http://zonacero.com/generales/trabajadores-informales-conozca-el-link-para-que-se-registren-y-reciban-auxilio-economico

Aunque tienen significaciones próximas, trabajo y empleo son cosas distintas. Alguien puede estar escribiendo una novela, trabajo arduo como el que más, y si no hace otra cosa está desempleado, o desempleada. En cambio, si después encuentra quién se la publique, sí que estarán empleados los que se encarguen de la edición, incluido el trabajo de impresión, más la distribución y la publicidad. Y, para ilustrar la diferencia, está el caso más notable: los millones de mujeres que se dedican, en el hogar, a las labores del cuidado y, sin embargo, se consideran parte (la mayoría: 42.7%) de la población económicamente inactiva que es, a su vez, casi el 37 por ciento de la población en edad de trabajar (más de 12 años).

De todas maneras, solemos decir “estoy buscando trabajo” cuando en realidad lo que estamos buscando es “empleo”. Como quien dice que el trabajo, en su sentido “económico”, es aquella actividad que nos permite obtener un ingreso monetario para nosotros mismos o para la familia. –No gratuitamente se habla de “Mercado Laboral”–. Generalmente está asociado a la condición de asalariado, ya sea peón o jornalero, como se acostumbra decir en el campo, o bien, obrero o empleado, de empresas privadas o instituciones estatales. No obstante, existe también el trabajo por cuenta propia o “independiente” que podría denominarse “autoempleo” y que ahora, de manera eufemística, llaman “emprendimiento”. Una franja de empleo que es de extraordinaria importancia en países como Colombia: según los cálculos del Dane, el 41.7 por ciento de la población ocupada. La diferencia con los asalariados consiste en que éstos trabajan para un patrón, y los “independientes” para el mercado que es, sin duda, muchísimo más tiránico e implacable.

Estas consideraciones son fundamentales para entender lo que nos está sucediendo y nos va a suceder en estos tiempos de confinamiento y parálisis económica como resultado del enfrentamiento a la pandemia del Covid-19. Digámoslo de una vez. En circunstancias de crisis económica, o de estancamiento secular (como parecía estar sucediendo en Colombia), la reacción frente a los despidos masivos o el desaforado crecimiento del desempleo, es el trabajo por cuenta propia que se convierte, por lo tanto, en el más inmediato refugio. En cambio, en una crisis como la actual, propiciada por una política pública como es el confinamiento obligatorio, junto con el mercado se fractura sustancialmente la dinámica del trabajo por cuenta propia y desaparece hasta la misma posibilidad del refugio. En consecuencia, lo que se nos viene encima no es la incertidumbre frente a una deseada fase de “recuperación económica”, que después de las crisis habituales tiene un apoyo en las pequeñas actividades mercantiles, sino la angustia frente a las enormes dificultades de la reanudación de la dinámica del refugio.


Y ya veníamos mal…

No alcanzaron, los defensores del establecimiento, a celebrar los aparentes buenos resultados en materia de empleo. En efecto, según la periódica Encuesta de Hogares del Dane (Geih), publicada en marzo, en plena emergencia de la llamada cuarentena, la tasa de desempleo del pasado febrero, para 13 ciudades principales y sus Áreas Metropolitanas, fue de 11.5 por ciento, es decir, menor que el 12.4 por ciento registrado el mismo mes del año anterior. En principio, como resultado de un incremento de la población ocupada. ¿Se había quebrado la tendencia que venía más o menos desde el 2015? ¿Como resultado de las políticas económicas del flamante gabinete de Iván Duque?

En realidad no había muchas razones para la celebración. Si se toman los resultados para el Total Nacional el comportamiento es opuesto: el desempleo aumenta; su tasa, de un año a otro (febrero), pasa de 11.8 a 12.2 por ciento, incrementándose el número de desempleados en más de cien mil personas según las estimaciones. En total se contabilizan alrededor de 3 millones de desempleados. Pero no es un problema de exceso de oferta; disminuye, además, la población ocupada. A la persistente disminución del empleo en el sector agropecuario se añade la del comercio, cifras apenas parcialmente compensadas por una recuperación del empleo en la construcción. La tendencia, en suma, seguía siendo preocupante.


Si se compara la evolución de estos dos indicadores se encuentra que, si bien resulta favorable el cambio en el de las trece ciudades y sus áreas, la verdad es que aquí la tasa siempre ha sido muy alta y de acentuada variabilidad. En cambio el del total nacional –que incorpora, además de otras diez grandes ciudades, lo que podríamos llamar “rural”, cuya tasa suele ser menor seguramente por la extraordinaria movilidad de la fuerza de trabajo y la persistente vitalidad de la economía campesina– muestra un consistente deterioro desde el desplome de 2015. (Ver Gráfico 1 que corresponde a “años móviles”). Esto lo corrobora el análisis de las series desestacionalizadas que, además, nos previene de irresponsables cantos de victoria pues advierte, justamente, sobre la particular variabilidad. (Ver gráfico 2).1 Un detalle a considerar consiste en que para el mes de febrero de 2020, esta vez, excepcionalmente, la tasa del total nacional es superior a la de 13 ciudades.

 

 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/pres_web_empleo_resultados_feb_20.pdf

 

Para decirlo en términos coloquiales: ¡estábamos en manos del empleo urbano! Y sobre todo de dos grandes ciudades metropolitanas, Bogotá y Medellín, donde el desempleo disminuyó apreciablemente en el último año. Por ejemplo en Bogotá, donde, tomando el promedio para el trimestre diciembre-febrero la tasa se reduce significativamente de 12.9 (2018-19) a 10.8 por ciento (2019-20). Y téngase en cuenta que estamos hablando de un importante número absoluto de personas, el cual afecta considerablemente, por supuesto, los datos consolidados. De hecho, en ciudades intermedias o pequeñas como Quibdó o Ibagué la tasa de desempleo es dramáticamente elevada. Pero, ¿En qué sectores y en qué posiciones ocupacionales es donde aumenta el empleo urbano?

El ejercicio no es difícil y arroja enseñanzas bastante reveladoras (seguimos en este caso la información provista por el Dane). Obviamente, aquí prácticamente descartamos el sector agropecuario. Comparando febrero contra febrero, para las trece ciudades y sus áreas, la ocupación aumenta significativamente en algunas ramas. En su orden: construcción, Industria manufacturera y comercio (incluye reparación de vehículos). Estas ramas significan casi el 45 por ciento del total, pero sobre todo la última que emplea, según las estimaciones, más de 2.252.000 personas. Otras ramas tienen también un importante peso en el empleo, por ejemplo servicios de entretenimiento y recreación, así como servicios administrativos y profesionales, pero sobre todo el sector clasificado como “Administración Pública, Defensa, Salud y Educación” (casi 13% del total ocupado), en donde el empleo de febrero de 2020 es menor que en el mismo mes de 2019.

Pero más reveladora es la identificación de la dinámica según la posición ocupacional. Los trabajadores por cuenta propia y los obreros o empleados de empresas privadas constituyen, como se sabe, el grueso de la población empleada (alrededor de 87%). Contrariamente a lo que se piensa, el grupo de empleados u obreros del sector gobierno representa apenas un 3.9 por ciento. Ahora bien, en lo que se refiere a la evolución reciente, es claro que, entre los dos primeros, el mayor incremento porcentual en el empleo corresponde al renglón de los independientes (4.2% al comparar los trimestres diciembre-febrero). Y si se toma, desde otro punto de vista, el empleo considerado informal –bastante discutible pues el Dane lo define como el provisto por establecimientos de menos de cinco trabajadores, excluyendo a los independientes– éste representa en el trimestre dic/19-feb/20 un 46.7 por ciento (extraordinariamente alto, por cierto) habiendo aumentado en 0.8 puntos porcentuales con respecto al registrado un año antes. Bogotá y Medellín están entre las de menor proporción de informalidad pero aun así los porcentajes son altos, 41.7 la primera y 40.8 la segunda.

Fácil es entonces concluir que la variación positiva del empleo en estas grandes ciudades es hasta cierto punto ilusoria. En un contexto de alto desempleo, desde hace por lo menos cuatro años, ya la tasa había bajado un poco y así mismo había vuelto a subir. (Ver gráfico 2). Se trata, en buena parte, de una dinámica de lo que hemos llamado estrategias de refugio cuya posibilidad depende, gracias a las economías urbanas de la aglomeración, de la buena salud del mercado. Dicho de otra manera: ninguna tendencia consistente hacia lo que en Colombia más se podría parecer al pleno empleo va a iniciarse mientras se persista en un modelo de desarrollo ya fracasado. Y eso para no hablar de una verdadera resolución que significaría, más bien, un cambio de economía.

El desastre y sus consecuencias

Evidentemente, si algo resultó completamente aniquilado, con la respuesta adoptada frente a la pandemia, fue la estrategia del refugio. Especialmente de quienes viven en la calle o por lo menos de la calle. Desde las diversas formas de mendicidad –incluida la que practican una buena proporción de los recién llegados de Venezuela– hasta los servicios técnicos relacionados con dispositivos electrónicos, pasando, por ejemplo, por todos los tipos de comercio y de negocios de comida y bebida. Porque aun pudiendo acceder a la calle, ¿a quién le venderían? Es decir, el confinamiento obligatorio afecta tanto a los vendedores como a los compradores o usuarios. Piénsese en el trabajo independiente, de oficio o profesional, que va desde el salón de belleza hasta el consultorio odontológico.

Es cierto que han sido afectadas las empresas, o instituciones del Estado, ubicadas en los sectores llamados no esenciales. Y ya se ha visto lo difícil que ha sido y será materializar una política de apoyo. En este caso, mientras no haya despidos (o “licencias”), hay remuneración completa o parcial. Es decir, por este lado, sólo se interrumpe parcialmente la cadena de las compras y pagos, o sea la demanda. A menos que se practique el “teletrabajo” o la educación y los servicios “virtuales”, tendríamos entonces la paradoja de un empleo sin trabajo. ¿Por cuánto tiempo? No mucho. El capital resuelve su problema, aunque no definitivamente, prescindiendo de nuevas inversiones y reduciendo al mínimo sus costos corrientes, como quien dice nada de compras de materias primas y servicios y nada de salarios. Desde luego, dependiendo de la duración de las medidas es muy probable que proliferen las quiebras y ruinas de empresas, especialmente las más frágiles. Hacia el final del periodo se encontrará seguramente un enorme desempleo explícito.2

Esto sugiere que, una vez finalizada la crisis de la pandemia y asumidos sus costos, materiales y en vidas humanas, el capital reanudará su actividad sólo progresivamente, por tanteo. Seguramente aprovechará las enseñanzas del confinamiento. En primer lugar las posibilidades de automatización seguidas de las diferentes formas de “teletrabajo”. Por otra parte, y quebrando una vez más las normas laborales internacionales, se recurrirá en mayor escala al trabajo temporal y al trabajo por horas. El empleo salarial y formal, en consecuencia, podría volver a los niveles de febrero sólo varios años después, habiendo cambiado, eso sí, de distribución (asignación) y calidad. Todo ello dependiendo, claro está, del hallazgo de un nuevo rumbo para el capitalismo colombiano.

El panorama, es completamente diferente para aquellos que mencionábamos anteriormente. No cuentan con las alternativas del capital. El tiempo disponible es, en consecuencia, más corto. La salida no es económica: a menos que haya una política pública apropiada, lo que se vislumbra es un estallido social, por desgracia no revolucionario, sino desesperado. En todo caso, cuando se logre salir a la otra orilla (y no sabemos lo que va a suceder entre tanto), contando con los costos en vidas y en salud, la recuperación será más dificultosa pues supone la restauración de los mecanismos de operación del mercado urbano –obsérvese que lo señalado anteriormente no es enteramente válido para el mundo rural.

Esto sugiere una alternativa radical: escapar del mercado, en una suerte de éxodo del trabajo que así recuperaría su condición, alejándose de la identificación o confusión con el “empleo”. En efecto, un refugio va a ser probablemente el llamado retorno a la población “inactiva”. No obstante, esto implica forzosamente, o bien un incremento de los ingresos monetarios familiares, o bien el aseguramiento de la sobrevivencia por medios ajenos al mercado. En todo caso, estas son alternativas que no pueden progresar mediante decisiones individuales o de pequeñas comunidades locales. Requiere de un esfuerzo colectivo consciente que confronte a la vez las políticas provenientes de las clases dominantes a través del Estado.

