Cómo la desigualdad reduce el crecimiento

Diversos trabajos explican que las condiciones de desigualdad no solo resultan perniciosas en términos éticos, sino también en los económicos. Atentan contra la productividad y el crecimiento. Ciertos modos de capitalismo destruyen el propio capitalismo que dicen defender.

 

En tanto la época neoliberal se acerca a su fin, se destacan dos datos estadísticos. Ha habido un continuo incremento de la desigualdad de ingresos y de riqueza desde 1980, especialmente en Estados Unidos; y ha habido una marcada desaceleración del crecimiento de la productividad en todo el mundo desarrollado desde 2000.

La primera observación ha dado lugar a un profuso trabajo académico, en el que la contabilidad del ingreso nacional se ha ampliado para incluir medidas explícitas de la distribución del ingreso. Los frutos de estos esfuerzos están empezando a aparecer en la literatura económica. La segunda observación ha sido estudiada por numerosos académicos que ofrecen una variedad de explicaciones, no siempre mutuamente excluyentes. Algunos apuntan al problema de la mala medición: debido a la adopción generalizada de la tecnología digital, el límite de lo que miden las cuentas de ingresos nacionales ha pasado a excluir trabajo previamente captado por el PIB. Otros hacen hincapié en el ritmo lento de la difusión de las nuevas tecnologías, lo que permite a los «mejores» sacarle mucha ventaja al «resto», que se ven afectados por el poder de los que están arriba de limitar el acceso a la innovación.

Asimismo, como la inversión está cada vez más concentrada en activos intangibles que reducen los costos marginales para los actores dominantes, la productividad extraordinaria de una empresa «superestrella» cada vez más congela la competencia y confiere un liderazgo casi insalvable en el mercado. Y, luego de la suspensión efectiva de las leyes antimonopólicas en Estados Unidos desde los años 1980, ha habido una mayor concentración en todas las industrias. Finalmente, el poder de negociación de los trabajadores en los mercados laborales ha vuelto a caer, en particular en Estados Unidos, prácticamente con la eliminación de los sindicatos en el sector privado. Hoy, en un impactante trabajo de síntesis, el economista Lance Taylor, asistido por Özlem Ömer de la Universidad Nevsehir Haci Bektas Veli en Turquía, ha aportado una nueva perspectiva a la discusión. Taylor es una figura rara entre los economistas de hoy en día. Fue profesor en dos de las ciudadelas más connotadas de la economía tradicional, la Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), y luego ha pasado la última generación en la Nueva Escuela de Investigación Social en la ciudad de Nueva York, y participa activamente en el Instituto del Nuevo Pensamiento Económico. (Yo soy uno de los fundadores de la INET y conocí por primera vez a Taylor en 1993 como miembro del Comité Visitante del Cuerpo Docente de Posgrado de la Nueva Escuela).

Taylor tiene un pleno dominio de los instrumentos de la economía moderna, y ha elegido desplegar esas herramientas para impulsar una agenda explícitamente progresista. En Macroeconomic Inequality from Reagan to Trump [Desigualdad macroeconómica de Reagan a Trump], ha enriquecido la estrategia convencional para el análisis económico con dos instrumentos desestimados que ayudan a descubrir el funcionamiento real de la economía de producción monetaria moderna. Así, ofrece perspectivas originales y convincentes de todos los fenómenos considerados por quienes intentan explicar qué sucedió con la productividad.

El gran enigma de la productividad

En los últimos años, la economía ha tenido que hacer frente con un creciente volumen de investigación sobre la concentración industrial, los mayores márgenes de ganancias, la caída en la participación de la mano de obra en los ingresos y la reducción ya verificada en la tasa de interés real libre de riesgo. El primer aporte de Taylor consiste en hacer algo más que medir el ingreso y la distribución de la riqueza para determinar las consecuencias de la creciente desigualdad en el crecimiento económico.

Hace mucho que se reconoce (y que se confirmó estadísticamente) que los ricos ahorran más que los pobres. De hecho, el 10% inferior de la distribución incluye «ahorristas negativos» que dependen de las transferencias del Estado. La razón es obvia: los ricos pueden permitirse ahorrar e invertir, mientras que los que se esfuerzan por mantener un estándar de vida de subsistencia necesariamente tienen que gastar todo lo que reciben. El 1% superior, que recibe aproximadamente 18% del ingreso agregado de los hogares antes de plusvalías (de las cuales reciben un porcentaje desproporcionado), ahorran casi el 50% de su ingreso total; los retornos incrementan la desigualdad aún más. Esto refleja la famosa observación de Thomas Piketty, de la Escuela de Economía de París, sobre la desigualdad: r>g. La desigualdad aumenta cuando la tasa de retorno sobre la inversión es mayor, a lo largo del tiempo, a la tasa de crecimiento económico. En sintonía con esta perspectiva, Taylor señala que cuantos más ingresos (incluidos ganancias de capital y dividendos) van a la cima de la distribución del ingreso, la tasa de crecimiento de la demanda efectiva cae, de tal modo que un incremento en r en realidad reduce g.

Taylor lleva la dinámica distributiva al núcleo del concepto keynesiano de cómo se determina el ingreso nacional. Más allá de cuáles sean las decisiones de ahorro en la economía, el ingreso agregado estará determinado por la magnitud de las compensaciones de ahorros en forma de inversión empresarial, gastos del gobierno exentos de impuestos y exportaciones netas. Es importante observar que estas compensaciones se generan por decisiones tomadas independientemente de la decisión de ahorrar. Sin ningún mecanismo para poner en práctica la Ley de Say (según la cual la oferta es la que crea la demanda), los ahorros no se compensan automáticamente al ser traducidos en inversión. Y como una mayor desigualdad aumentará el volumen de los ahorros que tienen que ser compensados, el crecimiento económico se verá afectado a menos que existan nuevas iniciativas para aumentar la demanda efectiva.

Dinamismo, entonces y ahora

Aquí, la innovación de Taylor sigue los pasos del economista y premio Nobel Paul Samuelson, objeto de una biografía reciente de Roger E. Backhouse, cuyo primer volumen apareció al mismo tiempo que Macroeconomic Inequality from Reagan to Trump. Durante la Segunda Guerra Mundial, se nombró al joven Samuelson para integrar la Junta Nacional de Planificación de Recursos de Estados Unidos y se le encomendó la tarea de analizar (ya en 1942) las posibilidades económicas para el mundo de posguerra. Al haber estado profundamente influenciado por Alvin Hansen de Harvard, Samuelson se propuso determinar si el fin de la producción de guerra total haría regresar a la economía a los niveles de demanda efectiva de la era de la Depresión. Compuso un memorándum, «Demanda de los consumidores con plena producción», ocupándose explícitamente de cómo las políticas para reducir la pobreza y equilibrar la distribución del ingreso harían aumentar la demanda efectiva y así contribuirían al pleno empleo.

Taylor tiene preocupaciones similares. Pero en su síntesis de la dinámica macroeconómica, no se limita a aplicar las cuestiones distributivas a la demanda agregada y al crecimiento económico. Más bien, también incorpora la «dinámica económica estructural» de Luigi Pasinetti, un economista poskeynesiano largamente vinculado a la Universidad de Cambridge. (El padrino de Pasinetti en Cambridge era Richard Kahn, el mejor alumno de John Maynard Keynes, autor del principio multiplicador en la economía y mi propio director de tesis).

Pasinetti definió cómo evoluciona una economía a través de la expansión y contracción diferencial de sus diversos factores, según sus tasas distintivas de crecimiento de la productividad del lado de la oferta y elasticidades con respecto al precio y al ingreso del lado de la demanda. Luego fue más allá de la imagen estática representada por las tablas input-output del economista Wassily Leontief, que eran la norma en ese momento. Pero esto fue hace 50 años, cuando la dinámica del patrón sectorial en el tiempo solo podía ser conceptualizada, no puesta en práctica cuantitativamente. Ahora, tenemos los datos y el poder informático necesarios para animar la dinámica de Pasinetti, y esto es precisamente lo que han venido haciendo Taylor y Ömer.

