La clase trabajadora necesita soluciones alternativas

Desde los trabajadores del sector estatal, un llamado y una citación para debatir el sindicalismo que tenemos y el que deberíamos constituir, un debate desde el capital hoy vigente, con sus formas de dominación y de control. ¿Es posible un sindicalismo con raíz territorial?

 

Junto a la conmemoración del Primero de Mayo, día de la clase trabajadora, el sindicalismo estatal obtuvo una pequeña victoria al conocerse el fallo negativo proferido por el juzgado 51 administrativo del circuito judicial de Bogotá, ante la acción popular interpuesta por un abogado –con presuntos vínculos con la Alcaldía– para desmontar el régimen salarial y prestacional de los empleados del Distrito Capital.

 

Triunfo pequeño, pero importante, en tanto instala un granito de esperanza sobre el mar de incertidumbre cernido sobre los referentes alternativos de la clase trabajadora, que hoy se baten entre la fuerte precarización laboral, la informalidad y el desempleo.

 

¿Cómo ahondar estos pequeños triunfos? ¿Cómo darle cuerpo a una nueva teorización del actual rol del sindicalismo? Buscando darle respuesta a estos y otros interrogantes, la Federación Únete1 convoca a un gran encuentro nacional programático del sindicalismo estatal, con el ánimo de propiciar un espacio amplio de reflexión y deliberación sobre la situación real que vive el sindicalismo y la clase trabajadora en general, de manera que puedan levantarse soluciones otras a los problemas que hoy nos acosan como sociedad.

 

El sindicalismo y las transformaciones del Estado

 

Los datos, a pesar de conocidos, conservan la fuerza de la denuncia: el nuestro está entre los países con menor tasa de sindicalización del mundo, y es el único en América Latina en donde el Gobierno tiene la facultad de disolver un sindicato por vía judicial; a la vez que es el país del mundo con el mayor número de asesinatos de sindicalistas, concentrando el 63 por ciento de los casos, con una impunidad superior al 96 por ciento.

 

Con bala, desindustrialización y fuerza judicial, el poder impone su dominio. Pese a ello, el sindicalismo ha registrado durante los últimos años un mínimo crecimiento en el número de sindicalizados: para el 2015 sumaba 1.006.150 de la población económicamente activa (4,6%) registrando un aumento del 20 por ciento con respecto al 2010, cuando solo registraban 831.4672.

 

Pocos trabajadores sindicalizados, concentrados, además, en sectores muy precisos del mundo del trabajo: educación (280.000 afiliados a Fecode), industria (90.000), agroalimentario (36.000), minero energético (42.500), suministro de servicios públicos (26.000) e intermediación financiera (28.000).

 

Tras de hinchado con viruela, dicen de alguien que está jodido, lo que parece sucederle al sindicalismo criollo, quien además de padecer el problema de su baja densidad –lo que le resta eficacia–, también padece de alta fragmentación: el número de sindicatos ronda los 5.000, distribuidos entre el sector privado y el estatal:

 

Para el caso del sector estatal hay que resaltar varios procesos de transformación acaecidos por la reconfiguración del Estado durante las primeras décadas del siglo XXI: las políticas neoliberales desplazaron los planteamientos del antiguo modelo e iniciaron la apertura económica, conllevando el achicamiento del Estado, la desregulación del mercado laboral y el desmantelamiento de los derechos sociales, todo esto con transformaciones visibles en el mundo sindical, que tienen una respuesta por su parte –en la segunda década– luego de reglamentada la negociación colectiva del sector público a través de los decretos 1092 de 2012 y el 160 del 2014.

 

En la primera etapa hubo una reducción del empleo en este sector, pasando de 1.018.000 en 2002 a 838.000 trabajadores en 2012, mientras en la segunda hubo un crecimiento llegando hoy a 1.098.031, de los cuales, claro, el 45,2 por ciento (496.272) integran el aparato represivo (fuerzas militares y de policía), y el 54,8 restante (601.759) que están distribuidos entre empleos por transferencias territoriales, salud y educación (41,4%), empleados de la rama judicial (6,6%) y de la rama ejecutiva (6,8%).

 

Como lo refleja la tabla adjunta, de estos trabajadores, excluyendo a los –que no pueden sindicalizarse–, se encuentran afiliados 483.681 personas en más de 1.923 sindicatos3, 483 de empleados públicos –trabajadores, por lo regular profesionales, que ejecutan función pública en entidades estatales–, 216 de trabajadores oficiales –técnicos o bachilleres que prestan servicios de construcción, mantenimiento o sostenimiento de las obras públicas o prestan servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado– y 316 de carácter mixto, que agrupan a estos dos tipos de trabajadores.

 

Por fuera de esta cuenta quedan los trabajadores particulares y temporales, tercerizados por contratos de prestación de servicios u otras modalidades, que cumplen las veces de nóminas paralelas en las entidades públicas –saber a ciencia cierta cuántos son ha sido una reivindicación histórica del sindicalismo–. En 2011, el Ministro del Trabajo de aquel entonces, aseguraba que de cada 100 empleados de planta había un total de 132 por nóminas paralelas, denunciando que en las entidades territoriales las cosas eran más alarmantes, pues, por cada 100 empleados de planta había 216 por órdenes de prestación de servicios4.

 

Clientelismo, corrupción, control de empleados a dedo, etcétera. Estamos ante una de las evidencias de cómo se transformó la institucionalidad en Colombia, un mecanismo, entre otros factores, para impedir el avance del sindicalismo estatal, a la vez que mecanismo para privatizar el Estado a favor de las élites políticas tradicionales, que con el control y sometimiento de los empleados tercerizados, con la amenaza de ser despedidos en cualquier momento, mantienen grandes segmentos de población cautiva –votantes–. Paramilitairsmo, corrupción y pervivencia de los partidos tradicionales, beben y se favorecen de esta realidad.

 

Por realidades como esta, es que el sindicalismo estatal debe replantear sus horizontes y reconocer la capacidad que tiene, más allá de las meras condiciones laborales dominantes, proyectándose con sentimiento y visión de país. Lo que lo obliga a reflexionar sobre la real transformación del mundo laboral propiciado por el neoliberalismo, pues si bien el sindicalismo creció en términos absolutos durante los últimos 5 años, no lo hace en términos relativos al aumento demográfico y el mercado de trabajo en Colombia: mientras el total de trabajadores ocupados aumentó en 57 por ciento entre 1994-2016, la tasa de sindicalización disminuyó en 2,3 puntos porcentuales.

 

En realidad el sindicalismo ha vivido un retroceso en muchos sentidos, producto de un modelo que cierra escenarios para la concreción de espacios para el diálogo y la construcción de un sociedad incluyente. Retroceso que se presenta no solo por efectos de la violencia, la intimidación y hechos similares, sino también por la transformación del régimen de acumulación, con el cual nuevos dispositivos han sido instalados para orientar a los trabajadores en otras direcciones, miremos:

 

El sindicalismo y el trabajador actual

 

El conocimiento es poder y, por supuesto, el capitalismo ha utilizado el saber que acumula para generar cambios en pro de incrementar su propio poder. La etapa (nueva) que vive el capitalismo, dada su capacidad de evolución, se caracteriza en gran medida por la globalización informacional y la producción de un extraordinario cúmulo de nuevos conocimientos expertos –4ta revolución industrial, potenciados para la reorganización de la producción “posfordismo”–. Conocimiento, que en términos específicos, le ha servido para ahondar sobre las características del trabajo, sobre los propios trabajadores y sobre los mecanismos de incentivación del consumo.

 

Es así como han consolidado saberes cada vez más sofisticados sobre la organización del trabajo en la producción de bienes y en la prestación de servicios, así como en los puestos que implica en cada sector, a través de procedimientos sobre los canales de comunicación en la empresa y en las entidades públicas, los procesos de evaluación y de auto-evaluación de los trabajadores, sus interrelaciones, y las que mantienen con la empresa, las técnicas de motivación y de responsabilidad, las técnicas de marketing, de publicidad y de venta, etcétera.

 

Conocimientos que tienen que ver con lo que Foucault (1988)5 llamaba la constitución de nuevas prácticas de subjetivación, es decir, con procedimientos para conformar la manera en la que uno se percibe a sí mismo, formula sus expectativas vitales, se relaciona con sus deseos y concibe sus relaciones con los demás; en definitiva, procedimientos para formar sujetos y para moldear, a la vez que para satisfacer sus aspiraciones y sus deseos, tanto en su condición de consumidor como en la de trabajador.

 

Son, en parte, esas nuevas prácticas de ver y entender el mundo las que han permitido en y con el neoliberalismo que las tecnologías del mercado colonicen zonas que no obedecían estrictamente a su lógica, tales como la sanidad, el ocio, la educación, los cuidados, la misma administración de lo público, etcétera, transformando todo lo existente en posible objeto de consumo.

 

Un cambio obligado, además, por una crisis de acumulación que lleva al capital a buscar dividendos allí donde los humanos entablan cualquier intercambio. Para ello, en este liberalismo avanzado, la forma de administrar las poblaciones, la manera de ejercer el poder político y el modo de concretar la gestión capitalista de la economía y del trabajo, cuenta con trabajadores altamente cualificados, a los que inculcan valores cada vez más individualistas, en detrimento de su organización colectiva. Además, por este conducto, pretende el modelo dominante, utilizar y rentabilizar la capacidad de iniciativa y de autorregulación que tienen los trabajadores, para gobernarlos –vaya paradoja– recurriendo a la libertad de la que disponen, la cual reivindica siempre y cuando la ejerzan “responsablemente”.

 

Para que esto sea posible las prácticas de subjetivación deben construir personalidades cuya autonomía sea moldeada y normalizada desde su educación profesional por saberes expertos. Son estos mismos saberes los que se utilizan para exigir permanentemente al trabajador que haga uso de su libertad de elección únicamente en los límites del mercado, entre los productos y las alternativas que le son ofrecidos, y para que los trabajadores pongan su capacidad de decisión al servicio de los intereses de las empresas. Esta promoción e instrumentalización de la libertad, como principio de gobierno, no es incompatible con las nuevas líneas de futuro que se están configurando hoy mismo y que se basan en el acento puesto sobre la inseguridad generalizada, sobre los múltiples riesgos que acechan producto de la desigualdad y la violencia, del principio de precaución, sobre la incertidumbre laboral, sobre la precarización de la existencia y sobre el imperio del egoísmo.

