Que lo urgente no impida asumir lo importante

Aunque no corresponde con las dinámicas históricas que nos indican que entre año y año no hay ruptura alguna y que lo que tenemos entre uno y otro mes (diciembre-enero) es continuidad (a no ser que en ese preciso momento del calendario ocurra algo extraordinario, como sucedió el 1º de enero de 1959 en Cuba), pese a ello las dinámicas culturales de nuestras sociedades han terminado por imponer el imaginario de que cada año trae su agenda y sus prioridades.

 

En esta lógica, el año hereda las luchas de movimientos sociales como los docentes de secundaria por su sistema de salud, así como por el cumplimiento por parte del Estado de la agenda firmada por el gobierno Santos. En los meses finales de 2018, Fecode trató de movilizar sus fuerzas, como precalentamiento para la disputa que les espera, sin lograr sintonía con sus bases. Tal vez el cansancio de un año de labores y el deseo de salir a vacaciones produjeron este resultado. Los primeros llamamientos de 2019 indicarán hasta dónde irá esta confrontación.

 

Con un recuerdo fresco de las hojas del calendario caídas hasta el pasado 31, también está la agenda firmada entre las comunidades indígenas y el anterior gobierno (en sus dos períodos). Como las denuncias de incumplimientos por parte de los pobladores del campo son constantes, ¿estarán dispuestos a copar autopistas como un recurso último para hacer valer lo firmado? ¿Estimulará su posible acción, o su pasividad, la decisión que tomen frente a la agenda electoral citada para octubre en todo el país?

 

Como habitantes del campo, en su mayoría campesinos, los raspachines y quienes tienen sembradas en su minifundio unas cuantas cuadras de coca están avisados de que este año, cada vez con más presión, desde el alto gobierno se operativizarán sus efectivos para erradicar por la fuerza estos sembrados, incluido el glifosato. ¿Presenciarán este suceso con pasividad los pobres del campo? ¿O revivirá en el sur del país el movimiento cocalero que años atrás se enfrentó a las políticas de erradicación inconsulta para hacer cumplir lo que sobre el particular quedó establecido en los Acuerdos de La Habana?

 

También con asiento rural, y producto de la decisión de los entes judiciales de que las consultas populares no tienen poder para impedir que la explotación minera tome cuerpo en uno u otro municipio, sometiendo así a los pobladores de gran parte del país al despojo, el desplazamiento; la contaminación de sus aguas, la tierra y el aire; la imposición de un modelo de desarrollo que no comparten, etcétera, queda abierta para esta parte de la agenda social de carácter alternativo el recurso de concentrar fuerzas y centralizar agendas. ¿Tomará cuerpo una coordinadora de todos los territorios afectados por tal decisión? ¿Optará esa coordinadora, de constituirse, por confrontar en las autopistas al gobierno nacional, como último recurso en procura de hacer valer la soberanía municipal sobre la nacional?

 

Las luchas universitarias, para ponerle coto a la desfinanciación de sus centros de estudio, produjeron unos resultados resumidos en el acuerdo firmado con el gobierno Duque en diciembre pasado, cuya valoración es motivo de polémica, y la decisión que sobre el particular tomen los actores sociales será noticia nacional en lo que resta de enero. Pero, más allá de tal particularidad, está a la orden del día el trabajo de potenciar el debate sobre la necesidad de una Universidad –y educación superior en general– gratuita (ver págs. 5-11), como concreción del esencial derecho humano al estudio, de mayor nivel y calidad, de acuerdo con los avances que la sociedad va conociendo. ¿Asumirá este reto el movimiento estudiantil como un solo cuerpo? ¿O, fracturado, producto de las decisiones que tome en las asambleas por celebrarse en estos días, una parte del mismo optará por una agenda pública de amplia actividad y otra por hacerle seguimiento al cumplimiento de lo acordado? ¿Qué sintonía encontrarán una y otra agenda, posibles, en la opinión pública?

 

El desangre del activismo social va pasando de goteo a chorro; a los centenares de activistas asesinados a lo largo de 2018, se suma la decena de los primeros días de enero, contados familiares de los mismos. Como todo año electoral, la acción promete no detenerse: es una acción abierta y despiadada por el control territorial, en lo cual también pesa el Acuerdo firmado con las Farc –como forma de violarlo–, así como la negociación rota en la práctica entre Gobierno y Eln, la que ahora tenía por asiento a La Habana. ¿Soportarán los movimientos sociales este desangre con denuncias y demandas legales? ¿Vendrá –o se incrementará– el exilio como recurso expedito para salvar la vida de algunos o muchos de quienes viven en zozobra ante las amenazas de supuestos grupos paramilitares? ¿Acudirán las organizaciones defensoras de Derechos Humanos a las instancias internacionales para denunciar al actual gobierno como genocida? ¿Potenciará la acción asesina, en contra de exguerrilleros de las Farc, el crecimiento de sus disidencias? ¿Es esto último lo que buscan quienes están detrás de la acción violenta, como táctica política para denunciar el incumplimiento de lo acordado por parte del otrora grupo insurgente?

 

Las agendas, como se ve, son continuidad de 2018 y mucho más atrás, pues en realidad la lucha por los derechos fundamentales de las mayorías marginadas se prolonga por décadas, viviendo en períodos específicos de las mismas alzas y bajas, o flujos y reflujos.

 

Como se puede ver, todas ellas son fundamentales para la vida –para sobrevivir– pero también para gozarla en dignidad, así como para trascender la democracia realmente existente Y todas ellas demandan que dejen de ser asuntos particulares de sus dolientes, para ser parte de una agenda nacional, coordinada, que las asuma como ingredientes de un proyecto de gobierno alterno, más allá de lo institucional, comprendiendo que sólo desde una agenda alternativa, no determinada por el inmediatismo ni por la institucionalización, es posible salir victoriosos de la arremetida oficial.

 

Queda en todo caso la preocupación de que el único aspecto de la agenda nacional, propio de este año, las elecciones territoriales por celebrarse el próximo 27 de octubre, como efecto del afán por lo estatal que ahora domina entre los sectores alternativos, termine por subsumir y opacar el resto de la agenda social, en ello, los aspectos relacionados pero también otros aquí no enunciados.

 

Como sabemos, la acción electoral es una gran exigente de energía y recursos de todo tipo. Tomar la decisión de que uno u otro activo de un proceso social asuma la candidatura para cualquier puesto de la administración pública implica reuniones de toda clase, en una primera instancia para lograr acuerdos y compromisos con sus pares y similares, y en una segunda y tercera etapas para dar a conocer propuestas y ganar apoyos ciudadanos. Todo un esfuerzo, descomunal, que no por ello –de salir airosa en sus propósitos– garantiza algo efectivo para la sociedad. Ya lo hemos visto: más allá de administrar unos recursos de la mejor manera, paliando las dolencias sociales, poco se puede hacer.

 

¿Persistir en esta ruta pese a los resultados obtenidos? ¿Conservar la constante de responder por reflejo a las iniciativas del establecimiento, lo cual termina por maniatarnos y legitimar aquello que pretendemos destruir? La crisis global que afecta al sistema capitalista indica que la manera más óptima para enfrentarlo es la construcción de una agenda alterna a la oficial, para actuar no por reflejo sino por voluntad propia. Y en esa opción, el centro de la acción pudiera descansar en la demanda de una democracia representativa, y asimismo directa, radical y plebiscitaria. Que la forma –las elecciones– le dé paso a la sustancia –democracia económica, social, ambiental, etcétera.

 

¿Podrán los movimientos sociales colombianos debatir esta realidad en forma desprevenida y con sentido propositivo en los primeros meses de 2019, actuando así para que la agenda heredada no quede sepultada por la institucional, que trae –con sus afanes– el último año de la segunda década del siglo XXI?

Publicado enColombia
Que lo urgente no impida asumir lo importante

Aunque no corresponde con las dinámicas históricas que nos indican que entre año y año no hay ruptura alguna y que lo que tenemos entre uno y otro mes (diciembre-enero) es continuidad (a no ser que en ese preciso momento del calendario ocurra algo extraordinario, como sucedió el 1º de enero de 1959 en Cuba), pese a ello las dinámicas culturales de nuestras sociedades han terminado por imponer el imaginario de que cada año trae su agenda y sus prioridades.

 

En esta lógica, el año hereda las luchas de movimientos sociales como los docentes de secundaria por su sistema de salud, así como por el cumplimiento por parte del Estado de la agenda firmada por el gobierno Santos. En los meses finales de 2018, Fecode trató de movilizar sus fuerzas, como precalentamiento para la disputa que les espera, sin lograr sintonía con sus bases. Tal vez el cansancio de un año de labores y el deseo de salir a vacaciones produjeron este resultado. Los primeros llamamientos de 2019 indicarán hasta dónde irá esta confrontación.

 

Con un recuerdo fresco de las hojas del calendario caídas hasta el pasado 31, también está la agenda firmada entre las comunidades indígenas y el anterior gobierno (en sus dos períodos). Como las denuncias de incumplimientos por parte de los pobladores del campo son constantes, ¿estarán dispuestos a copar autopistas como un recurso último para hacer valer lo firmado? ¿Estimulará su posible acción, o su pasividad, la decisión que tomen frente a la agenda electoral citada para octubre en todo el país?

 

Como habitantes del campo, en su mayoría campesinos, los raspachines y quienes tienen sembradas en su minifundio unas cuantas cuadras de coca están avisados de que este año, cada vez con más presión, desde el alto gobierno se operativizarán sus efectivos para erradicar por la fuerza estos sembrados, incluido el glifosato. ¿Presenciarán este suceso con pasividad los pobres del campo? ¿O revivirá en el sur del país el movimiento cocalero que años atrás se enfrentó a las políticas de erradicación inconsulta para hacer cumplir lo que sobre el particular quedó establecido en los Acuerdos de La Habana?

 

También con asiento rural, y producto de la decisión de los entes judiciales de que las consultas populares no tienen poder para impedir que la explotación minera tome cuerpo en uno u otro municipio, sometiendo así a los pobladores de gran parte del país al despojo, el desplazamiento; la contaminación de sus aguas, la tierra y el aire; la imposición de un modelo de desarrollo que no comparten, etcétera, queda abierta para esta parte de la agenda social de carácter alternativo el recurso de concentrar fuerzas y centralizar agendas. ¿Tomará cuerpo una coordinadora de todos los territorios afectados por tal decisión? ¿Optará esa coordinadora, de constituirse, por confrontar en las autopistas al gobierno nacional, como último recurso en procura de hacer valer la soberanía municipal sobre la nacional?