Inspirándose en las perspectivas seminales del economista y premio Nobel Arthur Lewis, Taylor y Ömer examinan la economía estadounidense como un conjunto de sectores «dinámicos» emplazados en una «zona estancada». Entre otras cosas, descubren que «un crecimiento más rápido de la productividad en el sector dinámico obliga a los trabajadores a trasladarse a la zona estancada en la que las empresas ajustan utilizando más trabajadores para realizar la misma producción real». Irónicamente, el propio Lewis se había dedicado plenamente a entender una economía en desarrollo que está compuesta por dos sectores que mantienen una relación consistente en el tiempo. En su modelo, la expansión de un «sector moderno» de alto crecimiento y dinámico desvía la mano de obra del sector «tradicional» estancado, que se caracteriza por una productividad marginal muy baja –o incluso negativa.Sin embargo, en la línea del historiador económico Peter Temin, Taylor y Ömer apuntan al surgimiento en Estados Unidos de una «economía de Lewis invertida», en la que un creciente porcentaje de la fuerza laboral está relegado al sector de la economía de bajo crecimiento, baja productividad y bajos salarios. Con esto, producen un análisis defendiendo el argumento de que una mayor desigualdad y un menor crecimiento de la productividad están efectivamente integrados.

Mucho tiempo atrás

El último aporte importante del libro reside en su explicación de la causa principal de la actual desigualdad estructural. «La represión salarial durante décadas es la causa esencial del trastorno distributivo», escriben Taylor y Ömer. «La información microeconómica del Big Data es consistente con este hallazgo, pero no lo determina –ni poder monopólico, ni empresas «superestrellas»-. Para un resumen de las fuerzas institucionales en juego durante casi dos generaciones, citan al economista y premio Nobel Robert Solow (socio profesional durante mucho tiempo de Samuelson en el MIT): «…la decadencia de los sindicatos y la negociación colectiva, el endurecimiento explícito de las actitudes empresariales, la popularidad de las leyes sobre el derecho al empleo y el hecho de que el rezago salarial parece haber empezado más o menos al mismo tiempo que la presidencia de Reagan apuntan en la misma dirección: el porcentaje de los salarios en el valor agregado nacional puede haber caído porque el poder de negociación social de la fuerza laboral ha disminuido».

En la medida en que una economía de Lewis inversa lleva a un ingreso, una riqueza y un poder concentrados, no debería sorprender que también genere repercusiones en el terreno político. Taylor y Ömer terminan con un modelo de simulación, basándose en datos que han organizado, con el objetivo de trazar un sendero para pasar del estado estancado y estático de la economía política norteamericana a uno más inclusivo y a la vez más dinámico. El resultado es que llevará décadas de salarios reales (ajustados por inflación) que crezcan significativamente más rápido que la productividad para reducir las desigualdades de ingresos y riqueza en Estados Unidos de una manera sustancial.

Las iniciativas de políticas públicas pueden ayudar, especialmente considerando que la automatización impulsada por la inteligencia artificial (IA) impacta en la economía, aunque más lentamente de lo que se creía en general. Un informe reciente del Equipo Especial sobre el Trabajo del Futuro del MIT ofrece herramientas con iniciativas políticas relevantes.

En términos más inmediatos, Estados Unidos necesita programas más progresistas de impuestos sobre la renta y las ganancias de capital, así como una recaudación impositiva más sólida. También necesita innovaciones en la regulación del mercado laboral, desde aumentar el salario mínimo hasta garantizar un lugar más importante para la negociación colectiva, inclusive en la «gig economy». Expandir el seguro de salud financiado por el gobierno y extender el seguro de desempleo a ocupaciones excluidas y a tiempo parcial también puede ayudar, al igual que una mayor provisión de educación universitaria gratuita o sustancialmente subsidiada.

El mensaje primordial del trabajo de Taylor es lo opuesto exactamente a la «economía de goteo». Reducir la desigualdad hará aumentar el crecimiento económico y la productividad. Pero, al final de cuentas, no hay una solución mágica para revertir el impacto de la transformación estructural de los últimos 50 años. Eso también estuvo impulsado por iniciativas políticas, cuyas implicancias plenas muchos responsables de políticas recién están empezando a comprender hoy.

Fuente: Project Syndicate

Publicado enEconomía
Viernes, 21 Febrero 2020 06:32

La ciudad que respiramos

Vista de la Ciudad de México en mayo de 2019, durante un período de contingencia ambiental extraordinaria declarada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) / Foto: Xinhua, Francisco Cañedo

El desafío de un mundo contaminado y desigual.

Mientras las ciudades crecen y el campo se vacía, también aumenta la inequidad. Según los especialistas en la calidad del aire, la disparidad en el acceso al aire limpio genera diferencias radicales en la salud de las poblaciones, lo que empeorará si no cambia el modo de organizar la vida en las grandes urbes.

 “Las ciudades no pueden ser un lugar donde invertir, sino un lugar donde vivir”, ha señalado el geógrafo y antropólogo David Harvey, recogiendo lo planteado por el sociólogo Henri Lefebvre mediante la idea de “derecho a la ciudad”. Un derecho que, más allá de posibilitar el acceso individual a los recursos, implica reinventar las ciudades de acuerdo con los deseos de quienes viven en ellas. Entenderlas bajo el umbral de la justicia y hacerlas vivibles, con infraestructuras que todo el mundo pueda usar, donde se garantice el acceso a una vivienda digna y respirar aire limpio sea un verdadero derecho, y no un reto o una utopía, como lo es hoy.

En los próximos años, las urbes seguirán creciendo a ritmo acelerado. El mundo cuenta ya con más de cuarenta megaciudades, lugares con más de 10 millones de habitantes, entre los que se encuentran Los Ángeles, Ciudad de México, Londres, El Cairo y Shanghái. La Onu calcula que el 68 por ciento de la población mundial vivirá en alguna gran ciudad en 2050.

“La evolución en la tecnología ha promovido la producción a gran escala de bienes y servicios en las ciudades, lo que impacta en el sector rural y propicia la migración interior a las ciudades”, explicó a Brecha Ana Rosa Moreno, profesora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Unam. Si el crecimiento se da como hasta el momento, en el futuro las ciudades consumirán más, serán más desiguales y tendrán niveles de contaminación atmosférica más elevados. La idea de tener el derecho a la ciudad y, por ende, el derecho a respirar aire limpio se presenta entonces como un claroscuro, con más sombras que luces.

CAMBIO CLIMÁTICO Y CONTAMINACIÓN.

A pesar de representar entre el 1 y el 3 por ciento de la superficie edificada a nivel global, hoy las ciudades consumen el 78 por ciento de la energía mundial, según estimaciones del Programa de la Onu para los Asentamientos Humanos. Ello se traduce en más del 70 por ciento de los gases de efecto invernadero emitidos a escala mundial, que no sólo contribuyen en gran medida al cambio climático, sino que además generan un alto nivel de contaminación atmosférica.

Sin embargo, Julio Díaz, jefe de epidemiología de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud español Carlos III, señaló a Brecha que, “en cuanto a las consecuencias en la salud de las personas, es importante entender la diferencia entre el calentamiento global y la contaminación atmosférica”. Díaz recordó que, si bien las emisiones de dióxido de carbono (CO2) contribuyen al cambio climático y que este “tiene un impacto indirecto en la salud”, el CO2 –que en una pequeña proporción nosotros mismos generamos al respirar– no es nocivo para las personas en lo inmediato.

Los elementos realmente perjudiciales para la salud a corto y medio plazo son otros. De acuerdo con Otavio Ranzani, investigador del Institute for Global Health (Isg) de Barcelona, se trata de las partículas PM (siglas en inglés de particulate matter),1 el ozono producido por la industria en grandes cantidades, el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno. En la atmósfera de las ciudades, la presencia de cantidades perjudiciales de estos elementos es siempre resultado de la actividad humana.

