Herb Stapleton, agente especial del FBI, junto al fiscal Benjamin C. Glassman, anuncian en Cincinnati la acusación John Minchillo AP

Yanjun Xu fue detenido en Bélgica y está imputado por tratar de robar información secreta de la rama aeronáutica de General Electric


La cruzada de Estados Unidos contra el espionaje industrial chino se adentró este miércoles en una nueva era cuando, por primera vez, un agente de inteligencia chino fue extraditado a EE UU para afrontar un proceso judicial. Yanjun Xu, director adjunto de una división de MSS, la agencia de inteligencia china, fue detenido en abril en Bélgica, país desde el que ha sido trasladado a EE UU. Se le acusa de cuatro delitos, incluido un intento de cometer espionaje económico y robo de secretos comerciales. Algunos de los cargos pueden acarrear hasta 15 años de prisión.

La extradición llega en un momento de creciente tensión entre Washington y Pekín. El Gobierno de Donald Trump ha redoblado su guerra arancelaria con la segunda economía mundial, a la que acusa de prácticas comerciales desleales, y también le ha acusado, sin presentar pruebas claras, de tratar de interferir en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que se renueva el poder legislativo.


Xu fue detenido el pasado 1 de abril en Bélgica tras una orden judicial estadounidense y la petición de un jurado en Ohio. Según la acusación anunciada este miércoles por el Departamento de Justicia estadounidense, entre diciembre de 2013 y hasta su arresto, el agente de inteligencia trató de infiltrarse en varias compañías de aviación, incluida General Electric. GE Aviation es uno de los principales fabricantes de motores para aviones comerciales y militares.


“Apuntó a ciertas compañías dentro y fuera de Estados Unidos que son reconocidas como líderes en el campo de la aviación”, señala la acusación. “Identificó a expertos que trabajaban para esas compañías y los contrató para que viajaran a China, frecuentemente bajo la pretensión de pedirles que hicieran una presentación universitaria. Xu y otros pagaron los costes de viajes de los expertos y les dieron estipendios”.


“Esta acusación alega que un oficial de inteligencia chino trató de robar secretos comerciales y otra información sensible de una compañía estadounidense que lidera el camino en el sector aeroespacial”, señaló en un comunicado John Demers, el fiscal general asistente en asuntos de seguridad nacional. “Este caso no es un incidente aislado, es parte de un conjunto de una política económica de desarrollar China a expensas de EE UU”.

Washington 10 OCT 2018 - 17:22 COT

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La tasa de paro en Estados Unidos cae al nivel más bajo desde 1969

Wall Street aguanta la respiración. La economía de Estados Unidos sigue dando muestras de que avanza con solidez. En septiembre se crearon 134.000 empleos, pese al efecto del huracán Florence, y la tasa de paro cayó al 3,7%, el nivel más bajo desde diciembre de 1969. Esta evolución del mercado laboral, sin embargo, da argumentos para que la Reserva Federal siga retirando los estímulos monetarios al crecimiento, lo que provocó que el tipo de interés en los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años superara el 3,2% y se colocara a su nivel más alto en siete años.

EE UU lleva ocho años creando empleo de una manera continuada. Es cierto que la primera lectura del indicador de septiembee está por debajo de lo que anticipaba el consenso de mercado, pero el dato se ve distorsionado por el efecto del huracán que azotó el mes pasado la costa de las Carolinas. Fue, en todo caso, un ritmo suficiente para llevar la tasa de desempleo a un nivel que no se veía desde la Guerra de Vietnam. Se revisó al alza agosto y julio.


La economía está que arde, como dicen los analistas a prácticamente un mes de las legislativas en EE UU. Hasta el presidente de la Fed, Jerome Powell, dice que las cosas no pueden ir mejor y por eso argumenta que la política “acomodaticia” ya no se justifica. Ese término voló del comunicado final que publicó el banco central tras su última reunión. Lo citaba para indicar que pese a la subida de tipos, la estrategia monetaria seguiría estimulando la economía.


Eso se acabó. En sus palabras, los tipos “están aún lejos” de lograr una posición neutral. Eso implica, según los agentes del mercado, que tiene margen y puede ir más alto del 3%. Ahora están en el 2% y 2,25%. Esta reflexión lleva toda la semana reverberando por el mercado de bonos y castigando las divisas de los mercados emergentes, que pierden valor mientras el optimismo fortalece el dólar.


El bono a 10 años es un indicador clave para los inversores globales. La combinación con la apreciación del billete verde eleva el coste de la deuda en dólares. El efecto se replica en otros países avanzados, así como en los emergentes. A final de marzo ya se vivió una situación de tensión por el mismo motivo, cuando se acercó al 3%. Entonces, como ahora, Wall Street estaba en máximos históricos.


La última vez que el tipo del bono a 10 años estaba a este nivel, la economía de EE UU crecía un tímido 1%. Ahora lo hace por encima del 3% y la tasa de paro es la más baja en casi cinco décadas. El mercado laboral está en una situación de pleno empleo, lo que obliga a su vez a las empresas a elevar los salarios para retener a sus empleados. Lo hicieron tres décimas en septiembre, aunque la anual se moderó ligeramente al 2,8%.
Recalentamiento


La escalada de la deuda pública y corporativa es un claro factor de vulnerabilidad cuando los tipos de interés suben. Es un asunto recurrente este año, junto a la tensión por la batalla comercial y el encarecimiento del petróleo. Jerome Powell asegura que el incremento de tipos en EE UU será “gradual”, pero insiste en que debe seguir el curso al alza para evitar que la economía se recaliente. El reto en este momento es que no pasarse al pisar freno a los estímulos.


La solidez de la economía estadounidense contrasta con la europea, a la que le cuesta remontar, y eso provoca que la brecha con el tipo de bono alemán sea la mayor desde la caída del Muro de Berlín, hace tres décadas. Es más, los analistas no descartan que la diferencia pueda ampliarse porque los fundamentales de los dos polos económicos son divergentes. También pesa la incertidumbre política.


Esta situación está obligando a los bancos centrales de Argentina y Turquía a subir los tipos como reacción para defender sus respectivas monedas. El Fondo Monetario Internacional tiene previsto publicar sus previsiones económicas el próximo martes. La expansión global continúa, como indicó Christine Lagarde esta semana. Pero la directora gerente advierte de que el tiempo empieza a cambiar.


Cita entre los factores de riesgo que comienza a materializarse la presión de un dólar fuerte y de las restricciones en las condiciones financieras en los países emergentes. Esta situación explica la sensibilidad que muestra el mercado desde hace seis meses hacia los tipos, por el potencial que puede tener el valor de los activos. De momento, domina más la cautela que la preocupación.

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"La robotización creará millones de empleos que hoy no somos capaces ni de imaginar"

El sector industrial se ha automatizado casi por completo. Los 3.500 ingenieros, diseñadores, investigadores y desarrolladores de software que han visitado esta semana Madrid prestaban poca atención a los robots destinados a fábricas donde apenas quedan unos pocos seres humanos que las controlan. Esa es una etapa superada para los asistentes al International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), cuya edición de 2018 se ha centrado en los "robots colaborativos": las máquinas que en el futuro próximo van a compartir el espacio vital de los seres humanos, no solo como herramientas de trabajo pesado.

Esta inmersión de la máquina en nuestra vida diaria también implicará la automatización de tareas, pero esta vez en el sector servicios. La robótica mira a los coches autónomos como su gran meta y algunos de los investigadores más expertos lo señalan como un punto de inflexión. En cuanto los coches se conduzcan solos la desaparición de trabajos como el de cajero de supermercado, recepcionista o reponedor será cuestión de tiempo. Así lo piensa Carlos Balaguer, catedrático de robótica de la Universidad Carlos III y presidente y organizador de IROS, que defiende en entrevista con eldiario.es que, pese a todo, esta tecnología traerá más alegrías que desventuras.


Todo el mundo en IROS2018 habla de los "robots colaborativos". ¿En qué consistirá este nuevo avance?


El concepto 'robot colaborativo' es muy amplio, es más una etiqueta comercial. Consiste en señalar que antes los robots estaban como en una jaula, aislados, y nadie podía estar cerca de ellos por seguridad, porque podían herirte. Ahora se pretende que sea al revés: los robots están en el campo de acción de las personas, que pueden cogerlos, moverlos, manipularlos y ellos te obedecen.


¿Los robots saldrán de las fábricas y llegarán a las casas?


Una de las ideas en las que se está trabajando es en el robot que sirva en el "Me he olvidado las gafas, ¿dónde están? Espere que se las traigo". Aquí no hay una colaboración física, el robot no se toca con la persona; pero también es un tipo de colaboración, a un nivel más inteligente. El robot sabe dónde están las gafas y que son las tuyas, no las de tu mujer. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cuándo va a estar listo? Es una incógnita, es complicado.


¿Qué falta para llegar a ese tipo de robots?


Nuevas empresas que hoy en día no existen: las empresas tradicionales no van a hacer esto. Tendrá que crearse una Nokia, como la que creó los teléfonos móviles. Nadie la conocía y de repente, ¡pum!. Esa Nokia robótica a día de hoy no existe. ¿Por qué? Porque la crisis ha afectado a la inversión. La gente no invierte en cosas excesivamente novedosas, y en segundo lugar, porque todavía hay algunas tecnologías que no están maduras, en el sentido de que sean más seguras, que funcionen 24/7... Esto yo creo que vendrá muy pronto, no sé si en 10, 15 o 20 años.


¿Esa Nokia robótica podría ser española?


La crisis que hemos tenido en España, brutal con las universidades, ha llevado a que nosotros, siendo un grupo muy grande y muy activo, hayamos leído muchísimas tesis. Por lo menos cuatro o cinco al año. Pero a esa gente no la podíamos colocar. Nadie nos daba plazas ni dinero. Esta gente joven, con mucho conocimiento y sin trabajo, ¿qué ha hecho? Colaborar con sus universidades. Les hemos ayudado, casi sin quererlo, a crear más de 10 spin off. A unas les va mejor, a otras les va peor. Esta tecnología, estas empresas, este mercado, saldrá de algún lugar como IROS. Eso sí: falta un "creemos en usted, vamos a poner 10 millones de euros". Si pones 5.000 euros, pues no.


