“Estoy libre, pero sabemos que los montajes no paran”

El ex negociador de los acuerdos de paz acusa a la DEA y a la fiscalía colombiana de hacer un montaje en su contra para poder extraditarlo a EE.UU.


Su camisa está manchada de lápiz labial rojo. Y en su cara, bien afeitada y pálida, una mezcla de alegría y cansancio refleja la montaña de emociones de los últimos días. Centenares de mujeres lo abrazaron, besaron y lloraron sobre él minutos atrás cuando, un día después de salir de la cárcel, “Jesús Santrich” apareció en su reunión de ex combatientes farianas al sur de Bogotá. Conmovido tras el recibimiento de las mujeres incluidas varias que fueron parte de su tropa rebelde, el señor se acaricia las muñecas y los brazos. Encuentra con el tacto cuatro heridas recientes: una semana atrás partió su cuchilla de afeitar y se cortó las venas al conocer, “de una fuente fidedigna”, dice, que el presidente Iván Duque estaría a punto de anunciar la conmoción interior para sacarlo del país hacia Estados Unidos, que lo pidió en extradición dando lugar a su captura el 9 de abril de 2018. Lo acusan de conspirar para enviar cocaína a su país.


Las pruebas –que se perdieron en su camino desde Estados Unidos– serían un audio y un video que fue publicado por fragmentos –uno el año pasado y otro después de su intento de suicidio– cuando a bordo de una silla de ruedas y visiblemente débil fue sacado de la cárcel La Picota en Bogotá y, cinco segundos después, capturado una vez más: que tenían nuevas pruebas de su delito de narcotráfico, dijo la Fiscalía, abriéndole un nuevo proceso judicial filtrando a los medios un segundo fragmento de la misma reunión con “Marlon Marín”, sobrino de Luciano Marín o “Iván Márquez”, quien fuera el líder del equipo negociador de las FARC en La Habana y de quien hoy se desconoce su paradero. Alega, en mensajes que envía en su cuenta de Twitter y cartas, que no tiene garantías para estar en la vida pública.


Un nuevo testimonio de Marlon y el video de una reunión en el que se ve y escucha al ex comandante Santrich hablar de negocios aunque sin mencionar ninguna palabra relacionada con drogas, serían las “nuevas pruebas”. “El señor Marín está leyendo un guión de la DEA”, le aseguró a PáginaI12 Santrich cuando este diario le consultó por una explicación de las resonadas pruebas. Tras la captura de Jesús, Marlon fue llevado a Estados Unidos como testigo protegido. “Todo es un montaje”, insiste el hombre de 55 años, músico, invidente, pintor, arquitecto del acuerdo de paz que aplaudió el mundo y hoy el gobierno de derecha en la presidencia pretende modificar, quien además es escritor. Durante su reclusión produjo cinco libros y numerosas cartas en las cuales insiste en su inocencia y la “perfidia”, una de las palabras que más se le escucha incluso desde antes de ser apresado.


Santrich lideraba la Comisión de Impulso, Seguimiento y Verificación a la Implementación del acuerdo de paz (Csivi), instancia también creada por el tratado de paz. Y por eso conocía muy bien los detalles normativos y políticos de la implementación a la cual llamó con su característica euforia “una nueva negociación del acuerdo” advirtiendo, como lo dijo a este diario hace dos años, que el “establecimiento está preparando el terreno para llevarnos a la justicia ordinaria y si es posible extraditarnos”. Para evitarla, ha dicho, cumplirá con su palabra de quitarse la vida antes de ser subido a un avión que lo lleve a Estados Unidos. En entrevista con PáginaI12 desde Bogotá, Santrich cuenta que está en zozobra por lo que pueda venir pues, dice, “hoy estoy libre, pero sabemos que los montajes no paran”.


Después de pasar más de un año en prisión, el ex guerrillero Seusis Hernández “Jesús Santrich” recobró su libertad el pasado jueves 30 de mayo. Una semana atrás, la Jurisdicción Especial de Paz (JPE) resolvió otorgarle la garantía de no extradición contemplada en el acuerdo de paz y ordenó su libertad desatando una tormenta. Las autoridades colombianas mantuvieron a Santrich en la cárcel La Picota sin acatar la orden de la JEP hasta que el Tribunal Superior de Bogotá respondió a un recurso de hábeas corpus que interpuso la defensa del más polémico integrante de las FARC. Por lo tanto ni Fiscalía ni cárcel Picota podían ya retener al rebelde tras las rejas. La “boleta de libertad” fue expedida el 16 de mayo por el INPEC. Pero solo hasta el 17 se abrieron las puertas para Santrich. Ese día fue todo conmoción.


El equipo de prensa de Duque anunció desde muy temprano que el presidente ofrecería rueda de prensa en el aeropuerto militar de Catam; empezaron los rumores de la inminente extradición de Santrich en la mañana de ese día. Esos llegaron a la celda del prisionero más custodiado de la cárcel de máxima seguridad: Seusis Pausias Hernández Solarte, hijo de maestros y parte de una prestante familia del Caribe colombiano que tomó el nombre de Jesús Santrich por un militante compañero suyo que fue asesinado.


“Yo no me voy con vacilaciones, tomé la cuchilla y me corté en cuatro ocasiones”, relata a este diario enfatizando en que no lo hizo por desesperación o depresión; insiste en que fue una determinación “de dignidad” y que su compromiso es con la paz del país y las transformaciones hacia una Colombia justa “tal como lo demostré en La Habana”. En medio de la agitada agenda en su primer día de libertad –atención a medios, visitas, y conversaciones con sus abogados y dirigentes del partido FARC– hace una pausa para tomarse una sopa. Está delgado, “pero de pie”, dice. Desde que lo llevaron en helicóptero de La Picota al búnker de la Fiscalía solo se le veía en silla de ruedas. Dice no recordar nada sobre la recaptura, sobre el helicóptero. Jesús no estaba en condiciones de una diligencia judicial, dijeron los médicos del Hospital Méderi que lo atendieron en la madrugada siguiente a su llegada al búnker, donde sus abogados lo encontraron tendido en el piso. De emergencia, el ex comandante que había recién sobrevivido a su propio ataque, fue traslado al hospital. Luego de aparentemente superar un paro cardíaco y surtir la legalización de su nuevo apresamiento –de la cual la Procuraduría dijo inicialmente que fue ilegal– otra vez fue llevado al búnker donde recobró la conciencia. En una tanqueta de la policía antidisturbios, y nuevamente en silla de ruedas, fue transportado hasta los juzgados de Paloquemao.


La estrategia jurídica de su defensa fue recusar a la jueza que no paraba de conducir con torpeza la lectura de cargos y explicaciones. Los lamentos se escuchaban entre los reporteros cada vez que la señora interrumpía. Pedía pausas porque, decía, no encontraba los documentos que necesitaba. “Estará llamando a Duque” decían los seguidores de Santrich quienes se acomodaron en una sala de los juzgados donde televisaron la audiencia en la cual Jesús pidió un repaso de la anterior sesión en el hospital.


Insistía en no recordar nada ante lo cual la jueza aceptó reproducir un fragmento del audio. “Pi, pi, pi, pi…” el sonido de los aparatos médicos que mantenían al hombre estable destacaban entre los descargos de la fiscalía y las respuestas de la jueza quien perdió cualquier dominio en este caso pues la Corte Suprema de Justicia determinó que Jesús debe ser juzgado por ellos y ordenó, una vez más, su libertad. Seusis Hernández cuenta con una credencial de congresista, producto del acuerdo de paz que otorgó ocho curules en el Congreso para el partido FARC. Aunque no se posesionó en vista de su captura, la Corte determinó que el señor sí tiene fuero y, según la ley colombiana, debe ser judicializado en esta corte y no en la justicia ordinaria. Debido proceso, explican los juristas a quienes enfurecidos rechazan la libertad de Santrich. “Vamos a ver cuánto dura”, le dice a este diario confesando que tiene zozobra por el desenlace de este thriller político judicial del cual depende la voluntad de paz de muchos. Iván Márquez, por ejemplo, “El Paisa” y “Romaña” están hoy en la clandestinidad una vez más y el número de disidentes de FARC crece, pese al llamado al compromiso con el Acuerdo de parte de sus dirigentes.


