La ayahuasca se abre camino en Occidente como cura de adicciones y depresión

Utilizada por comunidades indígenas amazónicas desde hace milenios, el potencial terapéutico de la ayahuasca comienza a abrirse camino en Occidente.

 

Yagé, nixi pae, natema, kamarampi, capi, marirí, daime, bejuco del alma, hoasca o shillinto son solo diez de los al menos 42 nombres documentados que recibe el brebaje amazónico comúnmente conocido como ayahuasca. Etimológicamente, en lengua quechua —aya (muerto, espíritu) y waska (soga, cuerda)— significa “soga o liana de los muertos” porque, para los nativos amazónicos, la ayahuasca permite que el espíritu salga del cuerpo sin que este muera. Considerada una planta de poder por tribus y comunidades indígenas del Amazonas, ha sido utilizada con fines religiosos y visionario-curativos por chamanes desde hace cientos de años. Ahora, la investigación médica con ayahuasca ha cogido fuerza en Occidente, aunque sigue siendo vista con recelo por la comunidad médica internacional.

La ayahuasca es una bebida psicoactiva vegetal obtenida por la decocción de dos tipos de plantas: la Banisteriopsis caapi —una liana conocida comúnmente también como ayahuasca— y la Psychotria viridis —chacruna, un arbusto de la familia del café que contiene DMT, la sustancia visionaria—. Ingeridas por vía oral de forma independiente no producen ninguna alteración en el organismo, pero la combinación de ambas posibilita el efecto enteógeno de la bebida. El término enteógeno significa “la experiencia de Dios dentro de mí” y hace referencia a la dimensión espiritual a la que puede transportar la ayahuasca.

Hace cientos de años, las comunidades del Amazonas supieron combinar ambas plantas para que su decocción resultase efectiva. “Este sofisticado descubrimiento indígena solo ha sido desvelado por la ciencia moderna recientemente, durante los años 80 del pasado siglo”, tal y como se explica en el Informe Técnico sobre la Ayahuasca elaborado por el Centro Internacional para los Servicios, Investigación y Educación Etnobotánica (ICEERS, en sus siglas en inglés), una organización sin ánimo de lucro que se dedica, entre otras cosas, a integrar la ayahuasca y otras plantas tradicionales como herramientas terapéuticas en Occidente.

Ha sido en España, concretamente a manos del doctor Jordi Riba y su equipo del Hospital Sant Pau de Barcelona, donde se ha despejado la incógnita de las áreas cerebrales implicadas en los efectos de la ayahuasca en humanos. “Mediante la técnica SPECT [técnica médica de tomografía que utiliza rayos gamma], evaluamos los cambios de flujo sanguíneo en el cerebro durante los efectos agudos”, explica Riba. El trabajo del equipo de Riba en consumidores habituales de ayahuasca ha demostrado que estos presentan diferencias en la estructura cerebral en comparación con los no consumidores: “No se trataba de déficits cognitivos ni psicopatologías, sino de aspectos psicológicos positivos como una mayor integración en su entorno social y una mayor espiritualidad”. 

Tratamiento para depresiones

Los objetivos de la investigación médica los expone el doctor José Carlos Bouso: “Conocer mejor los mecanismos psicológicos en personas que toman ayahuasca con fines terapéuticos”. Psicólogo clínico y doctor en farmacología, Bouso está especializado en drogas de síntesis y de uso transcultural. Durante seis años formó parte del equipo de Riba y ahora dedica su actividad a la fundación ICEERS. “Otro de nuestros objetivos es conocer la eficacia de la ayahuasca en los trastornos adictivos o depresivos, los trastornos de ansiedad o incluso enfermedades médicas de tipo neuroinflamatorio”, explica.

Es en el área de los trastornos depresivos donde hay más evidencias de los beneficios terapéuticos de la ayahuasca: “Hemos demostrado efectos prometedores en el tratamiento de la depresión mayor con ayahuasca”, explica Riba. El doctor ha colaborado recientemente en el primer estudio que ha demostrado los “rápidos y sostenidos” efectos antidepresivos de la ayahuasca en pacientes resistentes a otros tratamientos. “La experiencia con ayahuasca, de marcado carácter emocional, modifica la actividad eléctrica y el flujo sanguíneo en áreas que están implicadas en el procesamiento de las emociones y la memoria”. Esto se traduce en una mayor actividad del sistema límbico del cerebro, la parte encargada de procesar las emociones, los comportamientos y la memoria.

“Durante los efectos es muy habitual recuperar recuerdos que marcaron a la persona emocionalmente. Creemos que esta revisión autobiográfica puede ser útil para replantearse, por ejemplo, conductas automáticas y autodestructivas como son el consumo de sustancias adictivas. Tenemos recogida información de un número no despreciable de personas que consiguieron abandonar consumos crónicos de cocaína y heroína con la ayuda de la ayahuasca”, cuenta Riba.  

Replantear el concepto de “droga”

Una droga es, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “cualquiera sustancia que provoque una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central del organismo y que, además, sea susceptible de crear dependencia”. Este concepto presenta una dualidad que explica el doctor Fericgla: “Naturalmente que la ayahuasca es una droga; ahora bien, si se habla de drogas adictivas, la ayahuasca no entra dentro de esa clasificación”. Doctor en antropología cultural y pionero europeo en psicoterapia con ayahuasca, Fericgla piensa que el término de droga ha perdido su sentido hoy en día. “A menudo se habla de drogas adictivas para referirse a las sustancias prohibidas pero (…) ni el LSD ni el MDMA ni la ayahuasca son adictivas”, aclara Fericgla. Todas ellas tienen usos terapéuticos que, tanto por prohibición legal como por sus usos lúdicos, han caído en la estereotipación.

El doctor explica que los neurolépticos, ansiolíticos y antidepresivos que se venden en farmacia también son drogas, “y estas sí son de abuso, ya que generan dependencia”. El problema de este tipo de fármacos como el Prozac o el Valium es, como explica Guillem Crespí, psiquiatra del Hospital de Muro, “que a veces se aplican en enfermedades cuya curación completa ni se plantea, sino que lo que se busca es paliar síntomas”. Teresa Mateus, neuróloga del mismo hospital, está de acuerdo: “Habría que investigar más para llegar a la raíz de los problemas de las adicciones y no solo a los síntomas”.

Ayahuasca para drogodependientes

La ayahuasca está siendo investigada como tratamiento para personas drogodependientes. Takiwasi en Perú, la Uniao do Vegetal (UDV) o las Iglesias del Santo Daime en Brasil son centros donde la gente acude tanto para procesos de autocrecimiento como para el tratamiento de adicciones, depresiones o hasta estrés post traumático en presos. Concretamente, Takiwasi se ha especializado en el tratamiento de personas drogodependientes de pasta básica, cannabis, cocaína o alcohol. Aunque la fundación del centro estuviese enfocada a la desintoxicación, este no es el único motivo por el que la gente llega a Takiwasi, ya que también acuden anualmente unas 300 personas para procesos de autoexploración o crecimiento personal. “La desintoxicación y el crecimiento personal son todo un eje de trabajo que está ligado”, explica Fernando Mendive, coordinador científico del centro.

Situado en Tarapoto, en la Alta Amazonia peruana, su modelo terapéutico es único en el mundo: “Se combina el uso ancestral de la ayahuasca para recontextualizarlo en la psicología moderna, y que sea más fácilmente accesible a otras personas”, explica Mendive. Reconocida legalmente para funcionar como centro de salud, ha sido objeto de estudio de 18 tesis de pre y posgrado de distintas universidades desde su creación en 1992. ¿El motivo? Como explican desde Takiwasi: “Este creciente interés de la comunidad científica es el reflejo de un proceso global de acercamiento y apertura de la cultura occidental hacia conceptos y metodologías para la salud provenientes de las diferentes medicinas tradicionales del mundo”. De hecho, su creación viene a raíz de seis años de investigación de la medicina tradicional amazónica realizada por Jacques Mabit, uno de los fundadores de Médicos Sin Fronteras, que autoexperimentó la ingesta de plantas sagradas con más de 70 maestros curanderos o chamanes del Amazonas, y que en 2012 fue procesado por la justicia gala por inducción al consumo de estupefacientes y secta, en un caso que fue desestimado por falta de pruebas. 

El tratamiento para la desintoxicación de los pacientes pasa por cinco etapas: etapa preliminar —información, motivaciones, evaluaciones médicas para el ingreso—, desintoxicación física, reestructuración psico-emocional y existencial, reinserción y seguimiento y reforzamiento. “Se estima que luego de cinco años de abstinencia con cambio estructural de la personalidad y del modo de vida, la curación es total”, explican desde Takiwasi.

Dimensión espiritual: entre el chamanismo y la psicoterapia

Dicho en boca de Neida, chamana de la selva ecuatoriana, “con ayahuasca consigues llegar a la esencia de la vida, al vientre de esta, y canalizar las energías”. A parte de los posibles usos terapéuticos que la ayahuasca pueda tener en el tratamiento de adicciones o trastornos depresivos, esta bebida es utilizada también como herramienta de autoconocimiento. “La ayahuasca es una forma de enlazar directamente con informaciones reprimidas en el inconsciente y así conseguir liberarlas”, cuenta Toni Hurtado. Psicoterapeuta y profesor de yoga, trabaja junto a su mujer Mariela realizando ceremonias de ayahuasca y San Pedro, otra planta de propiedades enteógenas cuyo principio activo es la mescalina.

Su método de trabajo consiste en realizar la toma con su intrínseco ritual. En la mañana siguiente se hace un trabajo psicoterapéutico de lo que ha vivido cada uno: “Es casi más importante la parte de integración que la toma de la ayahuasca en sí”, explica Toni. Su trabajo no se centra únicamente en ofrecer la “medicina”, como lo llaman, sino que incorporan la ayahuasca como una herramienta en el proceso de crecimiento personal que desarrollan. “Nosotros mostramos cosas a los pacientes que igual no han sabido conectar; ese es nuestro trabajo”, cuenta Hurtado.

A 9.000 kilómetros de distancia, Neida trabaja con ayahuasca en la selva amazónica, en un contexto más cercano a las prácticas originarias: “Doy mucha información sobre la planta y hago de guía durante el viaje. Mi trabajo es personalizado porque me gusta que cada uno se encuentre consigo mismo”. Neida no teoriza, sus terapias son pura tradición indígena, pura experiencia práctica heredada. En cambio, Toni y Mariela trabajan desde la psicoterapia evolutiva y tratan de descifrar lo que la ayahuasca ha mostrado a cada asistente. “Hay un mundo entre el chamán y el psiquiatra”, explica Toni. “Nosotros estamos en medio. No estamos en el enfoque clínico ni tampoco en el esoterismo. Entendemos la parte espiritual y la parte del método científico”, cuenta al hablar de sus sesiones.