En estas circunstancias sólo hay dos posibilidades: o se mantiene el modelo y poco a poco, muy lentamente, vuelven a operar las estrategias de refugio, u ocurre un vuelco radical y total y la generación de empleo toma un rumbo diferente. La política, entonces, en su verdadero y más profundo sentido, tendrá nuevamente la palabra.

1 En relación con las cifras e indicadores del mercado laboral, vale la pena advertir que además de los aspectos metodológicos de muestreo y cobertura, hay diversas formas de medición en el tiempo utilizadas para responder a las simples preguntas de si “está aumentando o disminuyendo”. No es aquí el lugar para detenernos en estos análisis y sólo se presenta lo necesario para la ilustración.


2 No va a ser fácil medirlo. El Dane ya anunció los cambios de operación y metodología que va a introducir para hacer la encuesta durante el confinamiento, principalmente “utilizando el teléfono”. No obstante, hay diversas razones para desconfiar de los resultados que se van a ofrecer en estas condiciones.

 

Periódico desdeabajo Nº267, pdf interactivo

 

 

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Aunque tienen significaciones próximas, trabajo y empleo son cosas distintas. Alguien puede estar escribiendo una novela, trabajo arduo como el que más, y si no hace otra cosa está desempleado, o desempleada. En cambio, si después encuentra quién se la publique, sí que estarán empleados los que se encarguen de la edición, incluido el trabajo de impresión, más la distribución y la publicidad. Y, para ilustrar la diferencia, está el caso más notable: los millones de mujeres que se dedican, en el hogar, a las labores del cuidado y, sin embargo, se consideran parte (la mayoría: 42.7%) de la población económicamente inactiva que es, a su vez, casi el 37 por ciento de la población en edad de trabajar (más de 12 años).

De todas maneras, solemos decir “estoy buscando trabajo” cuando en realidad lo que estamos buscando es “empleo”. Como quien dice que el trabajo, en su sentido “económico”, es aquella actividad que nos permite obtener un ingreso monetario para nosotros mismos o para la familia. –No gratuitamente se habla de “Mercado Laboral”–. Generalmente está asociado a la condición de asalariado, ya sea peón o jornalero, como se acostumbra decir en el campo, o bien, obrero o empleado, de empresas privadas o instituciones estatales. No obstante, existe también el trabajo por cuenta propia o “independiente” que podría denominarse “autoempleo” y que ahora, de manera eufemística, llaman “emprendimiento”. Una franja de empleo que es de extraordinaria importancia en países como Colombia: según los cálculos del Dane, el 41.7 por ciento de la población ocupada. La diferencia con los asalariados consiste en que éstos trabajan para un patrón, y los “independientes” para el mercado que es, sin duda, muchísimo más tiránico e implacable.

Estas consideraciones son fundamentales para entender lo que nos está sucediendo y nos va a suceder en estos tiempos de confinamiento y parálisis económica como resultado del enfrentamiento a la pandemia del Covid-19. Digámoslo de una vez. En circunstancias de crisis económica, o de estancamiento secular (como parecía estar sucediendo en Colombia), la reacción frente a los despidos masivos o el desaforado crecimiento del desempleo, es el trabajo por cuenta propia que se convierte, por lo tanto, en el más inmediato refugio. En cambio, en una crisis como la actual, propiciada por una política pública como es el confinamiento obligatorio, junto con el mercado se fractura sustancialmente la dinámica del trabajo por cuenta propia y desaparece hasta la misma posibilidad del refugio. En consecuencia, lo que se nos viene encima no es la incertidumbre frente a una deseada fase de “recuperación económica”, que después de las crisis habituales tiene un apoyo en las pequeñas actividades mercantiles, sino la angustia frente a las enormes dificultades de la reanudación de la dinámica del refugio.


Y ya veníamos mal…

No alcanzaron, los defensores del establecimiento, a celebrar los aparentes buenos resultados en materia de empleo. En efecto, según la periódica Encuesta de Hogares del Dane (Geih), publicada en marzo, en plena emergencia de la llamada cuarentena, la tasa de desempleo del pasado febrero, para 13 ciudades principales y sus Áreas Metropolitanas, fue de 11.5 por ciento, es decir, menor que el 12.4 por ciento registrado el mismo mes del año anterior. En principio, como resultado de un incremento de la población ocupada. ¿Se había quebrado la tendencia que venía más o menos desde el 2015? ¿Como resultado de las políticas económicas del flamante gabinete de Iván Duque?

En realidad no había muchas razones para la celebración. Si se toman los resultados para el Total Nacional el comportamiento es opuesto: el desempleo aumenta; su tasa, de un año a otro (febrero), pasa de 11.8 a 12.2 por ciento, incrementándose el número de desempleados en más de cien mil personas según las estimaciones. En total se contabilizan alrededor de 3 millones de desempleados. Pero no es un problema de exceso de oferta; disminuye, además, la población ocupada. A la persistente disminución del empleo en el sector agropecuario se añade la del comercio, cifras apenas parcialmente compensadas por una recuperación del empleo en la construcción. La tendencia, en suma, seguía siendo preocupante.


Si se compara la evolución de estos dos indicadores se encuentra que, si bien resulta favorable el cambio en el de las trece ciudades y sus áreas, la verdad es que aquí la tasa siempre ha sido muy alta y de acentuada variabilidad. En cambio el del total nacional –que incorpora, además de otras diez grandes ciudades, lo que podríamos llamar “rural”, cuya tasa suele ser menor seguramente por la extraordinaria movilidad de la fuerza de trabajo y la persistente vitalidad de la economía campesina– muestra un consistente deterioro desde el desplome de 2015. (Ver Gráfico 1 que corresponde a “años móviles”). Esto lo corrobora el análisis de las series desestacionalizadas que, además, nos previene de irresponsables cantos de victoria pues advierte, justamente, sobre la particular variabilidad. (Ver gráfico 2).1 Un detalle a considerar consiste en que para el mes de febrero de 2020, esta vez, excepcionalmente, la tasa del total nacional es superior a la de 13 ciudades.

 

 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/pres_web_empleo_resultados_feb_20.pdf

 

Para decirlo en términos coloquiales: ¡estábamos en manos del empleo urbano! Y sobre todo de dos grandes ciudades metropolitanas, Bogotá y Medellín, donde el desempleo disminuyó apreciablemente en el último año. Por ejemplo en Bogotá, donde, tomando el promedio para el trimestre diciembre-febrero la tasa se reduce significativamente de 12.9 (2018-19) a 10.8 por ciento (2019-20). Y téngase en cuenta que estamos hablando de un importante número absoluto de personas, el cual afecta considerablemente, por supuesto, los datos consolidados. De hecho, en ciudades intermedias o pequeñas como Quibdó o Ibagué la tasa de desempleo es dramáticamente elevada. Pero, ¿En qué sectores y en qué posiciones ocupacionales es donde aumenta el empleo urbano?

El ejercicio no es difícil y arroja enseñanzas bastante reveladoras (seguimos en este caso la información provista por el Dane). Obviamente, aquí prácticamente descartamos el sector agropecuario. Comparando febrero contra febrero, para las trece ciudades y sus áreas, la ocupación aumenta significativamente en algunas ramas. En su orden: construcción, Industria manufacturera y comercio (incluye reparación de vehículos). Estas ramas significan casi el 45 por ciento del total, pero sobre todo la última que emplea, según las estimaciones, más de 2.252.000 personas. Otras ramas tienen también un importante peso en el empleo, por ejemplo servicios de entretenimiento y recreación, así como servicios administrativos y profesionales, pero sobre todo el sector clasificado como “Administración Pública, Defensa, Salud y Educación” (casi 13% del total ocupado), en donde el empleo de febrero de 2020 es menor que en el mismo mes de 2019.

Pero más reveladora es la identificación de la dinámica según la posición ocupacional. Los trabajadores por cuenta propia y los obreros o empleados de empresas privadas constituyen, como se sabe, el grueso de la población empleada (alrededor de 87%). Contrariamente a lo que se piensa, el grupo de empleados u obreros del sector gobierno representa apenas un 3.9 por ciento. Ahora bien, en lo que se refiere a la evolución reciente, es claro que, entre los dos primeros, el mayor incremento porcentual en el empleo corresponde al renglón de los independientes (4.2% al comparar los trimestres diciembre-febrero). Y si se toma, desde otro punto de vista, el empleo considerado informal –bastante discutible pues el Dane lo define como el provisto por establecimientos de menos de cinco trabajadores, excluyendo a los independientes– éste representa en el trimestre dic/19-feb/20 un 46.7 por ciento (extraordinariamente alto, por cierto) habiendo aumentado en 0.8 puntos porcentuales con respecto al registrado un año antes. Bogotá y Medellín están entre las de menor proporción de informalidad pero aun así los porcentajes son altos, 41.7 la primera y 40.8 la segunda.

Fácil es entonces concluir que la variación positiva del empleo en estas grandes ciudades es hasta cierto punto ilusoria. En un contexto de alto desempleo, desde hace por lo menos cuatro años, ya la tasa había bajado un poco y así mismo había vuelto a subir. (Ver gráfico 2). Se trata, en buena parte, de una dinámica de lo que hemos llamado estrategias de refugio cuya posibilidad depende, gracias a las economías urbanas de la aglomeración, de la buena salud del mercado. Dicho de otra manera: ninguna tendencia consistente hacia lo que en Colombia más se podría parecer al pleno empleo va a iniciarse mientras se persista en un modelo de desarrollo ya fracasado. Y eso para no hablar de una verdadera resolución que significaría, más bien, un cambio de economía.

El desastre y sus consecuencias

Evidentemente, si algo resultó completamente aniquilado, con la respuesta adoptada frente a la pandemia, fue la estrategia del refugio. Especialmente de quienes viven en la calle o por lo menos de la calle. Desde las diversas formas de mendicidad –incluida la que practican una buena proporción de los recién llegados de Venezuela– hasta los servicios técnicos relacionados con dispositivos electrónicos, pasando, por ejemplo, por todos los tipos de comercio y de negocios de comida y bebida. Porque aun pudiendo acceder a la calle, ¿a quién le venderían? Es decir, el confinamiento obligatorio afecta tanto a los vendedores como a los compradores o usuarios. Piénsese en el trabajo independiente, de oficio o profesional, que va desde el salón de belleza hasta el consultorio odontológico.

Es cierto que han sido afectadas las empresas, o instituciones del Estado, ubicadas en los sectores llamados no esenciales. Y ya se ha visto lo difícil que ha sido y será materializar una política de apoyo. En este caso, mientras no haya despidos (o “licencias”), hay remuneración completa o parcial. Es decir, por este lado, sólo se interrumpe parcialmente la cadena de las compras y pagos, o sea la demanda. A menos que se practique el “teletrabajo” o la educación y los servicios “virtuales”, tendríamos entonces la paradoja de un empleo sin trabajo. ¿Por cuánto tiempo? No mucho. El capital resuelve su problema, aunque no definitivamente, prescindiendo de nuevas inversiones y reduciendo al mínimo sus costos corrientes, como quien dice nada de compras de materias primas y servicios y nada de salarios. Desde luego, dependiendo de la duración de las medidas es muy probable que proliferen las quiebras y ruinas de empresas, especialmente las más frágiles. Hacia el final del periodo se encontrará seguramente un enorme desempleo explícito.2

Esto sugiere que, una vez finalizada la crisis de la pandemia y asumidos sus costos, materiales y en vidas humanas, el capital reanudará su actividad sólo progresivamente, por tanteo. Seguramente aprovechará las enseñanzas del confinamiento. En primer lugar las posibilidades de automatización seguidas de las diferentes formas de “teletrabajo”. Por otra parte, y quebrando una vez más las normas laborales internacionales, se recurrirá en mayor escala al trabajo temporal y al trabajo por horas. El empleo salarial y formal, en consecuencia, podría volver a los niveles de febrero sólo varios años después, habiendo cambiado, eso sí, de distribución (asignación) y calidad. Todo ello dependiendo, claro está, del hallazgo de un nuevo rumbo para el capitalismo colombiano.

El panorama, es completamente diferente para aquellos que mencionábamos anteriormente. No cuentan con las alternativas del capital. El tiempo disponible es, en consecuencia, más corto. La salida no es económica: a menos que haya una política pública apropiada, lo que se vislumbra es un estallido social, por desgracia no revolucionario, sino desesperado. En todo caso, cuando se logre salir a la otra orilla (y no sabemos lo que va a suceder entre tanto), contando con los costos en vidas y en salud, la recuperación será más dificultosa pues supone la restauración de los mecanismos de operación del mercado urbano –obsérvese que lo señalado anteriormente no es enteramente válido para el mundo rural.