¿Qué ocurre con la financiación pública a este tipo de proyectos?


Crear una spin off tecnológica en España son 3.000 euros y mes y medio de papeleo. Esto es inaceptable. ¿Qué hacen mis chicos? Por 50 libras se registran en Reino Unido y en tres días tienen una licencia de empresa. Además, si demuestran que ganan equis al año les hacen deducciones. En España, en estos temas, da igual un partido que otro. Todos dicen: 'ay que interesante, no lo sabíamos, tomo nota...'. La implicación del sector publico es fundamental. No solo en el dinero, sino para dar facilidades. Aquí, por desgracia, ni lo público ni lo privado funcionan bien. La situación del investigador es muy complicada.


¿Qué diría a la gente que teme la robotización por la pérdida de empleos?


Está claro que la robótica está muy unida al empleo. Pero en general es la digitalización la que está unida al empleo. Que van a desaparecer empleos con esta robótica mucho más avanzada es cierto. Habrá empleos de muy baja cualificación, muy repetitivos, como el de cajero de un supermercado, que lo harán robots. Este tipo de trabajos van a crear paro.
De lo que nadie habla es de que la robotización creará millones de empleos que hoy no somos capaces ni de imaginar. Quiero decir, ¿hace 10 años alguien se imaginaba que habría tanta empresa de apps? Si nadie sabía qué era eso. Ahora hay miles de empresas, miles de empleos. Y no todos son ingenieros.


Con la robótica va a pasar lo mismo. ¿Se creará paro en algunos sectores? Sí. ¿Hay que vigilar a los más vulnerables? Sí. Pero va a dar unas oportunidades tremendas de empleo, de negocio, que ni nos imaginamos. Por ejemplo en empresas que desarrollen programas de robot de ocio, eso a lo mejor es un boom y empiezan a aparecer empleos, millones. Yo sería muy cuidadoso afirmando eso de que "vamos a eliminar empleos, esto será fatal". Siempre, durante la historia de la humanidad, la tecnología nos ha traído riqueza.


¿Estamos lejos de los robots que se programen a sí mismos?


Muy lejos. Los avances ahora mismo son muy, muy grandes, pero estamos muy lejos de los robots con inteligencias asimilables a la humana. El robot ahora mismo puede hacer todo para lo que se le programe con un gran nivel de detalle. Puede entrar en esta habitación y mapearla en tres segundos. Pero luego no sabe que esa mesa es una mesa, y sus características como mesa.


Para eso hay que enseñar, pero el proceso de enseñar no es fácil. Surgen muchos problemas que nosotros pensamos que son fáciles y realmente no lo son. Cuando nos referimos a robots inteligentes, nos referimos a capaces de tomar una serie de decisiones por ellos mismos. No a una inteligencia dinámica, capaces de autoprogramarse.

Premian con el Nobel de Química a especialistas que recrearon en el laboratorio los principios de la evolución

Allanaron el camino para producir biocarburantes más limpios y terapias innovadoras

 El premio Nobel de Química se otorgó este miércoles a dos estadunidenses y un británico que se inspiraron en los principios de la evolución y de la selección natural para modificar las propiedades de las enzimas con fines terapéuticos e industriales.

El Nobel premia, con la mitad de la dotación, a la estadunidense Frances H. Arnold, de 62 años, profesora del Instituto Tecnológico de California (Caltech). Es la quinta mujer que recibe el galardón en esta categoría desde 1901.

La otra mitad es para el estadunidense George P. Smith, de 77 años, profesor en la Universidad de Misuri, y el británico Gregory P. Winter, de 67, de la Universidad de Cambridge.

Los tres científicos galardonados "dominaron los principios de la evolución" y allanaron el camino para la producción de nuevos materiales o biocarburantes más limpios, así como a terapias innovadoras, señaló la Real Academia de Ciencias de Suecia.

"Han reproducido los principios de Darwin en probeta. Se han basado en la comprensión de la molécula, que extraemos de los procesos de la evolución, para recrearlos en el laboratorio", precisó en rueda de prensa Claes Gustafsson, presidente del comité Nobel del premio.

La evolución dirigida es un conjunto de tecnologías que permite mejorar una proteína o un ácido nucleico al reproducir artificialmente el proceso natural de la evolución, aunque buscando orientarlo en una dirección elegida.

"Ya podemos explotar los mecanismos de la evolución para producir cosas que el hombre no sabe concebir", afirmaba en 2016 Frances Arnold, cuando recibió el premio Millenium Technology en Finlandia.

"Los descubrimientos de Frances Arnold han permitido crear enzimas que hacen la química más eficaz y ecológica", declaró Göran Hansson, secretario general de la Academia.

Efectos sobre la medicina

Por otro lado, "los descubrimientos de George Smith y Greg Winter tienen un efecto enorme, especialmente sobre la medicina con anticuerpos, con mucho menos consecuencias secundarios y son más eficaces", agregó.

Smith es el padre del método llamado phage display, que desmenuza el funcionamiento de los bacteriófagos –virus que infectan a las bacterias– y el rol de las proteínas en la infección.

En declaraciones a The Associated Press, Smith reconoció la contribución de sus predecesores a sus investigaciones.

"Muy pocos avances en la investigación son novedosos. Casi todos se basan en trabajos anteriores. Es casualidad. Eso ocurrió con mi estudio", señaló. "La mía fue una idea en una línea de investigación que se construyó de forma muy natural sobre líneas de investigación previas".

Smith afirmó que se enteró del premio de madrugada tras recibir una llamada telefónica desde Estocolmo. "¡Es una broma estándar que alguien con acento sueco te llame y diga: has ganado! Pero había mucha carga estática en la línea, sabía que no era uno de mis amigos", señaló.

Gregory Winter utilizó luego esos descubrimientos en ingeniería genética para codificar de forma diferente las proteínas y producir anticuerpos eficaces.

"Estoy conmocionado y contento. Pero sobre todo conmocionado", afirmó Gregory Winter, entrevistado por la agencia de prensa sueca TT. "Espero que hayan hecho buena elección", bromeó.

"Yo era la persona adecuada en el momento adecuado", declaró George Smith, ahora jubilado.

Antes de Frances Arnold, solamente otras cuatro mujeres habían sido galardonadas con el Nobel de Química: Marie Curie (1911), Irène Joliot-Curie (1935), Dorothy Crowfoot Hodgkin (1964) y Ada Yonath (2009).

La medicina abrió el lunes el baile de los Nobel 2018, con el premio a un dueto de investigadores nipo-estadounidenses, James Allison y Tasuku Honjo, honrados por sus trabajos sobre la capacidad del cuerpo a defenderse de los cánceres virulentos, como el de pulmón o el melanoma.

El martes, la canadiense Donna Strickland se convirtió en la tercera mujer en recibir el Premio Nobel de Física, compartido con el francés Gérard Mourou y el estadunidense Arthur Ashkin.

Fueron premiados por haber revolucionado la técnicas de los láser usados en el estudio de lo infinitamente pequeño y en la cirugía ocular.

El Nobel de la Paz será anunciado el viernes en Oslo, antes del premio de Economía, que cerrará la temporada el lunes.

Por primera vez desde 1949, el anuncio del Premio Nobel de Literatura fue postergado un año por la Real Academia Sueca, afectada debido a divisiones internas y a la retirada de varios de sus miembros, lo que le impide funcionar con normalidad.

Los galaronados recibirán el 10 de diciembre una medalla de oro, un diploma y un cheque por más de 900 mil euros, que puede ser dividido en cada categoría entre tres ganadores como máximo.

Domingo, 30 Septiembre 2018 06:12

La inestabilidad neoliberal en Latinoamérica

La inestabilidad neoliberal en Latinoamérica

Estabilidad, confianza, certidumbre y eficiencia son las cuatro promesas más repetidas por cualquier proyecto neoliberal. ¿Se cumplen? ¿Es un gobierno neoliberal capaz de dar estabilidad a un país? ¿Saben cómo generar confianza y certidumbre? ¿Logran tener economías eficientes? Veamos qué sucede en Latinoamérica. Empecemos por Argentina.

Crear un buen eslogan es siempre más fácil que estabilizar la economía de un país en un ambiente de fuerte restricción externa. El macrismo se desgasta a mucha más velocidad de lo previsible porque demuestra que no sabe gobernar ni gestionar. En algo menos de tres años consiguió que el país esté patas arriba. La economía no va, se mire por donde se mire. La inflación apunta este año 2018 a estar por encima del 40 por ciento según las últimas estimaciones oficiales, a pesar de que la tenían calculada en el 15 por ciento a fines del año pasado. La economía se contraerá por encima del 2 por ciento, aunque habían pronosticado que crecería por encima del 3 por ciento. La liberalización cambiaria provocó una devaluación que no tiene fin: en este tiempo lo llevaron de 10 pesos hasta casi 40, y veremos cómo acaba. La inversión extranjera jamás llegó. Se prometieron dólares que era imposible de producirlos en casa, y sólo han podido ser obtenidos parcialmente, con una deuda eterna con el mundo. El Fondo Monetario Internacional pide más ajuste: más recortes sociales, menos salarios, provocando así que la demanda interna pierda toda su fuerza como motor económico. La tasa de interés va por el 60 por ciento: espaldarazo ideal para que la economía financiarizada acabe con la economía real. La industria se desmorona. La balanza comercial es cada día más deficitaria tras la liberalización de las importaciones.