 

Si contemplamos en su conjunto el periodo que va desde principios del siglo XX hasta principios del siglo XXI vemos como los conocimientos expertos producidos durante ese periodo han hecho posible una completa inversión de la forma en que el capitalismo se representaba al trabajador «ideal». Se ha combinado, en efecto, una concepción del trabajador ideal como simple fuente de fuerza de trabajo tanto más útil cuanto más obediente, con una de sujeto dotado de libertad y cuya autonomía, sabiamente orientada, produce sustanciales beneficios.

 

Sin embargo, frente a los enormes cambios experimentados por el capitalismo, sus modos de administración de las poblaciones, y los dispositivos de dominación, podemos constatar lo poco que el sindicalismo se ha transformado, lo que nos permite afirmar que tenemos un sindicalismo formado para otra época, un sindicalismo que no comprende las transformaciones del capital y sus implicaciones para todos los espacios, entre ellos, claro está, el Estado y sus diversos trabajadores.

 

Es esta realidad, entre otras, la que le da sentido a la convocatoria al Congreso nacional programático del sindicalismo estatal (Bogotá, 20, 21 y 22 de junio), un espacio para retomar discusiones, intercambio de ideas, proyectos de investigación, para construir planes de acción que le permitan a los trabajadores del sector estatal comprender las novísimas formas que asume el capital (y su patrón, el Estado) en todos los espacios y niveles, para de esa manera poder delinear las mejores formas de acción que les facilite confrontarlo y neutralizarlo en sus pretensiones anti-trabajadores y anti-comunidad, ganando así un espacio de acompañamiento y conducción de luchas que, más allá de lo sindical, congregan al país como un todo, colocándose, como lo demanda un sindicalismo de nuevo tipo, a la cabeza de las mismas.

 

Tendríamos de esta manera, por tanto, un sindicalismo cuya radicalidad quede plasmada, más allá de las proclamas enardecidas y los llamados generales a la lucha, en replanteamientos de fondo, donde la protesta y la resistencia contra todo retroceso en las condiciones de trabajo, y frente a todos los atropellos infligidos a la dignidad del trabajador y a las comunidades, sean complementados con propuestas prácticas de gobierno y de poder alternativo, de solidaridad, de cooperativismo, nuevas formas de trabajo y nuevas de consumo, que vayan más allá de las condiciones laborales hacia un re-diseño de la vida en un sentido amplio.

 

Así pues, invitados e invitadas todos a dialogar sobre estos y otros temas al Congreso nacional programático el sindicalismo estatal por realizarse en Bogotá los días 20, 21 y 22 de junio.

 

1 Unión nacional de trabajadores del estado, los servicios públicos y la Comunidad
2 Infografía uno tomada de la revista dinero, septiembre de 2016
3 Cifras tomadas del sislab, Escuela Nacional sindical
4 http://www.portafolio.co/economia/finanzas/nominas-paralelas-empresas-desbordan-planta-141988
5 El sujeto y el poder Michel Foucault Revista Mexicana de Sociología , Vol. 50, Nº 3. (Jul-Sep., 1988), pp. 3-2

Publicado enColombia
La clase trabajadora necesita soluciones alternativas

Desde los trabajadores del sector estatal, un llamado y una citación para debatir el sindicalismo que tenemos y el que deberíamos constituir, un debate desde el capital hoy vigente, con sus formas de dominación y de control. ¿Es posible un sindicalismo con raíz territorial?

 

Junto a la conmemoración del Primero de Mayo, día de la clase trabajadora, el sindicalismo estatal obtuvo una pequeña victoria al conocerse el fallo negativo proferido por el juzgado 51 administrativo del circuito judicial de Bogotá, ante la acción popular interpuesta por un abogado –con presuntos vínculos con la Alcaldía– para desmontar el régimen salarial y prestacional de los empleados del Distrito Capital.

 

Triunfo pequeño, pero importante, en tanto instala un granito de esperanza sobre el mar de incertidumbre cernido sobre los referentes alternativos de la clase trabajadora, que hoy se baten entre la fuerte precarización laboral, la informalidad y el desempleo.

 

¿Cómo ahondar estos pequeños triunfos? ¿Cómo darle cuerpo a una nueva teorización del actual rol del sindicalismo? Buscando darle respuesta a estos y otros interrogantes, la Federación Únete1 convoca a un gran encuentro nacional programático del sindicalismo estatal, con el ánimo de propiciar un espacio amplio de reflexión y deliberación sobre la situación real que vive el sindicalismo y la clase trabajadora en general, de manera que puedan levantarse soluciones otras a los problemas que hoy nos acosan como sociedad.

 

El sindicalismo y las transformaciones del Estado

 

Los datos, a pesar de conocidos, conservan la fuerza de la denuncia: el nuestro está entre los países con menor tasa de sindicalización del mundo, y es el único en América Latina en donde el Gobierno tiene la facultad de disolver un sindicato por vía judicial; a la vez que es el país del mundo con el mayor número de asesinatos de sindicalistas, concentrando el 63 por ciento de los casos, con una impunidad superior al 96 por ciento.

 

Con bala, desindustrialización y fuerza judicial, el poder impone su dominio. Pese a ello, el sindicalismo ha registrado durante los últimos años un mínimo crecimiento en el número de sindicalizados: para el 2015 sumaba 1.006.150 de la población económicamente activa (4,6%) registrando un aumento del 20 por ciento con respecto al 2010, cuando solo registraban 831.4672.

 

Pocos trabajadores sindicalizados, concentrados, además, en sectores muy precisos del mundo del trabajo: educación (280.000 afiliados a Fecode), industria (90.000), agroalimentario (36.000), minero energético (42.500), suministro de servicios públicos (26.000) e intermediación financiera (28.000).

 

Tras de hinchado con viruela, dicen de alguien que está jodido, lo que parece sucederle al sindicalismo criollo, quien además de padecer el problema de su baja densidad –lo que le resta eficacia–, también padece de alta fragmentación: el número de sindicatos ronda los 5.000, distribuidos entre el sector privado y el estatal:

 

Para el caso del sector estatal hay que resaltar varios procesos de transformación acaecidos por la reconfiguración del Estado durante las primeras décadas del siglo XXI: las políticas neoliberales desplazaron los planteamientos del antiguo modelo e iniciaron la apertura económica, conllevando el achicamiento del Estado, la desregulación del mercado laboral y el desmantelamiento de los derechos sociales, todo esto con transformaciones visibles en el mundo sindical, que tienen una respuesta por su parte –en la segunda década– luego de reglamentada la negociación colectiva del sector público a través de los decretos 1092 de 2012 y el 160 del 2014.

 

En la primera etapa hubo una reducción del empleo en este sector, pasando de 1.018.000 en 2002 a 838.000 trabajadores en 2012, mientras en la segunda hubo un crecimiento llegando hoy a 1.098.031, de los cuales, claro, el 45,2 por ciento (496.272) integran el aparato represivo (fuerzas militares y de policía), y el 54,8 restante (601.759) que están distribuidos entre empleos por transferencias territoriales, salud y educación (41,4%), empleados de la rama judicial (6,6%) y de la rama ejecutiva (6,8%).

 

Como lo refleja la tabla adjunta, de estos trabajadores, excluyendo a los –que no pueden sindicalizarse–, se encuentran afiliados 483.681 personas en más de 1.923 sindicatos3, 483 de empleados públicos –trabajadores, por lo regular profesionales, que ejecutan función pública en entidades estatales–, 216 de trabajadores oficiales –técnicos o bachilleres que prestan servicios de construcción, mantenimiento o sostenimiento de las obras públicas o prestan servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado– y 316 de carácter mixto, que agrupan a estos dos tipos de trabajadores.

 

Por fuera de esta cuenta quedan los trabajadores particulares y temporales, tercerizados por contratos de prestación de servicios u otras modalidades, que cumplen las veces de nóminas paralelas en las entidades públicas –saber a ciencia cierta cuántos son ha sido una reivindicación histórica del sindicalismo–. En 2011, el Ministro del Trabajo de aquel entonces, aseguraba que de cada 100 empleados de planta había un total de 132 por nóminas paralelas, denunciando que en las entidades territoriales las cosas eran más alarmantes, pues, por cada 100 empleados de planta había 216 por órdenes de prestación de servicios4.

 

Clientelismo, corrupción, control de empleados a dedo, etcétera. Estamos ante una de las evidencias de cómo se transformó la institucionalidad en Colombia, un mecanismo, entre otros factores, para impedir el avance del sindicalismo estatal, a la vez que mecanismo para privatizar el Estado a favor de las élites políticas tradicionales, que con el control y sometimiento de los empleados tercerizados, con la amenaza de ser despedidos en cualquier momento, mantienen grandes segmentos de población cautiva –votantes–. Paramilitairsmo, corrupción y pervivencia de los partidos tradicionales, beben y se favorecen de esta realidad.

 

Por realidades como esta, es que el sindicalismo estatal debe replantear sus horizontes y reconocer la capacidad que tiene, más allá de las meras condiciones laborales dominantes, proyectándose con sentimiento y visión de país. Lo que lo obliga a reflexionar sobre la real transformación del mundo laboral propiciado por el neoliberalismo, pues si bien el sindicalismo creció en términos absolutos durante los últimos 5 años, no lo hace en términos relativos al aumento demográfico y el mercado de trabajo en Colombia: mientras el total de trabajadores ocupados aumentó en 57 por ciento entre 1994-2016, la tasa de sindicalización disminuyó en 2,3 puntos porcentuales.

 

En realidad el sindicalismo ha vivido un retroceso en muchos sentidos, producto de un modelo que cierra escenarios para la concreción de espacios para el diálogo y la construcción de un sociedad incluyente. Retroceso que se presenta no solo por efectos de la violencia, la intimidación y hechos similares, sino también por la transformación del régimen de acumulación, con el cual nuevos dispositivos han sido instalados para orientar a los trabajadores en otras direcciones, miremos:

 

El sindicalismo y el trabajador actual

 

El conocimiento es poder y, por supuesto, el capitalismo ha utilizado el saber que acumula para generar cambios en pro de incrementar su propio poder. La etapa (nueva) que vive el capitalismo, dada su capacidad de evolución, se caracteriza en gran medida por la globalización informacional y la producción de un extraordinario cúmulo de nuevos conocimientos expertos –4ta revolución industrial, potenciados para la reorganización de la producción “posfordismo”–. Conocimiento, que en términos específicos, le ha servido para ahondar sobre las características del trabajo, sobre los propios trabajadores y sobre los mecanismos de incentivación del consumo.

