Elon Musk, cofundador, entre otras, de PayPal y Tesla. - REUTERS

Este aumento de riqueza se produjo entre el 18 de marzo hasta el 10 de abril coincidiendo con el primer repunte acusado de contagios por covid-19 y cuando 22 millones de estadounidenses perdieron sus trabajos.

 

Las grandes fortunas son inmunes a la crisis económica desatada por la covid-19. En Estados Unidos hay, según la revista Forbes, 607 milmillonarios, personas cuyas fortunas personales superan los mil millones de dólares es decir, 925 millones de euros. La crisis económica desatada por la pandemia, lejos de estar minando su riqueza, la está propulsando. Según un informe del Institute for Policy Studies, una organización progresista con sede en Washington DC, los milmillonarios de Estados Unidos aumentaron su riqueza en 282.000 millones de dólares (261.000 millones de euros) en sólo 23 días, los que van desde el 18 de marzo hasta el 10 de abril.

No es un margen de fechas cualquiera. Se trató del primer repunte pronunciado de la epidemia de covid-19 en el país. El presidente Donald Trump, de hecho, declaró la emergencia nacional el 13 de marzo y los contagios diarios subieron como la espuma hasta alcanzar su primer pico en la primera semana de abril. En esos 23 días entre el 18 de marzo y el 10 de abril, los ricos de Estados Unidos añadían ceros a sus fortunas mientras que los casos y los muertos se multiplicaban y mientras 22 millones de personas perdían sus trabajos, casi a millón diario.

Entre ellos destaca el fundador de Amazon, Jeff Bezos. Según resalta el informe, entre el 1 de enero y el 10 de abril ha incrementado su fortuna en 10.000 millones de dólares (9.255 millones de euros), aproximadamente el presupuesto de Galicia para 2020.

"El incremento de la riqueza de Bezos no tiene precedentes en la historia financiera moderna y varía enormemente de un día para otro", asegura el informe. "Para el 15 de abril su fortuna se había incrementado en 25.000 millones de dólares respecto al 1 de enero". Esta cifra equivale al presupuesto de la Comunidad de Madrid de 2019.

Pero ¿cómo puede esto estar sucediendo en medio de una crisis financiera y con la actividad económica paralizada? El informe es rotundo: "El cierre de cientos de miles de pequeñas empresas está dando a Amazon la oportunidad de aumentar su cuota de mercado, fortalecer su lugar en la cadena de suministro y ganar más poder de precios sobre los consumidores", destaca.

El documento critica que, "a pesar del dominio del comercio electrónico de Amazon, Bezos ha sido incapaz de proteger su la mano de obra de la covid-19: trabajadores de diez almacenes diferentes dieron positivo a finales de marzo", lo que ha generado denuncias de los sindicatos y otras organizaciones.

Bezos es, según el informe del Institute for Policy Studies, uno de los ocho milmillonarios de Estados Unidos que en ese período de tiempo –del 1 de enero al 10 de abril– han incrementado sus fortunas en más de mil millones de dólares.

Tras el fundador de Amazon le sigue Elon Musk, cofundador, entre otras, de PayPal y Tesla, con un incremento en su riqueza de 5.000 millones de dólares (4.627 millones de euros). Tras él se encuentran McKenzie Bezos, exmujer del fundador de Amazon, con 3.500 millones de dólares (3.239 millones de euros); Eric Yuan, de Zoom, 2.580 millones (2.388 millones de euros); Steve Ballmer, de Microsoft, 2.200 millones (2.036 millones de euros); John Albert Sobrato, dueño de la firma Sobrato de bienes raíces y comerciales, 2.070 millones (1.916 millones de euros); Joshua Harris, de la firma de inversión Apollo, 1.720 millones (1.592 millones de euros); y Rocco Commisso, de la compañía de televisión por cable Mediacom, 1.090 millones (1.009 millones de euros).

En total, el aumento de la fortuna de estos ocho milmillonarios ha sido de 28.160 millones de dólares en los primeros 101 días del año. "Estos números demuestran que la riqueza multimillonaria tiende a recuperarse de los colapsos de los mercados", señala el informe, que, a modo de prueba, añade: "Inmediatamente después de la crisis económica mundial de 2008, los entonces 400 milmillonarios norteamericanos de la lista Forbes vieron cómo su riqueza caía y pasaba de 1,57 billones en 2008 a 1,27 billones en 2009. Pero en los 30 meses siguientes a la caída de septiembre de 2008, la mayoría de estas fortunas se recuperaron y en 2012 la riqueza multimillonaria había alcanzado ya 1,7 billones de dólares. Entre 2010 y 2020, la riqueza de la clase milmillonaria de los Estados Unidos aumentó en un asombroso 80,6%, de 1,6 billones de dólares a 2,9 billones de dólares".

El estudio del Institute for Policy Study alerta de la guerra que los multimillonarios le han declarado al pago de impuestos. Los miles de millones de dólares que evaden, añaden sus autores, "están deshilachando la red de seguridad social. Y para completar el insulto, los americanos de la clase trabajadora pagan ahora mayor porcentaje de sus ingresos en impuestos que los multimillonarios".

"Milmillonarios y multimillonarios están financiando toda una industria de defensa de la riqueza con profesionales como abogados de impuestos, contables, administradores de patrimonio, que ayudan a ocultar sus megafortunas en paraísos fiscales en el extranjero y fideicomisos", denuncia el informe.