AYAHUASCA Y LEGALIDAD

El comercio, fabricación y distribución de DMT, principio activo de la ayahuasca, fue prohibido por el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de Viena de 1971. Ahora bien, los preparados elaborados a partir de plantas que contengan DMT, como es el caso de la ayahuasca, no están prohibidos. Es en la Lista Verde, elaborada por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), donde aparecen las sustancias que están bajo lupa, como el DMT. En Perú fue declarada patrimonio cultural. En Brasil, la bebida goza de protección legal. En Chile, un tribunal determinó que “la ayahuasca ha reportado importantes beneficios para múltiples personas y, por lo tanto, su uso no debe ser penalizado”. La ayahuasca es legal en todos los países que se rigen por los convenios y acuerdos de la JIFE, salvo legislación específica.


“Francia es el único país en el que la ayahuasca está explícitamente prohibida”, tal y como explican desde ICEERS. En 2012, Jacques Mabit, fundador de uno de los centros de desintoxicación a través de la ayahuasca, fue procesado en Francia por incitación al consumo de drogas y secta, pero el caso fue desestimado pro falta de pruebas. El uso de la ayahuasca ha sido perseguido en España, con más de cien procesos judiciales que hasta ahora han acabado en archivo de la causa o absolución.


Riesgos asociados al consumo de ayahuasca

Así lo anunció el doctor Riba: “La ayahuasca conlleva sus riesgos pero carece de toxicidad física”. No todas las personas son válidas para experimentar con esta sustancia y que hay contraindicaciones para aquellas que deciden iniciar un proceso con ayahuasca: “No se puede tomar alcohol, no se puede comer carne ni picante, solo comida ligera sin aderezos. Además, es importante la abstinencia sexual”, explica Mendive en referencia a los requisitos del centro Takiwasi.
También hay fármacos que están contraindicados si se experimenta con ayahuasca: “El uso simultáneo de inhibidores de la recaptación de la serotonina y la ayahuasca puede contribuir a un desenlace letal”, tal y como explican Evelyn Doering y Xavier Da Silveira, psicóloga clínica e investigadora, en una entrevista publicada en Ayahuasca y Salud. Esto se traduce en que fármacos antidepresivos o ansiolíticos son incompatibles con la ayahuasca. 
“No se puede descartar que personas con trastornos cardiovasculares o metabólicos puedan sufrir reacciones adversas”, explica el doctor Riba. Según él, el mayor riesgo está a nivel psicológico: “Episodios de ansiedad, desorientación y reacciones psicóticas que se han prolongado más allá de los efectos agudos y que han tenido que ser tratadas con fármacos”. Son sustancias muy intensas, modificadoras del funcionamiento normal de la mente: “Muchas personas acuden por mera curiosidad a sesiones de ayahuasca, simplemente para tener una nueva experiencia exótica, y se quedan impactadas, a veces de forma desagradable, por lo vivido”, matiza el doctor.


Neurogénesis o desarrollo de nuevas neuronas mediante ayahuasca

Uno de los recientes estudios con animales del doctor Jordi Riba ha demostrado que la ayahuasca es capaz de estimular el desarrollo y maduración de nuevas neuronas a partir de células madre del hipocampo, lo que se conoce por neurogénesis. “El hipocampo es la zona del cerebro implicada en los procesos de memoria, cuya perdida de células degenera rápidamente en Alzheimer”, explica el doctor. Esto podría ser un posible remedio, aunque queda mucho camino por recorrer, para el tratamiento de esta enfermedad degenerativa. 

Por Diego Menjíbar

2019-08-25 06:59

Martes, 20 Agosto 2019 16:25

El mundo de abajo crece en silencio

El mundo de abajo crece en silencio

Hay vida (y lucha) más allá de las elecciones. En nuestros países (Argentina, Uruguay), desde los focos mediáticos hasta las conversaciones entre militantes de los movimientos sociales, están centradas y concentradas en las próximas jornadas electorales, con la esperanza de que, esta vez sí, habrá cambios. Aunque sabemos que esos cambios no vienen de arriba y que los verdaderos son los que construyamos desde abajo y por abajo, una y otra vez nos dejamos arrastrar por los fuegos artificiales de las elecciones. Volvemos a diluir nuestra potencia del hacer desde abajo en la delegación del Poder hacia arriba...

Sin embargo, los pueblos de América Latina siguen construyendo sus mundos otros, muy lentamente, a contracorriente, en la oscuridad de la vida cotidiana, lejos, muy lejos de las campañas que derrochan recursos y discursos. ¿Quién pudo enterarse que este año se creó la Guardia Indígena Comunitaria “Whasek” Wichi en el Impenetrable, en el Chaco, Argentina? ¿Quién sabe de la creación del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis, en el norte del Perú, camino que comienzan a recorrer otros tres pueblos amazónicos?

¿Cuántos medios han informado que el pueblo mapuche en el sur de Chile ha recuperado 500 mil hectáreas por acción directa desde la década de 1990, cuando se restauró la democracia para arrinconarlos con la aplicación de la ley antiterrorista heredada de la dictadura de Pinochet, pero luego aplicada igualmente por gobiernos progresistas y conservadores?

¿Dónde leemos acerca de la tremenda lucha de los tupinambá del sur de Bahía (Brasil), que en pocos años recuperaron 22 haciendas, miles de hectáreas, pese a la represión y las torturas a sus dirigentes? ¿Cuándo le dedicamos algún tiempo a comentar la victoria de las 30 comunidades de Molleturo (Azuay, Ecuador) que consiguieron frenar la minera china Ecuagoldmining, luego de quemar el campamento? ¿Quién habla del reciente triunfo campesino de todo el Valle de Tambo, ante el proyecto cuprífero Tía María, en el sur de Perú?

Ahora vemos cómo los pueblos mayas del sur de México, organizados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pasaron a la ofensiva y rompieron el cerco militar e informativo del gobierno mexicano de la autodenominada “Cuarta Transformación”, creando siete nuevos caracoles y cuatro municipios autónomos, con los que suman ya 43 espacios de autogobierno zapatista en esa región.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) saludó y otorgó “su aprobación” a los nuevos municipios autónomos zapatistas, no sabemos qué responderán los y las zapatistas, pero podemos observar que en todos estos años fueron construyendo de hecho su autonomía en los territorios insurgentes donde se encuentran sin la necesidad de la aprobación de ningún gobernante. Los Acuerdos de San Andrés firmados en el año 1996 y que reconocían la autonomía de los pueblos indígenas de todo México fueron negados y traicionados por cada uno de los sucesivos gobiernos; esto no impidió el crecimiento de la autonomía en territorio zapatista y en decenas de municipios autónomos de otros pueblos indígenas del país. Más que aprobar o no, de palabra, estos procesos de autonomía, el gobierno de AMLO bien podría poner en práctica los Acuerdos de San Andrés y dejar que siga floreciendo la autonomía indígena en vez de continuar y fortalecer el cerco policial y militar a las comunidades en rebeldía, tal como vienen denunciando las propias comunidades indígenas de Chiapas, tanto las zapatistas como muchas otras no zapatistas.

Para nosotros estos hechos son motivo de la mayor alegría y nos llenan de entusiasmo y esperanza, ya que confirman la decisión política de construir abajo con las y los de abajo, de forma autónoma, nuestra salud y nuestra educación, nuestros espacios de vida y nuestra justicia, con base a los poderes propios que hemos creado por fuera del Estado.

Han conseguido romper el cerco que decenas de miles de militares mantienen desde el levantamiento del 1º de enero de 1994, cuando el gobierno decidió movilizar la mitad de sus efectivos para rodear y cercar a las comunidades rebeldes autónomas zapatistas. ¿Cómo han sido capaces los y las zapatistas de multiplicarse, de salir del cerco y construir más mundos nuevos? Como lo hacen siempre las y los de abajo: “compañeras de todas las edades se movilizaron para hablar con otras hermanas con o sin organización”, explica el subcomandante insurgente Moisés en su último comunicado. Las mujeres y los jóvenes son quienes fueron a conversar con sus semejantes de otras comunidades, no para convencerlos, porque las y los oprimidos saben de sobra quiénes son, sino para organizarse juntos; para autogobernarse juntos.

En esa movilización silenciosa entre los abajos, comprobaron que las limosnas de los gobiernos (eso que aquí llamamos con cierta pompa “políticas sociales” y que no es más que contrainsurgencia) lastiman la dignidad por el desprecio y el racismo que implican. Los mundos nuevos nacen por contagio y por necesidad, sin seguir las instrucciones de los manuales partidarios, ni las recetas predeterminadas de viejos o nuevos líderes.

……

¿Cómo hemos perdido la “capacidad más linda del revolucionario”, la de sentir “en lo más hondo, cualquier injusticia realizada contra cualquiera, en cualquier parte del mundo”, como decía el Che? ¿Por qué ya no nos alegrarnos cuando, en cualquier parte del mundo, los de abajo ponen su dignidad como escudo ante los poderosos, levantando mundos otros, como los kurdos del norte de Siria?

Las personas militantes necesitamos reformar nuestros sentidos y sentimientos de vida, reencontrarnos con nuestros propios fuegos y retomar la lucha más allá de los fuegos artificiales de las elecciones, volver a confiar en nuestra propia potencia y autogobernarnos a distancia del Estado, des-alienarnos y des-colonizarnos para caminar junto, no delante marcando línea, hombro con hombro con las rebeldías que siguen (re)emergiendo desde abajo y por abajo en toda Nuestra América.

Por Raúl Zibechi (Periodista, Uruguay / Juan Wahren (Sociólogo, Argentina)

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Lunes, 19 Agosto 2019 06:58

Romper cadenas

Durante una protesta de la ultraderecha que se llevó a cabo el fin de semana en un parque de Portland, Oregon, los asistentes hacen una señal de Ok, gesto que al parecer tiene connotaciones con la supremacía blanca.Foto Afp

Este mes marca el aniversario 400 del inicio de la migración forzada a Estados Unidos, cuando en agosto de 1619 un buque apareció frente las costas de Virginia con más de 20 esclavos africanos originarios de Angola. Estos primeros esclavos fueron aparentemente robados por piratas de un barco español que iba rumbo a México y que los había recibido, a su vez, de los portugueses, imperios que lucraron no sólo con los recursos naturales de otros países, sino también con el gran negocio de secuestros y compraventa de seres humanos.

Eran los primeros de los 400 mil a 600 mil esclavos transportados de África a Estados Unidos, alrededor de 5 por ciento del total de aproximadamente 12 millones de esclavos originarios de África que fueron comercializados por los europeos en la migración masiva forzada más grande de la historia hasta la Segunda Guerra Mundial.