Con su bastón, camina hoy entre las ceibas centenarias de La Guajira. Ya no es un delirio su libertad. Con el acompañamiento de Naciones Unidas, se desplazó hasta donde están los centenares de hombres y mujeres que conformaron su tropa: el Caribe. Árboles de cañahuete le dan sombra mientras recibe los rayos del sol que extrañó durante más de 400 días en el pabellón más frío de La Picota. Sigue sin recordar lo que pasó el fin de semana anterior a su liberación y sigue desconfiado. “Todo lo que decía años atrás se ha ido cumpliendo ¿no?: la persecución de quienes defienden la paz (van más de 500 líderes asesinados desde la firma); los montajes, la traición, el incumplimiento en la reincorporación (no despegan en su totalidad los proyectos productivos y la falta de tierras sigue siendo un tropiezo para ello), el maltrato a los campesinos (han dejado de pagarle a los campesinos que sustituyeron los cultivos de coca); la falta de garantías de seguridad para nosotros, me han dicho que son 120 los militantes de FARC asesinados; y ni hablar de lo que han hecho conmigo”, explica.


–¿Por qué se dilató su libertad?


–Existe una determinación del bloque de poder dominante de impedir la materialización de la reincorporación política del movimiento FARC a cabalidad. Para ello mi caso es simplemente un instrumento que manipular en al campo de la perfidia para terminar de hacer trizas la implementación del acuerdo de paz. En ello la DEA y la fiscalía colombiana han jugado un papel protagónico haciendo el montaje.


 Santrich sobre Iván Duque

“Que Duque salga del guerrerismo uribista”

¿Qué explicación puede dar sobre las pruebas que circulan en su contra?


–Sobre las mentadas nuevas pruebas en concreto no hay nada esencial que diferencie el proceso que falló la Jurisdicción para la Paz (JEP) en primer instancia de este segundo que quieren adelantarme con la misma dinámica de los montajes que ya existían de parte de la Fiscalía y la DEA. Todo mi proceso ha estado viciado –tal como lo mostró la JEP– de ilegalidad, ilicitud, violaciones al debido proceso y a la cooperación internacional. Pero aparte de esto reitero que en ningún audio, video o medio de cualquier otro tipo a mí me encontrarán hablando de negociaciones ilícitas. Sencillamente, porque jamás he participado de reuniones ni de intercambio con este terreno. Todas mis actividades posteriores a la firma del acuerdo de paz se centraron en el trabajo que adelantaba la CSIVI, la cual incluyó el impulso de proyectos productivos en los espacios territoriales de capacitación. Lo novedoso hoy es la presentación del testimonio de un mentiroso que estaría leyendo la cartilla que la DEA pone a todos sus agentes y lacayos.


–¿Qué le diría al presidente Iván Duque?


–Iván Duque debe procurar salirse de las manos del guerrerismo uribista y de extrema derecha que lo tiene atrapado y formar el sendero de la reconciliación que le marca el acuerdo de paz, el cual, además de significar un compromiso de Estado y un compromiso con la comunidad internacional, contiene el anhelo de los desposeídos por alcanzar la justicia social. Duque no debería desaprovechar esta oportunidad que le da la historia de lograr la victoria de la paz.


–¿Si le informan una vez más que sería extraditado, qué va a pasar?


–Estaría triunfando por ahora la perfidia contra la paz, y no habría otra alternativa que cumplir con la palabra que deje en alto el decoro y los principios revolucionarios farianos de origen. Bajo cualquier circunstancia a la militancia fariana le corresponde seguir luchando por un a Colombia diferente sin más miseria, desigualdad y exclusión política. Yo nunca debí estar entre celdas. Soy un hombre optimista y tengo la certeza bolivariana de que no hay mejor forma de alcanzar la liberad que luchar por ella.


Denuncian torturas

Dolor y alucinaciones

Aunque no lo vieron en sus horas de alucinación y sufrimiento, en César y Guajira, los ex combatientes supieron por los abogados que Jesús Santrich fue esposado justo en las heridas abiertas. Que estaba entubado, que alucinó que estaba en un campamento guerrillero, que pedía ayuda a los guardias rebeldes de su delirio producto de la pérdida de sangre, de la falta de alimentación y de algún medicamento que le habrían inyectado en el Inpec, aseguran los abogados. PáginaI12 solicitó al Instituto Penitenciario y Carcelario el parte médico del ex rebelde para contrastar la versión de la defensa que asegura que Jesús estaba siendo víctima de tortura y estaba siendo drogado sin su consentimiento ni el de sus abogados. El Inpec no respondió y aún se desconoce el informe toxicológico del Instituto Nacional de Medicina Legal.

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El exjefe negociador de las FARC: “Fue un grave error haber entregado las armas”

Iván Márquez, en paradero desconocido, arremete contra el Gobierno por el caso de Jesús Santrich, recapturado por cargos de narcotráfico

Iván Márquez, quien fuera el jefe negociador de las FARC en los diálogos con el Gobierno, ha ahondado este lunes la crisis política e institucional en torno a la frágil implementación de los acuerdos de paz en Colombia. En paradero desconocido desde agosto del año pasado, ha lanzado una carga de profundidad al asegurar en una carta divulgada a través de su cuenta de Twitter que el paso más trascendental de ese proceso, el desarme para convertirse en un partido político, fue un “grave error”, pues los fusiles eran la única forma que tenían de garantizar que el Estado cumpliera lo pactado.


La incendiaria misiva con la que reaparece Luciano Marín –el verdadero nombre de Iván Márquez– se origina en el caso de Jesús Santrich, el excomandante guerrillero pedido en extradición por Estados Unidos. Santrich fue recapturado el viernes en la propia puerta de la cárcel, bajo nuevos cargos de la justicia ordinaria relacionados con narcotráfico, cuando se disponía a salir en libertad tras un fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Luego de haberse cortado los brazos en prisión, Santrich fue trasladado la madrugada del sábado a una clínica en medio de versiones contradictorias sobre su estado de salud. La decisión del tribunal de paz ha provocado hasta ahora las renuncias del fiscal general, la vicefiscal y la ministra de Justicia, mientras el presidente Iván Duque ha respaldado la decisión de la procuraduría de apelar el fallo.


“Ningún colombiano necesita ser jurista para entender que nada de lo que diga una persona drogada forzosamente –como ocurrió con Santrich-, puede ser legal”, se lamenta Márquez en la misiva, haciendo eco de las sospechas de miembros de las FARC de que en la cárcel sedaron a Santrich antes de su fugaz salida, y esa fue la razón de su ingreso a cuidados intensivos. Márquez le pide al presidente Duque –un crítico de los diálogos– que “no dinamite la independencia de los poderes con ese odio sordo que solo busca hacer trizas y dejar sin efecto el acuerdo de paz”.


En el pasaje más preocupante, atribuyéndose la vocería de los comandantes de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, “impactados por la traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana”, Márquez se dirige directamente a los miles de excombatientes que hacen su tránsito a la vida civil en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). “Les reiteramos autocríticamente que fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo, confiados en la buena fe de la contraparte”. Son reclamos que el exjefe negociador de la insurgencia ha hecho en el pasado, pero ahora aterrizan en el momento más delicado desde que Duque asumió el poder el pasado agosto.


La antigua guerrilla ya se sienta en el Congreso de Colombia. Pero el paradero desconocido de Márquez y otros líderes que abandonaron los espacios de reincorporación alegando inseguridad física y jurídica ya había encendido las alarmas sobre el futuro de los excombatientes. Los mayores temores, avivados por el rocambolesco caso Santrich, apuntan a que esos líderes alimenten el fuego de las disidencias que ya operan en distintas regiones.


Mientras Duque ha reiterado le necesidad de hacer correcciones a lo pactado –una promesa de campaña–, especialmente en lo relativo a la extradición, su alto consejero para el posconflicto, Emilio José Archila, ha enfatizado el compromiso “inquebrantable” del Gobierno para acompañar, apoyar y proteger a los excombatientes en proceso de reincorporación. La JEP ya decidió reactivar la orden de captura contra otro excomandante que abandonó sus responsabilidades con la reincorporación, Hernán Darío Velázquez Saldarriaga, alias El Paisa.


La carta de Márquez contrasta con la respuesta de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido surgido de los acuerdos, que ratificó el fin de semana su compromiso con lo pactado en otra carta enviada a sus militantes. “Nos encontramos en un momento en el que no podemos flaquear. Nos corresponde, más que nunca, fortalecer la unidad de nuestro partido como garante de la implementación de lo acordado”, declaró Rodrigo Londoño, Timochenko, el presidente del partido.