Por este motivo, sus autores reclaman al gobierno de Donald Trump varias medidas para combatir esto, entre ellas, el establecimiento de una comisión para supervisar los beneficios económicos en la pandemia y establecer un impuesto del 10% a esa gran riqueza. En cuanto a la primera medida, el informe reclama seguir el modelo "de la Comisión Truman durante la Segunda Guerra Mundial, tanto para supervisar el paquete de estímulos como para erradicar la corrupción y la especulación en la sociedad en su conjunto".

En cuanto al impuesto a las grandes fortunas, el documento señala que "aunque sólo afectaría al 0,2 por ciento más rico de los estadounidenses, una sobretasa millonaria recaudaría unos 635.000 millones de dólares en diez años y afectaría a los muy ricos que obtienen ingresos sustanciales de las ganancias de capital".

Chuck Collins, uno de los autores del estudio y director del Programa sobre Desigualdad del Institute for Policy Study, alerta de que con la pandemia "se corre el riesgo de que se aumenten todavía más las desigualdades sociales existentes a menos que el gobierno intervenga con medidas audaces para gravar con impuestos a los multimillonarios. Si se sigue actuando como hasta ahora, sólo se acentuará la polarización económica".

Collins es muy crítico con los cuatro paquetes de ayudas aprobados hasta ahora por el Senado y el Congreso norteamericanos y firmados por la administración Trump. De hecho, el último paquete de ayudas, la llamada Ley CARE, dotada con 2,2 billones de dólares –unos 2 millones de euros–, lo califica Collins como de "huesos lanzados a la clase trabajadora frente a los miles de millones que la norma les regala a los millonarios".

"Demasiadas pequeñas empresas y contribuyentes de la clase obrera están esperando que aparezcan las ayudas. Entretanto", asegura, "se están viendo obligados a elegir entre su salud y su supervivencia económica".

Collins sostiene que esta situación no es exclusiva de Estados Unidos. Los multimillonarios del mundo también están haciendo su agosto en medio de la pandemia. El informe del Institute for Policy Study estima que en el mundo hay 21 billones de dólares ocultos en paraísos fiscales.

"Es lo que estarían ocultando al fisco los ricos con más 30 millones de dólares. No podremos tener éxito en la imposición de impuestos a los ricos a menos que cerremos la industria de la riqueza oculta, comenzando especialmente en Estados Unidos y Reino Unido", concluye Collins.

Washington

12/05/2020 08:42 Actualizado: 12/05/2020 09:57

Por Manuel Ruiz Rico

@ManuelRuizRico

Publicado enEconomía
El capitalismo hace "más daño que bien", según una encuesta realizada en 28 países

Los autores del estudio, publicado en vísperas del Foro de Davos, aseguran que los resultados de su sondeo, con un universo de 34.000 personas, demuestra que la población mundial "empieza a tener dudas más fundamentales sobre las democracias capitalistas de Occidente". 

 

Una mayoría de personas en todo el mundo cree que el capitalismo en su forma actual está haciendo más daño que bien, según una encuesta realizada antes de la reunión de líderes empresariales y políticos de Davos de esta semana.

Este año es la primera vez que el Barómetro de Confianza Edelman, que durante dos décadas ha encuestado a decenas de miles de personas sobre su confianza en las instituciones mundiales, trata de comprender cómo es percibido el capitalismo.

Los autores del estudio afirman que las encuestas anteriores, que mostraban un creciente sentido de desigualdad, los llevó a preguntarse si los ciudadanos ahora estaban comenzando a tener dudas más fundamentales sobre las democracias capitalistas de Occidente.

"La respuesta es sí", dijo David Bersoff, investigador principal del estudio producido por la agencia estadounidense de comunicaciones Edelman.

"La gente se pregunta a ese nivel si lo que tenemos hoy, y el mundo en que vivimos hoy, está preparado para darles un buen futuro".

La encuesta preguntó a más de 34.000 personas en 28 países, desde democracias liberales occidentales como Estados Unidos y Francia hasta aquellas basadas en un modelo diferente como China y Rusia, con un 56% de acuerdo en que "el capitalismo tal como existe hoy hace más daño que bien en el mundo".

A nivel nacional, la falta de confianza en el capitalismo fue mayor en Tailandia e India con el 75% y el 74% respectivamente, seguidos de cerca por Francia con un 69%. Las mayorías prevalecieron en otros estados asiáticos, europeos, del Golfo, africanos y latinoamericanos.

Sólo en Australia, Canadá, Estados Unidos, Corea del Sur, Hong Kong y Japón la mayoría no estuvo de acuerdo con la afirmación de que el capitalismo actualmente hace más daño que bien.

La encuesta confirmó una serie de preocupaciones familiares que van desde asuntos sobre el ritmo del progreso tecnológico y la inseguridad laboral, hasta la desconfianza en los medios y la sensación de que los gobiernos nacionales no estaban a la altura de los desafíos del día. 

LONDRES

20/01/2020 15:07 ACTUALIZADO: 20/01/2020 17:33

MARK JOHN (REUTERS)

Publicado enPolítica
Escandalosa brecha entre ricos y pobres en el mundo, según Oxfam

Informe global de la ONG Oxfam Internacional en la antesala del Foro económico de Davos

Los 2.153 multimillonarios más ricos del mundo poseen una riqueza equivalente a la de 4.600 millones de personas, es decir, el 60 por ciento de la población mundial. Entre las razones, el auge de un modelo económico sexista e hiperproductivista. 

La brecha entre ricos y pobres, llamada también “desigualdad económica”, que empezó a crecer a pasos agigantados cuando en el mundo se difundió la “globalización”, por el contrario de lo que algunos pensaban parece no tener límites y sigue creciendo cada día más. Según el informe anual “Time to care” (Tiempo de cuidar) elaborado por la organización no gubernamental Oxfam Internacional (comité Oxford contra el hambre) difundido el lunes, los 2.153 multimillonarios más ricos del mundo poseen una riqueza equivalente a la de 4.600 millones de personas, es decir, el 60 por ciento de la población mundial.

