Guerra por la tierra, el territorio y el agua

Para nadie es un secreto que la violencia contra los pueblos está estrechamente ligada a la pretensión del capital por apropiarse de las tierras y el agua de los pueblos originarios y negros, campesinos y mestizos de América. Las grandes corporaciones, asistidas por el narcotráfico y los paramilitares y apoyadas por los estados, son las perpetradoras de este monumental despojo.

Pero la magnitud de las tierras en disputa no suele ser valorada en su enorme dimensión. Podemos estimar que la mitad de la superficie latinoamericana está en disputa. Esa mitad está fuera del control de las oligarquías de la tierra y las multinacionales, por eso se empeñan en expulsar pueblos para reorganizarlas en su beneficio.

Brasil es uno de los casos emblemáticos. Las tierras de los pueblos originarios suman 110 millones de hectáreas, a las que se deben agregar 100 millones de las unidades territoriales de conservación, la mitad bajo control de poblaciones tradicionales, como seringueiros (recolectores de látex), pescadores, ribereños, mujeres quebradoras de coco y comunidades de pastoreo, entre otros grupos.

Además existen 88 millones de hectáreas de asentamientos de reforma agraria, 40 millones propiedad de quilombos/palenques reconocidos por el Estado y 71 millones de hectáreas de pequeños establecimientos campesinos (con menos de 100 hectáreas). Como destaca el informe de 2018 del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), 40 por ciento del territorio brasileño "es usado por grupos que escapan al control de las oligarquías latifundistas" (https://bit.ly/38xVaC7).

Se trata de áreas de uso común que están siendo atacadas por multinacionales de la soya, la palma y la minería, por grandes obras de infraestructura que son los modos como el capital acumula robando y despojando a los pueblos. La disputa involucra por tanto 400 millones de hectáreas, sólo en Brasil.

En el informe de 2019 del IPDRS, recién publicado, se destaca que hay 223 focos permanentes de disputas por el agua en Brasil, con un crecimiento abrupto desde 2010 (https://bit.ly/2Y6VRQ2). En el mismo trabajo, se informa que en diciembre de 2019 en Chile hubo 129 comunas (de 345 en el país) con decretos de escasez hídrica y de ellas 119 en estado de emergencia.

Un informe de la Fundación Amulén establece que "las comunas carentes de agua potable son también las que presentan mayor inequidad social en Chile", en "uno de los países con más agua por persona en el mundo" (https://bit.ly/2ULQ1RZ). Además del cambio climático, la escasez la agudizó la privatización del líquido con la desaparición de las empresas municipales bajo el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), siendo la única nación en el mundo donde el Estado no controla ese servicio.

En Colombia los resguardos indígenas ocupan 28 por ciento del territorio nacional y los colectivos de las comunidades negras ocupan 5 por ciento, a los que debe sumarse los territorios campesinos (https://bit.ly/2Swsggb). En suma, las tierras fuera del control del capital superan 40 por ciento del total.

Esos son los territorios que están siendo invadidos y atacados con ferocidad por grupos armados ilegales, con la complicidad del Estado. Más de 15 por ciento de la superficie agropecuaria (unas 6.6 millones de hectáreas) fueron despojadas con violencia en las pasadas dos décadas. La restitución de tierras incluida en el "proceso de paz", fue un fracaso: sólo 15 mil fueron devueltas a los campesinos, 0.2 por ciento de lo robado.

La voracidad del capital está arrasando incluso con las zonas que el propio Estado ha designado para ser protegidas. En Colombia, por lo menos en 31 de los 59 parques nacionales naturales viven conflictos por el uso, ocupación y tenencia de la tierra. Eso sucede en pleno proceso de paz, que se supone debe frenar el despojo.

A la guerra por la tierra debe sumarse la del agua, que está siendo apropiada por las grandes empresas del mundo. Los 12 mil acueductos comunitarios de Colombia proveen 40 por ciento del agua en zonas rurales y 20 por ciento en urbanas, y son el objetivo de despojo del Banco Mundial. En México, el acuífero más importante quedó en manos privadas, Enerall, de Alfonso Romo, definido como un "cacique del agua" en Yucatán (https://bit.ly/2N3HtBQ).

Alrededor de la mitad de la superficie latinoamericana está siendo atacada por el capital y sus aliados narco y paramilitares. Bajo la pandemia en curso, la guerra se está intensificando, como bien lo demuestra la aceleración de las obras del Tren Maya.

En contra de la mirada de arriba que nos considera dominados, Aura Cumes, maya kaqchikel de Guatemala, aborda el despojo desde la resistencia: "No somos sujetos desposeídos ni vulnerables, ni débiles ni marginales ni excluidos, sino somos sujetos políticos que creamos vida en todas sus posibilidades en medio de la depredación permanente de este sujeto colonizador" (https://bit.ly/2vF0u88).

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La erradicación forzosa de plantaciones de coca en Colombia, una chispa en medio de la pandemia

El Gobierno de Iván Duque intensifica el combate contra los cultivos ilícitos en la cuarentena, mientras productores cocaleros salen de sus casas a impedirlo y se enfrentan a la Policía. Ya hay dos muertos

Mientras las grandes ciudades en Colombia están volcadas a la crisis del coronavirus, en el campo colombiano se libra otra batalla que ya ha dejado dos cultivadores de hoja de coca muertos y un policía herido. De acuerdo con varias asociaciones de productores, durante la cuarentena el Gobierno de Iván Duque ha intensificado la erradicación forzosa de cultivos ilícitos y los campesinos han salido de sus casas, donde cumplen el aislamiento obligatorio, para evitar que les arranquen las hojas.