Para 1860, justo al estallar la Guerra Civil (que entre otras cosas llevó a la abolición de la esclavitud después de casi 250 años), la población esclava estadunidense era de casi 4 millones, 13 por ciento de la población total. Esta historia, esta migración forzada, en cadenas, fue parte integral de la creación de este país que desde sus inicios se ha proclamado como el faro mundial de la libertad.

"Sí, todos nuestros ancestros llegaron en barco a este país, pero algunos arribaron por su propia voluntad en las cubiertas de los barcos; otros, involuntariamente, encadenados en las bodegas de carga debajo", solía recordar el reverendo Jesse Jackson sobre los orígenes de Estados Unidos.

Fue la mano de obra esclava la que generó gran parte de la riqueza de las 13 colonias y que sentó las bases económicas del país que surgió oficialmente con la Declaración de Independencia de 1776. Por ello, algunos historiadores afirman que la fecha de nacimiento real de este país es 1619, cuando apareció ese barco con los primeros esclavos que fueron vendidos a los colonialistas ingleses.

Los orígenes de este país se construyen sobre el robo y genocidio contra los indígenas de estas tierras, y por la mano de obra de esclavos africanos. Por lo tanto, algunos historiadores recuerdan una y otra vez que el cuento de un país basado en los conceptos nobles escritos en su Declaración de Independencia (redactada por Thomas Jefferson, dueño de esclavos) y poco después en su Constitución, proclamando una nación basada en la libertad, la igualdad ante la ley, y la libre determinación de sus habitantes es en parte mentira. Ocho de los primeros 12 presidentes de esta república eran dueños de esclavos.

Hoy día, 400 años después, los afroestadunidenses (en gran parte descendientes de los esclavos) son 13 por ciento de la población, y por múltiples indicadores socioeconómicos, aún los más oprimidos de estas tierras. Los hogares afroestadunidenses tienen 10 centavos en riqueza por cada dólar en hogares blancos; el ingreso medio de los blancos es 10 veces más que el de los negros (Pew Research). Hoy día hay más afroestadunidenses encarcelados o bajo algún tipo de supervisión judicial en Estados Unidos, que esclavos en 1850 (Prof. Michelle Alexander, autora de The New Jim Crow). Los hombres afroestadunidenses corren mucho mayor riesgo de ser asesinados por la policía que los varones blancos (Academias Nacionales de Ciencias).

Son las luchas de resistencia y liberación que iniciaron tambien hace cuatro siglos –las de los indígenas, los afroestadunidenses, las mujeres y subsecuentes olas de inmigrantes– las que han exigido que este país, el cual han construido, cumpla con sus promesas de libertad y democracia. Por eso mismo, no se puede reducir a Estados Unidos a un país de "gringos"; no todos comparten el mismo origen, la misma experiencia y ni la misma cultura.

Toni Morrison, la gran escritora afroestadunidense premio Nobel, quien falleció el 5 de agosto, escribió en The New Yorker poco despues de las elección de 2016 que parte del voto por Trump fue "no tanto por ira, sino por estar aterrorizados" de que están perdiendo su "privilegio blanco".

No hay manera de entender el presente estadunidense sin tomar en cuenta este conflicto histórico y las luchas por romper cadenas, algo tan antiguo como este país.

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La municipalización y el reconocimiento de territorios indígenas

La expedición del Decreto 632 de 2018, sancionado por el gobierno Santos, germinó la posibilidad para la conformación de Territorios indígenas en el país. Estos territorios tomarían forma en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, en donde por la ausencia de una figura político administrativa, junto con las condiciones de localización geográfica, la amplia extensión de territorios resguardados (26 millones de hectáreas) con baja densidad poblacional, así como la pervivencia de la identidad cultural y lingüística, y el carácter pluriétnico de los Resguardos Indígenas que allí se asientan, han puesto en jaque la operatividad y la eficiencia en la ejecución de recursos públicos destinados a los Resguardos Indígenas legalmente constituidos (particularmente la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones –Aesgpri–).

Así y ante este panorama, fue necesaria una estructura administrativa que jurídicamente encaje con el ordenamiento territorial y que, a su vez, se conjugue con la autonomía y la gobernabilidad de los pueblos indígenas.



Territorios indígenas: Una apuesta por la autonomía y el autogobierno



Puntualmente, el Decreto 632 estableció las normas transitorias para la puesta en funcionamiento de los Territorios indígenas en estas áreas del país, en principio, desde la concepción de una organización fiscal y una estructura administrativa al interior del Resguardo indígena, hasta ahora ejercida por las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (Aati), como un híbrido entre las formas de gobierno propio, y las que se mencionan en el marco jurídico en materia fiscal para los Resguardos indígenas, que es tan difuso e incipiente.

El cambio cualitativo con la puesta en funcionamiento de estos Territorios es que estos se reconocen como las estructuras institucionales al interior de los Resguardos, quienes son los beneficiarios de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones, generando la infraestructura institucional que posibilite en el corto plazo que estos Resguardos se certifiquen para la administración directa de los recursos de la Aesgpri, a ultranza de que este reconocimiento jurídico permita optimizar la toma de decisiones sobre el uso de estos recursos destinados a la financiación de proyectos de inversión para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades indígenas. En el largo plazo, con miras a que los Territorios indígenas recojan competencias como la prestación del servicio de educación y salud a través del Sistema Educativo Indígena Propio –Seip– y el Sistema Indígena de Salud Propia –Sispi–.

Ahora bien, superado el “lapo” político del Gobierno antecesor desde quienes vieron con recelo esta iniciativa, sobre la que vale la pena resaltar, se realizó con proceso de consulta previa y con la participación de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), lo que le sigue a esta apuesta normativa es su implementación en un contexto histórico y en un período de Gobierno distintos. El mismo Decreto estableció los tiempos y la articulación del trabajo interinstitucional que deberán adelantar el Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Nacional de Estadísticas –Dane–, la Agencia Nacional de Tierras y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para el reconocimiento formal de los Consejos indígenas como institución de gobierno, la demarcación geográfica y la georreferenciación de la población que hará parte de los Territorios en cuesión, por lo que solo resta esperar por la eficiencia y la voluntad en el avance de estos trabajos que terminen por materializar su puesta en funcionamiento.

Todo lo anterior, con la convicción de que esta puesta normativa representa un avance para reestructurar la distribución del poder local en zonas geográficas de ocupación indígena, como un mecanismo para ganar gobernabilidad y soberanía, posible solo en áreas no municipalizadas, lo cual apacigua el vitoreo entorno a esta convicción. Esto teniendo en cuenta que, a la par que se trabajaba en la implementación de los Territorios, se sancionaba el Decreto 1454 de 2018 que dio visto bueno a la municipalización de las áreas de Barrancominas y San Felipe en el departamento de Guainía, donde se asientan siete (7) los Resguardos beneficiados por la nueva normativa.


La municipalización: la otra cara de la moneda



En una iniciativa adelantada y presentada por la Asamblea Departamental del Guainía. Con ella se optó por el control institucional del 60 por ciento del territorio del Departamento, a través de la municipalización y no de los Territorios indígenas, a pesar de que el 99 por ciento del territorio y el 92 por ciento de la población en estas áreas, respectivamente, es indígena; desconociendo el contexto socio-demográfico, y los derechos a la autonomía y la gobernabilidad que ya habían ganado espacio con el Decreto 632, y que permiten cuestionar las razones de una institucionalidad político-administrativa municipal en un territorio de asentamiento netamente indígena.

Precisamente, fueron estos los argumentos presentados en tutela de las comunidades indígenas Sikuani y Piapoco, quienes reclamaron al Departamento el respeto a sus derechos fundamentales en el marco de la autodeterminación, así como su preocupación por el traslape de los títulos colectivos constituidos en Resguardos indígenas en caso que se diera la municipalización, la cual, luego de la consulta previa adelantada por el Ministerio del Interior el pasado mes de marzo, tuvo éxito solo en el área de Barrancominas, mientras que para San Felipe la iniciativa no pudo ser materializada.

La deuda en materia de ordenamiento territorial indígena.

Este panorama jurídico en materia de indígenas, que devela la disputa entre las Entidades Territoriales y los Resguardos por el dominio institucional de las áreas donde aún no se había definido la manera de ordenar el territorio, también refleja que siguen siendo cortos e incipientes los avances en materia normativa para el ordenamiento y la integración de los Resguardos a la estructura político administrativa del país, ante el limbo jurídico en el que han permanecido.

Realidad aunada al problema de su  incapacidad jurídica para contratar, que se ha vuelto lastre para la ejecución de recursos públicos en proyectos de inversión que estén en línea con su cosmogonía, usos y costumbres que tengan impacto real; y adicional a la deuda histórica y social con sus comunidades, dada el constante incumplimiento de los compromisos del Estado con las mismas, no solo en garantía de sus derechos a la autonomía y la gobernabilidad  que abandera toda iniciativa política para los indígenas y que parece ser suficiente, sino en garantía de sus demás derechos fundamentales con enfoque diferencial.

Aun así, frente a estas disyuntivas en materia jurídica y social con las comunidades indígenas, y muy a pesar de los adelantos en esta materia por parte del gobierno nacional anterior con la conformación de los Territorios indígenas, no solo tratando de dar un tinte de formalidad a los Resguardos, al menos en materia fiscal,  sino también tratando de ordenar la región de la Amazonía que representa aproximadamente el 40 por ciento del territorio nacional; esta disputa por el control institucional del territorio de asentamiento indígena sigue reclamando una política de Estado, eso a lo que también ha llamado la Corte Constitucional, en alguna de sus intervenciones en las comunidades indígenas “EXHORTAR al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que regulen lo concerniente a la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas de acuerdo con el mandato previsto en el artículo 329 de la Carta Política”,  una exhortación vigente 28 años después de aprobada la Carta del 91.

Pese a ello y paradójicamente, mientras que el asunto del ordenamiento territorial indígena pareciera no estar aún dentro de la agenda política,  la superposición de  más estructuras político administrativas sobre los municipios y los departamentos sí que ha estado en primer renglón, a propósito de la reciente Ley de Regiones como última novedad en materia de ordenamiento territorial. De manera que ahora tenemos municipios, departamentos, la puerta abierta para las regiones, pero nada de entidades territoriales indígenas, con todas las implicaciones fiscales,  programáticas y de desarrollo que conlleva el ordenamiento territorial sobre las comunidades que de ellas hacen parte.

 

Publicado enEdición Nº259
Viernes, 19 Julio 2019 08:15

De la confrontación a la autonomía

Integranates de la Nación Wampis en defensa de su territorio

La historia del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis se remonta medio siglo atrás, un proceso que llevó a la conformación del Consejo Aguaruna Huambisa en 1977, bajo el régimen militar peruano. Fue también una respuesta de los pueblos wampis y awajun a la colonización mestiza del río Marañón, cerca de la frontera con Ecuador. Poco después rompieron con los jesuitas que trabajaban con ellos y decidieron tomar un camino propio.