 

Las luchas universitarias, para ponerle coto a la desfinanciación de sus centros de estudio, produjeron unos resultados resumidos en el acuerdo firmado con el gobierno Duque en diciembre pasado, cuya valoración es motivo de polémica, y la decisión que sobre el particular tomen los actores sociales será noticia nacional en lo que resta de enero. Pero, más allá de tal particularidad, está a la orden del día el trabajo de potenciar el debate sobre la necesidad de una Universidad –y educación superior en general– gratuita (ver págs. 5-11), como concreción del esencial derecho humano al estudio, de mayor nivel y calidad, de acuerdo con los avances que la sociedad va conociendo. ¿Asumirá este reto el movimiento estudiantil como un solo cuerpo? ¿O, fracturado, producto de las decisiones que tome en las asambleas por celebrarse en estos días, una parte del mismo optará por una agenda pública de amplia actividad y otra por hacerle seguimiento al cumplimiento de lo acordado? ¿Qué sintonía encontrarán una y otra agenda, posibles, en la opinión pública?

 

El desangre del activismo social va pasando de goteo a chorro; a los centenares de activistas asesinados a lo largo de 2018, se suma la decena de los primeros días de enero, contados familiares de los mismos. Como todo año electoral, la acción promete no detenerse: es una acción abierta y despiadada por el control territorial, en lo cual también pesa el Acuerdo firmado con las Farc –como forma de violarlo–, así como la negociación rota en la práctica entre Gobierno y Eln, la que ahora tenía por asiento a La Habana. ¿Soportarán los movimientos sociales este desangre con denuncias y demandas legales? ¿Vendrá –o se incrementará– el exilio como recurso expedito para salvar la vida de algunos o muchos de quienes viven en zozobra ante las amenazas de supuestos grupos paramilitares? ¿Acudirán las organizaciones defensoras de Derechos Humanos a las instancias internacionales para denunciar al actual gobierno como genocida? ¿Potenciará la acción asesina, en contra de exguerrilleros de las Farc, el crecimiento de sus disidencias? ¿Es esto último lo que buscan quienes están detrás de la acción violenta, como táctica política para denunciar el incumplimiento de lo acordado por parte del otrora grupo insurgente?

 

Las agendas, como se ve, son continuidad de 2018 y mucho más atrás, pues en realidad la lucha por los derechos fundamentales de las mayorías marginadas se prolonga por décadas, viviendo en períodos específicos de las mismas alzas y bajas, o flujos y reflujos.

 

Como se puede ver, todas ellas son fundamentales para la vida –para sobrevivir– pero también para gozarla en dignidad, así como para trascender la democracia realmente existente Y todas ellas demandan que dejen de ser asuntos particulares de sus dolientes, para ser parte de una agenda nacional, coordinada, que las asuma como ingredientes de un proyecto de gobierno alterno, más allá de lo institucional, comprendiendo que sólo desde una agenda alternativa, no determinada por el inmediatismo ni por la institucionalización, es posible salir victoriosos de la arremetida oficial.

 

Queda en todo caso la preocupación de que el único aspecto de la agenda nacional, propio de este año, las elecciones territoriales por celebrarse el próximo 27 de octubre, como efecto del afán por lo estatal que ahora domina entre los sectores alternativos, termine por subsumir y opacar el resto de la agenda social, en ello, los aspectos relacionados pero también otros aquí no enunciados.

 

Como sabemos, la acción electoral es una gran exigente de energía y recursos de todo tipo. Tomar la decisión de que uno u otro activo de un proceso social asuma la candidatura para cualquier puesto de la administración pública implica reuniones de toda clase, en una primera instancia para lograr acuerdos y compromisos con sus pares y similares, y en una segunda y tercera etapas para dar a conocer propuestas y ganar apoyos ciudadanos. Todo un esfuerzo, descomunal, que no por ello –de salir airosa en sus propósitos– garantiza algo efectivo para la sociedad. Ya lo hemos visto: más allá de administrar unos recursos de la mejor manera, paliando las dolencias sociales, poco se puede hacer.

 

¿Persistir en esta ruta pese a los resultados obtenidos? ¿Conservar la constante de responder por reflejo a las iniciativas del establecimiento, lo cual termina por maniatarnos y legitimar aquello que pretendemos destruir? La crisis global que afecta al sistema capitalista indica que la manera más óptima para enfrentarlo es la construcción de una agenda alterna a la oficial, para actuar no por reflejo sino por voluntad propia. Y en esa opción, el centro de la acción pudiera descansar en la demanda de una democracia representativa, y asimismo directa, radical y plebiscitaria. Que la forma –las elecciones– le dé paso a la sustancia –democracia económica, social, ambiental, etcétera.

 

¿Podrán los movimientos sociales colombianos debatir esta realidad en forma desprevenida y con sentido propositivo en los primeros meses de 2019, actuando así para que la agenda heredada no quede sepultada por la institucional, que trae –con sus afanes– el último año de la segunda década del siglo XXI?

Publicado enEdición Nº253
"Cerca del 40 % del presupuesto de Colombia se destina a la guerra y a la deuda”

El economista colombiano William Gaviria Ocampo hace una alarmante descripción de la situación que afronta el pueblo colombiano tras culminar la negociación de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC.

 

William Gaviria Ocampo es un economista y profesor universitario colombiano. Forma parte del movimiento sindical del país y desde hace más de 30 años en el que es dirigente del sindicato de Industria Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB). Además es el Fiscal Nacional de la Federación Colombiana de Sindicatos Bancarios, Fenasibancol, organizaciones que hacen parte de la red del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM) y de la Plataforma para la Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública en Colombia.


¿Cuál es la situación del pueblo colombiano respecto a la satisfacción de necesidades elementales?


Colombia ha sido un país privilegiado en América Latina porque es uno de los más ricos en biodiversidad, recursos naturales y producción de materias primas en el mundo. Es un país que tiene recursos para mantener a toda la población con una calidad de vida excelente. No obstante, históricamente ha sido un país saqueado y sometido por el Imperio y por los países que han tenido una posición dominante sobre el resto de los países del sur. Situación que ha llevado a que Colombia no le garantice una buena calidad de vida a su población. Por el contrario, los gobiernos que se sucedieron al poder en los últimos 50 años han implementado mecanismos para conseguir recursos de crédito y para garantizar el pago de la deuda.


También imponen una política monetaria y fiscal restrictiva en contra de la población, lo que hace que el saqueo a los más pobres se haya desorbitado y la concentración de la riqueza sea escandalosa. Según el Banco Mundial , qué es la misma entidad que coloca recursos de crédito para continuar desangrando a los más pobres, Colombia ocupa el vergonzoso y aberrante segundo lugar como país con una mayor desigualdad de América Latina.


¿Cuánto representa el presupuesto nacional en Colombia y cuál es la evolución de lo que se dedica para las fuerzas armadas y para la deuda respecto de servicios sociales esenciales?


Colombia tiene un presupuesto para 2018 de 235,6 billones de pesos equivalente a unos 80.000 millones de dólares, de los cuales una cuarta parte, 59,1 billones de pesos (20.000 millones de dolares), están destinados al servicio de la deuda pública interna y externa. Al tiempo que para gastos militares se destinarán 31,6 billones de pesos, unos 11.000 millones de dolares. Cerca del 40 % del presupuesto colombiano se destina a la guerra y a la deuda.


Suena paradójico que después de haber suscrito un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, el Gobierno colombiano siga incrementando el presupuesto para gastos militares. Si verdaderamente el objetivo del acuerdo fuera la paz, este presupuesto tendría que ser considerablemente inferior, para dedicar mayor cantidad de recursos a la educación, niñez, salud y otras necesidades fundamentales que la población requiere. Sin embargo, si se revisa el presupuesto, solo a manera de ejemplo, se puede encontrar que para el sector agropecuario, con relación al año 2017, que tuvo 2,9 billones de pesos, para el 2018 se redujo el presupuesto en un 20,5 % porque solo se destinarán escasos 2,3 billones de pesos (unos 793 millones de dolares). Cantidad abiertamente insuficiente para garantizar la restitución de tierras para reparar a las víctimas con los terrenos y baldíos que perdieron por el desplazamiento forzoso de campesinos que ocasionó la guerra.


Resulta apenas obvio que para el posacuerdo tendría que haber mayor inversión del Estado para dinamizar económicamente el sector productivo en el campo, lo que permite concluir que el proceso de paz del Gobierno no garantiza la inclusión ni justicia social en un Estado supuestamente democrático como Colombia.


¿Cuál ha sido la evolución de la deuda en los últimos años?


Primero hay que explicar que históricamente Colombia ha incrementado su deuda casi geométricamente. Entre los años 1976 y 2006, la deuda colombiana se duplicó cada diez años. Fue así como en 1976 era de unos 3.600 millones de dolares, en 1986 ascendía a 7.200 millones; en 1996 era de más de 16.000 millones de dolares y de 36.000 millones en el 2006.


Como consecuencia de la crisis de 1998, que fue desastrosa, la deuda en Colombia se duplicó en cinco años porque en 2011 ascendió a 72.000 millones de dolares y en 2017 a 124.000 millones, lo que demuestra que en menos de 10 años la deuda externa colombiana se triplicó. El saldo vigente de la deuda externa es el 40 % del PIB, situación preocupante porque a pesar de estar dedicando alrededor de 20.000 millones de dolares anuales al pago de la deuda, esta crece de manera galopante. Colombia está afrontando una crisis progresiva de la cual no va a salir en el corto plazo.


¿Cómo ves el panorama colombiano en el contexto del posacuerdo de paz respecto a cómo ha venido funcionando?


El conflicto armado que existió desde 1964 hasta el año pasado entre las fuerzas regulares del Estado y las FARC se degradó en la década de los setenta debido a que se crearon los grupos paramilitares con el auspicio del Estado a través de sus fuerzas regulares y el apoyo financiero y militar de muchos empresarios colombianos de las élites del poder económico. Degeneró en una guerra fratricida para la cual todos los gobiernos destinaron entre el 20 % y el 40 % de los presupuestos anuales desde la década de los años 60, incrementando el endeudamiento externo y desde los años 90 también el endeudamiento interno.


Aunque para que la población aceptara el proceso de paz con las FARC, el Gobierno siempre argumentó que al acabar el conflicto armado el presupuesto para la guerra se reduciría considerablemente, liberando recursos para la inversión social. Pero el presupuesto para 2018 demuestra que ese rubro sigue en ascenso: 59,1 billones de pesos (20.000 millones de dólares) y al mismo tiempo el propio Gobierno afirma que la puesta en marcha del posconflicto costará unos 80.000 millones de dolares en los próximos 10 años, que servirán para dinamizar y fortalecer cada uno de los sectores, de manera que se garantice el fortalecimiento del agro y la industria para mejorar el empleo y la educación entre todos los factores necesarios para que haya una paz viable y duradera. Esto permite suponer que el nivel de endeudamiento se disparará unos 10.000 millones de dólares anuales y que la política fiscal será más restrictiva, trayendo consigo un incremento de la carga tributaria que afectará a la población más pobre de Colombia.


Esta breve descripción de la situación colombiana permite afirmar que de 124.000 millones de dólares a los que asciende hoy la deuda externa, podrá subir a unos 220.000 millones en los próximos 10 años, porque a la necesidad de recursos para el posconflicto hay que sumarle dinero que se requiere para garantizar otras inversiones para el bienestar de la población y el desarrollo del país. Así, la deuda externa en los próximos 10 años crecerá alrededor de 100.000 millones de dólares. Entonces hay que preguntarse, ¿quién pagará la deuda? Y la respuesta resulta elemental: el pueblo, que será víctima de la oleada de reformas estructurales que el Gobierno impondrá y que de hecho empezaron hace 2 años.