Basada en datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial, del Credit Suisse Research Institute y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), entre otras instituciones, el informe fue difundido el lunes porque esta semana precisamente se realiza en Davos (Suiza) el Foro Económico Mundial, la reunión anual de políticos, gobernantes, industriales y empresarios en general, economistas e intelectuales famosos del mundo.

“La desigualdad en el mundo está profundamente arraigada y ha alcanzado un nivel escandaloso”, dijo el informe. Y agregó: “En América Latina y el Caribe, el 20 por ciento de la población concentra el 83 por ciento de la riqueza y el númeo de multimillonarios en la región ha pasado de 27 a 104 desde el año 2000. En 2019, 66 millones de personas, es decir el 10,7 por ciento de la población vivía en extrema pobreza, de acuerdo a datos de la Cepal”.

“A nivel global, la desigualdad aumenta porque estamos viviendo un modelo económico del capitalismo que ya no es el capitalismo como fue concebido originalmente. Es un modelo evolutivo que no pone en el centro de sus preocupaciones las necesidades de las personas y es cada vez más dependiente de una sola cosa: la maximización de las ganancias en breve tiempo”, explicó a PáginaI12 Elisa Bacciotti, Directora de las Campañas de Oxfam Italia. “Esto lleva a comprimir el costo del trabajo y lleva al surgimiento de la llamada Gig Economy, es decir una economía basada en el trabajo temporáneo, free lance, flexible”, agregó.

 “Con la globalización y la apertura de los mercados y mayores inversiones, la posibilidad de tener trabajo aumentó. Pero hay que ver qué tipo de trabajo. Si es un trabajo digno. O por el contrario es un trabajo que no da beneficios a los trabajadores. Si no da los beneficios que se requieren, la desigualdad no disminuye”, subrayó Bacciotti.

“La gran parte de la ganancias van a parar al vértice de la pirámide social. Una estadística que publicó el Informe Oxfam dice que un trabajador, que hoy esta ubicado en el 10 por ciento de los trabajadores más pobres, debería trabajar tres siglos y medio para conseguir el mismo rédito que un trabajador que se ubica en el 10 por ciento de los trabajadores más ricos”, explicó la experta.

El informe subrayó por otro lado que el modelo económico sexista profundiza la desigualdad y que las mujeres son a menudo una suerte de “motor oculto” de la economía. “En América Latina y el Caribe, aun cuando las mujeres logran conseguir y mantener un empleo, es en condiciones precarias: el 49 por ciento de las mujeres empleadas en la región, ganan menos del salario mínimo mensual correspondiente a su país”, dijo el informe, añadiendo que “las mujeres constituyen dos terceras partes de la mano de obra que se ocupa del trabajo de cuidados remunerado. Empleos como el de enfermera, trabajadora del hogar o cuidadora a menudo están mal remunerados, proporcionan escasos beneficios, conllevan un horario irregular y pueden suponer un importante desgaste físico y emocional”.

 “Para que las personas puedan conducir la propia vida, trabajando, y llegar a fin de mes, alguien debe hacer otros trabajos en casa, que no son retribuidos, ni están contabilizados -explicó Bacciotti- . Haciéndolos permite que la familia vaya adelante. Al no ser retribuido no es ni siquiera reconocido y no goza de aportes jubilatorios. Es el caso generalmente de las mujeres, que a veces trabajan menos horas retribuidas para poder hacer los trabajos de casa no retribuidos. Al hacer esta elección se encontrarán con menos dinero en mano al final del mes y menos aportes jubilatorios por lo cual esta elección está más asociada a la pobreza”.

La pregunta clave ante esta situación descripta por Oxfam es saber qué pueden hacer los gobiernos, si es que realmente quieren cambiar esta situación.

El informe habló, entre otros puntos, de la necesidad de que las empresas y las personas ricas paguen su justa parte de impuestos y que con ese dinero el Estado haga inversiones en infraestructuras y servicios públicos.

“Seguramente los gobiernos podrían hacer más y no lo hacen. Una cosa muy eficaz sería una lucha sin cuartel contra la evasión fiscal para que el dinero recuperado pueda ser invertido en beneficios de los sectores menos pudientes”, concluyó Bacciotti.

Por Elena Llorente

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Jueves, 05 Diciembre 2019 06:38

El fracaso histórico del capital

El fracaso histórico del capital

Las manifestaciones de los últimos 12 meses en Chile, Ecuador, Perú, Haití, Irak, Irán, Hong Kong y hasta Francia han adquirido un carácter insurreccional por sus dimensiones y la amplitud de sus reclamos. Muchos pensarían que estos movimientos no tienen un hilo conductor y que todos obedecen a causas distintas. Los detonadores, en cada caso, parecerían ser muy distintos. Pero un análisis más cuidadoso permite identificar varias raíces comunes, en las que se mezclan las políticas de austeridad, una profunda desigualdad, el dominio del capital financiero y la concentración de poder de mercado en pocas corporaciones. Son los rasgos definitorios de esta etapa del capitalismo que se ha denominado neoliberalismo.