Esto no significa que el cambio climático y la contaminación de la atmósfera de las ciudades no se retroalimenten. Según Díaz, la relación entre contaminación atmosférica y cambio climático se ve en, por ejemplo, los llamados “bloqueos anticiclónicos”. Esto ocurre cuando se producen períodos cálidos de una duración anormal durante el invierno, lo que dificulta la dispersión de las partículas y aumenta su concentración, lo que, a su vez, empeora la contaminación del aire. Para Díaz, la falta de políticas ambientales agudiza este problema y, por ende, su impacto en la salud.

ENVENENADOS.

En 2016, la Organización Mundial de la Salud (Oms) informó que el 92 por ciento de la población del planeta inhalaba aire que no era saludable. Para esa organización, la contaminación atmosférica es, a su vez, el riesgo sanitario más importante de origen medioambiental. “Una de cada nueve muertes se atribuye a ella”, explicó Ranzani. Entre el 40 y el 80 por ciento de estas defunciones se debe a enfermedades cardiovasculares, mientras que el resto de los casos está relacionado, sobre todo, con dolencias respiratorias.

Por su parte, Díaz recalcó que “unos niveles muy altos de contaminación pueden derivar en cáncer de pulmón, cáncer de mama, alergias, infecciones respiratorias o asma”, una dolencia que no sólo empeora por la mala calidad del aire, sino que muchas veces puede ser causada directamente por esta.

Las partículas PM más pequeñas, que miden menos de 2,5 micrómetros, son las más perjudiciales, ya que pueden penetrar en los bronquios y los pulmones más fácilmente e incluso ingresar al torrente sanguíneo. Esto ha llevado al Isg a investigar si otras enfermedades, más allá de las respiratorias, son generadas por la contaminación del aire. Ranzani ha liderado un estudio, en India, en el que se constató que la mala calidad del aire reduce la masa ósea de las poblaciones más expuestas.

LA CARGA DE LA DESIGUALDAD.

“Los riesgos y los efectos en la salud no están distribuidos equitativamente en la población. Las personas con enfermedades previas, los niños menores de 5 años y los adultos de entre 50 y 75 años son los más afectados”, señaló Ana Rosa Moreno. Además, las personas pobres y aquellas que viven en situación de vulnerabilidad socioeconómica –una de cada siete, según Naciones Unidas– corren un mayor riesgo. “Mata más el código postal que el código genético”, señaló Díaz.

“Quienes generan menos contaminación terminan siendo los más afectados”, apuntó Ranzani. El investigador dijo a Brecha que, en las periferias de las ciudades, donde la planificación urbana suele ser más caótica y hay más industrialización, el aire es peor. La Oms afirma que, a nivel global, quienes viven en países de ingresos bajos y medios soportan la mayor carga de contaminación del aire. De las 4,2 millones de muertes prematuras atribuidas a esta causa, el 91 por ciento se produce en esos países.

COCHES O PERSONAS.

Entre los factores que hacen que la contaminación atmosférica de las grandes ciudades, como Beijing, El Cairo, Nueva Delhi y Ciudad de México, supere los límites recomendados por la Oms, se encuentra principalmente el transporte privado. A esto se le suman la actividad industrial, la gestión y la eliminación de residuos, la falta de zonas verdes y el consumo energético.

Pero ¿cómo se repiensa algo que ya está construido? Díaz señaló que un primer paso es actuar sobre lo que ya existe, empezando por reducir la cantidad de coches. “No podemos tener las ciudades diseñadas para los coches: las ciudades deben estar diseñadas para las personas. Limitar los vehículos pasa, por supuesto, por reforzar el transporte público y permitir que las personas que viven lejos puedan llegar con más facilidad”, apuntó el investigador. Las zonas de bajas emisiones, las viviendas más eficientes en cuanto al consumo energético, la mejor gestión de los residuos industriales y municipales, y el aumento de zonas verdes también son imprescindibles, coincidió Ranzani. Sin nada de esto, la sostenibilidad de las ciudades a largo plazo se pone en entredicho.

Moreno cree que lo mismo se aplica a las ciudades latinoamericanas, donde en la actualidad el parque automotor crece anualmente a un ritmo de 4,5 por ciento. Si no se controla este crecimiento, puede llegar a ser “un factor muy importante en la degradación ambiental y en los impactos en la salud”. Para la académica, en el caso latinoamericano, a este desafío se le añaden “la falta de actividades de monitoreo transparentes y la existencia de regulaciones permisivas”.

“Lo que no podemos hacer ante la magnitud de este problema es no hacer nada”, afirmó Díaz. Según el investigador, el papel de la comunidad científica debe seguir siendo estudiar y difundir información. Hacer pedagogía y concienciar, y que la población exija a los políticos que tomen medidas. “Para los políticos, muchas veces los resultados de los estudios sobre el impacto de la contaminación en la salud no son buenos, porque los obligan a emprender políticas poco populares”, aseguró.

El debate sobre las ciudades se centra en qué se prioriza ante este reto. Los investigadores, así como la actual oleada de movimientos sociales por el clima, plantean la necesidad de poner en el centro la vida de las personas. El desafío de los gobiernos es encarar la planificación urbanística en tiempos de una mayor expansión territorial y un crecimiento acelerado de la población, vertebrándola en torno a la salud. Y al derecho, real e igualitario, a un aire limpio.

  1.   Partículas microscópicas suspendidas en el aire, entre las que hay distintos tipos de polvo, ceniza y hollín. Pueden provenir de volcanes, incendios forestales o vegetación, pero también de la quema de combustibles fósiles, los sistemas de refrigeración y otras actividades industriales.
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Miércoles, 12 Diciembre 2018 07:09

Profundizando la inequidad

Profundizando la inequidad

Estamos ante un gobierno de los ricos y para los ricos, así se intuía al ganar la presidencia Iván Duque, su propuesta de reforma tributaria no hace más que reafirmar tal realidad.

 

La propuesta de reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, o ley de financiamiento, profundiza la inequidad. Es decir, lleva a una mayor desigualdad. Así lo confirma la lectura de los tres pilares que le dan soporte a la misma.

 

Es interesante constatar que los gobiernos suelen aceptar que Colombia es un país que tiene una enorme concentración del ingreso y de la riqueza. En todas las reformas tributarias se dice que el objetivo es mejorar la equidad. El gobierno también acepta que en las comparaciones internacionales Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) publicó un estudio que tituló “El ascensor roto”, en él, muestra que la desigualdad impide el ascenso social. Mientras que en Dinamarca una persona pobre logra alcanzar el ingreso promedio del país en un período equivalente a una generación (25 años), en Colombia se requieren 11 generaciones (unos 280 años). El gobierno de Duque acepta estos datos, y en su visita a París reconoció la conveniencia de que se tomen las medidas necesarias para alcanzar los estándares de la Ocde. Ni este gobierno, ni los anteriores, han desconocido la pésima situación de Colombia en los aspectos distributivos.

No obstante las evidencias, y a pesar de las declaraciones contundentes a favor de la equidad, los mecanismos fiscales que se proponen no van a modificar la situación. Y la nueva reforma tributaria, tal y como ha sido presentada al Congreso, va a agudizar la desigualdad. En la exposición de motivos del proyecto de ley se dice que la norma busca mejorar la equidad, pero en realidad la reforma va en sentido contrario. Y la explicación es sencilla. El proyecto tiene tres pilares que, por su naturaleza misma, no reducen la desigualdad. El primero es la extensión del IVA a todos los bienes de la canasta básica de consumo. El segundo es la disminución del impuesto de renta a las empresas. Y el tercero es un timidísimo impuesto a los patrimonios altos.