Hay que recordar que hace muy poco tiempo se le hicieron ajustes a la nefasta política de seguridad social en pensiones y que en el año 2017 se impuso una reforma tributaria que además de disminuir la base gravable para el impuesto de renta incrementó el IVA del 16 al 19 %, afectando a la población más pobre, incorporando al circuito tributario a millones de colombianos trabajadores que también tendrán que seguir declarando renta. Lo peor es que muy seguramente Colombia no se va a sobreponer de la desaceleración económica y la crisis que ha venido afrontando los últimos años y que se van a incrementar las vergonzosas desigualdad e inequidad que han profundizado las diferencias sociales en la historia reciente de este país.


Por Jérôme Duval, miembro del CADTM, Comité para la abolición de las deudas ilegítimas (www.cadtm.org) y de la PACD, la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda en el Estado español (http://auditoriaciudadana.net/). Es autor junto con Fátima Martín del libro Construcción europea al servicio de los mercados financieros, Icaria editorial 2016 y es también coautor del libro La Deuda o la vida, (Icaria, 2011), libro colectivo coordinado por Damien Millet y Eric Toussaint, que ha recibido el Premio al libro político en Lieja, Bélgica, en 2011.

 

 

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Excomandantes FARC: Al Acuerdo de Paz le cercenaron el alma

Excomandantes de la FARC-EP denunciaron este martes que fue cambiada la esencia del Acuerdo de Paz negociado en La Habana ''por obra y gracia de la interpretación jurisprudencial, la implementación legislativa y la perfidia del Estado''.

De ese modo se pronunciaron el exjefe de la delegación de paz en la capital cubana, Iván Márquez, y otros exdirigentes de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), convertidas desde septiembre de 2017 en el partido legal Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

'Lo que hoy llaman acuerdo de paz no es el convenido por las partes en La Habana. Es un horroroso frankenstein santanderista', dijeron en carta enviada al también líder fariano Jesús Santrich, preso desde abril de este año a pedido de la justicia estadounidense que demanda su extradición.

Sobre ese tema los firmantes de la misiva expresaron que una eventual extradición de Santrich o su mantenimiento en prisión significaría el fracaso irremediable de la paz.

Reiteraron que tal encarcelamiento es resultado de un montaje judicial entre la DEA y la Fiscalía de Colombia y llamaron a que Santrich sea liberado de forma inmediata, al considerar que no existen pruebas del delito de narcotráfico que se le imputa.

Manifestaron también estar 'muy impactados con la inseguridad jurídica que expande la desconfianza en todo el universo guerrillero'.

Asimismo criticaron las modificaciones hechas a la Justicia Especial de Paz, que, insistieron, fue concebida para todos los actores del conflicto armado y no solamente para los excombatientes de las FARC.

Márquez pidió al Estado colombiano atenerse al principio de pacta sunt servanda que establece que todo tratado obliga a las partes que lo suscriben a cumplirlo.

Opinó finalmente que Colombia debe despertar y que solo la Nación movilizada puede obligar al Estado a cumplir lo que fue pactado de buena fe y salvar de ese modo el proceso de paz.

Por: Prensa Latina | Martes, 20/11/2018 06:06 PM |

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Sábado, 31 Marzo 2018 10:08

Colombia en la cuerda floja

Colombia en la cuerda floja

El asesinato sistemático de líderes sociales con 282 víctimas en el 2017, la falta de garantías de derechos humanos, la corrupción, la falta de un gobierno abierto, entre otros aspectos importantes en un Estado de derecho, ubican a Colombia cada vez más por debajo de lo aceptable en el ranking anual del Índice de Estado de Derecho, de acuerdo con el World Justice Project.



El pasado 31 de enero, el World Justice Project (WJP)*, publicó el informe de Índice de Estados de Derecho 2017–2018, estudio realizado a partir 113 países considerados en ocho factores: Límites al poder gubernamental, Ausencia de corrupción, Gobierno abierto, Derechos fundamentales, Orden y seguridad, Cumplimiento regulatorio, Justicia civil, y Justicia penal. En Colombia, producto de quienes detentan el poder, la coyuntura nacional es cada vez más preocupante en términos de la violación de los derechos humanos y de los escándalos políticos y económicos, con una justicia que se queda corta cuando se trata de condenar a los agentes del poder.

 

Colombia en la cuerda floja. Las puntuaciones entre estos 113 países pueden compararse a nivel global y regional. En el rango global, Colombia se ubica en el puesto 72, y a nivel regional en el puesto 19, de 30 países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, hay algo que llama la atención y es el descenso que tuvo el país en los últimos años, que más allá de ubicarlo en un puesto, evidencia las graves problemáticas presentes, la falta de derechos y la ausencia de un control real y eficiente que garanticen una vida digna y una democracia real, un descenso de 10 lugares como el registrado por Colombia en tan solo 3 años significa que más allá de las cifras, la realidad es preocupante. En el 2016, el país se ubicó en el puesto 71 y en el 2015 en el 62. (Ver Tabla 1)

 

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Lo que significa que Colombia no está mejorando en términos de democracia y derechos fundamentales, sino que, por el contrario, es un país cada vez más absorto por la corrupción y los criminales que carcomen a cada uno de los estamentos políticos y sociales, sin que nadie salga afectado, excepto el pueblo mismo.

 

Si bien no hay Estados de derecho perfectos, Colombia, en su supuesta transición hacia la paz, tal como dice el dicho popular “tras de gorda, inflada”: tiene un gobierno que hace y deshace, según su conveniencia. Un gobierno, que como es público, es ilegítimo en tanto el patrocinio recibido por Santos de parte de Odebrecht –al igual que su anterior jefe Álvaro Uribe Vélez–; gobierno que no cumple con su compromiso de restituir la tierra a campesinos, comunidades afro e indígenas, afectadas por el conflicto armado, ni con proteger la vida de los líderes sociales, hoy amenazados, hostigados y asesinatos; país, por demás, donde las investigaciones sobre los falsos positivos y las famosas chuzadas no pasan de ser primicias de periódicos y canales de televisión.

 

Para entender los valores y los 8 aspectos evaluados por WJP, cabe aclarar que 1 es la mejor calificación y el rango por nivel de ingreso corresponde a otros países que ingresaron en el ranking junto con Colombia, tal como Albania, Turquía, Rusia, Rumania, entre otros.

 

Aspectos evaluados

 

Límites del poder gubernamental: mide la capacidad de decisión que tienen quienes gobiernan desde la instancia judicial, desde el poder legislativo, las sanciones por mala conducta, la auditoría independiente, los cheques no gubernamentales y la transición legal de la potencia.

 

Ausencia de corrupción: Este aspecto es especial, dada la coyuntura en el país. Con éste miden el nivel de corrupción presente en los estamentos judiciales, legislativos, ejecutivos y en las fuerzas militares y de policía; de estos, el poder judicial es el estamento con los mayores indicadores de corrupción.

 

Gobierno abierto: en este punto se evalúa el derecho a la información, la participación cívica y los mecanismos de queja y/o reclamo a los que puede acceder la población.

 

Derechos fundamentales: uno de los temas más sensible luego de firmados los acuerdos de paz. El World Justice Project, define este aspecto tomando como referentes la discriminación, el derecho a la vida y seguridad, el debido proceso legal, la libertad de expresión, la libertad de religión, el derecho a la privacidad, la libertad de asociación y los derechos laborales.

 

Orden y seguridad: en este caso se tiene en cuenta la ausencia del delito, ausencia del conflicto civil y la ausencia de la reparación violenta.


Cumplimiento regulatorio: se mide la reglamentación de efectiva aplicación, sin influencia inapropiada, sin demoras injustificadas y el respeto del debido proceso.

 

Justicia civil: corresponde a la accesibilidad y asequibilidad, no discriminación, sin corrupción, sin influencia gubernamental indebida, sin retrasos irrazonables y aplicación efectiva.

 

Justicia penal: evalúa los mismos aspectos de la justicia civil, con la variación de incluir las investigaciones efectivas, la efectividad del sistema correccional y la oportuna y efectiva adjudicación.

 

El espectro de la justicia en Colombia es cada vez más limitado y banal, a nivel internacional se evidencian las falencias gubernamentales y las denuncias e informes se quedan ahí, da lo mismo ver que Holanda, Dinamarca y Suecia ocupan los mejores lugares, países con los mejores gobiernos y condiciones de vida y, a su vez, ver países como Colombia donde la justicia y la democracia formal penden de un hilo y son cada vez más ajenas a la vida digna de las personas.

 

De acuerdo con el fundador y CEO del WJP, William H. Neukom “El Estado de Derecho es la base para que las comunidades gocen de paz, igualdad y oportunidades”, sin embargo, el pasado 7 de marzo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, se refirió a las 282 personas defensoras de los derechos humanos asesinadas en Colombia, registradas desde el 2016 hasta lo que va del 2018. El Alto Comisionado enfatizó en los más de 20 informes de crímenes en este primer trimestre del año, por lo que calificó de “alarmante” la situación, la cual esperan denunciar de manera oficial el 21 de marzo.

 

 

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Lo complejo del asunto

 

Firmados los acuerdos con las Farc, Colombia es agenda tanto para los medios de comunicación como para los distintos organismos internacionales. En su transición a la paz y una vez acordada la finalización de la confrontación armada con las Farc, las realidades de quienes habitan este país deberían ser muy distintas o por lo menos, muy lejanas a la muerte, la desaparición y hostigamientos sufridos durante años. Sin embargo, el panorama es desalentador y evidencia los verdaderos problemas de fondo.


Como otra parte del horror que vivimos, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente informó el pasado el 6 de marzo, el asesinato en nuestro país durante el 2017 de 32 defensores del territorio y el medio ambiente, a lo que el Alto Comisionado de la ONU precisó que no solo es la defensa del medio ambiente, también es la defensa de la vida, la salud, el agua, la higiene, la alimentación y demás derechos culturales, políticos y civiles. Cabe resaltar que son las comunidades campesinas, afro e indígenas a quienes más les violentan el derecho al territorio.

 

Ante tal problemática, la ONU plantea que el cambio empieza en cada uno de los colombianos, que solo así puede detenerse el asesinato de quienes luchan por una vida mejor; sin embargo, ante la amenaza de muerte que acecha constantemente a quienes lideran el verdadero cambio, una justicia y una democracia real de todos y para todos, hace falta cuestionar los modelos económicos y políticos a los que está sometida Colombia e, incluso, el mismo acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc.

 

Aunque, según William H. Neukom, “Ningún país ha logrado, mucho menos sostenido, un Estado de Derecho perfecto. El Índice de Estado de Derecho del WJP es un primer paso para establecer puntos de referencia, informar y encaminar reformas, y para enfatizar la importancia fundamental del Estado de Derecho”.

