Viernes, 19 Julio 2019 08:15

De la confrontación a la autonomía

Integranates de la Nación Wampis en defensa de su territorio

La historia del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis se remonta medio siglo atrás, un proceso que llevó a la conformación del Consejo Aguaruna Huambisa en 1977, bajo el régimen militar peruano. Fue también una respuesta de los pueblos wampis y awajun a la colonización mestiza del río Marañón, cerca de la frontera con Ecuador. Poco después rompieron con los jesuitas que trabajaban con ellos y decidieron tomar un camino propio.

 

En una primera etapa se empeñaron en la titulación de sus tierras, como forma de recuperar la integridad territorial como pueblo. Este proceso implicó muchas ten-siones con los actores externos, militares, empresas extractivas y mestizos colonizadores, y llevó al despliegue fuerzas comunales para desalojar a los invasores, que fue respondido con el encarcelamiento de líderes y dirigentes.

 

Con la crisis del gobierno militar al comienzo de la década de los años 80, se produjo lo que la socióloga Tania Gómez (autora de una magnífica tesis sobre el gobierno autónomo wampis que inspira este artículo) denomina como una "avalancha a la Amazonía", de la mano de las empresas multinacionales en el contexto de la globalización. Hidrocarburos y minería aurífera son las dos actividades que más afectan a los pueblos amazónicos, impulsadas por el gobierno autoritario de Alberto Fujimori (1990-2000).

 

La crisis sobrevino en 2009, cuando el Estado desconoció los acuerdos que tenía con los pueblos. "Los wampis van aprendiendo que tanto las titulaciones como las categorizaciones ambientales de su territorio son herramientas insuficientes. El Estado empieza a modificar los marcos legales para permitir el ingreso de fuerzas globales de enorme magnitud, sin tomar en cuenta las afectaciones en la vida de los wampis", señala el citado trabajo de Gómez.

 

El 5 de agosto se produjo el enfrenamiento entre indígenas awajun y wampis y fuerzas policiales y militares, luego de casi dos meses de intensa movilización en la Amazonia para la derogación de los decretos que permitían una abusiva explotación de los bienes comunes sin consulta ni consentimiento de los pueblos originarios, con un saldo de 33 muertos entre manifestantes y policías (https://bit.ly/2XROoB2).

 

La jornada conocida como Baguazo fue un parteaguas, además de la síntesis de un largo e intenso ciclo de luchas amazónicas. En apenas seis años, a caballo de nuevas frustraciones que agudizaron la histórica desconfianza con el Estado (criminalización y divisiones), el pueblo wampi tomó decididamente el camino de la autonomía. Debieron dejar de lado desde las ONG hasta organizaciones nacionales, incluyendo la tentación de la administración municipal. Esta experiencia los convenció, además, de los límites de instituciones que nunca los trataron como iguales, incluyendo las leyes de consulta previa, que no se aplicaron o se manipularon.

 

"Después de la participación en estos procesos, se concluye que la consulta previa es apenas un procedimiento de convencimiento en donde el Estado busca atacar debilidades de la organización". Para construir autonomía debieron articular las comunidades de dos cuencas (ríos Santiago y Morona) y elaboraron su estatuto autonómico en más de una decena de talleres con amplia participación de las bases.

 

Uno de los puntos centrales del estatuto destaca: "consideramos sin validez alguna, cualquier trato o consentimiento efectuado en favor de las empresas de manera separada o parcial antes de que haya terminado el proceso oficial entre nuestra nación y el Estado peruano".

 

Los organismos de poder del gobierno autónomo conocen cuatro instancias: la asamblea principal con 96 asambleístas; un gobierno ejecutivo con sus consejeros; gobiernos de ambas cuencas y gobiernos de cada comunidad con sus respectivas autoridades electas.

 

Como señala el sociólogo peruano Alvaro Giles, "se trata del primer pueblo indígena en el país que cambia la estrategia del sindicalismo indígena por la idea del autogobierno". Añade que ya hay otros tres pueblos amazónicos en proceso de fundar sus gobiernos autónomos, por lo que "estaríamos frente a una nueva estrategia en el mundo amazónico peruano".

 

Sólo caben dos observaciones. Una, que la autonomía no es una opción anclada en ideologías, sino en historias y cosmovisiones propias que se despliega para enfrentar desafíos concretos. Lo que nos muestra que estamos ante genealogías diferentes a las de cuño europeo, analizadas entre otros por Castoriadis.

 

Dos, que los pueblos en movimiento (concepto más adecuado que movimientos sociales) van descubriendo que las autonomías y los autogobiernos territoriales les permiten enfrentar en mejores condiciones el extractivismo depredador, que cualquier otra estrategia que pase por la negociación con el Estado. En los próximos años veremos una proliferación de procesos autonómicos.

 

La acumulación por despojo y el capitalismo sólo se pueden confrontar y derrotar con otras culturas políticas, por fuera de las instituciones y de los acuerdos por arriba.

Publicado enSociedad
Jueves, 11 Julio 2019 05:52

En el reino del revés

En el reino del revés

Me dijeron que en el reino del revés

Nadie baila con los pies

Que un ladrón es vigilante y otro es juez

Y que dos y dos son tres

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

(María Elena Walsh, autora e intérprete. Canción infantil [1])

 

Real, no ficción. El Ministerio de Recursos Naturales – el mayor interesado – no apeló la sentencia de primera instancia que favoreció a la nacionalidad waorani. ¡Lo hizo el Ministerio del Ambiente! Y fue el abogado de este Ministerio quien, en la audiencia dada en la Corte Provincial de Justicia del Puyo el lunes 1 de julio, lideró el enfrentamiento en contra de dicha comunidad indígena, abanderándose de las tesis extractivistas. Para colmo, los abogados de estos dos ministerios, junto con el abogado de la Procuraduría del Estado, defendieron a ultranza los intereses extractivistas aduciendo el cumplimiento de la consulta previa, libre e informada en el Bloque 22, a partir del decreto 1247 sin priorizar la Constitución.

Sorprende, por decir lo menos, que el Ministerio de Recursos Naturales – realmente el interesado en demostrar que sí hubo tal consulta para realizar sus planes extractivistas – no apelara la sentencia favorable a la nacionalidad waorani, donde se demostró hasta la saciedad el incumplimiento de ese requisito previsto en la Constitución y en instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT. El argumento de los abogados de dicha cartera de Estado de que esta omisión fue una falla técnica no le exime de responsabilidad al gobierno, pues incluso por acción directa de dicha desidia deberían cumplir lo dispuesto por la jueza provincial Esperanza del Pilar Araujo y el Tribunal Penal de Pastaza en su sentencia del 26 de abril pasado; en concreto deberían reconocer la vulneracion cometida y cumplir las obligaciones que de un acto así se desprenden (por ejemplo no avanzar con la licitacion de ese bloque porque sin consulta previa cualquier acto es nulo). En este caso la Corte Provincial debería disponer no solo la ratificacion de la sentencia y que el Ministerio en mención la cumpla; sino que debiera, además, aceptar la apelación de la nacionalidad Waorani, es decir ampliando las comunidades afectadas y las medidas de reparacion establecidas.

Por otro lado y sin rodeos: el papel del Ministerio del Ambiente es vergonzoso. Su abogado lideraba los intereses extractivistas en vez de cumplir con el objetivo de esa cartera de Estado: defender el ambiente, más aún en el primer país en el mundo que ha constitucionalizado a la Naturaleza como sujeto de derechos. indigna que ese ministerio apelara tan prestamente en contra de la sentencia de primera instancia [2] y que, en la práctica, suscriba la agenda extractivista del gobierno. Desde hace tiempo atrás, el ministerio del ambiente sólo cumple con vulgares trámites administrativos al margen de sus objetivos fundamentales.

El accionar de la Procuraduría, cuyo supuesto papel es el ser “abogado del Estado”, demuestra que perdió sus papeles pues se ha vuelto un mero defensor de los intereses del gobierno. Al no reconocer las vulneraciones a la Constitución y más bien ser cómplice de dichas violaciones, la Procuraduría abre la puerta para que los accionantes –en este caso la nacionalidad waorani– si es del caso, recurran a la vía internacional y se consiga una sanción al Estado por incumplir sus obligaciones constitucionales, que incorporan varios instrumentos internacionales relacionados con los Derechos Humanos (parte activa del bloque constitucional por mandato de los artículos constitucionales 11.3 y 426).

En este reino del revés casi que no sorprendería que a la postre los tres jueces provinciales -Carlos Alfredo Medina Riofrio, Bolívar Enrique Torres Ortíz, Segundo Oswaldo Vimos Vimos- de la mencionada Corte, quienes deben tramitar la mencionadas apelaciones, terminen por priorizar el Decreto Ejecutivo 1247 –a todas luces inconstitucional– sobre la disposiciones de la carta magna, que en su artículo 424 establece la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra ley del ordenamiento jurídico del Estado; y, que en el artículo 425, fija un claro orden jerárquico de aplicación de las normas: la Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos…

Con este Decreto en la mano -sin siquiera haberlo cumplido a cabalidad- el Ministerio de Recursos dio paso a una consulta inconsulta que fue procesada como un simple trámito administrativo, es decir, apenas como una socialización de informaciones, lo que supone en palabras sencillas pero precisas: una tomadura de pelo. Tengamos presente que la inconstitucionalidad del mencionado decreto es inocultable. El 19 de julio de 2012, el presidente de la República, Rafael Correa, emitió el Decreto Ejecutivo 1247, que entró en vigor a través de la publicación en el Registro Oficial No. 759 del 2 de agosto de 2012. Dicho decreto reglamenta la ejecución de la consulta previa, libre e informada en los procesos de licitación y asignación de áreas y bloques hidrocarburíferos, la misma que sería aplicada en el marco de la XI Ronda Petrolera. Cabe señalar que el Decreto 1247 no acata todas las disposiciones establecidas en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y en los que hablan sobre los derechos de los pueblos indígenas. Tampoco se consideran en este Decreto 1247 las dispociones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sarayaku, vinculantes para el Estado ecuatoriano, emitidas en el mes de mayo del año 2012.