El miércoles fue el indígena Ángel Artemio Nastacuas quien murió en Tumaco, sur del país, después de enfrentamientos con la Fuerza Pública que acompaña a las brigadas encargadas de la erradicación; pero la resistencia se ha presentado en varias regiones. En el otro extremo, en la frontera con Venezuela, el 26 de marzo la víctima mortal fue Alejandro Carvajal, un caso por el que se investiga a un soldado que le disparó con su arma de dotación.

La Coalición de Acciones para el Cambio, que reúne a 11 organizaciones civiles del país ha detectado que durante el aislamiento obligatorio por la covid-19, el Ejército ha realizado operativos de erradicación forzada en siete departamentos. La organización solicitó al Ministerio de Defensa que se suspendan para “garantizar el derecho a la salud y a la seguridad alimentaria de las comunidades campesinas”. El Ministerio les respondió que no interrumpirán las operaciones militares.

Colombia tiene 169.000 hectáreas sembradas de hoja de coca, a cierre de 2018, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci). Dada la magnitud del fenómeno, el acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas FARC contempló un programa de sustitución voluntaria de la coca en algunos de los territorios con más sembrados. Cerca de 100.000 familias campesinas se acogieron a él y arrancaron sus propias matas a la espera de lo prometido por el Estado. Sin embargo, la transición entre la Administración de Juan Manuel Santos y la de Iván Duque supuso un viraje de la política antidroga. El actual Gobierno privilegió la erradicación forzosa en lugar de la sustitución voluntaria, y apostó por el prohibicionismo y el retorno de la aspersión aérea.

Desde la frontera con Venezuela, Juan Carlos Quintero, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (Acamcat), cuenta que muchos de los que hoy “se van detrás del Ejército a impedir la erradicación” son campesinos que creyeron en el Gobierno, firmaron los acuerdos colectivos de sustitución de cultivos en 2018 y, tras sentirse abandonados y sin sustento económico, volvieron a sembrar cultivos ilícitos. “En Sardinata, Norte de Santander, departamento fronterizo con Venezuela, son cerca de 1.500 familias productoras de hoja de coca que se habían comprometido a sustituir. Ni el Gobierno de Santos ni el de Duque han hecho la tarea completa ni han cumplido con la segunda parte del proceso”, afirma. Precisamente estos productores llevaban varios días de protesta en las carreteras cuando el Ejecutivo decretó la cuarentena por el coronavirus. Por temor al virus decidieron detener las manifestaciones y aislarse en sus casas.

La preocupación por un posible contagio de coronavirus es otra de las razones que argumentan los pobladores para pedir que se detengan las erradicaciones forzosas. Temen que los erradicadores, civiles contratados por el Gobierno, les lleven el virus desde las ciudades. Y a su manera, intentan protegerse de la covid-19. En El Capricho, un pequeño poblado del selvático departamento del Guaviare, los campesinos instalaron un puesto de control donde desinfectan a los vehículos que abastecen de comida y la ponen en cuarentena durante 12 horas en una casa. En esa zona, como explica Olmes Rodríguez, líder de Asocapricho, antes raspachín de hoja de coca y ahora defensor de bosques, unas 6.000 familias cambiaron sus cultivos de forma voluntaria pero luego no les cumplieron con el dinero para el recambio a otros productos.

La realidad es similar en los departamentos de Córdoba, Chocó, Cauca y Caquetá, pero en otras zonas como Putumayo y Nariño, en frontera con Ecuador, la violencia de los grupos armados suma dramatismo a la ecuación. Durante los primeros días de la cuarentena fue asesinado en Putumayo, Marco Rivadeneira, uno de los líderes más visibles de la sustitución de cultivos ilícitos. Los armados les cobran a los líderes haber intentado abandonar la hoja de coca. Y en Nariño, los choques entre los cocaleros y el Ejército cada vez son más fuertes. “Nunca la erradicación forzada va a ser la salida para enfrentar este flagelo, la violencia siempre va a generar más violencia. Hoy tenemos que enfrentar el riesgo de una pandemia como la covid-19, las amenazas por la presencia y el accionar de los grupos armados ilegales y las agresiones desmedidas contra los indígenas”, expresó a través de un comunicado la Unidad Indígena del Pueblo Awá y exigió investigaciones tras la muerte de su compañero en el cultivo de hoja de coca.

Por Catalina Oquendo

Bogotá - 23 abr 2020 - 12:42 COT

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Ecuador: dos caminos después del levantamiento

Pasados cuatro meses del magnífico levantamiento indígena y popular, que paralizó el país del 3 al 13 de octubre, puso contra las cuerdas al presidente Lenin Moreno y consiguió echar abajo el paquete de medidas inspiradas y dictadas por el FMI, el panorama político empieza a despejarse. Para bien y para mal.

Por el lado del poder, se están cerrando las chances abiertas en octubre. Buena prueba de ello son las compras masivas de material antidisturbios que está realizando el Ejército ecuatoriano, aunque parezca fuera de lugar. Se trata de cien mil bombas lacrimógenas, setenta mil cartuchos con balas de goma, mil escopetas para disparar esas balas y mil doscientas máscaras antigás.

El argumento de los uniformados para realizar semejantes adquisiciones, es bien simple: se trata de material para “operaciones contra disturbios, motines y contrainsurgencia porque permite disuadir a grupos de manifestantes que pretenden alterar el orden público” (). En síntesis, el poder considera que las manifestaciones populares deben ser tratadas con mano militar.