Esto sugiere una alternativa radical: escapar del mercado, en una suerte de éxodo del trabajo que así recuperaría su condición, alejándose de la identificación o confusión con el “empleo”. En efecto, un refugio va a ser probablemente el llamado retorno a la población “inactiva”. No obstante, esto implica forzosamente, o bien un incremento de los ingresos monetarios familiares, o bien el aseguramiento de la sobrevivencia por medios ajenos al mercado. En todo caso, estas son alternativas que no pueden progresar mediante decisiones individuales o de pequeñas comunidades locales. Requiere de un esfuerzo colectivo consciente que confronte a la vez las políticas provenientes de las clases dominantes a través del Estado.

En estas circunstancias sólo hay dos posibilidades: o se mantiene el modelo y poco a poco, muy lentamente, vuelven a operar las estrategias de refugio, u ocurre un vuelco radical y total y la generación de empleo toma un rumbo diferente. La política, entonces, en su verdadero y más profundo sentido, tendrá nuevamente la palabra.

1 En relación con las cifras e indicadores del mercado laboral, vale la pena advertir que además de los aspectos metodológicos de muestreo y cobertura, hay diversas formas de medición en el tiempo utilizadas para responder a las simples preguntas de si “está aumentando o disminuyendo”. No es aquí el lugar para detenernos en estos análisis y sólo se presenta lo necesario para la ilustración.


2 No va a ser fácil medirlo. El Dane ya anunció los cambios de operación y metodología que va a introducir para hacer la encuesta durante el confinamiento, principalmente “utilizando el teléfono”. No obstante, hay diversas razones para desconfiar de los resultados que se van a ofrecer en estas condiciones.

 

Periódico desdeabajo Nº267, pdf interactivo

 

 

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Publicado enEdición Nº267
Un grupo de personas hace cola para comprar alimentos en Venezuela durante la crisis del Covid-19. Euronews

En América Latina hacer frente al Covid-19 es especialmente complejo debido a la pobreza y las desigualdades económicas y sociales. Casi seis de cada diez personas trabajan en el mercado informal

 

Casi seis de cada diez latinoamericanos, según la Organización Internacional del Trabajo(OIT), forman parte del mercado de trabajo informal y representan un tercio de la economía. Para estas personas que viven al día, las drásticas medidas de cuarentena obligatoria, recomendadas por la OMS para enfrentar el Covid-19 y adoptadas por la mayoría de los gobiernos, suponen dejar de tener ingresos. Quedarse en casa es un lujo para los que trabajan en el sector informal. Sobrevivir a la cuarentena se convierte en un reto en sí mismo. En países como España o Italia, el confinamiento puede ser posible porque hay un espacio fiscal para subsidiar empresas y familias vulnerables. Sin embargo, en América Latina, con sectores públicos quebrados y un gran número de personas viviendo de la informalidad, la situación empuja a preguntarse si no será más peligroso “quedarse en casa” que el virus en sí. 

–––––––

Hector y Amparo fabrican artesanalmente unos tableritos didácticos para niños y niñas en Ibagué, Colombia. Normalmente los venden a librerías pero también reciben encargos y a veces los venden en la calle. Están a punto de jubilarse, con 61 y 60 años respectivamente, aunque ahora, con la falta absoluta de ingresos debido a la cuarentena del Covid-19, no pueden cotizar. “¿Qué vamos a hacer más de un mes sin recibir sustento?”, se pregunta Hector mientras cuenta que lo más importante es la comida y la salud, y lo difícil que le es conciliar el sueño. Cuando se le pregunta sobre los saqueos en Bogotá de estos días, resopla. “Yo entiendo a esa gente que no tiene, a los que venden su tintico (café), sus calditos… no están pudiendo vender”, dice por teléfono. “Ojalá que el gobierno nos vea”, repite. 

Antes del coronavirus, América Latina ya lidiaba con el estancamiento económico, la agitación política y social y la epidemia de dengue más grave de los últimos años –con más de tres millones de personas afectadas y 1.500 muertes. La caída del PIB latinoamericano a causa de los efectos del coronavirus se calcula que estará en casi el 2%. Y la recuperación dependerá en gran medida del restablecimiento de China al ser el segundo socio comercial, en algunos casos el primero, de la mayor parte de los países.

El lunes 16 de marzo las bolsas latinoamericanas se desplomaron por la bajada del precio del petróleo. Como también lo hicieron la industria relacionada con importaciones o exportaciones con China, los precios de otras commodities como el cobre y la multimillonaria industria del turismo en lugares masivos como Cuzco, Cancún o Buenos Aires. Comenzó el pánico. Las dificultades que ya venían de antes como resultado de la dependencia del mercado internacional y la inestabilidad de sus economías se sumaron a la crisis derivada del Covid-19.

Todavía no sabemos a ciencia cierta muchas cosas del virus: no conocemos su tasa de mortalidad, todas sus formas de contagio, si se genera algún tipo de inmunidad o el trastorno económico-social que causará. Hay algunos que ya hablan del periodo poscovid-19 como si hablaran de una posguerra. Lo que sí está claro es que sus consecuencias serán ecológicas, económicas y sociales. Es decir, convierte a la pandemia en un asunto político, y por lo tanto sistémico. Las dietas alimentarias deficitarias, la informalidad laboral, el hacinamiento urbano, los sistemas de agua residuales defectuosos o inexistentes, los sistemas de salud débiles, entre otros factores, hacen que la salida latinoamericana a la pandemia mundial quizás no sea seguir la misma receta que en Europa, Norteamérica o Asia. 

En la segunda mitad del año pasado América Latina, de Chile a Colombia, se levantaba indignada por la desigualdad social. Las clases medias se movilizaron denunciando una falta de recursos y dificultad de acceso en sanidad y educación en los diferentes procesos de privatización de la región. Es decir, con el aumento exponencial de infectados en coronavirus, el sistema sanitario se verá absolutamente desbordado: sólo Costa Rica y Uruguay destinan más del 6% del PIB a gasto público en salud,  como indica la Organización Mundial de la Salud. El gasto en España en sanidad sobre el PIB, por ejemplo, es del 8,9%. 

“La cuarentena desnuda desigualdades que ya estaban presentes”, señala Inés Nercesián, doctora en ciencias sociales y profesora de sociología histórica de América Latina en la Universidad de Buenos Aires. El acceso a la vivienda, a la salud, a la tecnología, a la cultura y la educación, a la economía o al territorio son aspectos que se vuelven más crudos durante la cuarentena, “pero esto no es algo nuevo, es una herencia”, apunta la experta. 

La responsabilidad es individual y colectiva

Sita vive en la provincia de Buenos Aires con su hija de 15 años. Sus ingresos provenían en su totalidad de la venta de inciensos en ferias de la ciudad y desde que se impuso la cuarentena obligatoria no puede salir a trabajar. Ahora vivirá de ayudas del gobierno. La cuarentena “es un compromiso a nivel social que resulta difícil de cumplir para todos, algunos porque no les da la gana y otros por necesidad”, comenta Sita por teléfono. Estar en casa es más sacrificio justamente para los que menos tienen: no saldrían a la calle por irresponsabilidad sino por subsistencia, pero ¿qué otra manera hay de combatir el virus? 

La medida Quedate en casa impulsada con mayor o menor flexibilidad en toda la región latinoamericana se apoya en la posibilidad de realizar teletrabajo. El problema viene cuando la mayor parte de la población no tiene un trabajo que pueda realizarse desde casa vía online, o cuando su trabajo necesita de un transito callejero como pequeños comercios, taxistas, empleadas domésticas o vendedores ambulantes. El cese de las actividades cotidianas impide que puedan generar los ingresos suficientes para subsistir a una población ya de por sí vulnerable y carente de ahorros. 

En Colombia, por ejemplo, con más de un 60% de la población en el sector laboral informal, antes de la cuarentena oficial se impuso un simulacro “para aprender bien”. En un vídeo publicado en su cuenta de twiter, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, en principio sin el apoyo del presidente Iván Duque, pedía que los bogotanos se quedaran en casa “aprendiendo cómo hacer una cuarentena cuando nos toque, por ahora es solo un simulacro de cuatro días”.

 “En el caso boliviano, la presidenta decide copiar pedazos del discurso y medidas del presidente de Gobierno español y leyendo en teleprónter lanza un paquete de medidas como si estuviera sentada en Madrid y no en La Paz”, sentencia la activista boliviana María Galindo en el blog de Radio Deseo, la emisora que codirige. Para poder quedarse en casa, primero hay que tener una casa y hay que estar a salvo dentro de ella. Para no salir de ella hay que tener el acopio suficiente de comida y para ello el suficiente dinero. Para seguir las recomendaciones de la OMS y de las autoridades sanitarias hay que tener una serie de facilidades, como el acceso a agua, por ejemplo. “Romantizar la cuarentena es un privilegio de clase” es el lema que circula por las redes sociales esta última semana. 

El primer caso registrado de Covid-19 en América Latina fue en Brasil el 26 de febrero. Hasta ahora es el país con más contagios y muertos y, sin embargo, el que menos medidas está tomando, al menos a nivel federal. Su presidente, Jair Bolsonaro, criticó la “histeria” global sobre la “gripecita”, mientras se hacía el test del virus al saberse que personal de su círculo estaba contagiado. Cuando fue consultado sobre la posibilidad de que la situación fuera similar a la de Estados Unidos, país en el que su presidente también ha desplegado una actitud negacionista, Bolsonaro contestó que “el brasileño tiene que ser estudiado, no coge nada. Usted ve a alguien buceando en una alcantarilla y no le pasa nada”, aseguraba con la excentricidad que le caracteriza. 

Algunos estados como los de Sao Paulo, Brasilia o Rio de Janeiro tomaron algunas medidas, por ejemplo en Rio se prohibió el acceso a las playas. 

Según el pronóstico de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), la economía brasileña puede contraerse un 4,4% en 2020, más del doble de lo estimado para el resto de América Latina. Al inicio de la semana pasada, el Gobierno anunció el apoyo a empresas afectadas por la crisis del virus, como Gol Linhas Aéreas, con 30.000 millones de dólares. A los trabajadores del sector informal, unas 38 millones de personas, a regañadientes por las críticas recibidas en un descontento social generalizado, el gobierno accedió a otorgarles una ínfima ayuda mensual de 200 reales (unos 35 euros). 

A pesar de haber registrado ya cincuenta muertes, México tampoco parece estar tomándose muy en serio las recomendaciones de la OMS. Algunas universidades y escuelas privadas han cerrado por iniciativa propia ya que el gobierno federal solo había propuesto la eufemística campaña Una sana distancia para evitar contactos cercanos. “Igualmente la gente se está quedando en sus casas, los restaurantes están cerrando, los lugares de turismo especialmente dedicado a norteamericanos también”, cuenta Ivonna, una artesana española que lleva años viviendo en Ensenada, al norte de México.

La falta de tránsito en las calles, la “cuarentena voluntaria” y el descenso de la actividad económica global están haciendo que el 53% de la población mexicana que trabaja de manera informal se vea especialmente afectada: por el lado económico pero también sanitario, al estar exponiéndose al contagio del virus. Ivonna nos explica que al no haberse implementado medidas fuertes a nivel federal, seguramente “el gobierno no va a ofrecer ayudas para los sectores más vulnerables”.

En Ecuador, el segundo país de América Latina al que más está afectando la pandemia, “las medidas adoptadas por el gobierno tienen un sesgo social de clase media-alta” advierte Diana Massa, trabajadora en gestión social en una organización en Quito. El 10 de marzo el gobierno lanzó unas medidas económicas ante la caída del petróleo a nivel mundial para intentar contrarrestar los posibles efectos del coronavirus. Estas medidas se parecían mucho a las que produjeron los levantamientos sociales a finales del año pasado: eliminar los subsidios a los combustibles y despidos y bajada de sueldos a funcionarios públicos. Esto lleva a muchas personas a trabajar en régimen de informalidad, que ya de por sí llega casi al 60% de la población ocupada.