A pesar de su alejamiento del partido, Márquez es un líder emblemático. No solo negoció con el Gobierno, llegó a ser la figura pública más relevante de las FARC junto con Timochenko, y el número dos de la organización. Sin embargo, renunció a su escaño como senador y se internó en el ETCR de Miravalle, en el Caquetá, tras la captura de Santrich hace poco más de un año. Desde agosto no se conoce su paradero. Su sobrino, Marlon Marín, es el informante clave de la DEA en el caso por narcotráfico, aunque la fiscalía colombiana ha dicho que no tiene una orden de captura en contra del exjefe negociador. La incertidumbre sobre el futuro de la paz se acrecienta.

Por Santiago Torrado
Bogotá 20 MAY 2019 - 14:54 COT

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Sábado, 03 Junio 2017 08:34

Asonada en el pueblo de García Márquez

Asonada en el pueblo de García Márquez


Mientras Aracataca, el pueblo de Gabriel García Márquez, celebra el 50 aniversario de Cien años de soledad, las calles se convirtieron en escenario de violentos disturbios


Mientras Aracataca, el pueblo de Gabriel García Márquez, celebra el 50 aniversario de la publicación de Cien años de soledad, las calles del municipio se convirtieron la madrugada de este viernes en escenario de violentos disturbios y choque con las fuerzas de seguridad por los constantes cortes de luz.


Los manifestantes atacaron con piedras y objetos contundentes la Alcaldía y la sede local de Electricaribe, la filial colombiana de la compañía española Gas Natural Fenosa que el pasado marzo fue liquidada por el Gobierno de Juan Manuel Santos tras registrarse un agujero de casi 1.300 millones de euros por impagos. La eléctrica tiene unos 2,5 millones de clientes repartidos en siete departamentos del país. Y en el Magdalena es la responsable del suministro en los alrededores del municipio Zona Bananera.


El jueves, Aracataca, con una población de alrededor de 30.000 habitantes, estuvo afectada por cortes de energía a lo largo de todo el día. Entre primera hora de la mañana y las cuatro de la tarde y, de nuevo, a partir de la siete hasta entrada la madrugada. Explican los vecinos que los problemas de suministro son habituales en las poblaciones limítrofes, pero no tanto en Aracataca. "Fue por trabajos de mantenimiento, pero aquí no es frecuente. En Sevilla, sí", señala Carmelo Morelli en referencia a una comunidad cercana.


Las protestas, que dejaron a varios agentes heridos, fueron disueltas tras la intervención de la policía, que disparó gases lacrimógenos y se enfrentó a los manifestantes a centenares de metros de la casa natal de García Márquez.

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“En cuanto a su cumplimiento, los acuerdos de paz van quedando en el limbo”

Uno de los principales aspectos de la coyuntura que atravesamos hoy en Colombia radica en la concreción del Acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc. La manera como el Congreso de la República está desarrollando cada una de las leyes a que obliga el Acuerdo deja mucho que desear, tanto que “Un proceder de esta naturaleza convierte a los acuerdos en un pliego de peticiones histórico e incumplido”, afirma Alirio Uribe, Representante a la Cámara.

 

Llego a la Feria del Libro para entrevistar a Alirio Uribe Muñoz luego de un acto cultural al cual está convocado; al ingresar a Corferias procuro no sentir el malestar suscitado por un evento que se supone de libertad e intercambio de ideas y sueños –parte del espíritu de los libros aquí encadenados; Feria a la que es obligatorio pagar varios miles de pesos para poder ingresar y donde, además, lo cobrado para poder exhibir la oferta editorial obstaculiza la presencia de las editoriales que funcionan como iniciativas culturales y no como empresas comerciales.

 

Acudo rápido al salón donde debe estar Alirio, a la hora justa señalada en la invitación. Al llegar me encuentro con la novedad que ya no es ahí. Tomo el camino hacia el nuevo salón, el auditorio está lleno. Me sorprende porque el diseño del evento parece concebido para que no llegue nadie.

 

Escucho las palabras de Alirio. En su voz se revela el dolor por tantos jóvenes sacrificados en la larga y antigua batalla brindada en nuestro territorio por el derecho a vivir una vida digna. Sus palabras traen a mi pensamiento las diversas geografías del campo colombiano –Sumapaz, Fusagasuga, el Magdalena Medio–, donde Gaitán forjó el movimiento por la restauración moral y democrática de la república. Los años han pasado y la mentalidad que se niega a democratizar el país aún se mantiene. Ayer respondieron con el magnicidio al clamor de un pueblo por la tierra y por vida digna. Respondieron con la represión y el exterminio. Abrazaron como su soporte ideológico y bandera guía, el anticomunismo y la doctrina del enemigo interior instaurada por el gobierno de los Estados Unidos. Con estos pilares desataron, potenciaron y prologaron durante décadas una confrontación que terminó engendrando una tenaza internacional, la misma que aún se sirve del conflicto para lucrarse y para mantener un feroz control social.

 

Al finalizar el evento, buscamos un lugar donde tomar un café y poder conversar sobre lo que está aconteciendo con el desarrollo legislativo de los acuerdos de paz.

 

Entre dilaciones y cambio de sentido

 

El Congreso de la República, me dice, tiene dos caras o tiene diferentes momentos: uno es el momento de la refrendación de los acuerdos, en el que hubo un apoyo total al proceso. Un 85 por ciento de sus integrantes respaldó los acuerdos. Pero otro es el actual, en el que la autonomía legislativa que debe comportar esta columna del poder liberal es utilizado por algunos sectores para seguir “renegociando” los acuerdos. Hay ejemplos que así permiten afirmarlo:

 

En el caso del Sistema de verdad, justicia reparación y garantías de no repetición, quedó legalizado como Acto Legislativo Nº 01/17, con el cual se eleva a rango constitucional la Comisión de Verdad, la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas y todo lo concerniente a la Justicia Especial de Paz (JEP). Con base en ese acto legislativo el Presidente expidió los decretos leyes el 5 de abril de este año, que crean el comité de escogencia de los miembros del sistema de justicia y paz, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y la comisión de la verdad, convivencia y no repetición.

 

¿Por qué los expiden como decretos legislativos? Porque el Congreso está en una actitud hostil al fast track, actitud adversa agudizada a pocos meses de su aprobación. Entonces, solamente lo que requiera reforma constitucional o leyes estatutarias pasará por este recinto. Y todo lo demás saldrá como decreto presidencial con fuerza de ley, pasando luego a revisión de la Corte Constitucional.

 

El problema con lo aprobado es que el ministerio de Defensa le metió redacción tratando siempre de eliminar la responsabilidad de mando de los militares, elevando su impunidad, para morigerar la responsabilidad de los empresarios y financiadores de la guerra. Y eso se notó en los temas incorporados por el ministerio de Defensa, manipulación de lo acordado que también se notó en los decretos reglamentarios que brindan la libertad a los militares; interés y énfasis que contrasta con las demoras para darle paso a lo ordenado por la ley de amnistía, con los indultos, con las salidas de los guerrilleros presos en las cárceles. (Ver recuadro, “El doble rasero”).

 

 

¿Qué falta por expedir y/o reglamentar en este tema del Acuerdo? Falta una ley estatutaria que es la que va a desarrollar la JEP. Esto es por Constitución, pues la justicia se reglamenta mediante leyes estatutarias; el Presidente no puede hacerlo de manera directa. Supongo que tendremos una ley estatutaria muy breve, que reglamenta la JEP, y después un decreto ley que reglamenta todo lo demás, lo fino, los detalles. Si tramitaran todo esto en el Congreso, vendría un nuevo recorte de lo acordado.

 

En este punto también tenemos varios temas que competen a las víctimas, que para su implementación requieren una reforma de la ley de víctimas, del marco legal vigente. El que también saldrá por decreto ley, para así evitar más recortes.

 

Para la oposición

 

Sucede similar con el Estatuto de oposición, que fue aprobado incorporando el noventa por ciento de las propuestas presentadas por los pequeños partidos. Pero la reforma política, de fondo, deja la incertidumbre, hasta ahora: ¿será aprobada? ¿En qué condiciones?

 

¿Por qué esta incertidumbre? Porque la Misión Electoral elaboró una propuesta muy buena, pero no hay ambiente en el Congreso para aprobarla. Se presentó una reforma al artículo 108 sobre adquisición progresiva de derechos políticos, y hay que reconocer que fuimos escuchados y que el articulado fue mejorado en la ponencia que está en debate. Se crean tres categorías de participación: ciudadanos, movimientos políticos y partidos políticos.