Para eso se propone formar más de 200 equipos de combate, integrados por 20 soldados cada uno, con un total de 4.000 militares antidisturbios para combatir lo que el ex director de Inteligencia militar denomina “terrorismo urbano y sedición”. Esa es la respuesta del gobierno de Lenin Moreno al levantamiento de octubre.

Por su parte, el movimiento popular sigue en su tarea de tender puentes entre sectores desde que se creó el Parlamento Indígena y de los Movimientos Sociales, en las postrimerías del levantamiento, más conocido como Parlamento de los Pueblos. Ahora coordina unos 200 movimientos y está sesionando en diversos lugares de la Amazonia recogiendo las opiniones de los habitantes de Loja, Zamora y Morona Santiago.

Uno de los temas centrales es el análisis colectivo del extractivismo, que en esa región se presenta en su vertiente de explotación de hidrocarburos y de minería a cielo abierto. Además se está socializando el programa económico que el parlamento había elaborado colectivamente el año pasado.

Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, dijo que no habrá más diálogo con el gobierno de Lenin Moreno, luego de que la organización de los indígenas amazónicos denunciara que la sede de la Federación de Centros Shuar había sido atacada por cerca de 80 desconocidos que la saquearon y dejaron guardias heridos.

A mi modo de ver, la consolidación del Parlamento de los Pueblos sería la principal conquista estratégica de los indígenas y sectores populares del Ecuador, y a ella deberían consagrar sus principales esfuerzos. Es la única instancia que puede cambiar la relación de fuerzas a favor de los de abajo en el largo plazo.

Dentro del campo popular, vale registrar la creación del Parlamento Plurinacional de Mujeres y Organizaciones Feministas, que lanzó una fuerte crítica a declaraciones misóginas de Lenin Moreno, destacando que “el machismo, es histórico y estructural, no episódico” (https://bit.ly/3891mjM). El parlamento fue convocado por Ecuarunari, organización quichua de la sierra, en el que participan varias colectivas urbanas, movimientos de mujeres populares, afroecuatorianas y estudiantes.

El tercer aspecto a analizar, gira en torno a las dirigencias de los movimientos populares, tanto indígenas como sindicales, que se están volcando masivamente al escenario electoral. En efecto, el 28 de febrero de 2021 habrá elecciones presidenciales y los partidos y movimientos políticos de izquierda como Pachakutik y Unidad Popular, están buscando junto a las organizaciones sociales como la CONAIE y el FUT la creación de candidaturas.

El debate está centrado en los candidatos, mucho más que en las estrategias de largo aliento y en programas concretos. Por la experiencia del pasado inmediato, es muy difícil que consigan consensuar candidatos únicos. Pero lo más graves, es que se pretende llevar al terreno electoral todo el prestigio acumulado en las jornadas de octubre.

El movimiento indígena será el núcleo de cualquier confluencia electoral, pero las divisiones internas son enormes, tanto como los personalismos que se acentúan cuando se habla de candidaturas. Parafraseando una conocida sentencia, puede decirse que todo lo sólido que muestra el movimiento popular, se disuelve en las urnas.

Como señaló estos días una feminista, “esperamos que este proceso de Parlamentos pueda superar las fisuras de las elecciones que históricamente tenemos”.

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Raúl Zibechi: El modelo extractivista como causa del contexto latinoamericano actual

Frente al golpe de Estado en Bolivia y la crisis social, económica y política que gobierna en varios países de Latinoamérica, el periodista uruguayo Raúl Zibechi, entrevistado por Enredando las mañanas, hace foco en el extractivismo como causa fundamental de grandes conflictos actuales.

 “Lo que es común a gobiernos conservadores y progresistas es que ambos son neoliberales. Es un modelo económico basado en el despojo de los territorios, en la transformación de la naturaleza en mercancías, para lo cual es necesario desplazar poblaciones, contaminar y llevar a cabo un modelo extractivo de acumulación por despojo (soja, minería a cielo abierto, grandes obras de infraestructura, especulación inmobiliaria urbana). Ese modelo unos lo administran de un modo y otros de otro, pero el modelo es el mismo. Ahora en Argentina por ejemplo, el tema de la soja y el glifosato no entran en discusión con el cambio de gobierno”.

Zibechi afirma que, independientemente de los gobiernos, lo que está estallando en países como Bolivia, Nicaragua, Brasil y Chile es la crisis que genera el modelo extractivista, que genera un fuerte enriquecimiento del 1%, polarización social, una situación de exclusión y empobrecimiento de las mayorías. El resultado: menos posibilidad de gobernabilidad, ya que las condiciones que impone el modelo son insostenibles, muy duras y excluyentes. Como ejemplo pone lo que pasa en Uruguay: “la mitad de los asalariados tiene un ingreso menor a dos salarios mínimos. No alcanza para vivir”

En cuanto al contexto actual boliviano, el periodista remonta sus causas también a hechos referidos al modelo extractivista, partiendo de una crisis del MAS que comienza en el año 2011 cuando se intentó hacer la carretera que pasaba por reservas naturales del país, el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) territorio indígena. Esta carretera estaba financiada por Brasil para la importación de commodities. “Eso es el modelo extractivo. Ahí comienza la crisis. Ahí se produce un enorme movimiento popular de base indígena para detener la carretera. Y a partir de ahí, los dos grandes movimientos  que habían estado involucrados en esa marcha son perseguidos por el gobierno del MAS”. Eso lo suma a algunos desaciertos posteriores del gobierno de Evo Morales, como el haber desoído el referendo de 2016 que proponía su reelección, habiendo modificado órganos del contralor para poder presentarse.