 

Es así como han consolidado saberes cada vez más sofisticados sobre la organización del trabajo en la producción de bienes y en la prestación de servicios, así como en los puestos que implica en cada sector, a través de procedimientos sobre los canales de comunicación en la empresa y en las entidades públicas, los procesos de evaluación y de auto-evaluación de los trabajadores, sus interrelaciones, y las que mantienen con la empresa, las técnicas de motivación y de responsabilidad, las técnicas de marketing, de publicidad y de venta, etcétera.

 

Conocimientos que tienen que ver con lo que Foucault (1988)5 llamaba la constitución de nuevas prácticas de subjetivación, es decir, con procedimientos para conformar la manera en la que uno se percibe a sí mismo, formula sus expectativas vitales, se relaciona con sus deseos y concibe sus relaciones con los demás; en definitiva, procedimientos para formar sujetos y para moldear, a la vez que para satisfacer sus aspiraciones y sus deseos, tanto en su condición de consumidor como en la de trabajador.

 

Son, en parte, esas nuevas prácticas de ver y entender el mundo las que han permitido en y con el neoliberalismo que las tecnologías del mercado colonicen zonas que no obedecían estrictamente a su lógica, tales como la sanidad, el ocio, la educación, los cuidados, la misma administración de lo público, etcétera, transformando todo lo existente en posible objeto de consumo.

 

Un cambio obligado, además, por una crisis de acumulación que lleva al capital a buscar dividendos allí donde los humanos entablan cualquier intercambio. Para ello, en este liberalismo avanzado, la forma de administrar las poblaciones, la manera de ejercer el poder político y el modo de concretar la gestión capitalista de la economía y del trabajo, cuenta con trabajadores altamente cualificados, a los que inculcan valores cada vez más individualistas, en detrimento de su organización colectiva. Además, por este conducto, pretende el modelo dominante, utilizar y rentabilizar la capacidad de iniciativa y de autorregulación que tienen los trabajadores, para gobernarlos –vaya paradoja– recurriendo a la libertad de la que disponen, la cual reivindica siempre y cuando la ejerzan “responsablemente”.

 

Para que esto sea posible las prácticas de subjetivación deben construir personalidades cuya autonomía sea moldeada y normalizada desde su educación profesional por saberes expertos. Son estos mismos saberes los que se utilizan para exigir permanentemente al trabajador que haga uso de su libertad de elección únicamente en los límites del mercado, entre los productos y las alternativas que le son ofrecidos, y para que los trabajadores pongan su capacidad de decisión al servicio de los intereses de las empresas. Esta promoción e instrumentalización de la libertad, como principio de gobierno, no es incompatible con las nuevas líneas de futuro que se están configurando hoy mismo y que se basan en el acento puesto sobre la inseguridad generalizada, sobre los múltiples riesgos que acechan producto de la desigualdad y la violencia, del principio de precaución, sobre la incertidumbre laboral, sobre la precarización de la existencia y sobre el imperio del egoísmo.

 

Si contemplamos en su conjunto el periodo que va desde principios del siglo XX hasta principios del siglo XXI vemos como los conocimientos expertos producidos durante ese periodo han hecho posible una completa inversión de la forma en que el capitalismo se representaba al trabajador «ideal». Se ha combinado, en efecto, una concepción del trabajador ideal como simple fuente de fuerza de trabajo tanto más útil cuanto más obediente, con una de sujeto dotado de libertad y cuya autonomía, sabiamente orientada, produce sustanciales beneficios.

 

Sin embargo, frente a los enormes cambios experimentados por el capitalismo, sus modos de administración de las poblaciones, y los dispositivos de dominación, podemos constatar lo poco que el sindicalismo se ha transformado, lo que nos permite afirmar que tenemos un sindicalismo formado para otra época, un sindicalismo que no comprende las transformaciones del capital y sus implicaciones para todos los espacios, entre ellos, claro está, el Estado y sus diversos trabajadores.

 

Es esta realidad, entre otras, la que le da sentido a la convocatoria al Congreso nacional programático del sindicalismo estatal (Bogotá, 20, 21 y 22 de junio), un espacio para retomar discusiones, intercambio de ideas, proyectos de investigación, para construir planes de acción que le permitan a los trabajadores del sector estatal comprender las novísimas formas que asume el capital (y su patrón, el Estado) en todos los espacios y niveles, para de esa manera poder delinear las mejores formas de acción que les facilite confrontarlo y neutralizarlo en sus pretensiones anti-trabajadores y anti-comunidad, ganando así un espacio de acompañamiento y conducción de luchas que, más allá de lo sindical, congregan al país como un todo, colocándose, como lo demanda un sindicalismo de nuevo tipo, a la cabeza de las mismas.

 

Tendríamos de esta manera, por tanto, un sindicalismo cuya radicalidad quede plasmada, más allá de las proclamas enardecidas y los llamados generales a la lucha, en replanteamientos de fondo, donde la protesta y la resistencia contra todo retroceso en las condiciones de trabajo, y frente a todos los atropellos infligidos a la dignidad del trabajador y a las comunidades, sean complementados con propuestas prácticas de gobierno y de poder alternativo, de solidaridad, de cooperativismo, nuevas formas de trabajo y nuevas de consumo, que vayan más allá de las condiciones laborales hacia un re-diseño de la vida en un sentido amplio.

 

Así pues, invitados e invitadas todos a dialogar sobre estos y otros temas al Congreso nacional programático el sindicalismo estatal por realizarse en Bogotá los días 20, 21 y 22 de junio.

 

1 Unión nacional de trabajadores del estado, los servicios públicos y la Comunidad
2 Infografía uno tomada de la revista dinero, septiembre de 2016
3 Cifras tomadas del sislab, Escuela Nacional sindical
4 http://www.portafolio.co/economia/finanzas/nominas-paralelas-empresas-desbordan-planta-141988
5 El sujeto y el poder Michel Foucault Revista Mexicana de Sociología , Vol. 50, Nº 3. (Jul-Sep., 1988), pp. 3-2

Publicado enEdición Nº246
Uber y Lyft conducen a los choferes a la pobreza y la desesperanza

El lunes pasado por la mañana, un taxista y conductor de limusinas profesional de la ciudad de Nueva York llamado Douglas Schifter hizo un último viaje al área del Bajo Manhattan. Varias horas antes había publicado en Facebook una acusación contra las autoridades políticas por permitir que empresas de servicios de transporte en línea como Uber y Lyft desmantelen la industria del taxi de la ciudad y dejen sumidos en la pobreza a miles de conductores de taxi, entre ellos él mismo. Estacionado frente al edificio del Ayuntamiento en un sedán negro alquilado se suicidó de un disparo en la cabeza.


Schifter escribió en su publicación de Facebook: “Debido a la gran cantidad de coches disponibles, con conductores desesperados por intentar llevar el pan a sus hogares, [las empresas] reducen las tarifas a un nivel inferior a los costos operativos y los profesionales como yo nos quedamos fuera del negocio. [Las empresas] cuentan su dinero y nosotros quedamos tirados en las calles por las que antes conducíamos, sin hogar y con hambre. No trabajaré como un esclavo por unas monedas. Prefiero estar muerto”.


La mayoría de las principales ciudades tienen un servicio de taxi regulado desde hace mucho tiempo, lo que limita el número de taxis con licencia y exige un estricto cumplimiento de las normas de seguridad y de cobertura de seguros. Uber y Lyft, las principales plataformas de servicio de transporte en línea o “empresas de redes de transporte”, han logrado eludir esas leyes y multiplicar la cantidad de coches en las calles.


Bhairavi Desai, directora ejecutiva de la Alianza de Trabajadores del Taxi de Nueva York, un sindicato sin fines de lucro con más de 19.000 miembros, declaró en una entrevista para Democracy Now!: “Antes solía haber solo unos 13.000 taxis amarillos y otros 40.000 de otras compañías y coches negros, en total. Ahora hay más de 130.000. Nadie puede ganarse la vida así”.


Un nuevo informe elaborado en conjunto por el Proyecto de Ley Nacional de Empleo ( NELP , por sus siglas en ingés) y la Asociación para Familias Trabajadoras, titulado “Interferencia estatal por parte de Uber: cómo las empresas de redes de transporte compran, intimidan y engañan para lograr su desregulación”, señala: “Las [empresas de redes de transporte], principalmente Uber y Lyft, convencieron a legisladores de la gran mayoría de los estados a anular y pasar por encima de las regulaciones locales y despojar a los choferes de sus derechos. La velocidad y la efectividad del uso de esta estrategia por parte de la industria, conocida como interferencia (o apropiación) estatal, no tiene precedentes”, indica el informe. El estudio también compara las tácticas de lobby utilizadas por Uber y Lyft con las de los grupos de presión de la industria del tabaco y las armas de fuego, e identifica 41 estados donde este cabildeo agresivo ha reducido o eliminado los derechos de las ciudades para regular las empresas de servicios de transporte en línea.


Nuevamente, estas son palabras de la portavoz de la Alianza de Trabajadores del Taxi, Bhairave Desai: “Es una carrera hacia el abismo. En 2016, Uber y Lyft gastaron en lobby más que Amazon, Walmart y Microsoft juntos. Recurren a su poder político para lograr la aprobación de leyes de desregulación de los servicios de transporte. La mayoría de sus lobbystas, por cierto, provienen del Partido Demócrata. Muchos de ellos pasaron directamente desde la Casa Blanca de [Barack] Obama a trabajar para Uber”.


La muerte de Douglas Schifter fue precedida por otro suicidio, unas semanas antes. Danilo Corporan Castillo se precipitó a su muerte desde lo alto de un edificio el 20 de diciembre, tras una audiencia ante la Comisión de Taxis y Limusinas de la Ciudad de Nueva York ( TLC , por su sigla en inglés), en la que lo amenazaron con revocarle la licencia de conductor. Corporan Castillo escribió su nota de suicidio al dorso de la citación de la TLC .