 

En una primera etapa se empeñaron en la titulación de sus tierras, como forma de recuperar la integridad territorial como pueblo. Este proceso implicó muchas ten-siones con los actores externos, militares, empresas extractivas y mestizos colonizadores, y llevó al despliegue fuerzas comunales para desalojar a los invasores, que fue respondido con el encarcelamiento de líderes y dirigentes.

 

Con la crisis del gobierno militar al comienzo de la década de los años 80, se produjo lo que la socióloga Tania Gómez (autora de una magnífica tesis sobre el gobierno autónomo wampis que inspira este artículo) denomina como una "avalancha a la Amazonía", de la mano de las empresas multinacionales en el contexto de la globalización. Hidrocarburos y minería aurífera son las dos actividades que más afectan a los pueblos amazónicos, impulsadas por el gobierno autoritario de Alberto Fujimori (1990-2000).

 

La crisis sobrevino en 2009, cuando el Estado desconoció los acuerdos que tenía con los pueblos. "Los wampis van aprendiendo que tanto las titulaciones como las categorizaciones ambientales de su territorio son herramientas insuficientes. El Estado empieza a modificar los marcos legales para permitir el ingreso de fuerzas globales de enorme magnitud, sin tomar en cuenta las afectaciones en la vida de los wampis", señala el citado trabajo de Gómez.

 

El 5 de agosto se produjo el enfrenamiento entre indígenas awajun y wampis y fuerzas policiales y militares, luego de casi dos meses de intensa movilización en la Amazonia para la derogación de los decretos que permitían una abusiva explotación de los bienes comunes sin consulta ni consentimiento de los pueblos originarios, con un saldo de 33 muertos entre manifestantes y policías (https://bit.ly/2XROoB2).

 

La jornada conocida como Baguazo fue un parteaguas, además de la síntesis de un largo e intenso ciclo de luchas amazónicas. En apenas seis años, a caballo de nuevas frustraciones que agudizaron la histórica desconfianza con el Estado (criminalización y divisiones), el pueblo wampi tomó decididamente el camino de la autonomía. Debieron dejar de lado desde las ONG hasta organizaciones nacionales, incluyendo la tentación de la administración municipal. Esta experiencia los convenció, además, de los límites de instituciones que nunca los trataron como iguales, incluyendo las leyes de consulta previa, que no se aplicaron o se manipularon.

 

"Después de la participación en estos procesos, se concluye que la consulta previa es apenas un procedimiento de convencimiento en donde el Estado busca atacar debilidades de la organización". Para construir autonomía debieron articular las comunidades de dos cuencas (ríos Santiago y Morona) y elaboraron su estatuto autonómico en más de una decena de talleres con amplia participación de las bases.

 

Uno de los puntos centrales del estatuto destaca: "consideramos sin validez alguna, cualquier trato o consentimiento efectuado en favor de las empresas de manera separada o parcial antes de que haya terminado el proceso oficial entre nuestra nación y el Estado peruano".

 

Los organismos de poder del gobierno autónomo conocen cuatro instancias: la asamblea principal con 96 asambleístas; un gobierno ejecutivo con sus consejeros; gobiernos de ambas cuencas y gobiernos de cada comunidad con sus respectivas autoridades electas.

 

Como señala el sociólogo peruano Alvaro Giles, "se trata del primer pueblo indígena en el país que cambia la estrategia del sindicalismo indígena por la idea del autogobierno". Añade que ya hay otros tres pueblos amazónicos en proceso de fundar sus gobiernos autónomos, por lo que "estaríamos frente a una nueva estrategia en el mundo amazónico peruano".

 

Sólo caben dos observaciones. Una, que la autonomía no es una opción anclada en ideologías, sino en historias y cosmovisiones propias que se despliega para enfrentar desafíos concretos. Lo que nos muestra que estamos ante genealogías diferentes a las de cuño europeo, analizadas entre otros por Castoriadis.

 

Dos, que los pueblos en movimiento (concepto más adecuado que movimientos sociales) van descubriendo que las autonomías y los autogobiernos territoriales les permiten enfrentar en mejores condiciones el extractivismo depredador, que cualquier otra estrategia que pase por la negociación con el Estado. En los próximos años veremos una proliferación de procesos autonómicos.

 

La acumulación por despojo y el capitalismo sólo se pueden confrontar y derrotar con otras culturas políticas, por fuera de las instituciones y de los acuerdos por arriba.

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Jueves, 11 Julio 2019 05:52

En el reino del revés

En el reino del revés

Me dijeron que en el reino del revés

Nadie baila con los pies

Que un ladrón es vigilante y otro es juez

Y que dos y dos son tres

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

(María Elena Walsh, autora e intérprete. Canción infantil [1])

 

Real, no ficción. El Ministerio de Recursos Naturales – el mayor interesado – no apeló la sentencia de primera instancia que favoreció a la nacionalidad waorani. ¡Lo hizo el Ministerio del Ambiente! Y fue el abogado de este Ministerio quien, en la audiencia dada en la Corte Provincial de Justicia del Puyo el lunes 1 de julio, lideró el enfrentamiento en contra de dicha comunidad indígena, abanderándose de las tesis extractivistas. Para colmo, los abogados de estos dos ministerios, junto con el abogado de la Procuraduría del Estado, defendieron a ultranza los intereses extractivistas aduciendo el cumplimiento de la consulta previa, libre e informada en el Bloque 22, a partir del decreto 1247 sin priorizar la Constitución.

Sorprende, por decir lo menos, que el Ministerio de Recursos Naturales – realmente el interesado en demostrar que sí hubo tal consulta para realizar sus planes extractivistas – no apelara la sentencia favorable a la nacionalidad waorani, donde se demostró hasta la saciedad el incumplimiento de ese requisito previsto en la Constitución y en instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT. El argumento de los abogados de dicha cartera de Estado de que esta omisión fue una falla técnica no le exime de responsabilidad al gobierno, pues incluso por acción directa de dicha desidia deberían cumplir lo dispuesto por la jueza provincial Esperanza del Pilar Araujo y el Tribunal Penal de Pastaza en su sentencia del 26 de abril pasado; en concreto deberían reconocer la vulneracion cometida y cumplir las obligaciones que de un acto así se desprenden (por ejemplo no avanzar con la licitacion de ese bloque porque sin consulta previa cualquier acto es nulo). En este caso la Corte Provincial debería disponer no solo la ratificacion de la sentencia y que el Ministerio en mención la cumpla; sino que debiera, además, aceptar la apelación de la nacionalidad Waorani, es decir ampliando las comunidades afectadas y las medidas de reparacion establecidas.

Por otro lado y sin rodeos: el papel del Ministerio del Ambiente es vergonzoso. Su abogado lideraba los intereses extractivistas en vez de cumplir con el objetivo de esa cartera de Estado: defender el ambiente, más aún en el primer país en el mundo que ha constitucionalizado a la Naturaleza como sujeto de derechos. indigna que ese ministerio apelara tan prestamente en contra de la sentencia de primera instancia [2] y que, en la práctica, suscriba la agenda extractivista del gobierno. Desde hace tiempo atrás, el ministerio del ambiente sólo cumple con vulgares trámites administrativos al margen de sus objetivos fundamentales.

El accionar de la Procuraduría, cuyo supuesto papel es el ser “abogado del Estado”, demuestra que perdió sus papeles pues se ha vuelto un mero defensor de los intereses del gobierno. Al no reconocer las vulneraciones a la Constitución y más bien ser cómplice de dichas violaciones, la Procuraduría abre la puerta para que los accionantes –en este caso la nacionalidad waorani– si es del caso, recurran a la vía internacional y se consiga una sanción al Estado por incumplir sus obligaciones constitucionales, que incorporan varios instrumentos internacionales relacionados con los Derechos Humanos (parte activa del bloque constitucional por mandato de los artículos constitucionales 11.3 y 426).

En este reino del revés casi que no sorprendería que a la postre los tres jueces provinciales -Carlos Alfredo Medina Riofrio, Bolívar Enrique Torres Ortíz, Segundo Oswaldo Vimos Vimos- de la mencionada Corte, quienes deben tramitar la mencionadas apelaciones, terminen por priorizar el Decreto Ejecutivo 1247 –a todas luces inconstitucional– sobre la disposiciones de la carta magna, que en su artículo 424 establece la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra ley del ordenamiento jurídico del Estado; y, que en el artículo 425, fija un claro orden jerárquico de aplicación de las normas: la Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos…

Con este Decreto en la mano -sin siquiera haberlo cumplido a cabalidad- el Ministerio de Recursos dio paso a una consulta inconsulta que fue procesada como un simple trámito administrativo, es decir, apenas como una socialización de informaciones, lo que supone en palabras sencillas pero precisas: una tomadura de pelo. Tengamos presente que la inconstitucionalidad del mencionado decreto es inocultable. El 19 de julio de 2012, el presidente de la República, Rafael Correa, emitió el Decreto Ejecutivo 1247, que entró en vigor a través de la publicación en el Registro Oficial No. 759 del 2 de agosto de 2012. Dicho decreto reglamenta la ejecución de la consulta previa, libre e informada en los procesos de licitación y asignación de áreas y bloques hidrocarburíferos, la misma que sería aplicada en el marco de la XI Ronda Petrolera. Cabe señalar que el Decreto 1247 no acata todas las disposiciones establecidas en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y en los que hablan sobre los derechos de los pueblos indígenas. Tampoco se consideran en este Decreto 1247 las dispociones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sarayaku, vinculantes para el Estado ecuatoriano, emitidas en el mes de mayo del año 2012.

En su pobre papel, los abogados gubernamentales, a más de apuntalar su posición en base a ese incostitucional decreto, y como medida desesperada ante la falta de argumentos, pedían sanciones penales para dos de los testigos de la comunidad waorani por alguna declaración poco clara o quizás confusa, debida -tal como reconoció el intérprete judicial- a lo complejo que resulta traducir términos y conceptos inexistentes en la cultura waorani, en medio de un proceso de socialización llevado adelante por una persona que tenía 18 años cuando fue contratada como encargada de la oficina de consulta y que nunca fue debidamente capacitada, entre otros temas de gravitan en contra de la posición gubernamental.

Es mucho lo que se juega en este caso. Por un lado la vida misma de la nacionalidad waorani y su selva amenazadas por el extractivismo petrolero. Por otro lado está la posibilidad de construir – aunque lentamente luego de la metida de la mano en la justicia ejecutada por el correísmo – una justicia independiente y autónoma, como se estableció en Montescriti. También está en debate la necesidad de construir otra economía que garantice en simultáneo la justicia social y la justicia ecológica desde sus bases, superando la trampa perversa de los extractivismos. En este escenario se disputa, además, la misma democracia.

¿Podrán los jueces involucrados superar las sombras de un Estado colonial, racista y patriarcal? ¿Darán un paso para salir de esta maraña de contradicciones y empezar así a cristalizar la vigencia de la Constitución de Montecristi?  

