La vuelta de Henrique Capriles sacude a la oposición venezolana

Mientras Guaidó pierde terreno, el ex candidato presidencial apuesta a las legislativas

El mapa opositor se modifica a tres meses de unas elecciones que serán clave en varios sentidos. Los indultos de Maduro no cambiaron la postura de Washington. 

 

Desde Caracas.Ya ni Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, parece capaz de salvar a Juan Guaidó. El opositor venezolano que fue portada de revistas y periódicos, invitado a la Casa Blanca, está siendo desplazado por un antiguo dirigente de la política venezolana: Henrique Capriles, quien fue candidato presidencial contra Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El resurgimiento de Capriles estaba preanunciado. El dirigente, alejado del centro de atención mediática, venía sosteniendo que la “ficción de gobierno” de Guaidó era insostenible, en particular debido al próximo escenario de elecciones de la Asamblea Nacional que implicará una renovación del poder legislativo.

Su regreso al centro de la escena se dio en cuatro pasos. En primer lugar, con su rechazo público al proceso de unidad planteado por Guaidó. En segundo lugar, con el reconocimiento del indulto otorgado por Maduro a 110 opositores venezolanos como un paso importante, a diferencia de dirigentes de la oposición que cuestionaron la medida.

Indultos

En tercer lugar, porque al día siguiente de los indultos trascendió la información que Capriles habría mantenido un contacto con el canciller de Turquía, Mevlut Cavusoglu, como parte de los esfuerzos de diálogos. El diplomático había estado en Caracas en agosto, luego de su paso por República Dominicana para la toma de posesión del presidente Luis Abinader, a la que asistió Pompeo.

En cuarto lugar, Capriles anunció el miércoles su decisión de dar la disputa en las elecciones legislativas: “no le vamos a regalar a Nicolás Maduro la Asamblea Nacional”, afirmó. Su postura de indefinición acerca del 6 de diciembre quedó así resuelta: apostará a la elección, alejándose de la línea abstencionista.

No es el único en haber dado ese giro. Stalin González, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, que también habría hablado con Cavusoglu, anunció su alejamiento del partido por no compartir la estrategia de no participar en las elecciones.

Esa migración política de la abstención al bloque de quienes participarán era predecible: Guaidó, acusado de acaparar política y recursos -con sonados casos de corrupción- no ha ofrecido nada nuevo en medio de su agotamiento, y Estados Unidos, que llama a la oposición a mantenerse tras de su figura, tampoco aportó ningún elemento novedoso más que anuncios de nuevas sanciones económicas.

En cuanto a las voces abstencionistas alejadas de Guaidó, tampoco tienen mucho eco. María Corina Machado, por ejemplo, quien plantea que es necesaria una “operación internacional de paz y estabilización” en el país, fue descalificada por Elliot Abrams, encargado de Estados Unidos para Venezuela, quien calificó su postura como de “realismo mágico”.

El mapa de la oposición venezolana se modifica así a tres meses de unas elecciones que serán clave en varios sentidos. Por un lado, para lograr que una parte mayoritaria de la oposición regrese al camino electoral, lo cual significa una ruptura con la estrategia de Washington. Por otro lado, para que exista un reconocimiento internacional de la contienda, del poder legislativo que emerja de los resultados, y de las elecciones a alcaldes y gobernadores que seguirán.

De cara al reconocimiento internacional, el gobierno venezolano envió una carta-invitación a la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas para participar como observadores y acompañantes electorales en las elecciones. El indulto presidencial fue bien recibido, por ejemplo por Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores Europeos, por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas y por el canciller argentino Felipe Solá.

La postura estadounidense se mantiene: Washington no reconoce las elecciones del 6 de diciembre, llama a mantenerse tras Guaidó, y amenaza con nuevas sanciones económicas, entre las cuales podría estar el fin de las exenciones petroleras, que afectarían a Venezuela en su capacidad de abastecerse de diésel, combustible esencial para, entre otras cosas, el transporte por tierra de mercancías y personas.