En 2013 Raúl Zibechi había hablado del fin del ciclo progresista, teniendo en cuenta que lo que viniera luego no iba a tener gobernabilidad: “Se evaporó la gobernabilidad porque las bases materiales de la gobernabilidad, que fue lo que Maristella Svampa llamó el consenso de las commodities, se terminó porque las guerras comerciales en el mundo después de las crisis de 2008 son muy agudas, particularmente entre China y Estados Unidos, y porque en la región latinoamericana, la fuerza que han adquirido los movimientos populares hacen que no sean aplicables paquetes de ajuste por parte de ningún gobierno”.

De este modo, el periodista y pensador uruguayo explicó para Enredando las Mañanas cómo la profundización del modelo extractivo está en el trasfondo de la crisis del MAS en Bolivia, y de otros conflictos latinoamericanos actuales.

28 diciembre 2019 

Publicado originalmente en RNMA

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No aceptamos que los Estados nos traten como enemigos internos, que nos persigan por luchar, que nos judicalicen por pensar diferente

En América Latina y el Caribe existen 826 pueblos indígenas, de los cuales 330 están en peligro de desaparecer y con ellos su cultura, idioma, todo lo que por miles de años ha sido una construcción social como aporte a la humanidad. Si queremos salvar el idioma de los pueblos indígenas, la primera tarea de los Estados es salvaguardar sus territorios donde recrean esta simbiosis de manera integral, sus culturas, sus tradiciones, sus costumbres, sus idiomas sus formas de vida

 

A todos los presentes y al mundo le decimos que, como pueblos indígenas, hijos e hijas de la Madre Tierra, estamos altamente preocupados por este tiempo de la historia que atraviesa la humanidad, se ovaciona sin vacilaciones el tipo de civilización que nos han construido, pero cada vez más, en nombre de esa civilización se acaba con la vida, se arrasan pueblos enteros de sus territorios, de sus costumbres, de sus tradiciones, de sus idiomas. Arrancan conscientemente nuestras raíces en nombre de la codicia, de la opulencia y del poder, y si no hay una transformación inmediata nos guían hacia un camino sin retorno para la vida de la humanidad.

Cuando en este laberinto de la humanidad hay chispas de esperanza que vislumbran otras formas de civilización que están guardadas en la memoria de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de todos los trabajadores, de todas las latitudes del mundo, es necesario que esta chispa sea un aporte en la trasformación de la humanidad.

Saludamos enormemente la decisión de la ONU de declarar el año internacional de las lenguas indígenas, decisión muy acertada, pero, sin embargo, es de absoluta preocupación ya que en la práctica los gobiernos no adoptan las medidas necesarias, aun teniendo instrumentos importantes como la Declaración Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, el convenio 169 de la OIT, así también de la OEA, que los Estados firmaron su adhesión, pero no hay voluntad ni decisión política de sus gobernantes para cumplirla, prefieren fortalecer el aparato militar y gastar millones en recursos económicos, antes que salvaguardar la vida integral de los pueblos indígenas

En América Latina y el Caribe existen 826 pueblos indígenas, de los cuales 330 están en peligro de desaparecer y con ellos su cultura, idioma, todo lo que por miles de años ha sido una construcción social como aporte a la humanidad. Si queremos salvar el idioma de los pueblos indígenas, la primera tarea de los Estados es salvaguardar sus territorios donde recrean esta simbiosis de manera integral, sus culturas, sus tradiciones, sus costumbres, sus idiomas sus formas de vida. Aun siendo importante la declaratoria del año internacional de las lenguas indígenas, esto no se salvará sin la absoluta responsabilidad de los Estados, es necesario tener políticas claras para superar las grandes desigualdades económicas que nos tienen sumidos en la pobreza, se debe acabar con la discriminación, el racismo, la xenofobia, el machismo, que en muchas veces los mismos Estados lo han naturalizado.

Es importante el decenio de lenguas que comenzará en 2022, ese tiempo debe ser una enorme oportunidad para todos los Estados del mundo, para pasar de una declaratoria a políticas reales, pasar de políticas de asimilación, a políticas que respeten la autodeterminación de los pueblos.

Es el tiempo de reencontrarnos, volver con vitalidad a nuestros orígenes, para ello necesitamos respeto por parte de los Estados a nuestras prácticas y formas de hacer la economía comunitaria, comunicación comunitaria, justicia propia, nuestras tradiciones milenarias y esto lo podamos compartir en nuestros idiomas propios. No aceptamos que los Estados nos traten como enemigos internos de los Estados, que nos persigan por luchar, que nos judicialicen por pensar diferente, no queremos ser sometidos a las verdades de los medios de comunicación masivos, no queremos ser declarados terroristas en nuestros propios territorios, no queremos ser confundidos con la delincuencia común que ha creado esta civilización, no aceptamos el racismo, la xenofobia, el machismo por imposición del poder, solo queremos ser nosotros mismos y con nuestras diferencias construir un mundo de justicia y libertad y que eso podamos transmitir en nuestros propios idiomas.

Quiero finalizar mi intervención saludando a muchos compañeros y compañeras indígenas y no indígenas a nivel global que han ayudado a posesionar la agenda de los pueblos indígenas dentro de los Estados.