En abril del año pasado, Bhairavi Desai testificó ante la TLC (acrónimo extraño para una comisión conocida por no brindarles a los taxistas de la ciudad una “atención amable”, sino, más bien, por imponer drásticas multas por incontables infracciones menores). Desai declaró:


“En mis 21 años de activismo en esta industria, jamás había visto personas en tal crisis: las bancarrotas, las ejecuciones hipotecarias, los avisos de desalojo. Ahora recibo llamadas telefónicas con pedidos de información sobre servicios para personas sin hogar, gente que quiere saber sobre líneas directas de prevención del suicidio. Hay un nivel de crisis muy arraigado entre los conductores de taxis. Debo decirles desde el fondo de mi corazón que, como defensora, algunos días simplemente no sé qué hacer. Esta es una crisis humana grave debido a la plaga financiera que existe en esta industria desde hace tres años. Esto me lleva a preocuparme seriamente por cómo será el futuro de las personas y, sin duda, por el nivel de crisis al que se enfrentan hoy en su vida cotidiana. Es una violenta carrera hacia el abismo. Para matar de hambre al taxista, Uber mata de hambre al chofer de Uber. Ese es el núcleo de la cuestión. Reducen las tarifas, lo que deja a los conductores en una pobreza abrumadora. Y lo hacen para poder reducir las tarifas de los otros sectores. Ningún chofer puede ganar en esta carrera hacia el abismo”.


La dirigente de la Alianza de Trabajadores del Taxi Bhairavi Desai lucha por fijar un límite en la cantidad de taxis y otros servicios de transporte privado, el uso de taxímetros en los diversos servicios de automóviles para garantizar un salario digno para los conductores y acceso a beneficios, principalmente atención médica para los conductores. Además, el Proyecto de Ley Nacional de Empleo y la Asociación para Familias Trabajadoras afirman que las legislaturas estatales deben dejar de hacer lo que exigen las empresas Uber y Lyft.


Douglas Schifter expresó en su publicación final en Facebook: “El propósito de la vida es aprender, enseñar y amar”. Además de conducir taxis durante cuatro décadas, fue un prolífico columnista de la revista especializada en limusinas Black Car News. Schifter escribió: “No sé de qué otra forma tratar de marcar la diferencia si no es con una exhibición pública de un asunto muy privado. Espero que, con el sacrificio público que hago ahora, se preste algo de atención a la difícil situación de los conductores, que la gente quiera salvarlos y que esto no haya sido en vano”.


Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Uno de cada 5 jóvenes que busca trabajo en América Latina no lo encuentra: OIT

En América Latina y el Caribe al menos uno de cada cinco jóvenes que busca empleo no puede encontrarlo, lo cual afecta a 10.2 millones de personas, alerta la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A ello se suma que el desempleo en el caso de las mujeres alcanzó, más de dos dígitos, por primera vez en lo que va de la década, al llegar a 10.4 por ciento de esta fuerza laboral.

En el Panorama Laboral de América Latina y el Caribe 2017, presentado recientemente por el organismo multinacional, se revela que en la región 26.4 millones de personas buscan trabajo sin lograr acceder a una fuente de empleo, lo cual representa un incremento de 2 millones de desempleados, en comparación con la estadística registrada en el año anterior.

En el documento se agrega que si bien se presenta un repunte económico en la región y se estima un crecimiento promedio de 2 por ciento para las economías latinoamericanas en el año 2018, esta cifra todavía se mantiene muy por debajo del nivel de 5 o 6 por ciento que requieren estos países para hacer una diferencia contundente en cuanto a la informalidad y la calidad del empleo que se ofrece.

Uno de los sectores más afectados por la falta de oportunidades laborales, se destaca en el informe, son los jóvenes, quienes enfrentan tasas de desempleo que triplican la desocupación de los adultos; por primera ocasión en lo que va de la década la tasa de jóvenes desocupados estuvo muy cerca de 20 por ciento, pues se situó en 19.5.

Se detalla que a escala regional, la tasa de desocupación juvenil varía por país, desde 6.6 a 29.8 por ciento en años recientes, aunque únicamente en seis de 16 naciones de la región la media del desempleo de los jóvenes superó en 2017 la tasa de 20 por ciento. Entre ellos se ubicaron Brasil, Jamaica, Uruguay, Argentina, Costa Rica y Paraguay, mientras que Guatemala, México y Ecuador presentan tasas inferiores a 10 por ciento.

El organismo multinacional señala que el hecho de que uno de cada cinco jóvenes en la región busque trabajo y no lo encuentre es preocupante, porque significa una amenaza al presente y a las expectativas de más de 10 millones de jóvenes que no ven materializarse oportunidades de empleo, educación ni movilidad social.

Agrega que en el caso de las mujeres jóvenes la situación es peor: están aún más en riesgo, porque sus tasas de ocupación son menores, frente a mayores niveles de desempleo, mientras que la prevalencia de empleos precarios las afecta de manera desproporcionada.

Por ello, se considera esencial mejorar las oportunidades para este sector de la población a través de políticas sociales y de empleo apropiadas, con el propósito de garantizar sociedades que sean más inclusivas y sostenibles.

En cuanto a la calidad del empleo que se ha creado en la región, la OIT destaca que si bien este año se incrementó en 0.3 por ciento el empleo asalariado, el trabajo por cuenta propia aumentó 0.7 por ciento, lo cual representa un indicador que preocupa, porque el deterioro de la calidad del empleo se ha mantenido en 2017, pues los nuevos puestos de trabajo en este año se han caracterizado por su baja calidad.

Publicado enSociedad
Martes, 05 Septiembre 2017 18:18

Economía popular desdeabajo

Economía popular desdeabajo

¿Qué tienen en común una recicladora, un taxista, un vendedor de San Andresito o un ambulante? La respuesta es que todos realizan actividades que se inscriben en la economía popular. Todos son “rebuscadores”, trabajadores que le entregan su vida a la sociedad, suministrándole bienes y servicios básicos, pero que a pesar de ello, no son reconocidos ni reciben un mínimo de derechos sociales. ¿Qué se entiende por economía popular?, ésta es la cuestión central que se plantea en el presente libro.

 

Edición 2017. Formato: 

P.V.P.: $ 35.000, USD $ 12, ISBN: 978-958-8926-50-6

 

Ante deterioro de la economía Fenalco y ANDI proponen medidas necesarias pero insuficientes, otras contraproducentes.

Los datos suministrados por el DANE de crecimiento del PIB de 1,3% en el segundo trimestre, y de 1,2% para los 6 primeros meses de 2017, hacen prever que el pronóstico gubernamental del 2% no se va a alcanzar.

Los sectores que más ayudaron para que la economía no colapsara fueron, en primer lugar: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; y en segundo lugar: establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas, que crecieron 4,4% y 3,9% respectivamente.


El sector agrícola creció de manera ponderada un 12,5%, jalonado por los cultivos transitorios, que crecieron 23,8%, y por los permanentes: 10,8%. Este importante crecimiento tiene una doble explicación. De un lado, el mejoramiento del orden público en el sector rural por efecto del Acuerdo de Paz con las FARC, y del otro, los incentivos que desde el Ministerio de Agricultura se dio al sector, como créditos de fomento a una tasa por debajo de la inflación para financiar los cultivos y la compra de maquinaria, y sistemas de riego para elevar la productividad. De los 434 mil nuevos ocupados en la variación anual, el 42,3% corresponden al sector agropecuario, es decir, 184 mil.


Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a empresas creció 3,9%, pero el sector financiero creció 6,1%, crecimiento este que es 4,7 veces el crecimiento del PIB, resultado del saqueo del sector financiero a la economía del país mediante altas tasas de interés, las cuales son promovidas por el Banco de la República para, supuestamente, combatir la inflación. En este sector, paradójicamente, se contrajo la ocupación en un 3,3% (11 mil trabajadores menos) a causa de la modernización tecnológica. Es decir, el sector financiero no solo es responsable de la tendencia recesiva de la economía, sino que solo participa con el 1,4% del total del empleo.


El sector manufacturero, que aporta el 12,2% del empleo, se contrajo 3,3% en el segundo trimestre, y técnicamente se encuentra en recesión, pues lleva dos trimestres en picada. Por su parte, la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta que publicó la ANDI para el periodo enero– junio del 2017 refleja ésta difícil situación. Muestra caída de la producción en 1,8%, caída de las ventas totales en 1,7%, y caída de las ventas al mercado nacional en 2,6%. Es curioso que en este sector, que está cerrando empresas y recortando personal, la ocupación haya crecido 7,4% (191 mil nuevos ocupados).


El reporte consolidado de Fasecolda de riesgos laborales indica que a junio de 2016 había 1´110.182 trabajadores manufactureros afiliados al sistema, y a junio de 2017 había 1´134.448: una variación de 2,1% (24.266 trabajadores más).


Estos datos, que son indicadores de formalidad laboral, nos hacen sospechar que, de ser cierto lo que dice el DANE, más del 87% de esos 191.000 nuevos empleos están en la informalidad, en condiciones de alta precariedad. Esto se corresponde con la información del DANE sobre población empleada según posición ocupacional, que muestra que de los 434 mil nuevos empleos, 51.200 son formales (11,8%), y 383.200 son cercanos a la informalidad (88,2%).


Si bien es cierto que la tasa de desempleo no sufrió mucho deterioro: pasó del 8,9% al 9% en los trimestres señalados, no podemos decir lo mismo de la calidad de los empleos que genera la economía. El sector informal se ha convertido en el refugio de los trabajadores despedidos por los recortes de personal a causa de la crisis empresarial, y de los nuevos trabajadores que ingresan al mundo laboral.


Ante este panorama, la ANDI y Fenalco hacen una serie de propuestas para reactivar la economía, como reducir los altos costos de la energía y de la gasolina, así como los costos financieros, que tienen alta responsabilidad en la crisis. En este último punto la propuesta de Fenalco es incluso tímida, pues se limita a la tasa de usura, la cual impactaría positivamente los costos de las tarjetas de crédito para aumentar el consumo en el comercio formal, pero poco aporta al desarrollo del sector productivo.


Antes de los años 80 la industria del país se desarrolló gracias al modelo de sustitución de importaciones, a la protección arancelaria de la producción nacional, y al crédito de fomento. Por ello hay que hacer una revisión integral de la política crediticia y financiera para restablecer el crédito de fomento, que no solo involucra tasas de interés muy inferiores a la rentabilidad de los negocios, sino también asistencia técnica. También hay que replantear la política comercial global, retomar la estrategia de integración regional, y superar el atraso y el deterioro de la infraestructura física.


