, Guaidó, y organizaciones de la sociedad civil.

Su informe final será leído este viernes 5 de julio. La oposición convocó a una movilización para ese día -que es, a su vez, el aniversario de la firma del acto de independencia- desde la sede de las oficinas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hasta la Dgcim. La derecha estará confrontada con su marcada tendencia de pérdida de capacidad de movilización. El anteúltimo llamado de Guaidó en Caracas fue el 11 de mayo y contó con la asistencia de cerca de dos mil personas. El último tuvo lugar durante la visita de Bachelet y no llegó a esa cantidad.

La apuesta de la oposición es trabajar sobre la muerte de Arévalo como punto de apoyo para lograr volver a convocar a las calles a su base social desencantada. No es el único caso que ha generado conmoción: el lunes por la tarde un joven, Rufo Antonio Chacón, perdió ambos ojos ante los perdigones recibidos por un miembro de la policía del estado Táchira -que corresponde a la gobernación opositora, aunque esa policía se encuentra intervenida por el gobierno nacional por denuncias de maltratos a la ciudadanía-. El Fiscal General anunció la detención de dos funcionarios ante ese caso y afirmó que serán “severamente sancionados”.

A los casos Arévalo y Chacón se han sumado acontecimientos como la explosión de una subestación eléctrica en la ciudad de Maracaibo, la falsa denuncia de un motín en el Dgcim, que han dado lugar a un cuadro de río revuelto. Estos hecos ocurren en el contexto de un intento golpista dirigido desde EE.UU. con fachada Guaidó, que tuvo su última operación el pasado 30 de julio, y varias operaciones violentas desmontadas por los servicios de inteligencia. La más reciente, “operación vuelvan caras” contaba, entre otras cosas, con trescientos mercenarios israelíes organizados para asesinar al presidente y dirigentes claves del chavismo, según denunció el ministro Rodríguez.

A su vez, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, llamó a Guaidó para ratificarle su apoyo “inquebrantable” y felicitarlo por el próximo 5 de julio como día de la independencia. El tiempo vuelve a ser acelerado en Venezuela.