En su pobre papel, los abogados gubernamentales, a más de apuntalar su posición en base a ese incostitucional decreto, y como medida desesperada ante la falta de argumentos, pedían sanciones penales para dos de los testigos de la comunidad waorani por alguna declaración poco clara o quizás confusa, debida -tal como reconoció el intérprete judicial- a lo complejo que resulta traducir términos y conceptos inexistentes en la cultura waorani, en medio de un proceso de socialización llevado adelante por una persona que tenía 18 años cuando fue contratada como encargada de la oficina de consulta y que nunca fue debidamente capacitada, entre otros temas de gravitan en contra de la posición gubernamental.

Es mucho lo que se juega en este caso. Por un lado la vida misma de la nacionalidad waorani y su selva amenazadas por el extractivismo petrolero. Por otro lado está la posibilidad de construir – aunque lentamente luego de la metida de la mano en la justicia ejecutada por el correísmo – una justicia independiente y autónoma, como se estableció en Montescriti. También está en debate la necesidad de construir otra economía que garantice en simultáneo la justicia social y la justicia ecológica desde sus bases, superando la trampa perversa de los extractivismos. En este escenario se disputa, además, la misma democracia.

¿Podrán los jueces involucrados superar las sombras de un Estado colonial, racista y patriarcal? ¿Darán un paso para salir de esta maraña de contradicciones y empezar así a cristalizar la vigencia de la Constitución de Montecristi?  

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

 

Notas:

[1] A través de este link se puede escuchar la canción: https://www.youtube.com/watch?v=KlMQZsifcio  

[2] Sobre la sentencia de primera instancia se puede consultar el texto del autor: “ No Contaban Con Su Inteligencia : Las Waorani Dan La Vuelta Al Embudo De La Consulta” https://www.amazonfrontlines.org/chronicles/waorani-consulta-alberto-acosta/  

Por Alberto Acosta

Amazon Frontlines

Publicado enMedio Ambiente
Colombia: “Se pretende legalizar el despojo realizado en nuestros territorios ancestrales

Servindi, 29 de mayo, 2019.- El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció que, a través de la modificación de la Ley 160 de 1994, conocido como la ley de tierras, “se pretende legalizar el despojo realizado en nuestros territorios ancestrales”.


Mediante un comunicado, la organización exhortó que con la creación de diversos procedimientos y figuras se convalida “la entrega mediante titulación de grandes extensiones de terrenos baldíos de la Nación a sujetos distintos a los de reforma agraria”.


Ello, según el CRIC, pese a que los predios “baldíos” son constitucionalmente imprescriptibles e inalienables.


Con dichos cambios, se estaría promoviendo la acumulación de baldíos y el acaparamiento de tierras. En cambio, los indígenas no conciben la figura de “baldíos” ya que para ellos se trata de sus territorios ancestrales.


Además, es el lugar donde desarrollan sus “prácticas culturales y ancestrales, nuestro sistema económico propio, donde ejercemos control para la protección y cuidado de todo lo que se encuentra en él”.


De acuerdo con el CRIC, mediante la modificación de la ley, hay un favorecimiento a las actividades extractivas ya que se quieren establecer disposiciones relacionados con asuntos del sector minero energético.


“Hemos insistido en que la política de Formalización y Acceso a Tierras debe ser realizada desde los pueblos indígenas, sectores sociales y populares del País, sin embargo es el gobierno nacional quien pretende establecer una “reforma agraria” que busca favorecer a unos pocos”, denuncia.


Por ello, a través de una acción de tutela, CRIC y otras organizaciones indígenas, buscan suspender el trámite del proyecto para luego solicitar su retiro por “haberse surtido violando los procedimientos establecidos para el proceso de consulta previa”.

31 mayo 2019 0

Publicado originalmente en servindi.org

 

Publicado enColombia
Una tribu ecuatoriana gana el juicio contra el Gobierno y salva miles de hectáreas en la Amazonia

Un tribunal determinó que el Ejecutivo ecuatoriano no realizó una consulta previa con los waorani sobre la posibilidad de subastar el bloque petrolero 22 de la provincia de Pastaza.
La tribu de los waorani que vive en la Amazonia —al noreste de Ecuador—, ganó el pasado 26 de abril un juicio contra varias compañías petroleras, salvando de esa manera más de 200.000 hectáreas de selva tropical de esa vasta región de América del Sur, informan medios locales.


Un tribunal local falló a favor de los waorani tras determinar que el Gobierno ecuatoriano no realizó en 2012 una consulta previa con ellos sobre la posibilidad de subastar el bloque petrolero 22 de la provincia de Pastaza, pese a que desde el Ejecutivo aseguraron que los indígenas dieron su consentimiento para permitir dicha actividad extractora.


Los waorani denunciaron presuntos fraudes por parte de las autoridades durante el proceso de negociación y declararon que no comprendieron del todo que los encuentros tuvieran como finalidad entregar su territorio ancestral.


Un 16% del terreno en cuestión contiene dieciséis comunidades de este pueblo amerindio. Tras el fallo, se ha paralizado indefinidamente la subasta de cualquier bloque extractivo en la zona hasta que no tenga lugar una consulta previa bajo los estándares internacionales.


"Queríamos que quedara claro que el Estado ecuatoriano siempre ha venido a nuestros territorios a engañar y manipular a cambio de explotación petrolera", dijo Oswando Nenquimo, portavoz de los waorani, subrayando que esta decisión judicial es un símbolo histórico de la lucha de sus reivindicaciones. "Le pedimos al Estado que nos deje vivir en nuestro territorio sano […] Nuestro territorio no está en venta, es parte de nuestra vida y cultura", aseveró Nenquimo.


No obstante, desde el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador anunciaron que apelarán el fallo alegando que en la consulta "se respetaron los derechos de los pueblos y nacionalidades".

17 may 2019 02:12 GMT

 

Publicado enMedio Ambiente
“Nuestra forma de ver la democracia es diferente”

La Minga convocada por los pueblos agrupados en el Cric, a la que en primera instancia se plegaron comunidades negras y campesinas, y luego otros pueblos indígenas para así ganar el carácter de Minga nacional, sorprendió al país; su masividad y prolongación, así como convicción, no dejaron duda. El contexto en el cual fue convocada deja interrogantes. Distintas voces nos explican su participación y lectura de este suceso.

 

Con la decisión que los caracteriza, los pueblos indígenas caucanos salieron a exigir derechos. Su demanda porta todo el sustento y legitimidad que cargan las causas justas, en este caso, acceso a la tierra y presupuesto para vida digna, temas acordados en protestas anteriores. Reclaman, increíble, que les cumplan con los compromisos contraídos por anteriores gobiernos tras múltiples protestas, negociaciones y acuerdos.

Su despliegue humano tomó forma el 10 de marzo de 2019 en territorio de Caldono, desde donde dieron plazo hasta el 12 de marzo para que el presidente Duque encarara un diálogo en territorio indígena. El rechazo presidencial obligó a los manifestantes a presionar para que el Gobierno tomara en serio la protesta. Es así como miles coparon la Vía Panamericana, cuyo bloqueo se sintió con intensidad en el Cauca y Nariño.

La Minga, prolongada por 27 días, fue duramente reprimida, pese a lo cual los pobladores de esta parte del país no perdieron el control de la vía, ni cejaron en sus reclamos, hasta lograr un compromiso oficial con lo demandado. Luego de cuatro semanas de acción y resistencia, de prolongadas negociaciones con el equipo gubernamental destinado para tal fin, levantaron el bloqueo de la vía, en constancia de buena fe, para que el presidente Duque llegara al sitio de las negociaciones y firmara los compromisos contraídos. Una maniobra del mismo –sí estoy pero no me quedo–, para evitar que sus fanáticos lo vieran en posible posición de sometimiento, impidió esta escena final.

Los indígenas, campesinos y comunidades negras se retiran del sitio, fatigados por la energía demandada por la extensa jornada de lucha, ilusionados con lo firmado, pero convencidos de que este Gobierno, igual que los anteriores, dilatará el cumplimiento de lo acordado. Otras jornadas de protesta, seguramente, tomarán forma antes de finalizar Duque su presidencia para obligar con ellas a la ejecución de lo firmado en este marzo-abril de 2019.

 

A propósito de esta coyuntura, desdeabajo entrevistó a distintos actores de la misma, aquí sus palabras:

 

desdeabajo (da). ¿Cómo presenta la Minga del suroccidente?
Giovanny Yule (GY)*. La Minga es el ejercicio colectivo del pensamiento, sabiduría, palabra y acción mediante la cual todos los pueblos indígenas del suroccidente colombiano, sectores campesinos y afros hemos hecho un ejercicio de protesta en el marco del artículo 37 de la Constitución Nacional, para afianzar nuestro planteamiento político hacia el Estado, el Gobierno, la opinión pública nacional e internacional, para exigir el respeto de nuestros derechos económicos sociales y culturales, logrados con tanta lucha.

da. ¿Cuál es la evaluación que hacen de la Minga con respecto a lo pretendido y lo alcanzado tras el diálogo con el gobierno nacional? (Ver recuadro, resumen de la Minga)
GY. Bueno de los tres objetivos que planteó la Minga podemos decir que logramos avanzar en diferentes aspectos, porque logramos abrir una conversa con la opinión nacional e internacional sobre los puntos fundamentales y políticos de la Minga, que tenían que ver con el tema de tierras y territorios, situación de derechos humanos y vida, el recrudecimiento del conflicto armado en los territorios, la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, el tema del reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, la necesidad de la implementación de los acuerdos de La Habana, entre otros.

Podemos decir, de manera puntual, que se presentó un buen avance con la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, en el cual para los pueblos indígenas estaban destinados 10 billones de pesos, pero que habían quedado en los anexos, y con la Minga estos recursos ya quedaron dentro del marco donde se definen los presupuestos, lo que nos da más confianza a todos los pueblos indígenas. De igual forma, logramos hacer un ejercicio con múltiples organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y populares del país que ayuda a seguir avanzando en la unidad, pues la Minga fue un referente que logró tejer y articular el movimiento social en Colombia.