¿Terminará Washington por soltar a Guaidó más adelante? Habrá que esperar los resultados del 3 de noviembre en Estados Unidos para tener mayores certezas al respecto. 

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Un beneficio pero con estrictas condiciones

Apenas fue aprobado el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición, concreción de lo acordado entre Gobierno y Farc, cientos de efectivos de las Fuerzas Armadas tomaron su lugar en la extensa cola que forman. En prisión se cuentan más de cinco mil, pero los que sus comandantes consideran que tienen derecho a la excarcelación suman un poco más de mil. ¿De qué se trata este Sistema y cuáles son sus restricciones?

 

El pasado 30 de diciembre del 2016, el Congreso de la República aprobó la ley 1820 que regula las amnistías e indultos por los delitos políticos y los delitos conexos, y se adoptan tratamientos penales especiales diferenciados, en especial para agentes del Estado condenados, procesados o señalados de cometer conductas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Esta ley hace parte de la implementación normativa del Acuerdo de paz suscrito por el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc-Ep el 24 de noviembre del 2016.

 

La ley establece una serie de tratamientos penales alternativos para quienes se acojan a los compromisos establecidos por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición (Sivjrnr), en particular la realización efectiva de los derechos de las víctimas.

 

En relación con los Agentes del Estado se establece que no recibirían amnistía ni indulto1 por delitos cometidos con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado y antes de la entrada en vigor el Acuerdo, sino que recibirán un tratamiento penal especial diferenciado simétrico, equitativo, equilibrado y simultáneo, que incluye entre otros aspectos la renuncia a la persecución penal que conlleva a la extinción de la acción penal, la responsabilidad penal y de la sanción penal, siempre y cuando no se trate de: i) Delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes, u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores conforme al Estatuto de Roma; ii) Delitos que no fueron cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado y, iii) Delitos contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza Pública, el honor y la seguridad de la Fuerza Pública, contemplados en el Código Penal Militar.


La decisión de renuncia a la persecución penal debe ser adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción especial para la paz (JEP).

 

El régimen de libertades transitorias

 

De manera adicional, la ley estableció un régimen de libertades transitorias, condicionadas y anticipadas que se otorgarán entre otros, a Agentes del Estado que al momento de entrar en vigencia la ley cumplan los siguientes requisitos:

 

- Que los Agentes del Estado estén detenidos o condenados por delitos cometidos con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.


- Que no se encuentren detenidos por delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores conforme al Estatuto de Roma, salvo que el beneficiario haya estado privado de la libertad un tiempo igual o superior a cinco (5) años, conforme alas sanciones alternativas en la Jurisdicción Especial para la Paz, que según el acuerdo de paz oscilan entre cinco (5) y un máximo de ocho (8) siempre que se cumplan con las condiciones del Sistema.


- Que solicite o acepte libre y voluntariamente la intención de acogerse al sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz.


- Que se comprometa, una vez entre a funcionar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a contribuir a la verdad, a la no repetición, a la reparación de las víctimas, así como atender los requerimientos de los órganos del Sistema.


- El interesado debe suscribir un acta donde se compromete a someterse a la JEP, informar todo cambio de residencia, la prohibición de salir del país sin previa autorización de la JEP, y quedar a disposición de esta jurisdicción.


- La libertad condicional y anticipada no implica la definición de la situación jurídica definitiva en el marco de la JEP

 

Para este trámite se faculta al Ministerio de Defensa para consolidar unos listados de los miembros de la Fuerza Pública que cumplan con los requisitos para obtener dicha libertad, previa solicitud de información a las jurisdicciones penales ordinarias y penal militar. Una vez consolidadas las listas, deben remitir al Secretario Ejecutivo de la JEP, quien verificará los listados, podrá modificarlos de creerlo necesario, y verificar si las personas suscribieron el acta de compromiso y, posteriormente, comunicar al funcionario responsable del respectivo proceso penal sobre el cumplimiento de los requisitos, para que adopte la decisión de la libertad transitoria condicionada.