Leonidas Iza: Presidente del Movimiento Indigena y Campesino de Cotopaxi MICC (Ecuador) y dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

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Bolsonaro fue denunciado por "crímenes contra la humanidad"

Lo acusan de "incitar al genocidio de los pueblos indígenas", especialmente los originarios de la región amazónica. Mientras tanto, el mandatario exaltó a los madereros y hacendados sospechados de pagar la gasolina que provocó el gran incendio de este año.

 

Jair Bolsonaro fue denunciado formalmente ante el Tribunal Penal Internacional por "crímenes contra la humanidad". La Comisión Arns y el Colectivo de Abogados por los Derechos Humanos lo acusaron de "incitar al genocidio de los pueblos indígenas", especialmente los originarios de la región amazónica.

Desde Brasilia

Jair Bolsonaro fue denunciado formalmente ante el Tribunal Penal Internacional por "crímenes contra la humanidad". La Comisión Arns y el Colectivo de Abogados por los Derechos Humanos lo acusaron de "incitar al genocidio de los pueblos indígenas", especialmente los originarios de la región amazónica.

La denuncia fue presentada este miércoles en La Haya ante la corte creada en 2002 por donde ya pasaron varios criminales de guerra como los de la ex Yugoslavia.

Las entidades huanitarias le imputan haber sido por lo menos omiso frente a los "crímenes ambientales en la Amazonia", donde hubo un crecimiento del 29,5 por ciento de la deforestación debido a incendios y tala de bosques atribuida a grupos que actuaron de forma organizada, en presunta complicidad con "milicias" ligadas al bolsonarismo.

La Comisión Arns lleva el nombre del fallecido cardenal paulista Paulo Evaristo Arns, que en los años 70 acogió a centenas de militantes argentinos, uruguayos y chilenos. Y entregó un informe sobre los crímenes de la dictadura brasileña al presidente norteamericano James Carter.

En Brasil "no encontramos un camino eficiente" para procesar a Bolsonaro, explicó José Carlos Dias, titular de esa entidad y ex miembro de la Comisión de la Verdad , creada durante el gobierno de Dilma Rousseff. "Esperamos que la presentación ante el Tribunal estimule a las fuerzas internas de Brasil para que se investiguen estos temas", planteó Dias.

Bolsonaro visitó la Amazonia y atacó a los ambientalistas

En la mañana de este jueves Bolsonaro no respondió a un periodista que indagó en Brasilia sobre su eventual procesamiento internacional. Regresó a la capital federal tras una gira de dos días en la Amazonia donde exaltó a los madereros y hacendados sospechados de pagar la gasolina con que fueron devastados más de 9.700 kilómetros cuadrados en los últimos doce meses.

Uno de los blancos preferidos de los piromaníacos son las reservas indígenas. El gobierno envió al Congreso un proyecto para la instalar mineras en las tierras de los pueblos originarios. Donald Trump manifestó a su colega, durante la reunión que fuvieron en Washington, el interés de radicar mineras norteamericanas en la floresta.

"El estado de Amazonas está tomado por reservas indígenas y áreas de protección ambiental que perjudican el desarrollo de Brasil(..) si los ambientalistas quieren mascrarme eso es señal de que estoy en el camino correcto", dijo ayer Bolsonaro en Manaus después de participar en un culto evangélico.

Ecocidio y retrocesos democráticos

El Tribunal Penal Internacional analizará la documentación presentada por los organismos humanitrarios antes de determinar si recibe o no la denuncia contra uno de los líderes ultraderechistas más repudiados del mundo.

Indígenas brasileños responsabilizaron a Bolsonaro de "genocidio" durante el Sínodo de la Amazonia convocado el mes pasado por el papa Francisco. El jefe de estado vaticano propuso que el "ecocidio" sea un pecado y que los hombres casados puedan actuar como curas en las comunidades remotas donde sólo llegan las avionetas con pastores evangélicos (generalmente bolsonaristas).

En septiembre la Orden de Abogados de Brasil envió una delegación al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, donde solicitó un "monitoreo" del gobierno brasileño culpable de un "grave retroceso institucional" y amenazar las "conquistas democráticas" logradas trabajosamente desde el fin del régimen de facto en 1985.

El grupo de abogados citó la conmemoración oficial del aniversario del golpe militar del 31 de marzo de 1964 y la defensa de otros regímenes de facto sudamericanos.

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Por primera vez en mil años, el Vaticano recomienda sacerdotes casados

El sínodo de obispos católicos reunido en el Vaticano aprobó recomendar al papa Francisco que permita que hombres casados sean ordenados sacerdotes. La medida se limita a las diócesis de la cuenca del Amazonas, pero es la primera vez que se abandona una prohibición de aproximadamente mil años, y nada menos que por el voto de una asamblea de obispos. Si Francisco acepta la recomendación, estas zonas remotas de Sudamérica se transformarían en un laboratorio de ideas que pueden cambiar la estructura de la Iglesia a futuro.

El sínodo de Roma trabajó sobre documentos preparados durante la Asamblea Especial del Sínodo de Obispos de la región Panamazónica, que duró tres semanas. Entre sus recomendaciones más polémicas estuvo la de adaptar ciertos aspectos del rito romano a las creencias e iconografías indígenas, lo que no fue aceptado en el Vaticano. La reunión en Roma también votó en contra de la idea de ordenar mujeres como diáconos. Ordenar mujeres es un paso que tendría repercusiones teológicas profundas.

Pero los reunidos en Roma aceptaron el argumento de que llevar el catolicismo a las selvas profundas requiere flexibilidad. La tarea ya está en buena medida a cargo de diáconos casados, que ahora podrían ordenarse como sacerdotes. Un argumento que resultó convincente fue la fuerte competencia de las iglesias evangélicas carismáticas en la región. Los 181 obispos votaron unánimemente.