Las señales del fracaso y ruina del neoliberalismo se encuentran en todas partes. La creciente e intensa desigualdad es, quizás, la señal más poderosa. Proviene de muchas causas, entre las que destaca la contracción en los salarios desde la década de los años 1970. El estancamiento económico en que ha caído la globalización neoliberal es otro signo de que algo está muy mal en las entrañas del capitalismo mundial. Ponerle la etiqueta de “estancamiento secular” a este proceso de ralentización puede servir para calmar las conciencias y ayudarlas a ahuyentar los malos augurios. Pero cuando uno pregunta por las causas de este fenómeno, casi nadie se atreve a poner el dedo en la llaga: el estancamiento secular se debe a una caída en la inversión que, a su vez, está ligada a una baja en la tasa de ganancia.

El sector financiero, que en las primeras etapas del capitalismo le fue aliado fiel, hoy se ha convertido en una máquina que impone su racionalidad a la economía real y mantiene su rentabilidad a través de la especulación. La masa de liquidez que hoy ocupa su espacio de paraísos fiscales rebasa los 22 billones (castellanos) de dólares. Las prioridades de la política macroeconómica obedecen a los mandatos del capital financiero, mientras el desempleo y subempleo son la cicatriz de estas políticas. El deterioro de los servicios de salud y educación en la mayoría de los países desarrollados es un hecho bien documentado. Finalmente, todo esto se acompaña de un proceso destructivo en todas las dimensiones del medio ambiente. Cambio climático fuera de control, pérdida de biodiversidad, erosión de suelos y contaminación de acuíferos son sólo algunos de los aspectos más claros de este deterioro que hoy es una amenaza para toda la humanidad.

¿Cómo leer este proceso de ruina del capitalismo? Una posible respuesta es ver en esto el fracaso de una forma particular de capitalismo, el neoliberalismo, pero no del proyecto histórico planteado por el capital. Todo esto exige un análisis más cuidadoso de lo que constituye el neoliberalismo.

En la década de los años 1930 los economistas ultraliberales Ludwig von Mises y Friedrich Hayek buscaron inyectar nueva energía a la ideología de un liberalismo que no había sabido qué hacer con el ascenso del fascismo, que no estaba resolviendo los problemas económicos de su tiempo y que, además, veía en la teoría macroeconómica de Keynes una amenaza. Usaron toda la superchería de la ideología del mercado libre para lograrlo. El resultado fue un adefesio que el marxista Max Adler calificó por vez primera de “neoliberalismo”.

Tal como lo describieron Von Mises y Hayek, el nuevo sistema era la esencia del capital. En su mediocridad como economistas, estos autores develaron la esencia de la economía política burguesa y enseñaron la esencia del capital. Su actividad panfletaria sentó las bases de lo que después sería la agenda neoliberal en teoría económica y en política: privatizar todo, desregular la vida económica y dejar actuar a las fuerzas del mercado. En pocas palabras, en el neoliberalismo no encontramos una excrecencia del capitalismo, sino la expresión más pura de su esencia. Y desde esa perspectiva, la ruina del neoliberalismo es efectivamente el fracaso del capital.

El fracaso significa que el proyecto histórico del capital se ha agotado y hoy está en decadencia. A finales del siglo XVIII Hegel escribía: “Una época se termina cuando hace realidad su propio concepto”. Parafraseando esta idea, se podría decir que en este momento la esencia de la época del capital se ha hecho realidad concreta en todas sus especificaciones en y a través del neoliberalismo. Así se expresa en toda su objetividad el potencial esencial del capitalismo: en las especificaciones del neoliberalismo se concretiza el proyecto histórico del capital en su versión real más acabada. En consecuencia, con el fracaso del neoliberalismo hemos llegado al acabamiento del capital y a la terminación de su época.

Pero esto no es un punto de reposo. La fase crepuscular del capital durará todavía muchos años, pero serán años de grandes sacudidas políticas y sociales, dado que las contradicciones del capital explotarán en crisis prolongadas. La esencia de la nueva época ya no será el capital, sino la lucha por la libertad y la justicia.

Twitter: //twitter.com/@anadaloficial">@anadaloficial

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Jueves, 28 Febrero 2019 15:50

La esquina

La esquina

La luz que se colaba por el ancho ventanal reveló el comienzo de un nuevo día. Su mirada se posó en el techo recorriendo las grietas e imperfecciones que tal vez le mostrarían el lugar donde se encontraba. Las paredes de la mina eran angostas y en los paneles el ruido se amplificaba apabullante. Con una bocanada de aire reafirmo que no estaba bajo tierra: ya no habitaba el infierno de Potosí.

 

Los socavones habían devorado a su padre y a su abuelo que trituraban la piedra para recoger la piltrafa del cobre. Su madre empujó el pesado vagón hasta que un día sus pulmones exagües se negaron a respirar el aire malsano y rencoroso. Todo se lo había arrebatado. Incluso ese fantasma se apoderaba de sus sueños ahogándolo en la incertidumbre de no saber si era libre o estaba enterrado en vida.

 

Cruzó la frontera hacia el sur. Ahora en una ciudad que no le pertenecía le arrancaba a las calles algunos pesos, que si bien no eran muchos, le permitían el privilegio del sol acariciando su espalda y a veces una comida digna. Había vendido de todo: cigarrillos a las afueras de los salones de baile, dulces en los cinemas, agua en el cruce de los semáforos y calendarios en las rutas de los colectivos. Recorría mil veces las intersecciones y avenidas voceando las noticias de algún periódico o tratando de perder de vista a los policías que le perseguían por su doble delito: vender en el espacio público y ser un extranjero.

 

–Cuidado negro, a Claudia le quitaron toda la mercancía ayer, vos sabés, la cosa no está para bromas. La aporrearon fuerte y se la llevaron en una patrulla hasta la comandancia en el centro.