Lo único que quedó pendiente fue el tema de la conversación con el presidente Iván Duque, que llegó al territorio y se negó a hablar con la Minga a causa del mensaje del Fiscal general, que se inventó una amenaza de atentado. Finalmente nosotros decidimos no participar en ese espacio propuesto por el Presidente, ya que nuestra forma de ver la democracia es diferente, y la asamblea es la máxima autoridad del territorio.

da. Uno de los temas y problemáticas más álgidas en el país es el de tierras, su despojo sufrido por los pobres y concentración en manos de terratenientes, entre los cuales dicen que ustedes lo son, pues “cuentan con mucha en todas partes del país”. ¿Cómo ven ustedes la respuesta del Gobierno que sostiene que no hay tierras para vender y tampoco recursos para comprar?
GY. Nosotros podemos manifestar con mucha claridad y transparencia que todo el departamento del Cauca tiene 3`084.000 mil hectáreas y de estas los territorios colectivos indígenas representan el 17 por ciento, es decir 544.000 mil hectáreas, pero de estas 344.000 mil son territorios de sitio sagrado, en donde están los páramos, humedales, ríos, bosques, de tal manera que el 70 por ciento de las tierras colectivas son territorios que los pueblos indígenas debemos cuidar y proteger para garantizar la vida humana. Las 200.000 mil hectáreas que quedan están en una pendiente de más de 30 grados y son semifértiles, lo que hace que cultivar en ellas sea muy difícil. Además, no se puede dejar pasar que en la actualidad hay regiones –como toda la cuenca del rio Cauca– que son aptas para cultivar y se están utilizando más de 254.000 mil hectáreas para la agroindustria cañera, la cual está concentrada en las manos de apenas 5 familias. O sea, mientras 5 familias usufructúan más de 250.000 mil hectáreas, en los territorios indígenas estamos 70.000 mil familias en 200.000 mil hectáreas, lo que demuestra que no es cierto que nosotros seamos los terratenientes.

da. Entendiendo que la fuerza demostrada por el Cric en esta coyuntura los sitúa como uno de los movimientos sociales más importantes del país, ¿Cómo proyectan la coyuntura para los próximos años, para hacer cumplir todas las demás agendas que estaban articuladas en la Minga?
GY. Nosotros pensamos que nos corresponde a todo el movimiento social y popular de Colombia encontrarnos y hacer una Minga a cuatro años, en donde el ejercicio nos lleve a la reflexión de la movilización, de la palabra, del pensamiento, de la sabiduría, la imaginación en el marco del derecho universal de la protesta social. Esa Minga nos va a permitir avanzar en la posibilidad de construir la unidad en el marco de sacar nuestras plataformas políticas con las cuales hemos venido actuando desde las diferentes estructuras sociales del país. En ese sentido es muy importante convocarla, al igual que participar y respaldar las diferentes actividades proyectadas para estos días –como el paro del 25 de abril–, pero es necesario convocar una gran cumbre de regiones y allí consolidar una agenda, una ruta y una estrategia para movilizarnos en los cuatro años del gobierno de Iván Duque y el partido Centro Democrático.

* Giovanny Yule, es dinamizador político del sistema de gobierno propio del Cric.

 


 

 

 

Breve contexto de la situación de los pueblos indígenas del Tolima

 

desdeabajo (da). ¿Cómo tomaron la decisión de participar en la Minga Nacional?
Madeleine Olivero Tovar (MOT)*. Ante las constantes promesas y promesas, los pueblos indígenas nos cansamos y por eso volvimos a salir en Minga. En el año 2017 habíamos hecho una Minga en Saldaña, de la cual quedaron unos compromisos en cuanto a salud, educación, saneamiento básico, vivienda digna y otros aspectos que a la fecha no se han cumplido. Como movimiento indígena, en general, llevamos más de 1.136 acuerdos incumplidos, y por esto salimos nuevamente.

da. ¿En qué consistió su participación?
MOT. Salimos más de mil personas de diferentes pueblos, entre esos nosotros como Pijaos, y también los pueblos Nasa, al municipio de Natagaima, para exigir el cumplimiento de los acuerdos y específicamente velar por el cumplimiento del decreto 1953 que tiene que ver con la administración de nuestros propios recursos.

da. ¿Cuáles son los logros de esta jornada?
MOT. Logramos llegar a unos acuerdos concretos en temas de educación propia, deportes tradicionales, agricultura y otros temas que ayudan al fortalecimiento como pueblos.

da. ¿Cuáles son los principales conflictos que están viviendo en la actualidad los pueblos indígenas que habitan el departamento del Tolima?
MOT. Las multinacionales son la principal amenaza que tenemos como pueblos en regiones como Ortega y Purificación, porque afectan directamente nuestra pervivencia en los territorios. Este gobierno esta apuntando a que entren más proyectos mineros y ni siquiera nos están teniendo en cuenta el derecho a las consultas previas. Además, hay regiones como Ortega donde se han vivido más de 50 años de explotación de crudo y en este momento están cerrando bloques para abrir 86 nuevos pozos de explotación. Asimismo, se están desviando ríos para brindarle agua a las arroceras. Entonces, lo que vemos que están haciendo es prácticamente un proyecto de exterminio contra los pueblos indígenas, pero nosotros seguimos defendiendo el territorio y la vida. Otro de los problemas que tenemos es la politiquería, porque algunas de las autoridades indígenas se están acompañando con politiqueros de la región, y eso afecta nuestro proceso de lucha como pueblo.

* Gobernadora indígena del pueblo Pijao de Ortega–Tolima.

 


 

Participación en la Minga de los pueblos Pastos y Quillacingas



desdeabajo (da). ¿Qué entienden por Minga desde los pueblos Pastos y Quillacingas?
Jesús Fabian Trejo (JFT)*. Hablar de Minga, para nosotros, es hablar no solo de una fuerza colectiva, sino de toda una historia a lo largo de los años, pues la Minga ha sido nuestro espacio para poder adelantar trabajos del orden comunitario, pero también de pensamiento y de resistencia, que son las que tuvimos en estos últimos días. Entonces, para nosotros la Minga es esa fuerza que podemos unir de manera colectiva para adelantar cualquier tipo de trabajo.
da. En los ejercicios de los pueblos indígenas, en general, pueden verse niños, jóvenes, adultos y mayores, ¿Por qué es importante que participe toda la comunidad?
JFT. Pues bajo el entendido que le decía, para nosotros la Minga es el tema de unir toda la fuerza colectiva, pues es necesario también esa visión desde las diferentes generaciones que existen, porque no va a ser lo mismo la visión de un mayor a la de un adulto, a la de una mujer, o de un niño o un joven, porque cada quien va a tener un punto de vista, y por esto es importante convocar a todos nuestros grupos sociales, para estar unidos en Minga; eso siempre ha sido así bajo nuestros usos y costumbres.

da. ¿Cuál es la valoración que tienen de la Minga del Cauca?
JFT. Cada pueblo tiene su propia historia, sus propias realidades y consideraciones. Nosotros valoramos y respetamos muchísimo el ejercicio de los hermanos del Cauca, de hecho nos manifestamos haciendo una marcha en solidaridad con la Minga que ellos venían adelantando. Entonces, nosotros no tenemos otra visión frente a la Minga del Cauca que la del respeto y la del apoyo.

da. ¿Cuáles fueron las reivindicaciones planteadas desde los pueblos Pastos y Quillacingas?
JFT. Podemos decir que llevamos una ventaja frente al resto de organizaciones y pueblos indígenas del país, porque cuando nosotros tuvimos el paro en el año 2013, logramos concertar con el gobierno nacional la creación, mediante decreto, de lo que hoy se llama la Mesa Regional Permanente de Concertación Pastos y Quillacingas, a través de la cual nosotros tenemos la fuerza legal del derecho para poder sentar al gobierno nacional –y también nosotros como gobierno indígena– para poder hablar de cualquier tema. Esa es nuestra gran ventaja para que hoy se nos acorten los caminos para poder hablar con el gobierno nacional.

da. ¿Cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron con este gobierno?
JFT. Lo más importante para nosotros era la reactivación de la mesa como tal, pues ahí nos vamos a poder seguir sentando para hablar los otros temas. En lo puntual, concertamos con el gobierno nacional la inclusión del Conpes 3811, que en materia agropecuaria es el documento más destacado –que también fue algo pactado en el año 2013 y 2014–, pero que en el anterior gobierno se cumplió en una mínima parte y hoy este gobierno ha decidido incluirlo en el Plan Nacional de Desarrollo, pasando de ser una política de gobierno a ser una política de Estado, y esto nosotros lo destacamos.

Ya en lo que corresponde al tema de desarrollo integral, entendiéndolo como salud, educación, vías, infraestructura, medio ambiente, justicia propia, entre otros, logramos pactar una agenda bajo la cual nos vamos a seguir reuniendo para abordar tema por tema en diferentes sesiones, donde se llegue a iniciativas, proyectos y medidas de implementación.

da. ¿Cuáles son las luchas que proyectan para los próximos años?
JFT. Nosotros tenemos claro, hoy por hoy, que somos una minoría, y de echo así lo hemos sido a lo largo de la historia. A nosotros no nos queda otra que la de validar los espacios de concertación y diálogo con el gobierno que hoy tenemos, de no ser así, sabemos que el camino será siempre la resistencia en las vías y las calles a través de la protesta, las Mingas, los paros, pero también es una lucha política por tratar de ganar nuevos espacios a nivel nacional, departamental, municipal, y de esa manera hacer más fácil nuestra presencia en lo que es gobierno y lo que es Estado.

* Gobernador del resguardo indígena de Ipiales, y coordinador de la mesa regional de concertación Pastos y Quillacingas.