De estos tres pilares el más importante es el IVA, ya que de los 14 billones de pesos que se recaudarían con la reforma, 11,5 billones provendrían del IVA.
Existe consenso en que el IVA es un impuesto muy inequitativo porque los pobres tienen una tarifa igual a la de los ricos. Unos y otros pagan el mismo IVA por bienes como la papa, la carne, la leche, etcétera. Mientras que para un hogar de altos ingresos, los alimentos apenas representan el 5 por ciento de su gasto, en las familias pobres este porcentaje es superior al 30 por ciento de su gasto. Es evidente, entonces, que cuando el IVA se extiende a todos los bienes básicos, los más afectados son los pobres.

Sobre este resultado no hay discusión. El gobierno y los analistas reconocen que el IVA es especialmente nocivo para los pobres. Y por esta razón se propone una compensación de unos 50 mil pesos al mes, que le entregarían a las familias de más bajos recursos, de acuerdo con los puntajes del Sisbén. Pero esta devolución tiene tres graves inconvenientes. El primero es que no puede cubrir a todas las familias afectadas por el IVA. Mientras que el impuesto es universal, la devolución es focalizada y nunca puede llegar a todos los hogares perjudicados por la ampliación del IVA. Segundo, el Sisbén tiene problemas de focalización porque no están todos los que deberían estar y, además, porque algunos de los que están no deberían estar. Son errores de exclusión y de inclusión, que se deben a fallas técnicas del instrumento y a manipulaciones políticas. Tercero, el monto de la devolución es insuficiente, ya que la familia fácilmente paga en IVA más de 50 mil pesos, que es el monto que reintegrarían.

El IVA es tan perjudicial para los pobres que hasta Uribe y el Centro Democrático se han rebelado. El expresidente es consciente de los impactos altamente negativos que tendría la aprobación de la reforma tributaria en las elecciones del año entrante de alcaldes y gobernadores.

El segundo pilar de la reforma es la disminución del impuesto de renta a las empresas. De manera equivocada y sin datos claros, el gobierno y los gremios ha dicho que el impuesto que pagan las empresas es muy elevado, y que habría que reducirlo para mejorar la competitividad. Esta apreciación no es cierta. Un estudio reciente del Banco de la República muestra que la tarifa efectiva de las empresas apenas es del 20 por ciento de sus utilidades, mientras que en países desarrollados –como Japón– es del 40. Además, los impuestos no son la principal causa de la falta de competitividad. Hay otros factores más determinantes: la baja cobertura de la educación superior, la ausencia de vías, la congestión en las grandes ciudades, el deterioro ambiental, la falta de estímulo a la ciencia y la tecnología, las altas tasas de interés, la ausencia de servicios en el campo, la tasa de cambio, etcétera. Los grandes contribuyentes (Ecopetrol, Éxito, empresas del Grupo Aval y del Sindicato Antioqueño, etc.), han tenido altos márgenes de ganancia. No habría razón para disminuirles los impuestos. Y a pesar de las cifras contundentes que ponen en evidencia la poca relevancia que tienen los impuestos en las ganancias y la competitividad, la reforma propone reducir la tarifa del 33 al 30 por ciento.

Y el tercer pilar de la reforma es el impuesto al patrimonio. Para quienes tienen un patrimonio entre 3 mil y 5 mil millones de pesos la tarifa sería de 0,75 por ciento, y los patrimonios mayores de 5 mil millones pagarían el 1,5 por ciento. Estas tarifas son bajísimas y, de nuevo, no alcanzan a tener efectos significativos en la distribución de la riqueza. Habría que recordar que después de la guerra, Alemania tenía impuestos al patrimonio del 50 por ciento. Las tarifas propuestas por Carrasquilla, el Ministro de Hacienda, son risibles. No sobra recordar, además, que cuando se filtraron los llamados “Panamá papers”, el Ministro escondía parte de su patrimonio en Panamá, que continúa siendo un apreciado paraíso fiscal.

Sin estridencias, y con guitarra en mano, el gobierno de Duque acaba de presentar una reforma tan regresiva que hasta ha incomodado a su elector, el expresidente Uribe.

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Esmeraldas: un negocio popular y opaco en Colombia
La producción y explotación de uno de los símbolos del país sigue cubierto por el manto de la ilegalidad

 

 

La vía principal para llegar a Muzo, un pueblo de casi 10.000 habitantes en el occidente de Boyacá, está paralizada desde hace dos meses. Un derrumbe generado por la lluvia ha mantenido a este municipio, considerado la capital mundial de las esmeraldas, aislado. Para abastecerse de los productos básicos, los más osados han tenido que utilizar vías alternas. Sin pavimentar y peligrosas. Muzo, de donde hace algunos salieron una de las esmeraldas más grandes del mundo (Fura) y una de las más valiosas (Tena) a duras penas recibe lo que merece.

 

La localidad boyacense ejemplifica la cruda realidad de uno de los símbolos nacionales de Colombia. El negocio de las esmeraldas atraviesa por un buen momento, a tenor de las cifras de la Federación Nacional de Esmeraldas: 2015 cerró con un aumento del 27% en las exportaciones. Según datos del Ministerio de Minas, la producción de repuntó en un 15% pasando de 1.551.549 a 2.167.110 quilates. Las esmeraldas representaron el año pasado el 14% de la producción de los minerales no metálicos y alrededor del 2,4% del PIB minero.

 

Pero más allá de estos números, el negocio sigue estando presidido por una opacidad y evidencia una falla histórica: la fragilidad del Estado en el control que ejerce sobre este tipo de minería. En Muzo, por ejemplo, la explotación y la comercialización de esmeraldas supone el primer renglón de su economía, pero el dinero que recibe el municipio apenas llega al 3% del presupuesto municipal. Muy poco, si se tiene en cuenta que tan solo un quilate de esta piedra preciosa se vende en el mercado en precios que van desde los 25 hasta los 100.000 dólares.

 

Muzo no solo no tiene lo que debería por su riqueza minera, también ha tenido que vivir desde los años sesenta en medio de una ‘guerra verde’, desatada por quienes buscan el control del negocio de las esmeraldas. Un informe de la Contraloría General de la Nación señala que “la explotación de esmeraldas en el occidente de Boyacá es el ejemplo más paradigmático de la desidia del Estado por controlar la explotación de un recurso no renovable de su propiedad”. En la práctica, dice la entidad, “se ha cedido en el control del orden público y la explotación de las minas ha sido usufructuada, en apreciable medida, por organizaciones amparadas por el poder de la fuerza o por sus nexos con grupos armados al margen de la ley. En los municipios productores de esmeraldas confluyen violencia y degradación social con poderosos empresarios y grupos armados, vinculados algunos con bandas de narcotraficantes y paramilitares, que el Estado ha tolerado durante décadas”.

 

Ninguna autoridad colombiana es capaz de obviar lo que evidencia la Contraloría. Tres años después de la muerte de Víctor Carranza, el zar de las esmeraldas, dueño máximo de la extracción y la producción del valioso mineral, la lucha por el control del negocio ilegal, continúa. Solo en abril, hubo dos operaciones contra patrones de las esmeraldas. La Policía detuvo a principios de mes en Maripí (Boyacá) a un reconocido esmeraldero, Horacio Triana, a quien se investiga por haber querido atentar contra Carranza en el pasado. Pocos días después, se capturó a 10 funcionarios y exfuncionarios colaboradores de otro esmeraldero, Pedro Nel Rincón, también conocido como Pedro Orejas’. Entre los detenidos había un fiscal, un exjuez y varios abogados.

 

El senador del Polo Democrático Iván Cepeda, coautor de ‘Victor Carranza, alias El Patrón’, un libro que repasa el lado más oscuro de uno de los símbolos más populares de Colombia, recuerda que, a diferencia de otros negocios ilegales, en el caso de las esmeraldas, a tratarse de un mineral precioso, la conexión con las élites hace que, en muchas ocasiones, estás hayan mirado para otro lado. “Cada vez que se ha intentado regular el negocio, ha sido en vano”, sigue advirtiendo Cepeda.