 

En relación con los miembros de las Fuerzas Militares y policial que lleven privados de la libertad menos de cinco (5) años, permanecerán en Unidades Militares o Policiales siempre y cuando se comprometan a acogerse a la JEP por los delitos de su competencia y cumplir con las condiciones del Sivjrnr.

 

En este marco jurídico y político, el pasado 13 de enero el Ministerio de Defensa Nacional emitió la resolución 130 mediante la cual creó un “Comité para la elaboración de los listados de miembros de la Fuerza Pública para la aplicación de la libertad transitoria, condicionada y anticipada y la privación de la libertad en unidad militar o policial”, y el 17 de marzo se anunció una nueva resolución con los listados consolidados de 817 militares que se verían beneficiados y el 29 de marzo se anunció una segunda lista de 257 más y se estableció que los listados tendrían un carácter reservado.


Rigurosos requisitos

 

Resulta de vital importancia que previo al otorgamiento de las libertades condicionadas y transitorias para miembros de las Fuerzas Militares, tanto el Secretario Ejecutivo, como el funcionario judicial bajo el cual se encuentre a disposición la persona, verifique con suma rigurosidad como mínimo los siguientes aspectos:

 

1. Que los hechos y la conducta punible por la cual esté investigado o condenado el Agente del Estado, tenga una relación con el conflicto armado. Al respecto el Acuerdo Final establece que “Son delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, aquellas conductas punibles donde la existencia del conflicto armado haya sido la causa de su comisión, o haya jugado un papel sustancial en la capacidad del perpetrador para cometer la conducta punible, en su decisión de cometerla, en la manera en que fue cometida o en el objetivo para el cual se cometió”2.

 

Por tanto, debe existir un nexo causal verificable que establezca que la conducta se produjo con ocasión del conflicto armado y la diferenciación con los hechos de violencia política cometidos de forma masiva y sistemática por miembros de fuerzas estatales, paramilitares y terceros, contra sectores organizados del movimiento social, popular de derechos humanos y de oposición política por motivos sociales, políticos, económicos o militares, y que adquirieron la categoría de crímenes de lesa humanidad y de genocidio político, y si bien estos graves crímenes se perpetraron en el contexto del conflicto armado, no son producto del mismo, sino de la existencia de políticas al interior de sectores del Estado que “defienden unos valores políticos-sociales absolutos, y que quienes se oponen a ellos, se convierten en un “enemigo interno” de ese orden social y, por tanto, su eliminación es justificada”3. Distinguir entre uno y otro tipo de violaciones permite develar los planes y estrategias de eliminación de los contradictores políticos y del movimiento social, hace efectivo el derecho a la verdad y arealizar las reformas institucionalesque garanticen la prevención, lo cual incluye, entre otros aspectos, la depuración de servidores públicos comprometidos con estas violaciones para que estos hechos no se vuelvan a repetir.

 

2. Se establezca que las conductas no se cometieron con la finalidad de lucro o beneficio personal o contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza Pública, el honor, la seguridad de la Fuerza Pública, contemplados en el Código Penal Militar.

 

3. Se distinga entre Agentes del Estado investigados y condenados por graves crímenes de DDHH o infracciones al DIH, en ambos casos se deben establecer los compromisos con Sivjrnr y de no cumplirse la pérdida del beneficio de la libertad condicionada. No obstante, debe haber mayor diligencia en la verificación del cumplimiento de los compromisos con el Sivjrnr de aquellas personas condenadas o detenidas por crímenes graves que hayan cumplido los 5 años de privación efectiva la libertad, o que sean conducidas a guarnición militar haciéndoles falta un tiempo corto para cumplir los 5 años, porque en estos casos es mayor el riesgo para los derechos de las víctimas.