 

* El World Justice Project es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para fortalecer el Estado de Derecho en el mundo. Un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza, y protege a las personas de las injusticias. El Estado de Derecho es la base para alcanzar comunidades que gocen de paz y oportunidades, y es el fundamento para el desarrollo del capital humano, un gobierno responsable, y el respeto a los derechos fundamentales.

 

 

Publicado enEdición Nº244

El economista colombiano William Gaviria Ocampo hace una alarmante descripción de la situación que afronta el pueblo colombiano tras culminar la negociación de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC.

 

William Gaviria Ocampo es un economista y profesor universitario colombiano. Forma parte del movimiento sindical del país y desde hace más de 30 años en el que es dirigente del sindicato de Industria Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB). Además es el Fiscal Nacional de la Federación Colombiana de Sindicatos Bancarios, Fenasibancol, organizaciones que hacen parte de la red del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM) y de la Plataforma para la Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública en Colombia.


¿Cuál es la situación del pueblo colombiano respecto a la satisfacción de necesidades elementales?


Colombia ha sido un país privilegiado en América Latina porque es uno de los más ricos en biodiversidad, recursos naturales y producción de materias primas en el mundo. Es un país que tiene recursos para mantener a toda la población con una calidad de vida excelente. No obstante, históricamente ha sido un país saqueado y sometido por el Imperio y por los países que han tenido una posición dominante sobre el resto de los países del sur. Situación que ha llevado a que Colombia no le garantice una buena calidad de vida a su población. Por el contrario, los gobiernos que se sucedieron al poder en los últimos 50 años han implementado mecanismos para conseguir recursos de crédito y para garantizar el pago de la deuda.


También imponen una política monetaria y fiscal restrictiva en contra de la población, lo que hace que el saqueo a los más pobres se haya desorbitado y la concentración de la riqueza sea escandalosa. Según el Banco Mundial , qué es la misma entidad que coloca recursos de crédito para continuar desangrando a los más pobres, Colombia ocupa el vergonzoso y aberrante segundo lugar como país con una mayor desigualdad de América Latina.


¿Cuánto representa el presupuesto nacional en Colombia y cuál es la evolución de lo que se dedica para las fuerzas armadas y para la deuda respecto de servicios sociales esenciales?


Colombia tiene un presupuesto para 2018 de 235,6 billones de pesos equivalente a unos 80.000 millones de dólares, de los cuales una cuarta parte, 59,1 billones de pesos (20.000 millones de dolares), están destinados al servicio de la deuda pública interna y externa. Al tiempo que para gastos militares se destinarán 31,6 billones de pesos, unos 11.000 millones de dolares. Cerca del 40 % del presupuesto colombiano se destina a la guerra y a la deuda.


Suena paradójico que después de haber suscrito un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, el Gobierno colombiano siga incrementando el presupuesto para gastos militares. Si verdaderamente el objetivo del acuerdo fuera la paz, este presupuesto tendría que ser considerablemente inferior, para dedicar mayor cantidad de recursos a la educación, niñez, salud y otras necesidades fundamentales que la población requiere. Sin embargo, si se revisa el presupuesto, solo a manera de ejemplo, se puede encontrar que para el sector agropecuario, con relación al año 2017, que tuvo 2,9 billones de pesos, para el 2018 se redujo el presupuesto en un 20,5 % porque solo se destinarán escasos 2,3 billones de pesos (unos 793 millones de dolares). Cantidad abiertamente insuficiente para garantizar la restitución de tierras para reparar a las víctimas con los terrenos y baldíos que perdieron por el desplazamiento forzoso de campesinos que ocasionó la guerra.


Resulta apenas obvio que para el posacuerdo tendría que haber mayor inversión del Estado para dinamizar económicamente el sector productivo en el campo, lo que permite concluir que el proceso de paz del Gobierno no garantiza la inclusión ni justicia social en un Estado supuestamente democrático como Colombia.


¿Cuál ha sido la evolución de la deuda en los últimos años?


Primero hay que explicar que históricamente Colombia ha incrementado su deuda casi geométricamente. Entre los años 1976 y 2006, la deuda colombiana se duplicó cada diez años. Fue así como en 1976 era de unos 3.600 millones de dolares, en 1986 ascendía a 7.200 millones; en 1996 era de más de 16.000 millones de dolares y de 36.000 millones en el 2006.


Como consecuencia de la crisis de 1998, que fue desastrosa, la deuda en Colombia se duplicó en cinco años porque en 2011 ascendió a 72.000 millones de dolares y en 2017 a 124.000 millones, lo que demuestra que en menos de 10 años la deuda externa colombiana se triplicó. El saldo vigente de la deuda externa es el 40 % del PIB, situación preocupante porque a pesar de estar dedicando alrededor de 20.000 millones de dolares anuales al pago de la deuda, esta crece de manera galopante. Colombia está afrontando una crisis progresiva de la cual no va a salir en el corto plazo.


¿Cómo ves el panorama colombiano en el contexto del posacuerdo de paz respecto a cómo ha venido funcionando?


El conflicto armado que existió desde 1964 hasta el año pasado entre las fuerzas regulares del Estado y las FARC se degradó en la década de los setenta debido a que se crearon los grupos paramilitares con el auspicio del Estado a través de sus fuerzas regulares y el apoyo financiero y militar de muchos empresarios colombianos de las élites del poder económico. Degeneró en una guerra fratricida para la cual todos los gobiernos destinaron entre el 20 % y el 40 % de los presupuestos anuales desde la década de los años 60, incrementando el endeudamiento externo y desde los años 90 también el endeudamiento interno.


Aunque para que la población aceptara el proceso de paz con las FARC, el Gobierno siempre argumentó que al acabar el conflicto armado el presupuesto para la guerra se reduciría considerablemente, liberando recursos para la inversión social. Pero el presupuesto para 2018 demuestra que ese rubro sigue en ascenso: 59,1 billones de pesos (20.000 millones de dólares) y al mismo tiempo el propio Gobierno afirma que la puesta en marcha del posconflicto costará unos 80.000 millones de dolares en los próximos 10 años, que servirán para dinamizar y fortalecer cada uno de los sectores, de manera que se garantice el fortalecimiento del agro y la industria para mejorar el empleo y la educación entre todos los factores necesarios para que haya una paz viable y duradera. Esto permite suponer que el nivel de endeudamiento se disparará unos 10.000 millones de dólares anuales y que la política fiscal será más restrictiva, trayendo consigo un incremento de la carga tributaria que afectará a la población más pobre de Colombia.


Esta breve descripción de la situación colombiana permite afirmar que de 124.000 millones de dólares a los que asciende hoy la deuda externa, podrá subir a unos 220.000 millones en los próximos 10 años, porque a la necesidad de recursos para el posconflicto hay que sumarle dinero que se requiere para garantizar otras inversiones para el bienestar de la población y el desarrollo del país. Así, la deuda externa en los próximos 10 años crecerá alrededor de 100.000 millones de dólares. Entonces hay que preguntarse, ¿quién pagará la deuda? Y la respuesta resulta elemental: el pueblo, que será víctima de la oleada de reformas estructurales que el Gobierno impondrá y que de hecho empezaron hace 2 años.


Hay que recordar que hace muy poco tiempo se le hicieron ajustes a la nefasta política de seguridad social en pensiones y que en el año 2017 se impuso una reforma tributaria que además de disminuir la base gravable para el impuesto de renta incrementó el IVA del 16 al 19 %, afectando a la población más pobre, incorporando al circuito tributario a millones de colombianos trabajadores que también tendrán que seguir declarando renta. Lo peor es que muy seguramente Colombia no se va a sobreponer de la desaceleración económica y la crisis que ha venido afrontando los últimos años y que se van a incrementar las vergonzosas desigualdad e inequidad que han profundizado las diferencias sociales en la historia reciente de este país.


Por Jérôme Duval, miembro del CADTM, Comité para la abolición de las deudas ilegítimas (www.cadtm.org) y de la PACD, la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda en el Estado español (http://auditoriaciudadana.net/). Es autor junto con Fátima Martín del libro Construcción europea al servicio de los mercados financieros, Icaria editorial 2016 y es también coautor del libro La Deuda o la vida, (Icaria, 2011), libro colectivo coordinado por Damien Millet y Eric Toussaint, que ha recibido el Premio al libro político en Lieja, Bélgica, en 2011.

 

 

Publicado enColombia
“Creo en la necesidad de la paz completa”

En diálogo con desdeabajo, Alirio Uribe Muñoz, Representante a la Cámara, describe cómo avanza la concreción legal del Acuerdo de Paz. “El proceso de paz ha sido y es una carrera de obstáculos”, enfatiza. “Obstáculos en lo económico, con los enemigos del proceso, en lo jurídico. Brincar y brincar obstáculos. Espero que lleguemos a la meta: desactivar la guerra y que no haya más víctimas”.

 

Estos días son de exigencia plena para todos aquellos que consagran su vida al sueño de ver emerger una Colombia con justicia y paz. Entre ellos y ellas, Alirio Uribe Muñoz no descansa. Los tiempos urgen, dijo Martí, todo a la vez. Ayer en la noche, en la marcha que desde el Planetario –en Bogotá– caminó hasta la Plaza de Bolívar en defensa de los acuerdos. Hoy, comenzando el mes de junio, en el seminario convocado junto con Iván Cepeda y Ángela Robledo para que defensores de derechos humanos de todo el país estén al tanto de la Justicia Especial para la Paz. Mañana en el aerotransporte del Ejército hacia las zonas veredales del Cauca. Al día siguiente con los maestros que están pariendo el sueño de otra educación en Colombia.

 

El desarrollo legal

 

Para conversar sobre estos temas, citamos de nuevo a Alirio quien sin dudarlo aceptó compartir su lectura de lo que está ocurriendo en el Congreso con el Acuerdo de Paz. En los primeros días de junio nos encontramos y alrededor de un café, nos adentramos en la entrevista sin perder tiempo. El gobierno acaba de expedir un conjunto de decretos para desarrollar temas claves de los acuerdos, ¿cómo evalúas el desarrollo legal del Acuerdos de Paz?
En primer lugar debo señalar que la paz sí nos ha dado unos réditos. El cese del fuego, el diálogo con el Eln, nos ha dado unos beneficios, ante todo salvar vidas. Nuestro primer desafío, y es lo que planteé en un taller al que concurrí hoy, es que no haya más víctimas.

 

Hay que recordar que en todos estos años de acción, de resistencia y de trabajo, el movimiento popular, el movimiento de derechos humanos, las organizaciones de víctimas, han salvado muchas vidas. Cuando comencé mi trabajo como defensor de derechos humanos, treinta mil personas al año era lo que registraba Colombia, tres mil de las cuales provenían de la violencia política. En ese tiempo íbamos a Naciones Unidas y decíamos que en Colombia matan cada día diez personas con ocasión del conflicto socio político.