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

 

Notas:

[1] A través de este link se puede escuchar la canción: https://www.youtube.com/watch?v=KlMQZsifcio  

[2] Sobre la sentencia de primera instancia se puede consultar el texto del autor: “ No Contaban Con Su Inteligencia : Las Waorani Dan La Vuelta Al Embudo De La Consulta” https://www.amazonfrontlines.org/chronicles/waorani-consulta-alberto-acosta/  

Por Alberto Acosta

Amazon Frontlines

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Colombia: “Se pretende legalizar el despojo realizado en nuestros territorios ancestrales

Servindi, 29 de mayo, 2019.- El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció que, a través de la modificación de la Ley 160 de 1994, conocido como la ley de tierras, “se pretende legalizar el despojo realizado en nuestros territorios ancestrales”.


Mediante un comunicado, la organización exhortó que con la creación de diversos procedimientos y figuras se convalida “la entrega mediante titulación de grandes extensiones de terrenos baldíos de la Nación a sujetos distintos a los de reforma agraria”.


Ello, según el CRIC, pese a que los predios “baldíos” son constitucionalmente imprescriptibles e inalienables.


Con dichos cambios, se estaría promoviendo la acumulación de baldíos y el acaparamiento de tierras. En cambio, los indígenas no conciben la figura de “baldíos” ya que para ellos se trata de sus territorios ancestrales.


Además, es el lugar donde desarrollan sus “prácticas culturales y ancestrales, nuestro sistema económico propio, donde ejercemos control para la protección y cuidado de todo lo que se encuentra en él”.


De acuerdo con el CRIC, mediante la modificación de la ley, hay un favorecimiento a las actividades extractivas ya que se quieren establecer disposiciones relacionados con asuntos del sector minero energético.


“Hemos insistido en que la política de Formalización y Acceso a Tierras debe ser realizada desde los pueblos indígenas, sectores sociales y populares del País, sin embargo es el gobierno nacional quien pretende establecer una “reforma agraria” que busca favorecer a unos pocos”, denuncia.


Por ello, a través de una acción de tutela, CRIC y otras organizaciones indígenas, buscan suspender el trámite del proyecto para luego solicitar su retiro por “haberse surtido violando los procedimientos establecidos para el proceso de consulta previa”.

31 mayo 2019 0

Publicado originalmente en servindi.org

 

Publicado enColombia
Una tribu ecuatoriana gana el juicio contra el Gobierno y salva miles de hectáreas en la Amazonia

Un tribunal determinó que el Ejecutivo ecuatoriano no realizó una consulta previa con los waorani sobre la posibilidad de subastar el bloque petrolero 22 de la provincia de Pastaza.
La tribu de los waorani que vive en la Amazonia —al noreste de Ecuador—, ganó el pasado 26 de abril un juicio contra varias compañías petroleras, salvando de esa manera más de 200.000 hectáreas de selva tropical de esa vasta región de América del Sur, informan medios locales.


Un tribunal local falló a favor de los waorani tras determinar que el Gobierno ecuatoriano no realizó en 2012 una consulta previa con ellos sobre la posibilidad de subastar el bloque petrolero 22 de la provincia de Pastaza, pese a que desde el Ejecutivo aseguraron que los indígenas dieron su consentimiento para permitir dicha actividad extractora.


Los waorani denunciaron presuntos fraudes por parte de las autoridades durante el proceso de negociación y declararon que no comprendieron del todo que los encuentros tuvieran como finalidad entregar su territorio ancestral.


Un 16% del terreno en cuestión contiene dieciséis comunidades de este pueblo amerindio. Tras el fallo, se ha paralizado indefinidamente la subasta de cualquier bloque extractivo en la zona hasta que no tenga lugar una consulta previa bajo los estándares internacionales.


"Queríamos que quedara claro que el Estado ecuatoriano siempre ha venido a nuestros territorios a engañar y manipular a cambio de explotación petrolera", dijo Oswando Nenquimo, portavoz de los waorani, subrayando que esta decisión judicial es un símbolo histórico de la lucha de sus reivindicaciones. "Le pedimos al Estado que nos deje vivir en nuestro territorio sano […] Nuestro territorio no está en venta, es parte de nuestra vida y cultura", aseveró Nenquimo.


No obstante, desde el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador anunciaron que apelarán el fallo alegando que en la consulta "se respetaron los derechos de los pueblos y nacionalidades".

17 may 2019 02:12 GMT

 

Publicado enMedio Ambiente
“Nuestra forma de ver la democracia es diferente”

La Minga convocada por los pueblos agrupados en el Cric, a la que en primera instancia se plegaron comunidades negras y campesinas, y luego otros pueblos indígenas para así ganar el carácter de Minga nacional, sorprendió al país; su masividad y prolongación, así como convicción, no dejaron duda. El contexto en el cual fue convocada deja interrogantes. Distintas voces nos explican su participación y lectura de este suceso.

 

Con la decisión que los caracteriza, los pueblos indígenas caucanos salieron a exigir derechos. Su demanda porta todo el sustento y legitimidad que cargan las causas justas, en este caso, acceso a la tierra y presupuesto para vida digna, temas acordados en protestas anteriores. Reclaman, increíble, que les cumplan con los compromisos contraídos por anteriores gobiernos tras múltiples protestas, negociaciones y acuerdos.

Su despliegue humano tomó forma el 10 de marzo de 2019 en territorio de Caldono, desde donde dieron plazo hasta el 12 de marzo para que el presidente Duque encarara un diálogo en territorio indígena. El rechazo presidencial obligó a los manifestantes a presionar para que el Gobierno tomara en serio la protesta. Es así como miles coparon la Vía Panamericana, cuyo bloqueo se sintió con intensidad en el Cauca y Nariño.

La Minga, prolongada por 27 días, fue duramente reprimida, pese a lo cual los pobladores de esta parte del país no perdieron el control de la vía, ni cejaron en sus reclamos, hasta lograr un compromiso oficial con lo demandado. Luego de cuatro semanas de acción y resistencia, de prolongadas negociaciones con el equipo gubernamental destinado para tal fin, levantaron el bloqueo de la vía, en constancia de buena fe, para que el presidente Duque llegara al sitio de las negociaciones y firmara los compromisos contraídos. Una maniobra del mismo –sí estoy pero no me quedo–, para evitar que sus fanáticos lo vieran en posible posición de sometimiento, impidió esta escena final.

Los indígenas, campesinos y comunidades negras se retiran del sitio, fatigados por la energía demandada por la extensa jornada de lucha, ilusionados con lo firmado, pero convencidos de que este Gobierno, igual que los anteriores, dilatará el cumplimiento de lo acordado. Otras jornadas de protesta, seguramente, tomarán forma antes de finalizar Duque su presidencia para obligar con ellas a la ejecución de lo firmado en este marzo-abril de 2019.

 

A propósito de esta coyuntura, desdeabajo entrevistó a distintos actores de la misma, aquí sus palabras:

 

desdeabajo (da). ¿Cómo presenta la Minga del suroccidente?
Giovanny Yule (GY)*. La Minga es el ejercicio colectivo del pensamiento, sabiduría, palabra y acción mediante la cual todos los pueblos indígenas del suroccidente colombiano, sectores campesinos y afros hemos hecho un ejercicio de protesta en el marco del artículo 37 de la Constitución Nacional, para afianzar nuestro planteamiento político hacia el Estado, el Gobierno, la opinión pública nacional e internacional, para exigir el respeto de nuestros derechos económicos sociales y culturales, logrados con tanta lucha.

da. ¿Cuál es la evaluación que hacen de la Minga con respecto a lo pretendido y lo alcanzado tras el diálogo con el gobierno nacional? (Ver recuadro, resumen de la Minga)
GY. Bueno de los tres objetivos que planteó la Minga podemos decir que logramos avanzar en diferentes aspectos, porque logramos abrir una conversa con la opinión nacional e internacional sobre los puntos fundamentales y políticos de la Minga, que tenían que ver con el tema de tierras y territorios, situación de derechos humanos y vida, el recrudecimiento del conflicto armado en los territorios, la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, el tema del reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, la necesidad de la implementación de los acuerdos de La Habana, entre otros.

Podemos decir, de manera puntual, que se presentó un buen avance con la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, en el cual para los pueblos indígenas estaban destinados 10 billones de pesos, pero que habían quedado en los anexos, y con la Minga estos recursos ya quedaron dentro del marco donde se definen los presupuestos, lo que nos da más confianza a todos los pueblos indígenas. De igual forma, logramos hacer un ejercicio con múltiples organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y populares del país que ayuda a seguir avanzando en la unidad, pues la Minga fue un referente que logró tejer y articular el movimiento social en Colombia.

Lo único que quedó pendiente fue el tema de la conversación con el presidente Iván Duque, que llegó al territorio y se negó a hablar con la Minga a causa del mensaje del Fiscal general, que se inventó una amenaza de atentado. Finalmente nosotros decidimos no participar en ese espacio propuesto por el Presidente, ya que nuestra forma de ver la democracia es diferente, y la asamblea es la máxima autoridad del territorio.

da. Uno de los temas y problemáticas más álgidas en el país es el de tierras, su despojo sufrido por los pobres y concentración en manos de terratenientes, entre los cuales dicen que ustedes lo son, pues “cuentan con mucha en todas partes del país”. ¿Cómo ven ustedes la respuesta del Gobierno que sostiene que no hay tierras para vender y tampoco recursos para comprar?
GY. Nosotros podemos manifestar con mucha claridad y transparencia que todo el departamento del Cauca tiene 3`084.000 mil hectáreas y de estas los territorios colectivos indígenas representan el 17 por ciento, es decir 544.000 mil hectáreas, pero de estas 344.000 mil son territorios de sitio sagrado, en donde están los páramos, humedales, ríos, bosques, de tal manera que el 70 por ciento de las tierras colectivas son territorios que los pueblos indígenas debemos cuidar y proteger para garantizar la vida humana. Las 200.000 mil hectáreas que quedan están en una pendiente de más de 30 grados y son semifértiles, lo que hace que cultivar en ellas sea muy difícil. Además, no se puede dejar pasar que en la actualidad hay regiones –como toda la cuenca del rio Cauca– que son aptas para cultivar y se están utilizando más de 254.000 mil hectáreas para la agroindustria cañera, la cual está concentrada en las manos de apenas 5 familias. O sea, mientras 5 familias usufructúan más de 250.000 mil hectáreas, en los territorios indígenas estamos 70.000 mil familias en 200.000 mil hectáreas, lo que demuestra que no es cierto que nosotros seamos los terratenientes.

da. Entendiendo que la fuerza demostrada por el Cric en esta coyuntura los sitúa como uno de los movimientos sociales más importantes del país, ¿Cómo proyectan la coyuntura para los próximos años, para hacer cumplir todas las demás agendas que estaban articuladas en la Minga?
GY. Nosotros pensamos que nos corresponde a todo el movimiento social y popular de Colombia encontrarnos y hacer una Minga a cuatro años, en donde el ejercicio nos lleve a la reflexión de la movilización, de la palabra, del pensamiento, de la sabiduría, la imaginación en el marco del derecho universal de la protesta social. Esa Minga nos va a permitir avanzar en la posibilidad de construir la unidad en el marco de sacar nuestras plataformas políticas con las cuales hemos venido actuando desde las diferentes estructuras sociales del país. En ese sentido es muy importante convocarla, al igual que participar y respaldar las diferentes actividades proyectadas para estos días –como el paro del 25 de abril–, pero es necesario convocar una gran cumbre de regiones y allí consolidar una agenda, una ruta y una estrategia para movilizarnos en los cuatro años del gobierno de Iván Duque y el partido Centro Democrático.