 

De otra parte, no es suficiente que la persona condenada haya cumplido cinco (5) años de privación efectiva de la libertad para ser beneficiaria de la libertad condicional, dado que las sanciones según el acuerdo están entre 5 y 8 años, y debe haber un trato diferenciado para miembros de la Fuerza Pública u otros agentes del Estado por tratarse de servidores públicos que han defraudado la confianza pública depositada en ellos, lo cual conduce a ser merecedor de un mayor reproche penal.

 

4. El otorgamiento de la libertad condicionada y anticipada no puede implicar el levantamiento de la suspensión de funciones para el caso de integrantes de la Fuerza Publica, por que ello va en contravía del propio acuerdo que establece como garantía de no repetición la depuración de la función pública.


5. Mientras entra en funcionamiento la JEP, la concesión de las libertades transitorias para Agentes del Estado debe tener como presupuesto el compromiso pleno con la verdad, la reparación integral a las victimas y la no repetición de los crímenes cometidos. Para este efecto se deben establecer mecanismos efectivospara que los beneficiarios comparezcan al Sivjrnr, de lo contrario perderán el beneficio de libertad y deberá ordenarse la inmediata captura.

 

6. Se deben establecer mecanismos para evitar que los beneficiarios de la libertad condicionada se acerquen a las victimas, hagan declaraciones injuriosas contra ellas, o nieguen la ocurrencia de los hechos, entre otros aspectos. Este compromiso debe quedar por escrito y cualquier incumplimiento debe generar la revocatoria de la libertad condicionada.

 

Finalmente, las victimas deben gozar del derecho de conocerlos listados confeccionados por el Ministerio de Defensa, para que puedan aportar en el procedimiento de verificación de los requisitos previo al otorgamiento de la libertad condicionada. La centralidad de las victimas no puede ser un postulado vacío, sino que implicala participación real y efectiva en todos los procedimientos de la JEP, incluyendo las libertades transitorias condicionadas.

 

El Acuerdo de paz es una oportunidad para que los integrantes de la Fuerza Pública y otros Agentes del Estadoresponsables de graves crímenes puedan recibir unos beneficios penales a cambio de esclarecer la verdad plena, reconocer responsabilidades, reparar integralmente y establecer garantías de no repetición. El reconocimiento y cumplimiento de los derechos de las victimas son condiciones sine qua nom para recibir los beneficios. Ningún tratamiento penal diferenciado puede conducir a un trato privilegiado, y cualquier incumplimiento implicará que la justicia ordinaria asuma las investigaciones y sanciones correspondientes, o será la justicia internacional la que tenga que juzgar estos graves crímenes.

 

1 Ver Artículo 9 ley 1820/2016
2 Nº 9 Párrafo 3. Acuerdo Final para la terminación del conflictoArmado y la Construcción de una paz estable y duradera. Noviembre 24 del 2016.
3 Garzon Valdes, Ernesto. “El Terrorismo de Estado”, en: Revista de Estudios Políticos, Nº 65. Julio-septiembre 1989, Madrid. p. 40.

Publicado enEdición Nº234
El tema es complejo. Por un lado, la crisis carcelaria en Chile es un asunto innegable que quedó de manifiesto con la muerte de más de 80 presos en el hacinado penal de San Miguel a fines de 2010, lo que tiene sentido con el proyecto presentado por el gobierno de Sebastián Piñera que pretende entregar unos 9 mil indultos para descongestionar los recintos penales. La iniciativa, no obstante, roza con una de las premisas más defendidas por la actual administración en campaña y que era terminar con la “puerta giratoria” que permite a los reos cumplir penas o menores o simplemente no cumplirlas, dado el colapso del sistema. Y, peor aún, chocó de manera frontal con un tema mucho más sensible todavía: los derechos humanos, por más que el gobierno aclarara que eso no es así.

El proyecto, que ingresará mañana al Congreso, se divide en cuatro medidas bastante obvias: evitar que sean encarceladas las personas que no paguen multas en dinero, reemplazar las condenas inferiores a un año por servicio comunitario, el establecimiento de criterios técnicos objetivos para el otorgamiento de la libertad condicional y la aplicación del “indulto conmutativo” para aquellas personas que cumplan reclusión nocturna y salida libre. A ellos se sumarán aquellas mujeres que cometieron delitos menores, que cumplieron dos tercios de su pena y presentan una conducta intachable.