 

Participación del campesinado en la Minga

 

desdeabajo (da). ¿Cuáles eran las reivindicaciones de los sectores campesinos en esta Minga?
Marylen Serna (MS)*. Desde un principio dijimos que esta era una movilización política más que reivindicativa, sin embargo, en el componente reivindicativo se logró abordar y negociar, llegando a un acuerdo que sobre todo tiene que ver con la posibilidad del acceso a la tierra, fortalecimiento de la economía campesina a través de procesos de producción y comercialización, mejoramiento y construcción de vivienda y algunos temas de garantías en derechos humanos. Las cosas que teníamos planteadas para el diálogo político, que finalmente no se logra con Iván Duque, era la posibilidad de abrir un capitulo para el campesinado en el Plan Nacional de Desarrollo, y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos; sin embargo, aún seguimos esperando ese diálogo político con el presidente.

da. En medio de la Minga, grupos armados realizaron un despliegue ofensivo militar, ¿Cómo creen que esto va a afectar a las organizaciones que habitan los territorios?
MS. Hemos sido muy claros en las organizaciones de manifestar que la Minga fue una acción autónoma, deslindada de los grupos armados. La Minga que hicimos representa las necesidades y exigencias de las comunidades, por esto siempre hemos dejado la claridad que detrás de nosotros no hay ningún actor armado. Sin embargo, la gran dificultad es que el Estado relaciona toda esta presencia de grupos armados alrededor de la movilización para profundizar la estigmatización y el señalamiento sobre la Minga, lo cual puede tener implicaciones graves sobre la vida, la integridad y la libertad de los voceros, líderes y lideresas de este movimiento, pero nosotros tenemos mucha tranquilidad porque nos movilizamos a partir de la orientación de nuestras organizaciones y comunidades, más no del querer de los actores armados.

da. Este ejercicio de Minga abre la discusión sobre la concentración de la tierra, ¿Creen que a partir de esto puede reabrirse el debate de una reforma agraria integral para Colombia?
MS. Lo que se presentó fue una distorsión muy grande sobre el tema de la tenencia de la tierra, y nosotros no logramos romper ese cerco mediático alrededor del discurso que los indígenas quieren toda la tierra para ellos; nos faltó muchísima posibilidad de plantear las cifras reales alrededor del tema de la tenencia de la tierra. Este tema, así como polarizó, permanece como un tema central para el país, por lo cual es necesario abrir el debate sobre los orígenes del conflicto armado, la cantidad de tierra acumulada por pocas familias y la realidad de una inmensa cantidad de familias que no tienen tierra para subsistir.

* Vocera del Congreso de los Pueblos, integrante del movimiento de mujeres por la vida del municipio de Cajibio.


 

¿Tiempo de reinventar el quehacer?

 

Las entrevistas aquí expuestas, además de dejar ver las múltiples participaciones y valoraciones de la Minga, nos muestran un estado actual del movimiento social en Colombia que genera algunos interrogantes que es necesario abordar: ¿Las movilizaciones tienen el fin de encontrarse y dialogar con un gobierno, que desde siempre se ha entendido como uno que va contra los sectores populares? ¿Realmente la lucha contra el Plan Nacional de Desarrollo es por ser incluidos y quedar en algún capítulo del mismo? ¿Con el proceder actual no se está reproduciendo la práctica de cada quien por lo suyo? ¿Cómo generar el encuentro entre las diferentes agendas de los movimientos sociales para hacerlas cumplir en conjunto?

Todas las múltiples realidades expresan pistas para un quehacer en conjunto, que, para avanzar en ello, seguramente lo primero por hacer es empezar a entender que la mayoría nacional –organizada o no– sufre las mismas necesidades, que lo obtenido por su trabajo o labor no alcanza para tener vida digna –salud, educación, vivienda, trabajo, entre otras–. Entonces, ¿acaso no necesitamos crear un proyecto de sociedad propia que no dependa totalmente del institucionalismo y el gobierno de turno? ¿No sería mejor cuestionar este modelo de democracia formal como un todo y abocarse por construir un referente político, cultural y social que vaya más allá de la misma, que cuente con sus propios ritmos y agendas? Sin duda, lo que tenemos ante nosotros es el reto de reinventar la política mucho más allá del Estado. Las vivencias, imaginarios y capacidades de los movimientos sociales permiten que nos propongamos un trazado total de vida propia, de autogobierno, para lo cual debemos potenciar una economía también propia, que rompa los referentes del capital, y desde ella podamos brindar autonomía y seguridad en todos los planos para los marginados de siempre.

 


 

Recuadro:


Resumen de la Minga

 

“Los tres objetivos fundamentales de esta Minga eran: primero, fortalecer la unidad de todos los pueblos indígenas, sectores sociales y populares del Cauca, el suroccidente y el país, para seguir construyendo una perspectiva y acción donde todos y todas podamos vivir en el marco de una convivencia en equilibrio y armonía, con el respeto de nuestras diferencias interculturales y pluriculturales, para avanzar en el paradigma del buen vivir de la nación. El segundo objetivo era hacer una conversación, un debate, con el Presidente de la República y la ciudadanía nacional, para manifestar nuestra inconformidad frente a las estrategias legislativas que van en retroceso de los derechos fundamentales de los pueblos y que hoy están corriendo en el Congreso de la República. El tercer objetivo era la exigencia de nuestros derechos económicos, sociales y culturales, que tiene que ver con las inversiones de los recursos en nuestros territorios indígenas, afros y campesinos, en el marco de los acuerdos que de manera sistemática han incumplido los gobiernos nacionales.


La palabra de la Minga se desarrolló sobre esos tres objetivos durante 28 días. Y en ella participamos directamente el movimiento indígena de Caldas –Cridec–, el movimiento indígena del Huila –Crihu–, el movimiento indígena del Cauca –Cric– y los sectores campesinos representados en Cna-Cima, Marcha Patriótica y Fensuagro. El corazón de la Minga se ubicó en el Pital, que es un corregimiento del municipio de Caldono, cerca de la Panamericana. El 12 de marzo, ante la negativa del presidente de ir a dialogar con la Minga, salimos más de 20 mil mingueras y mingueros, que estábamos concentrados desde el 10 y nos ubicamos en distintas partes del suroccidente colombiano; luego empezaron a llegar otros departamentos como Valle, Chocó, Antioquia, Nariño, Caquetá. Vale la pena decir que otros sectores sociales, como estudiantes, sindicatos, centrales obreras y ciudadanía en general, se unió a este ejercicio y apoyaron con remesas y visibilizando lo que iniciamos desde el sur occidente.


A los quince días del taponamiento de la vía Panamericana se inició una conversación y debate con la comisión del gobierno nacional, que tuvo al frente a la Ministra del Interior. Sin embargo, en los primeros cinco días de negociación no se pudo avanzar en nada, porque se presentaban atropellos de la fuerza pública –Esmad, ejército y policía– contra la Minga, dejando un saldo de más de 50 heridos y un compañero muerto, asesinado. Finalmente se logró llegar a un acuerdo con el gobierno nacional, donde se dejaron claras unas inversiones para el movimiento indígena y campesino. De igual manera, un acuerdo de un mecanismo o decreto para los compañeros afros. Al mismo tiempo, los mingueros y mingueras se levantaron de la vía para que el Presidente se dirigiera a tener el diálogo con la Minga, propósito que finalmente no se logró”.

 

Giovanny Yule

Publicado enEdición Nº256
De la Minga del Cauca a la Minga Nacional

El 27 de marzo, luego de 18 días de desarrollo de la “Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz” con epicentro en el departamento del Cauca y el suroccidente del país, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), acompañada por múltiples organizaciones del país realizó un llamamiento a la “Minga Nacional por la defensa de la vida, los territorios y la paz”, ¿Cuáles son las implicaciones de este nuevo ejercicio a nivel nacional? ¿Logrará dar un aire a la Minga del suroccidente? ¿Qué pasará con el paro nacional previsto para el 25 de abril?


Tras más de 18 días de Minga ininterrumpida y más de 15 días del cierre de la vía Panamericana por parte de no menos de quince mil personas, el levantamiento social liderado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric)* tiene un balance confuso y un desenlace difícil de prever.


En territorio es evidente la potencia de las comunidades a la hora de movilizarse; sorprende, asimismo, que sin una agenda preparada con encuentros previos que llamarán a múltiples sectores a discutir y así lograr una preparación de la movilización con visión integral y de largo plazo, la Minga avance con un escalonamiento de lo regional a lo nacional, que con el llamamiento de la Onic es inocultable. Sin embargo, aún no se alcanza a ver un cuerpo social y político que jaquee al gobierno de Duque, pues muchos sectores –incluidos los indígenas– tenían previsto un paro nacional para el 25 de abril (ver recuadro), lo que genera que la potencia de la Minga tenga límites y no aglutine a toda los movimientos sociales, menos al llamado país nacional, pues las razones de la movilización, sus objetivos y métodos aún no permean al conjunto del país.


Breve balance de la Minga hasta el momento


El ambiente en el departamento del Cauca cada día se caldea más, producto de la parálisis de la vía Panamericana, lo que genera conflictos con los sectores económicos de la región que días atrás –25 de marzo– se reunieron con el Centro Democrático y abrieron discusiones en torno a la “concentración de tierras por parte de los indígenas” así como sobre “la protección de la propiedad privada”, discusión que seria llevada al Congreso de la República para ser sustentada por la bancada uribista, que no ahorró palabras para asegurar que la Minga “está infiltrada por actores al margen de la ley”, estigmatizando, deslegitimando y criminalizando a los indígenas y campesinos que están movilizados.


Alzamiento indígena que reclama negociación directa con el jefe de Estado, la que al ser negada ha llevado la negociación a un callejón sin salida que no permite prever un desenlace próximo. Puja entre fuerzas sociales y el poder tradicional que domina en el país, que se ve atravesado por la confrontación directa entre quienes bloquean el paso normal de vehículos y las fuerzas armadas del establecimiento, con un saldo hasta ahora de decenas de heridos y no menos de 8 muertos. Como siempre, los reclamantes son los que sufren la mayoría de víctimas. Alrededor de esta confrontación, una ofensiva insurgente encabezada por fracciones de las Farc rearmada turbia el panorama de la región, en especial en los municipios de Caloto, Toribio, Santander de Quilichao, Miranda y Morales.


Tras siete días de negociación y tras la suspensión de la mesa por la retención de un militar infiltrado en las protestas, e identificado como tal por la guardia indígena –que posteriormente sería entregado en perfecto estado de salud–, no se ha logrado llegar a un acuerdo, pues ante la exigencia del cumplimiento de los más de 1.500 acuerdos incumplidos por parte del Estado con los pueblos indígenas y los campesinos del Cauca –que implican erogaciones por cerca de 4,5 billones de pesos–, el establecimiento se mantiene en la posición de no negociar más allá de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, donde estipulan 10 billones de pesos para los indígenas del país: así mismo, en cuestión de tierras, la Minga exige alrededor de 40 mil hectáreas mientras que el gobierno apenas ofrece 1.500.

