Martes, 29 Septiembre 2009 06:25

Mal clima para el desarrollo

En Occidente se habla mucho de que los países pobres contribuyen al cambio climático, aunque la escala de esa contribución sigue causando sorpresa. Los países pobres y de medianos ingresos ya representan poco más de la mitad de todas las emisiones de carbón; Brasil produce más CO2 por cabeza que toda Alemania. Las emisiones durante la vida útil planeada de las plantas de energía de esos países igualarían toda la contaminación generada por la industria en el planeta de 1850 a la fecha.

Se tiene menos conciencia, en cambio, de que el calentamiento global hace mucho más daño a esos países pobres del que ellos le causan al clima. En un informe de 2006, Nicholas Stern calculó que un incremento de dos grados en la temperatura global cuesta alrededor de uno por ciento del PIB mundial. Pero el Banco Mundial, en su nuevo Informe del desarrollo mundial, ahora dice que el costo para África representaría más bien 4% de su PIB, y para India, 5%. Aun si los costos ambientales se distribuyeran al parejo entre todas las personas de la Tierra, los países en desarrollo soportarían 80% de la carga (porque representan 80% de la población mundial). Ya en este momento soportan una carga mayor, pese a que las huellas de carbón de sus ciudadanos son mucho más pequeñas.

Conforme se acerca la cumbre de Copenhague sobre el cambio climático, que será en diciembre, las naciones pobres expresan alarma por el lento avance de las negociaciones para remplazar el Protocolo de Kyoto.

Calcular el costo del calentamiento global es difícil porque nadie sabe en realidad cuánto atribuir al cambio climático y cuánto a otros factores. Pero una indicación de sus costos crecientes es el número de personas afectadas por desastres naturales en el planeta. En 1981-85, menos de 500 millones de personas necesitaron ayuda por desastres; en 2001-05, el número llegó a mil 500 millones, incluido 4% de la población de las naciones más pobres y 7% de la de los países de medianos ingresos.

En total, según la Organización Mundial de la Salud, el cambio climático causó en 2000 una pérdida de 5.5 millones de años de vida ajustados a discapacidad (una medida de daño a la salud humana), la mayoría en África y Asia. Los cálculos del centro suizo de análisis Foro Humanitario Global, y los de un estudio de la revista científica Comparative Quantification of Health Risks, ubican en 150 mil las muertes adicionales atribuibles al cambio climático cada año. El daño indirecto, en términos de impacto en reservas de agua, cosechas y enfermedades, es mucho mayor.

Los pobres son más vulnerables que los ricos por varias razones. Viviendas precarias, malas condiciones de salud y atención médica inadecuada significan que los desastres naturales de todo tipo los lesionan más. Cuando el huracán Mitch pasó por Honduras, en 1998, los hogares pobres perdieron 15-20% de sus bienes; los ricos, sólo 3%.

El calentamiento global agrava esta situación. También eleva las probabilidades de contraer las enfermedades peligrosas que más prevalecen en países pobres. En muchos lugares se han construido ciudades apenas arriba de la llamada “línea de la malaria”, más allá de la cual los mosquitos portadores del mal no pueden sobrevivir (Nairobi es un ejemplo). El aumento de temperatura permite que los insectos se muevan hacia zonas antes libres de ellos y propaguen una enfermedad que ya es la principal causa de muerte en África. Hacia 2030 el cambio climático podría exponer a 90 millones de personas más a la malaria, tan sólo en África. Los brotes de meningitis en ese continente se relacionan fuertemente con la sequía. Es probable que ambos aumenten. Se prevé que las diarreas se elevarán 5% hacia 2020 en las naciones pobres a causa del cambio climático. El dengue se ha expandido: su incidencia se duplicó en partes de África en 1995-97 y en 2005-07. Se calcula que 60% de la población mundial estará expuesta a esa enfermedad hacia 2070.
Los países pobres son particularmente propensos a inundaciones. Diez de las 15 mayores ciudades del mundo en desarrollo se ubican en zonas costeras vulnerables a la elevación del nivel de los mares o a las marejadas. Entre ellas se encuentran Bombay, Shanghai y El Cairo. En el sur y el este de Asia las cuencas de los ríos han sido asiento de enormes números de personas y gran actividad económica. El cambio climático acaba con las medidas sociales y de otro tipo que antes permitían a naciones y personas hacer frente a las inundaciones. Los presupuestos nacionales apenas si pueden sufragar el costo de mejorar las defensas. Holanda también se ve afectada y gasta 100 dólares por persona al año en protección contra inundaciones. En Bangladesh esa suma es la cuarta parte del ingreso anual per cápita.