 

Todo parece ir bien, pero cabe la crítica al ítem de la participación ciudadana, la fundamental por promover, pero afectada por cargas que pretenden derrumbarla. Su propósito es que a partir del 2019 los movimientos ciudadanos no puedan poner candidatos presidenciales. Hoy pueden hacerlo. Un evidente retroceso. A partir del 2019 los ciudadanos solo pueden postular candidatos a nivel municipal y departamental. Si quieren hacerlo a nivel presidencial deben convertirse en un movimiento político. Deben tener aparato, afiliados, requisitos..., y si alcanzan el umbral del 3 por ciento o más, pues ya es un partido, con todos los derechos. La parte critica de esta concepción es que privilegia la representatividad por sobre la participación. La participación hoy se da con la organización ciudadana, pero la reforma privilegia el partido político.

 

Enfatizo. La reforma era tan buena que fue imposible. Afectaba a todos los poderes: al Consejo de Estado, a la Procuraduría, al poder electoral... Sustraía al Consejo de Estado las funciones electorales. El Consejo de Estado maneja las pérdidas de investidura y define si una sanción de estas se tramita en seis meses o en cuatro años. Si le quitas esa prerrogativa al Consejo de Estado le quitas poder político. El Procurador puede destituir funcionarios de elección popular. El Registrador Nacional, una persona puesta por los partidos políticos y por el jefe de Estado, define quién es el Presidente, los gobernadores, los 1.200 alcaldes, los 100 senadores, los 160 representantes. El Registrador es quien entrega las fichas y dice: mire, usted ganó. Es el que cuenta los votos, los anula, o los aprueba. La reforma que presentaron suprimía el Consejo Nacional Electoral.

 

Todas las minorías felicitamos a la Comisión que presentó la reforma. Y bueno, comenzamos a negociar. Propusimos aprobar al menos ciertas partes para que empezaran a funcionar, no ahora, sino para dentro de cuatro años. Dejar intacto el Consejo de Estado y aprobar la reforma de los aspectos más problemáticos. El Consejo de Estado organizó una jornada de examen de la reforma y propuso sustraer funciones del poder electoral y entregarlas al judicial.

 

Como minorías, laboramos con la idea de “abramos un poco la puerta”, porque si nos colocamos en la posición de todo o nada, no obtenemos nada. Avancemos un poco, y más adelante miramos cómo avanzamos más. Avanzamos, por ejemplo, en el tema de financiación estatal.

 

Seguimos, en esta lógica, a la expectativa de qué sucederá con la reforma política. Entregamos una carta al Presidente pidiendo los temas de transición para nosotros, como minorías: voto electrónico, coaliciones, umbral, financiación estatal de la campaña, mecanismos de transparencia, de censo electoral... La pregunta es: ¿se van a modificar, o no, los aparatos de poder que afectan la democracia?

 

Todo este proceso nos permite comprender la complejidad de adelantar un movimiento de democratización. Cada institución procura de modo inercial conservar y elevar sus poderes. Hay necesidad de avanzar paso a paso.

 

Marco legal para las Farc, y otros actores

 

En la reforma política también se avanzó con una reforma constitucional para darle paso a la reincorporación política de las Farc; esta es la norma que establece que como partido tendrá cinco senados y cinco cámaras por ocho años, precisando en detalle las reglas para la reincorporación.

 

También viene el proyecto de acto legislativo que crea las circunscripciones especiales territoriales de paz: las diez y seis curules Cámaras que corresponden a los territorios en los que la gente nunca ha tenido participación. Por ejemplo, Catatumbo es una zona especial, se vuelve una circunscripción de paz, se elige un Representante y no puede ser postulado por partidos políticos, sino que debe ser postulado por organizaciones sociales, gente que lleve viviendo, por lo menos, tres años en la región, gente que no haya participado en ningún partido tradicional. Esto ya está casi listo.

 

También está en preparación una ley sobre participación ciudadana, donde se diferencia el accionar de los movimientos sociales ya establecidos como tales, de los ocasionales, así como de la participación ciudadana en general, enfatizando sobre el respeto a la vida de los dirigentes sociales; también la financiación de estos actores, etcétera. Para elaborar esta propuesta se llevó a cabo una amplia consulta por todo el país.

 

Avanza, de igual manera, una reforma al artículo 108 de la Constitución Nacional, que tiene que ver con la adquisición progresiva de los derechos para los partidos políticos, lo que nos ha consumido una cantidad enorme de tiempo. ¿Cuál es la dificultad? Quieres hacer una reforma política democrática derivada de un acuerdo de paz, y debes lograr el consenso del gobierno, el de las Farc, y después debes acudir a un Congreso en el que las minorías políticas tienen el 10 por ciento y las mayorías el 90 restante.

 

A marchas forzadas

 

El tiempo que tenemos para que esto proceda es poco, ya que el 16 de junio vencen las facultades extraordinarias del Presidente para expedir decretos legislativos que desarrollen los acuerdos de paz. Como las cosas en el Congreso no están avanzando con la disciplina y con la celeridad requerida, me imagino que el Presidente sacará ochenta decretos a las diez de la noche de aquel día. Dudo que tales decretos sean consultados en el mecanismo de coordinación que tiene el Gobierno con las Farc, y más dudas de que sean consultados con las organizaciones ciudadanas que resultan afectadas en cada tema de los acuerdos. Entonces, en esos decretos puede salir de todo, bueno y malo, concertado e impuesto. Además, todo pasará a la Corte Constitucional para su revisión, y no será extraño que más de un decreto caiga.

 

Hay un antecedente que brinda pistas sobre lo que puede venir: La Corte Constitucional envió un mensaje resaltando que los desarrollos de los acuerdos deben ser vía Congreso, como vía principal, y excepcionalmente por medio de decretos. Esta decisión nos inquieta porque, por ejemplo, la traumática aprobación del paquete de medidas de la JEP exigió que muchos temas fueran desarrollados vía decreto presidencial. Y esto, entonces, estaría en riesgo. La consecuencia final, final, de todo esto, es que los acuerdos van quedando en el limbo en cuanto a su cumplimiento. Un riesgo real, del cual veremos en pocos meses sus consecuencias.

 

Así vamos. Después del 20 de junio quedamos a órdenes del Congreso, porque será el único órgano que podrá desarrollar los acuerdos durante el segundo semestre. Y tendría que ocuparse de todo lo que esté pendiente, de lo que la Corte eventualmente tumbase, y no veo ningún ánimo en este Congreso para hacerlo, y menos con las elecciones del 2018 en ciernes.

 

Una paz maltrecha. Nosotros continuamos participando y generando los espacios de participación, en tierras, victimas... pero las cosas realmente van muy lentas. En tierras lo que quiere hacer el gobierno es sacar adelante su agenda agroindustrial neoliberal. Su visión de Zidres, de derecho de superficie, su visión de ciervos de la gleba, con un campesinado proletarizado al servicio de las multinacionales. Desconocimiento de la economía campesina, indígena, afrocolombiana. Si el gobierno, con las corporaciones y los gremios detrás, quiere revivir una reforma rural regresiva vía fast track, las Farc la rechazará y nuestras bancadas tampoco la aprobarán. Quedaremos en la bancada del Centro Democrático: votando no. Hoy estamos defendiendo la ley 160.

 

Insisto: una paz maltrecha. Un proceder de esta naturaleza convierte a los acuerdos en un pliego de peticiones histórico e incumplido.

 


 

Recuadro 1


El doble rasero

 

Hasta los primeros días de mayo han salido más o menos 300 presos de las Farc, de un total de 1.500 que deben salir. Esta coyuntura política y jurídica la aprovechan miles de presos para solicitar su excarcelación, lo cual puede congestionar los juzgados destinados para este fin. Se estima en 10.000 las solicitudes que pueden estar actualmente en revisión, solicitudes de presos por porte ilegal de armas y similares. Como es obvio, al final solo se otorgan beneficios a quienes estén en las listas del Gobierno. Para completar, los Jueces de Ejecución de Penas aprovecharon la urgencia del Acuerdo y como tenían un pliego de peticiones viejo, hicieron como hacen las bancadas en el Congreso, usan su poder. Los jueces hicieron paro y pasó entonces otro mes sin tramitar los indultos.