 

Veinte años después, en el 2016, las cifras de Medicina Legal arrojan diez mil seiscientas necropsias. Y las cifras de la Policía son de doce mil. La tasa general de homicidios en el país se redujo a una tercera parte. Del 2016 al 2017 han asesinado 180 líderes sociales y populares. Esto es gravísimo. El 87 por ciento son líderes campesinos e indígenas, presidentes de organizaciones agrarias. Los asesinatos los han cometido en las zonas abandonadas por las Farc, zonas que la Defensoría del Pueblo ha señalado como las de mayor riesgo en todo el país, que son cien municipios. Son las zonas más militarizadas, allí donde opera el Plan Victoria del Ejército. Y también las mismas zonas que serán las circunscripciones especiales de paz para las 16 cámaras contempladas en el Acuerdo de Paz. Me atrevería a decir, entonces, que algunos de los líderes asesinados –potencialmente– podrían haber sido candidatos a las elecciones de esas circunscripciones.

 

Pero cuando hablo de que hemos salvado vidas me refiero a que algún efecto ha de tener la disminución de la intensidad del conflicto en el sentido de la reducción de los homicidios a una tercera parte. El año pasado mataron cuatro sindicalistas, este año han matado uno. Pero venimos de años en que la cifra ascendía a doscientos. Y la cifra monstruosa ha bajado. Espero que el año que viene no maten ninguno.

 

Si observamos los secuestros sucede igual. Hace diez años teníamos una media de 3.500 al año. El año pasado hubo 180. Seguramente 10 por ciento imputable al Eln y el 90 restante a delincuencia común.

 

Igual si miramos las víctimas de minas antipersonas: hace diez años mil trescientas víctimas, y el año pasado: diez y seis. Este año van dos y espero que el año entrante no haya ninguno. Tenemos que terminar la tarea de ir desactivando el conflicto.

 

Venimos de un escenario de trescientos mil desplazados por año. Con un escenario de cientos de miles de desplazados cada año durante varios años. Esas cifras han caído. Recuerdo informes de la Fiscalía General de la Nación refiriendo que en un solo año mataron cuatrocientos miembros del CTI. El Hospital Militar recibía cada año cientos e incluso miles de heridos y mutilados. El año pasado llegaron veintiséis heridos. El Hospital hoy está atendiendo más casos de accidentes de moto que víctimas de la guerra. Nos ahorramos vidas de soldados, de policías, de guerrilleros, de civiles, con ocasión del conflicto.

 

Todo este cuadro de espanto ha disminuido de manera ostensible. Pero no hemos terminado la tarea y nuestro primer desafío es que las víctimas lleguen a cero. Y con ese desafío en nuestra conciencia, la tarea crucial es rodear los acuerdos, acompañarlos.

 

El desarrollo de los acuerdos

 

La respuesta de Alirio me lleva a pensar hasta qué punto los cambios en el escenario dantesco de las víctimas se debe a la labor de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, y ahora a los acuerdos, y hasta qué punto se debe a la sustracción de materia, a la desaparición física del sindicalismo, al debilitamiento de la organización popular campesina...

 

¿Cómo van los acuerdos?, le pregunto.

Hasta ahora van aprobados tres actos legislativos, es decir, tres reformas constitucionales. Y están en trámite otras cuatro, con lo cual tendremos siete reformas constitucionales como producto del Acuerdo de Paz.

 

También han expedido treinta decretos leyes, dos de los cuales fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional. Fue aprobado una Ley Estatutaria y hay otra en trámite (reforma política), así como dos leyes ordinarias; otras dos están en trámite. La Ley Estatutaria aprobada corresponde al Estatuto de la oposición.

 

De las reformas constitucionales ya aprobadas, una aborda el tema de la estabilidad y seguridad jurídica del Acuerdo final de Paz; la otra crea el sistema de la Justicia Especial de Paz, todo el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

 

Otro acto legislativo, reforma constitucional, que está en trámite es el que aprueba la reincorporación jurídica de las Farc, y trata lo relacionado con las curules de Senado y Cámara. Otra reforma constitucional en proceso es la electoral, y otra es la que eleva a rango constitucional la prohibición del paramilitarismo. Una más es la reforma al sistema de las regalías, que asegura los recursos para el Fondo para la paz –proyectado para los próximos veinte años.

 

La Ley de Amnistía hace parte de las leyes aprobadas, así como aquella que permite desempeñar su rol en el Congreso a Voces de Paz. También existen dos leyes en trámite: una que tiene que ver con innovación agropecuaria y otra con adecuación de tierras.

 

Si hacemos un balance general encontramos que van aprobadas 38 normas, entre reformas constitucionales, legales y leyes estatutarias. Hay siete en trámite en el Congreso. Y hay más o menos quince que están en preparación para que hagan su curso en este mismo recinto.

 

Dentro de todos los Decretos Leyes expedidos por la Presidencia con relación al punto uno de los acuerdos –Desarrollo Rural Integral–, uno tiene que ver con el Fondo para el Desarrollo Rural Sostenible en zonas afectadas por el conflicto; otro crea el Fondo de Tierras y de formalización de tierras, que corresponde a los programas de desarrollo territorial llamados PDT en el Acuerdo de Paz; uno más crea el Plan Nacional de Construcción de Vivienda Social Rural; otro crea programas de educación rural; planes de electrificación rural son proyectados en otro Decreto Ley.

 

Hay uno que será muy cuestionado: trata sobre proyectos mineros para pagar obras por impuestos. Es decir, que las empresas en lugar de pagar impuestos hagan obras locales, acueductos, carreteras, etcétera. Otro decreto versa sobre pagos por servicios ambientales.

 

En cuanto al punto de garantías, hay varios decretos: el que reglamenta la ley de amnistía; uno que crea el Sistema deSeguridad Jurídica para el ejercicio de la política por parte de las Farc; otro que le da cuerpo a los instrumentos de la reincorporación económica social, individual y colectiva para los miembros de las Farc; uno da vida a la Unidad especial de investigación para desmantelar el paramilitarismo y las organizaciones criminales; otro crea la agencia colombiana para la reintegración; otro más da origen a la Controlaría delegada para el posconflicto, y hay uno que tiene que ver con el inventario de bienes y activos de las Farc por entregar dentro del proceso.

 

Ya, como se sabe, el Gobierno prorrogó el Fast Track que venció en su primera fase el día 30 de mayo. Ahora hay receso legislativo de un mes y la nueva fase del Fast Track irá hasta el 30 de noviembre. Este es el plazo que tenemos para que el Congreso trámite los siete proyectos de ley que hoy tenemos, más los quince nuevos que deben llegar en breve, los cuales están en la Ceside, que es el mecanismo bilateral Gobierno-Farc para concertar estos temas, mecanismo que ha contado con participación de la sociedad civil, en especial en los temas de víctimas y tierras.

 

Me inquieta si todas estas normas van en la línea acordada en el Acuerdo de Paz o la obstruyen, ¿cómo es la realidad?

Algunas de las normas que llegarán para su revisión a la Corte Constitucional desarrollan los acuerdos de paz conforme a lo acordado. Pero otras van en contravía como efecto de los micos metidos por el Congreso, por ejemplo en todo el sistema de verdad, justicia y reparación –para favorecer a los militares–; o los micos metidos por la Presidencia con sus decretos leyes, también para favorecer a determinados actores.

 

El resumen realizado es bastante elocuente, refleja cambios en proceso que sin duda marcarán al país, las luchas sociales y políticas por venir; pero hay algo que me llama la atención, ¿por qué la disputa vivida recientemente alrededor de la Corte Constitucional?

Tengo la impresión que el carácter progresista de la misma (defendió a las víctimas, al medio ambiente, los derechos fundamentales), lleva a un sector del establecimiento a utilizar el proceso de paz para conservadurizarla. Y me parece que esta pretensión sí ha jugado en el Congreso en las últimas elecciones para elegir a los nuevos togados: tratar de recomponer la Corte con magistrados menos progresistas. Y así han procedido, no tanto para atacar el proceso de paz como para asegurar que la Corte no ponga tanto problema –por ejemplo con las consultas populares, con el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa–, temas en los que la Corte ha priorizado los derechos colectivos sobre los intereses o los negocios privados.

 

¿Cuál es tu balance con respecto a la voluntad política del Gobierno para el cumplimiento de lo firmado?

El balance es positivo. Se la ha jugado fuerte en algunos temas de la implementación, aunque incumplido en otros muchos. Y ha incumplido no por mala fe, sino por su ineptitud, por la burocratización del Estado. Porque el Ministro da la orden pero el funcionariado relentiza, o el gobierno regional o local no acompaña. Falta coordinación institucional. No todo es mala fe, pero tampoco lo contrario.

 

Por ejemplo, en el caso de los indultos, ante la lentitud que conoce este tema, expidió un decreto en el que se señala que cuando los jueces no tramiten la amnistía procede el habeas corpus. Esto debido a las prolongadas e injustificadas demoras de muchos jueces con los trámites de aministía e indulto.

 

Claro, hay cosas elementales, administrativas, en las que está rajado, como aquellas que implican expedir uno u otro Conpes. La tapa que fotografía esa realidad gubernamental son las zonas veredales, que tenían que estar en plena adecuación en octubre del 2016, ¡y estamos en junio de 2017 y nada que pueden cumplir!

 

Hay desafueros que no corresponden en su totalidad a la Presidencia, es el caso, por ejemplo, de la Justicia Especial de Paz, cuando de manera expresa se metieron facilidades para los militares por la responsabilidad de mando, o para empresarios que han financiado la guerra, eso se hizo de mala fe. Y lo hicieron las mayorías del Congreso por presión del Ministro de Defensa, y de los militares. Pero eso no le quita valor a todo el sistema.

 

Pero todavía queda espacio para retomar la senda. Esa pelea irá a la Corte Constitucional, y se debatirá después en el propio seno de la Justicia Especial de Paz (JEP), porque existirá una Corte nueva y los magistrados deben normar su funcionamiento, teniendo que fijar criterios de Derecho Penal Internacional y de Derecho Internacional Humanitario, de Derecho Internacional de Derechos Humanos, y de Derecho Penal Nacional. La JEP tiene un funcionamiento previsto de diez años, prorrogables a cinco más. En términos reales vamos a tener magistrados de la JEP en octubre, y hacia abril o mayo del año que viene deberá estar funcionando. Por ahora está la Secretaría, pero nada más. Creo que la Comisión de la Verdad será más rápida, espero que en enero del 2018 esté ya andando. La Unidad de búsqueda de personas desaparecidas podría incluso arrancar más rápido.

 

Hace unas semanas una decisión de la Corte Constitucional parecía que enredaba todo el porvenir faltante del Acuerdo de Paz, ¿cuál fue el real efecto de tal fallo?