El resultado de la reunión de ayer es fruto de una política del papa que recomienda escuchar a los obispos locales en temas antes dirigidos desde Roma. Dos tercios de los prelados de la región defendieron en la Asamblea Especial la ordenación de diáconos casados, citando la dificultad de encontrar sacerdotes dispuestos a servir en lugares tan difíciles y la cantidad de muertes que hubo entre misioneros en los últimos años.

Se espera que Francisco, que ya en 2014 había dicho que estaba dispuesto a discutir el celibato, apruebe antes de fin de año la recomendación del sínodo. De hecho, el papa inauguró el evento pidiendo renovación y diciendo que si todo sigue igual "porque siempre hicimos esto así", el resultado es las vocaciones se apagan "asfixiadas por la ceniza del miedo y la preocupación por defender el status quo".

Los diáconos que se puedan ordenar no serán los únicos en servir en la iglesia católica. Los sacerdotes anglicanos casados que se conviertan al catolicismo ya tienen el permiso de seguir casados y mantener su investidura, como los padres de grupos ortodoxos de Medio Oriente y el Cáucaso que reconocen al papado. 

El límite actual parece ser la ordenación de mujeres. Ayer, el papa mismo tocó el tema al clausurar la reunión de obispos diciendo que "todavía no terminamos de entender el rol de la mujer en la iglesia. Su rol debe estar más allá de toda duda en el futuro". La misma idea fue muy criticada por sectores conservadores enfrentados a estas ideas renovadoras de Francisco.

De hecho, el lunes pasado, apenas inaugurada la reunión, un grupo de vándalos entró en una iglesia cercana a la de San Pedro y robó figuras de fertilidad ahí colocadas por indígenas que participaban del evento. Los ladrones se filmaron tirando las esculturas al Tíber y el video fue viralizado entre católicos conservadores.

 

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¿De qué ha servido la revuelta en Ecuador?

Para todas esas personas que hacen de lo colectivo el centro de sus vidas, los sucesos del Ecuador serán como la estrella polar para los navegantes: referencia y horizonte, guía y orientación en estos tiempos de caos y confusión.

Los grandes virajes estratégicos, esos que influyen a lo largo de décadas, se producen siempre abajo, a través de la irrupción de los sectores populares en el escenario político, que transforman al modificar las relaciones entre clases, grupos sociales, géneros y generaciones.

Así sucedió con el Caracazo de 1989, que abrió un período de levantamientos populares y comenzó a erosionar el Consenso de Washington, creando las condiciones para impugnar el neoliberalismo privatizador. Del mismo modo, auscultando los latidos de la acción colectiva, consideramos que Junio 2013 fue el comienzo del declive del progresismo, cuando millones ganaron las calles para cuestionar la perpetuación de la desigualdad.

¿Qué importancia tiene, entonces, la revuelta de doce días de los pueblos originarios, trabajadores y estudiantes en Quito?

En primer lugar, la revuelta abre una brecha entre conservadurismo y progresismo, entre derechas y pretendidas izquierdas. Uno de los lemas más coreados en las calles fue “Ni Correa ni Moreno”. Rechazaron y frenaron el paquete del FMI, la política de trasladar la deuda del Estado a los trabajadores, elevando precios e impuestos.

Pero en la misma revuelta, recordaron que el Gobierno de Rafael Correa, durante una larga década, reprimió a las organizaciones indígenas, de trabajadores y estudiantes. Esa memoria estuvo presente y llevó a los manifestantes a crear una guardia que sacó de las marchas a los encapuchados correístas, que sólo estaban allí para derrocar a Moreno y facilitar el retorno de su líder.

Debemos destacar que es la primera vez, en toda la región, que los pueblos abren una brecha en la polarización existente entre ambos sectores que pretenden la hegemonía. Por eso considero que estamos ante un viraje estratégico, que se consolidará o no, dependiente de cómo actúen cada uno de los protagonistas. En este sentido, recordemos que la propia Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) no estuvo nada fina ante el Gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005), aceptando colaborar con su gestión.

En segundo lugar, se produjo una reactivación y reorganización del campo popular. Durante la revuelta, todos los sectores, duramente castigados por el Gobierno de Correa, volvieron a activarse.

En Loja y Azuay, por ejemplo, se crearon Asambleas Populares Autónomas, “espacios organizativos para construir poder popular, dar continuidad al proceso levantado y articular planes y acciones”, como destaca el activista antiminero Paúl Jarrín. Los estudiantes “armaron centros de acopio, albergues y cocinas comunitarias, integrando así una lucha campo-ciudad”, y las calles y plazas fueron espacios de formación y de relación inter-generacional, donde fue posible que las camadas que nacieron después de 2000 realizaran su primera experiencia de lucha junto a las generaciones anteriores.

El analista Decio Machado enfatiza en el papel de las mujeres y de los estudiantes, que construyen nuevos liderazgos, así como la aparición de dirigentes jóvenes en la Conaie, tan necesitada de renovar a viejos y gastados cuadros. “El movimiento de estudiantes, de mujeres y especialmente de los indígenas estuvo dirigido por una nueva generación de militantes sociales que nada tienen que ver con el correísmo e incluso lo repudian”, señala.

Tan importante como esa re-organización de abajo arriba, es el papel de “amplios sectores de la sociedad quiteña y de otras localidades del país que expresaban diariamente su solidaridad con los movilizados entregándoles medicamentos para los enfermos y heridos, mantas, alimentos, zapatos, agua y comida”.