La mayor vulnerabilidad es que el aumento de temperatura afecta gravemente las principales actividades económicas del mundo en desarrollo, como la agricultura y el turismo. También parece acelerar el ciclo hidrológico de la Tierra, lo cual causa tanto las sequías como las inundaciones (caen más lluvias en periodos más cortos, con pausas más largas entre ellos). Además, al derretir los glaciares, reduce la capacidad de reserva de la naturaleza. Dos terceras partes de la reserva de agua potable del mundo están en los glaciares.

Por otro lado, las variedades de semillas de alto rendimiento y resistentes a plagas inventadas en la década de 1960 se diseñaron para climas estables. Las semillas naturales resisten mejor las variaciones de temperatura, pero se usan menos. Restaurar su uso significa menos alimento.

Negociación en Copenhague

Si todos estos problemas tienen alguna ventaja, es que dan a países ricos y pobres por igual un interés mayor en mitigar el impacto del cambio climático. Como subraya el Banco Mundial, la política sobre el cambio climático ya no es sólo una simple elección entre crecimiento y bienestar ecológico.

En principio ese giro debería hacer más probable llegar a un acuerdo en Copenhague, pero persisten dos problemas importantes. Uno, los países pobres quieren grandes sumas de dinero. Limitar el calentamiento a 2°C, según cálculos del Banco Mundial, costaría entre 140 mil y 675 mil mdd al año en países en desarrollo. Los 75 mil mdd que costaría adaptarse al calentamiento global (en oposición a detenerlo) superan con mucho los mil millones anuales disponibles para ellos.

Dos, los países pobres ven un acuerdo sobre cambio climático en términos diferentes. Para los ricos el problema es ambiental: los gases de efecto invernadero se acumulan en la atmósfera y se deben reducir, de preferencia por medio de las metas de compromiso recomendadas por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Los países pobres lo ven como un problema de justicia y de historia: los países ricos son responsables de dos terceras partes de las emisiones de carbono enviadas a la atmósfera de 1850 a la fecha; reducirlas ahora en términos absolutos perpetuaría la injusticia. Por tanto, creen que la reducción debe ser per cápita, no absoluta.

Además, las metas fijadas a escala nacional tendrán poco efecto en los países pobres donde la administración pública funciona mal, por lo cual existe también desacuerdo en cuanto a las condiciones adosadas a cualquier dinero que se aporte para mitigar el cambio climático o adaptarse a él. Para los ricos es una especie de ayuda, destinada a proyectos específicos con metas cuantificables y con condiciones estrictas. Para los pobres es una compensación incondicional por un problema que ellos no causaron.

El costo del cambio climático da a las naciones en desarrollo un gran interés en un acuerdo en Copenhague. Pero cómo sea ese acuerdo, y con cuánto vigor lo impulsarán, es una cuestión por completo diferente.

Fuente: EIU

Traducción de texto: Jorge Anaya
 

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La Paz, 23 de enero. El presidente boliviano, Evo Morales, nacionalizó hoy –a dos días del referendo para aceptar o rechazar una nueva Constitución– 100 por ciento de las acciones de la petrolera Chaco SA, que corresponden a Amoco Bolivia Oil and Gas AB, luego de un fracasado proceso de negociaciones para adquirir un paquete de 167 mil 271 acciones de la anglo-argentina Pan American Energy (PAE).

Medios locales informaron que al filo de las dos de la madrugada un contingente militar ingresó a las oficinas de Chaco en Santa Cruz y tomó el control de éstas.