Sí, el fallo que otorgaba poder a los congresistas para proponer modificaciones a los textos legales que desarrollan lo acordado. El fallo fue neutralizado. Una semana después del mismo fue votado el acto legislativo que crea los recursos para la paz, un tema difícil porque se trata de definir a qué quitarle plata para otorgársela a la paz. Personalmente quería que se afectaran más los fondos destinados al servicio de la deuda, y los fondos de seguridad y defensa, pero algo se afectaron. Esta reforma constitucional la votamos en la Cámara de Representantes 109 a favor y 13 en contra. En la Comisión Primera se aprobó también elevar a rango constitucional la lucha contra el paramilitarismo, que no es un tema de fácil trámite. Lo que quiero decir es que todavía existen mayorías para seguir aprobando la implementación de los acuerdos. Somos doscientos sesenta y pico de congresistas y los del Polo y los Verdes sumamos diecinueve. Es decir, si se aprueban las cosas es porque las mayorías están votando. Entonces, tampoco puede decirse que el Congreso sea enemigo del proceso. ¿Que existen sectores enemigos del proceso? Sí, el Centro Democrático y a veces algunos conservadores, y a veces Cambio Radical.

 

Creo que a veces, desde fuera, se juzga en blanco y negro. Creo que sí hay blanco y negro. Sí hay gente en contra del proceso, pero también hay mayorías aprobando los desarrollos legislativos de los acuerdos de paz.

 

Una nueva situación política

 

Las palabras de Alirio me llevan a pensar en lo que es dable apreciar hoy en el escenario de la paz. Por una parte el establecimiento, el poder económico y político, nacional e internacional, con ambiciones de una paz barata, una paz sin un movimiento social y político capaz de cambiar las reglas de juego por vía democrática. Por otra parte, una insurgencia que abandona para siempre las armas, aspirando a constituir un movimiento político capaz de democratizar el país. Uno espera que de ese choque no vuelva a emerger la guerra.

 

Igual piensa Alirio, para lo cual parte del principio de que quienes detentan el poder ya no consideran necesario mantener estructuras armadas, grupos paramilitares; se siente que su proyecto de control del poder va cambiando.

 

Valoración que me lleva a interrogarlo por los sectores que aún se resisten a tal cambio...

Sí, existen sectores que se sienten más amenazados con el proceso de paz que otros. Es decir, cuando se quiere profundizar una política de restitución de tierras y el modelo feudal, y el de producción agraria y ganadera, alimentados del despojo y sostenidos en la violencia, pues esos sectores temen más el proceso. En esta disputa resalta que la burguesía urbana, la más moderna, la de servicios, la financiera, le tiene menos miedo a esos cambios. Y eso se marca en el Congreso cuando uno analiza las votaciones y contempla los intereses. Mucha gente puede tener temor. Eso fue clarísimo cuando se cambió en el marco constitucional de la JEP lo de los civiles responsables o financiadores del conflicto, donde el Acuerdo impone que digan la verdad, pero el Congreso relativiza esa responsabilidad con cargas más suaves. Ahí se protegen ellos.

 

Existe una disputa también dentro de los grupos de poder. Por ello el proceso de paz ha sido y es una carrera de obstáculos, bien en lo económico, en lo jurídico, con los enemigos del proceso. Brincar y brincar obstáculos. Espero que lleguemos a la meta: desactivar la guerra y que no haya más víctimas.

 

Pero, así y todo, la puerta está abierta para llegar a una paz completa. Una paz que cierre el ciclo de violencia con que el establecimiento impuso sus intereses. Acá todos sabemos que el Estado se impuso a la brava. Yo lo contemplo desde el punto de vista del ordenamiento territorial. El territorio y el país se han ordenado a bala. Cuarenta millones de hectáreas para vacas, al tiempo que desplazan seis millones y medio de personas. Sucedió igual con la explotación petrolera y minera, con la agroindustria. Los territorios rurales y urbanos se han segregado con violencia.

 

Por ello creo que el país, mayoritariamente, va entendiendo que la guerra es una carga y no un modelo de acumulación con porvenir. Esto tiene que ver con negocios, con el ingreso a la Ocde, con que Colombia juegue en ‘grandes ligas’ de inversiones. La fe en el libre mercado, en el capitalismo, permanece en el espíritu y proyecto de poder de quienes han manejado y apropiado por décadas el aparato estatal. Y su poder y fuerza se sentirá, con seguridad, por otras vías o de otras formas.

 

Y al tiempo que eso suceda, vendrán otras formas de resistir y de luchar. Como vimos durante semanas en Buenaventura, lo cual impacta. Sin duda tomarán forma coordinaciones locales, regionales y nacionales a través de las cuales la resistencia social será más efectiva. Los paros y las movilizaciones serán más intensas porque la gente irá perdiendo el miedo a expresarse, a denunciar, a hablar, a contar. El resultado debe ser una mayor democratización social y política.

 

Tomado de:

Edición N°236, junio 20 - julio 20 de 2017

Publicado enColombia
“Creo en la necesidad de la paz completa”

En diálogo con desdeabajo, Alirio Uribe Muñoz, Representante a la Cámara, describe cómo avanza la concreción legal del Acuerdo de Paz. “El proceso de paz ha sido y es una carrera de obstáculos”, enfatiza. “Obstáculos en lo económico, con los enemigos del proceso, en lo jurídico. Brincar y brincar obstáculos. Espero que lleguemos a la meta: desactivar la guerra y que no haya más víctimas”.

 

Estos días son de exigencia plena para todos aquellos que consagran su vida al sueño de ver emerger una Colombia con justicia y paz. Entre ellos y ellas, Alirio Uribe Muñoz no descansa. Los tiempos urgen, dijo Martí, todo a la vez. Ayer en la noche, en la marcha que desde el Planetario –en Bogotá– caminó hasta la Plaza de Bolívar en defensa de los acuerdos. Hoy, comenzando el mes de junio, en el seminario convocado junto con Iván Cepeda y Ángela Robledo para que defensores de derechos humanos de todo el país estén al tanto de la Justicia Especial para la Paz. Mañana en el aerotransporte del Ejército hacia las zonas veredales del Cauca. Al día siguiente con los maestros que están pariendo el sueño de otra educación en Colombia.

 

El desarrollo legal

 

Para conversar sobre estos temas, citamos de nuevo a Alirio quien sin dudarlo aceptó compartir su lectura de lo que está ocurriendo en el Congreso con el Acuerdo de Paz. En los primeros días de junio nos encontramos y alrededor de un café, nos adentramos en la entrevista sin perder tiempo. El gobierno acaba de expedir un conjunto de decretos para desarrollar temas claves de los acuerdos, ¿cómo evalúas el desarrollo legal del Acuerdos de Paz?
En primer lugar debo señalar que la paz sí nos ha dado unos réditos. El cese del fuego, el diálogo con el Eln, nos ha dado unos beneficios, ante todo salvar vidas. Nuestro primer desafío, y es lo que planteé en un taller al que concurrí hoy, es que no haya más víctimas.

 

Hay que recordar que en todos estos años de acción, de resistencia y de trabajo, el movimiento popular, el movimiento de derechos humanos, las organizaciones de víctimas, han salvado muchas vidas. Cuando comencé mi trabajo como defensor de derechos humanos, treinta mil personas al año era lo que registraba Colombia, tres mil de las cuales provenían de la violencia política. En ese tiempo íbamos a Naciones Unidas y decíamos que en Colombia matan cada día diez personas con ocasión del conflicto socio político.

 

Veinte años después, en el 2016, las cifras de Medicina Legal arrojan diez mil seiscientas necropsias. Y las cifras de la Policía son de doce mil. La tasa general de homicidios en el país se redujo a una tercera parte. Del 2016 al 2017 han asesinado 180 líderes sociales y populares. Esto es gravísimo. El 87 por ciento son líderes campesinos e indígenas, presidentes de organizaciones agrarias. Los asesinatos los han cometido en las zonas abandonadas por las Farc, zonas que la Defensoría del Pueblo ha señalado como las de mayor riesgo en todo el país, que son cien municipios. Son las zonas más militarizadas, allí donde opera el Plan Victoria del Ejército. Y también las mismas zonas que serán las circunscripciones especiales de paz para las 16 cámaras contempladas en el Acuerdo de Paz. Me atrevería a decir, entonces, que algunos de los líderes asesinados –potencialmente– podrían haber sido candidatos a las elecciones de esas circunscripciones.

 

Pero cuando hablo de que hemos salvado vidas me refiero a que algún efecto ha de tener la disminución de la intensidad del conflicto en el sentido de la reducción de los homicidios a una tercera parte. El año pasado mataron cuatro sindicalistas, este año han matado uno. Pero venimos de años en que la cifra ascendía a doscientos. Y la cifra monstruosa ha bajado. Espero que el año que viene no maten ninguno.

 

Si observamos los secuestros sucede igual. Hace diez años teníamos una media de 3.500 al año. El año pasado hubo 180. Seguramente 10 por ciento imputable al Eln y el 90 restante a delincuencia común.

 

Igual si miramos las víctimas de minas antipersonas: hace diez años mil trescientas víctimas, y el año pasado: diez y seis. Este año van dos y espero que el año entrante no haya ninguno. Tenemos que terminar la tarea de ir desactivando el conflicto.

 

Venimos de un escenario de trescientos mil desplazados por año. Con un escenario de cientos de miles de desplazados cada año durante varios años. Esas cifras han caído. Recuerdo informes de la Fiscalía General de la Nación refiriendo que en un solo año mataron cuatrocientos miembros del CTI. El Hospital Militar recibía cada año cientos e incluso miles de heridos y mutilados. El año pasado llegaron veintiséis heridos. El Hospital hoy está atendiendo más casos de accidentes de moto que víctimas de la guerra. Nos ahorramos vidas de soldados, de policías, de guerrilleros, de civiles, con ocasión del conflicto.

 

Todo este cuadro de espanto ha disminuido de manera ostensible. Pero no hemos terminado la tarea y nuestro primer desafío es que las víctimas lleguen a cero. Y con ese desafío en nuestra conciencia, la tarea crucial es rodear los acuerdos, acompañarlos.

 

El desarrollo de los acuerdos

 

La respuesta de Alirio me lleva a pensar hasta qué punto los cambios en el escenario dantesco de las víctimas se debe a la labor de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, y ahora a los acuerdos, y hasta qué punto se debe a la sustracción de materia, a la desaparición física del sindicalismo, al debilitamiento de la organización popular campesina...

 

¿Cómo van los acuerdos?, le pregunto.

Hasta ahora van aprobados tres actos legislativos, es decir, tres reformas constitucionales. Y están en trámite otras cuatro, con lo cual tendremos siete reformas constitucionales como producto del Acuerdo de Paz.

 

También han expedido treinta decretos leyes, dos de los cuales fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional. Fue aprobado una Ley Estatutaria y hay otra en trámite (reforma política), así como dos leyes ordinarias; otras dos están en trámite. La Ley Estatutaria aprobada corresponde al Estatuto de la oposición.

 

De las reformas constitucionales ya aprobadas, una aborda el tema de la estabilidad y seguridad jurídica del Acuerdo final de Paz; la otra crea el sistema de la Justicia Especial de Paz, todo el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

 

Otro acto legislativo, reforma constitucional, que está en trámite es el que aprueba la reincorporación jurídica de las Farc, y trata lo relacionado con las curules de Senado y Cámara. Otra reforma constitucional en proceso es la electoral, y otra es la que eleva a rango constitucional la prohibición del paramilitarismo. Una más es la reforma al sistema de las regalías, que asegura los recursos para el Fondo para la paz –proyectado para los próximos veinte años.