En Guayaquil, la ciudad ecuatoriana con el 80% de los contagiados de coronavirus, el gobierno ha recogido más de trescientos cadáveres de personas que ni siquiera llegaron a ser atendidas en centros médicos. La falta de infraestructura básica, servicios y equipamientos sanitarios ha quedado totalmente al descubierto. Las autoridades locales anunciaron la apertura de una fosa común en vista de los muertos que empezaron a aprecer en las calles, las aceras y los barrios. Mientras, el presidente Lenin Moreno, habla de que la “humanidad está enfrentando una guerra” y hace un polémico “uso de la fuerza” para mantener a la gente en casa. La ministra de salud, Catalina Andramuño renuncia a su cargo alegando falta de medios suficientes para enfrentar la crisis. Y, el director de cultura de Guayaquil publica en sus redes un texto donde culpabiliza de la expansión de la pandemia a “gente extramadamente ignorante”, “primitiva”, “de corto criterio y capacidad de análisis”, entre los que incluye a la migración venezolana “que viven como parásitos”. 

Mientras el presidente ecuatoriano habla de que la “humanidad está enfrentando una guerra” y hace un polémico “uso de la fuerza” para mantener a la gente en casa, la ministra de salud, Catalina Andramuño, renuncia a su cargo alegando falta de medios suficientes para enfrentar la crisis. 

Venezuela impuso el aislamiento obligatorio desde el 17 de marzo, y con ello se suspendió el pago de servicios como luz, gas, o agua, y de alquileres durante los próximos seis meses. El Sistema Patria anunció el pago de las nóminas de las pymes y un bono para los trabajadores informales, unos 12 millones de personas aproximadamente. Ante el miedo al desbordamiento del sistema público de salud, que suma las enfermedades provocadas por el Covid-19 a la crisis humanitaria venezolana ya existente, el gobierno de Nicolás Maduro, en contra de lo que históricamente había criticado el chavismo, pidió un crédito de 5.000 millones de dólares al FMI. Esta institución lo rechazó.

En Perú, casi siete de cada diez personas no cuenta con trabajo formal, ni con seguro social, ni pensión, ni en la mayoría de las ocasiones con pago fijo (salvo algunas excepciones como empleadas domésticas). El Gobierno de Martín Vizcarra impuso una cuarentena total y obligatoria, cerró las fronteras y sacó el ejército a la calle para mantener a la gente en sus casas. Según sus propias estimaciones, “nueve millones de personas forman parte de una familia donde si no se trabaja no se come mañana”. Por ello, el Ejecutivo anunció una medida extraordinaria: un bono de 308 soles (unos 100 euros). Varios colectivos han apuntado que esta medida no llega a las personas que no siendo “pobres de solemnidad” no podrán realizar sus trabajos con normalidad a causa de la cuarentena impuesta por el gobierno.

¿Son más peligrosos los efectos de la cuarentena que el virus?

En Argentina ya de por sí muchos de los trabajadores informales son pobres: “La falta de ingresos, sea por reclusión o por caída de la actividad económica, les hará de manera casi inmediata más daño a la salud que el coronavirus”, asegura el economista Jorge Colina en el informe IDESA (Instituto de Desarrollo Social Argentino). Para él, en este país, con aproximadamente un 45% de las familias viviendo en la informalidad, parar la actividad económica y aislar a la población es un remedio que tiene costos sociales más elevados que el beneficio de evitar la enfermedad. “El remedio será peor que la enfermedad”, sentencia Colina ante la situación del sector público argentino endeudado y sin mucho margen de actuación.

Para hacer frente a la cuarentena obligatoria, el gobierno argentino presentó un bono de 10.000 pesos (140 euros) para tres millones y medio de familias que viven de ingresos laborales informales. Además de que la cantidad no es suficiente si se tiene que pagar un alquiler, la ayuda excluye a las personas migrantes que no lleven más de dos años regularizadas en el país. Los trabajadores migrantes se llevan así la peor parte: “Somos vistos como enemigos internos”, critica Jorge, miembro del Bloque de Trabajadores Migrantes. La falta de posibilidades de radicación legal y los entorpecimientos burocráticos les condenan a trabajos informales y especialmente precarizados. 

La gran mayoría de los bolivianos –el 83%, según la OIT– viven al día de los productos que venden en la calle, de las pequeñas tiendas y de otros empleos no regularizados: sin la actividad de tránsito diaria están condenados a la inanición. A raíz de la cuarentena establecida por la presidenta de facto, Jeanine Áñez, los conflictos no se han hecho esperar. El domingo 22 de marzo, durante la hora del mercado, miembros de la policía intentaron en la ciudad de Oruro “hacer cumplir la cuarentena” impidiendo el comercio con normalidad y fueron apedreados. “Es muy lamentable de esta urbanización que no le gusta acatar las normas que se lanzan”, denunció el jefe de la Unidad de Defensa al Consumidor de la Alcaldía de Oruro para el canal de televisión ATB Digital

El anuncio de la presidenta para mitigar los posibles efectos del confinamiento obligatorio fue la dotación de una canasta familiar gratuita valorada en 400 bolivianos (un poco menos de 60 euros) que beneficiará a un millón y medio de personas de las nueve millones que se verán gravemente afectadas. Además, por causa del coronavirus, se reforzó la presencia policial y militar en las calles y se aplazaron las elecciones presidenciales del 3 de mayo, que pondrían fin al gobierno de facto que destituyó a Evo Morales el año pasado.

Dilema de la humanidad

Esta crisis pone en tela de juicio a todo el mundo: a la economía, con sus empresas, sus empresarios y sus trabajadores, más o menos precarizados, la salud, la forma de relacionarnos y la forma de proyectarnos hacia el futuro. El gran reto al que ya de por sí se enfrentan los gobiernos y las sociedades de los países más afectados por el Covid-19 cobra particularidades especialmente complejas en América Latina por las desigualdades sociales estructurales y su dependencia a los países centrales. Para el futuro hay más preguntas que respuestas y casi todas nos llevan al gran dilema: ¿de qué manera se afrontará esta crisis?, ¿cómo se resolverán los impagos de deuda?, ¿nos esforzamos por salvar la economía y a la minoría adinerada o al resto de la sociedad?, ¿pondrán en el centro la vida o los mercados?, ¿es esto un falso dilema y hay otras vías que no estamos viendo?, ¿serán los Estados los que salgan fortalecidos de la crisis?

Organismos internacionales, como el FMI en Ecuador, ya han desembarcado tras el acuerdo firmado el año pasado, ahora con el especial cometido de “subvencionar” la lucha contra la recesión económica en América Latina causada por el coronavirus. “Yo esperaría que con los fondos internacionales que han llegado, se tomen medidas de protección social: se entregue comida, se instalen nuevos albergues, se subvencione o abarate el costo del examen del coronavirus”, dice Diana Massa desde Quito. Además, la experta, no descarta algún tipo de movilización social en las próximas semanas: “Si la gente no tiene qué comer se va a meter en los supermercados”.

La socióloga Inés Nercesián, desde Buenos Aires, mucho más optimista, resalta la idea de que no hay ni A ni B: “Hay que resolver todo junto y al mismo tiempo”. América Latina debe reconstruir redes y lazos de solidaridad, usar la imaginación para sobreponerse a esta crisis, algo para lo que tiene sobrada capacidad y experiencia. “Que esto sirva de enseñanza a la humanidad”, decía el presidente de Argentina Alberto Fernández en uno de sus discursos televisados. Para reconstruir el esquema social y político, Nercesián aboga por el trabajo conjunto de ciencia, tecnología, conciencia ciudadana, seguridad y mecanismos para contener la economía bajo otros formatos. “Esperemos que a raíz de este tipo de crisis revisemos cuestiones que tienen que ver con la enorme concentración de la riqueza y poder de algunos grupos en detrimento de otros”.

por Beatriz Hernández Pino Buenos Aires , 4/04/2020

Publicado enSociedad
Propuestas del grupo de socioeconomía, de la Universidad Nacional de Colombia, para garantizar los derechos de los trabajadores de la economía popular y la población desempleda, en el marco de la coyuntura del Covid-19

Las trabajadoras y trabajadores de la Economía Popular (trabajadores informales), quienes abastecen a la ciudad y el campo de los bienes necesarios para su subsistencia, requieren medidas urgentes frente al confinamiento decretado, bajo diversas modalidades. Sus ingresos son diarios, y un confinamiento implica no poder trabajar, y por tanto carecer de ingresos de subsistencia.

El trabajo de la economía popular (o informal) es el que satisface las necesidades vitales de: alimentación, vestido, transporte, cuidado de personas, reciclaje, reparaciones, cuidados cosméticos, entre otros. Le da a la sociedad bienes y servicios pero no recibe del Estado protección social ni  derechos sociales.

La Economía Popular es compuesta por miles de ciudadanos que se ganan la vida en las calles o en famiempresas al interior de los hogares. Actividades como la venta ambulante, peluquerías, tiendas de barrio, recicladores, costureras, sastres, cuidadoras, emboladores, trabajadoras domésticas, trabajadores de las plataformas digitales de domicilios y de transporte de pasajeros, e incluso trabajadoras sexuales, entre otros. Ellos en una eventual situación de cuarentena no podrán acceder al sustento diario y van a pasar hambre y necesidades.

Las propuestas que hace el grupo de Socioeconomía, de la Universidad Nacional de Colombia al Gobierno de Iván Duque son:

  1. Garantía del mínimo vital bajo las siguientes condiciones:
  • Ampliar el beneficio económico de las diferentes transferencias condicionadas, tales como, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, y Colombia mayor, empleando como principal instrumento a la primera de estas.  El monto asignado debería ser de mínimo de 500 mil pesos mensuales para hogares unipersonales, y de 300 mil pesos por persona para hogares con dos o más miembros, durante el tiempo que dure la crisis de salud pública, garantizando la permanencia de ancianos, mujeres y niños en casa, iniciando a partir del mes abril.
  • Estas transferencias deben hacerse a todos los hogares y personas que lo requieran independientemente de su calificación en el SISBEN.
  • Abrir el Registro virtual/Telefónico Nacional de Población Ocupada por Cuenta Propia y desempleada, que derivan su sustento de actividades de la economía popular (informal) o no tienen empleo, para realizar una transferencia monetaria equivalente a 500 mil pesos mensuales para hogares unipersonales, y de 300 mil pesos por persona para hogares con dos o más miembros, durante el proceso de crisis de salud pública. El procedimiento de autoregistro deberá contemplar por parte del Gobierno un mecanismo de filtro en bases de datos y garantía de identidad, así como de aspectos sancionatorios bajo declaración juramentada en caso de recibir el beneficio sin necesitar de él.

Garantizar tanto para los inscritos en la base de datos de Familias en Acción como para aquellos registrados en el Registro Virtual/Telefónico Nacional de Población Ocupada

  • por Cuenta Propia y desempleada, el pago de los servicios públicos domiciliarios incluyendo la conectividad y el pago del arriendo, en los casos que corresponda, siendo este beneficio cubierto por el Estado.
  • Declarar suspendidos los pagos de créditos contraídos con entidades financieras, durante y hasta por tres meses después de regularizada la situación de crisis de salud pública, con tasas de interés cero para el período en cuestión.  

 

  1. Garantizar agua potable y saneamiento básico.

 

  • Para la población recicladora de oficio formalizada, el pago de la tarifa debe garantizarse al día, para lo cual los operadores de aseo deberán autorizar todos los pagos pendientes.
  • La población recicladora de oficio que se mantenga en la operación de aseo, deberá recibir capacitación y tratamiento especial en la medida que su actividad está integrada al saneamiento básico, contando con elementos de protección personal y claros protocolos fitosanitarios para la recolección, transporte y almacenamiento de residuos.
  • De igual manera deben realizarse intervenciones consensuadas de desinfección en las bodegas de reciclaje para su descontaminación y adecuado funcionamiento bajo estrictos protocolos sanitarios.