 

Boyacá, un departamento cercano a Bogotá, es donde se concentra el 68% del total de títulos para la explotación de esmeraldas en Colombia, según la Agencia Nacional de Minería. El organismo asegura que el año pasado el valor de los quilates de esmeraldas exportados alcanzó algo más de 18 millones de dólares. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “en el año 2015 el principal destino de las exportaciones de esmeraldas fue la Zona Franca Permanente Bogotá con una participación de 92,3%. El segundo destino (un 3,3%) fue Hong Kong.

 

Una de las paradas obligadas para cualquier turista, y no solo, que haya pasado por Bogotá es la compra, o al menos el intento, de una de estas piedras preciosas. La confluencia en el centro de la capital de la Jiménez y con la Séptima, dos de las calles más transitadas, es un hervidero de vendedores de esmeraldas. Los negocios florecen en cada esquina como el silencio cuando a los vendedores se les preguntar por el origen y la calidad de las piedras. “Es un negocio lindo”, se les oye repetir.

 

 

 

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"Con austeridad el país no logrará superar la inequidad social"

Ajustes pensionales y reformas salariales son algunas de las propuestas que imperan en la agenda pública. Paradoja: bajan las cifras de desempleo y con ello la oportunidad de poder acceder a una pensión digna. Luis Pedraza, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores –Cut–, opina sobre éste y otros temas de la realidad colombiana.

Desdeabajo –da–: Uno de los argumentos con que el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, justifica el aumento a 62 años de la edad de jubilación para la mujer, medida propuesta por la Ocde, es que de los 21 millones de colombianos con trabajo, tan solo 7 realizan aportes sociales, lo que refleja un alto nivel de informalidad que desencadena una inestabilidad en el sistema de pensiones ¿Qué piensa ante este argumento?
Luis Pedraza –LP–: Las propuestas hechas, ahora y antes por el doctor Montenegro apuntan a beneficiar su orilla, que es el fomento de una política de pensiones basada en el patrimonio privado para desmantelar los regímenes de prima media que tienen participación del Estado, en este caso Colpensiones. Para nosotros no es extraño que Montenegro sugiera la redistribución de la miseria y no la creación de una política de Estado que involucre los regímenes pensionales como un derecho constitucional.

Su propuesta coincide con la Ocde, que afirma que debe haber una alianza entre el régimen de pensiones privado y el público para asignar un régimen pensional que, incluso, involucre no solo un tratamiento violento contra los derechos de la mujer sino también una baja en la escala de valores de las pensiones por debajo del salario mínimo.

da. Entonces, ¿la propuesta del ajuste pensional es necesaria para el país o es un requisito para entrar a la Ocde?
LP. La propuesta es absolutamente desconsiderada con la realidad social del país: es la expresión del neoliberalismo económico que, como siempre, apunta a socializar las pérdidas, las crisis que el capitalismo fomenta, que lleva a concentrar la riqueza en una ínfima minoría.

La propuesta no tiene en cuenta, aun así lo sepa la Ocde, que Colombia es el tercer país con mayor inequidad social en América Latina, después de Haití y Honduras pero, a su vez, es una economía creciente respecto a su producto interno bruto, tanto en la región como en el mundo. El interés de la Ocde es atrapar ese crecimiento económico y mantenerlo en esa línea de comportamiento a costa de agudizar y profundizar la inequidad social que se da en Colombia; por eso las propuestas hechas sobre pensiones, salarios, impuestos e IVA. Todo apunta a cargar contra la mayoría de los colombianos situados entre la clase media, clase baja y la pobreza absoluta.

da. ¿Cuál es su posición frente a las cifras que arrojó el estudio del desempleo realizado por el Dane en 2014?
LP. El Dane ha perdido autonomía y credibilidad después de transformarse en un instrumento de los últimos gobiernos, especialmente el de Uribe y Santos, al servicio de maquillar la realidad con cifras poco fiables; una supuesta política social que ha generado, en apariencia, la disminución del desempleo.

Cuando sale la cifra que indica un porcentaje del 9,1 por ciento de desempleo en el estudio del Dane, en El Tiempo aparece la noticia de que sigue creciendo la informalidad laboral. No es que haya disminuido la tasa de desempleo, sino que aquellos empleos que se eliminan por razón de reestructuraciones empresariales y de aplicación de las nuevas formas de contratación a través de las Cooperativas de Asociados, pasan a una franja que el Dane también clasifica como empleo estable y directo.

da. El Dane también dice que la cifra de desempleo en 2014 fue la más baja en 14 años, ¿es cierto ese resultado?
LP. No hay que olvidar que el Dane incluye como empleadas a aquellas personas que tengan dos horas de trabajo a la semana, aquellas modalidades de informalidad laboral que se encuentran en los andenes; incluso, ahora incluye como "empleados" a los que hacen malabares en los semáforos y los categorizan como ¨Especialistas en recreación social¨.

Además, lo clave es que la cifra del Dane, para afirmar que el desempleo cayó, muestra que se han generado nuevos empleos en caza, pesca y silvicultura. ¿Dónde están las empresas que contratan para la caza y para el desarrollo de industria? La silvicultura es uno de los aspectos más críticos que tiene el país en materia, no solo de existencia, sino de fomento de la gran crisis del modelo agrario.

La pesca está concentrada en multinacionales, por tanto, la pesca artesanal, si se trata de generación de empleo, también está en unas condiciones de precariedad y mínima subsistencia. No existen los sindicatos o convenciones colectivas de las industrias pesqueras y las pocas que existen están reducidas a un mínimo de trabajadores. La cifra es una falacia más del Dane, orientada a maquillar la realidad.

da. ¿Por qué afirma que el estudio del Dane es una una falacia?
LP. La prueba más contundente de que lo es, recae en que el Estado tiene un 57 por ciento de sus trabajadores en contratos de servicios inestables, en nóminas paralelas. El sector privado tiene un 62 por ciento de sus nóminas tercerizadas, en condiciones que, según la Organización Internacional del Trabajado no son dignas; sin contratos a término indefinido, sin seguridad social, y sin pagos para los regímenes pensionales.

En el país se está imponiendo, con una fuerza peligrosa, el sistema de contratación por horas y por días; las zonas de comercio o restaurantes contratan trabajadores que cumplen una jornada de 6 a.m. a 8 o 10 p.m. y solo reclaman en la caja 25.000 o 30.000 pesos, sin prestaciones sociales, sin ningún tipo de cotización a parafiscales, ni mucho menos salud o pensión. Ese tipo de contratación es a lo que nosotros llamamos "contratos basura".

da. La informalidad es uno de los mayores problemas que tienen los trabajadores colombianos. Con los recientes consejos dados por la Ocde, puede preverse que el camino buscado para solucionar tales problemas son las medidas austeras, ¿qué consecuencias traería la aplicación de esas medidas?
LP. No nos podemos tragar la tesis de que la austeridad es la forma por la que este país va a lograr superar la inequidad social. La austeridad podrá superarse cuando el Gobierno tenga clara decisión política de reestructurar el Estado a partir de una reforma agraria integral que permita redistribuir las tierras, democratizarlas y quitárselas a los terratenientes que poseen la tierra productiva. Además, habría a su vez que democratizar el ámbito laboral, que tanto las mujeres como los jóvenes estén incluidos mediante formas de contratación y asignación de salarios dignos, y que el modelo económico no deje por fuera de los regímenes de impuestos a las multinacionales.