Es positiva la propuesta de Fenalco de reducir el IVA del 19% al 16% durante noviembre y diciembre, pues aumentaría la capacidad de compra de la población en $1,2 billones, y con ella se incrementarían las ventas, lo que a su vez jalonaría la producción y estimularía el empleo. Pero sigue siendo una propuesta limitada, pues en enero se volvería a contraer la demanda, bajarían las ventas, disminuiría la producción y aumentaría el desempleo.


Pero el tema tributario lo complica la ANDI con su propuesta de reducir más el impuesto de renta al sector empresarial. El sistema tributario tiene tantos agujeros por las exenciones y beneficios, que la tarifa real que pagan las empresas es muy inferior a tasa nominal del 34% que estableció la reforma del 2016, cuando antes superaba el 40%.


A los $30 billones que dejan de ingresar al tesoro nacional por las exenciones y gabelas tributarias, hay que sumar otros $30 billones que se pierden por la evasión a impuestos de renta e IVA, es decir, por la corrupción empresarial.


Necesitamos abordar de manera integral la estructura tributaria, que hasta ahora no ha mejorado la distribución del ingreso, en un país catalogado entre los 7 más desiguales del planeta, donde el ingreso está altamente concentrado. El sistema tributario no es progresivo, pues cada reforma aumenta la tributación indirecta que es profundamente regresiva e inequitativa, porque las personas que tienen más ingresos y riquezas no son las que más contribuyen al recaudo fiscal. El sistema es ineficiente no solo por la evasión y la elusión, sino porque la tasa efectiva que pagan las empresas es muy inferior a la tasa nominal, debido en parte a los agujeros del sistema.


Compartimos la preocupación del Fenalco y la ANDI por la ineficiencia del gasto público y la corrupción, responsable de la perdida de por los menos $50 billones anuales. No obstante, la solución no es impulsar una reforma pensional que acabe con el régimen de prima media y fortalezca el negocio de los fondos privados. El derecho real a una pensión decorosa solo es posible con un programa de recuperación económica que genere empleo útil y productivo, con trabajo decente y un sistema público de solidaridad intergeneracional de prima media que excluya del mercado este derecho fundamental.


Para mejorar la eficiencia del gasto público es importante acabar con la feria de obras inconclusas, recomienda Fenalco. Pero no podemos soslayar que la corrupción se da en un 50% en el sector público, y el otro 50% en el sector empresarial que contrata con el Estado.


Ahora bien, las propuestas de los gremios empresariales para acabar con las regulaciones y flexibilizando el trabajo a fin de reducir costos laborales, no guardan coherencia con los principales problemas que identifican los empresarios consultados para elaborar el informe de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta. Según esta encuesta, para los empresarios manufactureros el principal problema es la falta de demanda, y el segundo el tipo de cambio que encarece los insumos y equipos que importan, y a la vez genera incertidumbre a las inversiones de largo plazo. Para el 58% de las empresas, estos son los dos principales problemas:
Dar vía libre a la tercerización ilegal, acabar con las prestaciones salariales, descargar en los trabajadores las responsabilidades de las empresas, facilitar los despidos, y reducir costos laborales para aumentar la competitividad, agravará la principal dificultad que han identificado los empresarios: la falta de demanda. Pues no hay que olvidar que los salarios no solo son un costo para las empresas, son también fuente de demanda en la economía. Y la única manera de fortalecer la demanda interna, que ha caído más que la externa, es mejorando los ingresos de los trabajadores y respetando sus derechos.


Promover las exportaciones basadas en bajos costos laborales, como lo propone la ANDI, es un refrito que ya no funciona. Hace más de 30 años venimos escuchado la consigna de “exportar o morir”, y a pesar de que seguimos exportando nos estamos muriendo, porque la competitividad se quiere lograr empobreciendo al trabajador. Es importante exportar y tener relaciones comerciales con otros países, pero lo determinante para la sostenibilidad de las empresas no son tanto las exportaciones como el mercado interno; y para fortalecerlo hay que mejorar la capacidad de compra de su población con trabajo decente y un sistema tributario equitativo y progresivo.


Sobre el segundo problema: el tipo de cambio, los gremios empresariales no hacen propuestas. El sistema de tasas de cambio flotantes es una de las piedras angulares del “libre comercio” y de la globalización neoliberal, por lo que necesitamos sacar del mercado la regulación de los cambios internacionales y recuperar el protagonismo del Estado en la política cambiaria. La tasa de interés y la tasa de cambio son dos variables fundamentales en la estabilidad de las reglas de juego que tanto reclaman los empresarios, por eso son tímidos para afrontar ese problema. Para ellos es más fácil reclamar rebaja de impuestos y de salarios. Pero ese camino, aparentemente fácil, hace inviable el Estado y la sociedad.

 

Fecha: 22 Agosto, 2017 Categoría: Mundo laboral, Opinión
Por Carlos Julio Díaz Lotero. Analista ENS

Publicado enColombia
Jueves, 30 Marzo 2017 08:00

¿Dónde está la izquierda?

¿Dónde está la izquierda?

En la realidad colombiana, los datos y los hechos son muy fuertes y pasan sin la debida respuesta: la riqueza no deja de concentrarse cada vez en menos manos. La desigualdad social gana en proporción continua, con casos de hambre y desatención social alarmantes, en los cuales los niños y niñas llevan las peores consecuencias (ver, Motavita me mira, página 8). Hay un sistema de salud cuya desatención es la nota cotidiana (ver, página 5), o con un acceso a la educación superior que es un privilegio que recae muchas veces en la capacidad de endeudamiento del educando. Estamos bajo un modelo económico en cuya aplicación, la megaminería (ver, Pueblo Barí, pág. 18) tiene estudiado y cuadriculado el país por todas y cada una de sus regiones, explotando o aspirando a proceder en su afán de riqueza, sobre áreas de reserva natural, en zonas colindantes con cabeceras municipales o en áreas de nacimiento de agua de la cual resultan surtidas diversidad de poblaciones. País entonces, de contrastes y creciente desigualdad.

 

País donde quienes definen el modelo económico, persisten con un sistema que descarga el peso de sus medidas en el consumo diario (IVA), en vez de aplicar la máxima de quien más tiene más paga. Sistema político y modelo económico, donde aún hay funcionarios que creen y defienden que es posible vivir con un dólar diario, y donde las ciudades las siguen diseñando, pensando en los carros –en realidad, en la facilidad y velocidad para el transporte de mercancías y por su conducto, para la rotación del capital–, por lo cual requieren que los más pobres continúen desplazándose hacia unas periferias cada vez más alejadas.

 

Modelo social en cuya aplicación es el mismo Estado el principal defensor de la informalidad laboral, y para el cual el propósito básico de su gestión es garantizar la estabilidad fiscal de su cartera, como condición para no atrasarse con el abono de la deuda pública y así, no perder la calificación que otorga la banca de inversión y ciertos organismos multilaterales. Modelo social en el cual trabajadores, como las madres comunitarias, pese al fallo de los jueces son violentadas e irrespetadas en sus derechos (ver “Las madres comunitarias y la dictadura de la regla fiscal”, desdeabajo No. 232, febrero de 2017).

 

Modelo económico y político, y de control social, en el que a pesar del Acuerdo con las Farc, y de los diálogos con el Eln, prosiguen los asesinatos de los líderes sociales, lo cual denota que está en juego la aplicación de un modelo territorial aún más excluyente, en cuya gestión y concreción sus defensores no admiten ni admitirán resistencia u oposición alguna.

 

Modelo social con claros signos autoritarios, cuyos piñones económico, político, territorial, militar, propagandístico están ahí, funcionan y afectan a las mayorías de quienes habitamos en este país. Por tanto, cada uno podrá decir cómo lo afecta y que desearía se aplicara para que no sucediera así. Al respecto, algunos hacen escuchar a diario sus voces de protesta e inconformidad contra esta realidad. Sin embargo, son voces difusas, atomizadas, sueltas. Voces que no alcanzan a conformar un grito sonoro, y mucho menos a desatar movilización y resistencia ciudadana con capacidad de levantar alternativas contra el orden imperante.

 

Voces sueltas, atomizadas. Resalta en esto, que la voz colectiva comúnmente denominada de izquierda tampoco está escuchándose. Tampoco logra que la sociedad identifique en sus propuestas una esperanza por la cual valga la pena batirse, en la condición de voces organizadas, con capacidad de sembrar futuro. Y no es casual que así suceda.

 

Hace pocas semanas, mientras en muchos espacios sociales la preocupación provenía de los efectos de la reforma tributaria y de las dificultades para sobrellevar la vida diaria en buenas condiciones, el afán en el Polo Democrático Alternativo descansaba en una lucha intestina acerca de quién lideraría en el 2018 la campaña electoral por la Presidencia. Asimismo, mientras el débil y despolitizado gremio de las madres comunitarias salía a reclamarle al Estado el cumplimiento con sus derechos ratificados por los jueces, acompañadas de manera tenue por el sindicalismo, lo que resaltó fu la apatía de quienes hablan en nombre de las mayorías.

 

Una ausencia activa hasta tal punto, que resulta desapercibida, sin gravedad alguna, la consumada violación de los derechos fundamentales de esta parte de nuestra población dedicada a la niñez. Los ejemplos podrían seguir como lista de mercado. Triste, sobresale la fractura entre quienes levantan las banderas del cambio y la realidad que sobrelleva y aflige a las mayorías nacionales. Un saldo en el presente, ¿qué compromete mal las banderas para el futuro próximo o más lejano? Saltan por tanto las preguntas: ¿Construye la izquierda esperanza y fuerza moral movilizadora entre quienes habitan Colombia? ¿Logra convertirse esta franja política nacional en referencia de vida para el conjunto nacional?

 

¿Qué hace la que debiera ser alternativa de presente y futuro ante la apatía que reina en el país?, ¿qué ante la atomización social?, ¿qué ante el estupor municipal alimentado por el curso al que está sometido su medio ambiente? Y qué ante los efectos de la política económica y la gobernanza, del crimen organizado con aliento de Estado. Ante el subempleo y la precariedad laboral que afecta a millones. Frente al hacinado, contaminante y mal servicio del transporte público, la carestía de la vida diaria y la inhumana aglomeración en calabozos y patios de un sistema carcelario que los jueces han llamado a cerrar por inhumano.