El cuadro macroeconómico del neoliberalismo en Argentina no resiste a ningún test de equilibrio ni eficiencia. Mauricio Macri y Cambiemos trajeron consigo justamente lo contrario de aquello que siempre promete: incertidumbre y desconfianza. La inestabilidad no sólo es económica, también lo es política y social. Las protestas crecen y se extienden a casi todos los sectores gremiales. La marcha de las mujeres demostró también la incapacidad del Gobierno para entender que está surgiendo otra nueva mayoría que refleja un sentido común cada vez más protagónico en la sociedad argentina. Tampoco les funciona el oído; se alejaron de todo lo que pasa en la calle. El timbreo como apuesta publicitaria está bien, pero no les sirve para que la ciudadanía resuelva sus problemas. Están atrapados en sus propios anuncios mientras que la inestabilidad afecta a la gente.


Pero no es únicamente en Argentina donde neoliberalismo e inestabilidad se dan la mano. Brasil es otro buen ejemplo de ello. Con elecciones a la vista y un presidente no electo desde hace años, este país presenta un largo etcétera de sucesos que conforman un panorama ciertamente inestable. Su economía no crece. El real se devalúa. El país se ha militarizado para frenar protestas. Y Naciones Unidas desautoriza que se impida a Lula ser candidato a presidente.


Otro caso es el de Perú, que aunque su macroeconomía es estable, el sistema político y judicial hace aguas por todas partes. Posee un presidente no electo tras el caso de corrupción que sacó a Kuczynski de su condición. Tiene a otros tantos ex presidentes también en la cárcel o prófugos por haberse enriquecido ilegalmente. El sistema judicial está completamente podrido. El actual fiscal general está con múltiples casos en su contra. La mayoría de la ciudadanía no cree en sus instituciones.


Es fácil seguir dando ejemplos de países que bajo la gestión neoliberal no saben generar ni confianza ni certidumbre. Colombia es otro país con una economía real raquítica, desindustrializada progresivamente, con productividad muy baja, sin demanda interna que logre generar crecimiento sostenido, y con indicadores sociales más propios de países en guerra. Y con un conflicto cada vez más difícil de resolver por la llegada de Iván Duque a la presidencia. Y, mientras tanto, las muertes de lideres sociales continúan. Chile es otro destino no tan ideal como lo presentan. Con una economía que no despega, y en medio de continuos paros nacionales por parte de una gran diversidad de sectores, el país tampoco muestra un marco de estabilidad. Y no olvidar a México, cuyo neoliberalismo ha hecho que la economía siga estancada, con alta inflación, fuertemente endeudado, con un sector petrolero venido a menos luego de las últimas reformas, y con pobreza y desigualdad de carácter estructural que, además de ser injustas, suponen un freno a cualquier intento de reactivación económica.


Se mire por donde se mire, el neoliberalismo no sabe gobernar, ni siquiera bajo sus propias premisas. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Si las agencias de calificación de riesgo hicieran bien su trabajo, desde criterios estrictamente ortodoxos, les daría a todos ellos una nota muy negativa.


La verdadera experticia del neoliberalismo es comunicar lo que no sabe hacer. Ni estabiliza; ni da certeza ni confianza; y tampoco logra consolidar economías eficientes

Por Alfredo Serrano Mancilla, director del Celag, doctor en economía

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Miles de personas tomaron la mina de carbón de Hambach (Alemania) el 5 de noviembre de 2017

Mientras las negociaciones climáticas vuelven a estancarse en Bangkok, el mundo vivirá una nueva protesta global este sábado en la que se exigirá el fin de los retrasos en la transición ecológica, la rápida descarbonización de la economía y la concreción y aplicación de un Acuerdo de París clave para el planeta.

 

Parece que de tanto repetirlo la magnitud del problema decrece, aunque la propia supervivencia nos vaya en ello. Algunos de los últimos datos: 2018 va camino de ser el año más cálido de la historia a nivel global, la capa de hielo del ártico llegó este invierno a un nuevo mínimo histórico y este verano se han registrado temperaturas de 33 grados no solo en la costa de la península Ibérica, también en algunas localidades noruegas del Círculo Polar Ártico, un área del planeta que ha sufrido en febrero de este año aumentos de temperatura de 30 grados más que el promedio para esa época del año.


Da igual la estadística que se consulte, la temperatura de la Tierra ha aumentado en torno a 1,4ºC desde 1880. Y vamos camino de multiplicar esa cifra. La C onferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2016 (COP22) de Marrakech, la primera tras la adopción del mandato del Acuerdo de París —que plantea un horizonte máximo de aumento de temperatura de 2ºC sobre los niveles preindustriales, con la intención de dejarlo en 1,5— señalaba, tras evaluar los compromisos presentados hasta la fecha por los países, que el planeta se dirigía a un calentamiento global superior a 3,5 grados.


El fracaso de la COP23 en Bonn, donde no se avanzó lo suficiente para concretar un Acuerdo de París que implica un mandato pero que no tiene aún herramientas concretas para llevarlo a cabo, ha llevado a la celebración antes de la COP24 —programada para diciembre en Katowice (Polonia)— de una cumbre del clima intermedia adicional en Bangkok esta semana.


Aprovechando esta fecha, además de la Cumbre de Acción Climática Mundial de la llamada High Ambition Coalition —el grupo de países desarrollados y en vías de desarrollo que busca acelerar los esfuerzos para frenar el cambio climático—, que tendrá lugar en San Francisco del 12 al 14 de septiembre, las organizaciones ecologistas y los movimientos sociales han lanzado la convocatoria global de movilización Rise for the climate (En pie por el clima).


TRANSICIÓN RÁPIDA Y JUSTA


Organizada en el Estado español por colectivos y ONG como Inspiraction, Ecologistas en Acción, Greenpeace o Contra el Diluvio, y con el apoyo de Equo, Izquierda Unida y Podemos, la convocatoria pretende presionar para lograr “una transición rápida, justa e igualitaria a un escenario con energía 100% renovable, así como el fin inmediato de las nuevas inversiones en proyectos fósiles”. Hay confirmadas protestas en Barcelona, León, Madrid, Palma, Pamplona y Soria.


La protesta llega en un momento de cierto pesimismo entre los defensores de la acción contra el cambio climático. El objetivo de la cumbre interseccional de Bangkok es avanzar en las negociaciones para concretar el Acuerdo de París. El coordinador de Cambio Climático de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, cuya organización está realizando un seguimiento de la cumbre con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, admite que “en estos momentos la situación está en la cuerda floja”.


“Si no se aceleran enormemente los esfuerzos, teniendo en cuenta que queda muchísimo trabajo pendiente y con la experiencia del Acuerdo de París, que desde los primeros textos hasta que llegó el acuerdo pasaron dos años, es altamente improbable que se consigan los objetivos; no tenemos muchas esperanzas”, señala Andaluz.


RIESGO DE BLOQUEO


El coordinador explica que hay dos temas clave en los que las negociaciones están bloqueadas ahora mismo: la financiación del proceso de descarbonización de la economía y el incremento en la ambición en las reducciones comprometidas.


Respecto al primero, tal como apunta, este miércoles trascendieron dos textos de posiciones contrarias: uno por parte de los países con más necesidades económicas —el llamado G77, en el que se agrupan 134 países—, que pide más fondos por parte de los países ricos, y otro de las naciones con más ambición climática. “Hay que ver si de esas dos posiciones se consigue un consenso o se polarizan ambas en estos dos textos, con lo que hay riesgo de bloqueo como pasó en la conferencia del clima de Copenhage”.


El segundo bloqueo gira en torno al incremento de la ambición en los objetivos climáticos, o lo que es lo mismo, la concreción del proceso por el cual los países deberían aumentar las reducciones de gases de efecto invernadero ya comprometidas, así como la financiación ya pactada. Es el llamado Diálogo de Talanoa, el proceso paralelo a las cumbres climáticas para unificar posturas y rebajar esa previsión de incremento de temperatura en más de 3,5ºC, “aunque nadie sabe muy bien cómo ese diálogo se va a convertir en un proceso por el que los países se adapten a las indicaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)”, remarca Andaluz.
Con el horizonte de la COP24 cada vez más cercano, “los anuncios de Trump de suspender la financiación climática, la pasividad de los países más responsables en incrementar la financiación y no alcanzar la financiación pactada pueden suponer un enorme bloqueo en la cumbre de Katowice que dilate de nuevo la acción climática”, señala el coordinador de Ecologistas en Acción. El peor resultado: el retraso en la entrada en vigor del Acuerdo de París, algo que podría tener consecuencias nefastas para el planeta.
Por ello, el manifiesto de la convocatoria llama a salir a la calle “para exigir que los acuerdos alcanzados reflejen la urgencia de la situación en la que estamos y para mostrar el poder de la gente frente al de las grandes multinacionales del lobby fósil”. Como señalan los organizadores de la protesta, “estamos en una encrucijada, si actuamos juntas podemos poner fin a la era de los combustibles fósiles y salvar el clima del que todas dependemos”.

 

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Jueves, 30 Agosto 2018 07:02

Venezuela: las tres crisis

Venezuela: las tres crisis

El sistema eléctrico de Venezuela experimentó ayer una grave falla que dejó sin energía a Caracas y a los estados de Miranda, Lara, Nueva Esparta y Vargas, lo que provocó la suspensión de operaciones de todo el sistema del Metro capitalino. El mes pasado había ocurrido ya un apagón de varias horas en la misma zona.


Independientemente de la causa de los fallos –el gobierno los atribuye a acciones de sabotaje, en tanto que los opositores apuntan a carencias de inversión y mantenimiento en el sistema eléctrico y a una mala gestión–, percances de esta clase ahondan la caída en la calidad de vida de los venezolanos, abrumados por la hiperinflación, la escasez de algunos productos básicos y de medicinas y, en general, una crisis económica a la que no se le ve una pronta solución, pese a la drástica corrección de rumbo en la política económica emprendida hace unas semanas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.