* Giovanny Yule, es dinamizador político del sistema de gobierno propio del Cric.

 


 

 

 

Breve contexto de la situación de los pueblos indígenas del Tolima

 

desdeabajo (da). ¿Cómo tomaron la decisión de participar en la Minga Nacional?
Madeleine Olivero Tovar (MOT)*. Ante las constantes promesas y promesas, los pueblos indígenas nos cansamos y por eso volvimos a salir en Minga. En el año 2017 habíamos hecho una Minga en Saldaña, de la cual quedaron unos compromisos en cuanto a salud, educación, saneamiento básico, vivienda digna y otros aspectos que a la fecha no se han cumplido. Como movimiento indígena, en general, llevamos más de 1.136 acuerdos incumplidos, y por esto salimos nuevamente.

da. ¿En qué consistió su participación?
MOT. Salimos más de mil personas de diferentes pueblos, entre esos nosotros como Pijaos, y también los pueblos Nasa, al municipio de Natagaima, para exigir el cumplimiento de los acuerdos y específicamente velar por el cumplimiento del decreto 1953 que tiene que ver con la administración de nuestros propios recursos.

da. ¿Cuáles son los logros de esta jornada?
MOT. Logramos llegar a unos acuerdos concretos en temas de educación propia, deportes tradicionales, agricultura y otros temas que ayudan al fortalecimiento como pueblos.

da. ¿Cuáles son los principales conflictos que están viviendo en la actualidad los pueblos indígenas que habitan el departamento del Tolima?
MOT. Las multinacionales son la principal amenaza que tenemos como pueblos en regiones como Ortega y Purificación, porque afectan directamente nuestra pervivencia en los territorios. Este gobierno esta apuntando a que entren más proyectos mineros y ni siquiera nos están teniendo en cuenta el derecho a las consultas previas. Además, hay regiones como Ortega donde se han vivido más de 50 años de explotación de crudo y en este momento están cerrando bloques para abrir 86 nuevos pozos de explotación. Asimismo, se están desviando ríos para brindarle agua a las arroceras. Entonces, lo que vemos que están haciendo es prácticamente un proyecto de exterminio contra los pueblos indígenas, pero nosotros seguimos defendiendo el territorio y la vida. Otro de los problemas que tenemos es la politiquería, porque algunas de las autoridades indígenas se están acompañando con politiqueros de la región, y eso afecta nuestro proceso de lucha como pueblo.

* Gobernadora indígena del pueblo Pijao de Ortega–Tolima.

 


 

Participación en la Minga de los pueblos Pastos y Quillacingas



desdeabajo (da). ¿Qué entienden por Minga desde los pueblos Pastos y Quillacingas?
Jesús Fabian Trejo (JFT)*. Hablar de Minga, para nosotros, es hablar no solo de una fuerza colectiva, sino de toda una historia a lo largo de los años, pues la Minga ha sido nuestro espacio para poder adelantar trabajos del orden comunitario, pero también de pensamiento y de resistencia, que son las que tuvimos en estos últimos días. Entonces, para nosotros la Minga es esa fuerza que podemos unir de manera colectiva para adelantar cualquier tipo de trabajo.
da. En los ejercicios de los pueblos indígenas, en general, pueden verse niños, jóvenes, adultos y mayores, ¿Por qué es importante que participe toda la comunidad?
JFT. Pues bajo el entendido que le decía, para nosotros la Minga es el tema de unir toda la fuerza colectiva, pues es necesario también esa visión desde las diferentes generaciones que existen, porque no va a ser lo mismo la visión de un mayor a la de un adulto, a la de una mujer, o de un niño o un joven, porque cada quien va a tener un punto de vista, y por esto es importante convocar a todos nuestros grupos sociales, para estar unidos en Minga; eso siempre ha sido así bajo nuestros usos y costumbres.

da. ¿Cuál es la valoración que tienen de la Minga del Cauca?
JFT. Cada pueblo tiene su propia historia, sus propias realidades y consideraciones. Nosotros valoramos y respetamos muchísimo el ejercicio de los hermanos del Cauca, de hecho nos manifestamos haciendo una marcha en solidaridad con la Minga que ellos venían adelantando. Entonces, nosotros no tenemos otra visión frente a la Minga del Cauca que la del respeto y la del apoyo.

da. ¿Cuáles fueron las reivindicaciones planteadas desde los pueblos Pastos y Quillacingas?
JFT. Podemos decir que llevamos una ventaja frente al resto de organizaciones y pueblos indígenas del país, porque cuando nosotros tuvimos el paro en el año 2013, logramos concertar con el gobierno nacional la creación, mediante decreto, de lo que hoy se llama la Mesa Regional Permanente de Concertación Pastos y Quillacingas, a través de la cual nosotros tenemos la fuerza legal del derecho para poder sentar al gobierno nacional –y también nosotros como gobierno indígena– para poder hablar de cualquier tema. Esa es nuestra gran ventaja para que hoy se nos acorten los caminos para poder hablar con el gobierno nacional.

da. ¿Cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron con este gobierno?
JFT. Lo más importante para nosotros era la reactivación de la mesa como tal, pues ahí nos vamos a poder seguir sentando para hablar los otros temas. En lo puntual, concertamos con el gobierno nacional la inclusión del Conpes 3811, que en materia agropecuaria es el documento más destacado –que también fue algo pactado en el año 2013 y 2014–, pero que en el anterior gobierno se cumplió en una mínima parte y hoy este gobierno ha decidido incluirlo en el Plan Nacional de Desarrollo, pasando de ser una política de gobierno a ser una política de Estado, y esto nosotros lo destacamos.

Ya en lo que corresponde al tema de desarrollo integral, entendiéndolo como salud, educación, vías, infraestructura, medio ambiente, justicia propia, entre otros, logramos pactar una agenda bajo la cual nos vamos a seguir reuniendo para abordar tema por tema en diferentes sesiones, donde se llegue a iniciativas, proyectos y medidas de implementación.

da. ¿Cuáles son las luchas que proyectan para los próximos años?
JFT. Nosotros tenemos claro, hoy por hoy, que somos una minoría, y de echo así lo hemos sido a lo largo de la historia. A nosotros no nos queda otra que la de validar los espacios de concertación y diálogo con el gobierno que hoy tenemos, de no ser así, sabemos que el camino será siempre la resistencia en las vías y las calles a través de la protesta, las Mingas, los paros, pero también es una lucha política por tratar de ganar nuevos espacios a nivel nacional, departamental, municipal, y de esa manera hacer más fácil nuestra presencia en lo que es gobierno y lo que es Estado.

* Gobernador del resguardo indígena de Ipiales, y coordinador de la mesa regional de concertación Pastos y Quillacingas.


 

Participación del campesinado en la Minga

 

desdeabajo (da). ¿Cuáles eran las reivindicaciones de los sectores campesinos en esta Minga?
Marylen Serna (MS)*. Desde un principio dijimos que esta era una movilización política más que reivindicativa, sin embargo, en el componente reivindicativo se logró abordar y negociar, llegando a un acuerdo que sobre todo tiene que ver con la posibilidad del acceso a la tierra, fortalecimiento de la economía campesina a través de procesos de producción y comercialización, mejoramiento y construcción de vivienda y algunos temas de garantías en derechos humanos. Las cosas que teníamos planteadas para el diálogo político, que finalmente no se logra con Iván Duque, era la posibilidad de abrir un capitulo para el campesinado en el Plan Nacional de Desarrollo, y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos; sin embargo, aún seguimos esperando ese diálogo político con el presidente.

da. En medio de la Minga, grupos armados realizaron un despliegue ofensivo militar, ¿Cómo creen que esto va a afectar a las organizaciones que habitan los territorios?
MS. Hemos sido muy claros en las organizaciones de manifestar que la Minga fue una acción autónoma, deslindada de los grupos armados. La Minga que hicimos representa las necesidades y exigencias de las comunidades, por esto siempre hemos dejado la claridad que detrás de nosotros no hay ningún actor armado. Sin embargo, la gran dificultad es que el Estado relaciona toda esta presencia de grupos armados alrededor de la movilización para profundizar la estigmatización y el señalamiento sobre la Minga, lo cual puede tener implicaciones graves sobre la vida, la integridad y la libertad de los voceros, líderes y lideresas de este movimiento, pero nosotros tenemos mucha tranquilidad porque nos movilizamos a partir de la orientación de nuestras organizaciones y comunidades, más no del querer de los actores armados.

da. Este ejercicio de Minga abre la discusión sobre la concentración de la tierra, ¿Creen que a partir de esto puede reabrirse el debate de una reforma agraria integral para Colombia?
MS. Lo que se presentó fue una distorsión muy grande sobre el tema de la tenencia de la tierra, y nosotros no logramos romper ese cerco mediático alrededor del discurso que los indígenas quieren toda la tierra para ellos; nos faltó muchísima posibilidad de plantear las cifras reales alrededor del tema de la tenencia de la tierra. Este tema, así como polarizó, permanece como un tema central para el país, por lo cual es necesario abrir el debate sobre los orígenes del conflicto armado, la cantidad de tierra acumulada por pocas familias y la realidad de una inmensa cantidad de familias que no tienen tierra para subsistir.

* Vocera del Congreso de los Pueblos, integrante del movimiento de mujeres por la vida del municipio de Cajibio.


 

¿Tiempo de reinventar el quehacer?

 

Las entrevistas aquí expuestas, además de dejar ver las múltiples participaciones y valoraciones de la Minga, nos muestran un estado actual del movimiento social en Colombia que genera algunos interrogantes que es necesario abordar: ¿Las movilizaciones tienen el fin de encontrarse y dialogar con un gobierno, que desde siempre se ha entendido como uno que va contra los sectores populares? ¿Realmente la lucha contra el Plan Nacional de Desarrollo es por ser incluidos y quedar en algún capítulo del mismo? ¿Con el proceder actual no se está reproduciendo la práctica de cada quien por lo suyo? ¿Cómo generar el encuentro entre las diferentes agendas de los movimientos sociales para hacerlas cumplir en conjunto?