 

Todo un sinfín de circunstancias que indica a todas luces, que una cosa piensa la izquierda –que debería ser el referente fundamental de un futuro inmediato, humano, por venir y de otra democracia por conquistar en Colombia– y otra diferente piensa, domina entre el margen genérico que denominamos país. Por supuesto, con un resultado de atomización social e incredibilidad en alternativas políticas tradicionales, que no le favorecen.

 

Realidad difícil de transformar pues la izquierda persiste, cualquiera sea su matiz o matriz, en viejos modelos de organización, comunicación, de relacionamiento social, que no responden a la realidad global y local que tenemos. De este modo, persiste en su afán de imponerle a sus compañeros de sueños, la vanidad de una hegemonía particular y la visión y el modelo de país que cada corriente porta y defiende. Un viejo proceder de izquierda, que no logra equilibrar sus miradas y acciones de presente con las de futuro.

 

Un comportamiento que no acompasa los niveles de descontento y resistencia cotidiana –que debieran tomar forma cada día–, con la denuncia de las arbitrariedades oficiales, con la siembra de la solidaridad entre todos y cada una de las clases y sectores sociales que integran el país, y con el enraizamiento simbólico y cultural de otra sociedad por construir. Una acción y un proceder en el cual el Estado podría ser objetivo y motivo de resistencia, sin convertirse en referente del ideal institucional necesario de dominar para construir vida digna.

 

Si la izquierda ganara corazones, asegurara territorios de influencia y ascendiera en esta superación cultural, la acción electoral con resultados nimios, por ejemplo, dejaría de ser el motor principal de todo su proceder. Ocuparía con acierto su lugar modesto, reducida a una acción más. Encararla, bajo un pronóstico con el sustento de incrementar la ingobernabilidad, en tanto las mayorías sociales no confían en el método electoral, o en tanto las decisiones estructurales del Estado, que ahora dependen de otros procederes y otras instancias, algunas de ellas extraterritoriales; llegue a un techo insoportable en la opinión. En fin, cabe abrir el debate acerca de otros procederes, otros afanes diarios, otras prácticas y otros lenguajes.

 

En una situación de distanciamiento y “crisis orgánica” de su relación con las mayorías del país, para construir una referencia creciente y no marginal de mediano y largo plazo, la izquierda estaría obligada, por ejemplo, a construir unos mecanismos de vida y sobrevivencia diarios: como unas redes de solidaridad a todo nivel que de verdad aporten en la superación colectiva de los males y necesidades más notorios entre los marginados y excluidos. Poner en marcha iniciativas como las redes de producción, distribución y mercadeo, por medio de las cuales empiecen a germinar otras relaciones y modelos sociales, basados en valores diferentes al dinero y los patrones de consumo, mediante los cuales el trabajo obtenga el reconocimiento y valor que le corresponde. Impulsarlo en aliento de la sabiduría tradicional, para que obtenga el reconocimiento que merece. Hoy más vital que en otro tiempo, en la lucha contra la homogenización de prácticas y consumos, así como en la resolución de afanes en salud, convivencia, agricultura, alimentación, etcétera.

 

Un giro sustancial para avanzar en formas de liderazgo y reconocimiento real de la izquierda, que deberá darle paso a otras formas de relacionamiento social en perspectiva de ruptura y de dualidades de poder, para lo cual es necesario empezar a romper amarras con los hilos “invisibles” de la hegemonía del capital. Amarras que por momentos siembran pasividades y lagos de escepticismo político entre las mayorías, cuando de pensar se trata en la posibilidad que tiene la lucha contra el orden dominante. En este proceder, una primerísima acción por cumplir, es animar acciones y posturas de distancia y ruptura con el sistema financiero, el mismo que tiene a cada uno de nosotros subsumidos, como rueda suelta, en la solución de las necesidades de vivienda, salud, educación, alimentación. Cada uno sometido, por demás, al afán mensual de pagar intereses y abonar a las deudas, para lo cual estamos obligados en no pocas ocasiones a trabajar más de una jornada. Entonces, la atomización y el individualismo no es casual.

 

Romper con esta lógica de producción y reproducción, aunque parezca imposible, es el paso inicial para quebrar en el largo plazo el sistema dominante. Para sembrar, paso a paso, otra economía y otras relaciones sociales, todo lo cual puede hacerse sin dejar de luchar contra el establecimiento, y confrontarlo, en el día a día, izando las banderas del cambio del aquí y ahora, pero sin arriar ni dejar de abonar a las del mañana.

 

En esa ruptura y en ese cambio, otra medida indispensable para desarrollar, es la de poner a rodar una moneda o un medio de intercambio a través del cual fracturar el mercado capitalista y ahondar solidaridades sociales. Medida que al mismo tiempo y como uno de sus efectos le permita a la izquierda cimentar la necesaria dualidad de poderes, sin la cual difícilmente ganará en credibilidad entre todos aquellos a quienes pretende estimular para una lucha tan necesaria para vivir como el aire mismo.

 

Estamos viviendo tiempos de crisis y, por tanto, de cambio en todos los niveles. La necesaria transformación de la izquierda, de sus formas de acción y proceder, de sus lenguajes y símbolos, de sus tejidos y relacionamientos sociales, de su visión sobre el Estado y el poder, no puede quedar por fuera de esta realidad y oportunidad. No dejemos pasar el tiempo sin proceder y ahondar en crítica frente a la cotidianidad.

Publicado enColombia
Sábado, 25 Marzo 2017 12:05

¿Dónde está la izquierda?

En la realidad colombiana, los datos y los hechos son muy fuertes y pasan sin la debida respuesta: la riqueza no deja de concentrarse cada vez en menos manos. La desigualdad social gana en proporción continua, con casos de hambre y desatención social alarmantes, en los cuales los niños y niñas llevan las peores consecuencias (ver, Motavita me mira, página 8). Hay un sistema de salud cuya desatención es la nota cotidiana (ver, página 5), o con un acceso a la educación superior que es un privilegio que recae muchas veces en la capacidad de endeudamiento del educando. Estamos bajo un modelo económico en cuya aplicación, la megaminería (ver, Pueblo Barí, pág. 18) tiene estudiado y cuadriculado el país por todas y cada una de sus regiones, explotando o aspirando a proceder en su afán de riqueza, sobre áreas de reserva natural, en zonas colindantes con cabeceras municipales o en áreas de nacimiento de agua de la cual resultan surtidas diversidad de poblaciones. País entonces, de contrastes y creciente desigualdad.

 

País donde quienes definen el modelo económico, persisten con un sistema que descarga el peso de sus medidas en el consumo diario (IVA), en vez de aplicar la máxima de quien más tiene más paga. Sistema político y modelo económico, donde aún hay funcionarios que creen y defienden que es posible vivir con un dólar diario, y donde las ciudades las siguen diseñando, pensando en los carros –en realidad, en la facilidad y velocidad para el transporte de mercancías y por su conducto, para la rotación del capital–, por lo cual requieren que los más pobres continúen desplazándose hacia unas periferias cada vez más alejadas.

 

Modelo social en cuya aplicación es el mismo Estado el principal defensor de la informalidad laboral, y para el cual el propósito básico de su gestión es garantizar la estabilidad fiscal de su cartera, como condición para no atrasarse con el abono de la deuda pública y así, no perder la calificación que otorga la banca de inversión y ciertos organismos multilaterales. Modelo social en el cual trabajadores, como las madres comunitarias, pese al fallo de los jueces son violentadas e irrespetadas en sus derechos (ver “Las madres comunitarias y la dictadura de la regla fiscal”, desdeabajo No. 232, febrero de 2017).

 

Modelo económico y político, y de control social, en el que a pesar del Acuerdo con las Farc, y de los diálogos con el Eln, prosiguen los asesinatos de los líderes sociales, lo cual denota que está en juego la aplicación de un modelo territorial aún más excluyente, en cuya gestión y concreción sus defensores no admiten ni admitirán resistencia u oposición alguna.

 

Modelo social con claros signos autoritarios, cuyos piñones económico, político, territorial, militar, propagandístico están ahí, funcionan y afectan a las mayorías de quienes habitamos en este país. Por tanto, cada uno podrá decir cómo lo afecta y que desearía se aplicara para que no sucediera así. Al respecto, algunos hacen escuchar a diario sus voces de protesta e inconformidad contra esta realidad. Sin embargo, son voces difusas, atomizadas, sueltas. Voces que no alcanzan a conformar un grito sonoro, y mucho menos a desatar movilización y resistencia ciudadana con capacidad de levantar alternativas contra el orden imperante.

 

Voces sueltas, atomizadas. Resalta en esto, que la voz colectiva comúnmente denominada de izquierda tampoco está escuchándose. Tampoco logra que la sociedad identifique en sus propuestas una esperanza por la cual valga la pena batirse, en la condición de voces organizadas, con capacidad de sembrar futuro. Y no es casual que así suceda.

 

Hace pocas semanas, mientras en muchos espacios sociales la preocupación provenía de los efectos de la reforma tributaria y de las dificultades para sobrellevar la vida diaria en buenas condiciones, el afán en el Polo Democrático Alternativo descansaba en una lucha intestina acerca de quién lideraría en el 2018 la campaña electoral por la Presidencia. Asimismo, mientras el débil y despolitizado gremio de las madres comunitarias salía a reclamarle al Estado el cumplimiento con sus derechos ratificados por los jueces, acompañadas de manera tenue por el sindicalismo, lo que resaltó fu la apatía de quienes hablan en nombre de las mayorías.

 

Una ausencia activa hasta tal punto, que resulta desapercibida, sin gravedad alguna, la consumada violación de los derechos fundamentales de esta parte de nuestra población dedicada a la niñez. Los ejemplos podrían seguir como lista de mercado. Triste, sobresale la fractura entre quienes levantan las banderas del cambio y la realidad que sobrelleva y aflige a las mayorías nacionales. Un saldo en el presente, ¿qué compromete mal las banderas para el futuro próximo o más lejano? Saltan por tanto las preguntas: ¿Construye la izquierda esperanza y fuerza moral movilizadora entre quienes habitan Colombia? ¿Logra convertirse esta franja política nacional en referencia de vida para el conjunto nacional?