Una confrontación de fuerzas reafirmada por parte del establecimiento el 28 de marzo, a través de una alocución presidencial, en la cual Duque reafirmó lo exigido hasta ahora para integrarse a la mesa de negociación: hasta que no desbloquen la vía no se trasladará al Cauca. La respuesta de los indígenas no tardó en llegar, y anunció la decisión de diversidad de pueblos indígenas de empezar de inmediato una Minga nacional: pueblos indígenas Pastos, Quillacingas, Ingas Kamentsa, Pijaos y otros empezaron de inmediato a movilizarse.


Llamamiento a la Minga Nacional propuesta por la Onic


En Bogotá, un día antes de la alocución presidencial, y como parte de la presión indígena para el buen desenlace de este conflicto, el 27 de marzo, la Organización Nacional Indígena de Colombia en rueda de prensa hizo el llamamiento a la “Minga Nacional por la defensa de la vida, los territorios y la paz”, llamamiento que invita a impulsar lazos de unidad entre todos los pueblos indígenas, así como a diversos sectores como afrodescendientes, campesinos, sectores populares, ambientalistas, estudiantes, para defender la vida.


Para sustentar su llamado, dirigentes de la Onic realizaron un ligero diagnóstico de contexto político indicando que estamos atravesando por una crisis consecuencia de la agudización del “modelo económico, social y político que continúa y acrecienta la acumulación de riqueza en pocas manos y aumenta la brecha de la desigualdad social”, producto del ascenso de la derecha en la región y en el país, que implican la gestación de guerras para despojar los territorios, violando derechos humanos y atacando las autonomías de los pueblos.


Frente al análisis de nuestro país y el gobierno de Duque, evidencian que hay un alto índice de líderes y lideresas asesinados/as en Colombia con un total de 584 casos entre el 1 de enero de 2016 y el 9 de febrero de 2019, de los cuales más del 50 por ciento pertenecen a pueblos indígenas y afrodescendientes. Cuestionan, de igual manera, el modelo del gobierno actual por su ataque directo a la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP–, el rompimiento de diálogo con la insurgencia del Eln, el desconocimiento de los escenarios de dialogo pactados por el Estado con el movimiento social, la militarización de la vida, el impulso de un plan de desarrollo que atenta contra los derechos de salud, trabajo, educación, así como la intensificación del modelo extractivista que destruye los páramos, ríos, boques, vida y existencia de los pueblos.


Ante esto proponen juntar esfuerzos, unir luchas y actuar conjuntamente para “defender la vida, los territorios, la autonomía, el agua, los derechos humanos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, las garantías democráticas”, impulsando una Minga Nacional (movilización) de carácter político para confrontar al gobierno en el mes de marzo, confluyendo en el mes de abril en el Refugio Humanitario.


Estos son los temas propuestos por la Minga Nacional:


• Defensa de la vida, la paz y los derechos humanos.
• Defensa de los territorios para la vida.
• Defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
• Acuerdos incumplidos con el movimiento social colombiano.
• Posicionamiento político y exigibilidad frente Plan de Desarrollo 2018-2022.


Esta propuesta de Minga Nacional trae algunas preguntas para analizar: si el conjunto del movimiento social colombiano se adhiere a este llamado, como coyuntura óptima para impulsar los reivindicado por los indígenas y hacer cumplir las propias, ¿Hasta dónde están dispuestas a llegar las organizaciones indígenas para hacer cumplir todas las exigencias de los demás sectores? ¿Cuál va a ser el escenario de coordinación de esta Minga Nacional? Si lo que se desea es consolidar la unidad. ¿por qué no se ha propuesto un escenario de encuentro que aglutine al conjunto del movimiento social para escuchar de una manera horizontal todas las propuestas y agendas existentes? Al impulsar la Minga Nacional ¿seguirá siendo el Cauca el epicentro de negociación con el gobierno nacional? De ser así ¿esto implicaría que la mesa del Cauca debe cerrarse y por tanto abrir una nueva con negociadores de todos los sectores?


Retos y proyecciones para el conjunto del movimiento social


Aunque estos impulsos de movilización, gestados desde los pueblos indígenas deben ser valorados y apoyados por el conjunto del movimiento social, es necesario que se profundicen las discusiones y debates al interior de estas propuestas pues con más organización y coordinación seguramente este momento estaría posibilitando el encuentro de todas las inconformidades y movilizaciones en una sola agenda, superando así la persistente dispersión que la caracteriza.


En esta lógica, de dispersión y ausencia de coordinación efectiva, hay que ganar consciencia que las luchas parciales, cada una por su lado, no lograrán el o los propósitos que las animan. Una plataforma social común en lo nacional, con funcionamiento simultáneo por diversas regiones del país, es un reto indispensable de encarar, donde el afán de protagonismo, las urgencias particulares, las prioridades políticas, etcétera, den paso a una reflexión y accionar común, con un plan de gobierno alternativo que le evidencia al conjunto nacional que sí existe otra forma de vivir, de construir economía, realizado desde las mayorías y con beneficio para el conjunto social.


Posdata. La paradoja caucana


Vale la pena decir que lo problematizado en el artículo Minga indígena y popular. Retos y aprendizajes: El sur occidente colombiano intenta poner freno al gobierno de Duque, ¿Lograrán sus objetivos?, donde se cuestionaban diferentes aspectos de la realidad de los movimientos sociales en Colombia, entre ellas su perspectiva y valoración del poder en la política actual, queda reflejada con la actitud de la dirigencia del Cric en cabeza del hoy senador Feliciano Valencia, quien se negó a brindar información a nuestro medio sosteniendo que: “si quieren información vayan al Cauca”. De igual manera, ha sido imposible encontrar alguna entrevista con consejeros que se encuentran en la Minga.


Actitud que refleja, o su prepotencia o su errada valoración de los medios de comunicación alternativos, actitud explicativa de la dificultad reinante en el movimiento indígena para construir con ellos agendas comunicativas comunes, como lo ha propuesto nuestros medio desde años atrás.


Actitud displicente con medios alternativos que cambia de manera sustancial al tratarse de las plataformas oficialistas (Caracol, RCN, El Tiempo, El Espectador, Semana), en las cuales identifican al poder real. Pareciera ser que los medios populares solo son útiles para que cubran espacios y agendas a las cuales no concurren los medios oficiosos. Vaya paradoja y vaya sentido de la comunicación.


Toda una paradoja caucana, pues desde el Cric siempre se escucha el malestar por la desinformación que generan los medios del establecimiento, los cuales tergiversan información y mienten ante la realidad, pese a lo cual siempre son privilegiados para entregarle información.

Notas


*A la que se sumaron de inmediato los indígenas agrupados en el Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), Consejo Regional Indígena del Huila (Crihu), Organización Indígena de Antioquia (OIA), así como los campesinos del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc), el Coordinador Nacional Agrario (CNA), Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima) y distintas organizaciones sociales, ambientales y populares de esta parte del país.

Ver artículo en: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36420-minga-indigena-y-popular-retos-y-aprendizajes-el-sur-occidente-colombiano-intenta-poner-freno-al-gobierno-de-duque-lograran-sus-objetivos.html


Fuentes consultadas


https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2884-llamamiento-minga


https://www.onic.org.co/minga/2879-organizaciones-sociales-defensoras-de-los-derechos-humanos-academicos-democratas-humanistas-y-lideres-politicos-exigen-al-presidente-de-colombia-ivan-duque-marquez


https://www.youtube.com/watch?v=zK7xaIOLd8A


https://www.semana.com/nacion/articulo/cauca-cinco-atentados-en-menos-de-12-horas/606941


https://www.semana.com/nacion/articulo/cinco-puntos-por-los-cuales-se-hace-tan-complejo-que-haya-humo-blanco-en-el-cauca/606965

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/430950-indigenas-del-tolima-se-unen-a-minga-nacional-de-reclamacion?fbclid=IwAR3DhpKjchuUqbJYUIDtfJI-WjeBPV6gbPt8mTWqCYkTQifp05WK9nuNFMg

https://www.semana.com/nacion/articulo/la-minga-no-se-rinde-ahora-convocan-a-los-indigenas-de-todo-el-pais-para-que-se-unan-al-paro/607041


 Recuadro


Entrevista a Jimmy Alexander Moreno, vocero Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular.

El movimiento social y la Minga.

desdeabajo (da). Los días 9 y 10 de febrero, se realizó en la ciudad de Bogotá el Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas, el cual concluyó con el llamdo a la realización de un paro nacional para el 25 de abril, ¿qué fuerza podrá tener este paro nacional si el movimiento indígena encabezado por el Cric dio un impulso de movilización un mes antes de lo previsto?


Jimmy Moreno (JM). Bueno, ese escenario lo hemos venido valorando, entendiendo la fuerza generada por el proceso de la Minga por la defensa de la vida y el territorio. Entonces, lo que hemos acordado es que estamos en una dinámica en la cual se ha venido avanzando sobre el marco de movilizaciones que están convergiendo sobre una apuesta de país, en donde hemos definido unas líneas temáticas como la defensa de la vida, garantías a los derechos humanos, cumplimiento de los acuerdos incumplidos por parte del Gobierno, en contra el Plan Nacional de Desarrollo, entre otros temas que estamos agitando en todos los procesos de movilización.


Entonces, sobre ese marco, el escenario de paro camina con base en las acciones que definimos a principios de marzo y que tendrá un primer momento de articulación nacional hacia el 25 de abril, entendiendo que muchos procesos entrarían en un momento de desgaste, pero vendrían otros procesos que se suman, por ejemplo están los demás procesos de la Cumbre Agraria, el movimiento sindical, dignidades agropecuarias, entre otros, que estamos apostándole hacia ese marco del 25 de abril para hacer una acción nacional que hemos llamado “Refugio Humanitario”.


da. ¿Quiere decir que en el marco de la Minga Nacional el movimiento campesino no saldría con toda su fuerza?


JM. Lo que hemos conversado con los indígenas es que vamos a acompañar y nos solidarizamos con el escenario de Minga, y si hay posibilidades en algunas regiones de sumarnos pues no nos negamos a eso, pero nosotros tenemos el impulso para continuar en ese ejercicio de movilización hacia finales de abril, para llevar ese escalonamiento de las jornadas de movilización. Sobre esa base vamos moviéndonos, aunque vamos haciendo lecturas conjuntas de acuerdo a como avance la coyuntura y todo el escenario de movilización.


da. En los puntos que plantea la Minga se articulan múltiples agendas, por ejemplo, puede verse desde exigencias por la implementación del acuerdo con las Farc hasta la exigencia por el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, ¿Hasta donde creen está dispuesto a llegar el movimiento indígena para hacer cumplir las reivindicaciones de los otros sectores?