Todas las múltiples realidades expresan pistas para un quehacer en conjunto, que, para avanzar en ello, seguramente lo primero por hacer es empezar a entender que la mayoría nacional –organizada o no– sufre las mismas necesidades, que lo obtenido por su trabajo o labor no alcanza para tener vida digna –salud, educación, vivienda, trabajo, entre otras–. Entonces, ¿acaso no necesitamos crear un proyecto de sociedad propia que no dependa totalmente del institucionalismo y el gobierno de turno? ¿No sería mejor cuestionar este modelo de democracia formal como un todo y abocarse por construir un referente político, cultural y social que vaya más allá de la misma, que cuente con sus propios ritmos y agendas? Sin duda, lo que tenemos ante nosotros es el reto de reinventar la política mucho más allá del Estado. Las vivencias, imaginarios y capacidades de los movimientos sociales permiten que nos propongamos un trazado total de vida propia, de autogobierno, para lo cual debemos potenciar una economía también propia, que rompa los referentes del capital, y desde ella podamos brindar autonomía y seguridad en todos los planos para los marginados de siempre.

 


 

Recuadro:


Resumen de la Minga

 

“Los tres objetivos fundamentales de esta Minga eran: primero, fortalecer la unidad de todos los pueblos indígenas, sectores sociales y populares del Cauca, el suroccidente y el país, para seguir construyendo una perspectiva y acción donde todos y todas podamos vivir en el marco de una convivencia en equilibrio y armonía, con el respeto de nuestras diferencias interculturales y pluriculturales, para avanzar en el paradigma del buen vivir de la nación. El segundo objetivo era hacer una conversación, un debate, con el Presidente de la República y la ciudadanía nacional, para manifestar nuestra inconformidad frente a las estrategias legislativas que van en retroceso de los derechos fundamentales de los pueblos y que hoy están corriendo en el Congreso de la República. El tercer objetivo era la exigencia de nuestros derechos económicos, sociales y culturales, que tiene que ver con las inversiones de los recursos en nuestros territorios indígenas, afros y campesinos, en el marco de los acuerdos que de manera sistemática han incumplido los gobiernos nacionales.


La palabra de la Minga se desarrolló sobre esos tres objetivos durante 28 días. Y en ella participamos directamente el movimiento indígena de Caldas –Cridec–, el movimiento indígena del Huila –Crihu–, el movimiento indígena del Cauca –Cric– y los sectores campesinos representados en Cna-Cima, Marcha Patriótica y Fensuagro. El corazón de la Minga se ubicó en el Pital, que es un corregimiento del municipio de Caldono, cerca de la Panamericana. El 12 de marzo, ante la negativa del presidente de ir a dialogar con la Minga, salimos más de 20 mil mingueras y mingueros, que estábamos concentrados desde el 10 y nos ubicamos en distintas partes del suroccidente colombiano; luego empezaron a llegar otros departamentos como Valle, Chocó, Antioquia, Nariño, Caquetá. Vale la pena decir que otros sectores sociales, como estudiantes, sindicatos, centrales obreras y ciudadanía en general, se unió a este ejercicio y apoyaron con remesas y visibilizando lo que iniciamos desde el sur occidente.


A los quince días del taponamiento de la vía Panamericana se inició una conversación y debate con la comisión del gobierno nacional, que tuvo al frente a la Ministra del Interior. Sin embargo, en los primeros cinco días de negociación no se pudo avanzar en nada, porque se presentaban atropellos de la fuerza pública –Esmad, ejército y policía– contra la Minga, dejando un saldo de más de 50 heridos y un compañero muerto, asesinado. Finalmente se logró llegar a un acuerdo con el gobierno nacional, donde se dejaron claras unas inversiones para el movimiento indígena y campesino. De igual manera, un acuerdo de un mecanismo o decreto para los compañeros afros. Al mismo tiempo, los mingueros y mingueras se levantaron de la vía para que el Presidente se dirigiera a tener el diálogo con la Minga, propósito que finalmente no se logró”.

 

Giovanny Yule

Publicado enEdición Nº256
De la Minga del Cauca a la Minga Nacional

El 27 de marzo, luego de 18 días de desarrollo de la “Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz” con epicentro en el departamento del Cauca y el suroccidente del país, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), acompañada por múltiples organizaciones del país realizó un llamamiento a la “Minga Nacional por la defensa de la vida, los territorios y la paz”, ¿Cuáles son las implicaciones de este nuevo ejercicio a nivel nacional? ¿Logrará dar un aire a la Minga del suroccidente? ¿Qué pasará con el paro nacional previsto para el 25 de abril?


Tras más de 18 días de Minga ininterrumpida y más de 15 días del cierre de la vía Panamericana por parte de no menos de quince mil personas, el levantamiento social liderado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric)* tiene un balance confuso y un desenlace difícil de prever.


En territorio es evidente la potencia de las comunidades a la hora de movilizarse; sorprende, asimismo, que sin una agenda preparada con encuentros previos que llamarán a múltiples sectores a discutir y así lograr una preparación de la movilización con visión integral y de largo plazo, la Minga avance con un escalonamiento de lo regional a lo nacional, que con el llamamiento de la Onic es inocultable. Sin embargo, aún no se alcanza a ver un cuerpo social y político que jaquee al gobierno de Duque, pues muchos sectores –incluidos los indígenas– tenían previsto un paro nacional para el 25 de abril (ver recuadro), lo que genera que la potencia de la Minga tenga límites y no aglutine a toda los movimientos sociales, menos al llamado país nacional, pues las razones de la movilización, sus objetivos y métodos aún no permean al conjunto del país.


Breve balance de la Minga hasta el momento


El ambiente en el departamento del Cauca cada día se caldea más, producto de la parálisis de la vía Panamericana, lo que genera conflictos con los sectores económicos de la región que días atrás –25 de marzo– se reunieron con el Centro Democrático y abrieron discusiones en torno a la “concentración de tierras por parte de los indígenas” así como sobre “la protección de la propiedad privada”, discusión que seria llevada al Congreso de la República para ser sustentada por la bancada uribista, que no ahorró palabras para asegurar que la Minga “está infiltrada por actores al margen de la ley”, estigmatizando, deslegitimando y criminalizando a los indígenas y campesinos que están movilizados.


Alzamiento indígena que reclama negociación directa con el jefe de Estado, la que al ser negada ha llevado la negociación a un callejón sin salida que no permite prever un desenlace próximo. Puja entre fuerzas sociales y el poder tradicional que domina en el país, que se ve atravesado por la confrontación directa entre quienes bloquean el paso normal de vehículos y las fuerzas armadas del establecimiento, con un saldo hasta ahora de decenas de heridos y no menos de 8 muertos. Como siempre, los reclamantes son los que sufren la mayoría de víctimas. Alrededor de esta confrontación, una ofensiva insurgente encabezada por fracciones de las Farc rearmada turbia el panorama de la región, en especial en los municipios de Caloto, Toribio, Santander de Quilichao, Miranda y Morales.


Tras siete días de negociación y tras la suspensión de la mesa por la retención de un militar infiltrado en las protestas, e identificado como tal por la guardia indígena –que posteriormente sería entregado en perfecto estado de salud–, no se ha logrado llegar a un acuerdo, pues ante la exigencia del cumplimiento de los más de 1.500 acuerdos incumplidos por parte del Estado con los pueblos indígenas y los campesinos del Cauca –que implican erogaciones por cerca de 4,5 billones de pesos–, el establecimiento se mantiene en la posición de no negociar más allá de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, donde estipulan 10 billones de pesos para los indígenas del país: así mismo, en cuestión de tierras, la Minga exige alrededor de 40 mil hectáreas mientras que el gobierno apenas ofrece 1.500.

Una confrontación de fuerzas reafirmada por parte del establecimiento el 28 de marzo, a través de una alocución presidencial, en la cual Duque reafirmó lo exigido hasta ahora para integrarse a la mesa de negociación: hasta que no desbloquen la vía no se trasladará al Cauca. La respuesta de los indígenas no tardó en llegar, y anunció la decisión de diversidad de pueblos indígenas de empezar de inmediato una Minga nacional: pueblos indígenas Pastos, Quillacingas, Ingas Kamentsa, Pijaos y otros empezaron de inmediato a movilizarse.


Llamamiento a la Minga Nacional propuesta por la Onic


En Bogotá, un día antes de la alocución presidencial, y como parte de la presión indígena para el buen desenlace de este conflicto, el 27 de marzo, la Organización Nacional Indígena de Colombia en rueda de prensa hizo el llamamiento a la “Minga Nacional por la defensa de la vida, los territorios y la paz”, llamamiento que invita a impulsar lazos de unidad entre todos los pueblos indígenas, así como a diversos sectores como afrodescendientes, campesinos, sectores populares, ambientalistas, estudiantes, para defender la vida.


Para sustentar su llamado, dirigentes de la Onic realizaron un ligero diagnóstico de contexto político indicando que estamos atravesando por una crisis consecuencia de la agudización del “modelo económico, social y político que continúa y acrecienta la acumulación de riqueza en pocas manos y aumenta la brecha de la desigualdad social”, producto del ascenso de la derecha en la región y en el país, que implican la gestación de guerras para despojar los territorios, violando derechos humanos y atacando las autonomías de los pueblos.


Frente al análisis de nuestro país y el gobierno de Duque, evidencian que hay un alto índice de líderes y lideresas asesinados/as en Colombia con un total de 584 casos entre el 1 de enero de 2016 y el 9 de febrero de 2019, de los cuales más del 50 por ciento pertenecen a pueblos indígenas y afrodescendientes. Cuestionan, de igual manera, el modelo del gobierno actual por su ataque directo a la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP–, el rompimiento de diálogo con la insurgencia del Eln, el desconocimiento de los escenarios de dialogo pactados por el Estado con el movimiento social, la militarización de la vida, el impulso de un plan de desarrollo que atenta contra los derechos de salud, trabajo, educación, así como la intensificación del modelo extractivista que destruye los páramos, ríos, boques, vida y existencia de los pueblos.


Ante esto proponen juntar esfuerzos, unir luchas y actuar conjuntamente para “defender la vida, los territorios, la autonomía, el agua, los derechos humanos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, las garantías democráticas”, impulsando una Minga Nacional (movilización) de carácter político para confrontar al gobierno en el mes de marzo, confluyendo en el mes de abril en el Refugio Humanitario.


Estos son los temas propuestos por la Minga Nacional:


• Defensa de la vida, la paz y los derechos humanos.
• Defensa de los territorios para la vida.
• Defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
• Acuerdos incumplidos con el movimiento social colombiano.
• Posicionamiento político y exigibilidad frente Plan de Desarrollo 2018-2022.