–No te preocupes, yo mido a ojo la distancia de los policías y además corro fuerte. Algo bueno me dejó el trabajo en la mina.


–El problema no es el calabozo, es que te saquen del país. Ya vez que por eso de la guerra la gente se pone delicada.


–Si te contara cuantas veces me han echado a Bolivia no me lo crees. La última me pasé seis semanas en la frontera, parece que había problemas con una gente que quería cruzar para escaparse… pero aquí estoy negro pero cariñoso.

 

La calle atestada lo recibió entre el trajín de unos y la indiferencia de otros. Sus grandes hogazas de pan entrelazadas en un canasto anunciaban el sustento del día. A su lado una mujer joven vendía agua y más allá otra ofrecía café en grandes termos. En la acera del frente las notas de un bandoneón crepitaban con nostalgia mientas un viejo entonó con voz gastada Arrabal amargo… El ruido y el movimiento de la urbe impregnaron cada espacio de monotonía. Lejos de ser un caos sin forma todo evocaba una sinfonía compuesta por sonidos opacos, voces alegres, notas musicales y el transcurrir incesante de los automóviles. La vida estaba presente en cada elemento, en la dureza del metal y los árboles que generosos daban su sombra a la mitad del pavimento.

 

–Negro corre…que se viene la policía.

 

Todos a uno recogieron sus cosas armando grandes macutos y trataron de perderse entre la multitud.

 

Las calles se apretaban como un laberinto el cual recorrió echando nerviosas miradas hacia atrás. Desandando varios trechos trató de superar una empinada acera pero dándose por vencido decidió girar por la esquina hacia el abasto principal. A lo lejos avistó un hombre a caballo… sintió que no tenía escapatoria.

 

El tercer camión casi lo golpea de frente. Era una fila casi inagotable que abarcaba toda la carretera y se extendía hasta donde permitía la mirada. En los ojos de los militares no se anunciaba la victoria. Uniformes desgastados, caras pálidas y barbas de varios días, manos temblorosas que intentaban articular un símbolo de despedida.

 

–Che negro, por favor regálanos un pan, tenemos hambre.

 

Andrés se acercó mientras su mano generosa alargaba una hogaza.

 

–Héroe, ¿de dónde vienes y a dónde vas?


–Me llamo Leonardo soy de Chivilcoy y todos venimos de las Malvinas.


–No había comida… frío, mucho frío… atacaban con bombas…yo traté de salvarlo… tenía miedo… la noche asustaba… todos venían de un infierno congelado en las Malvinas.

 

Nunca supo cuántos camiones recorrió o por qué lo hizo. Los panes se multiplicaban junto con los abrazos y las manos que le agradecían. Los nombres de provincias, pueblos pequeños y ciudades se entrelazaban con apellidos y calles donde los que volvían deseaban regresar. Lágrimas o solo silencio, ojos que perdidos en la nada daban testimonio de una guerra donde todo se había perdido desde el principio.

 

Hay cosas que uno termina de entender con el tiempo. A veces porque una nota o un libro cae en tus manos y te revela un detalle, un dato que antes parecía nimio, una epifanía que recoge las piezas que no encajaban y las llena de sentido. En ese momento podemos reconstruir imágenes y recibir una respuesta que tal vez antes nadie nos dio.

 

Recordó la jaula que llevaba los mineros a la entrañas de Potosí. Una mina que asesinaba a los hombres o los devolvía convertidos en escoria. La guerra era igual, solo los muertos o los generales se cubrían de gloria, los demás sobrevivían para repetir en sus cabezas los horrores y pasar noches enteras recordando los nombres de los que no estaban.

 

Los camiones comenzaban a perderse en el horizonte. Las sonrisas devolvieron a esa calle un poco de dignidad antes de que todo volviera al silencio. Ese día Puerto Madryn se quedó sin pan.

 

El sol se ocultó silencioso, indiferente.

Publicado enEdición Nº254
Una lista negra de 7.000 sacerdotes acusados de abuso sexual en EE UU

Los fiscales investigan por su cuenta la pederastia en la Iglesia estadounidense y dejan cortas las cifras reveladas por las diócesis

Las diócesis de Estados Unidos han adoptado una práctica en los últimos meses: publicar un listado de los sacerdotes con "acusaciones creíbles" de abuso sexual a menores. La mayoría de los religiosos ya no viven o fueron removidos de sus labores eclesiásticas. BishopAccountability.org, un sitio web que rastrea todos los crímenes de esta índole en la Iglesia, afirma que la institución ha revelado hasta ahora cerca de 7.000 curas denunciados desde 1950, pero que seguramente la cifra es mucho mayor. Según los informes que maneja el portal, dedicado a recabar las cifras desde hace más de una década, el porcentaje de abusadores oscila entre el 6 y el 10%, lo que supondría hasta 11.000 curas pederastas. Las fiscalías estatales que investigan actualmente estos crímenes también han concluido que los listados están incompletos.


En la misa católica celebrada el primero de diciembre en Siracusa, Nueva York, el obispo Robert J. Cunningham hizo un anuncio parroquial que llamó la atención de los feligreses. Primero reconoció las divisiones que existen dentro de la Iglesia sobre si publicar o no los nombres de los sacerdotes con “acusaciones creíbles” de abuso sexual a niños, argumentando que algunas víctimas no quieren que se sepan quiénes fueron sus abusadores. “Tras reflexionar y orar seriamente, he llegado a la conclusión de que esta práctica se ha convertido en un obstáculo para hacer avanzar a nuestra Iglesia local”, afirmó el cura antes de informar de que en los próximos días el sitio web de la diócesis publicaría el listado de los clérigos denunciados en los últimos setenta años.