 

  1. Fortalecer redes de abastecimiento: 

La producción campesina, las centrales de abastos, los mercados locales y las tiendas de barrio hacen parte de una cadena fundamental en el abastecimiento de alimentos en el territorio, por tanto, se deben fortalecer las mismas, como una garantía tanto para mantener el suministro permanente de alimentos, como para hacer sostenible las posibles medidas de confinamiento, por lo que se recomienda:

  • Líneas de crédito condonables con tasas de interés cero dirigidos directamente a las personas naturales o jurídicas, que demuestren ser parte de alguno de estos eslabones.
  • Se debe garantizar el abastecimiento sin especulación, la política de control de precios tanto en los almacenes de grandes superficies (incluyendo las ventas virtuales), como en los centros de abastos, lo que es fundamental para que las tiendas de barrio sigan manteniendo un rol importante de abastecimiento. 
  • Se deben proveer todas las medidas y protocolos que garanticen la salud de las personas que participan en cada eslabón de esta cadena. 
  1. Suspensión de pagos de salud y cotización a pensión a trabajadores independientes.
  • Muchos de los trabajadores de la economía popular pagan su salud y cotizan a pensión como independientes, por lo que recomendamos un período de suspensión de los cobros de estos aportes, sin que ello acarree la desvinculación, para aquellas personas que realicen pagos sobre la base de máximo 3 salarios mínimos.

Nos enfrentamos a una crisis de salud pública sin antecedente histórico similar, sumado a la recesión económica más fuerte que hayamos enfrentado alguna vez, para ello se deben realizar esfuerzos sin precedentes. Garantizar los ingresos mínimos vitales para una vida digna son una medida económica y social fundamental. El gasto público de hoy, activa la economía en el presente, y garantiza los ingresos tributarios del futuro.

Las propuestas parten del criterio técnico y ético, así como de las medidas tomadas en el mundo, siendo conscientes que el país puede atender con medidas  inmediatas a la población más frágil garantizando su bienestar, mientras dure la crisis.  

Marzo 20 de 2020

Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo GSEID

Universidad Nacional de Colombia

Publicado enColombia
Martes, 03 Marzo 2020 11:29

El futuro de la economía colombiana

https://psicologiajuridicaforense.wordpress.com/tag/tratamiento-psicologico-para-violadores/

Entre los economistas es usual hacer predicciones sobre el futuro. Y es frecuente que los ministros de Hacienda anuncien la tasa de crecimiento que tendrá el PIB, la inflación del año siguiente, el precio del petróleo en los próximos años, etcétera. Estas proyecciones se formalizan en el Marco Fiscal de Mediano Plazo1. Allí se presenta la dinámica que tendrían las principales variables de la economía hasta el 2030. Dos meses después de publicado el documento, ya eran evidentes los errores de las proyecciones. Por ejemplo, el dólar llegaría a 3.450 pesos en el 2026. Ahora, en febrero de 2020 el dólar está a 3.456. El error de las proyecciones es evidente. Y, no obstante, el Ministerio de Hacienda insiste en que logrará conseguir las metas que se propuso el año pasado cuando publicó el Marco Fiscal. El Gobierno, a su vez, sigue afirmando que cumplirá con las proyecciones fiscales a pesar de que todos sus cálculos comenzaron a fallar 2 meses después del ejercicio de futurología realizado por el ministro de Hacienda.

La terquedad del Gobierno no le permite aceptar que cualquier reflexión sobre el futuro es incierta. Siempre es posible, como dice Taleb2, que aparezcan cisnes negros, que son los fenómenos absolutamente inesperados, y que tienen gran impacto en la sociedad. Estos hechos pueden tener una incidencia considerable en la actividad económica.

El cisne negro más reciente es el coronavirus. Un acontecimiento sorpresivo. El virus continúa expandiéndose, y comienza a tener repercusiones en la bolsa de Shangai, en el precio del petróleo, en el valor del dólar, en el turismo, en el intercambio comercial entre China y el resto del mundo, y en numerosas esferas de la sociedad. A raíz de su rápida expansión, se han puesto en tela de juicio los mecanismos (internacionales y nacionales) de prevención, la institucionalidad de la salud, la coordinación entre los gobiernos, etc.

Puesto que siempre habrá cisnes negros, las observaciones sobre el futuro apenas son relatos que pueden ayudar a mejorar las convenciones y los acuerdos institucionales, con el fin de amortiguar los golpes causados por los cisnes negros. Los imaginarios futuros que construimos los seres humanos apenas son puntos de referencia, pero nada garantiza que en el futuro se vayan a cumplir.

El coronavirus afecta de manera directa la economía colombiana. Sus efectos se expresan en un menor precio del petróleo, en una mayor tasa de cambio (pesos por dólar), en la agudización del déficit en cuenta comercial (más importaciones que exportaciones). Es imposible predecir el comportamiento de la economía, porque no hay manera de conocer con anterioridad a los cisnes negros y, mucho menos, saber cuáles serán sus consecuencias. No obstante, es importante construir un relato, que independientemente de su poder predictivo, sí puede servir para corregir algunos problemas. El 2020 comienza con una economía frágil en varios sentidos.

 

La lucha estratégica contra el desempleo y la pobreza

 

La dinámica de la la economía ha sido débil. Durante el 2019 el PIB apenas creció 3,4 por ciento. El Gobierno ha considerado que esta tasa de crecimiento es muy buena, porque está por encima del promedio de América Latina. Se trata de una satisfacción mediocre porque no examina las características estructurales del aparato productivo nacional. El desempleo se ha agudizado, y se estancó la tendencia descendente que traía la reducción de la pobreza. Los dos fenómenos están estrechamente relacionados, ya que el menor empleo se refleja en una caída de los salarios, y en una disminución de la capacidad de compra de los hogares.

Hay varios problemas básicos. El primero es el crecimiento de sectores que no generan empleo. En la estructura del PIB se destacan las dinámicas del petróleo, la minería y las finanzas. Estos sectores contribuyen al aumento del PIB, pero como no son intensivos en mano de obra, su crecimiento puede estar acompañado de un mayor desempleo.

Cada vez es más claro que no basta con que el PIB crezca. Su dinámica es engañosa. El mayor PIB no significa que haya mejoras en el empleo y en el bien-estar. El PIB puede crecer por muchas razones: aumento del precio de los hidrocarburos y los minerales, mayores utilidades de los bancos, etc. El empleo en estos sectores no aumenta al mismo ritmo que el PIB. Las condiciones de vida de las personas se pueden deteriorar, aún cuando el PIB esté creciendo. El éxito financiero de los bancos, por ejemplo, no se refleja en mejores condiciones de vida de los hogares. Por el contrario, a los bancos les va bien porque el crédito es caro, así que el excedente de los intermediarios financieros puede ir en contra del bien-estar de los consumidores.

Se podrían sacar dos conclusiones. La primera es el débil crecimiento del PIB, ya que apenas fue del 3,3 por ciento. Y la segunda es la poca incidencia que tienen las actividades extractivas y mineras en la calidad de vida de las personas. La protesta de las comunidades contra las explotaciones mineras son la expresión de la insatisfacción causada por la incapacidad que ha tenido el Estado colombiano de sembrar las bonanzas, y de dirigir los excedentes hacia las comunidades y hogares más pobres.

En lugar de continuar afirmando que la economía va bien, el Gobierno debería hacer un mínimo esfuerzo por descomponer la estructura del PIB, y examinar los problemas intrínsecos. El análisis debe comenzar con el reconocimiento de los daños que ha causado la economía extractiva. Para cambiar esta situación es necesario superar la dependencia del petróleo y de los minerales. Se debe avanzar hacia una matriz energética que sea sostenible. Sin esta transformación estructural no es posible generar empleo de largo plazo. Es fundamental que el país consolide una estructura productiva diferente, en la que predomine la economía verde.

El cambio de la matriz energética implica mayores intervenciones del Estado. Los privados difícilmente tomarán la iniciativa. En el corto plazo estas inversiones no son rentables, y las firmas privadas no están dispuestas a arriesgar su capital.

No se están diseñando políticas estratégicas que permitan reducir la dependencia de los hidrocarburos y de la minería. Al contrario, el Gobierno busca estimular el fracking, sin tener en cuenta sus efectos, que son dañinos, según diversos informes de países donde ya han experimentado esta técnica de extracción de petróleo. Todavía no se han diseñado con claridad las medidas que palien sus efectos sobre los territorios y la población local. Además, no se han diseñado mecanismos financieros para que una parte de los excedentes sirva para apalancar proyectos amigables con el ambiente (conservación y recuperación de cuencas, paneles solares, energía eólica, transporte eléctrico, etcétera). Todavía no hay lineamientos claros que permitan consolidar una reforma agraria, que contribuyan a mejorar los niveles de productividad de las pequeñas y medianas fincas. Y que, además, contribuya a reducir la importaciones de alimentos básicos. Se debe buscar la recuperación del campo como despensa alimentaria del país, dejando atrás la importación de todo aquello que puedan producir los pequeños y medianos agricultores. Este proceso se debe realizar de tal manera que estimule la producción limpia, sin agrotóxicos y sin semillas transgénicas, entre otros).

El cambio en la matriz energética tiene impactos significativos en la vida de las ciudades. La renovación urbana debe ir acompañada de alternativas ambientalmente sostenibles. Por ejemplo, todas las nuevas construcciones deberían tener paneles solares. Es necesario castigar al transporte que contamina. Se deben incorporar tranvías, trenes con recorridos en corredores conurbanizados y similares. Las redes fluviales deberían incrementarse. Los impuestos al carbono deben aumentar, de tal manera que se sancione de manera efectiva a las empresas contaminantes.

Los impuestos al carbono y los bonos de carbono son recursos con enormes potencialidades, pero por ahora no son tan relevantes. Con la reforma tributaria de finales de 2016 el gobierno nacional puso en marcha el impuesto al carbono. En el primer año, el recaudo fue de $476 mil millones. La tarifa es de US$5 por cada tonelada de carbono, equivalente en el 2018 a $15.764. Para Stiglitz y Stern3 este valor es muy bajo, y no es suficiente para modificar la matriz energética. En su opinión, en el 2020 debería ser de US$40-US$80 por tonelada de CO2, y en el 2030 tendría que subir al rango de US$50-US$100 por tonelada.

La economía verde es la condición para que el proceso sea incluyente en términos de empleo. Y, además, para que sea sostenible.

 

La economía seguirá abierta hacia adentro

 

El déficit con el sector externo no se cierra. El país continúa importando más bienes de los que exporta. Los acuerdos de libre comercio que se firmaron con varios países, se han traducido en déficit de las cuentas comercial y corriente de la balanza de pagos. Esta apertura se podría decir que es “hacia adentro”.

Actualmente el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos es de 4,3 por ciento del PIB. Este nivel es alto, y muestra el sesgo anti-exportador. Desde el gobierno de Gaviria (1990-1994) se está diciendo que la apertura mejoraría la productividad y la competitividad, y que el país terminarían exportando más de lo que importa. No ha sucedido así.

En lugar de haber consolidado las exportaciones, y la producción nacional, la apertura y las bonanzas posteriores –sobre todo la de hidrocarburos y minería– no se han aprovechado. Las bonanzas no se sembraron. Puesto que no se desarrollaron instrumentos para fortalecer la industria y la agricultura domésticas, los excedentes terminaron financiando importaciones, y resquebrajando la producción interna.

 

Y la equidad no llega…

 

Todos los gobiernos insisten en la equidad. Y la priorizan en los discursos de los planes de desarrollo. En lugar de una sociedad más igualitaria, la riqueza cada vez está en manos de un menor número de personas. La concentración es alarmante, tal y como se desprende del texto de Garay y Espitia4. La reforma tributaria de 2019 es regresiva y agudiza aún más la concentración.

A pesar de la contundencia de la desigualdad, los últimos gobiernos no han hecho casi nada para disminuirla. La riqueza y la tierra se siguen concentrando. De acuerdo con los datos del Censo Nacional Agropecuario, realizado en el 2014, el Gini de concentración de la tierra es de 0,9. Al mismo tiempo, se ha presentado una leve mejora en la distribución de los ingresos laborales. Sobre todo, porque la tributación se ha cargado hacia los grupos de ingresos medios.

Después de leer el estudio de Garay y Espitia se le debería exigir a la Dian, que cada año, a partir de las declaraciones de renta, publique el coeficiente de concentración (Gini) de la riqueza. Y similar petición se le debería hacer a la Bolsa de Colombia, para que informe sobre la distribución de la propiedad accionaria. Y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) sobre las desigualdades de la propiedad de la tierra. Desgraciadamente, por ahora nada indica que la equidad vaya a mejorar. De todas maneras, los ciudadanos tenemos el derecho de estar bien informados sobre los aspectos distributivos.