En tercer lugar, habría que hablar de la impronta que esta irrupción tendrá en toda la región. No será una influencia inmediata ni directa. Recordemos que el Caracazo, punto de inflexión del neoliberalismo, recién comenzó a impactar varios años después, cuando se produjo el Ya Basta! del zapatismo cinco años después, y las revueltas de fines de la década de 1990 en Perú, Paraguay y el propio Ecuador, precursoras de las grandes insurrecciones bolivianas de 2003 y 2005 y de la revuelta argentina de 2001.

Los tiempos de la historia de abajo no son lineales, se maceran lentamente al calor de los fogones, allí donde se debaten y se toman las decisiones colectivas que cambian los rumbos del mundo. Para todas esas personas que hacen de lo colectivo el centro de sus vidas, los sucesos del Ecuador serán como la estrella polar para los navegantes: referencia y horizonte, guía y orientación en estos tiempos de caos y confusión.

Por Raúl Zibechi


publicado

2019-10-18 11:10

Publicado enCrisis Ecuador
Sábado, 12 Octubre 2019 06:05

El sínodo por la Amazonia

El sínodo por la Amazonia

Primero parecían “gestos”. Una palabra que se usa mucho. Pero el Papa rara vez hizo “gestos”. Lo suyo son acciones. Por “gestos” se entiende un guiño, algo más perecido a la insinuación, que da a entender una perspectiva política. El propio Francisco se ocupó hace un par de años, en una conferencia de prensa, de pasar en limpio a qué le llama él “política”, porque para la prensa concentrada, así como para sus mandantes, la política es genéricamente mala, es connnotada como herramienta de manipulación o instrumento de la ambición de poder o codicia. Aquella vez el Papa le paró el carro a un enviado que insinuaba que sus “gestos” eran demasiado “políticos”. “La alta política es algo muy noble”, dijo.

Sabe que el trampolín a través del que las nuevas elites financieras se han encaramado al poder casi irrestricto (e ilegal) en la turbulenta época en la que le ha tocado ejercer su papado, es precisamente la antipolítica. La abonan a chorro tanto medios como empresarios y CEOS. Es el aprovechamiento del desencanto o la impugnación de la política de millones de personas en el mundo que han sido traicionadas por dirigentes que han reemplazado la política por algo raro, algo sucio, algo desolador. ¿Macri hace política? ¿Lenín Moreno hace política? ¿Peña Nieto hizo política? ¿Duque hace política? Sí, pero incluso la política, aunque sea mala, aunque sea solamente para privilegiar al 1 por ciento de la población, se termina cuando el FMI entra a escena. Nombres variopintos. Dos salidos de la política traicionera y dos productos de laboratorio. Sólo pueden hacer política sana y noble quienes hayan sellado un compromiso de sangre con sus representados. A esos los persiguen o los encarcelan. Los estigmatizan como “chorros” o “dictadores” los chorros y los dictadores de nuestro tiempo.

Cuando el Papa hizo su primera visita a la región fue a Brasil. Al encuentro de jóvenes. Y allí dijo su recordado “hagan lío”. Seguramente quiso decir varias cosas, pero entre ellas aquél fue un cruce a la ola que muy pocos veían venir, y son estos nuevos cultos que apañan al neofascismo, y que están pensados como la nueva religión hegemónica de la región. Los que depositan en cada individuo recortado de los otros la posibilidad de su salvación en la tierra: tener suerte, si así fue la voluntad de Dios. No piensan en política. No hablan de política. Viven en un mundo aparte, en el que las desgracias son parte de la vida que les ha tocado. No luchan. Rezan. “Hagan lío” puede entenderse como “hagan política”, en la acepción general que le da el Papa, la que tiene que ver con lograr comunitariamente una vida más digna para todos pero especialmente para los que nunca pudieron sacar la cabeza del lodo.

Esta semana en Roma el Papa inauguró el Sínodo por la Amazonía. No es otro “gesto”. Es pura acción. Fue por pedido de los obispos de diversos países a los que esta nueva camada de gobiernos odiadores los enfrentó de pronto con el hambre y el fuego. Esta semana se vio la foto de las decenas de camiones que empresas ganaderas mandan a las zonas deforestadas por el fuego.

En el Vaticano ahora están los delegados de las etnias aplastadas. El Papa recibe a los habitantes ancestrales --a quienes pidió perdón por la colonización ya hace unos años en Bolivia, pero eso que era una enorme noticia fue como otras miles de enormes noticias borroneada por los grandes medios--. El Papa recibe a los Garabombos de todos los tiempos, pero esta vez encarnado en esas etnias deslumbrantes que brotan de la Amazonía. Recibe a esos invisibles.

En la apertura del Sínodo, Francisco fue al hueso y nos compete, aunque la lectura puede hacerse extensiva a cualquiera de nuestros países. Se refirió a la disyuntiva sarmientina “civilización o barbarie”. En estas notas se ha apuntado varias veces que esos términos se han invertido. “El lema de civilización o barbarie se ha usado para aniquilar pueblos originarios”, dijo. Los que se identifican con la civilización están trayendo una nuevo colonialismo”, dijo.

Las elites financieras que desplazaron a la política, entroncadas con las oligarquías, hoy son los bárbaros sanguinarios que por dinero están dispuestos a sacrificar millones de vidas humanas, animales y vegetales. El Papa después tiró una flecha hacia Pichetto, aunque nombrando sólo a la Argentina. Dijo que en nombre de la civilización (con distintos voceros, portadores del mismo discurso de odio que late en la región desde hace cinco siglos), se escuchan palabras denigratorias, “con el desprecio a los 'bolitas', a los ´paraguas´y a los cabecitas negras”.