Cunningham cumplió con lo prometido. Pero su decisión está lejos de ser un caso aislado en Estados Unidos. Desde que se dio a conocer en agosto el brutal informe de Pensilvania en el que se revelaba que más de 300 sacerdotes abusaron de menores en las últimas siete décadas, los obispados se han visto presionados por laicos y feligreses a emprender acciones concretas en favor de las víctimas. La primera lista de este tipo se publicó en 2002. Hasta el 2017 solo 35 de las 187 diócesis que componen el cuerpo eclesiástico estadounidense habían hecho lo propio. Pero a partir del pasado agosto la cifra se disparó. En diciembre ya se habían registrado 90 listados y se sabe que la cifra es mayor, ya que casi a diario hay diócesis que se adhieren. También órdenes religiosas como los jesuitas.


BishopAccountability.org sostiene que la Iglesia ha revelado que hay cerca de 7.000 curas denunciados, pero solo 4.500 con nombre y apellido. Terry McKiernan, fundador de la organización, aclara que ese número es impreciso: “Conozco casos de sacerdotes abusadores que deberían aparecer en las listas y no están. Seguramente hay muchos que no sabemos”. Según los informes que maneja el experto, el porcentaje de profanadores oscila entre el 6 y el 10% de cada establecimiento.


El último escándalo eclesiástico respalda su planteamiento. Las seis diócesis de Illinois publicaron hace un tiempo un listado en el que identificaban a 185 religiosos con acusaciones creíbles. La fiscal general del Estado, Lisa Madigan, alertó en diciembre de la falsedad de la cifra y adelantó que, según sus investigaciones preliminares, la realidad es que al menos 500 sacerdotes han sido denunciados por haber abusado de menores. “Esperábamos que las cifras fueran así de dispares”, sostiene el abogado Jeff Anderson, quien lidera el bufete que lleva su nombre. “Cuando ellos dicen que no quieren publicar los nombres porque las víctimas no quieren que se sepa es una gran mentira. Llevo 25 años representando a sobrevivientes de abusos y nunca he conocido a uno que no quiera. Ese argumento es una excusa para no hacer lo que corresponde”, agrega.


En 2002 el cuerpo completo de obispos católicos de EE UU aprobó la Carta para la Protección de Niños y Jóvenes, que incluía la realización de un estudio descriptivo con la cooperación de las diócesis para conocer el alcance de los abusos sexuales a menores por parte del clero. El análisis reveló que el rango de depredadores era de entre un 3 y 6%, lo que supone 6.600 de los 110.000 miembros de la Iglesia en las últimas siete décadas. “La investigación de Pensilvania y de Illinois demuestran dos cosas: que si queremos saber la verdad son los fiscales los que tienen que hacer y publicar sus propios informes, y que la proporción de denunciados está mucho más cerca del 10%. Estamos hablando de unos 11.000 curas”, plantea McKiernan.


A pesar de los peros, el paso al frente de las diócesis ha sido bien recibido por aproximarse a la respuesta que merecen las víctimas. El informe de Pensilvania fue un punto de inflexión y parece no tener marcha atrás. El documento de 1.356 páginas, la investigación más exhaustiva que se ha llevado a cabo sobre el abuso sexual de la Iglesia católica en EE UU, se adentró en las cloacas clericales y destapó desde redes de sadomasoquismo hasta violaciones en hospitales. “No provocó un cambio cultural, ese está todavía por venir, pero sí logró un despertar en la gente. Inyectó coraje a las víctimas y ahora seguiremos presionando hasta que digan toda la verdad”, apunta Anderson.


El informe de Pensilvania ha llevado al menos a una docena de fiscales generales estatales pusieran en marcha investigaciones sobre abusos sexuales en sus respectivos territorios. En muchos casos, las acusaciones "no han sido investigadas adecuadamente por las diócesis o no han sido investigadas en absoluto", apuntaba la Fiscalía de Illinois. Para el abogado Anderson, la diferencia entre lo que publican las diócesis versus las fiscalías responde en parte a la colaboración de las víctimas, que tienden a ser más abiertas con los segundos.
En medio de la presión, los obispos estadounidenses se reunieron en noviembre para redefinir sus códigos. Entre las medidas propuestas figuraban nuevos “estándares de conducta episcopal”, la creación de una comisión para manejar las denuncias de abuso contra los obispos, y nuevos protocolos para los religiosos que son destituidos o que renuncian debido a una conducta sexual inapropiada. Antes de votar recibieron una carta del Vaticano en la que se les pedía que no acataran reformas hasta después de la cumbre que se celebrará en Roma en febrero con todas las Conferencias Episcopales del mundo para abordar la crisis desatada por los abusos a menores. Este viernes el papa Francisco aseguró que la Iglesia "no se cansará de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido tales crímenes”. Porque este año la bomba no solo estalló en Pensilvania. Ni en Illinois. También lo hizo en Chile, Irlanda y Australia. Y la lista, al igual que la de los clérigos acusados, no deja de crecer.

Por ANTONIA LABORDE
Washington 15 ENE 2019 - 10:11 COT

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Martes, 11 Diciembre 2018 05:11

70 años de derechos vulnerados

70 años de derechos vulnerados

Nadie discute los derechos humanos porque los derechos humanos comienzan a no querer decir nada, se ha subvertido su contenido


El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó, en París, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aunque es sobradamente conocido, resulta necesario recordar el contexto histórico de aquel momento. El mayor conflicto armado de la Historia acababa de terminar. La Segunda Guerra Mundial había arrasado gran parte de Europa y había provocado millones de muertes en todo el mundo. Es ahí cuando se aprueba la Declaración, con la esperanza de que ese catálogo de derechos, como valores aceptados por todos los pueblos, salvaría a la humanidad de volver a caer en la barbarie y la destrucción.