 

¿Qué hace la que debiera ser alternativa de presente y futuro ante la apatía que reina en el país?, ¿qué ante la atomización social?, ¿qué ante el estupor municipal alimentado por el curso al que está sometido su medio ambiente? Y qué ante los efectos de la política económica y la gobernanza, del crimen organizado con aliento de Estado. Ante el subempleo y la precariedad laboral que afecta a millones. Frente al hacinado, contaminante y mal servicio del transporte público, la carestía de la vida diaria y la inhumana aglomeración en calabozos y patios de un sistema carcelario que los jueces han llamado a cerrar por inhumano.

 

Todo un sinfín de circunstancias que indica a todas luces, que una cosa piensa la izquierda –que debería ser el referente fundamental de un futuro inmediato, humano, por venir y de otra democracia por conquistar en Colombia– y otra diferente piensa, domina entre el margen genérico que denominamos país. Por supuesto, con un resultado de atomización social e incredibilidad en alternativas políticas tradicionales, que no le favorecen.

 

Realidad difícil de transformar pues la izquierda persiste, cualquiera sea su matiz o matriz, en viejos modelos de organización, comunicación, de relacionamiento social, que no responden a la realidad global y local que tenemos. De este modo, persiste en su afán de imponerle a sus compañeros de sueños, la vanidad de una hegemonía particular y la visión y el modelo de país que cada corriente porta y defiende. Un viejo proceder de izquierda, que no logra equilibrar sus miradas y acciones de presente con las de futuro.

 

Un comportamiento que no acompasa los niveles de descontento y resistencia cotidiana –que debieran tomar forma cada día–, con la denuncia de las arbitrariedades oficiales, con la siembra de la solidaridad entre todos y cada una de las clases y sectores sociales que integran el país, y con el enraizamiento simbólico y cultural de otra sociedad por construir. Una acción y un proceder en el cual el Estado podría ser objetivo y motivo de resistencia, sin convertirse en referente del ideal institucional necesario de dominar para construir vida digna.

 

Si la izquierda ganara corazones, asegurara territorios de influencia y ascendiera en esta superación cultural, la acción electoral con resultados nimios, por ejemplo, dejaría de ser el motor principal de todo su proceder. Ocuparía con acierto su lugar modesto, reducida a una acción más. Encararla, bajo un pronóstico con el sustento de incrementar la ingobernabilidad, en tanto las mayorías sociales no confían en el método electoral, o en tanto las decisiones estructurales del Estado, que ahora dependen de otros procederes y otras instancias, algunas de ellas extraterritoriales; llegue a un techo insoportable en la opinión. En fin, cabe abrir el debate acerca de otros procederes, otros afanes diarios, otras prácticas y otros lenguajes.

 

En una situación de distanciamiento y “crisis orgánica” de su relación con las mayorías del país, para construir una referencia creciente y no marginal de mediano y largo plazo, la izquierda estaría obligada, por ejemplo, a construir unos mecanismos de vida y sobrevivencia diarios: como unas redes de solidaridad a todo nivel que de verdad aporten en la superación colectiva de los males y necesidades más notorios entre los marginados y excluidos. Poner en marcha iniciativas como las redes de producción, distribución y mercadeo, por medio de las cuales empiecen a germinar otras relaciones y modelos sociales, basados en valores diferentes al dinero y los patrones de consumo, mediante los cuales el trabajo obtenga el reconocimiento y valor que le corresponde. Impulsarlo en aliento de la sabiduría tradicional, para que obtenga el reconocimiento que merece. Hoy más vital que en otro tiempo, en la lucha contra la homogenización de prácticas y consumos, así como en la resolución de afanes en salud, convivencia, agricultura, alimentación, etcétera.

 

Un giro sustancial para avanzar en formas de liderazgo y reconocimiento real de la izquierda, que deberá darle paso a otras formas de relacionamiento social en perspectiva de ruptura y de dualidades de poder, para lo cual es necesario empezar a romper amarras con los hilos “invisibles” de la hegemonía del capital. Amarras que por momentos siembran pasividades y lagos de escepticismo político entre las mayorías, cuando de pensar se trata en la posibilidad que tiene la lucha contra el orden dominante. En este proceder, una primerísima acción por cumplir, es animar acciones y posturas de distancia y ruptura con el sistema financiero, el mismo que tiene a cada uno de nosotros subsumidos, como rueda suelta, en la solución de las necesidades de vivienda, salud, educación, alimentación. Cada uno sometido, por demás, al afán mensual de pagar intereses y abonar a las deudas, para lo cual estamos obligados en no pocas ocasiones a trabajar más de una jornada. Entonces, la atomización y el individualismo no es casual.

 

Romper con esta lógica de producción y reproducción, aunque parezca imposible, es el paso inicial para quebrar en el largo plazo el sistema dominante. Para sembrar, paso a paso, otra economía y otras relaciones sociales, todo lo cual puede hacerse sin dejar de luchar contra el establecimiento, y confrontarlo, en el día a día, izando las banderas del cambio del aquí y ahora, pero sin arriar ni dejar de abonar a las del mañana.

 

En esa ruptura y en ese cambio, otra medida indispensable para desarrollar, es la de poner a rodar una moneda o un medio de intercambio a través del cual fracturar el mercado capitalista y ahondar solidaridades sociales. Medida que al mismo tiempo y como uno de sus efectos le permita a la izquierda cimentar la necesaria dualidad de poderes, sin la cual difícilmente ganará en credibilidad entre todos aquellos a quienes pretende estimular para una lucha tan necesaria para vivir como el aire mismo.

 

Estamos viviendo tiempos de crisis y, por tanto, de cambio en todos los niveles. La necesaria transformación de la izquierda, de sus formas de acción y proceder, de sus lenguajes y símbolos, de sus tejidos y relacionamientos sociales, de su visión sobre el Estado y el poder, no puede quedar por fuera de esta realidad y oportunidad. No dejemos pasar el tiempo sin proceder y ahondar en crítica frente a la cotidianidad.

Publicado enEdición Nº233
Sábado, 25 Marzo 2017 09:34

Los forjadores de la ciudad

Los forjadores de la ciudad

Son las cinco de la mañana y el sol acaricia las cordilleras en el oriente bogotano; en medio del frío se alza una ciudad dando paso al rugir de motores y el golpeteo de las suelas contra el asfalto, ruido ascendente que nos indica que otro día ha comenzado, otro en el que las decenas, miles de trabajadores, se apoltronan en los paraderos esperando un medio de transporte que los lleve hasta sus lugares de trabajo, allí donde pasan la mayor parte de sus vidas, gastan sus mejores energías y donde proyectan o ven morir sus sueños.

 

Obreros, miles de miles, altos, bajos, flacos, macizos, gordos, negros, blancos, mestizos, mulatos; hombres y mujeres. Sus brazos y manos cargan, aprisionan, empujan, hunden, lanzan, extraen; sus piernas y cintura cargan, trasladan, soportan peso, jalan; sus cerebros diseñan, ilustran, enseñan, ordenan, obedecen; sus sentidos, todos concentrados en su labor diaria, permiten que cada obra avance o se retrase.

 

Precisamente son estos cuerpos, que muchas veces no detallamos cuando los cruzamos en una construcción, fábrica o taller cualquiera, los que han permitido el desarrollo que hoy tenemos en nuestra ciudad (sus edificios, calles, puentes, etc.), facilitando con todo ello la vida de millones de personas. Cuerpos obligados por el capital, más allá de sus motivaciones, al esfuerzo diario, monótono, labor necesaria para la sobrevivencia, en medio de la cual en muchas ocasiones quedan truncados sus sueños; trabajo para ver realizadas algunas motivaciones, pero también espacio donde toman forma muchos de los males que los acompañaran a lo largo de sus vidas.

 

El tiempo pasa. Medio día en la urbe, el sol se posa en la cima y despliega sus incesantes rayos sobre las calles, el ambiente se torna un poco pesado y mal oliente; los obreros se preparan para el tan anhelado descanso, momento de ruptura en su labor, pequeño instante de libertad que muchos aprovechan para realizar sus diligencias, alimentarse e incluso, como tiempo de esparcimiento e integración con sus compañeros de labor.

 

Acercando el lente

 

Tras una barrera, gris con una franja azul, ubicada en la carrera Séptima con la Avenida treinta y cuatro, se encuentra un grupo de obreros de la construcción, quienes con metal y concreto darán vida a una nueva edificación. Se escucha el golpetear de los martillos hidráulicos rompiendo la superficie, y el ruido de camiones y retroexcavadoras limpiando los residuos de la zona. En un momento determinado el ruido cesa y para mi asombro los obreros, uno a uno, comienzan a salir a la calle; hombres en su mayoría que con sus cascos de color y su overol pierden sus particularidades, asumiendo una silueta uniforme. Algunos forman pequeños grupos y hacia uno de ellos, que se desplaza a un parque cercano, me dirijo. En el camino me cuentan que sus horarios son extendidos y que sus horas extras solo corren después de las diez de la noche. ¿Esclavitud? ¿Libertad? ¿Y los derechos?

 

Luego del almuerzo, se me acerca un hombre de tez negra, con rasgos muy marcados, ojos profundos y una voz entre tímida y alegre, esa alegría que reflejó durante toda la charla, y me cuenta que se encuentra estudiando salud ocupacional y que le es difícil dividir su tiempo entre el trabajo y los estudios, y mucho más cuando le toca trabajar horas extras; pero su motivación son sus dos hijos, Laura y Miguel, quienes lamentablemente no viven con él. Mientras conversamos aprovecha para terminar una tarea que debe entregar cuando llegue a su estudio, en el cual gasta otra parte de su dinero, el cual no le alcanza para cubrir todas sus necesidades, necesidad económica que lo obliga a solicitar préstamos a varios compañeros y familiares. El sol nos brinda su calor, y nos anima a seguir conversando, pero el reloj marca su dictadura: lo llama el coordinador de la obra y tiene que marcharse, dejándome el sinsabor de no haber culminado la conversación.

 

Miro de lejos la edificación que tantos obreros hacen posible que tome forma. El sol comienza a caer y la ciudad toma un tono pajizo, adornado por los variados reflejos y los abundantes y heterogéneos rostros de los trabajadores que ahora se dirigen a sus hogares o se disponen a estudiar.