 

1 Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2019. Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019, Ministerio de Hacienda, Bogotá.
2 El cisne negro fue un fenómeno inesperado. Se conoció en Australia y dejó sin piso la afirmación “todos los cisnes son blancos”. El libro de Taleb es un homenaje a Popper, quien advierte sobre la inconveniencia de hacer afirmaciones con carácter universal. Ver, TALEB Nassim, 2007. The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable, Ramdon House, New York.
3 Stiglitz Joseph., Stern Nicholas., 2017, coord. Report of the High-Level Commission on Carbon Prices, Carbon Pricing Leadership Coalition, World Bank, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, Paris.
4 Garay Luis., Espitia Jorge., 2019. Dinámica de las Desigualdades en Colombia. En Torno a la Economía Política en los Ambitos Socio-Económico, Tributario y Territorial, Desde Abajo, Bogotá.

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12 de febrero de 2020

Publicado enEdición Nº265
Sábado, 29 Febrero 2020 10:15

El futuro de la economía colombiana

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Entre los economistas es usual hacer predicciones sobre el futuro. Y es frecuente que los ministros de Hacienda anuncien la tasa de crecimiento que tendrá el PIB, la inflación del año siguiente, el precio del petróleo en los próximos años, etcétera. Estas proyecciones se formalizan en el Marco Fiscal de Mediano Plazo1. Allí se presenta la dinámica que tendrían las principales variables de la economía hasta el 2030. Dos meses después de publicado el documento, ya eran evidentes los errores de las proyecciones. Por ejemplo, el dólar llegaría a 3.450 pesos en el 2026. Ahora, en febrero de 2020 el dólar está a 3.456. El error de las proyecciones es evidente. Y, no obstante, el Ministerio de Hacienda insiste en que logrará conseguir las metas que se propuso el año pasado cuando publicó el Marco Fiscal. El Gobierno, a su vez, sigue afirmando que cumplirá con las proyecciones fiscales a pesar de que todos sus cálculos comenzaron a fallar 2 meses después del ejercicio de futurología realizado por el ministro de Hacienda.

La terquedad del Gobierno no le permite aceptar que cualquier reflexión sobre el futuro es incierta. Siempre es posible, como dice Taleb2, que aparezcan cisnes negros, que son los fenómenos absolutamente inesperados, y que tienen gran impacto en la sociedad. Estos hechos pueden tener una incidencia considerable en la actividad económica.

El cisne negro más reciente es el coronavirus. Un acontecimiento sorpresivo. El virus continúa expandiéndose, y comienza a tener repercusiones en la bolsa de Shangai, en el precio del petróleo, en el valor del dólar, en el turismo, en el intercambio comercial entre China y el resto del mundo, y en numerosas esferas de la sociedad. A raíz de su rápida expansión, se han puesto en tela de juicio los mecanismos (internacionales y nacionales) de prevención, la institucionalidad de la salud, la coordinación entre los gobiernos, etc.

Puesto que siempre habrá cisnes negros, las observaciones sobre el futuro apenas son relatos que pueden ayudar a mejorar las convenciones y los acuerdos institucionales, con el fin de amortiguar los golpes causados por los cisnes negros. Los imaginarios futuros que construimos los seres humanos apenas son puntos de referencia, pero nada garantiza que en el futuro se vayan a cumplir.

El coronavirus afecta de manera directa la economía colombiana. Sus efectos se expresan en un menor precio del petróleo, en una mayor tasa de cambio (pesos por dólar), en la agudización del déficit en cuenta comercial (más importaciones que exportaciones). Es imposible predecir el comportamiento de la economía, porque no hay manera de conocer con anterioridad a los cisnes negros y, mucho menos, saber cuáles serán sus consecuencias. No obstante, es importante construir un relato, que independientemente de su poder predictivo, sí puede servir para corregir algunos problemas. El 2020 comienza con una economía frágil en varios sentidos.

 

La lucha estratégica contra el desempleo y la pobreza

 

La dinámica de la la economía ha sido débil. Durante el 2019 el PIB apenas creció 3,4 por ciento. El Gobierno ha considerado que esta tasa de crecimiento es muy buena, porque está por encima del promedio de América Latina. Se trata de una satisfacción mediocre porque no examina las características estructurales del aparato productivo nacional. El desempleo se ha agudizado, y se estancó la tendencia descendente que traía la reducción de la pobreza. Los dos fenómenos están estrechamente relacionados, ya que el menor empleo se refleja en una caída de los salarios, y en una disminución de la capacidad de compra de los hogares.

Hay varios problemas básicos. El primero es el crecimiento de sectores que no generan empleo. En la estructura del PIB se destacan las dinámicas del petróleo, la minería y las finanzas. Estos sectores contribuyen al aumento del PIB, pero como no son intensivos en mano de obra, su crecimiento puede estar acompañado de un mayor desempleo.

Cada vez es más claro que no basta con que el PIB crezca. Su dinámica es engañosa. El mayor PIB no significa que haya mejoras en el empleo y en el bien-estar. El PIB puede crecer por muchas razones: aumento del precio de los hidrocarburos y los minerales, mayores utilidades de los bancos, etc. El empleo en estos sectores no aumenta al mismo ritmo que el PIB. Las condiciones de vida de las personas se pueden deteriorar, aún cuando el PIB esté creciendo. El éxito financiero de los bancos, por ejemplo, no se refleja en mejores condiciones de vida de los hogares. Por el contrario, a los bancos les va bien porque el crédito es caro, así que el excedente de los intermediarios financieros puede ir en contra del bien-estar de los consumidores.

Se podrían sacar dos conclusiones. La primera es el débil crecimiento del PIB, ya que apenas fue del 3,3 por ciento. Y la segunda es la poca incidencia que tienen las actividades extractivas y mineras en la calidad de vida de las personas. La protesta de las comunidades contra las explotaciones mineras son la expresión de la insatisfacción causada por la incapacidad que ha tenido el Estado colombiano de sembrar las bonanzas, y de dirigir los excedentes hacia las comunidades y hogares más pobres.

En lugar de continuar afirmando que la economía va bien, el Gobierno debería hacer un mínimo esfuerzo por descomponer la estructura del PIB, y examinar los problemas intrínsecos. El análisis debe comenzar con el reconocimiento de los daños que ha causado la economía extractiva. Para cambiar esta situación es necesario superar la dependencia del petróleo y de los minerales. Se debe avanzar hacia una matriz energética que sea sostenible. Sin esta transformación estructural no es posible generar empleo de largo plazo. Es fundamental que el país consolide una estructura productiva diferente, en la que predomine la economía verde.

El cambio de la matriz energética implica mayores intervenciones del Estado. Los privados difícilmente tomarán la iniciativa. En el corto plazo estas inversiones no son rentables, y las firmas privadas no están dispuestas a arriesgar su capital.

No se están diseñando políticas estratégicas que permitan reducir la dependencia de los hidrocarburos y de la minería. Al contrario, el Gobierno busca estimular el fracking, sin tener en cuenta sus efectos, que son dañinos, según diversos informes de países donde ya han experimentado esta técnica de extracción de petróleo. Todavía no se han diseñado con claridad las medidas que palien sus efectos sobre los territorios y la población local. Además, no se han diseñado mecanismos financieros para que una parte de los excedentes sirva para apalancar proyectos amigables con el ambiente (conservación y recuperación de cuencas, paneles solares, energía eólica, transporte eléctrico, etcétera). Todavía no hay lineamientos claros que permitan consolidar una reforma agraria, que contribuyan a mejorar los niveles de productividad de las pequeñas y medianas fincas. Y que, además, contribuya a reducir la importaciones de alimentos básicos. Se debe buscar la recuperación del campo como despensa alimentaria del país, dejando atrás la importación de todo aquello que puedan producir los pequeños y medianos agricultores. Este proceso se debe realizar de tal manera que estimule la producción limpia, sin agrotóxicos y sin semillas transgénicas, entre otros).

El cambio en la matriz energética tiene impactos significativos en la vida de las ciudades. La renovación urbana debe ir acompañada de alternativas ambientalmente sostenibles. Por ejemplo, todas las nuevas construcciones deberían tener paneles solares. Es necesario castigar al transporte que contamina. Se deben incorporar tranvías, trenes con recorridos en corredores conurbanizados y similares. Las redes fluviales deberían incrementarse. Los impuestos al carbono deben aumentar, de tal manera que se sancione de manera efectiva a las empresas contaminantes.

Los impuestos al carbono y los bonos de carbono son recursos con enormes potencialidades, pero por ahora no son tan relevantes. Con la reforma tributaria de finales de 2016 el gobierno nacional puso en marcha el impuesto al carbono. En el primer año, el recaudo fue de $476 mil millones. La tarifa es de US$5 por cada tonelada de carbono, equivalente en el 2018 a $15.764. Para Stiglitz y Stern3 este valor es muy bajo, y no es suficiente para modificar la matriz energética. En su opinión, en el 2020 debería ser de US$40-US$80 por tonelada de CO2, y en el 2030 tendría que subir al rango de US$50-US$100 por tonelada.

La economía verde es la condición para que el proceso sea incluyente en términos de empleo. Y, además, para que sea sostenible.

 

La economía seguirá abierta hacia adentro

 

El déficit con el sector externo no se cierra. El país continúa importando más bienes de los que exporta. Los acuerdos de libre comercio que se firmaron con varios países, se han traducido en déficit de las cuentas comercial y corriente de la balanza de pagos. Esta apertura se podría decir que es “hacia adentro”.

Actualmente el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos es de 4,3 por ciento del PIB. Este nivel es alto, y muestra el sesgo anti-exportador. Desde el gobierno de Gaviria (1990-1994) se está diciendo que la apertura mejoraría la productividad y la competitividad, y que el país terminarían exportando más de lo que importa. No ha sucedido así.

En lugar de haber consolidado las exportaciones, y la producción nacional, la apertura y las bonanzas posteriores –sobre todo la de hidrocarburos y minería– no se han aprovechado. Las bonanzas no se sembraron. Puesto que no se desarrollaron instrumentos para fortalecer la industria y la agricultura domésticas, los excedentes terminaron financiando importaciones, y resquebrajando la producción interna.

 

Y la equidad no llega…

 

Todos los gobiernos insisten en la equidad. Y la priorizan en los discursos de los planes de desarrollo. En lugar de una sociedad más igualitaria, la riqueza cada vez está en manos de un menor número de personas. La concentración es alarmante, tal y como se desprende del texto de Garay y Espitia4. La reforma tributaria de 2019 es regresiva y agudiza aún más la concentración.

A pesar de la contundencia de la desigualdad, los últimos gobiernos no han hecho casi nada para disminuirla. La riqueza y la tierra se siguen concentrando. De acuerdo con los datos del Censo Nacional Agropecuario, realizado en el 2014, el Gini de concentración de la tierra es de 0,9. Al mismo tiempo, se ha presentado una leve mejora en la distribución de los ingresos laborales. Sobre todo, porque la tributación se ha cargado hacia los grupos de ingresos medios.

Después de leer el estudio de Garay y Espitia se le debería exigir a la Dian, que cada año, a partir de las declaraciones de renta, publique el coeficiente de concentración (Gini) de la riqueza. Y similar petición se le debería hacer a la Bolsa de Colombia, para que informe sobre la distribución de la propiedad accionaria. Y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) sobre las desigualdades de la propiedad de la tierra. Desgraciadamente, por ahora nada indica que la equidad vaya a mejorar. De todas maneras, los ciudadanos tenemos el derecho de estar bien informados sobre los aspectos distributivos.

 

1 Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2019. Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019, Ministerio de Hacienda, Bogotá.
2 El cisne negro fue un fenómeno inesperado. Se conoció en Australia y dejó sin piso la afirmación “todos los cisnes son blancos”. El libro de Taleb es un homenaje a Popper, quien advierte sobre la inconveniencia de hacer afirmaciones con carácter universal. Ver, TALEB Nassim, 2007. The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable, Ramdon House, New York.
3 Stiglitz Joseph., Stern Nicholas., 2017, coord. Report of the High-Level Commission on Carbon Prices, Carbon Pricing Leadership Coalition, World Bank, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, Paris.
4 Garay Luis., Espitia Jorge., 2019. Dinámica de las Desigualdades en Colombia. En Torno a la Economía Política en los Ambitos Socio-Económico, Tributario y Territorial, Desde Abajo, Bogotá.