 

Salario diferencial por regiones

 

da. Como la Ocde, Fedesarrollo también propuso una reforma, orientada en este caso a que el salario mínimo sea diferencial por regiones. ¿Cuál es su posición frente a esa medida?
LP. Esa es una propuesta de exclusión social. El Estado no puede pretender ahondar la desigualdad subdividiendo condiciones de vida paupérrimas. Este es un asunto absolutamente neoliberal, absolutamente desconsiderado con el país y es el clásico planteamiento de Fedesarrollo. Nosotros no podemos aceptar que porque el Chocó, Nariño, o Córdoba sean los departamentos con mayor índice de pobreza, tengan unos ingresos inferiores a Antioquia o Cundinamarca que tienen industria en desarrollo. Las entidades que proponen esta medida deberían buscar propuestas de integración para que el país, sin excepción alguna, se beneficie de una economía realmente democrática y no concentrada en mejorar las condiciones de ingreso de los ricos.

da. Según lo que plantea, ¿la medida implicaría una regresión al salario mínimo rural?
LP. Sí, claro. Siempre han propuesto que debe haber un salario mínimo para los centros urbanos y uno para los sectores que ellos denominan marginales; es como decir que en Bogotá debe existir un salario mínimo para los trabajadores que están en el norte o en el centro, y uno diferente para Ciudad Bolívar o para sus zonas rurales; eso no puede siquiera debatirse. Siempre han dicho que las necesidades de los trabajadores del área rural no son las mismas que las de los trabajadores de las áreas urbanas porque, supuestamente, en la ciudad tienen costos de universidades, médicos y de transporte, incluso, costos de recreación social, mientras que en el campo, como no existen esas infraestructuras, ¿para qué un salario digno?

Que subsistan, que tengan posibilidades de aparecer dentro del contexto social, pero ligados estrictamente a las posibilidades que, por razón de la corrupción y decrepitud de los gobiernos, han condenado a esas poblaciones a vivir en condiciones de miseria y de pobreza absoluta. La propuesta no se puede aceptar ni tolerar. Tanto un campesino como un indígena tienen los mismos derechos derivados de la Constitución Política, como un trabajador de las capitales de los departamentos o de las ciudades más desarrolladas. Se trata de construir equidad social y no de profundizarla.

da. En el escenario de que la propuesta fuera aprobada, ¿cuáles serían las consecuencias de su aplicación?
LP. La consecuencia es clarísima: profundizaría la inequidad social. Si en este momento estamos en un tercer lugar después de Haití y Honduras, muy seguramente acabaríamos en el segundo o primer lugar. Ante el problema, los dos últimos gobiernos, por no citar los anteriores, siempre han querido responder al pueblo con políticas asistencialistas. Se evidencia en las últimas veces que la gente se ha movilizado, como ocurrió con los indígenas en el 2013, con los campesinos productores entre 2013 y parte de 2014, o como ocurrió, incluso, con los estudiantes cuando se movilizaron para exigir una educación digna y actualizada a las exigencias de esta época y no con los modelos anacrónicos de hace 60 años.
¿Qué hicieron los gobiernos? Crearon mesas de trabajo, aceptaron negociaciones, y al final, optaron por dar subsidios a los campesinos e indígenas para paliar un poco la crisis del agro; ofrecieron unos recursos para el tema de educación, y lo que ahora encontramos con el presidente Santos es que eso lo cumplió a medias. Es la clásica política del asistencialismo: "Ustedes están inconformes, ustedes ponen en riesgo al establecimiento, al Gobierno, les vamos a dar unos subsidios, les hacemos asistencia técnica para que palien la crisis, sin una solución de fondo".

da. ¿Qué propuesta tiene la Cut para disminuir la desigualdad social en las regiones?
LP. Nosotros hemos dicho, y lo hizo la Cut desde su congreso fundacional –irónicamente, vamos para treinta años de existencia y todavía seguimos con el mismo planteamiento–, que el plan de desarrollo del Gobierno, particularmente de este que está enfocado a la paz, debe apartarse del contexto que el Fondo Monetario Internacional, y en este caso la Ocde, le imponen.

Si ustedes observan el periódico del 1 y 2 de febrero verán, la presentación hecha por el doctor Gaviria, Director Nacional de Planeación, en donde reconoce que de trescientas y más propuestas hechas por la Ocde, el Plan de Desarrollo ya incorporó más de ciento treinta y siete. Dentro de esas, las de pensiones, el tema salarial y la contratación. Es decir que, el Plan de Desarrollo del Gobierno se enmarca estrictamente dentro de las exigencias de estos organismos multilaterales que están puestos al servicio del capitalismo internacional y del modelo neoliberal.

da. Entonces, ¿cuáles son las principales medidas propuestas por la Cut?
LP. Primero, el Gobierno tiene que rescatar su soberanía nacional a partir de impedir que desde fuera se dicten las directrices de cómo debe ser nuestro desarrollo y nuestra cultura. Para eso tiene que ganar autonomía, autoridad e independencia frente a la multilateralidad económica. Segundo, tiene que realizarse una reforma estructural de fondo del Estado colombiano, que involucre la reforma agraria integral que tanto reclaman, por ejemplo desde Cuba, los movimientos de insurgencia armada que están negociando, los campesinos y los indígenas, y que tanto reclamamos los sindicatos, pero que, hasta la fecha, no ha sido posible ni si quiera que sea tomada en cuenta.

Consideramos que debe cambiarse de fondo el modelo de desarrollo económico del Estado colombiano, que está centrado en el tema de exportaciones del sector minero-energético y abandonado en lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria; Colombia está comprando alimentos, cuando perfectamente puede producirlos. Debe haber, de igual manera, una reforma de fondo y estructural en el tema educativo. Mientras no existan esas condiciones, nosotros seguiremos con sistemas de educación anacrónicos que promueven la cultura de la lucha individual por el desarrollo en el mundo del trabajo, y descolectiviza la concepción de clase que no permite construir una sociedad más equitativa y justa en aquello que tiene que ver con la distribución de la riqueza de los colombianos.

Es por la vía de las reformas estructurales que nosotros creemos que la situación se puede trascender y no por la vía de socializar la pobreza.

Publicado enEdición 210
Lunes, 23 Febrero 2015 07:24

Ay, ja ja, uf

Ay, ja ja, uf

Hay semanas en que los dioses se burlan de los tontos, algunos pequeños, otros con gran poder, tal vez sólo para entretener o dar un poco de alivio a los demás que tienen que atestiguar, aguantar o pagar las consecuencias de sus tonterías, y a veces los dioses parecen divertirse con crueldades que aún no detonan una respuesta suficientemente humana.


Por ejemplo, el presidente de la cámara baja del Congreso federal, el republicano John Boehner, se dedicaba a promover un proyecto de ley que aprueba un oleoducto para transportar el combustible de las arenas petroleras en Canadá a Texas, o sea, uno de los hidrocarburos que más contribuyen al calentamiento global. En su apasionada defensa de esta obra, denunció a opositores del proyecto como extremistas de izquierda marginales y anarquistas. Entre los opositores que se habían expresado ese día, y al parecer entre los que criticaba Boehner, estaban 90 reconocidos científicos y economistas, entre ellos varios premios Nobel.


Por cierto, el cambio climático tiene sus promotores. Un influyente sector de políticos, empresarios multimillonarios y la industria de hidrocarburos dedican millones a su causa, lo que incluye contratar a un elenco de expertos que se ganan la vida al servicio de estos intereses, presentándose ante medios y foros, poniendo en duda que existe el calentamiento global. Por ejemplo está el caso de Wei-Hock Soon, científico asociado con Harvard, que ha sido una de las figuras más prominentes encargadas de sembrar dudas sobre los efectos de los gases que contribuyen al efecto invernadero. El científico, revelaron documentos obtenidos por Greenpeace, ha aceptado más de 1.2 millones de dólares de la industria energética, algo que jamás divulgó en todos sus trabajos académicos y sus ponencias ante el Congreso y otros foros. A pesar del consenso abrumador de la comunidad científica nacional e internacional, de hechos comprobados como que 2014 fue el año más caliente jamás registrado, y de fenómenos climáticos cada vez más feroces –sequías, inundaciones, tormentas, frío extremo, cambios en los océanos y en los polos–, líderes republicanos, entre otros, rechazan todo esto mientras sus ciudadanos sufren cada vez más de las consecuencias de este fenómeno.


Hablando de clima, en las calles de Nueva York, una cifra récord de personas sin techo –58 mil 284, según el cálculo oficial más reciente– enfrentan condiciones polares mientras los ricos continúan construyendo edificios de lujo. La semana pasada, las autoridades proclamaron código azul, es decir, que los albergues están obligados a aceptar a todo sin techo que huye de las condiciones inclementes; la temperatura bajó a 16.5 grados bajo cero un día. Decenas, tal vez cientos, de departamentos de lujo están vacíos, sus dueños los compran más como inversión que para vivir. Todos tienen calefacción, pero nadie que lo agradezca.