 

La Ley de Amnistía hace parte de las leyes aprobadas, así como aquella que permite desempeñar su rol en el Congreso a Voces de Paz. También existen dos leyes en trámite: una que tiene que ver con innovación agropecuaria y otra con adecuación de tierras.

 

Si hacemos un balance general encontramos que van aprobadas 38 normas, entre reformas constitucionales, legales y leyes estatutarias. Hay siete en trámite en el Congreso. Y hay más o menos quince que están en preparación para que hagan su curso en este mismo recinto.

 

Dentro de todos los Decretos Leyes expedidos por la Presidencia con relación al punto uno de los acuerdos –Desarrollo Rural Integral–, uno tiene que ver con el Fondo para el Desarrollo Rural Sostenible en zonas afectadas por el conflicto; otro crea el Fondo de Tierras y de formalización de tierras, que corresponde a los programas de desarrollo territorial llamados PDT en el Acuerdo de Paz; uno más crea el Plan Nacional de Construcción de Vivienda Social Rural; otro crea programas de educación rural; planes de electrificación rural son proyectados en otro Decreto Ley.

 

Hay uno que será muy cuestionado: trata sobre proyectos mineros para pagar obras por impuestos. Es decir, que las empresas en lugar de pagar impuestos hagan obras locales, acueductos, carreteras, etcétera. Otro decreto versa sobre pagos por servicios ambientales.

 

En cuanto al punto de garantías, hay varios decretos: el que reglamenta la ley de amnistía; uno que crea el Sistema deSeguridad Jurídica para el ejercicio de la política por parte de las Farc; otro que le da cuerpo a los instrumentos de la reincorporación económica social, individual y colectiva para los miembros de las Farc; uno da vida a la Unidad especial de investigación para desmantelar el paramilitarismo y las organizaciones criminales; otro crea la agencia colombiana para la reintegración; otro más da origen a la Controlaría delegada para el posconflicto, y hay uno que tiene que ver con el inventario de bienes y activos de las Farc por entregar dentro del proceso.

 

Ya, como se sabe, el Gobierno prorrogó el Fast Track que venció en su primera fase el día 30 de mayo. Ahora hay receso legislativo de un mes y la nueva fase del Fast Track irá hasta el 30 de noviembre. Este es el plazo que tenemos para que el Congreso trámite los siete proyectos de ley que hoy tenemos, más los quince nuevos que deben llegar en breve, los cuales están en la Ceside, que es el mecanismo bilateral Gobierno-Farc para concertar estos temas, mecanismo que ha contado con participación de la sociedad civil, en especial en los temas de víctimas y tierras.

 

Me inquieta si todas estas normas van en la línea acordada en el Acuerdo de Paz o la obstruyen, ¿cómo es la realidad?

Algunas de las normas que llegarán para su revisión a la Corte Constitucional desarrollan los acuerdos de paz conforme a lo acordado. Pero otras van en contravía como efecto de los micos metidos por el Congreso, por ejemplo en todo el sistema de verdad, justicia y reparación –para favorecer a los militares–; o los micos metidos por la Presidencia con sus decretos leyes, también para favorecer a determinados actores.

 

El resumen realizado es bastante elocuente, refleja cambios en proceso que sin duda marcarán al país, las luchas sociales y políticas por venir; pero hay algo que me llama la atención, ¿por qué la disputa vivida recientemente alrededor de la Corte Constitucional?

Tengo la impresión que el carácter progresista de la misma (defendió a las víctimas, al medio ambiente, los derechos fundamentales), lleva a un sector del establecimiento a utilizar el proceso de paz para conservadurizarla. Y me parece que esta pretensión sí ha jugado en el Congreso en las últimas elecciones para elegir a los nuevos togados: tratar de recomponer la Corte con magistrados menos progresistas. Y así han procedido, no tanto para atacar el proceso de paz como para asegurar que la Corte no ponga tanto problema –por ejemplo con las consultas populares, con el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa–, temas en los que la Corte ha priorizado los derechos colectivos sobre los intereses o los negocios privados.

 

¿Cuál es tu balance con respecto a la voluntad política del Gobierno para el cumplimiento de lo firmado?

El balance es positivo. Se la ha jugado fuerte en algunos temas de la implementación, aunque incumplido en otros muchos. Y ha incumplido no por mala fe, sino por su ineptitud, por la burocratización del Estado. Porque el Ministro da la orden pero el funcionariado relentiza, o el gobierno regional o local no acompaña. Falta coordinación institucional. No todo es mala fe, pero tampoco lo contrario.

 

Por ejemplo, en el caso de los indultos, ante la lentitud que conoce este tema, expidió un decreto en el que se señala que cuando los jueces no tramiten la amnistía procede el habeas corpus. Esto debido a las prolongadas e injustificadas demoras de muchos jueces con los trámites de aministía e indulto.

 

Claro, hay cosas elementales, administrativas, en las que está rajado, como aquellas que implican expedir uno u otro Conpes. La tapa que fotografía esa realidad gubernamental son las zonas veredales, que tenían que estar en plena adecuación en octubre del 2016, ¡y estamos en junio de 2017 y nada que pueden cumplir!

 

Hay desafueros que no corresponden en su totalidad a la Presidencia, es el caso, por ejemplo, de la Justicia Especial de Paz, cuando de manera expresa se metieron facilidades para los militares por la responsabilidad de mando, o para empresarios que han financiado la guerra, eso se hizo de mala fe. Y lo hicieron las mayorías del Congreso por presión del Ministro de Defensa, y de los militares. Pero eso no le quita valor a todo el sistema.

 

Pero todavía queda espacio para retomar la senda. Esa pelea irá a la Corte Constitucional, y se debatirá después en el propio seno de la Justicia Especial de Paz (JEP), porque existirá una Corte nueva y los magistrados deben normar su funcionamiento, teniendo que fijar criterios de Derecho Penal Internacional y de Derecho Internacional Humanitario, de Derecho Internacional de Derechos Humanos, y de Derecho Penal Nacional. La JEP tiene un funcionamiento previsto de diez años, prorrogables a cinco más. En términos reales vamos a tener magistrados de la JEP en octubre, y hacia abril o mayo del año que viene deberá estar funcionando. Por ahora está la Secretaría, pero nada más. Creo que la Comisión de la Verdad será más rápida, espero que en enero del 2018 esté ya andando. La Unidad de búsqueda de personas desaparecidas podría incluso arrancar más rápido.

 

Hace unas semanas una decisión de la Corte Constitucional parecía que enredaba todo el porvenir faltante del Acuerdo de Paz, ¿cuál fue el real efecto de tal fallo?

Sí, el fallo que otorgaba poder a los congresistas para proponer modificaciones a los textos legales que desarrollan lo acordado. El fallo fue neutralizado. Una semana después del mismo fue votado el acto legislativo que crea los recursos para la paz, un tema difícil porque se trata de definir a qué quitarle plata para otorgársela a la paz. Personalmente quería que se afectaran más los fondos destinados al servicio de la deuda, y los fondos de seguridad y defensa, pero algo se afectaron. Esta reforma constitucional la votamos en la Cámara de Representantes 109 a favor y 13 en contra. En la Comisión Primera se aprobó también elevar a rango constitucional la lucha contra el paramilitarismo, que no es un tema de fácil trámite. Lo que quiero decir es que todavía existen mayorías para seguir aprobando la implementación de los acuerdos. Somos doscientos sesenta y pico de congresistas y los del Polo y los Verdes sumamos diecinueve. Es decir, si se aprueban las cosas es porque las mayorías están votando. Entonces, tampoco puede decirse que el Congreso sea enemigo del proceso. ¿Que existen sectores enemigos del proceso? Sí, el Centro Democrático y a veces algunos conservadores, y a veces Cambio Radical.

 

Creo que a veces, desde fuera, se juzga en blanco y negro. Creo que sí hay blanco y negro. Sí hay gente en contra del proceso, pero también hay mayorías aprobando los desarrollos legislativos de los acuerdos de paz.

 

Una nueva situación política

 

Las palabras de Alirio me llevan a pensar en lo que es dable apreciar hoy en el escenario de la paz. Por una parte el establecimiento, el poder económico y político, nacional e internacional, con ambiciones de una paz barata, una paz sin un movimiento social y político capaz de cambiar las reglas de juego por vía democrática. Por otra parte, una insurgencia que abandona para siempre las armas, aspirando a constituir un movimiento político capaz de democratizar el país. Uno espera que de ese choque no vuelva a emerger la guerra.

 

Igual piensa Alirio, para lo cual parte del principio de que quienes detentan el poder ya no consideran necesario mantener estructuras armadas, grupos paramilitares; se siente que su proyecto de control del poder va cambiando.

 

Valoración que me lleva a interrogarlo por los sectores que aún se resisten a tal cambio...

Sí, existen sectores que se sienten más amenazados con el proceso de paz que otros. Es decir, cuando se quiere profundizar una política de restitución de tierras y el modelo feudal, y el de producción agraria y ganadera, alimentados del despojo y sostenidos en la violencia, pues esos sectores temen más el proceso. En esta disputa resalta que la burguesía urbana, la más moderna, la de servicios, la financiera, le tiene menos miedo a esos cambios. Y eso se marca en el Congreso cuando uno analiza las votaciones y contempla los intereses. Mucha gente puede tener temor. Eso fue clarísimo cuando se cambió en el marco constitucional de la JEP lo de los civiles responsables o financiadores del conflicto, donde el Acuerdo impone que digan la verdad, pero el Congreso relativiza esa responsabilidad con cargas más suaves. Ahí se protegen ellos.

 

Existe una disputa también dentro de los grupos de poder. Por ello el proceso de paz ha sido y es una carrera de obstáculos, bien en lo económico, en lo jurídico, con los enemigos del proceso. Brincar y brincar obstáculos. Espero que lleguemos a la meta: desactivar la guerra y que no haya más víctimas.

 

Pero, así y todo, la puerta está abierta para llegar a una paz completa. Una paz que cierre el ciclo de violencia con que el establecimiento impuso sus intereses. Acá todos sabemos que el Estado se impuso a la brava. Yo lo contemplo desde el punto de vista del ordenamiento territorial. El territorio y el país se han ordenado a bala. Cuarenta millones de hectáreas para vacas, al tiempo que desplazan seis millones y medio de personas. Sucedió igual con la explotación petrolera y minera, con la agroindustria. Los territorios rurales y urbanos se han segregado con violencia.

 

Por ello creo que el país, mayoritariamente, va entendiendo que la guerra es una carga y no un modelo de acumulación con porvenir. Esto tiene que ver con negocios, con el ingreso a la Ocde, con que Colombia juegue en ‘grandes ligas’ de inversiones. La fe en el libre mercado, en el capitalismo, permanece en el espíritu y proyecto de poder de quienes han manejado y apropiado por décadas el aparato estatal. Y su poder y fuerza se sentirá, con seguridad, por otras vías o de otras formas.