La mala situación material por la que atraviesa la nación sudamericana tiene como correlato la interminable confrontación política entre el régimen bolivariano y las oposiciones que aún tienen bajo su control la Asamblea Nacional y que, si bien no se ha traducido en enfrentamientos de gran escala, en días recientes ha dejado una honda fractura nacional y una sociedad polarizada y dividida. Ambas crisis, la económica y la política, han derivado a su vez en una tercera: la crisis humanitaria internacional de los miles de venezolanos que abandonan su país y que tienen como destino temporal las naciones vecinas: Colombia, Brasil, Perú y Ecuador.


No cabe duda que los problemas que enfrenta la patria de Simón Bolívar han sido sistemáticamente magnificados por el conjunto de los medios internacionales, los cuales fabrican por rutina, y de manera acrítica e incluso malintencionada, un escenario social infernal, una dictadura sangrienta y un pueblo que muere de hambre. Por su parte, el gobierno de Caracas, por boca del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, descalifica la crisis de los refugiados venezolanos como fake news y como un engaño por gobiernos xenófobos y racistas, asimismo, destacó el hecho de que de la población total del país, cerca de 20 por ciento está compuesto por colombianos, peruanos y ecuatorianos.


El problema, sin embargo, existe, tiene un impacto real en los territorios de las naciones vecinas de Venezuela y obliga a los gobiernos correspondientes a adoptar medidas especiales para acoger y proteger a los venezolanos recién llegados a sus respectivos territorios: un millón en Colombia, 600 mil en Ecuador, 400 mil en Perú, 300 mil en Chile y 100 mil en Argentina, a pesar de que las dos últimas de esas naciones no comparten fronteras con Venezuela. Una tendencia particularmente preocupante es el conjunto de brotes xenofóbicos registrados en Brasil, Perú y Panamá en contra de los desplazados.


En estas circunstancias, la Organización de los Estados Americanos convocó a su Consejo Permanente a una reunión para el próximo 5 de septiembre en Washington, a fin de tratar el asunto. Pero más que aliviar, el anuncio de ese encuentro preocupa, toda vez que el organismo interamericano se ha caracterizado por su falta de imparcialidad y por su manifiesta hostilidad política hacia el régimen bolivariano.


Cabe esperar que los gobiernos latinoamericanos sean capaces de abordar y enfrentar la crisis humanitaria en curso sin intervenir en los asuntos internos de Venezuela y que se limiten a cumplir con los deberes que dictan la solidaridad y la ética para con quienes escapan, por las razones que sean, de situaciones adversas.

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 Hiperinflación, industria, dinero en efectivo y salarios en Venezuela

Pocas personas se atreven a negar que Venezuela sufre la crisis más profunda de su historia. Por quinto año consecutivo, el país presentará la inflación más alta del mundo (estimada en 24.571 % para el período de mayo de 2017 a mayo de 2018 (Nacional, 2018)). En mayo de 2018, la inflación del mes alcanzó el 110 % y la inflación acumulada en 2018 roza el 1.995 % (Nacional, 2018). De este modo, el país detenta el séptimo mes consecutivo con hiperinflación y ve con estupor cómo los precios suben a diario.

 

Venezuela posee además un déficit fiscal de dos dígitos (al menos por sexto año consecutivo), el riesgo país más alto del mundo, las reservas internacionales más bajas de los últimos 20 años (menos de 8.600 millones de US$) y una tremebunda escasez de bienes y servicios esenciales (alimentos y medicinas). El valor del dólar paralelo (que sirve para fijar casi todos los precios de la economía) se ha incrementado en más de 3.500 % en lo que va de 2018, lo cual ha desintegrado por completo el poder adquisitivo de la población asalariada (Sutherland, 2018). 

En estas líneas, se quisiera mostrar que la política económica bolivariana dista mucho de ser «socialista», e incluso «desarrollista». Lo que a las claras se observa es un proceso de desindustrialización severo en favor de una casta importadora-financiera que, con un discurso enardecido y un clientelismo popular vigoroso, ha acelerado de manera drástica la fase depresiva del ciclo económico capitalista de un proceso nacional de acumulación de capital basado en la apropiación de la renta hidrocarburífera. Estas políticas estatales han demolido por completo el ingreso obrero y han desarrollado un proceso de lumpenización vigoroso que lleva a millones de personas a una situación de insólita miseria extrema. Se tratará de explicar la forma en que se llegó a ese punto, las consecuencias de haber descendido a esos niveles y las perspectivas económicas más inmediatas.

 

El ciclo económico y la subida en de los precios de las materias primas

El ciclo económico en Venezuela se puede observar en su manifestación más inmediata y simple: las variaciones interanuales del PIB. Este indicador refleja fuertes alteraciones en el ritmo de crecimiento de la economía, con enérgicos períodos de auge y caída que determinan la volatilidad extrema de la acumulación de capital, que a su vez no hace más que reflejar la fuerte variabilidad de los precios del petróleo. El «oro negro» constituye alrededor de 95% de las exportaciones en los años de auge de los precios (2012) y cerca de 65% en los años en que el precio del petróleo es muy «bajo» (1998) (Banco Central de Venezuela), es decir, cuando la renta es exigua y los hidrocarburos ofrecen una tasa de ganancia similar a la de una producción industrial normal.


El ritmo anualmente incrementado de gastos del gobierno y la hipertrofia en las importaciones hace que precios del petróleo cinco o seis veces más altos que los observados a inicios de la década de 2000 luzcan ahora como «bajos». En esos últimos años se hacen visibles los resultados de un proceso de desindustrialización que, en favor de un fervor importador, llegó a subsidiar (con la sobrevaluación del tipo de cambio) 99,9% de las importaciones de productos como leche líquida, cemento o gasolina, además de obreros (chinos) para construir viviendas.


Desindustrialización a la vista


La expansión rentística duró un tiempo excepcionalmente largo y en ella se profundizaron los males que traen aparejados los estallidos repentinos en el ingreso petrolero. La industria y el agro se redujeron con la hoz de un tipo de cambio inconvenientemente sobrevaluado (Kornblihtt, 2016). Lo importado resultó extremadamente barato y se desincentivó cualquier esfuerzo productivo industrial o agrícola. Inicialmente el PIB industrial registró un notable incremento (2004-2008), para luego decrecer a niveles por debajo del de 1997, situación que se podría considerar incongruente a simple vista, ya que en los años de crecimiento elevado (2004-2008) la importación de maquinaria y equipos industriales (formación bruta de capital fijo) se quintuplicó (BCV).


Si se analiza con cifras recientes la producción de automóviles, se ve que el retroceso ha sido muy severo. Entre 2007 y 2015, esta producción se ha desplomado en un impresionante 89%; el guarismo de 2015 es casi tan bajo como el registro de 1962, cuando nació formalmente la industria automotriz y se ensamblaron 10.000 vehículos. Desde 2007, año en que se ensamblaron 172.418 unidades, la industria automotriz ha caído en picada: en 2015 se contrajo a su peor nivel en 53 años y ensambló apenas 18.300 unidades (Deniz, 2016). Según datos de la Cámara Automotriz de Venezuela y de la Federación Venezolana de Autopartes, el ensamblaje de vehículos en 2016 cayó hasta 2.694 unidades, 83% menos que en 2015 (FAVEMPA, 2016).


La venta de vehículos que suma automóviles ensamblados en Venezuela y autos importados, es una muestra fehaciente de la cuasi desaparición de la industria automotriz, el corazón de la industria nacional. El gráfico 3 muestra lo alarmante de dicha situación. 


Gráfico 1: Ventas de vehículos en Venezuela

 

La  caída en la importación que causó como antes se ha explicado una fuerte contracción de la oferta de bienes y servicios, se vio aparejada con una desindustrialización drástica que colaboró de manera determinante en la disminución de los bienes disponibles. Ello condujo a que el dinero inorgánico producido en exceso consiguiera cada vez menos productos e hiciera más explosivo aún su efecto sobre el nivel general de precios. 


Venezuela: La hiperinflación anualizada más alta de la historia de América Latina


“El gobierno de Maduro no ha tomado una sola medida para contener la hiperinflación. Todo lo contrario. Sigue financiando el déficit de las cuentas públicas con dinero inorgánico emitido por el Banco Central de Venezuela.” (Pietro, 2018).


Es por todos sabido que el 24.571 % de inflación anualizada, según el índice que levanta la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, ya ha llegado a ser la más alta de la historia de América Latina superando a la inflación anualizada registrada en el peor año de la hiperinflación en Nicaragua (23.710 %). Así mismo, mayo de 2018 fue el séptimo mes consecutivo de hiperinflación en Venezuela, alcanzando el nada honroso cuarto lugar en la historia de las hiperinflaciones en América Latina, medidas por la magnitud de su duración. Aunque el umbral de los 63 meses consecutivos de hiperinflación en Nicaragua luce lejano, la destrucción que ha traído aparejado este proceso luce mucho más vigorosa que procesos de hiperinflación de mayor duración (Argentina: 11 meses; Bolivia 18 meses) (ProEconomía, 2018). 


Mientras que las hiperinflaciones ocurren por lo general sin caídas dramáticas de la producción, la hiperinflación de Venezuela presenta un fuerte derrumbe en el suministro de bienes ya que la economía se ha reducido drásticamente cada año desde el 2014. Según el FMI, solo en 2016 la producción económica disminuyó un 16,5 por ciento (Looney, 2018). Cálculos que se han estimado por nuestra parte, arrojan que la caída en el PIB para el período 2013 a 2018 puede llegar a rozar el 45 %. Ninguna hiperinflación reciente ha venido acompañada con una destrucción de riqueza semejante. En la tabla 1 se puede ver una compilación de la data que arroja la hiperinflación en nuestro país: 


Tabla 1: La hiperinflación en cifras

 

Es destacable el ritmo incremental de la inflación en el año 2017. De 18,7 % en enero hasta llegar al umbral de la hiperinflación en noviembre de ese mismo año. De diciembre a marzo hubo una importante caída en la inflación mensual que avizoraba algo probablemente más suave para mediados de año, sin embargo, las elecciones presidenciales adelantadas para el 20 de mayo impusieron un despilfarro enorme del menguado erario público, orientado a expandir la cantidad de dinero en la economía para fines proselitistas. Ese envión político requirió de un “esfuerzo” adicional de emisión digital de dinero que disparó en 110 % al guarismo que reflejó la inflación en el mes de mayo. Eso hizo que la inflación acumulada hasta mayo trepase al 1995,2 %. Si la inflación del mes de mayo (la más alta en nuestra historia) se repitiese por los próximos 11 meses, hablaríamos de una inflación anualizada de 735.583 %. Si la primera hiperinflación registrada en noviembre de 2017 (56,7 %) se repitiese como promedio mensual, la inflación anualizada sería 21.919 %, un escenario que quizás el gobierno maneje como “deseable”. 