Morales arribó a las 9:45 de la mañana a la planta de Carrasco, en la localidad de Entre Ríos, en el trópico cochabambino, acompañado por sus ministros de Gobierno, Alfredo Rada; Defensa, Walker San Miguel, e Hidrocarburos, Saúl Ávalos, así como por dirigentes obreros, indígenas y fuerzas de seguridad para firmar el decreto supremo que estatiza Chaco, una de las principales productoras de gas licuado de petróleo y abastecedora de gasolina y diesel.

El Decreto supremo 29887 nacionaliza la totalidad del paquete accionario, que estará bajo la titularidad de Yacimiento de Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y establece que “en tal virtud todas las subsidiarias y afiliadas de la empresa petrolera Chaco SA en Bolivia o en el extranjero quedan también nacionalizadas en la cuota respectiva”.

Continuarán las estatizaciones

En su discurso, Morales subrayó que el decreto garantiza la continuidad laboral y los derechos de los trabajadores de la compañía. Afirmó que continuará con el proceso de recuperación de empresas estatales y recursos naturales para el pueblo boliviano, y aseveró que Chaco “no deberá ser botín de ningún partido político”.

Agradeció además el apoyo de la Central Obrera Boliviana, indígenas y trabajadores petroleros para seguir recobrar las industrias que pertenecieron al Estado boliviano.

Indicó asimismo que la recuperación de las acciones de esta empresa está establecida en el Decreto supremo 28701 héroes del Chaco –con el que se inició la nacionalización de los hidrocarburos en 2006–, el cual establece que se deben rescatar todas las industrias del sector.

Con la recuperación de esas acciones YPFB totalizará 8 millones 49 mil 661 acciones, que corresponden a 50 por ciento más una acción, que es la mínima participación que ordena el decreto citado, tomando en cuenta que la petrolera, en la actualidad, tiene 7 millones 882 mil 390 acciones, reportó la estatal Agencia Boliviana de Información.

Respecto de la nacionalización de Chaco, el dirigente del derechista opositor Poder Democrático y Social, Jorge Quiroga, consideró que es una “distracción” de cara a la consulta del domingo.

“Esta elección es crítica porque el gobierno está buscando, con la votación del pueblo y el resultado, establecer un gobierno de facto durante 2009. Ello significa (Juan Ramón) Quintana (ministro de la Presidencia) en el palacio, con licencia para contrabandear, robar, generar violencia, desatar corrupción y enfrentamientos entre bolivianos, sin Tribunal Constitucional, legislando por decreto. Como nos han avisado, sin Congreso y sin respetar las leyes vigentes”, afirmó el ex presidente boliviano.

En otro orden, el presidente de la Corte Nacional Electoral, José Luis Exeni, desvirtuó las críticas de prefectos y cívicos opositores sobre un posible fraude por irregularidades en el padrón electoral, señalando que éste es el “más auditado y saneado” en la historia del país.

En conferencia de prensa con medios internacionales, el funcionario indicó que 54 expertos de la Organización de Estados Americanos realizaron una auditoría al padrón electoral, luego de que fue cuestionado en 2008, durante la guerra sucia.
Por, Rosa Rojas (Corresponsal)
 

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La Habana, 25 de diciembre. Cuba busca inversiones productivas y “cambios estructurales” en la agricultura y la industria, para remontar la caída en su ritmo de crecimiento y la falta de financiamiento, que este año volvió a ser el eslabón más débil de su economía, según informes oficiales.

“Para 2009 se precisan inversiones en el sector productivo, pues no podemos seguir consumiendo a cuenta de valores que no hemos creado”, dijo a los medios de comunicación el ministro de Economía José Luis Rodríguez, quien definió este año como “un periodo de desbalance financiero”.

Las arcas públicas quedaron diezmadas al dispararse el precio del petróleo y los alimentos, las principales importaciones cubanas, mientras que se desplomaba la cotización del níquel, el mayor producto de exportación, a todo lo cual hubo que agregar el impacto de tres huracanes.

De esa manera revivió un conflicto que el país arrastra desde la década pasada, en el que la falta de financiamiento impide el gasto productivo, mientras que la inversión extranjera directa se acepta en forma muy limitada.

El nuevo escenario modificó la bonanza relativa del periodo 2005-2006, cuando Cuba financió su crecimiento con una altísima cotización del níquel y sus ingresos por turismo y la exportación de servicios médicos.