 

Hay otro grupo de prisioneros de las Farc que no tienen indulto, sino excarcelación, porque van a ser juzgados en el marco de la Justicia Especial. A ellos habría que llevarlos con vigilancia a las zonas veredales, aún en construcción, y el Inpec dice que no tiene dinero para llevarlos, o que no tiene guardianes para colocarlos en el terreno para que los cuiden. Aparece el Estado como un elefante que no puede cumplir con lo fijado en el Acuerdo.

 

Esto contrasta con la celeridad del Ministerio de Defensa para sacar de la cárcel a 1.200 militares, sentándose con el Fiscal y con el Gobierno para que expida un decreto especial que permita que el Fiscal General dé la salida a los militares.

 


 

Recuadro 2

 

Entre la norma y la realidad

 

La intención de las Farc, antes del 2 de octubre, era que los acuerdos integraran la Constitución; como tal opción se perdió con el No, fueron redactadas normas de salvaguarda. Una de ellas, ya aprobada como reforma constitucional, consistió en señalar que los acuerdos fuesen el parámetro de implementación, de interpretación, de legislar, de emisión de fallos judiciales. Se redactó una norma constitucional de salvaguarda en el sentido de que todo lo que se haga para desarrollar los acuerdos debe hacerse respetando de buena fe el espíritu y el texto de los acuerdos. Esto parece procedente, pero lo que uno siente es que gobierno, gremios, corporaciones, no les interesa el desarrollo de los acuerdos. Sabemos también que así los acuerdos estuvieran en la Constitución, o así los desarrollos legislativos de los acuerdos fueran perfectos, fueran armónicos, una cosa es tener la ley y otra la realidad. Entonces, en términos políticos, la lucha continúa.

 


 

Recuadro 3

 

Mirando hacia el 2018

 

El proceso de unidad de las fuerzas sociales y políticas en favor de los acuerdos sigue avanzando. Para el Polo va mal, porque la salida de Clara –si bien debilita a unos y fortalece a otros– genera alguna confusión dentro de la sociedad sobre la vigencia de este partido.

 

Más allá de ello, en el mediano plazo, y de manera más amplia, se continúa pensando y trabajando en función de las convergencias. Y así se trabaja sobre la reforma política. Se habla con todos los sectores y personalidades de fuerzas afines, se busca candidata o candidato que venga de estos sectores, por ello se continúa hablando con Petro, Fajardo, Robledo, Claudia, Navarro, con la ASI, los Verdes, con Marcha Patriótica, con Maíz, la Unión Patriótica, con las Farc sobre reforma política, se acompaña el proceso con el Eln. Falta una decisión que diga: vamos a hacer algo conjunto. Pero hay un diálogo que puede ir por bloques más o menos afines, a lo cual ayuda el ejercicio de reforma política vivido durante más de seis meses, el cual generó un ambiente de confianza con los liderazgos que podrían caber en un proceso de unidad. Desde el punto de vista legal, lo importante acá es lograr un marco favorable tal, una reforma que rija a partir de 2018, con lo cual los diálogos tendientes a la unidad podrían agilizarse.

 

También hay que tener claro que los políticos decentes, que existen al interior de los partidos tradicionales, también padecen el sistema. El presidente del Partido Conservador, por ejemplo, se queja de que un Senado está costando entre cinco y diez mil millones de pesos. La política así, se ha convertido en un mercado.

 

Un ambiente crítico y de cambio que podemos aprovechar. Creo que para todas las izquierdas hay un escenario de oportunidad por la gran corrupción y desprestigio de los políticos tradicionales y de sus partidos, tanto de Uribe como de Santos.

Publicado enEdición Nº235
Miércoles, 29 Junio 2016 08:15

Un paro sobre ruedas

Un paro sobre ruedas

Desde el 7 de junio el sector de los transportadores de carga decidió entrar en paro. Cerca de 260 mil camioneros, desde Nariño hasta la costa Caribe, representados en los gremios sindicales de la ANT, CCT, ATC y ACC, cesaron labores con el propósito de exigir que los acuerdos pactados con Juan Manuel Santos, en marzo de 2015, se cumplan.


Consumados más de 20 días de paro, la Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera ha dialogado y negociado con el gobierno representado por el Ministerio de Transporte, sin embargo no logran llegar a consenso alguno sobre cada una de las tres reivindicaciones principales que los han llevado a este paro: el precio de los fletes, la reducción de las tarifas de los peajes, el ajuste del precio del galón de combustible; esto referente a los costos de operación.


Por otro lado, el tema de la seguridad social también resulta espinoso. Los transportistas de carga exigen que la pensión se logre por el tiempo trabajado y no por el mínimo de edad.


En el desarrollo del paro, pese su potencial de fuerza, los conductores no han llegado a las vías de hecho: no han bloqueado ningún corredor para evitar cualquier enfrentamiento con la policía, por lo que sólo ocupan un carril de las vías. La magnitud de la movilización provoca grandes pérdidas para la economía del país –cerca de mil millones de pesos diarios en productos no transportados–, por lo que se prevé que el desabastecimiento en los centros de acopio del país sea cada día sensible. Mientras tanto el paro camionero se mantiene firme.


Edison Flores (EF), camionero sumado al paro en el departamento de Antioquia, habló con desde abajo (da) sobre la actualidad de esta protesta. Esto fue lo que nos comentó:


da. ¿A qué se debe el paro camionero?


EF. El paro se debe al incumplimiento del gobierno nacional a una serie de acuerdos pactados y firmados hace un año y medio, producto también de una movilización.


da. ¿Qué acuerdos lograron con la pasada movilización?


EF. Se acordó una modificación al SICE-TAC, que es, básicamente, una tabla de fleteos que nos rige a nosotros, la cual debió ser modificada con el fin de evitar que los camioneros siguiéramos trabajando a pérdida. Situación que nos tiene en este momento en una sin salida. Asimismo, se buscaba la disminución en el precio del combustible y de los insumos para poder desarrollar la actividad, y una baja en los precios de los peajes –contrario a esto algunos peajes han aumentado su valor–. Igualmente han aumentado la colocación de casetas a nivel nacional, situación que nos tiene al borde de la quiebra.


da. Es decir, llegaron a unos acuerdos y no se han cumplido...


EF. Así es, no se han cumplido. Del total de los pactos el Gobierno ha cumplido, con apenas un 10 por ciento. Esto es una falta de respeto con el gremio, ya que nosotros somos quienes movemos la economía del país.


da. ¿Qué piensan ustedes respecto a los intereses de los industriales, que son quienes se oponen a las exigencias levantadas por ustedes?


EF. Aquí hay dos aspectos: 1) en esta movilización estamos buscando la dignificación de la labor del camionero colombiano o del transportador de carga.

Un transportador con 40 o 50 años en el servicio se pensiona con un salario mínimo, entonces, estamos buscando un proyecto de ley que dignifique esta situación, que esta actividad sea considerada como una actividad de alto riesgo. Queremos lograr que el camionero logre pensionarse por tiempo trabajado y no por edad. Igualmente, buscamos que la tabla de fletes cambie su nombre SICE-TAC (Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga) y que sea una tabla de costos operativos de obligatorio cumplimiento para las empresas. ¿A qué me refiero con esto? A que si gasto X o Y cantidad de dinero en un viaje a la costa, el valor del flete esté por encima de ese costo, y no como ha sido hasta ahora: que las empresas de carga siempre nos están planillando a nosotros con valores por flete inferiores a los costos operativos.


Es necesario hacer algunos énfasis. La insistencia en la estandarización del precio del flete pretende que las empresas privadas fijen el precio por el transporte del cargamento a su antojo, aprovechándose de la necesidad de los camioneros. En lo que respecta a los peajes, Colombia es el país con la tarifa más alta de América Latina, cobrando hasta 600 pesos por kilómetro recorrido (el promedio en la región es de 100 pesos). Lo acordado en 2015 comprometía al Gobierno a reducir el costo, contrario a eso, los precios han aumentado. Por último, el precio del ACPM sigue siendo excesivo, a pesar de que el precio internacional del galón descendió este año más del 70 por ciento.


da. ¿Cómo es la representación de ustedes en el gremio como negociadores?


EF. Dentro de las negociaciones están incluidas varias agremiaciones de camioneros en Colombia: en Antioquia estamos con la ATC, en cabeza del señor Orlando Ramírez, la ACC, la ANT, entre otras. En las negociaciones tenemos la representación de los conductores, porque de eso se trata, que el último eslabón en la cadena logística, que es el conductor, el que se trasnocha, el que se arriesga en la carretera, esté incluido en las negociaciones y sean escuchadas sus necesidades.