Por otro lado, mientras se nutre la ignorancia y se tolera la miseria, en el estado de Oklahoma –el cual ocupa el lugar 48 de los 50 estados en educación– se promueven los valores patrióticos. Un comité legislativo estatal aprobó un proyecto de ley que anula un curso avanzado de historia en las preparatorias, ya que, según el representante republicano que lo impulsó, el curso enfatiza "lo que está mal con America (sic)" y, más aún, omite mención y elogio del excepcionalismo estadunidense. Estos cursos avanzados de historia, diseñados por la institución nacional de exámenes para ingresar a universidades, ya fueron condenados por el Comité Nacional Republicano (la instancia nacional del partido) porque ofrecen una perspectiva consistentemente negativa de la historia estadunidense.


Hablando de estudios cívicos, esta semana se presentó el cálculo final del costo del último ciclo electoral, donde se gastaron 3 mil 770 millones de dólares, lo que confirma que fueron las elecciones intermedias más caras en la historia, según en Center for Responsive Politics. Peor aún, fueron las más caras, pero con un grupo de donantes –los que financiaron a candidatos y propuestas políticas– más reducido que nunca. O sea, el proceso político democrático fue comprado por un grupo cada vez más exclusivo de ricos.


El número de armas en manos privadas en este país alcanza para que cada adulto tenga una; hay líderes del país más poderoso y contaminante del mundo que continúan promoviendo la destrucción del planeta; hay los que promueven la ignorancia como si fuera acto patriótico, y los que se benefician con mantener la peor desigualdad económica en casi un siglo al controlar cada vez más el llamado proceso democrático para sus fines privados. Ante todo esto, algunos somos reducidos a emitir ya ni palabras sino sólo sonidos como ay, ja ja, y uf.


Bueno, también hay buenas noticias para aquellos que desean mantenerse despiertos para ver qué más de esto sigue. El panel nacional de expertos sobre nutrición emitió sus recomendaciones de dieta más recientes entre las cuales sorprendió su conclusión de que no sólo hay riesgos mínimos de salud al consumir entre tres y cinco tazas de café al día, sino que consumir hasta cinco tazas diarias podría tener efectos que benefician la salud, como reducir ciertas enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo dos, entre otras.


Ante todas estas locuras, tonterías y crueldades, tal vez lo mínimo que se le puede sugerir a los dioses es... ojalá que llueva café.

Publicado enInternacional
Violencia e inequidad social: un problema serio de salud pública

Más de la mitad de las muertes en Colombia podrían haberse evitado. Esta es una de las alarmantes conclusiones a las que llegó el Observatorio Nacional de Salud (ONS) luego de realizar el Tercer Informe de Mortalidad Evitable que analiza el panorama de la salud en Colombia entre 1998 - 2011.

El dato es escalofriante. 1'427.535 de los 2'677.170 que murieron en Colombia entre los años 2008-2011 podrían seguir viviendo de haberse corregido algunas circunstancias y contextos que caracterizan la vida nacional. La inquietud emana sin dilación, ¿cuáles fueron las razones que le negaron a ese 53 por ciento de connacionales la posibilidad de seguir con vida?


El estudio realizado por el ONS dibuja el panorama de las problemáticas que aquejan a la población colombiana. La violencia, la inequidad social y la mala prestación del servicio de salud son algunos de los porqués que llevaron a que el 53% de esas muertes no fueran evitables.


Cifras como que entre 1998 y 2004 las lesiones intencionales, hechas en gran medida con arma de fuego, fueron quienes representaron la mayor proporción de las muertes evitables, no son fortuitas. Según el doctor Román Vega, de la Pontificia Universidad Javeriana, estas cifras son tomadas de una de las épocas más violentas del país "la época donde se reportó un alto número de masacres en la población rural, la época de los asesinatos selectivos. Pero es también periodo de altas cifras de pobreza en el país. Lo que genera un debate serio para la salud pública del país: si la guerra se acaba en Colombia la reducción de la mortalidad evitable va a ser tremenda en este país".


Por otro lado, la lectura de las cifras va más allá, pues según el doctor Renán violencia y conflicto armado colombiano están enormemente ligados con las desigualdades sociales. Datos como que el número de muertes de madres gestantes o lactantes fue más alta en los municipios donde la pobreza es mayor, lo evidencian. "Los problemas de mortalidad evitable tienen que ver mucho con la pobreza de la [mayoría] del pueblo colombiano. ¿Qué causa pobreza en un pueblo? Si respondemos esa pregunta podremos resolver un problema de política pública en salud", afirma Vega.


De esta forma, el ONS plantea otra forma de analizar la salud en Colombia, centrándose en una medicina social que es determinante en el debate político del país en cuanto supera el marco de la medicina para empezar a evaluar el tipo de políticas públicas gestadas desde el Congreso para garantizar la salud del pueblo colombiano. "Que las conversaciones del Congreso no sean trascendentes para abordar el drama de la mortalidad evitable y de las desigualdades en salud en este país es algo que amerita abordar nuevas investigaciones", concluye el doctor Renán.}


La muerte no sólo se evita desde los hospitales


El informe del ONS expuesto el 23 de julio a los medios de comunicación, entidades de salud y académicos expertos en el tema, propuso el análisis de un término poco analizado en el país pero que ya cuenta con diversas conceptualizaciones y estudios en el mundo: La mortalidad evitable, que es, según la definición utilizada por el Instituto Nacional de Salud "aquella muerte que dado los conocimientos médicos actuales y la tecnología, podría evitarse por el sistema de salud a través de prevención y/o tratamiento".

Teniendo en cuenta este aspecto, ¿Cuándo podemos decir que una persona no debió haber muerto? Para que estudios, como los adelantados por el ONS, puedan relacionar una muerte como evitable o no, primero deben elaborar un listado o clasificar los aspectos que pueden resumir dentro de la clasificación de mortalidad evitable. Colombia no cuenta con una selección actualizada de causas evitables de muerte, por ende el listado utilizado por la Organización tomó como fuente las clasificaciones aceptadas internacionalmente.

Son muchas las clasificaciones propuestas y aceptadas en el mundo sobre este particuar, las que parten de la conceptualización realizada históricamente del término. La primera conceptualización se dio en 1978 por un grupo de expertos de la escuela de medicina de la Universidad de Harvard, liderada por David Rutstein , donde propusieron una lista de 90 condiciones para las que no deberían ocurrir casos de enfermedad, discapacidad o muerte en presencia de una atención médica oportuna y efectiva. Sin embargo, el concepto propuesto por Rutstein quedó restringido solamente a las muertes evitables en el campo de la medicina.

Fue precisamente Erika Taucher quien en 1978 planteó que algunas causas de muertes eran evitables "a partir de medidas mixtas con la actuación de varios sectores", lo que puso en discusión el hecho de que la muerte no es sólo responsabilidad del sector médico sino que también compete a otras entidades estatales: la muerte como resultado de la problemática social. En esta medida los estudios de Mortalidad Evitable servirían como insumo útil en la planeación de las políticas de desarrollo en un país.


Fue desde este postulado que diversos estudios latinoamericanos empezaron a analizar el concepto. No estamos entonces ante un tema nuevo, es más bien un estudio aplicado desde hace más de 30 años, y que toma en cuenta las condiciones de desarrollo tecnológico desarrollado y adoptado por el país, la que evidencia, además, la calidad en la prestación del servicio de salud, y las falencias de las instituciones del Estado que deben garantizar la vida de la población.


Según Rubén Gómez, epidemiólogo de la Universidad de Antioquia, "El Instituto trató de elaborar un listado que se ajustara a las condiciones colombianas, porque lo que se considera no evitable en otros países es evitable en su país de origen, lo que trae contras en la medida en que no se podrán comparar los resultados con otros análisis ya hechos".