De inmediato no hubo precisiones sobre qué tipo de inversiones espera el gobierno y en qué sectores. Tampoco hay detalles sobre los “cambios estructurales” anunciados por Rodríguez en una audiencia con diputados.

El ministro presentará el sábado su informe anual en la sesión ordinaria del Parlamento.

Como muestra del desequilibrio financiero, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) informó, con datos oficiales, que el déficit presupuestal creció un poco más del doble, al pasar de 1.8 por ciento del producto interno bruto (PIB) a 4.1 por ciento.

El ritmo de crecimiento se contrajo este año, para alcanzar 4.3 por ciento del PIB, frente a 7.3 por ciento del año anterior, lo que redujo los ingresos fiscales y los gastos de capital, indicó la Cepal.

Pero el gasto corriente se disparó por las movilizaciones de emergencia frente a los huracanes, los subsidios a la alimentación y el aumento de los precios agropecuarios al productor, añadió el organismo.

En la nueva situación también impactó un cambio radical en las tendencias del comercio exterior, señaló la Cepal. El valor de las exportaciones creció sólo 9.3 por ciento (26.6 en 2007), debido a la caída de los precios.

Al mismo tiempo, las importaciones subieron 43.8 por ciento (6.2 por ciento el año anterior), reflejo del aumento en los alimentos y el petróleo.

Gerardo Arreola (Corresponsal)

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Viernes, 19 Diciembre 2008 08:47

Problemas, fascinaciones y oportunidades

Hace 30 años la humanidad tenía un problema, la ciencia tenía una fascinación y la industria tenía una oportunidad. Nuestro problema era la injusticia. Las masas de hambrientos crecían y al mismo tiempo la cantidad de campesinos y agricultores menguaba. La ciencia, mientras tanto, estaba fascinada por la biotecnología, la idea de que podríamos manipular genéticamente los cultivos y el ganado (y la gente) para insertarle características que supuestamente superarían todos nuestros  problemas.

La industria de los agronegocios vio la oportunidad de extraer las enormes ganancias latentes en toda la cadena alimentaria. Pero el sistema alimentario tremendamente descentralizado les impedía llenarse los bolsillos. Para remediar esta enojosa situación había que centralizarlo.

Todo lo que la industria tuvo que hacer fue convencer a los gobiernos de que la revolución biotecnológica podía poner fin al hambre sin hacer daño al ambiente. Pero, dijeron, la biotecnología era una actividad con demasiado riesgo para pequeñas empresas y demasiado cara para investigadores públicos. Para llevar esta tecnología al mundo, los fitomejoradores públicos tendrían que dejar de competir con los fitomejoradores privados. Los reguladores y controles antimonopolios tendrían que mirar para otro lado cuando las empresas de agroquímicos se apoderaran de las empresas de semillas, que a su vez compraron otras empresas de semillas. Los gobiernos tendrían que proteger las inversiones de las industrias otorgándoles patentes, primero sobre las plantas y luego sobre los genes. Las reglamentaciones de inocuidad para proteger a los consumidores, ganadas arduamente en el transcurso de un siglo, tendrían que rendirse ante los alimentos y medicamentos modificados genéticamente.

La industria obtuvo lo que quiso. De las miles de compañías de semillas e instituciones públicas de mejoramiento de cultivos que existían 30 años atrás, ahora sólo quedan 10 trasnacionales que controlan más de dos tercios de las ventas mundiales de semillas, que están bajo propiedad intelectual. De las docenas de compañías de plaguicidas que existían hace tres décadas, 10 controlan ahora casi 90 por ciento de las ventas de agroquímicos en todo el mundo. De casi mil empresas biotecnológicas emergentes hace 15 años, 10 tienen ahora los tres cuartos de los ingresos de esa industria. Y seis de las empresas líderes en semillas son también seis de las líderes en agroquímicos y biotecnología.
En los pasados 30 años, un puñado de compañías ganaron el control sobre una cuarta parte de la biomasa anual del planeta (cultivos, ganado, pesca, etcétera), que fue integrada a la economía de mercado mundial.