Para Steve Hanke, especialista en procesos de hiperinflación a nivel mundial, la hiperinflación anualizada (junio 2017 a junio 2018) alcanzó la escalofriante cifra de 38.169 % (Hanke, 2018). Esta inflación fue medida a través de las variaciones del tipo de cambio paralelo, puntualmente el indicador de Air TM. Esta inflación parece muy elevada, pero en estos casos las variaciones de precios son muy difíciles de medir, más aún después del blackout informativo de las instituciones gubernamentales que se niegan a publicar estadísticas. 


La excesiva emisión de dinero (sin tan siquiera imprimirlo)


En párrafos anteriores se ha explicado que la caída en la oferta de bienes, por las causas antes vistas, es una causa importante en el crecimiento vertiginoso de los precios. De manera interesante es de hacer notar que la emisión excesiva de dinero inorgánico no es la raíz unívoca de la hiperinflación, según el criterio que acá se utiliza, aunque es indispensable para que ésta se pueda desarrollar. Diríase que es la gasolina que alimenta el fuego de la espiral inflacionaria.


Dicho esto, podemos abordar con algunos datos muy concretos el devenir de la emisión de dinero en Venezuela, a cargo del inefable BCV. Según sus propios datos, el BCV ha aumentado la base monetaria (BM) (1999-2018) en un inestimable 18 millones por ciento. En el 2017 el BCV incrementó la BM en 1737 %, en plena contracción económica, lo cual debe traducirse en un incremento correlativo de los precios. La inflación anual (2017) alcanzó el 2616 %, según la AN, algo más alto que el crecimiento de la BM.


Si hacemos una comparación de la BM entre el 2016 y junio de 2018, podemos ver que ésta fue abultada en un 16.347 %, hinchazón que poco a poco se ve reflejada de una manera notoria en nuestro devenir hiperinflacionario. Esta vocación irracional de emisión de dinero debe fundir a cualquier economía. La monetización del déficit que trata de cerrar las brechas presupuestales y parafiscales, es el corazón de esta destrucción económica sin parangón. 


Gráfico 2: Expansión de la base monetaria en Venezuela

 

 

Hasta 2017 es factible conseguir el número correspondiente al llamado M2 en casi todas las economías latinoamericanas. M2 es conocido como la cantidad total de efectivo y de los saldos de cuenta corrientes (M1), más las cuentas de ahorro, los fondos del mercado monetario y otros depósitos. A grandes rasgos, M2 es un concepto amplio que incluye el dinero que no es totalmente líquido, pero que puede convertirse en efectivo de forma expedita. En el gráfico 5 se quiso comparar el crecimiento del M2 en algunas economías latinas. Ahí se ve como en Venezuela el crecimiento de esa variable es muchísimo más elevado, algo que la mayoría de personeros del gobierno pretende soslayar. 


Gráfico 3: Evolución del M2 en algunos países de AL (escala logarítmica)

 

Una interesante novedad de la hiperinflación en Venezuela, es que será la primera de la historia en que se mezclen una caída drástica en la producción y una severa escasez de dinero en efectivo. Para quienes sufren el día a día en Venezuela, es un motivo común no tener el más mínimo peculio en efectivo que permita pagar servicios nimios como los de un taxi. Para variar, al gobierno se le ocurrió inventar que la escasez de dinero es “inducida”, que el efectivo es “secuestrado” por brasileros y colombianos en la frontera; ellos lo hacen como un plan conspirativo para dañar a la economía nacional (guerra económica). Un vistazo a la emisión oficial de billetes y monedas parece indicar lo contrario. 


Gráfico 4: Monedas y billetes en circulación en relación a la BM (2008-2018)

 

Lo que a las claras se puede observar, es que la cantidad de billetes y monedas en circulación es cerca de nueve veces más baja que la que había en 2009, segundo año de la reconversión monetaria. Eso evidencia que la cantidad de efectivo es abiertamente insuficiente. Cuándo un dólar en el mercado paralelo se tranza en Bs. 3.500.000,00; tenemos que el 40 % de billetes impresos se corresponden a la bajísima denominación de Bs. 100; esto evidencia un desajuste monetario sin precedentes. 


Salarios: depauperación absoluta 


En apretado sumario, se ha visto que no se trata del fracaso de medidas económicas que emanan de los textos de Marx o de las acciones acometidas en la Revolución Rusa. El proceso bolivariano ha sido más bien una variante de las políticas económicas que derivan del llamado «rentismo petrolero», que ya se habían experimentado en el primer gobierno socialdemócrata de Carlos Andrés Pérez (1974-1979). El componente ideológico y algunos discursos de talante antiimperialista y antiempresarial confunden a la mayoría de los analistas que estudian las alocuciones de los presidentes y no sus políticas concretas.


En el gráfico 5 se revela el resultado directo de la política de expolio de la renta petrolera a través de la sobrevaluación de la moneda y la emisión de dinero inorgánico inflacionaria como política útil para sostener un gasto público utilizado de manera clientelar y anarquizada. El gráfico refleja la caída en 85 %, entre 2016 y 2018 (junio), del Ingreso Mínimo Legal (IML) (salario más bono de alimentación) que recibe la clase obrera en el país. Nunca antes se vivió una destrucción salarial tan profunda e inexorable. Los sueldos son tan bajos que en muchos casos no alcanzan para pagar el trasporte requerido para ir a la oficina. Las renuncias son masivas, el éxodo de venezolanos a buscar trabajo en otras partes del mundo ya ronda los 3 millones. La única esperanza de muchos es recibir alguna remesa desde el extranjero.


Gráfico 5: Salario real (más bono de alimentación: CT) hasta junio 2018

 

 

El pasado 20 de junio el presidente Nicolás Maduro decretó el cuarto aumento de salario mínimo del año, ubicándolo en Bs. 3.000.000, de igual forma, también incrementó el monto correspondiente al bono de alimentación llevándolo hasta Bs. 2.196.000. En conjunto, el llamado “ingreso mínimo legal” asciende a Bs. 5.196.000, lo que representa una subida de 103% (Ecoanalítica, 2018). Si comparamos el último ingreso mínimo legal vigente con el del año 2015, podemos notar que el gobierno ha incrementado el salario nominal en más de 31 mil por ciento, haciendo gala de una rústica política de ilusión monetaria. De esa forma el gobierno le hace creer a las personas que el salario sube constantemente en aras de “protegerlo” de la guerra económica, a pesar de que ello no representa ningún poder adquisitivo real.


Si medimos el IML en US$, a través de recoger data relativa al dólar paralelo (Dolar Today), vemos algunas cosas sugestivas como que apenas en el año 2001 (con libre cambio) el salario en divisas en Venezuela era de los más altos de América latina, llegó a estar por los 400 US$ al mes. En pleno control de cambio (2004) el ingreso mínimo legal alcanzaba a los 315 US$ y hasta el 2011 sobrepasaba los 250 US$ mensuales[1]. En la actualidad, junio de 2018, es de hacer notar que este mismo indicador ahora refleja apenas 1,53 US$ al mes, esto no es más que el reflejo de una caída del 97 % con respecto al cercano año 2013, primer año de la presidencia de Nicolás Maduro. El gráfico 9 muestra esa involución dolorosa y lamentable.


Gráfico 6: El ingreso mínimo legal en US$ cotizados en el mercado paralelo

 

 

El ingreso mínimo legal medido a través del dólar implícito


Muchos partidarios del gobierno a nivel nacional e internacional comentan que el indicador de salario al dólar paralelo es erróneo y sesgado. Con cierta razón argumentan que éste dígito adolece de rigurosidad científica y que la metodología de su obtención es precaria. 


Un indicador elaborado con datos oficiales es el llamado “dólar implícito”, que mide la relación de la liquidez monetaria (M2) entre las reservas internacionales (oro y divisas). Esa relación era usualmente empleada para medir el tipo de cambio no oficial, hasta que las páginas Web se decantaron por otras mediciones más informales. Este indicador nos ofrece la evolución del respaldo del bolívar en moneda extranjera (US$) y en este caso nos va a servir para medir el progreso (para decirlo de alguna forma) del Ingreso Mínimo Legal (IML) en Venezuela en los últimos años. Creemos que este indicador refleja la dolorosa pérdida salarial venezolana y tiene un comportamiento bastante semejante al que muestra el salario real. Veamos el gráfico 5 donde se evidencia la caída del 90 % en el IML (salario más bono de alimentación) que ha sufrido la clase obrera venezolana en el período 2000-2018. 


Gráfico 7: El Ingreso Mínimo Legal en Venezuela a US$ implícito 

 

 

No es un dato menor, que la tendencia a la baja del IML es previa al advenimiento del Presidente Maduro. El descenso en el IML medido por el US$ implícito para el período 2000-2012 es de 62 %, aún cuando en ese período el precio del petróleo se había multiplicado por 10 y las exportaciones petroleras se habían cuadruplicado (Banco Central de Venezuela).