Los que tenía enfrente mientras decía eso eran los guardianes de la naturaleza, los que como ha dicho también Chomsky, “han sido los que en la historia más han luchado por defensa de la vida en el planeta”. Son los que perseveran hace siglos y siglos, cuando nuestros países no existían, en el buen vivir, que no le demanda a la tierra más de lo que la tierra pueda dar sin arruinarse ni seguir estando allí, disponible y pródiga para las generaciones futuras.

Esos pueblos, que tienen su propia medicina, que han sobrevivido contra viento y marea, con contacto o no con los blancos, y algunos de ellos han tomado decisiones de una sabiduría extraordinaria, como los más populosos, que en lugar de vivir todos juntos se han repartido por diferentes zonas de la Amazonía para evitar desequilibrios. Esos invisibles que hoy deben huir de sus tierras porque el fuego las devora, en estos días tienen un interlocutor. Mientras desde la “civilización” llegan las fotos del hijo de Bolsonaro haciendo gracias con sus armas, mientras Ecuador se desangra, mientras en Colombia los activistas ambientales son asesinados todos los días, mientras en la Argentina se fumiga glifosato sobre escuelas rurales y hay niños y adultos enfermos soportando la amplia gama de envenenamiento que produce la ganadería o el cultivo transgénico a gran escala, ellos, los pueblos originarios, siguen guardando sus secretos y aspiran solamente a que los dejen en paz.

 Hoy son ellos la civilización a la que hay que mirar con interés político. Bolivia es el único país que ha logrado quedar en pie y sigue repartiendo justicia y felicidad, junto con desarollo. Nos los tenemos que tomar en serio. No por “un gesto”. Por algo mucho más profundo y lúcido: si logramos romper la fetichización del dinero como vara del poder político, se abrirá una nueva fase de nuestra cultura común. Ellos nunca fueron del todo incorporados como sujetos políticos en paridad con los demás. Como el machismo, el racismo es algo que a veces parece encapsulado como un virus transversal. Ese es el hueso. Porque el hueso es la tierra, pero también el modo de ser y estar en ella. Y los pueblos originarios saben de eso mucho más que nosotros. Muchísimo más.

Publicado enSociedad
"No disparen, estamos desarmados": el asesinato de un indígena a manos del Ejército desata indignación en Colombia

Uno de los testigos narró que miembros de la Tercera Brigada del Ejército comenzaron a dispararles a los jóvenes, que formaban parte de la Guardia Indígena, pese a que se encontraban desarmados.

Una operación del Ejército colombiano en la zona rural de Jamundí, en el Valle del Cauca, dejó a un joven indígena muerto y otro herido, en lo que algunos testimonios señalan como una ejecución extrajudicial

Omar Gusaquillo y Diego Alexis Vega formaban parte de la Guardia Indígena que hacía vigilancia nocturna, debido al robo de ganado en esta zona rural de Jamundí, al suroeste de Colombia, que históricamente ha tenido presencia de grupos guerrilleros y narcotraficantes.

Según narró Diego en su primera declaración, a las 05:45 horas (tiempo local) de este jueves, cuando los jóvenes se preparaban para darse un aseo personal en una casa, fueron sorprendidos por elementos de la Tercera Brigada del Ejército, quienes les gritaron: "¡Quietos, manos arriba!". 

Visiblemente asustados, Omar les respondió: "No disparen, estamos desarmados. Somos de la Guardia Indígena". Inmediatamente después de que los jóvenes de la comunidad nativa Kiwe Nasa se identificaron, el Ejército comenzó a dispararles, pese a que tienen jurisdicción en esta zona rural, según información difundida por Semana. 

Como resultado del operativo militar, Ómar resultó muerto y Diego herido, por lo que fue trasladado a un hospital.  

¿Falso positivo?

Medios locales reportan que el Ejército habría señalado a Omar como miembro de una organización criminal y aseguraron que en la vivienda donde murió se encontró un uniforme camuflado, un radio teléfono amarillo y un arma de fuego.

Sin embargo, algunos vecinos de la zona dijeron a Semana que el Ejército trató de montar un "falso positivo", como se le conoce a los casos, bajo el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010), en los que miembros del Ejército presentaban como guerrilleros 'dados de baja en combate' a jóvenes asesinados extrajudicialmente.

Lina Tabares, integrante de la organización de derechos humanos Tesa Paz, denunció que las manos de Omar tenían rastros de tierra, lo que según ella representa "una clara prueba de que el cadáver lo arrastraron". Los vecinos de la zona montaron un cordón humanitario para impedir que la escena fuera modificada

"Cruel asesinato"

La Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (Orivac) rechazó el "cruel asesinato" de Omar Guasaquillo.

"Vuelve la zozobra de muertes, amenazas, al territorio colombiano, en especial al Valle del Cauca", denunció Orivac en un comunicado, en el que también acusa al Gobierno de Iván Duque de su falta de compromiso con los acuerdos de paz firmados con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

En lo que va del Gobierno de Iván Duque, que comenzó el 7 de agosto de 2018, 102 líderes y lideresas indígenas han sido asesinados, según datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

La ONIC hizo un llamado al Gobierno de Duque a retomar el Acuerdo de Paz firmado en 2016.  

Publicado: 6 sep 2019 02:42 GMT

Publicado enColombia
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