En este sentido, el vicepresidente de la república, Rodrigo Hinzpeter, (Piñera está de gira por Europa) aclaró que las medidas buscan que “sean los delincuentes violentos y agresivos los que estén en las cárceles y no quienes han cometido por primera vez un delito no peligroso o no violento o quienes no han tenido los recursos para pagar una multa”. Sostuvo además que si bien se podrían incluir indultos masivos, ésa no es la principal medida para combatir la crisis carcelaria. “El indulto va a ser una cuestión marginal, muy pequeña y a casos muy acotados, aquí estamos buscando otras medidas para el uso racional de la cárcel”, insistió.

En esa línea, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, agregó respecto de beneficios para personas de más de 80 años o enfermos terminales –rango etario en el que están la mayoría de los militares condenados por violación a los derechos humanos en la dictadura de Augusto Pinochet– que no incorporan dentro de este paquete una legislación para esos casos. “Creemos que tenemos que construir los consensos y todavía no vemos que esos consensos estén disponibles”, declaró. Aunque aclaró que “nos asiste la convicción de que hay que avanzar en esa dirección y que durante la tramitación de este paquete de medidas bien podría imponerse un acuerdo de unidad nacional que no está pensada para ningún grupo en particular, pero que tampoco pretende discriminar a ningún sector en específico.”

En este escenario, la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, dijo estar “tranquila momentáneamente” frente a la no inclusión de procesados por violaciones a los DD.HH. entre los beneficiados; no obstante sostuvo que “existe un cuerpo y una normativa internacional de leyes que habla de la protección que se debe dar a la humanidad para que estos hechos no vuelvan a suceder y, por tanto, es impensable otorgar beneficios”. Pidió además que se zanje en forma definitiva esta situación, porque “no queremos pensar que, aprobado este proyecto, en un año más vamos a estar de nuevo con la posibilidad del indulto a los violadores a los derechos humanos”.

Los diputados de la UDI –uno de los partidos de derecha que da sustento al gobierno de Piñera–, María Angélica Cristi y Jorge Ulloa, declararon sentirse “decepcionados”. “Nos parece tremendamente lamentable que se haya dejado fuera de la conmutación de pena a los mayores de 80 años y a las personas gravemente enfermas. Esto tiene nombre y apellido, y es un nuevo portazo que se les da a militares condenados por violaciones a derechos humanos, enfermos, muchos de ellos con cánceres terminales”, dijo Cristi, reconocida adherente de Pinochet. “El gobierno se asustó frente a los reclamos y gritos destemplados de personeros de la Concertación”, añadió.

El ex colaborador de Pinochet, Alberto Cardemil, actual diputado de RN (otro de los partidos de derecha), reforzó lo anterior al declarar que “no es una señal de buen gobierno anunciar un proyecto que signifique una definición de principios y después bajarlo por un par de críticas destempladas motivadas por el afán de venganza, más que el afán de justicia”, sentenció.

Desde la otra vereda, el senador socialista Camilo Escalona fue tajante. “Con respecto a la solicitud de diputados de derecha de otorgar libertad a los violadores de derechos humanos, con el argumento de que ‘defendían la Patria’, les recuerdo que asesinar mujeres, violaciones masivas a los derechos humanos y que personas desaparecieran, fue posible porque había un sector político que entendía que eso era ‘defender la Patria’, como la diputada Cristi.”

Por Christian Palma
Desde Santiago
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El presidente Sebastián Piñera anunció ayer que concederá indultos particulares por el Bicentenario de Chile. Pero prometió que no recibirán el beneficio los represores que estén condenados. Dentro de los organismos de derechos humanos hubo alivio por la noticia.