 

Informalidad

 

Yo también debo ir al centro de estudios, y en el camino me es ineludible realizar una parada en un montallantas, donde me atiende Miguel, un joven proveniente de Ciénaga-Magdalena, que me cuenta que vive al fondo de su lugar de trabajo, y que opera en turnos de veinticuatro horas; en medio de una gran sonrisa me menciona que una vez, después de realizarle un largo trabajo a un vehículo, el sujeto le pide un recibo del pago que hará y en el momento en que Miguel ingresa a un cuarto para realizarlo escucha el rechinar de las ruedas, sale a ver qué pasa y comprueba con tristeza que lo dejaron sin pago.

 

Como muchos otros trabajadores, Miguel se ve obligado trabajar en otros talleres los días que se suponen son de descanso, pero aun así sus ingresos no alcanzan para suplir sus necesidades, no cuenta con seguridad social y vive al límite de la estabilidad laboral. Sin duda no es el único sometido a esta contingencia, como él otros miles de miles, millones, ven mancillados sus derechos, obligados a trabajar en precarias condiciones para poder garantizar su diario vivir. ¿Y la unión de los negados?

 

Con la realidad de estos obreros en mi mente, pensando en la importancia de sus labores y lo mal pagos que viven, prosigo hacia mi lugar de estudios. Anochece y el brillo de fugas, de los autos pasando por las autopistas, se funden con las relumbrantes luces de los altos postes. Y pensar que todo esto no sería posible si esas manos, si esos millones de brazos, piernas y cuerpos no estuvieran ahí para realizar lo pequeño y lo grande, lo agradable y lo que no parece serlo, cuerpos que han hecho posible estas ciudades de luces fugaces, de grandes concentraciones humanas, de viviendas apilonadas, trabajando en la mayoría de las ocasiones sometidos a largas jornadas, sin seguridad social ni salarios dignos de su labor y necesidades. Ellos y ellas son los verdaderos forjadores de las urbes que habitamos.

 

Trabajadores/as sometidas/as a la precariedad y el abuso; divididos, atomizados, dispersos. Requieren unir sus brazos y mentes. Entrelazar esfuerzos, pues sus derechos están a la espera de que los conquisten.

Publicado enEdición Nº233
Martes, 24 Enero 2017 17:53

Cali, un mar de sombras

Cali, un mar de sombras

“De buenos deseos está empedrado el camino al infierno”, así afirma la sabiduría popular aquello de predicar pero poco hacer; parece que en Cali está sentencia está refrendándose con el alcalde Armitage.

 

Doce meses de mucho predicar... La alcaldía de Maurice Armitage, inscrito por firmas como candidato para regir el destino de Cali y, por tanto, con ínfulas de “independiente”, inició su gestión precedida de muchas expectativas. No era para menos, durante su campaña alcanzó a hablar de la necesidad de avanzar en la redistribución de la riqueza en el país como vía para superar la pobreza –particularizando en su ciudad–, para concretar lo cual buscaría lograr “un cambio en la mentalidad de los ricos”. Su promesa de ser un buen gerente para la ciudad, enfatizando que era un hombre de acciones, que lo único que sabía era hacer y trabajar, también despertó esperanzas de que los de siempre –ricos y gobernantes– darían paso a que los ingresos que recibe la ciudad por fin llegarían, de manera notable o creciente, a todos los sectores que la habitan.

 

No es extraño, por tanto, que los estratos populares y sectores de clase media esperaran, esperanzados en sus discursos de campaña, la concreción de un gobierno muy dinámico, caracterizado por acciones administrativas de gran contundencia e impacto. Acciones que partieran la historia de la ciudad en dos.

 

¿Palabras, no más que palabras? O, ¿imagen no más que imagen? Como otros funcionarios del país que saben que a la gente le gusta verlos en sus territorios, este propietario-gerente de la Siderúrgica de Occidente (Sidoc), dueño del Ingenio del Occidente, socio de Cementos San Marcos, miembro de la Cámara de Comercio de la ciudad, así como de Fenalco, es decir, todo un cacao, deja de manera constante sus oficinas para dejarse ver por los barrios pobres. La informalidad gusta, pero no se traduce en rupturas con lo ya establecido, de lo cual lo realizado por él durante estos primeros 12 meses es una clara expresión.

 

Por ello, a medida que transcurrió este primer año de gestión, vivimos una sensación agridulce, encontrándonos con un alcalde perdido en la maraña del día a día, jugando a la improvisación, sin un libreto claro, con un plan de desarrollo hecho a retazos de lo ya establecido por anteriores alcaldes.

 

De esta manera, la ciudadanía observa un Armitage con mucha voluntad, con deseos de acertar en su labor, pero sin lograr superar sus propias carencias, su desconocimiento notorio de la función pública, su limitación para trabajar en equipo, sin capacidad para lograr que los ricos renuncien a parte de sus dividendos y, ojalá, de sus intereses políticos, territoriales, económicos, parte sustancial de lo cual queda reflejado en el Plan de Ordenamiento Territorial, o en la manera como los ricos, por conducto de sus voceros y representantes políticos –en el Concejo municipal y las distintas secretarías municipales–, proyectan y planean la ciudad, arrinconando más a los empobrecidos y brindando todo tipo de normatividad para el beneficio de los ricos. Todo esto permite colegir que se perdió un año, un cuarto valioso de tiempo de su periodo administrativo.

 

Más allá de esto, en medio de un panorama de incertidumbre y desconfianzas, es imposible ignorar que cuenta con respaldo en las comunidades, logro alcanzado por su permanente presencia en los barrios, dándole la cara a la gente. Los gastos en publicidad e imagen no están ausentes de este logro.

 

Tres graves problemáticas

 

Cali tiene identificadas tres grandes problemáticas que son el medidor de toda gestión pública:

 

1) La seguridad. Este es un tema y una realidad de alto impacto ciudadano, de ello es consciente el nuevo Alcalde, que aunque no ha roto con las políticas heredadas, incrementando el pie de fuerza y dándole continuidad al control social, sí ha tratado de impregnarle un pequeño giro a esta política al emplear a jóvenes identificados en las políticas oficiales como de “alto riesgo”, habitantes de las zonas más empobrecidas de la ciudad. Podemos decir, entonces, que hay un balance positivo al disminuir la tasa de homicidios en un 7 por ciento en relación al 2016, pero el crecimiento de la delincuencia, reflejado en delitos como el hurto, la extorsión, lesiones personales, etcétera, sigue en alza. En este acápite de la seguridad hay un programa de intervención social denominado los Tios (territorios de inclusión y oportunidades), el cual debemos evaluar posteriormente para conocer sus alcances.

 

2) El funcionamiento de Emcali, la empresa pública de servicios. Emcali viene de una intervención de la Superintendencia y su calvario no termina, en su futuro solo se avizora la posibilidad de una venta del componente de Telecomunicaciones, lo que significaría la división de la empresa dejando al garete, desfinanciado, el alcantarillado y el acueducto; su falta de gerencia y gestión la amenazan con la quiebra; problemática agravada por el interés particular de un sector de la élite caleña por vender la empresa o recortarle su carácter público. Sobre este particular, lo único claro con el Alcalde es que no ha pasado nada, su ausencia ha sido total en las decisiones y el fantasma de la privatización de verdad ya asusta.

 

3) El transporte masivo (MIO). Este sí es un verdadero dolor de cabeza para los ciudadanos. El MIO tiene una flota de buses articulados, padrones y complementarios de 900 vehículos que se esperaban en operación, hoy esta flota está debilitada, hay graves problemas de cobertura y cubrimiento de la totalidad de la ciudad, además de la ineficiencia por la demora de los traslados. El transporte masivo, como resultado de un inadecuado manejo y una deficiente planeación, está a punto de colapsar, del parque automotor solo funciona el 70 por ciento; el hecho más grave de esta crisis es la quiebra de los operadores, sin capacidad financiera para renovación de vehículos, ni tampoco para garantizar la operación del sistema. Ante esta realidad, la ciudad está invadida por motos, cuyas ventas crecieron en un 60 por ciento, paralelo a lo cual el transporte pirata se prolonga como la “solución” desesperada para miles de usuarios, víctimas del descalabro del MIO. Corrupción y erróneas inversiones tienen al borde de una intervención a Metrocali, la empresa del transporte masivo en la ciudad.

 

Otras áreas públicas

 

Salud: los logros son escasos. Aunque la ciudad ha librado con éxito la lucha contra los brotes epidémicos del dengue, chikunguya y zika, el municipio ha sido poco incidente en la grave crisis de la red hospitalaria, donde el principal y más grande hospital público (el Universitario del Valle) está al borde de la liquidación, sin una solución efectiva para los miles de usuarios que acuden a sus instalaciones por atención.

 

Educación: se perfilan políticas integrales de mediano y largo plazo tendientes a subsanar el problema de la educación pública; está en trámite un crédito ante el BID para la construcción y dotación de instituciones educativas en las zonas de mayor poblamiento y necesidad.

 

Un problema que afecta la educación oficial es la corrupción, manifiesta en los llamados colegios de cobertura, los mismos que absorben el 60 por ciento de la demanda educativa en los estratos 1-2. El nuevo Alcalde no ha roto con esta política, prolongando una problemática muy seria de calidad, tanto por las condiciones físicas de los colegios como por la formación y remuneración de los docentes. Con recursos públicos se sostienen más de 95.000 niños en establecimientos de carácter privado, que no ofrecen ninguna garantía para el educando.

 

En materia de gestión, el alcalde Armitage es más lo que adeuda que lo realizado en concreción de sus promesas de campaña. El balance refleja una preocupación por atender a los jóvenes, por brindarle capacitación, empleo y reducir tasas de delincuencia.

 

En otros ítems observamos resultados negativos, resaltados en la movilidad, la operación de los servicios públicos –con permanentes cortes de agua y energía–, claroscuros en el tema ambiental (no hay contundencia en las intervenciones en este tema), y una política social rodeada de buenas intensiones pero de limitadas acciones.

 

En definitiva, no basta con ser empresario exitoso ni rico con tiempo disponible para ensayar supuestas capacidades en otros escenarios. En lo público lo fundamental es hacer equipo con el conjunto social, identificando las necesidades más álgidas de la ciudadanía, para darles solución, y desatar las energías ciudadanas para asumir en sus manos los retos que les depara la vida diaria. El empresario venido a político –no dispuesto a romper con su clase– no entendió esté reto, ni lo entenderá en los años que le faltan para culminar su alcaldía.

Publicado enEdición Nº231
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