Setenta años después, la Declaración Universal ha alcanzado un grado de consenso generalizado. Tal realidad podríamos considerarla como un aspecto positivo. Tras siete décadas, prácticamente nadie en el espacio público de los países democráticos discute la primacía y la defensa de los derechos humanos. Pero, precisamente, su generalización ha supuesto un elemento problemático. Nadie discute los derechos humanos porque los derechos humanos comienzan a no querer decir nada, se ha subvertido su contenido.


Ya en 1998, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) celebró el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) con un cartel que utilizamos en aquella ocasión y donde sobresalía la frase “50 años sin derechos humanos”. Entonces no resultaba fácil prever que 20 años después tendríamos que volver a utilizar como lema algo parecido: “70 años de derechos vulnerados” y esto no por simple mimetismo, sino porque la realidad que nos muestra nuestra sociedad tras los últimos veinte años se encuentra cruzada de norte a sur y de levante a poniente por continuas violaciones de los derechos humanos.


Es verdad que hoy se habla hasta la saciedad de derechos humanos, pero a la vez se mantienen y defienden discriminaciones que los vulneran, desde el artículo primero que afirma que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Nadie dice estar en contra de los derechos humanos pero se articulan (y se sustentan con el voto) políticas que generan pobreza, que excluyen, que aumentan la desigualdad, que olvidan a los colectivos más desfavorecidos… Hasta los herederos de las víctimas del holocausto nazi desarrollan prácticas y políticas que se dirigen hacia el genocidio del pueblo palestino, con un obsceno mutismo internacional.


Por ello, con ocasión del 70 aniversario de aquella Declaración, nos atrevemos a concretar algunos de los nubarrones que se ciernen sobre la sociedad más cercana a nosotros.


Derechos vulnerados, 70 años después, en el Estado español


La libertad de expresión está sufriendo en nuestro país ataques sistemáticos desde numerosos sectores de nuestra sociedad. Es uno de los derechos cuyo respeto está retrocediendo, escondido tras un puritanismo inconcebible que pretende cercenar muchos avances conseguidos con dolor y esfuerzo en los últimos años. La todavía persistente Ley Mordaza y los reductos de leyes y comportamientos franquistas intentan acallar gritos y voces de libertad, dando amparo y cobertura a muchos de estos atentados.


Los discursos racistas y xenófobos se están apoderando con especial crudeza de determinados sectores mediáticos y políticos. Recientemente hemos asistido estupefactos a determinados discursos políticos que usan expresiones como “Vamos a barrer de inmigrantes nuestra ciudad”. Además, en las elecciones autonómicas andaluzas, por primera vez, un partido fascista y abiertamente racista, ha sacado 12 escaños. El valor y la defensa de los derechos humanos, como eje fundamental de convivencia y de justicia, se está desplazando hacia situaciones irreconocibles en nuestro país. Se está sustituyendo por conceptos tales como seguridad, confianza, patriotismo, que poco a poco se alejan del respeto a los derechos humanos.


La desigualdad social, con total desprecio del derecho a la justicia y dignidad, se asume con demasiada facilidad. Se ignoran o minusvaloran los datos de la desigualdad en el Estado español, plasmados en el reciente Informe AROPE 2018 que indica que “en 2017 la renta total del 20% de la población con mayores ingresos multiplica por 6.6 la renta total del 20% con menores ingresos”. Esto supone, según el mismo informe, que el 10% más rico de nuestro país dispone de la misma renta que la mitad más pobre de la población española. Y lo peor de todo es que esto se considera como un daño colateral, necesario para que las personas ricas y poderosas prosperen, a costa de lo que sea. Los derechos sociales en general, vivienda digna y accesible, sanidad universal eficiente y gratuita, derechos laborales eficaces… han perdido su capacidad revolucionaria y se han adaptado a un funcionamiento de la sociedad donde son otros los objetivos que orientan a muchos de nuestros políticos, que organizan y mantienen la “cosa pública” de espaldas totalmente a quienes se van quedando en las cunetas de esta loca carrera.


La pobreza, con rostros de personas que malviven y mueren en los portales y descampados de nuestras ciudades y pueblos, es otra realidad que nos impide vislumbrar que los derechos humanos están cediendo a la ignominia del egoísmo capitalista. Las últimas cifras que sitúan a muchos millones de personas bajo el paraguas de la pobreza no nos animan a considerar que se han dado pasos positivos en la dignificación de las personas. Las colas ante los comedores sociales en cualquiera de nuestras ciudades nos muestran cómo no se ha logrado considerar y tratar a las personas como sujetos de derechos. A veces se les arroja a una caridad mal entendida, que sólo consigue tranquilizar nuestras conciencias y desarmar nuestras justas luchas por la justicia.


La Frontera Sur, de la que forma parte nuestra Andalucía, se ha convertido en un espacio lleno de muerte y sufrimiento, obscenamente olvidado por quienes deberían poner freno a tanta locura y muerte. Como botón de muestra, las personas muertas o desaparecidas en el mar Mediterráneo durante el presente año, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), ascienden a 2.160. Si a esto añadimos la externalización de fronteras, como método de control de las migraciones, España y la UE se convierten en responsables de estas muertes y de las violaciones y torturas que se producen contra las personas que intentan poner en marcha su propio proceso migratorio en pro de la libertad y la dignidad. Las políticas migratorias de la UE, compartidas por España, se orientan fundamentalmente a impedir que las personas puedan llegar a nuestras costas por medios seguros. Se ha optado decididamente por implantar mecanismos que dificulten estas llegadas, aunque están amparadas en el artículo 13 de la DUDH. Con esta finalidad y con el apoyo de la Unión Europea y los países que la componen, se quiere sustituir el derecho a migrar de las personas por un afán único y desmedido de seguridad interna. Se trata de una falta de solidaridad europea que, en combinación con las políticas de austeridad, alimenta la xenofobia y el racismo que triunfan en determinados ámbitos de la Unión Europea.