Actualmente, la humanidad tiene un problema, la ciencia tiene una fascinación y la industria tiene una oportunidad. Nuestro problema es el hambre y la injusticia en un mundo de caos climático. La ciencia tiene una fascinación con la convergencia tecnológica a escala nanométrica, que incluye la posibilidad de diseñar nuevas formas de vida desde cero. La oportunidad de la industria radica en las tres cuartas partes de la biomasa del mundo que, aunque se usa, permanece fuera de la economía de mercado global.

Con la ayuda de nuevas tecnologías, la industria cree que cualquier producto químico que hoy es fabricado a partir del carbono de combustibles fósiles puede hacerse a partir del carbono encontrado en las plantas. Además de cultivos, las algas de los océanos, los árboles de la Amazonia y el pasto de las sabanas pueden ofrecer materias primas (supuestamente) renovables para alimentar a la gente, hacer combustibles, fabricar aparatos y curar enfermedades, a la vez que eludir el calentamiento global. Para que la industria haga realidad esta visión, los gobiernos deben aceptar que esta tecnología es demasiado cara. Convencer a los competidores de que corren demasiado riesgo. Hay que desmantelar más reglamentos y aprobar más patentes monopólicas.

Y tal como ocurrió con la biotecnología, las nuevas tecnologías no tienen por qué ser socialmente útiles o técnicamente superiores (es decir, no tienen por qué funcionar) para ser rentables. Todo lo que tienen que hacer es eludir la competencia y las alternativas y coaccionar a los gobiernos para que se abandonen a su control. Una vez que el mercado está monopolizado, poco importa cuáles son los resultados de la tecnología.

Por, Pat Mooney. Premio Nobel Alternativo y director del Grupo ETC
El texto prologa el informe ¿De quién es la naturaleza?: el poder corporativo y la frontera final en la mercantilización de la vida, disponible en www.etcgroup.org
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Lunes, 27 Julio 2009 06:20

Colombia, todo...todo por el TLC

Con la declaración oficial de que el país ya está en recesión, el presidente colombiano, Álvaro Uribe busca por todos los medios concretar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, aunque para lograrlo tenga que empeñar la soberanía nacional al entregarle a Washington varias bases militares en el territorio.
A finales de junio, Colombia entró en recesión, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), después de 10 años de crecimiento continuado aunque esos resultados no se hayan revertido en mejoras sociales y económicas para su población.

Antes de concluir 2008, el gobierno aseguraba que el país estaba blindado contra la crisis económica internacional, pero ahora ha reconocido que en el último trimestre del pasado año la economía decreció 1 % y en el primer trimestre de 2009 lo hizo en 0,6 %. El Presidente, sus ministros y empresarios colombianos han construido prácticamente un nuevo camino hacia Washington con las idas y venidas realizadas en los dos últimos años para tratar de convencer a congresistas y senadores estadounidenses opuestos al TLC (por los asesinatos de sindicalistas y las violaciones constantes de los derechos humanos en el país andino).

Semanas antes de dejar la Casa Blanca, el ex mandatario George W. Bush dijo en una reunión con Uribe que el TLC era “necesario” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

El 30 de junio último, Uribe regresó a EE.UU. y le expuso a Barack Obama, (quien se había opuesto anteriormente al Tratado) las bondades de este.


Para estar más en línea con las disposiciones que exige el TLC, y a la par embullar a congresistas norteamericanos indecisos, el gobierno de la nación andina ha impulsado un amplio programa de privatizaciones en todos los sectores de la producción, la minería y los servicios.


El Estado sacó a la venta las empresas de electrificación de Cundinamarca, Boyacán (Ebsa), Pereira, Santander, Norte de Santander y Meta. En el ruedo también se halla Termocan-delaria, por la que se interesa el grupo chileno Solari. En cuanto al sector financiero, el Estado cederá la propiedad de 12,4 % que controla en el Banco Popular. Antes de que se acabe de aprobar el TLC, ya la estadounidense General Electric adquirió un paquete de acciones del Banco Colpatria, construirá una planta para la fabricación de químicos de purificación de aguas y compró una empresa dedicada a esa actividad industrial. Mientras, Munich Re fortaleció sus acciones en Inversura, holding de salud, riesgos profesionales y seguros.