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12 de febrero de 2020

Publicado enColombia
La justicia argentina falla contra Glovo y otras dos plataformas de reparto

Una sentencia exige que las compañías consideren como parte de su plantilla a cientos de empleados que hoy son solo “colaboradores”

 

Un juez argentino ha ordenado al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que prohíba las plataformas digitales que ofrecen mensajería y reparto de comida a domicilio. El fallo, de primera instancia pero avalado por uno anterior de un tribunal superior, afecta a la española Glovo, la colombiana Rappi y la uruguaya PedidosYa, tres empresas que desde su llegada a Argentina, a principios del año pasado, han acaparado el servicio de delivery en la capital y otras ciudades del interior. La decisión del juez Roberto Gallardo exige a las compañías que consideren como parte de su plantilla a cientos de empleados que hoy son solo “colaboradores” y las obliga a proveerles materiales de trabajo, cobertura sanitaria y seguro contra accidentes. Las tarjetas de crédito, además, no podrán aceptar los pedidos de pago que reciban desde esas aplicaciones.

Una llegada difícil

Igual que ha sucedido en España, el desembarco de empresas de reparto como Glovo ha sido traumático en Argentina. Desde un principio, los sindicatos de repartidores, muy numerosos en Buenos Aires, las denunciaron por competencia desleal. A mediados del año pasado, los trabajadores de Glovo, Rappi y PedidosYa formaron su propio gremio y lograron, al menos, que las compañías no les cobrasen por los elementos de trabajo, como las cajas térmicas de reparto. Un año después, su situación laboral sigue siendo muy precaria, mientras el servicio suma denuncias ante el Ministerio de Trabajo por incumplimiento de las normativas argentinas. El fallo del juez Gallardo sólo alcanza a Buenos Aires, pero puede sentar precedentes para otras localidades.

Rappi fue la primera en reaccionar con un comunicado en el que rechaza la decisión del magistrado y menciona que su aplicación funciona normalmente. “La decisión perjudica tanto a repartidores como comercios y consumidores”, advirtió.

El derrotero judicial de las plataformas de reparto en Argentina ha sido similar al de Uber. La empresa de servicios de transporte opera sin autorización del Gobierno de Buenos Aires y no puede cobrar con tarjetas de crédito por decisión de un juez. Los chóferes se enfrentan, además, a la ira de los taxistas, agrupados en un sindicato reconocido por su poder. Pese a todo, los chóferes de Uber proliferan por toda la ciudad.

 

Por Federico Rivas Molina

Buenos Aires 3 AGO 2019 - 18:42 COT

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Vergonzoso silencio en torno al calvario de Julian Assange

Los mismos que nos entretuvieron con el gato, el patinete y la suciedad en los pasillos de la embajada han ignorado voluntariamente el informe del relator de la ONU sobre la tortura al disidente encarcelado número uno.

El relator especial del Alto Comisariado para Derechos Humanos de la ONU, el suizo Nils Melzer, logró en mayo obtener permiso para visitar a Julian Assange en la prisión británica de alta seguridad de Belmarsh. Melzer y dos reputados expertos médicos, uno de ellos psiquiatra y el otro forense, reconocieron a Assange. El 31 de mayo, hace más de un mes, el relator divulgó las conclusiones del peritaje médico realizado.

Melzer es profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Glasgow y no era en absoluto un admirador del fundador de WikiLeaks. De hecho, solo aceptó la misión que le encomendó la ONU después de que los abogados de Assange y una doctora apelaran en dos ocasiones solicitando un peritaje al Alto Comisariado de Naciones Unidas. 

“Como la mayor parte del público, yo fui inconscientemente contaminado contra Assange por la incesante campaña de desprestigio orquestada durante años, pero una vez metido en los hechos de este caso, lo que encontré me llenó de repulsión e incredulidad”, explica. 

“Assange fue sistemáticamente calumniado (como “violador”, “agente ruso”, “hacker” y “narcisista”) para desviar la atención de los crímenes que expuso. Una vez deshumanizado por el aislamiento, el ridículo y la vergüenza, al igual que las brujas que solíamos quemar en la hoguera, era fácil privarlo de sus derechos más fundamentales sin provocar indignación pública en todo el mundo”. Llegamos así al dictamen del equipo de Melzer sobre el trato infligido a Assange. Es inequívoco.

“Durante un periodo de varios años, Assange ha sido expuesto a graves e incrementadas formas de castigo, a un trato inhumano o degradante, cuyos efectos acumulativos solo pueden ser descritos como tortura psicológica”, ha escrito Melzer. 

“En veinte años de trabajo con víctimas de guerra, violencia y persecución política, nunca me encontré con un grupo de Estados democráticos compinchados para aislar, demonizar y abusar deliberadamente a un individuo durante tanto tiempo y con tanta despreocupación por la dignidad humana y la legalidad”.

Nils Melzer envió sus conclusiones en forma de tribuna a los diarios australianos Sydney Morning HeraldCamberra Times y a los habituales anglosajones de Europa y América, Financial TimesThe GuardianThe TelegraphThe New York TimesThe Washington Post, al semanario Newsweek y otros. Ninguno de ellos publicó una línea. En su día todos ellos nos informaron con detalle de los excrementos de Assange en las paredes de la embajada ecuatoriana en Londres, de su patinete y de su gato. En España, los principales medios también ignoraron por completo el asunto. El informe Melzer llegó discretamente a las ediciones digitales de El Mundo La Vanguardia (solo el primero mencionaba la palabra “tortura” en el titular), con cero referencias en los demás. En los últimos treinta días, la prensa establecida española ha mencionado a Assange lo menos posible.

En todo el mundo occidental los medios de comunicación participan voluntariamente, vía el silencio y la denigración, en esa “persecución colectiva” denunciada por el relator de la ONU, y cuyo principal motor se encuentra en el Pentágono, según fuentes de la Administración Obama en declaraciones al abogado Geoffrey Robertson.  

En la última cumbre del G-20, el primer ministro australiano (Assange es australiano), el conservador Scott Morrison, no mencionó el caso Assange en su entrevista con Donald Trump, manteniendo así la línea de su predecesora laborista, Julia Guillard. El ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, ha definido el silenciado informe de los expertos de la ONU en tortura como “acusaciones inflamatorias”. 

Julian Assange es el disidente encarcelado número uno de Occidente, como Edward Snowden es el exiliado número uno. Actualmente Assange está pendiente de ser extraditado por el Reino Unido a Estados Unidos, donde se arriesga a una sentencia por espionaje de hasta 175 años de cárcel en el tribunal del distrito Oeste de Virginia en el que nunca un acusado por asuntos de “seguridad nacional” ganó el caso y fue absuelto. 

La suerte de Assange es un retrato del mundo de hoy, del pésimo estado de las democracias, del poder de la propaganda del establishment y de la apatía de los movimientos sociales en Europa.

 

Autor: Rafael Poch

Rafael Poch-de-Feliu (Barcelona) fue corresponsal de La Vanguardia en Moscú, Pekín y Berlín. Autor de varios libros; sobre el fin de la URSS, sobre la Rusia de Putin, sobre China, y un ensayo colectivo sobre la Alemania  de la eurocrisis.

Publicado enSociedad
Jóvenes trabajadores y estudiantes, ¡A organizarnos!

El sindicalismo enfrenta desde hace décadas la necesidad de renovación para superar la marginalidad. Nuevos retos se abren para el mismo, entre ellos cómo interpelar y cautivar a las nuevas generaciones, en su mayoría, en el caso del sector público, personal ilustrado. La convocatoria por parte de Únete* al Primer Encuentro de Jóvenes del Sector Público, es una inicial respuesta en tal dirección.

 

Cada día que pasa las y los jóvenes entramos en un terreno de incertidumbre y competitividad, en el que la sobrevivencia individual se vuelve nuestro único objetivo vital. Largas jornadas de trabajo, sueldos bajos y pocas garantías para nuestro futuro son la retribución a cambio de asumir la responsabilidad de dar nuestro esfuerzo para el incremento de una riqueza que solo beneficia a minorías.

Como si no fuera suficiente, nos acecha la amenaza del desempleo ante las limitaciones de conseguir un primer empleo sin experiencia. Las estadísticas muestran que 47 de cada 100 desocupados en el país son jóvenes; el porcentaje de desempleo en este sector poblacional dobla la tasa general y la informalidad gana terreno entre las y los jóvenes ocupados. Las políticas del primer empleo han tenido un impacto marginal y las plantas administrativas en el sector público están congeladas desde hace mucho tiempo –o solo funcionan para clientelas.

Ante este panorama, el sindicalismo debería jugar un papel clave en la organización y luchas de las y los trabajadores en general, y en específico para la juventud. Sin embargo, en un país como Colombia, donde existen las más bajas tasas de sindicalización del mundo, además de una significativa fragmentación y proliferación de sindicatos, la organización y luchas dentro del mundo del trabajo se muestran débiles y con escasa capacidad para articular las nuevas necesidades latentes en la vida de los y las trabajadoras. Las anquilosadas estructuras internas, la falta de actualidad en las demandas, la carencia de apertura en las tomas de decisiones, la ausencia de sujetos y cuerpos distintos en los escenarios de representación y decisión, y la escasa articulación política con el movimiento social, son algunas de las razones para esta debacle del sindicalismo en pleno siglo XXI.

Para caminar hacia una apuesta sindical juvenil, hecha desde este mismo sector social, sin dejar a un lado las regiones, la Federación Sindical de Trabajadores del Estado Únete decidió convocar a los trabajadores del sector público para los próximos 5 y 6 de julio en la Universidad Nacional –sede Bogotá–, para empezar la discusión. Sin lugar a dudas, es necesario un espacio de encuentro amplio, donde podamos llegar todas y todos para, en colaboración de trabajadores y de estudiantes, construir una apuesta común encaminada a disputar lo que por derecho es nuestro.

Esperamos, entonces, vernos las caras en el Primer Encuentro de Jóvenes del Sector Público, donde a partir de diversas experiencias y trayectorias de los y las presentes, logremos profundizar en las necesidades que hoy existen en el mundo del trabajo. Proponemos decantar nuestras reflexiones sobre las diversas experiencias de organización sindical y de trayectorias de autogestión gestadas en las diversas regiones del país., para así identificar en dónde estamos y hacia dónde nos queremos dirigir.

 

Con mirada de presente activo y futuro anticipado

 

Para emprender una tarea de fortalecimiento del sindicalismo en el sector público, es preciso entender que las condiciones de los y las jóvenes han cambiado, así como sus preocupaciones, aspiraciones y proyecciones de lucha son distintas. Las y los sujetos trabajadores en las instituciones del Estado son hoy claramente otros respecto a quienes ocupaban las oficinas, al menos hace 30 años. Por esta razón, necesitamos mirarnos de nuevo, reconocernos, juntarnos, reunirnos, para en definitiva poder organizarnos. Pero claro, unirnos a partir de otras formas, por medio de un nuevo sindicalismo, renovado, que vea el mundo desde las necesidades y retos que hoy en día tenemos los trabajadores y estudiantes. Esta es, en definitiva, una oportunidad para oxigenar nuestras luchas y reivindicaciones, partiendo de nuestro presente y de nuestras aspiraciones y renovadas capacidades.

Se trata de dialogar sobre las relaciones que establecemos con quienes componen y dan vida a nuestros puestos de trabajo en el sector público. Pero sobre todo, mirarnos de frente e identificar las potencialidades que existen en nuestro día a día, para trabajar juntos por transformar nuestras condiciones de vida en común. El mañana es nuestro y, partiendo de nuestras acciones, lo alcanzaremos con dignidad.

 

* Federación Unión nacional de trabajadores del Estado, los servicios públicos y la comunidad.

Publicado enEdición Nº258
La clase trabajadora necesita soluciones alternativas

Desde los trabajadores del sector estatal, un llamado y una citación para debatir el sindicalismo que tenemos y el que deberíamos constituir, un debate desde el capital hoy vigente, con sus formas de dominación y de control. ¿Es posible un sindicalismo con raíz territorial?

 

Junto a la conmemoración del Primero de Mayo, día de la clase trabajadora, el sindicalismo estatal obtuvo una pequeña victoria al conocerse el fallo negativo proferido por el juzgado 51 administrativo del circuito judicial de Bogotá, ante la acción popular interpuesta por un abogado –con presuntos vínculos con la Alcaldía– para desmontar el régimen salarial y prestacional de los empleados del Distrito Capital.

 

Triunfo pequeño, pero importante, en tanto instala un granito de esperanza sobre el mar de incertidumbre cernido sobre los referentes alternativos de la clase trabajadora, que hoy se baten entre la fuerte precarización laboral, la informalidad y el desempleo.