Esta propuesta de Minga Nacional trae algunas preguntas para analizar: si el conjunto del movimiento social colombiano se adhiere a este llamado, como coyuntura óptima para impulsar los reivindicado por los indígenas y hacer cumplir las propias, ¿Hasta dónde están dispuestas a llegar las organizaciones indígenas para hacer cumplir todas las exigencias de los demás sectores? ¿Cuál va a ser el escenario de coordinación de esta Minga Nacional? Si lo que se desea es consolidar la unidad. ¿por qué no se ha propuesto un escenario de encuentro que aglutine al conjunto del movimiento social para escuchar de una manera horizontal todas las propuestas y agendas existentes? Al impulsar la Minga Nacional ¿seguirá siendo el Cauca el epicentro de negociación con el gobierno nacional? De ser así ¿esto implicaría que la mesa del Cauca debe cerrarse y por tanto abrir una nueva con negociadores de todos los sectores?


Retos y proyecciones para el conjunto del movimiento social


Aunque estos impulsos de movilización, gestados desde los pueblos indígenas deben ser valorados y apoyados por el conjunto del movimiento social, es necesario que se profundicen las discusiones y debates al interior de estas propuestas pues con más organización y coordinación seguramente este momento estaría posibilitando el encuentro de todas las inconformidades y movilizaciones en una sola agenda, superando así la persistente dispersión que la caracteriza.


En esta lógica, de dispersión y ausencia de coordinación efectiva, hay que ganar consciencia que las luchas parciales, cada una por su lado, no lograrán el o los propósitos que las animan. Una plataforma social común en lo nacional, con funcionamiento simultáneo por diversas regiones del país, es un reto indispensable de encarar, donde el afán de protagonismo, las urgencias particulares, las prioridades políticas, etcétera, den paso a una reflexión y accionar común, con un plan de gobierno alternativo que le evidencia al conjunto nacional que sí existe otra forma de vivir, de construir economía, realizado desde las mayorías y con beneficio para el conjunto social.


Posdata. La paradoja caucana


Vale la pena decir que lo problematizado en el artículo Minga indígena y popular. Retos y aprendizajes: El sur occidente colombiano intenta poner freno al gobierno de Duque, ¿Lograrán sus objetivos?, donde se cuestionaban diferentes aspectos de la realidad de los movimientos sociales en Colombia, entre ellas su perspectiva y valoración del poder en la política actual, queda reflejada con la actitud de la dirigencia del Cric en cabeza del hoy senador Feliciano Valencia, quien se negó a brindar información a nuestro medio sosteniendo que: “si quieren información vayan al Cauca”. De igual manera, ha sido imposible encontrar alguna entrevista con consejeros que se encuentran en la Minga.


Actitud que refleja, o su prepotencia o su errada valoración de los medios de comunicación alternativos, actitud explicativa de la dificultad reinante en el movimiento indígena para construir con ellos agendas comunicativas comunes, como lo ha propuesto nuestros medio desde años atrás.


Actitud displicente con medios alternativos que cambia de manera sustancial al tratarse de las plataformas oficialistas (Caracol, RCN, El Tiempo, El Espectador, Semana), en las cuales identifican al poder real. Pareciera ser que los medios populares solo son útiles para que cubran espacios y agendas a las cuales no concurren los medios oficiosos. Vaya paradoja y vaya sentido de la comunicación.


Toda una paradoja caucana, pues desde el Cric siempre se escucha el malestar por la desinformación que generan los medios del establecimiento, los cuales tergiversan información y mienten ante la realidad, pese a lo cual siempre son privilegiados para entregarle información.

Notas


*A la que se sumaron de inmediato los indígenas agrupados en el Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), Consejo Regional Indígena del Huila (Crihu), Organización Indígena de Antioquia (OIA), así como los campesinos del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc), el Coordinador Nacional Agrario (CNA), Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima) y distintas organizaciones sociales, ambientales y populares de esta parte del país.

Ver artículo en: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36420-minga-indigena-y-popular-retos-y-aprendizajes-el-sur-occidente-colombiano-intenta-poner-freno-al-gobierno-de-duque-lograran-sus-objetivos.html


Fuentes consultadas


https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2884-llamamiento-minga


https://www.onic.org.co/minga/2879-organizaciones-sociales-defensoras-de-los-derechos-humanos-academicos-democratas-humanistas-y-lideres-politicos-exigen-al-presidente-de-colombia-ivan-duque-marquez


https://www.youtube.com/watch?v=zK7xaIOLd8A


https://www.semana.com/nacion/articulo/cauca-cinco-atentados-en-menos-de-12-horas/606941


https://www.semana.com/nacion/articulo/cinco-puntos-por-los-cuales-se-hace-tan-complejo-que-haya-humo-blanco-en-el-cauca/606965

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/430950-indigenas-del-tolima-se-unen-a-minga-nacional-de-reclamacion?fbclid=IwAR3DhpKjchuUqbJYUIDtfJI-WjeBPV6gbPt8mTWqCYkTQifp05WK9nuNFMg

https://www.semana.com/nacion/articulo/la-minga-no-se-rinde-ahora-convocan-a-los-indigenas-de-todo-el-pais-para-que-se-unan-al-paro/607041


 Recuadro


Entrevista a Jimmy Alexander Moreno, vocero Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular.

El movimiento social y la Minga.

desdeabajo (da). Los días 9 y 10 de febrero, se realizó en la ciudad de Bogotá el Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas, el cual concluyó con el llamdo a la realización de un paro nacional para el 25 de abril, ¿qué fuerza podrá tener este paro nacional si el movimiento indígena encabezado por el Cric dio un impulso de movilización un mes antes de lo previsto?


Jimmy Moreno (JM). Bueno, ese escenario lo hemos venido valorando, entendiendo la fuerza generada por el proceso de la Minga por la defensa de la vida y el territorio. Entonces, lo que hemos acordado es que estamos en una dinámica en la cual se ha venido avanzando sobre el marco de movilizaciones que están convergiendo sobre una apuesta de país, en donde hemos definido unas líneas temáticas como la defensa de la vida, garantías a los derechos humanos, cumplimiento de los acuerdos incumplidos por parte del Gobierno, en contra el Plan Nacional de Desarrollo, entre otros temas que estamos agitando en todos los procesos de movilización.


Entonces, sobre ese marco, el escenario de paro camina con base en las acciones que definimos a principios de marzo y que tendrá un primer momento de articulación nacional hacia el 25 de abril, entendiendo que muchos procesos entrarían en un momento de desgaste, pero vendrían otros procesos que se suman, por ejemplo están los demás procesos de la Cumbre Agraria, el movimiento sindical, dignidades agropecuarias, entre otros, que estamos apostándole hacia ese marco del 25 de abril para hacer una acción nacional que hemos llamado “Refugio Humanitario”.


da. ¿Quiere decir que en el marco de la Minga Nacional el movimiento campesino no saldría con toda su fuerza?


JM. Lo que hemos conversado con los indígenas es que vamos a acompañar y nos solidarizamos con el escenario de Minga, y si hay posibilidades en algunas regiones de sumarnos pues no nos negamos a eso, pero nosotros tenemos el impulso para continuar en ese ejercicio de movilización hacia finales de abril, para llevar ese escalonamiento de las jornadas de movilización. Sobre esa base vamos moviéndonos, aunque vamos haciendo lecturas conjuntas de acuerdo a como avance la coyuntura y todo el escenario de movilización.


da. En los puntos que plantea la Minga se articulan múltiples agendas, por ejemplo, puede verse desde exigencias por la implementación del acuerdo con las Farc hasta la exigencia por el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, ¿Hasta donde creen está dispuesto a llegar el movimiento indígena para hacer cumplir las reivindicaciones de los otros sectores?


JM. Bueno, eso es un poco lo que le planteaba, es decir, tenemos una agenda de país en la cual todos estamos de acuerdo, pero por distintas visiones políticas, distintas apuestas, no logramos encontrar un escenario de movilización, pero entendemos que todos compartimos casi que los mismos criterios políticos. Entonces, sobre esa base creemos que es importante recoger todos esos escenarios y hemos visto que el Cric y la Onic siempre han estado abiertos a invitar a que el movimiento social acompañe sus movilizaciones y, por ejemplo, esta vez en el suroccidente del país están movilizados el Congreso de los pueblos-CNA, Marcha Patriótica, Fensuagro, Pupsoc y otros movimientos campesinos que se han articulado a esa agenda del movimiento indígena, lo que favorece el fortalecimiento de la movilización y de la misma estructura de unidad. Entonces, sobre esa base estamos mirando el escenario nacional, cómo convergemos en líneas políticas, pero entendiendo que la movilización va a ser escalonada.

da. Teniendo en cuenta la lógica de incumplimientos a los acuerdos firmados con organizaciones y con la misma implementación de los acuerdos con las Farc, el conjunto del movimiento social se encuentra en un espiral de negociación-movilización-incumplimiento-movilización-renegociación, ¿cómo se puede negociar de una manera diferente con este Gobierno, sin volver a caer en lo mismo?


JM. Digamos que los acuerdos que se han firmado desde el movimiento estudiantil, sindicatos, Cumbre Agraria, movimiento indígena, afros, camioneros, entre otros sectores, son valorados como algo no valido por parte del gobierno Duque; entonces, sobre esa base creemos que es a través de la movilización permanente con las cuales podremos obligar al Gobierno a que cumpla lo acordado.


Por ejemplo, con la Cumbre Agraria tuvimos un primer escenario de sentarnos con la ministra del Interior, e hicimos una agenda para volver al escenario de negociación en la Mesa Única Nacional, pero no podemos volver a caer en esa discusión técnica, sino que entendemos que debemos dar una discusión más de fondo y más política, pero es a través de la calle y la organización social que podemos avanzar en esos procesos de negociación.


No vemos otra forma de realizar lo acordado; el gobierno ha mostrado poca voluntad y además a mostrado su talante guerrerista, entonces estigmatiza, criminaliza la protesta, da un tratamiento militar a la movilización. Ante esta realidad es que nosotros decidimos fortalecer nuestros procesos organizativos, fortalecer la movilización social permanente, y también generar mecanismos de autoprotección, por lo cual avanzamos en los temas de guardias campesinas, indígenas y cimarronas, como mecanismo de protección y defensa de los territorios.


Pero también hacemos una reflexión: que si bien desde lo político y lo reivindicativo tenemos unas agendas y mecanismos de negociación con el gobierno, nuestra apuesta, desde nuestra visión de poder, va mucho más allá. Entonces, sobre esa base, estamos reflexionando en cómo avanzar en el fortalecimiento de nuestros gobiernos propios en los territorios y así consolidar nuestra propuesta de país desde nuestras visiones, que van más allá de seguir en el ciclo de movilización y generar negociaciones.

 

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