En este caso, un país con una tasa alta de mortalidad evitable es un país que no solo posee un sistema de salud deteriorado, sino que presenta una serie de problemáticas sociales: como pobreza e inequidad social. Lo que explica por qué una de las mayores causas de muerte evitable son, por ejemplo, las lesiones intencionales.


De igual forma, el informe pretende hacer un llamado al sistema de atención en salud, ya que muchas de las mortalidades evitables se dan por falta de acceso oportuno al conocimiento y a la tecnología médica. Un mensaje pertinente teniendo en cuenta que estamos ad portas de la aprobación de una ley estatutaria de salud.


Es claro que, tal como lo dijo la médica Gloria Molina, de la Universidad de Antioquia, la información numérica no es suficiente para entender las problemáticas de salud, sin embargo las conclusiones del informe presentado por el ONS plantea una discusión política y social que debe ser abordada en diferentes investigaciones y con mayor profundidad.

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“Ahora damos paso a nuestro móvil en vivo desde el aeropuerto de Carrasco, adonde en estos momentos está llegando el señor Néstor Kirchner acompañado de su señora esposa, la presidenta argentina”...
 
Esta afirmación, hecha por el locutor de uno de los canales privados de televisión durante los actos de cambio de gobierno en Uruguay, demuestra hasta qué punto la lucha por la equidad de género enfrenta obstáculos que trascienden cuestiones meramente legales.
 
Una buena forma de comprender la idea de inequidad de género en una sociedad es referirlo a la existencia de una estructura de oportunidades que en determinadas circunstancias dificulta –y en algunos casos impide– la libre actuación de las mujeres, según sus deseos o su voluntad, y en pie de igualdad con los hombres. 
 
Tal estructura de oportunidades no tiene por qué ser –de hecho, en muy pocos países lo es– una cuestión legal que limita las libertades y los derechos de las mujeres al uso y disfrute de los bienes y servicios de la sociedad. Tampoco significa que estén legalmente impedidas de acceder a los medios de producción, la educación, o los procesos de toma de decisiones administrativas, políticas o económicas. 
 
En los hechos, sin embargo, la posibilidad de acceder a estos bienes, servicios y puestos de incidencia no es igual a la de los hombres. Y, aunque dibujando un amplio espectro de matices y grados, tal desigualdad está presente en todos los países del mundo. En este sentido, los aspectos culturales juegan un rol mayor a la hora de sostener las situaciones de inequidad y –desde el momento en que operan reconociendo la pertinencia de los mandatos legales, pero a la vez eludiéndolos– son los más difíciles de combatir.
 
Esta realidad de facto, instalada incluso allí donde la igualdad de oportunidades para todos los integrantes de la sociedad está expresamente garantizada por la Constitución, también vuelve extremadamente complejo su análisis y su medición. 
 

Índice de Equidad de Género

 

Una buena herramienta para el mejor entendimiento de estas inequidades es el Índice de Equidad de Género (IEG), desarrollado por Social Watch –red social internacional con miembros en más de 60 países en todo el mundo, comprometida con el combate a la pobreza y sus causas, a fin de asegurar una distribución equitativa de la riqueza y la realización de los derechos humanos. La versión completa del IEG, publicada anualmente, está disponible en www.socialwatch.org/node/11561. Se trata de un instrumento que permite, además de observar una fotografía de la situación en un momento determinado, seguir la evolución de los países y regiones en el tiempo.
 
Esto es posible gracias a que el IEG clasifica países y regiones de acuerdo con una selección de indicadores relevantes a la inequidad de género –en las dimensiones educación, participación económica y empoderamiento–, a partir de información disponible y comparable internacionalmente.
 
El IEG está pensado para dar cuenta de cualquier situación en la que las mujeres se vean relegadas respecto a los hombres en las tres dimensiones referidas. Esto quiere decir que no mide condiciones absolutas de acceso de las mujeres a la educación, de participación económica o de empoderamiento sino la brecha de género existente en esas materias. Así, por ejemplo, un país en el que sólo el 10 por ciento de las mujeres y el 11 por ciento de los hombres estuvieran alfabetizados tendría un mayor puntaje de IEG que otro en el que los porcentajes de alfabetización fueran 80 por ciento para las mujeres y 90 por ciento para los hombres.
 

La inequidad, hoy

 

El IEG 2009, que analiza la situación de 156 países, fue lanzado el 9 de marzo en Nueva York, en ocasión de la Sesión 54 de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer de las Naciones Unidas y el Día Internacional de la Mujer, celebrado el día anterior.
 
El primer dato relevante es que mientras los países y las regiones que se encontraban en mejor situación relativa en cuanto a la equidad de género continuaron mejorando, aquellos donde la situación venía siendo más crítica –es decir, donde más se los necesitaba– no se registraron avances.
 
Como consecuencia directa de esto, creció la brecha que separa las realidades más y menos equitativas. A partir de esta información, parece claro que el punto desde el cual parten los países y las regiones es determinante a la hora de combatir la inequidad de género. Incluso más que otras condiciones objetivas que pudieran a priori considerarse más relevantes, como situación geográfica, desarrollo económico o nivel de ingresos.
 
He aquí otra conclusión que se puede sacar a partir del análisis de los datos del IEG 2009: el bajo nivel de los ingresos o la pobreza relativa de un país es una muy mala excusa para la inequidad de género. En tal sentido, el mejor ejemplo lo constituye Rwanda, un país con muy bajos ingresos, ubicado en una de las regiones más pobres del mundo y que, sin embargo, no sólo se ha mantenido entre los paísesmás equitativos desde hace años sino que en 2009 subió del quinto al tercer lugar del IEG, desplazando a Alemania y Noruega, y siendo superado sólo por Suecia y Finlandia.
 
Esta realidad no es producto de la casualidad, desde luego. Por el contrario, está asociado a la implementación de políticas concretas –incluyendo leyes de discriminación positiva– que el Estado lleva adelante desde hace años y que, al igual que sucedió con los países escandinavos antes, determinan su privilegiada situación en cuanto a equidad de género.
 
La dimensión empoderamiento es la que mejor refleja la independencia de los problemas de inequidad respecto de las situaciones económicas, de desarrollo o de niveles de ingreso de un país o región. Porque, con excepción de América del Norte, todas las demás regiones tienen países con valores de empoderamiento muy bajos. República Checa, por ejemplo, llega apenas a 53 en 100, y Japón a 59.
 

En resumen

 

Más allá de la información estadística que aporta el IEG 2009 –pero a partir de ella–, surgen al menos tres conclusiones importantes: 
  • Los niveles de ingreso, la situación económica y los grados de desarrollo no deben usarse como excusa para justificar situaciones de inequidad de género. Más riqueza no significa mayor equidad. 
  • El caso de Rwanda prueba que –como ya pasó con los países escandinavos– el papel del Estado es esencial a la hora de fomentar la equidad de género. Las políticas que presionan sobre la realidad –incluyendo las leyes de discriminación positiva– generan ambientes favorables. Pero no es suficiente. 
  • El hecho de que los países con mejor situación relativa hayan sido los que más avanzaron, y aquellos más atrasados los que permanecieron estancados, muestra que el punto de partida es determinante a la hora de combatir la inequidad. 

Uniendo los tres puntos, queda claro que, si el esfuerzo requerido es mayor al comenzar la carrera hacia la equidad y disminuye cuando la situación mejora, es indispensable que el Estado asuma e interprete su papel sin vacilaciones. Pero no se trata de fomentar el crecimiento económico, los niveles de ingreso y el fortalecimiento de las instituciones para, luego, elaborar políticas “generosas” hacia las mujeres. Hay que pensar un nuevo paradigma que sea, desde su concepción, inclusivo e igualitario para todos los involucrados.
 
Es hora, en suma, de que la equidad de género deje de ser la “señora esposa” del desarrollo social. 

*Miembro del equipo de edición de Social Watch.
Publicado enEdición 155
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