Aprovecho esta oportunidad para agradecer su apoyo, ya que el Gobierno ha hecho hasta lo imposible por evitar que este paro se difunda, y que el pueblo, la comunidad, sepa la magnitud y las consecuencias que este paro le está trayendo a la nación. Esto es importante ya que el ciudadano del común es el que está pagando los platos rotos con el encarecimiento de los insumos, de los víveres, con todo lo que llega a las plazas de mercado.


El apoyo que nos brindan es importante pues el Gobierno, con sus medios de comunicación mermelados, tratan de evitar y de tapar, por todas las formas posibles, la magnitud de este paro, por lo que agradezco que ustedes nos hicieran visibles, que acerquen esta realidad a la comunidad. Gracias enormes a la Mesa de Medios Alternativos Comunitarios de Medellín por tenernos en cuenta, por venir a conocer la problemática de los camioneros de Colombia.

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Lunes, 06 Junio 2016 09:45

Algunas lecciones de 6 días de Minga

Algunas lecciones de 6 días de Minga


Tres indígenas asesinados, 162 víctimas de detenciones arbitrarias, al menos 179 personas heridas, 6 amenazas proferidas en el contexto de esta protesta, son las cifras parciales arrojadas en el marco de la Minga nacional, agraria, campesina, étnica y popular en desarrollo en Colombia desde el pasado 31 de mayo.

 

Este es el lenguaje, real, directo, sin tapujos, con que responde el gobierno nacional ante las exigencias de los diversos pobladores del campo que reclaman cumplimiento con los compromisos contraídos años atrás por parte del Gobierno, en el marco de otras protestas de los pobres de Colombia, y para que asuma sus compromisos históricos como administrador del Estado nacional.

 

Mientras así actúan, mientras prolongan su proceder guerrerista y de control social violento, por diversos medios de comunicación, ministros, viceministros y hasta el mismo Presidente no paran de afirman que están dispuestos al diálogo y la concertación. Día y noche. Así actúa el poder: con las palabras tratan de confundir a la sociedad colombiana y con los hechos intentar intimidarla, dividirla, destruirla.

 

Comportamiento ni raro ni extraordinario, pues es la continuación histórica de un proceder ceñido a la Doctrina de Seguridad Nacional, a la luz de la cual quien protesta y exige sus derechos fundamentales es un enemigo interno, un insurgente, y así debe ser tratado. Policías uniformados y de civil, Esmad, unidades del Ejército Nacional, agentes de inteligencia, todos a una arremeten contra los grupos sociales que en su levantamiento por vida digna están obligados a ocupar calles y autopistas, cerrar vía, levantar fogatas, como únicos y últimos recursos para ser tenidos en cuenta.

 

En su afán por romper la unidad social los representantes del poder oligárquico colombiano –a pesar de que supuestamente se avanza hacia la paz– no reparan en métodos: inundan con gases lacrimógenos los sitios de las protestas, aturden con sus bombas de estruendo, golpean con palos y canicas disparadas en las capsulas recalzadas de las bombas lacrimógenas, lanzan sus carros contra los manifestantes, dirigen sus chorros de agua contaminada en contra de quienes los enfrentan, toman fotos y diversos registros de quienes se atreven a levantar su voz de protesta, empadronándolos en sus oscuras listas de las que luego podrán salir desaparecidos, hostigados y muertos y, como lo registran de manera cruda los asesinados, disparan contra personas desarmadas.

 

Es esta realidad la que ha impedido que las reuniones de negociaciones entre las delegaciones de la Minga y del Gobierno avancen hacia resultados concretos. Valga resaltar que el 5 de junio en la primera reunión de acercamiento entre las partes se habían logrado tres acuerdos fundamentales:

 

“1. Garantías en Derechos Humanos y legitimidad de la protesta en términos de no más agresiones de la fuerza pública a las personas movilizadas en todo el territorio nacional.


2. Reactivación de la Comisión de Derechos Humanos conjunta con Ministerio del Interior mañana en la mañana en acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas


3. Intercambio de propuestas para la instalación y metodología de negociación para la Mesa Única el día de mañana”.

 


Sin embargo, informan desde la Minga, “desde las horas de la mañana tenemos fuertes hostigamientos, represión y abusos de autoridad por parte de la fuerza pública (Esmad, Ejército y Policía) con armas convencionales y no convencionales en contra las comunidades concentradas en los diferentes puntos del país, entre ellos los más críticos: Cauca: Quinamayó-Santander de Quilichao, El Túnel-Cajibío, Los Robles-Timbío, en Cesar: San Martín, Besotes, Agua Chica, La Mata, La Gloria, en Santander: La Lisama, Barrancabermeja, en Norte de Santander: Berlín, en Valle: La Delfina, Buenaventura, en Nariño: Pedregal-Ipiales, en Huila: Bruselas-Pitalito, El Hobo, Uraba Antioqueño; escenarios donde aún no ha llegado la presencia de la defensoría del pueblo y las entidades de derechos humanos internacionales como se acordó ayer con Gobierno Nacional en el primer punto; haciéndose evidente el incumplimiento del gobierno y agudizándose así la afectación y violación de los derechos humanos y el derecho legítimo de los pueblos a la movilización social, ahora víctima de la fuerza pública (...) la cual ha venido dándole un tratamiento de guerra a la manifestantes”.

 

A renglón seguido, precisa el comunicado de la Minga: “Sumado a ello nos encontramos con diferentes posturas y declaraciones de gobierno nacional que buscan dividir y desinformar a la opinión pública afirmando que tienen toda la disposición pero que es la Cumbre Agraria la que está dividida y que no está lista para iniciar el diálogo; RECHAZAMOS Y DESMENTIMOS CATEGÓRICAMENTE ESAS AFIRMACIONES Y DECLARAMOS NUESTRA DISPOSICIÓN AL DIÁLOGO con presencia de garantes de la Cumbre, ONU, Defensoría del Pueblo, Congresistas y la Iglesia, así como las condiciones acordadas en términos de garantías humanitarias y logísticas para la movilización, manifestamos nuestra posición de UNIDAD, COHESIÓN Y TRABAJO CONJUNTO DE CARA A UN ESCENARIO ÚNICO DE NEGOCIACIÓN”.

 

 

Ante esta realidad la negociación quedó en punto muerto.

 

El levantamiento de miles de personas que habitan el campo colombiano prosigue y, superando el proceder del Gobierno, proyecta señales de que se extenderá por varios días más. La apuesta gubernamental es a desgastar la protesta vía prolongación y dilación de las negociaciones, atemorizar a quienes se atreven a salir a protestar violentándolos por todas las formas posibles, y confundir a la sociedad colombiana frente a las raíces de la protesta, la validez de las exigencias de indígenas, campesinos, afrodescendientes, y la supuesta voluntad de diálogo guernamental. Juegan con candela, pero no les importa, pues su propósito es uno solo: defender los intereses de los más ricos, favorecer a los terratenientes e industriales del campó, legislar a favor de las multinacionales para que continúen comprando tierras en el país, garantizar la impunidad para quienes violan los derechos humanos de sus connacionales e incluso sus vidas.

 

La protesta continúa en el Cauca, Chocó, Nariño, Arauca, santanderes, Córdoba, Guajira, Bolívar, y otros muchos puntos del país. El afán gubernamental es romper la misma en sus puntos más fuertes para así obligar a la dispersión de los restantes.

 

En el marco de la inconformidad creciente que registra Colombia, se anuncia que el lunes 6 en horas de la noche, varios gremios de camioneros entran en la protesta. ¿Servirá este nuevo factor para que las negociaciones oficiales con la Minga ganen nuevo ritmo y concreten resultados tangibles?

 

 

 

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Domingo, 05 Junio 2016 09:04

Cauca indígena, heroico resiste.

Cauca indígena, heroico resiste.

Santos, que se vaya, pronto, Iragorri, el hacendado ganadero Ministro de agricultura, directo responsable de la masacre de los indígenas, en la Minga de la resistencia en curso.

No más engaños. No más mentiras. Que llegue la paz a Colombia.

No más terratenientes festinándose la paz.

 

 

Crece la Minga de la resistencia indígena y campesina. Vivimos épocas de transformación profunda del campo político propiciado por los vientos de paz y terminación del atroz y complejo conflicto armado nacional cuyos principales focos genéticos se ubican en el problema agrario, la exclusión política y el atropello a millones de víctimas.