 

Y al tiempo que eso suceda, vendrán otras formas de resistir y de luchar. Como vimos durante semanas en Buenaventura, lo cual impacta. Sin duda tomarán forma coordinaciones locales, regionales y nacionales a través de las cuales la resistencia social será más efectiva. Los paros y las movilizaciones serán más intensas porque la gente irá perdiendo el miedo a expresarse, a denunciar, a hablar, a contar. El resultado debe ser una mayor democratización social y política.

Publicado enEdición Nº236
Jueves, 25 Mayo 2017 18:48

“Aquí no se rinde nadie”

“Aquí no se rinde nadie”

Con una fuerza que recuerda su capacidad de resistencia y de superación, pobladores del Chocó y de Buenaventura, durante varios siglos un solo territorio, levantan su voz de protesta e inconformidad, la misma que retumba por todo el país. En el primero ya son 15 los días de paro cívico. En el segundo suman 10. Y, a pesar de las arremetidas violentas de la mal llamada “fuerza pública”, de las dilaciones y manipulaciones oficiales, no dan muestra de desfallecer.

Su altivez no es para menos. El centralismo estatal solo los determina para explotar sus territorios, al cual solo regresa miseria. Los incumplimientos con los acuerdos firmados en anteriores paros, les hace hervir la sangre: no creen en el gobierno, mucho menos en éste.

Cada día que pasa es una razón más para resistir, hasta que el gobierno de Juan Manuel Santos cumpla y acceda a declarar a Buenaventura en estado de emergencia económica, social y ecológica; y cumpla con el acuerdo firmado con los habitantes de Quibdó durante el paro cívico de 2015.

Su decisión es irrevocable: el paro de las actividades productivas y comerciales se extenderá por el tiempo que sea necesario. La insatisfacción del pueblo colombiano con este gobierno de minorías es cada vez más evidente, y los únicos medios para transformar esta realidad son la protesta social, las arengas y reclamos, alzamiento social que el establecimiento intenta resolver con más represión y propuestas lejanas de la realidad.

 

Capítulo Buenaventura

 

“[...] 400 millones de pesos vamos a invertir [...] vamos a construir una ciudad industrial, para que genere más empleo, más inversión, para que Buenaventura se convierta en ese eje de la Alianza del Pacífico. Para que Buenaventura que ha sido abandonada no por años, ni décadas sino por siglos; desde que la descubrieron hace 500 años, al terminar la guerra salga del abandono”, vociferaba Juan Manuel Santos en su visita a Buenaventura en el marco de su segunda campaña presidencial. Palabras huecas, palabras de campaña electoral, para capturar despistados. No hay duda de ello, de ahí que a la fecha sus palabras le quedaran grandes, teniendo que acudir a la violencia oficial para intentar contener y contrarrestar la fuerza de unidad y lucha del pueblo bonaverense.

A diez (10) días de haber tomado forma este paro indefinido, desdeabajo (da) habló con Javier Torres (J.T), pescador e integrante del Comité de sectores productivos, quien nos explica la situación de su territorio.

d.a. A 10 días de paro ¿cómo está la situación en Buenaventura?

J.T. El paro sigue igual, la comunidad está a la expectativa de lo que el Gobierno pueda proponer en medio de la coyuntura para mejorar las problemáticas de Buenaventura.

d.a. ¿Qué ha dicho y propuesto el Gobierno hasta ahora?

J.T. De un día para otro hay un pequeño cambio en el discurso del gobierno. Inicialmente se mostraron muy cerrados en el caso de la declaratoria, luego hubo un ambiente muy diferente donde se empezaron a escuchar opiniones y sugerencias sobre conceptos de magistrados y jurídicos que puedan aplicar, pero fueron enfáticos en la inviabilidad de la declaración de emergencia económica, social y ecológica de Buenaventura.

d.a. ¿Cuáles son los argumentos por los que el Gobierno considera inviable declarar el estado de emergencia?

J.T. Hay un elemento que es el escollo en este momento y son los sucesos sobrevinientes. Para poner en contexto: en el 2014 había 142.000 víctimas en Buenaventura, al 2016 había 187.000 víctimas. Lo que le preguntamos al Gobierno fue ¿eso no son hechos sobrevinientes? ¿El Gobierno sabía que esas víctimas iban a estar? Y su respuesta fue casi afirmativa, queriendo decir que en Buenaventura en dos o tres días van a morir 1.000 personas porque ya lo tienen previsto, ¡es inconcebible, por Dios!

Además dice que es inviable por diversos aspectos, uno es el temor de que la Corte Constitucional tumbe la iniciativa, a lo que hemos reforzado nuestro documento de exigencias, con argumentos más que suficientes para que la emergencia sea declarada.

Propone otras alternativas distintas a la emergencia, pero resulta que ya perdió la confianza del pueblo, porque cuanto se ha acordado bajo comités y actas no nos ha funcionado, pero la emergencia sí nos garantiza la destinación de recursos para solucionar los problemas de Buenaventura. De lo contrario es muy difícil creer, especialmente porque no estamos negociando frente a cualquier gobierno.

d.a. ¿Cuánto tiempo están dispuestos a resistir?

J.T. ¡El pueblo no se rinde carajo! Voy a hablar de la Flota de Cabotaje del Pacífico a la cual yo represento: nosotros inicialmente nos preparamos para un mes, pero le aseguro que el pueblo de Buenaventura, en la situación que está, va a resistir el tiempo que sea necesario. No tenemos nada que perder y, de hecho, estamos perdiendo todos los días.

d.a. Más allá del paro ¿qué otras acciones están adelantando para presionar al gobierno a cumplir?

J.T. Sólo el paro cívico, porque hay un bloqueo de la movilidad en Buenaventura y con eso basta; la flota de cabotaje es el único medio de transporte que hay para la Costa Pacífica, quiere decir que 2.000.000 de personas ya se van a quedar sin suministros.

En este momento la afectación no es de 500 mil personas que viven en el Puerto, sino de 2.000.000 millones de personas de toda la Costa Pacífica; hasta el viernes tienen provisiones de alimentos y combustible.

d.a. El Gobierno cambió a sus delegados, ¿qué proponen los nuevos?

J.T. Para la reunión del 24 de mayo estaba la promesa de que asistiría el Ministro del Interior, pero no fue así, siguen incumpliendo la palabra. En la nueva ronda negociadora se habló del tema de la declaratoria de la emergencia, y su no aprobación es el escollo que no deja avanzar la negociación. La reunión se suspendió hasta el día viernes, que el Gobierno vuelva nuevamente a Buenaventura y ojalá que tengan la propuesta de la declaratoria firmada por el Presidente, para retomar el diálogo.

d.a. Entonces ¿no se ha adelantado nada con el Gobierno?

No se ha adelantado nada, estamos en las mismas porque son 9 puntos los que se están negociando, el primer corresponde a la declaratoria, es el que le da vida a los 8 puntos restantes; si ella no está no pueden estar los otros puntos, porque sino estaríamos trabajando al revés.

Esperamos que el viernes el Gobierno asista y traiga soluciones reales, porque aquí no hay que discutir sobre propuestas, aquí ya hay que hablar en el marco de las soluciones.

“No todos los puntos significan plata, sino normatividad y legislaciones.”

1. Declaración de emergencia económica, social y ecológica de Buenaventura.
2. Por la salud de calidad con hospital de segundo y tercer nivel.
3. Por la educación pertinente y de calidad.
4. Por el agua y saneamiento básico.
5. Por nuestro territorio, porque esta tierra es nuestra.
6. Por el ambiente sano y la salvación de nuestras riquezas naturales.
7. Por empleo digno y vida decente de nuestros trabajadores
8. Por justicia y atención a las víctimas de la violencia
9. Por recreación y espacio para esparcimiento, deporte y cultura.

 

Capítulo Quibdó

 

Antonio Andrade (A.A), activista de Quibdó, la capital chocoana, en entrevista con este medio, describe la situación actual del municipio y del paro cívico indefinido.

d.a. ¿Cómo es la situación en estos últimos días en Quibdó?

A.A. No hemos tenido más represión. El paro es una manifestación con enfoque de derechos, en el marco del respeto, donde solicitamos una serie de reivindicaciones, pero con argumentaciones y de manera pacífica. Todo lo nuestro son expresiones culturales, arengas y muchas reclamaciones, pero mal haríamos en afirmar que hemos sido reprimidos recientemente.

d.a. ¿Cuáles son las propuestas del Gobierno?

A.A: Nosotros tenemos un acuerdo escrito con el Gobierno desde el año pasado, compuesto por 10 puntos, articulados a través de unas mesas temáticas por punto y cada una de ellas con una serie de requerimientos y compromisos. El ejercicio que hemos hecho durante estos días es la revisión del nivel de cumplimiento que se tiene en cada uno de esos puntos. Pero el diálogo continúa.


d.a. ¿Qué otras acciones están adelantando para presionar al Gobierno?

A.A. Ninguna otra. Estamos en una protesta pacífica y es el único mecanismo que hemos usado para acceder a la implementación de los temas fundamentales.

d.a. ¿Todo el departamento del Chocó está participando en el paro o sólo se lleva a cabo en la capital?

A.A. Está involucrado todo el departamento inicialmente, pero también están involucrados los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó; con protestas sucesivas y coordinadas que se están realizando exactamente en los municipios del norte del Cauca, Buenaventura, Tumaco y Quibdó, desde un enfoque étnico y regional.

 

Puntos de la negociación.

1. Infraestructura para la productividad y la competitividad.
2. Salud que garantice el acceso al derecho de la salud a los grupos étnicos que habitan el Chocó.
3. Defensa del territorio.
4. Educación y cultura como plataformas para el desarrollo humano y económico.
5. Reingeniería institucional.
6. Garantía de acceso a los servicios públicos
7. Productividad sostenible.
8. Infraestructura física para el deporte y la recreación.
9.Comunicación con enfoque diferencial étnico por fuera de los monopolios de la información en Colombia.
10.Derechos humanos, seguridad y flexibilización de las políticas públicas con enfoque diferencial.

 

Lo faltante

 

Los paros continúan. Y la mancha de esperanza y vida parece ganar eco en otros territorios: desde otros departamentos, como la Guajira y Huila, surgen voces en tal sentido. También sectores de los camioneros anuncian protestas. En el Cauca los indígenas salieron de manera masiva hacia Cali, el día jueves 23 de mayo, en una muestra de solidaridad con la lucha aquí descrita, reclamando a la par derechos propios.

Otros sectores, como los docentes también continúan en cese de actividades, y parece que para largo.

Asimismo, en un centenar de municipios la inconformidad popular con sus alcaldes motiva la recolección de firmas para exigir revocatorias de sus mandatos. Una nueva elección en Bogotá los hace temblar, y por ello maniobran para quebrarle el pescuezo a la norma de la democracia que ellos mismos promulgaron en 1991.

Luces y sombras. Luchas y resistencias que aún no logran un hilo que los integre y potencie, arrinconando al gobierno, hasta que de el brazo a torcer, dejando a un lado su Regla Fiscal y los consejos del Fondo Monetario Internacional, los mismos que le llaman a no incrementar el gasto social.

 

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