 

¿Cómo ahondar estos pequeños triunfos? ¿Cómo darle cuerpo a una nueva teorización del actual rol del sindicalismo? Buscando darle respuesta a estos y otros interrogantes, la Federación Únete1 convoca a un gran encuentro nacional programático del sindicalismo estatal, con el ánimo de propiciar un espacio amplio de reflexión y deliberación sobre la situación real que vive el sindicalismo y la clase trabajadora en general, de manera que puedan levantarse soluciones otras a los problemas que hoy nos acosan como sociedad.

 

El sindicalismo y las transformaciones del Estado

 

Los datos, a pesar de conocidos, conservan la fuerza de la denuncia: el nuestro está entre los países con menor tasa de sindicalización del mundo, y es el único en América Latina en donde el Gobierno tiene la facultad de disolver un sindicato por vía judicial; a la vez que es el país del mundo con el mayor número de asesinatos de sindicalistas, concentrando el 63 por ciento de los casos, con una impunidad superior al 96 por ciento.

 

Con bala, desindustrialización y fuerza judicial, el poder impone su dominio. Pese a ello, el sindicalismo ha registrado durante los últimos años un mínimo crecimiento en el número de sindicalizados: para el 2015 sumaba 1.006.150 de la población económicamente activa (4,6%) registrando un aumento del 20 por ciento con respecto al 2010, cuando solo registraban 831.4672.

 

Pocos trabajadores sindicalizados, concentrados, además, en sectores muy precisos del mundo del trabajo: educación (280.000 afiliados a Fecode), industria (90.000), agroalimentario (36.000), minero energético (42.500), suministro de servicios públicos (26.000) e intermediación financiera (28.000).

 

Tras de hinchado con viruela, dicen de alguien que está jodido, lo que parece sucederle al sindicalismo criollo, quien además de padecer el problema de su baja densidad –lo que le resta eficacia–, también padece de alta fragmentación: el número de sindicatos ronda los 5.000, distribuidos entre el sector privado y el estatal:

 

Para el caso del sector estatal hay que resaltar varios procesos de transformación acaecidos por la reconfiguración del Estado durante las primeras décadas del siglo XXI: las políticas neoliberales desplazaron los planteamientos del antiguo modelo e iniciaron la apertura económica, conllevando el achicamiento del Estado, la desregulación del mercado laboral y el desmantelamiento de los derechos sociales, todo esto con transformaciones visibles en el mundo sindical, que tienen una respuesta por su parte –en la segunda década– luego de reglamentada la negociación colectiva del sector público a través de los decretos 1092 de 2012 y el 160 del 2014.

 

En la primera etapa hubo una reducción del empleo en este sector, pasando de 1.018.000 en 2002 a 838.000 trabajadores en 2012, mientras en la segunda hubo un crecimiento llegando hoy a 1.098.031, de los cuales, claro, el 45,2 por ciento (496.272) integran el aparato represivo (fuerzas militares y de policía), y el 54,8 restante (601.759) que están distribuidos entre empleos por transferencias territoriales, salud y educación (41,4%), empleados de la rama judicial (6,6%) y de la rama ejecutiva (6,8%).

 

Como lo refleja la tabla adjunta, de estos trabajadores, excluyendo a los –que no pueden sindicalizarse–, se encuentran afiliados 483.681 personas en más de 1.923 sindicatos3, 483 de empleados públicos –trabajadores, por lo regular profesionales, que ejecutan función pública en entidades estatales–, 216 de trabajadores oficiales –técnicos o bachilleres que prestan servicios de construcción, mantenimiento o sostenimiento de las obras públicas o prestan servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado– y 316 de carácter mixto, que agrupan a estos dos tipos de trabajadores.

 

Por fuera de esta cuenta quedan los trabajadores particulares y temporales, tercerizados por contratos de prestación de servicios u otras modalidades, que cumplen las veces de nóminas paralelas en las entidades públicas –saber a ciencia cierta cuántos son ha sido una reivindicación histórica del sindicalismo–. En 2011, el Ministro del Trabajo de aquel entonces, aseguraba que de cada 100 empleados de planta había un total de 132 por nóminas paralelas, denunciando que en las entidades territoriales las cosas eran más alarmantes, pues, por cada 100 empleados de planta había 216 por órdenes de prestación de servicios4.

 

Clientelismo, corrupción, control de empleados a dedo, etcétera. Estamos ante una de las evidencias de cómo se transformó la institucionalidad en Colombia, un mecanismo, entre otros factores, para impedir el avance del sindicalismo estatal, a la vez que mecanismo para privatizar el Estado a favor de las élites políticas tradicionales, que con el control y sometimiento de los empleados tercerizados, con la amenaza de ser despedidos en cualquier momento, mantienen grandes segmentos de población cautiva –votantes–. Paramilitairsmo, corrupción y pervivencia de los partidos tradicionales, beben y se favorecen de esta realidad.

 

Por realidades como esta, es que el sindicalismo estatal debe replantear sus horizontes y reconocer la capacidad que tiene, más allá de las meras condiciones laborales dominantes, proyectándose con sentimiento y visión de país. Lo que lo obliga a reflexionar sobre la real transformación del mundo laboral propiciado por el neoliberalismo, pues si bien el sindicalismo creció en términos absolutos durante los últimos 5 años, no lo hace en términos relativos al aumento demográfico y el mercado de trabajo en Colombia: mientras el total de trabajadores ocupados aumentó en 57 por ciento entre 1994-2016, la tasa de sindicalización disminuyó en 2,3 puntos porcentuales.

 

En realidad el sindicalismo ha vivido un retroceso en muchos sentidos, producto de un modelo que cierra escenarios para la concreción de espacios para el diálogo y la construcción de un sociedad incluyente. Retroceso que se presenta no solo por efectos de la violencia, la intimidación y hechos similares, sino también por la transformación del régimen de acumulación, con el cual nuevos dispositivos han sido instalados para orientar a los trabajadores en otras direcciones, miremos:

 

El sindicalismo y el trabajador actual

 

El conocimiento es poder y, por supuesto, el capitalismo ha utilizado el saber que acumula para generar cambios en pro de incrementar su propio poder. La etapa (nueva) que vive el capitalismo, dada su capacidad de evolución, se caracteriza en gran medida por la globalización informacional y la producción de un extraordinario cúmulo de nuevos conocimientos expertos –4ta revolución industrial, potenciados para la reorganización de la producción “posfordismo”–. Conocimiento, que en términos específicos, le ha servido para ahondar sobre las características del trabajo, sobre los propios trabajadores y sobre los mecanismos de incentivación del consumo.

 

Es así como han consolidado saberes cada vez más sofisticados sobre la organización del trabajo en la producción de bienes y en la prestación de servicios, así como en los puestos que implica en cada sector, a través de procedimientos sobre los canales de comunicación en la empresa y en las entidades públicas, los procesos de evaluación y de auto-evaluación de los trabajadores, sus interrelaciones, y las que mantienen con la empresa, las técnicas de motivación y de responsabilidad, las técnicas de marketing, de publicidad y de venta, etcétera.

 

Conocimientos que tienen que ver con lo que Foucault (1988)5 llamaba la constitución de nuevas prácticas de subjetivación, es decir, con procedimientos para conformar la manera en la que uno se percibe a sí mismo, formula sus expectativas vitales, se relaciona con sus deseos y concibe sus relaciones con los demás; en definitiva, procedimientos para formar sujetos y para moldear, a la vez que para satisfacer sus aspiraciones y sus deseos, tanto en su condición de consumidor como en la de trabajador.

 

Son, en parte, esas nuevas prácticas de ver y entender el mundo las que han permitido en y con el neoliberalismo que las tecnologías del mercado colonicen zonas que no obedecían estrictamente a su lógica, tales como la sanidad, el ocio, la educación, los cuidados, la misma administración de lo público, etcétera, transformando todo lo existente en posible objeto de consumo.

 

Un cambio obligado, además, por una crisis de acumulación que lleva al capital a buscar dividendos allí donde los humanos entablan cualquier intercambio. Para ello, en este liberalismo avanzado, la forma de administrar las poblaciones, la manera de ejercer el poder político y el modo de concretar la gestión capitalista de la economía y del trabajo, cuenta con trabajadores altamente cualificados, a los que inculcan valores cada vez más individualistas, en detrimento de su organización colectiva. Además, por este conducto, pretende el modelo dominante, utilizar y rentabilizar la capacidad de iniciativa y de autorregulación que tienen los trabajadores, para gobernarlos –vaya paradoja– recurriendo a la libertad de la que disponen, la cual reivindica siempre y cuando la ejerzan “responsablemente”.

 

Para que esto sea posible las prácticas de subjetivación deben construir personalidades cuya autonomía sea moldeada y normalizada desde su educación profesional por saberes expertos. Son estos mismos saberes los que se utilizan para exigir permanentemente al trabajador que haga uso de su libertad de elección únicamente en los límites del mercado, entre los productos y las alternativas que le son ofrecidos, y para que los trabajadores pongan su capacidad de decisión al servicio de los intereses de las empresas. Esta promoción e instrumentalización de la libertad, como principio de gobierno, no es incompatible con las nuevas líneas de futuro que se están configurando hoy mismo y que se basan en el acento puesto sobre la inseguridad generalizada, sobre los múltiples riesgos que acechan producto de la desigualdad y la violencia, del principio de precaución, sobre la incertidumbre laboral, sobre la precarización de la existencia y sobre el imperio del egoísmo.

 

Si contemplamos en su conjunto el periodo que va desde principios del siglo XX hasta principios del siglo XXI vemos como los conocimientos expertos producidos durante ese periodo han hecho posible una completa inversión de la forma en que el capitalismo se representaba al trabajador «ideal». Se ha combinado, en efecto, una concepción del trabajador ideal como simple fuente de fuerza de trabajo tanto más útil cuanto más obediente, con una de sujeto dotado de libertad y cuya autonomía, sabiamente orientada, produce sustanciales beneficios.

 

Sin embargo, frente a los enormes cambios experimentados por el capitalismo, sus modos de administración de las poblaciones, y los dispositivos de dominación, podemos constatar lo poco que el sindicalismo se ha transformado, lo que nos permite afirmar que tenemos un sindicalismo formado para otra época, un sindicalismo que no comprende las transformaciones del capital y sus implicaciones para todos los espacios, entre ellos, claro está, el Estado y sus diversos trabajadores.

 

Es esta realidad, entre otras, la que le da sentido a la convocatoria al Congreso nacional programático del sindicalismo estatal (Bogotá, 20, 21 y 22 de junio), un espacio para retomar discusiones, intercambio de ideas, proyectos de investigación, para construir planes de acción que le permitan a los trabajadores del sector estatal comprender las novísimas formas que asume el capital (y su patrón, el Estado) en todos los espacios y niveles, para de esa manera poder delinear las mejores formas de acción que les facilite confrontarlo y neutralizarlo en sus pretensiones anti-trabajadores y anti-comunidad, ganando así un espacio de acompañamiento y conducción de luchas que, más allá de lo sindical, congregan al país como un todo, colocándose, como lo demanda un sindicalismo de nuevo tipo, a la cabeza de las mismas.

 

Tendríamos de esta manera, por tanto, un sindicalismo cuya radicalidad quede plasmada, más allá de las proclamas enardecidas y los llamados generales a la lucha, en replanteamientos de fondo, donde la protesta y la resistencia contra todo retroceso en las condiciones de trabajo, y frente a todos los atropellos infligidos a la dignidad del trabajador y a las comunidades, sean complementados con propuestas prácticas de gobierno y de poder alternativo, de solidaridad, de cooperativismo, nuevas formas de trabajo y nuevas de consumo, que vayan más allá de las condiciones laborales hacia un re-diseño de la vida en un sentido amplio.

 

Así pues, invitados e invitadas todos a dialogar sobre estos y otros temas al Congreso nacional programático el sindicalismo estatal por realizarse en Bogotá los días 20, 21 y 22 de junio.

 

1 Unión nacional de trabajadores del estado, los servicios públicos y la Comunidad
2 Infografía uno tomada de la revista dinero, septiembre de 2016
3 Cifras tomadas del sislab, Escuela Nacional sindical
4 http://www.portafolio.co/economia/finanzas/nominas-paralelas-empresas-desbordan-planta-141988
5 El sujeto y el poder Michel Foucault Revista Mexicana de Sociología , Vol. 50, Nº 3. (Jul-Sep., 1988), pp. 3-2

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