JM. Bueno, eso es un poco lo que le planteaba, es decir, tenemos una agenda de país en la cual todos estamos de acuerdo, pero por distintas visiones políticas, distintas apuestas, no logramos encontrar un escenario de movilización, pero entendemos que todos compartimos casi que los mismos criterios políticos. Entonces, sobre esa base creemos que es importante recoger todos esos escenarios y hemos visto que el Cric y la Onic siempre han estado abiertos a invitar a que el movimiento social acompañe sus movilizaciones y, por ejemplo, esta vez en el suroccidente del país están movilizados el Congreso de los pueblos-CNA, Marcha Patriótica, Fensuagro, Pupsoc y otros movimientos campesinos que se han articulado a esa agenda del movimiento indígena, lo que favorece el fortalecimiento de la movilización y de la misma estructura de unidad. Entonces, sobre esa base estamos mirando el escenario nacional, cómo convergemos en líneas políticas, pero entendiendo que la movilización va a ser escalonada.

da. Teniendo en cuenta la lógica de incumplimientos a los acuerdos firmados con organizaciones y con la misma implementación de los acuerdos con las Farc, el conjunto del movimiento social se encuentra en un espiral de negociación-movilización-incumplimiento-movilización-renegociación, ¿cómo se puede negociar de una manera diferente con este Gobierno, sin volver a caer en lo mismo?


JM. Digamos que los acuerdos que se han firmado desde el movimiento estudiantil, sindicatos, Cumbre Agraria, movimiento indígena, afros, camioneros, entre otros sectores, son valorados como algo no valido por parte del gobierno Duque; entonces, sobre esa base creemos que es a través de la movilización permanente con las cuales podremos obligar al Gobierno a que cumpla lo acordado.


Por ejemplo, con la Cumbre Agraria tuvimos un primer escenario de sentarnos con la ministra del Interior, e hicimos una agenda para volver al escenario de negociación en la Mesa Única Nacional, pero no podemos volver a caer en esa discusión técnica, sino que entendemos que debemos dar una discusión más de fondo y más política, pero es a través de la calle y la organización social que podemos avanzar en esos procesos de negociación.


No vemos otra forma de realizar lo acordado; el gobierno ha mostrado poca voluntad y además a mostrado su talante guerrerista, entonces estigmatiza, criminaliza la protesta, da un tratamiento militar a la movilización. Ante esta realidad es que nosotros decidimos fortalecer nuestros procesos organizativos, fortalecer la movilización social permanente, y también generar mecanismos de autoprotección, por lo cual avanzamos en los temas de guardias campesinas, indígenas y cimarronas, como mecanismo de protección y defensa de los territorios.


Pero también hacemos una reflexión: que si bien desde lo político y lo reivindicativo tenemos unas agendas y mecanismos de negociación con el gobierno, nuestra apuesta, desde nuestra visión de poder, va mucho más allá. Entonces, sobre esa base, estamos reflexionando en cómo avanzar en el fortalecimiento de nuestros gobiernos propios en los territorios y así consolidar nuestra propuesta de país desde nuestras visiones, que van más allá de seguir en el ciclo de movilización y generar negociaciones.

 

Publicado enColombia
Roma: una gramática cinematográfica  de la identidad latinoamericana

Alfonso Cuarón ha logrado, con su película Roma, una aproximación precisa y, a la vez, poética, a la forma de vida de una nación latinoamericana de la segunda mitad del siglo veinte. Se trata de Roma, una colonia –lo que en Bogotá se denomina localidad o en Medellín comuna– enquistada en la pantagruélica mole de la ciudad de México. El año: 1970. Es México, pero igual puede ser Colombia o cualquiera otra de las naciones andinas.

 

Observar y deleitarse con Roma es recordar, para los que vivieron una época –y para los que no, imaginarla, entenderla– en toda su complejidad: países que pasan de ser rurales a urbanos; familias que, dentro de una larguísima tradición católica, comienzan a resquebrajarse; políticos que, como siempre, cantan sus promesas vacías en busca de votos y en medio de la miseria de sus electores. Eso, en un contexto general, pero, más allá de este amplio plano, el drama de una mujer, indígena, de la etnia mixteca, la cuarta minoría mexicana después de los nahuas, los mayas y los zapotecos, que vive y trabaja en la casa de una familia de clase media alta. Una familia presidida por un padre lejano y despótico, una madre profesora en la “prepa” (o bachillerato); la madre de esta última, y tres pequeños hijos del matrimonio. Dos empleadas domésticas que hablan en lengua mixteca entre ellas, una de ella Cleo, la protagonista, magistralmente interpretada por una actriz no profesional, Yalitza Aparicio. Dos dramas. De una parte, Sofía, la madre de los niños es abandonada por su esposo; de la otra, Cleo, es embarazada y luego rechazada por su novio, un practicante de las artes marciales que luego deviene paramilitar. Historias sencillas, típicas de una nación latinoamericana de los años setenta, que son presentadas por el arte de Cuarón de manera estremecedora.

 

La elección del blanco y negro no solo es acertada sino sublime; cada escena, cada imagen gana en dramatismo, en intensidad, en realce gracias a los claroscuros, las sombras y los mil matices del gris. Los encuadres, bien sea de los paisajes urbanos o rurales, así como los primeros planos, en especial, los de Cleo en su exquisita gestualidad, son de una puntualidad que bordea la perfección.

 

Cualquier ataque o juicio que se haga a la película en términos de lenta, larga o aburrida son muestra, seguramente, de la pobreza conceptual que aflige a algunos o muchos espectadores modernos, anestesiados por un cine que no permite la activa participación del espectador en la construcción de la lectura de la película. Todo lo contrario, Roma es de una intensidad pocas veces lograda en la cinematografía moderna. Y, paradoja de paradojas, quien produce esta obra maestra es Netflix, una empresa asociada al “streaming” y –en cierto sentido– a la comercialización exacerbada y a la banalización del cine. Sorprende gratamente que de los mismos toldos de Netflix –en su batalla de destronar a Hollywood–, surja una propuesta como Roma que invita a degustar el buen cine, el cine de autor, el cine riguroso, que no suele conmueve y apela a las emociones básicas del espectador moderno (las artes siempre deben conmover, de lo contrario no serían artes), sino que también propone verlo como se concibió desde un principio: más allá de contar historias bien contadas, es hacerlo con arte a través de la fuerza de la imagen, del dramatismo de la iluminación, del discurso de lo gestual, de la poética del ritmo y de la cadencia que seducen e hipnotizan al espectador desde la primera escena.

 

Cuartón domina el lenguaje cinematográfico y sus reglas: la sintaxis, la gramática, la morfología y la narrativa visual. Es un observador, igual que un gran novelista –a la manera de un Dostoievski, un Dickens o un Tolstoi–, de la condición humana y de las dinámicas sociales. Parecería que la memoria de su niñez, en esa casa, en esa colonia, raya en lo obsesivo. De ello da cuenta, una tras otra escena: la forma como Cleo es integrada, y al mismo tiempo, segregada de la familia; las protestas estudiantiles reprimidas violentamente; los temblores que sacuden la ciudad; las ventas ambulantes a la salida de los cines, las desafinadas bandas de guerra escolares que desfilan frente a la casa, los aviones que cruzan sin cesar el cielo citadino; los campos de verano; el mar, siempre el mar, que seduce y castiga a quien lo irrespeta; las cosquillas y los canticos para despertar o dormir a los niños, el acceso vedado a la sala de televisión para las empleadas; el acto de Cleo de limpiar la bocina del teléfono después de levantarla y hablar en ella (como si fuera un acto impuro); las explosiones emocionales de los patrones frente a las empleadas de la casa por hechos no atribuibles a ellas… las imágenes son hilvanadas una tras de otra para reconstruir una identidad latinoamericana de la segunda mitad del siglo veinte, con sus contradicciones y matices, sus verdades y sus mentiras, sus gritos y sus silencios.

 

Al escribir estas líneas se desconocen los reconocimientos que tendrá la película en los mediáticos premios Oscar. Ese resultado poco importa; con seguridad Roma es un hueso demasiado duro de roer para la academia hollywoodense y para un público norteamericano que no sabe seguir subtítulos –bien sea por pereza o por falta de práctica, o por las dos–. Lo que finalmente queda es una obra intensa, bella y demoledora en su denuncia social, de una época y de una sociedad burguesa: el retrato, seguramente incompleto e imperfecto; aun así, un retrato, de una identidad latinoamericana. Lo demás es inocuo.

Publicado enEdición Nº254
Venezuela: la disputa es por los territorios

Desde semanas atrás, ya se anunciaban turbulencias a partir de enero-2019 en Venezuela, con la instalación de la Asamblea Nacional y la toma de posesión de Nicolás Maduro para un hoy incierto período presidencial 2019-2025. De nuevo, saltan una serie de jugadas políticas y geopolíticas de corto y mediano plazo, movimientos, alianzas y decisiones que avivan las tensiones ya existentes y buscan generar nuevos puntos de inflexión y cambios de escenario. El dramático avance de la devastación económica y de la descomposición política e institucional del país, sumado al hostil panorama internacional, nos han llevado a tiempos de mucha mayor volatilidad, en comparación con el muy conflictivo 2017.

Sin embargo, todo esto va mucho más allá de los reacomodos del poder institucional y los potenciales cambios de mandatario. Ante el colapso del rentismo, del Petro-Estado y toda su institucionalidad, la disputa por la renta ha ido perdiendo centralidad y se va dirigiendo con más fuerza hacia la apropiación directa de los recursos y el control de los territorios.

Mientras casi toda la atención se centra en la llegada de un ‘desenlace’ en las cúpulas del poder, lo cierto es que desde hace ya varios años se viene produciendo un intenso proceso de des-territorialización1 y re-colonización a lo largo y ancho de la geografía venezolana, que está teniendo un extraordinario impacto no sólo en los tejidos sociales, en la correlación de fuerzas y en los ecosistemas y la reproducción de la vida socio-ecológica; sino en la propia forma de la soberanía política en el país.