Corolario


La izquierda mundial no tiene por qué acallar sus críticas ni forzar defensas estrafalarias en aras de «no mimetizarse con la derecha» en un análisis riguroso del proceso nacional de acumulación de capital en Venezuela. La izquierda debe criticar a los «progresismos» con la misma sagacidad y agudeza que aplica a regímenes abiertamente antiobreros y derechistas. 
La izquierda internacional no tiene por qué ignorar la centralidad de los problemas que acaecen en esos países, sino que debe colaborar con ágiles propuestas para facilitar las posibles soluciones a dichos flagelos, su labor no debe ser encubrir con ideología chocarrera (“guerra económica”, “conspiración imperial” etc.) los horripilantes resultados económicos de gobiernos que aúpan de manera acrítica. 


El real compromiso de la izquierda debe ser con la verdad, con los hechos y resultados concretos que saltan a la vista; la lealtad no es con el amiguismo ni con los gobiernos que los llaman para formar parte de un circo de adulación  y sordidez.  


El compromiso es con la clase obrera de los países que sufren brutales flagelos que deben tener una solución inmediata. La obligación no puede ser la defensa al burócrata de turno que henchido en millones de dólares, evade la responsabilidad en la destrucción desalmada y sanguinolenta de varias generaciones de obreros que ni reproducirse biológicamente pueden. 
Hay alternativas a la crisis, pronto el CIFO las someterá al más amplio debate constructivo. Es menester luchar todos por frenar a esta locomotora desbocada de la crisis.

 

Referencias

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BCV. (s.f.). Banco central de Venezuela. Recuperado el 15 de Octubre de 2016, de www.bcv.gov.ve
Deniz, R. (26 de Enero de 2016). América Económica. Obtenido de http://www.americaeconomica.com:http://www.americaeconomica.com/venezuela/22356/automotriz-venezuela-retrocede.html
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Manuel Sutherland 
Economista, es Director de Investigaciones del: Centro de Investigación y formación Obrera (CIFO) de Caracas, Venezuela.

Publicado enEconomía
La economía naranja  y el modelo de maquila cultural

Presionado por el capital internacional –léase Ocde– el gobierno Santos impulsó y logró la aprobación de esta Ley, la que junto con la Ley Lleras 6.0 y el proyecto Ley de Convergencias, arrasan con el patrimonio cultural inmaterial del país. Reducida a simple mercancía, las expresiones culturales y sus creadores son embolsados en el botín de las multinacionales.

 

En abril 26 de 2017, la denominada Ley Naranja, presentada por el senador Iván Duque Márquez, fue aprobada en último debate en la Cámara de Representantes. Inexplicablemente, la discusión se adelantó, pasando del puesto 25, que originalmente tenía en la agenda, al segundo. Con un quórum mínimo y sin un estudio real, obtuvo 80 votos a favor y solo 5 en contra. Otro ejemplo de cómo en nuestro país se aplica una política antidemocrática, aprobando leyes a pupitrazo, sin garantizar una amplia deliberación que incluya a la sociedad civil y a los sectores directamente interesados. Como era de esperarse, el presidente Santos, se apresuró a convalidarla, sancionándola en tiempo récord.

 

En 2013, Iván Duque y Felipe Buitrago, ya habían presentado para el Banco Interamericano de Desarrollo –BID– un extenso estudio sobre el tema, con estadísticas mundiales de lo que ellos denominaban la economía de la cultura y la creatividad y sus posibilidades como nueva fuente de negocios y emprendimiento. Allí se calculaba el monto de la Economía Naranja en las Américas en 1.932 miles de millones de dólares de los cuales 1.664 en Estados Unidos, 175 en Latino América y el Caribe y 93 en Canadá. En el caso de Latino América, los países más relevantes son: Brasil con 66 mil millones de dólares, México con 55, Argentina con 17 y Colombia con 11.

 

El 17 de junio de 2018, en su discurso, tras ganar las elecciones en la segunda vuelta, Iván Duque resaltó éste renglón económico como uno de los pilares de su futura política gubernamental hasta el punto de mencionar posteriormente la posible creación de un viceministerio de la Economía Naranja. La importancia del tema por su relevancia económica y por ser el nuevo concepto con el cual pretenden manejar a la cultura y las artes, obligan a profundizar sobre las consecuencias que tiene para la Nación y la sociedad en general.

 

El concepto de Economía Naranja surge como otro derivado de las economías multicolores (verde, fucsia y demás), con las cuales las multinacionales pretenden solucionar sus problemas ante la crisis de rentabilidad a la que se ven enfrentadas.

 

En 2008, tras el crack financiero en el que colapsan Lehman Brothers y otras instituciones financieras norteamericanas y europeas, las instituciones financieras mundiales y los monopolios internacionales se apresuraron a buscar nuevos nichos de ingresos para salir de la crisis. No bastaron los enormes recursos que el gobierno americano invirtió en su rescate (solo el American International Group recibió 182.000 millones de dólares en asistencia y a distintas instituciones les ofrecieron alrededor de 16 trillones de dólares en “bailouts” –rescates– y otros subsidios de la Reserva Federal y del Congreso).

 

Fue la danza de los millones, con dineros públicos, para salvar a unos pocos, en este caso, especuladores privados. Millones que deben encontrar destino. Uno de cada diez dólares de la economía mundial va a la producción de bienes y servicios. El resto se invierte en modelos especulativos (mercados de deuda, de valores, futuros, seguros, etcétera). Hay millones de dólares que no tienen como invertirse y, por ende, se deben buscar nuevas fuentes o “nichos” que generen réditos. Entre estos se encuentra la “creatividad”. Es el gran capital buscando una nueva economía. Se trata de un modelo impuesto desde arriba y que no surge desde abajo. No son los artistas, son el Banco Interamericano de Desarrollo –BID– y las financieras mundiales proponiendo un modelo de negocio.

 

Las industrias llamadas creativas comprenden los sectores que conjugan la creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural y/o aquellas que generen protección en el marco de los derechos de autor. La intención es incluir renglones ya existentes (gastronomía, arquitectura, publicidad, moda, turismo, agencias de noticias, videojuegos, etcétera) con otros nuevos de tipo artístico (artes escénicas, plástica, música, literatura, danza...). Dentro del nuevo modelo, el Estado se convertirá solo en un regulador y facilitador del nuevo negocio cuyos grandes beneficiarios serán las compañías oligopólicas del ramo.

 

Este modelo hace parte de una política neoliberal, que suprime expresiones de la cultura, como un derecho de la gente, con lo que pretende eliminar la obligación del Estado de garantizar, auspiciar, financiar y defender todas las expresiones artístico culturales de asiento nacional. De esta manera, la expresión cultural desaparece como derecho y se convierte exclusivamente en un negocio de las empresas del entretenimiento. Se intenta acabar con su papel como generadora de valores morales, éticos y estéticos, de nacionalidad y de construcción y reconstrucción del tejido social y se pone en entredicho la propiedad del patrimonio cultural inmaterial de la Nación.

 

El único criterio que se aplicará para que sobreviva cualquier iniciativa cultural, será que produzca réditos inmediatos. Así se trata, a las expresiones culturales, y al arte, como cualquier otro bien seriado, llámense zapatos, camisas, automóviles o goma de mascar. No se tiene en cuenta su carácter como productos únicos e irrepetibles. Tampoco se tiene en cuenta el valor que producen, no solo intelectual sino materialmente, a través del tiempo.

 

Las grandes obras, no solo perduran, sino que se reproducen por centurias. Se siguen montando los dramaturgos griegos, o a Shakespeare; se siguen tocando y escuchando la música de Bach, Mozart o Beethoven; y se siguen imprimiendo las obras de los grandes literatos, de Homero en adelante. Esto genera una riqueza material durante prolongados períodos de tiempo, por siglos, fuera del invaluable enriquecimiento a nivel intelectual y espiritual. La creación tiene unos parámetros totalmente distintos a las demás mercancías.

 

En este contexto, la Ley Naranja, en vez de solucionar el problema del abandono de los creadores por parte del Estado colombiano y de velar por el derecho fundamental del acceso a la cultura, busca que en medio de la crisis y la baja de la rentabilidad en otros sectores económicos, la economía creativa sirva como “oportunidad de negocios”, para grandes empresas nacionales e internacionales.

 

Como es conocido, dentro de los ciclos productivos se habla de creación, producción, distribución y comercialización. En este caso, serán los comercializadores los que se queden con el 90 por ciento del producido. La Ley Naranja hace parte del mismo paquete que incluye la Ley Lleras 6.01 y el Proyecto de Ley de Convergencias 1742, en los cuales dentro del concepto del copyright son los intermediarios quienes se benefician con la mayor tajada del pastel. A los pocos creadores “afortunados” que logren entrar en el negocio, les tocará un 10 restante, mientras los negociantes se apropiarán del conocimiento de la humanidad y manejarán su distribución únicamente bajo sus criterios de lucro y control del saber. Es el concepto del conocimiento, la cultura y las artes como propiedad privada, generadores del lucro, y no como bienes comunes de la sociedad.

 

El propósito es acomodar la “economía creativa” a los Tratados de Libre Comercio ya firmados y los por firmar. Con esta Ley se pretenden afinar los instrumentos jurídicos para que las industrias creativas extranjeras entren a saco al mercado colombiano con las mismas garantías de la industria nacional (nefasto Artículo 100 de la Constitución del 91). Se trata de impulsar que el modelo empresarial antinacional se lucre de la infraestructura que la nación, los departamentos y los municipios construyen con los impuestos de los colombianos y con el talento nacional. Es decir, estamos ante un nuevo caso de competencia desigual, en la que la desprotección y la falta de garantías llevarán a la ruina a las industrias culturales y los artistas nacionales. El creador colombiano, que no es ni siquiera mencionado en la Ley, terminará siendo apenas un empleado más, sin posibilidad de continuar con su creación independiente. En la práctica, el país se convertirá en una maquila cultural.

 

Por lo demás, la ley no habla del fortalecimiento del sector a través del apoyo financiero del Estado. Por el contrario, entrega al capital financiero el manejo de la “Economía Naranja”. En materia de presupuesto solo contempla créditos y líneas de inversión a través de Bancoldex, Findeter y Procolombia, entidades que promueven y financian el libre comercio, con lo que, finalmente, además de encadenar la Economía creativa a los ciclos de la apertura económica, encarece su consumo, obligando a los ciudadanos a pagar los costos.