La transnacional Glencore ha invertido, junto a Ecopretrol, en la ampliación de la refinería de Cartagena para elevar el procesamiento de crudo de 75 000 a 150 000 barriles diarios.


En la industria hotelera las cadenas transnacionales Hyatt, Milton, NH, Fronpeca, Marrito y Honesta invierten más de cuatro millones de millones de pesos colombianos, mientras compañías estadounidenses y europeas lo hacen en el sector de la aviación para ampliar las frecuencias de destinos a Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena. El Instituto de Fomento Industrial (IFI) vendió la pequeña parte que controlaba en la Comercializadora Internacional Promotora Bananera y 9,3 % que tenía en Devinorte, donde han tomado posesión las transnacionales Cargill, Masisa (madera) y Mapfre Seguros.


Todas estas acciones han deteriorado aún más el nivel de vida de los colombianos, país donde la mitad de la población se encuentra en la pobreza y no tiene posibilidad de acceder a los servicios de salud, educación y seguro social.


Organizaciones sindicales y No Gubernamentales indicaron que tres de cada cuatro personas en el campo y dos de cada cuatro en las ciudades son pobres, en un número que alcanza a 20 290 000 habitantes.


Cuando se analiza que esto ocurre en una nación cuyo Producto Interno Bruto (PIB) ha crecido como promedio más de 5 % en el último lustro, se comprende que las ganancias van a las pequeñas clases pudientes nacionales o salen del país mediante las transnacionales.


El ingreso de 10 % de la población más rica colombiana es 49 veces mayor que el de 10 % de los más pobres. A esto se suman los desplazamientos obligados de personas -realizados por el ejército en las zonas de conflicto armado- y quienes no tienen otro destino que irse hacia las ciudades para tratar de sobrevivir.


Ahora la crisis con su recesión acompañante se ha sentido con mayor fuerza en la industria, comercio, el transporte y los servicios según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas.


Las medidas de privatización que afectan a la seguridad social están provocando grandes manifestaciones de sindicalistas y pensionados.


Las Centrales Obreras y en particular la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC) se han lanzado a las calles en rechazo a la privatización del Instituto de Seguro Social y la liquidación de las subsidiarias Cajanal y Capre-com.


Jesús Ernesto Mendoza, presidente de la CPC, gremio que agrupa a 140 asociaciones con 1 350 000 pensionados, denunció que el Estado los ha puesto a merced de la voracidad del capital financiero, a la par que condenó las continuas detenciones de sus dirigentes como el caso de Sergio Díaz Forero, capturado por organismos de seguridad en la ciudad de Fusaga-sugá.


Con sus ansias de concluir el TLC y acabar de convencer a los cada vez menos reticentes congresistas norteamericanos, el gobierno de Uribe concretó un tratado con Washington para que ese país utilice tres bases aéreas y dos navales, en la Bahía de Málaga (Pacífico) y Cartagena (Caribe).


Aunque las conversaciones han sido secretas, se conoció que el senado del país norteño destinará 46 millones de dólares para la de Palanquero, puerto Saldar, en el río Magdalena, que ya cuenta con una pista de aterrizaje de 3 500 metros, dos enormes hangares y es la base principal de los aviones de combate colombianos. Entre las medidas se establece que ningún militar estadounidense podrá ser juzgado por delitos cometidos en suelo colombiano.


Este convenio abre las puertas a las operaciones y control militar estadounidense en la región, después de perder la base de Manta en Ecuador, la cual debió abandonar por la actitud del gobierno de Rafael Correa de no prorrogar el contrato de arrendamiento que vence en el próximo noviembre.


El senador Rafael Pardo, ex ministro de Defensa y candidato a sustituir al presidente Uribe, declaró que con este paso, “Colombia perderá soberanía y se convertirá en una base de operaciones, una especie de portaviones, contra los países vecinos”.


Ciertamente que el gobierno colombiano ha realizado enormes sacrificios para concluir el Tratado de Libre Comercio. Si los congresistas estadounidenses no lo acaban de aprobar, pasarán a la historia como unos malagradecidos.

Hedelberto López Blanch
Rebelión
 

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