Es claro que el Estado/Gobierno de Nicolás Maduro está jugando un rol clave en este complejo proceso de recolonización, al intensificar la lógica extractivista, aplicando un brutal ajuste económico sobre los territorios (zonas económicas especiales, mega-proyectos como el Arco Minero del Orinoco A.M.O., entre otros), al tiempo que se vuelve políticamente muy agresivo y autoritario, y ha suprimido de facto el estado de derecho (estado de excepción permanente, zonas militares especiales, etc.).

No obstante, por más que algunos análisis quieran omitirlo, no es el único actor en el juego. En realidad ni siquiera es un actor homogéneo y sólido. La crisis hegemónica que se produce desde 2013 con la muerte de Chávez y la metástasis de la corrupción, se unen a la extraordinaria crisis económica que colapsa y caotiza al país, lo que ha hecho que el Petro-Estado venezolano no sea hoy más que una colección de grupos de poder (que pueden tener conflictos y tensiones entre sí) y un conjunto de instituciones precarias y discontinuas.

El impacto de esta Gran Crisis (2013-2019) ha sido tan profundo, que ha removido y redimensionado las múltiples contradicciones y tensiones territoriales ya existentes, al tiempo que los territorios quedan abiertos ante los flujos salvajes de la actual globalización tardía y descompuesta. Lejos de ser homogénea, estamos ante una cartografía política fragmentada, muy movible y volátil: una parte de la sociedad venezolana, precarizada, migra desde la hueca economía formal hacia estas dinámicas de apropiación directa de los recursos y el control de los territorios; prolifera el paramilitarismo en sus diversas formas; bandas criminales y sindicatos mineros; sectores militares corrompidos que ejercen poder feudal; frentes de las guerrillas colombianas ‘desmovilizados’ (exFARC) o no (como el ELN); poderosos sectores ganaderos y terratenientes; y la creciente influencia/presencia, directa o a través de intermediarios, de las corporaciones transnacionales; entre otros. Es el capitalismo global 2.0 al desnudo.

Estos procesos no se pueden comprender en código binario/lineal, polarizado o sólo como los intereses de la Nación contra el Imperio. Los grupos en disputa pueden actuar basados en sus intereses particulares/locales o articularse hasta hacer parte de redes regionales, nacionales e internacionales, que conectan con mercados globales de recursos primarios, legales o ilegales. En estas múltiples escalas engranándose podemos hablar también de una geopolítica de la Región Guayana, una geopolítica de Los Llanos, una geopolítica de la Amazonía, etc.

En cualquier caso, todos estos actores mencionados son agentes de la acumulación por desposesión y de una u otra manera operan bajo lógicas bélicas. En esto, aunque no se articularan entre ellos, coinciden. Constituyen las diversas estructuras de poder que promueven una re-territorialización del despojo y la expoliación, y parecen llevar a Venezuela a re-configurarse como una o un conjunto de economías de enclave.

Cartografías del despojo, guerras y resistencias: algunas coordenadas

Es imposible dar cuenta de todas las múltiples tonalidades y rasgos de estas disputas territoriales a nivel nacional. Apenas si podemos mencionar algunas de ellas y sus tendencias de manera general.

Además del colapso del capitalismo rentístico, las zonas de enclaves petroleros han entrado en decadencia (al igual que las propias ciudades). Esto ha propiciado que las economías informales de extracción hayan tomado un muy importante auge. Las lógicas de apropiación y poder se van dirigiendo con mucha fuerza al control de las tierras, el territorio y las posibilidades de la extracción de materiales (oro, diamantes, coltán, madera, especies protegidas, etc) e incluso agua, así como al de la movilidad social, de mercancías, corredores estratégicos y de comercios transfronterizos.

En la región Guayana y la Amazonía –las que consideramos las nuevas fronteras de los commodities venezolanas– son tal vez las áreas donde presenciamos estas dinámicas con mayor crudeza. Las principales zonas del oro, en la Reserva Forestal de Imataca (al oriente del estado Bolívar), están siendo atravesadas por lógicas de guerra y se han creado feudos mineros dominados por bandas criminales, militares corruptos y/o sectores de la guerrilla colombiana, lo que no excluye la existencia de enfrentamientos armados con componentes de las Fuerzas Armadas, principalmente a través de operativos. Las nuevas fronteras de los commodities son claves en la reformulación del proyecto extractivista venezolano, pero al mismo tiempo lo son para el enriquecimiento y consolidación de intereses particulares y el posicionamiento territorial en relación al conflicto político nacional. Por eso es tan importante el devenir de lo que vaya ocurriendo en estas áreas.

Estos procesos han hecho metástasis en la zona, expandiéndose con mucha fuerza desde mediados de la década pasada, y en especial en este período de crisis actual. Se han intensificado en la cuenca del Caroní, en el Parque Canaima, en la cuenca del río Paragua, en el sur oriente de Bolívar (frontera con Brasil) y en el Caura, así como en los territorios Yanomami y en los municipios nor-orientales del estado Amazonas. Del mismo modo ha ocurrido con el coltán desde el nor-occidente de Bolívar hasta el eje carretero, y en la frontera de Amazonas con Colombia hasta el sur (oro).

Las disputas entre grupos armados y la instalación del proyecto del A.M.O. han generado violencia, muertes y desplazamientos. Varios pueblos indígenas han puesto resistencia, como han sido los pemón, yekwana, yabarana, wótjüja, yanomami, entre otros, aunque varias de estas comunidades se han también incorporado crecientemente a la actividad minera informal. En el caso de los pemón, desde hace varios años han luchado férreamente contra los desplazamientos y el despojo de estos grupos, y constituyen hoy uno de los principales bastiones de resistencia en estos territorios.

Estas operaciones de extracción se están expandiendo aceleradamente por todo el país, bajo una lógica de saqueo. No solo en el sur: minas metálicas (como las de oro en el estado Carabobo o en Yaracuy) o no metálicas (areneras, caliza, entre otras) proliferan en la geografía nacional, estas últimas también impulsadas en buena parte por militares corruptos que dan un usufructo personal de estas, generando deforestación, desvío de ríos y conflictos con poblaciones locales. Situación similar está ocurriendo con la madera.

En la extensa región de los Llanos, se han venido recrudeciendo las disputas por la tierra, que desde 2001 y hasta la fecha ha dejado un saldo de más de 350 campesinos asesinados. En el período de crisis, han venido arreciando situaciones de desalojos arbitrarios de tierras que habían sido recuperadas por comunidades campesinas, para así ser re-apropiadas por latifundistas. Los campesinos señalan que han sido abandonados desde instancias gubernamentales, que son asediados y perseguidos, criminalizados, judicializados, amenazados y en muchos casos asesinados a través de paramilitares y sicarios pagados por terratenientes y latifundistas. Las agresiones se han registrado al menos en los estados Barinas, Portuguesa, Monagas, Anzoátegui, sur del lago de Maracaibo (Zulia), Apure, Cojedes, Trujillo, Guárico o Mérida. En los últimos meses se han registrado asesinatos de campesinos, como el caso de dos de ellos pertenecientes al predio Hato Quemao (Barinas), el dirigente campesino del Partido Comunista de Venezuela, Luís Fajardo (sur del Lago) o recientemente (12/01/19) el de José "Caballo" de La Cruz Márquez, también en el sur del Lago.

El 12 de julio de 2018, un grupo de 200 campesinos que hacen parte de La Plataforma de la Lucha Campesina, inició una marcha desde Guanare (estado llanero de Portuguesa) recorriendo 430 kms a pie durante 21 días hasta llegar a la capital Caracas, en lo que representa una movilización inédita en Venezuela, y de grandes repercusiones políticas para los movimientos populares. Los campesinos exigen justicia por los asesinatos y denuncian cómo organismos de seguridad como la Guardia Nacional o la Policía Nacional Bolivariana habían participado de agresiones hacia ellos. A su vez, plantearon la necesidad de redireccionar el modelo agrícola, reconociendo a los campesinos como eje central de la soberanía alimentaria en el país. Estas movilizaciones revelan la necesidad de reorganización y relanzamiento del movimiento campesino, ante las crecientes amenazas a las que se ven expuestos.

Estados como Zulia y Táchira, como ya es sabido, son zonas sobrecargadas de intereses económicos y conflictos, claves en el mil millonario comercio ilegal de contrabando y extracción transfronterizo entre Venezuela y Colombia, pero además tienen incidencia en la dinámica de las conflictivas relaciones entre estos dos países. Numerosos actores armados –en buena parte, provenientes del conflicto colombiano– han incursionado y se han posicionado en diversos territorios, y hacen parte de intensas disputas por el control de los mismos, así como de los negocios de la gasolina, alimentos, entre otros. Quisiéramos destacar, para el caso del Zulia, el asedio en los últimos años que han sufrido los indígenas en la Sierra de Perijá (yukpas) y La Guajira (wayuu), siendo que esto se ha intensificado con las familias del asesinado cacique Sabino Romero y la cacica Carmen Fernández, lo cual se evidenció con el secuestro y tortura que sufrió la docente yukpa Mary Fernández, hija de Carmen, y el desplazamiento forzado del que fue objeto la comunidad de Kuse –liderada por la mencionada cacica.

Por último, las zonas urbanas, atravesadas por la precariedad, son áreas donde se producen intensas disputas por el control de barrios, comercio y corredores estratégicos. Bandas criminales han logrado ampliar su capacidad de organización y fuego, e incluso se han logrado articular con sectores corruptos de los cuerpos de seguridad del Estado. Estos últimos llevan adelante frecuentes operativos de choque en barrios populares (como ha sido la Operación para la Liberación del Pueblo) y el despliegue de fuerzas especiales a lo largo y ancho de las ciudades, los cuales actúan sin mayor regulación.

El juego está bastante abierto y la geografía venezolana cruje, jaloneada por múltiples actores del despojo y la re-colonización. Cuando de a ratos, en la escena de la política partidista las cosas parecen estacionadas, en la materialidad de las localidades, estos procesos avanzan vertiginosamente, evidenciado que, en buena medida, en Venezuela la disputa es por los territorios.

Epílogo. ¿Re-pensar un proyecto emancipatorio, en tiempos muy conflictivos?