 

De esta manera, el patrimonio cultural inmaterial del país recibe su sentencia de muerte. No solo se entrega la creación nacional en manos de los grandes empresarios, sino que las regiones, las etnias y los municipios pierden toda posibilidad de una expresión cultural autónoma e independiente y quedan sometidos a los circuitos financieros y al modelo empresarial que promueve esta Ley.

 

La nuestra es una crítica que no cuestiona la posibilidad de que exista la cultura del entretenimiento y de que existan empresas que se beneficien con ello. El primer problema es que los pequeños y medianos productores nacionales tendrán que enfrentar una competencia desleal donde los únicos beneficiados son los monopolios culturales nacionales y extranjeros. El segundo, y tal vez el principal, es que se despoje al pueblo colombiano del derecho a tener un arte y cultura nacionales y se exima al Estado de sus obligaciones. En Colombia el presupuesto del Ministerio de Cultura representa solo el 0.16 por ciento del presupuesto general.

 

El país tampoco cumple con las mínimas recomendaciones de la Unesco de la cual somos miembros. La Convención de la Unesco para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, del 2005, especifica “que las actividades, los bienes y los servicios culturales son de índole a la vez económica y cultural, porque son portadores de identidades, valores y significados, y por consiguiente no deben tratarse como si solo tuviesen un valor comercial”. La Declaración Internacional sobre la Condición del Artista aprobada en Belgrado en 1980 y ratificada en París en 1997, dice: “Sin dejar de apreciar el creciente interés del sector privado hacia el apoyo a la creación sobre todo cuando su contribución evita que se pierdan talentos creadores por falta de medios, reafirmamos la importancia de mantener la financiación pública de las artes”.

 

Desoyendo estas y otras recomendaciones, lo que se pretende imponer es la ley del más salvaje y del “sálvese quien pueda”, ante la arremetida voraz de los monopolios impulsadores de la banalidad, lo trivial y lo vacuo, lo cual busca reforzar su perniciosa ideología y el concepto de contra-cultura a nivel mundial.

 

La cultura y el arte necesitan una legislación que esté acorde con su estado actual y que impulse y defienda la creación nacional y sus aportes a la sociedad. Ante esta ley y las demás del ramo, ya sea que estén aprobadas o en proyecto, es fundamental realizar un amplio debate en el que participen todos los actores involucrados; retirar el arte y la cultura de los tratados de libre comercio y del bloque de la llamada Economía Naranja y evitar su entrega a las multinacionales; se debe crear una Política Pública Cultural del Estado y una Nueva Ley General de la Cultura y el Arte que incluya el fortalecimiento y la promoción del artista y su trabajo, a la vez que defienda todo el arte colombiano y, por supuesto, la producción de las industrias culturales nacionales. En definitiva: proteger la soberanía cultural nacional.

 


 

* Unidad Nacional de Artistas
1 La ley Lleras 6.0 ya fue aprobada el 22 de mayo tras ser tramitada con un mensaje de urgencia del gobierno, para cumplir las exigencias de EEUU que había condicionado su aval para que Colombia ingresara a la Ocde, a la aprobación de la misma. Debido a la protesta de amplios sectores, se le hicieron pequeñas reformas de maquillaje (a las bibliotecas se les posibilitó el préstamo público y se les permite tener terminales para disponer “in sito” de contenidos; las Medidas Tecnológicas de Protección (MTP) impuestas son menores de la ley aprobada en 2012 pero las excepciones son muy limitadas; se amplió de 3 a 10 años la prescripción para los dineros que las sociedades de gestión deben distribuir a los autores identificados; el capítulo que se ocupa de obras huérfanas (aquellas de las cuales no se conoce o no se halla el autor) contempla una mínima parte de ellas y en forma restrictiva; no se incluyó el concepto del “fair use” (uso justo), el cual sí se aplica en EEUU; el castigo de prisión para la piratería se aplicará a aquellos que supone que actúen no sólo con intención sino que tengan escala comercial o interés de lucro.) El fondo del problema se dejó intacto, manteniendo la propiedad y el manejo y la distribución del conocimiento en manos de las grandes empresas multinacionales de la comunicación y ampliando sus derechos de propiedad de 50 a 70 años.
2 El 12 de junio, el proyecto de Ley de Convergencias 174, también recomendación de la Ocde, tuvo que ser retirado por el gobierno debido a la masiva protesta de los sectores del audiovisual y de organizaciones de la cultura como la Unidad Nacional de Artistas. En él se proponía un único regulador que se ocupe de la TV, las redes y la infraestructura de las telecomunicaciones, acabando de tajo el concepto de las comunicaciones como un servicio de interés social y dejando sin garantía de financiación a los 10 canales de la televisión y a los medios audiovisuales públicos; se liquidaban la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC– y la Autoridad Nacional de Televisión –Antv– y se fusionaban El Fondo para el Desarrollo de la Televisión y las Comunicaciones y el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, creando un nuevo Fundo Universal Único –FUU– y la Autoridad Nacional de Regulación de Comunicaciones –Anrc–, administrados con criterios políticos por el gobierno de turno a través del Mintic; se reducían drásticamente los aportes al fondo de parte de los prestadores con título habilitado, al reducir sus aportes en más de 3 puntos y establecer una senda de decrecimiento de los mismos; y se ampliaban los permisos para el uso y explotación del espectro a 30 años renovables. Al ser una recomendación de la Ocde y bajo los criterios de la Economía Naranja impulsados por el Presidente elegido, Iván Duque, es seguro que se intentará hacer aprobar el proyecto en la próxima legislatura, razón por la cual las asociaciones del sector y la sociedad en general, deben estar alertas para rechazarlo de manera categórica.

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La economía naranja  y el modelo de maquila cultural

Presionado por el capital internacional –léase Ocde– el gobierno Santos impulsó y logró la aprobación de esta Ley, la que junto con la Ley Lleras 6.0 y el proyecto Ley de Convergencias, arrasan con el patrimonio cultural inmaterial del país. Reducida a simple mercancía, las expresiones culturales y sus creadores son embolsados en el botín de las multinacionales.

 

En abril 26 de 2017, la denominada Ley Naranja, presentada por el senador Iván Duque Márquez, fue aprobada en último debate en la Cámara de Representantes. Inexplicablemente, la discusión se adelantó, pasando del puesto 25, que originalmente tenía en la agenda, al segundo. Con un quórum mínimo y sin un estudio real, obtuvo 80 votos a favor y solo 5 en contra. Otro ejemplo de cómo en nuestro país se aplica una política antidemocrática, aprobando leyes a pupitrazo, sin garantizar una amplia deliberación que incluya a la sociedad civil y a los sectores directamente interesados. Como era de esperarse, el presidente Santos, se apresuró a convalidarla, sancionándola en tiempo récord.

 

En 2013, Iván Duque y Felipe Buitrago, ya habían presentado para el Banco Interamericano de Desarrollo –BID– un extenso estudio sobre el tema, con estadísticas mundiales de lo que ellos denominaban la economía de la cultura y la creatividad y sus posibilidades como nueva fuente de negocios y emprendimiento. Allí se calculaba el monto de la Economía Naranja en las Américas en 1.932 miles de millones de dólares de los cuales 1.664 en Estados Unidos, 175 en Latino América y el Caribe y 93 en Canadá. En el caso de Latino América, los países más relevantes son: Brasil con 66 mil millones de dólares, México con 55, Argentina con 17 y Colombia con 11.

 

El 17 de junio de 2018, en su discurso, tras ganar las elecciones en la segunda vuelta, Iván Duque resaltó éste renglón económico como uno de los pilares de su futura política gubernamental hasta el punto de mencionar posteriormente la posible creación de un viceministerio de la Economía Naranja. La importancia del tema por su relevancia económica y por ser el nuevo concepto con el cual pretenden manejar a la cultura y las artes, obligan a profundizar sobre las consecuencias que tiene para la Nación y la sociedad en general.

 

El concepto de Economía Naranja surge como otro derivado de las economías multicolores (verde, fucsia y demás), con las cuales las multinacionales pretenden solucionar sus problemas ante la crisis de rentabilidad a la que se ven enfrentadas.

 

En 2008, tras el crack financiero en el que colapsan Lehman Brothers y otras instituciones financieras norteamericanas y europeas, las instituciones financieras mundiales y los monopolios internacionales se apresuraron a buscar nuevos nichos de ingresos para salir de la crisis. No bastaron los enormes recursos que el gobierno americano invirtió en su rescate (solo el American International Group recibió 182.000 millones de dólares en asistencia y a distintas instituciones les ofrecieron alrededor de 16 trillones de dólares en “bailouts” –rescates– y otros subsidios de la Reserva Federal y del Congreso).

 

Fue la danza de los millones, con dineros públicos, para salvar a unos pocos, en este caso, especuladores privados. Millones que deben encontrar destino. Uno de cada diez dólares de la economía mundial va a la producción de bienes y servicios. El resto se invierte en modelos especulativos (mercados de deuda, de valores, futuros, seguros, etcétera). Hay millones de dólares que no tienen como invertirse y, por ende, se deben buscar nuevas fuentes o “nichos” que generen réditos. Entre estos se encuentra la “creatividad”. Es el gran capital buscando una nueva economía. Se trata de un modelo impuesto desde arriba y que no surge desde abajo. No son los artistas, son el Banco Interamericano de Desarrollo –BID– y las financieras mundiales proponiendo un modelo de negocio.

 

Las industrias llamadas creativas comprenden los sectores que conjugan la creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural y/o aquellas que generen protección en el marco de los derechos de autor. La intención es incluir renglones ya existentes (gastronomía, arquitectura, publicidad, moda, turismo, agencias de noticias, videojuegos, etcétera) con otros nuevos de tipo artístico (artes escénicas, plástica, música, literatura, danza...). Dentro del nuevo modelo, el Estado se convertirá solo en un regulador y facilitador del nuevo negocio cuyos grandes beneficiarios serán las compañías oligopólicas del ramo.