 

Pero mientras en los diálogos de La Habana los delegados del señor Santos se rasgan las vestiduras pidiendo hipócritamente a la resistencia guerrillera que se haga política sin armas, en el departamento del Cauca, en Valdivia, en el Valle y en otros territorios, sus instrumentos de violencia represiva, tipo Esmad y grupos paramilitares/Gao que los subsidian, hacen política neoliberal asesinando y aplastando indígenas y campesinos integrantes de una protesta legitima y ética, por la justeza de sus demandas.

 

Mientras el señor De La Calle y compañía nos hacen maravillas dialécticas en diversos foros universitarios, sobre las excelsitudes de la democracia liberal vigente, en la Minga en curso las masas ponen en evidencia la farsa de esa democracia al comprobar el desconocimiento de los derechos políticos mínimos y el crónico incumplimiento de los compromisos adquiridos, que un burócrata, ficha de la reaccionaria hacienda ganadera sabanera y caucana, como lo es Iragorri, el Ministro de los terratenientes, se ha encargadao de llevar hasta los extremos, provocando el airado levantamiento en curso, que ya se cobra varias vidas indígenas en los municipios caucanos como Jambalo, Mondomo y Piendamo; y en Buenaventura.

 

Mal mensaje para el Tratado final de paz, que vera su incumplimiento y defraudación sistemática. De nada servirán blindajes y aseguramientos jurídicos. Les importara un bledo eso, como lo confirman los acontecimientos en curso.

 

Además de pedir perdón por su aberrante incumplimiento a los indígenas, el Señor Santos debería darle un viraje radical a esa desueta institucionalidad agraria que gerencia Iragorri y su familia encabezada por su progenitor, uno de los más oscuros gamonales liberales, con tentáculos en todas las marcas electorales del establecimiento oligárquico. Hasta doña Paloma Valencia, la dama de hierro del innombrable, es comensal en este festín de momios.

 

Para ser creíble, Santos debe despachar a su hombre de confianza en el Ministerio de Agricultura, al señor Iragorri, quien es sostenido en esa entidad por los sectores más recalcitrantes de la ultraderecha del agro colombiano, quienes lo rodearon en la reciente crisis ministerial por ser uno de los suyos para que continuara allí enchufado.

 

Es un enemigo enmascarado de la paz, Santos. No se haga el de la vista gorda, hasta Germán Vargas Lleras lo confiesa en privado.

 

Es el saboteador maquillado que con su cinismo ha provocado las recientes muertes de líderes y militantes de la resistencia indígena y agraria.

 

La directa responsabilidad de la heroica sangre indígena que corres es de este flamante hacendado sabanero.

 

Ya son varios los aborígenes masacrados por el Esmad y más de 200 han recibido atropellos violentos de la horda policial que hace política con las armas, de manera ilegitima porque es contra el pueblo indefenso y para blindar una estructura social elitista.

 

Willington Quibarecama Naquirucama de 26 años, falleció en hechos violentos en el sector La Delfina de la vía a Buenaventura.

 

Gersaín Cerón del Resguardo Sat Tama Kiwe del municipio de Caldono, y Roger Díaz, del Resguardo La Aguada del mismo municipio, fueron identificados los indígenas que murieron por las balas escondidas del Esmad en el Rosal.

 

La Minga sigue en 40 sitios de Colombia y la delegación de Ministros, politiqueros de oficio, maniobran en la María/Piendamo, con jugadas de manzanillos, para no atender las peticiones de las organizaciones que reclaman la declaratoria de una Emergencia Económica, Social y Cultural. Y garantías efectivas para la protesta y huelga

 

Viene una próxima semana de niveles superiores de resistencia y es necesario que los colombianos respaldemos con nuestra movilización y protesta a los indígenas originarios de estos territorios.

 

Son nuestros hermanos y tenemos que agarrarnos de las manos con ellos para marchar por la paz con justicia social y por la libertad.

 

 

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Comunidades afro sumadas a ola de movilizaciones en el Cauca.

Segunda jornada de movilización social en el Cauca en menos de un mes. En esta oportunidad fueron 700 miembros de las comunidades afrocolombianas, agrupadas en 41 consejos comunitarios del norte del Cauca, quienes tomaron el día 26 de abril la Vía Panamericana en señal de protesta por la agudización de las condiciones sociales en que viven y por el incumplimiento del Estado ante antiguos pactos efectuados con la comunidad. Terminó la movilización el día 27 con el establecimiento de un nuevo comité de evaluación integrado por miembros del Gobierno y la comunidad. Hay dudas respecto a la capacidad de esta nueva instancia para ponerle punto final a la situación.

 

Vigentes se encuentran los factores artífices de profundas condiciones de pobreza, marginación y exclusión que caracaterizan la vida de las comunidades negras en el departamento del Cauca, foco de elevadas conflictividades y violencia en Colombia. En esta oportunidad fueron alrededor de 700 personas integrantes de los concejos comunitarios del norte del Cauca, quienes se manifestaron en la Vía Panamericana, entre la vereda Quimayo y el municipio de Santander de Quilichao, para denunciar esta realidad y demandar corrección a la misma.

En la mañana del 26 de abril inició la marcha nutrida por los representantes de 41 delegaciones provenientes de cada uno de los consejos comunitarios de la zona norte del Cauca. ¿Los objetivos generales? Levantar la voz en contra de situaciones irresolutas por gobierno colombiano, denunciar ante la comunidad internacional las constantes violaciones sobre los derechos étnicos territoriales, amenazas, muertes, y desplazamientos afrontadas por líderes en sus territorios.

Lo marchantes llevaban consigo exigencias especificas para el Gobierno: 1. La compra de tierras para el reconocimiento de los concejos comunitarios del norte del Cauca; 2. Consulta, consentimiento previo e informado sobre proyectos viales y de infraestructura proyectados sobre el territorio; 3. El cumplimiento de acuerdos pactados en otras movilizaciones; 4. Reparaciones y restablecimiento de derechos territoriales; 5. Inclusión de un enfoque diferencial en los acuerdos de paz que se desarrollan con los grupos insurgentes en el país; 6. Titulación como reservas especiales mineras los territorios de los consejos comunitarios del norte del Cauca. 7. La creación de programas de desarrollo social liderados por el Icbf y el Departamento de Prosperidad Social, con enfoque étnico diferencial y congruente con los planes de desarrollo propios; 8. La construcción de 20.000 viviendas rurales, afros y gratuitas; 9. Garantías ampliadas para la protección y cumplimiento de derechos humanos para los líderes defensores de los derechos étnicos y territoriales de las comunidades.

Golpear y maltratar para ablandar, luego negociar. Otra vez la formula propuesta por el gobierno nacional para tratar a quienes se movilizan exigiendo derechos vulnerados. Así lo denunció Aconc (Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca), el martes 26 de abril: “Hacia el medio día, el ESMAD arremetió violentamente, atacando con gas lacrimógeno y balas de goma a mujeres, hombres, jóvenes y niñ@s que se encontraban en la carretera panamericana que conduce de Cali a Popayán. Los miembros del ESMAD lanzaron granadas de gas lacrimógeno directamente contra las personas lo cual causó varios heridos al explotar las granadas de gas. Igualmente dispararon a quemarropa balas de goma contra [email protected] [email protected], [email protected] mayores de más de 70 años que tienen la sabiduría de conocer el valor de su territorio”.

Al día siguiente, el 27 de abril, tuvieron lugar las negociaciones entre representantes del gobierno departamental, nacional y consejos comunitarios afro. Fue acordado el levantamiento de la movilización y la ocupación por miembros de las comunidades de la Vía Panamericana. Sobre el acta del acuerdo señala el diario Proclama del Cauca : “En el acta, que lleva la firma de Carmen Inés Vásquez Camacho, viceministra del interior; Juan Pablo Diazgranados, viceministro de agricultura; María Isabel Ulloa, viceministra de minas; Oscar Campo, gobernador del Cauca; Alvaro Mendoza, alcalde de Santander de Quilichao; Nigeria Rentería, defensora delegada para los indígenas y las minorías étnicas; César Romero y Víctor Hugo Moreno, representante legal de la ACONC, se acordó la conformación de una mesa técnica integrada por 20 representantes de las comunidades con el equipo gubernamental designado para ello, la cual, instalada durante la segunda semana de mayo de 2016, revisará los acuerdos omitidos por el Gobierno para determinar las rutas con los plazos para su cumplimento, y que hacen relación al acta Salvajina 1986, acta INCODER San Rafael 2013; acta 7 de mayo de 2014, y actas de movilización de mujeres, diciembre 12 de 2014”.