A mitad de la semana pasada, la Iglesia Católica le había presentado a Piñera su propuesta de indultos para el Bicentenario. El Episcopado trasandino había reclamado que fuera atendida la situación particular de los represores y que se la evaluara de acuerdo con el nivel de responsabilidad y de autonomía que habían tenido durante el régimen de facto. Desde entonces, la sociedad chilena había estado dividida sobre si era aceptable que los criminales de la dictadura pinochetista salieran de las cárceles.

Ayer Piñera puso fin la incertidumbre que reinaba en su país. Tras analizar la propuesta de indultos de la Iglesia Católica y de la evangélica, el mandatario de derecha dijo que excluirá del perdón presidencial a los condenados por delitos graves, como los de lesa humanidad, terrorismo, narcotráfico, homicidios y violaciones. “No es ni prudente ni conveniente en los actuales tiempos y circunstancias promover una nueva ley de indulto general”, precisó. El presidente trasandino explicó que iba a analizar, uno a uno, quiénes sí serían indultados para septiembre próximo y que para tomar esa determinación atendería a consideraciones de carácter humanitario.

En cadena nacional, el gobernante chileno destacó el espíritu de reconciliación que buscaron las instituciones religiosas. Sin embargo, tuvo que remarcar que las propuestas habían reavivado las divisiones y las tensiones entre los chilenos. A pesar de que Piñera no dio lugar a su pedido completo, los referentes católicos se mostraron conformes por la decisión. El presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, dijo a la prensa: “Nos deja muy satisfechos, nos deja satisfechos sobre todo el hecho de que el debate se instaló en la comunidad nacional”.

Los aliados de Piñera salieron a respaldar su anuncio. El senador Juan Antonio Coloma, presidente de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), calificó de prudente y reflexiva la determinación del mandatario. “Ha hecho lo que más ha podido siempre considerando los intereses superiores del país, como la seguridad pública, que es un valor muy relevante, y lo que se pueda hacer en materia de reconciliación que tiene que tener una base de unidad”, opinó el parlamentario.

Sin embargo, los militares retirados no pudieron ocultar su desazón por no ser incorporados al beneficio que otorgará el mandatario cuando en dos meses Chile festeje su Bicentenario. El general retirado Rafael Villarroel volvió a reclamar beneficios carcelarios para sus compañeros de armas. “Piñera, como político y presidente de todos los chilenos, verá el beneficio general para el país”, afirmó el presidente del movimiento Chile Mi Patria.

Mientras, la oposición respiró más tranquila. “Es un gran triunfo del movimiento de derechos humanos, que en todas sus expresiones afirmó que bajo ninguna condición aceptaría que por la vía del indulto se impusiera la impunidad”, festejó el diputado comunista Lautaro Carmona.

El abogado Roberto Garretón dijo a Página/12 que sintió alivio cuando Piñera descartó los indultos generales. “El presidente habló de reconciliación, de perdón, pero no de justicia”, relató. “Los crímenes contra la humanidad tiene que perdonarlos la humanidad y no una autoridad chilena solamente”, disparó el referente de derechos humanos.

“Nunca va ser el momento para el indulto a aquellos que cometieron crímenes contra la humanidad”, respondió Alicia Lira al discurso de Piñera. La titular de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) protestó contra la reconciliación que pretenden las autoridades políticas y las religiosas. “La reconciliación pasa por la sanción y por el hecho de que paguen los represores sus crímenes en las cárceles sin ningún beneficio”, subrayó Lira. “Quieren una reconciliación que sea más impunidad de la que ya existe en este país.”

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) se mostró preocupada por la posibilidad de que el anuncio de Piñera guarde algún truco para terminar beneficiando a los represores de la dictadura pinochetista. “Ha habido rebajas de penas y se puede buscar subterfugios en este caso a caso para que algunos de los 64 sujetos que están cumpliendo condenas no sean considerados como criminales de lesa humanidad”, afirmó Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD.

El abogado Garretón no consideró que ésa sea una posibilidad. “Sería una vergüenza internacional”, dijo el jurista.

Por Luciana Bertoia.
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