 

Este modelo hace parte de una política neoliberal, que suprime expresiones de la cultura, como un derecho de la gente, con lo que pretende eliminar la obligación del Estado de garantizar, auspiciar, financiar y defender todas las expresiones artístico culturales de asiento nacional. De esta manera, la expresión cultural desaparece como derecho y se convierte exclusivamente en un negocio de las empresas del entretenimiento. Se intenta acabar con su papel como generadora de valores morales, éticos y estéticos, de nacionalidad y de construcción y reconstrucción del tejido social y se pone en entredicho la propiedad del patrimonio cultural inmaterial de la Nación.

 

El único criterio que se aplicará para que sobreviva cualquier iniciativa cultural, será que produzca réditos inmediatos. Así se trata, a las expresiones culturales, y al arte, como cualquier otro bien seriado, llámense zapatos, camisas, automóviles o goma de mascar. No se tiene en cuenta su carácter como productos únicos e irrepetibles. Tampoco se tiene en cuenta el valor que producen, no solo intelectual sino materialmente, a través del tiempo.

 

Las grandes obras, no solo perduran, sino que se reproducen por centurias. Se siguen montando los dramaturgos griegos, o a Shakespeare; se siguen tocando y escuchando la música de Bach, Mozart o Beethoven; y se siguen imprimiendo las obras de los grandes literatos, de Homero en adelante. Esto genera una riqueza material durante prolongados períodos de tiempo, por siglos, fuera del invaluable enriquecimiento a nivel intelectual y espiritual. La creación tiene unos parámetros totalmente distintos a las demás mercancías.

 

En este contexto, la Ley Naranja, en vez de solucionar el problema del abandono de los creadores por parte del Estado colombiano y de velar por el derecho fundamental del acceso a la cultura, busca que en medio de la crisis y la baja de la rentabilidad en otros sectores económicos, la economía creativa sirva como “oportunidad de negocios”, para grandes empresas nacionales e internacionales.

 

Como es conocido, dentro de los ciclos productivos se habla de creación, producción, distribución y comercialización. En este caso, serán los comercializadores los que se queden con el 90 por ciento del producido. La Ley Naranja hace parte del mismo paquete que incluye la Ley Lleras 6.01 y el Proyecto de Ley de Convergencias 1742, en los cuales dentro del concepto del copyright son los intermediarios quienes se benefician con la mayor tajada del pastel. A los pocos creadores “afortunados” que logren entrar en el negocio, les tocará un 10 restante, mientras los negociantes se apropiarán del conocimiento de la humanidad y manejarán su distribución únicamente bajo sus criterios de lucro y control del saber. Es el concepto del conocimiento, la cultura y las artes como propiedad privada, generadores del lucro, y no como bienes comunes de la sociedad.

 

El propósito es acomodar la “economía creativa” a los Tratados de Libre Comercio ya firmados y los por firmar. Con esta Ley se pretenden afinar los instrumentos jurídicos para que las industrias creativas extranjeras entren a saco al mercado colombiano con las mismas garantías de la industria nacional (nefasto Artículo 100 de la Constitución del 91). Se trata de impulsar que el modelo empresarial antinacional se lucre de la infraestructura que la nación, los departamentos y los municipios construyen con los impuestos de los colombianos y con el talento nacional. Es decir, estamos ante un nuevo caso de competencia desigual, en la que la desprotección y la falta de garantías llevarán a la ruina a las industrias culturales y los artistas nacionales. El creador colombiano, que no es ni siquiera mencionado en la Ley, terminará siendo apenas un empleado más, sin posibilidad de continuar con su creación independiente. En la práctica, el país se convertirá en una maquila cultural.

 

Por lo demás, la ley no habla del fortalecimiento del sector a través del apoyo financiero del Estado. Por el contrario, entrega al capital financiero el manejo de la “Economía Naranja”. En materia de presupuesto solo contempla créditos y líneas de inversión a través de Bancoldex, Findeter y Procolombia, entidades que promueven y financian el libre comercio, con lo que, finalmente, además de encadenar la Economía creativa a los ciclos de la apertura económica, encarece su consumo, obligando a los ciudadanos a pagar los costos.

 

De esta manera, el patrimonio cultural inmaterial del país recibe su sentencia de muerte. No solo se entrega la creación nacional en manos de los grandes empresarios, sino que las regiones, las etnias y los municipios pierden toda posibilidad de una expresión cultural autónoma e independiente y quedan sometidos a los circuitos financieros y al modelo empresarial que promueve esta Ley.

 

La nuestra es una crítica que no cuestiona la posibilidad de que exista la cultura del entretenimiento y de que existan empresas que se beneficien con ello. El primer problema es que los pequeños y medianos productores nacionales tendrán que enfrentar una competencia desleal donde los únicos beneficiados son los monopolios culturales nacionales y extranjeros. El segundo, y tal vez el principal, es que se despoje al pueblo colombiano del derecho a tener un arte y cultura nacionales y se exima al Estado de sus obligaciones. En Colombia el presupuesto del Ministerio de Cultura representa solo el 0.16 por ciento del presupuesto general.

 

El país tampoco cumple con las mínimas recomendaciones de la Unesco de la cual somos miembros. La Convención de la Unesco para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, del 2005, especifica “que las actividades, los bienes y los servicios culturales son de índole a la vez económica y cultural, porque son portadores de identidades, valores y significados, y por consiguiente no deben tratarse como si solo tuviesen un valor comercial”. La Declaración Internacional sobre la Condición del Artista aprobada en Belgrado en 1980 y ratificada en París en 1997, dice: “Sin dejar de apreciar el creciente interés del sector privado hacia el apoyo a la creación sobre todo cuando su contribución evita que se pierdan talentos creadores por falta de medios, reafirmamos la importancia de mantener la financiación pública de las artes”.

 

Desoyendo estas y otras recomendaciones, lo que se pretende imponer es la ley del más salvaje y del “sálvese quien pueda”, ante la arremetida voraz de los monopolios impulsadores de la banalidad, lo trivial y lo vacuo, lo cual busca reforzar su perniciosa ideología y el concepto de contra-cultura a nivel mundial.

 

La cultura y el arte necesitan una legislación que esté acorde con su estado actual y que impulse y defienda la creación nacional y sus aportes a la sociedad. Ante esta ley y las demás del ramo, ya sea que estén aprobadas o en proyecto, es fundamental realizar un amplio debate en el que participen todos los actores involucrados; retirar el arte y la cultura de los tratados de libre comercio y del bloque de la llamada Economía Naranja y evitar su entrega a las multinacionales; se debe crear una Política Pública Cultural del Estado y una Nueva Ley General de la Cultura y el Arte que incluya el fortalecimiento y la promoción del artista y su trabajo, a la vez que defienda todo el arte colombiano y, por supuesto, la producción de las industrias culturales nacionales. En definitiva: proteger la soberanía cultural nacional.

 


 

* Unidad Nacional de Artistas
1 La ley Lleras 6.0 ya fue aprobada el 22 de mayo tras ser tramitada con un mensaje de urgencia del gobierno, para cumplir las exigencias de EEUU que había condicionado su aval para que Colombia ingresara a la Ocde, a la aprobación de la misma. Debido a la protesta de amplios sectores, se le hicieron pequeñas reformas de maquillaje (a las bibliotecas se les posibilitó el préstamo público y se les permite tener terminales para disponer “in sito” de contenidos; las Medidas Tecnológicas de Protección (MTP) impuestas son menores de la ley aprobada en 2012 pero las excepciones son muy limitadas; se amplió de 3 a 10 años la prescripción para los dineros que las sociedades de gestión deben distribuir a los autores identificados; el capítulo que se ocupa de obras huérfanas (aquellas de las cuales no se conoce o no se halla el autor) contempla una mínima parte de ellas y en forma restrictiva; no se incluyó el concepto del “fair use” (uso justo), el cual sí se aplica en EEUU; el castigo de prisión para la piratería se aplicará a aquellos que supone que actúen no sólo con intención sino que tengan escala comercial o interés de lucro.) El fondo del problema se dejó intacto, manteniendo la propiedad y el manejo y la distribución del conocimiento en manos de las grandes empresas multinacionales de la comunicación y ampliando sus derechos de propiedad de 50 a 70 años.
2 El 12 de junio, el proyecto de Ley de Convergencias 174, también recomendación de la Ocde, tuvo que ser retirado por el gobierno debido a la masiva protesta de los sectores del audiovisual y de organizaciones de la cultura como la Unidad Nacional de Artistas. En él se proponía un único regulador que se ocupe de la TV, las redes y la infraestructura de las telecomunicaciones, acabando de tajo el concepto de las comunicaciones como un servicio de interés social y dejando sin garantía de financiación a los 10 canales de la televisión y a los medios audiovisuales públicos; se liquidaban la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC– y la Autoridad Nacional de Televisión –Antv– y se fusionaban El Fondo para el Desarrollo de la Televisión y las Comunicaciones y el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, creando un nuevo Fundo Universal Único –FUU– y la Autoridad Nacional de Regulación de Comunicaciones –Anrc–, administrados con criterios políticos por el gobierno de turno a través del Mintic; se reducían drásticamente los aportes al fondo de parte de los prestadores con título habilitado, al reducir sus aportes en más de 3 puntos y establecer una senda de decrecimiento de los mismos; y se ampliaban los permisos para el uso y explotación del espectro a 30 años renovables. Al ser una recomendación de la Ocde y bajo los criterios de la Economía Naranja impulsados por el Presidente elegido, Iván Duque, es seguro que se intentará hacer aprobar el proyecto en la próxima legislatura, razón por la cual las asociaciones del sector y la sociedad en general, deben estar alertas para rechazarlo de manera categórica.

Publicado enEdición Nº248