Otra mesa técnica instalada entre Gobierno y comunidad, similar a la que en Popayán puso fin hace dos semanas, al paro departamental de maestros liderado por Asoinca (https://www.desdeabajo.info/colombia/item/28571-en-el-cauca-asoinca-docentes-levantan-paro.html). Una aparente voluntad de negociación gubernamental comienza a ser desplegada en el Cauca ante la masiva movilización de sectores sociales que intentan alcanzar reivindicaciones sobre problemáticas cuya soluciones fueron pactadas décadas atrás e incumplidas por cada una de las administraciones sucedidas hasta la actual. Como puede apreciarse, en esta nueva movilización seguían luchando por lo pactado desde el año de 1986. Inaudita situación.

 

Aprovechar la coyuntura para protestar.

 

La nueva coyuntura, generada por los diálogos establecidos entre Gobierno e insurgencias, vinieron de la mano con nuevos discursos oficiales en torno a la paz, reconciliación, rehabilitación de territorios y poblaciones golpeadas por el conflicto armado en Colombia. Las comunidades y sectores sociales del Cauca responden ante las posibilidades que abre el escenario del postacuerdo para la superación definitiva de problemáticas, asumen la movilización como estrategia de integración al nuevo “proyecto de sociedad” cuya llegada comienza a vislumbrarse. No quieren quedarse por fuera del tren de la paz.

El momento es el propicio. Asumiendo la aparente apertura del Gobierno, la estrategia de movilización puede ser la apropiada, la misma que en menos de quince días ha tenido dos importantes episodios en el Cauca. Sin embargo hay motivos para dudar. El viejo proceder del Gobierno puede ser el mismo desplegado en esta oportunidad: enfrentar, golpear y encarcelar, negociar, dilatar e incumplir acuerdos a la comunidad. Al procedimiento se agrega el hecho nada despreciable que el contenido de las exigencias presentadas por las comunidades afros exigen la implementación de reformas en el municipio que chocan con los intereses de explotación de recursos y acumulación del posacuerdo, contra la vergonzosa estructura de tenencia de la tierra en el Cauca.

No es claro cómo podrá el Gobierno cumplir a estas comunidades en movilización, cuando ha dejado clara su posición de no discutir el modelo económico, el régimen de propiedad imperante en Colombia, mientras las exigencias de los pueblos Afro del Cauca encuadran precisamente en la necesidad de que estos dos temas, metidos entre paréntesis por el Gobierno, más allá de ser discutidos sean modificados en el plano local.

El Cauca se mueve apostando a la movilización popular, que no debe bajar la guardia, ni desarticularse ante dilaciones introducidas por los representantes del Estado colombiano. Tiempos de movilización popular donde se siembra esperando cosechar resultados en tiempos de paz.

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A seis meses del terremoto que lo devastó, sólo llegaron 98 millones de dólares los 500 prometidos por la comunidad internacional para conformar el Fondo de Reconstrucción del país caribeño, por lo que "todavía no hemos podido pasar a la fase de recuperación", apuntó el enviado especial para la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas, Leslie Voltaire.

"Muchos resultados positivos se han obtenido durante la fase de transición. Sin embargo, a seis meses del terremoto todavía no hemos podido pasar a la fase de recuperación. Más de 1,6 millones de personas continúan sin hogar", destacó Voltaire en un debate del Consejo Económico y Social sobre los esfuerzos de la ONU en Haití.

El Fondo para la Reconstrucción del país caribeño gestionado por el Banco Mundial sólo ha recibido 98 millones de dólares. Los países que hasta la fecha han cumplido con su promesa monetaria son Brasil -el primero en hacerlo-, Noruega, Australia, Estonia y Colombia, explicó la vicepresidenta del BM para América Latina y el Caribe, Pamela Cox, en Washington.

En la Conferencia de Donantes para Haití celebrada a finales de marzo en Nueva York, la comunidad internacional comprometió hasta 5.000 millones de dólares en ayudas al devastado país. De ese dinero, 500 millones de dólares debían ir al Fondo para la Reconstrucción de Haití gestionado por el Banco Mundial, si bien a medio año del sismo y más de tres meses del encuentro neoyorquino este mecanismo cuenta con apenas el 19 por ciento del monto prometido.

"Le urgimos a la comunidad internacional para que haga realidad sus compromisos", dijo Cox. La vicepresidenta del BM dijo ser consciente de que en la mayoría de los países el dinero comprometido debe pasar primero por un proceso de aprobación a través del sistema presupuestario propio, algo que puede llevar tiempo, "pero lo que estamos haciendo es instar a los países a que logren aprobar ese dinero lo antes posible y que se lo hagan llegar al gobierno de Haití", insistió.

En tanto, Cox también hizo una llamada de atención al propio gobierno haitiano, al que recriminó "retrasos" en la toma de decisiones. "También tenemos algunos retrasos del lado del gobierno" de René Preval en temas clave como la adjudicación de terrenos para nuevas construcciones, explicó.

"El gobierno de Haití tiene que acelerar estas cuestiones, tiene que tomar más rápido las decisiones y por su parte los donantes tienen que asegurarse de que el dinero fluya más rápido", resumió.
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México aumentará los aranceles a las importaciones de 90 productos industriales y agrícolas estadunidenses, en represalia por la negativa de Estados Unidos a permitir la entrada de los transportistas de carga mexicanos a su territorio.

El secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, anunció este lunes esa medida, después que el presidente estadunidense Barak Obama suspendió un programa binacional que permitía a las empresas transportistas mexicanas entregar mercancías en los destinos finales.

La decisión del gobierno estadunidense de cancelar el programa, expresó el funcionario federal en conferencia de prensa, es equivocada, proteccionista y claramente violatoria del Tratado de Libre Comercio (TLC), y envía una señal negativa a México y al resto del mundo, precisamente en momentos en que debe evitarse a toda costa el proteccionismo por la crisis económica.

Ante ello, dijo, el gobierno mexicano analizó la situación de manera seria y llevó a cabo los contactos pertinentes con Estados Unidos para resolver el problema.

Sin embargo, tras agotar todas las instancias sin obtener una respuesta favorable nos vemos obligados a adoptar medidas de represalia conforme el TLC lo dispone, reveló Ruiz Mateos.

Añadió que la respuesta comercial busca preservar la integridad del TLC y significa el costo que tendrá que pagar Estados Unidos por no cumplir sus compromisos.

Los productos a los que se incrementarán los aranceles están relacionados con los sectores industrial y agrícola, que en 2007 representaron un volumen de comercio por 2 mil 400 millones de dólares, cifra que representa 1.7 por ciento de las importaciones totales de México.

Casi 70 por ciento de las mercancías que se comercian entre México y Estados Unidos se transportan por carretera.

La Secretaría de Economía (SE) publicará esta semana la lista de los productos en el Diario Oficial de la Federación y detallará los porcentajes de incrementos.

Ruiz Mateos mencionó tres criterios por los cuales se decidió tomar la represalia comercial a los 90 productos en particular.

Uno ellos es que las mercancías provengan de un número importante de estados de Estados Unidos, y cuyas exportaciones a México representen un porcentaje importante respecto de lo que se vende al resto del mundo.

El segundo criterio es que no fueran insumos que pudieran afectar las cadenas productivas mexicanas y no impactar el precio del bien final.

Por último, el gobierno mexicano buscó que no hubiera un impacto en los precios de los artículos de la canasta básica.

En la conferencia de prensa, el titular de la SE acusó a Estados Unidos de proteger a los transportistas estadunidenses y de afectar con ello la competencia de la región.

Explicó que el argumento estadunidense para impedir el paso a los transportistas mexicanos es que no cumplen con las reglas de seguridad, pese a que en el periodp de vigencia del programa binacional eliminado por Obama hubo más de 46 mil cruces sin que se registraran incidentes de importancia.

México y Estados Unidos acordaron abrir sus estados fronterizos a los transportistas de carga en diciembre de 1995 y a todo el territorio a partir de enero de 2000, pero Washington decidió no llevar a cabo la apertura argumentando cuestiones de seguridad.

Entre septiembre de 2007 y febrero anterior un total de 26 empresas mexicanas y 10 estadunidenses participaron en el programa binacional denominado Proyecto Demostrativo.

Dicho proyecto fue cancelado por Obama el 11 de marzo, cuando firmó la Ley de Presupuesto para 2009 y en la que se establece la prohibición al Departamento de Transporte de usar recursos para el programa.
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