Es difícil no analizar estos escenarios y hacer parangones con otras experiencias, como la colombiana, Centroamérica, o algunos casos africanos como el de Congo. En este caso, la pregunta es si presenciamos la instalación territorial de estructuras, y sobre todo, lógicas de poder mediadas por la guerra. Y de ser cierto, la consiguiente pregunta sería cómo revertirla. Es fundamental, no desmayar en los intentos de la construcción de una alternativa política para el país, que vaya más allá de los dos grandes proyectos neoliberal/autoritarios en disputa (Gobierno de Maduro y Frente Amplio/Voluntad Popular et al), y que pueda permitir el re-surgimiento de las potencialidades populares y el nacimiento de nuevas culturas políticas que tributen a la vida socio-ecológica. Si el escenario no es reversible en los próximos plazos, es evidente que los pueblos tienen derecho a la defensa propia. En ese caso, esto supone re-pensar un proyecto emancipatorio, en tiempos muy conflictivos.

Emiliano Terán Mantovani es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela e investigador asociado al Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES)


1 Entendiendo ‘desterritorialización’ como un proceso de ruptura y trastocamiento de una territorialidad determinada, de sus configuraciones socio-culturales, metabólicas y ecológicas. La desterritorialización en el sistema capitalista suele estar determinada por la apertura forzada y violenta de nuevos procesos de despojo y acumulación de capital, y para los países del Sur Global puede comprender formas de pérdida de territorio.

15/01/2019

Publicado enInternacional
Los de Abajo. Primer cuarto de siglo sin rendirse

Llegan vivos y vivas y esto es su primera gran victoria. Cinco presidentes de la República con sus respectivas ofensivas y no pudieron con ellos. El sexto encabeza un despliegue silencioso con manifiesta indiferencia hacia quienes hace 25 años despertaron las conciencias de este país, y deja claro que para no pelearse con la historiaintentará, mínimo, el arrinconamiento, nada que no hayan probado otros con múltiples programas, pero amparándose en una legitimidad que se espera será vigilada y cuestionada por quienes extendieron su voto crítico y no un cheque en blanco.


Nada es personal. No se trata de un gobierno contra un grupo de sublevados que no coincide con la administración progresista de lo que queda de este país. El asunto es que el olvido, la marginación, la burla y el despojo hacia los pueblos indígenas (causas de un alzamiento que ni los más conservadores pusieron en duda) no se evaporaron con el cambio de sexenio. El neoindigenismo anunciado es una regresión de más de 50 años, justo el esquema de ventanilla contra el que se sublevaron no sólo ellos, sino todos los que se unieron en un grito histórico e inédito que hoy se quiere hacer a un lado. ¿Consultarlos para despojarlos? ¿Hacer una encuesta para ver qué tanto es tantito y hasta dónde? O ni eso.


Carlos Monsiváis, crítico y nunca incondicional ni de ellos ni de nadie, vio en Chiapas el sinónimo de la marginación extrema, y en ellos la rebelión por causas justas y la resistencia real al neoliberalismo. ¿Algo estructural ha cambiado un cuarto de siglo después? Trenes y zonas económicas, guardias nacionales y punto final para quienes hirieron de muerte al país entero. Y la denostación para quienes se opongan, sin preocuparse por diferenciar a la izquierda crítica y necesaria de la mezquindad y el neofascismo prianista que no pueden ser nombrados de otra manera, pues lo son.
Ignorarlos no los desa-parece. Pedirle permiso a la Madre Tierra para destriparla tampoco. Ungirse en copal e incienso no le da la venia. Larga vida para quienes hoy cumplen su primer cuarto de siglo sin rendirse. Ellos sí, con todo en contra.
www.desinformemonos.org
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enCultura
Jueves, 08 Noviembre 2018 05:50

Los dos Estados desUnidos

Los dos Estados desUnidos

Si las elecciones de término medio eran un referéndum sobre Trump, el resultado es ambiguo. Por un lado, los demócratas recuperaron la Cámara baja luego de ocho años de dominio republicano, lo que significa un gran triunfo político para la oposición. Por otro, el ala más conservadora de los republicanos (esos radicales llamados moderados) demostró su movilización en todos sus bastiones rurales o sureños. No obstante, aunque los resultados en estados como Florida dirán que los republicanos se quedaron con la banca del senado en disputa y probablemente con la gobernación también, lo que no será tan evidente es que redujeron sus ventajas electorales en condados tradicionalmente conservadores. De hecho, la diferencia entre el candidato republicano y el demócrata es de sesenta votos en un estado con una población de más de veinte millones.

Otro fenómeno más evidente que se confirmó es el aumento dramático de mujeres no blancas que se presentaron como progresistas y, en algunos casos, directamente como socialistas. Múltiples mujeres, negras, morenas, musulmanas, africanas, lesbianas y todo tipo de minorías estigmatizadas ganaron sus elecciones.


En Michigan Rashida Tlaib y en Minnesota Ilhan Omar Win fueron elegidas como las primeras mujeres musulmanas al Congreso de Estados Unidos. En las últimas décadas, los inmigrantes, tanto latinos como de medio oriente, jugaron un rol decisivo en la recuperación de ciudades moribundas y abandonadas como Detroit. Hija de inmigrantes palestinos, asistió el primer año de educación primaria sin saber inglés y logró recibirse de abogada. Madre soltera y miembro del grupo Socialistas Democráticos de América (especie de Frente Amplio de partidos de izquierda en Estados Unidos), ya fue representante local en Michigan por el Partido Demócrata. En las dos elecciones que participó por el senado de Michigan, en el 2008 le había ganado con 90 por ciento de los votos al republicano Darrin Daigle y luego, en 2010, con el 92 por ciento al mismo candidato. Ahora ha sido elegida representante nacional por el estado de Michigan y es de esperar que su trayectoria política no termine ahí, sino que, por el contrario, se convierta en una fuerza simbólica y activa de cambio y una antagónica del presidente Trump y de la América del Tea Party. Por su parte, Ilhan Omar Win, la nueva representante por Michigan, también musulmana, estuvo en un campamento de refugiados somalíes y llegó a Estados Unidos a los doce años.


En Nueva York, un caso muy similar es el de Alexandria Ocasio-Cortez, la activista y puertorriquense que sorprendió ganando las primarias del partido Demócrata en Nueva York. Ocasio-Cortez también es miembro de la organización Socialistas Democráticos de América. Hoy se convirtió en la congresista más joven de la historia con solo 28 años al derrotar con el 78 por ciento de los votos al republicano Anthony Pappas.


En varios estados como Oklahoma, donde los candidatos en el pasado ganaron una serie de elecciones a lo largo de los años compitiendo por quién bajaba más los impuestos y, como consecuencia se encontraron al tiempo con un déficit importante y los sueldos de maestros más bajos del país, se presentó a estas elecciones un número histórico de maestros y profesores de secundaria, alguno de los cuales fueron elegidos.


En los estados más al sur, más conservadores, la suerte no fue la misma, aunque los demócratas perdieron por márgenes mínimos. En Georgia, Stacey Abrams fracasó, por un margen mínimo, en su intento de convertirse en la primera gobernadora negra de Estados Unidos. Definida como progresista en un estado tradicionalmente conservador, está a favor de una mayor regulación del porte de armas. Trump la había definido como “amante del crimen y de las fronteras abiertas”, dos expresiones que, otra vez, poseen subliminales alusiones raciales, por no entrar a analizar su condición de mujer. Claro que nadie puede sospechar de la honorabilidad del presidente Trump en materia racial y de género.


En Florida, Andrew Gillum, candidato apoyado por el senador socialista Bernie Sanders, pudo ser el primer gobernador negro de este estado, el tercero más poblado del país y con una creciente importancia electoral (cada día, mil personas se mudan de los estados del norte a Florida, lo que también podría cambiar el perfil ideológico del estado), lo cual, para esta cultura, no es un detalle. De Santis, su oponente, dijo que “lo peor que se podría hacer es monerías con los impuestos”, al tiempo que Trump lo acusó de ladrón (tanto la alusión a los monos como a los ladrones tienen fuertes connotaciones raciales en este país). Gillum es definido como progresista y acusado de ser socialista. Sesenta votos separan a un candidato del otro.


También en Texas el candidato demócrata estuvo cerca de un triunfo histórico que no fue. Durante la campaña, el senador republicano de origen cubano Ted Cruz fue reelegido ganándole al demócrata Beto O’Rourke. Cruz se había burlado del apodo que usaba O’Rourke, “Beto”, para seducir al electorado hispano, sin notar que su apodo “Ted” puede ser considerado una forma anglosajona de evitar su primer nombre, Rafael. Texas, el estado que se separó de México para reestablecer la esclavitud (obviamente, esta verdad tan simple es un tabú de casi doscientos años), nunca pudo deshacerse completamente de su cultura hispánica, pero continúa siendo uno de los bastiones conservadores del país, tanto como California y Nueva York lo son de los liberales.


La campaña electoral estuvo, como siempre, ocupada con los malos de afuera. Un aviso aprobado por Trump insistió en mostrar la sonrisa de un inmigrante ilegal acusado de un crimen, a pesar de que el índice de criminalidad entre los inmigrantes ilegales es inferior al de los ciudadanos estadounidenses, a pesar de que semanas antes de las elecciones diferentes matanzas y ataques terroristas llevados a cabo por hombres blancos de la extrema derecha había dejado, en uno solo de ellos, 11 personas muertas en una sinagoga. Hecho que no se mencionó en ninguna publicidad, como no se mencionó la epidemia de drogas que mata 60 mil personas por año en este país o la plaga de armas de fuego por la cual 30 mil personas mueren cada año.


De estas elecciones se desprenden muchas conclusiones. Creo que la más importante es la confirmación de una creciente separación cultural e ideológica que no puede prometer otra cosa sino más ira, frustración y violencia.


Mientras hoy se trata cualquier cosa como una enfermedad psicológica, es extraño que nadie vaya al psicólogo o haga meditación para calmar el odio tribal que sufren nuestras sociedades hoy. Existe una necesidad irrefrenable de combatir y humillar al diferente que hace quince años llamábamos “mentalidad tribal”, promotora de los nuevos “vientos de odio”.
Estados Unidos nunca ha dejado de pelear la Guerra de Secesión y ahora ese conflicto se profundiza y se irradia, como todo, a otros países satélites.

 

Por  Jorge Majfud, escritor uruguayo-estadounidense. Profesor en la Jacksonville University.

Publicado enInternacional
Página 1 de 8