No pasamos por alto la reciente visita del presidente de Gobierno a Marruecos donde, haciendo alarde de una tremenda hipocresía, ha ratificado la supremacía de las soberanías estatales por encima del derecho a la libertad de circulación de las personas, así como otros muchos derechos humanos, que se esfuman por completo tras pretendidos intereses estratégicos y económicos.


No podemos olvidar por otra parte que la UE tiene mucha responsabilidad en las causas que provocan estos movimientos migratorios con políticas colonialistas que secularmente ha desarrollado, provocando el saqueo de materias primas y recursos naturales de los países de donde llegan estas personas.


Aunque, afortunadamente, el feminismo y el ecologismo tienen hoy un reconocimiento duramente conseguido y trabajado, amplias capas de la sociedad los consideran todavía como un adorno y un lujo suplementario en la lucha por una sociedad en la que no primen los fines egoístas y mercantilistas. En este sentido no se duda en dificultar el acceso efectivo e igualitario de la mujer al mundo laboral. En otros casos, la instrumentalización que del feminismo se realiza desde diferentes poderes públicos y políticos está despojándolo de su carácter cuestionador y transformador. El feminismo se emplea como etiqueta incuestionable que ampara políticas que ahondan en la desigualdad y la exclusión de colectivos de mujeres como las trabajadoras sexuales.


Por otra parte, y para incidir en el retroceso en el cumplimiento de los derechos humanos, asistimos con alarma a la negación de determinadas medidas aprobadas y prometidas como inmediatas y fundamentales por nuestro actual Gobierno, pero que la realidad del día a día está desmontando. Nos referimos a la recuperación de la justicia universal, tristemente eliminada por el anterior Ejecutivo, y apoyada hasta la saciedad por el actual cuando estaba en la oposición. Parecida suerte está sufriendo la repetida promesa por parte del actual Gobierno de la derogación de la Ley Mordaza, que hoy se pierde y se olvida en los recovecos de la nada. No digamos de la repetida promesa de revertir la prisión permanente revisable realizada por el actual Gobierno antes de llegar al poder. Ahí continúa. Por último, apuntemos la repetida indignación que provocaba en las huestes socialistas las repetidas y variadas formas de devolución en caliente de las personas migrantes que conseguían entrar en nuestro país. Todavía se oyen los gritos en el cielo cuando el PP introdujo de matute la legalización de esta práctica en la Ley Mordaza. Ahora asistimos con asombro e indignación a las devoluciones en caliente que el Gobierno camufla indecentemente en cumplimiento de un acuerdo con Marruecos de hace decenas de años. Y qué diremos de la repetida promesa de eliminar las concertinas…


Sonrojo produce asistir al espectáculo que nos ofrece gran parte de la clase política cuando, aún sosteniendo la defensa a ultranza de los derechos humanos, hace aguas cuando esta defensa choca con intereses económicos. Para ellos, la protección de los derechos humanos está justificada mientras que en la ecuación no entren el dinero y las prebendas que, por ejemplo, se reciben por la venta de armas.


Las vulneraciones de derechos en el resto del mundo


Si extendemos la mirada, acción por otra parte indispensable, al ancho mundo, no podemos sino horrorizarnos por el grado de violaciones al que asistimos. Sería difícil realizar un catálogo de todas estas, pero no podemos menos que resaltar entre ellas el nivel que está alcanzando la xenofobia y el racismo en Gobiernos que hasta ahora, por lo menos, intentaban disimularlo de algún modo. El fenómeno Trump, que por supuesto supera al ámbito de Estados Unidos, es la plasmación más virulenta de la destrucción de los derechos humanos como valores de los que un día se esperaba que naciera un mundo mejor y más justo. Fenómeno que se está reproduciendo como hongos en diferentes lugares de la Tierra: Brasil, Centroamérica con una marcha por la dignidad que se intenta acallar y neutralizar - o la aparición en diferentes países de Europa de Gobiernos claramente escorados hacia la violación de derechos fundamentales, con sus propios vecinos y con aquellos que pretenden llegar a serlo. El “nosotros primero”, como germen de desprecio y de odio hacia las otras personas, está infiltrándose en las entrañas de una sociedad que nos hubiera gustado que fuera capaz de acoger las diferencias y apoyar sus deseos de dignidad y justicia.


Podríamos continuar señalando muchas otras nubes oscuras, cargadas de injusticias y violaciones de los derechos humanos que justifican que hoy, 70 años después de la proclamación de la Carta de los Derechos Humanos tengamos que mantener aquel “50 años sin derechos humanos”, como diagnóstico cruel del estado de nuestra sociedad más cercana.


Pero porque no queremos que el pesimismo nos arrebate la ilusión de que todavía “otro mundo es posible”, nos atrevemos desde estas líneas a invitar y a exigir a cuantas personas creemos en la dignidad del ser humano, y en la validez de los derechos humanos como fundamento del comportamiento de las personas y de los pueblos, a continuar nuestro esfuerzo y nuestra lucha. Nos oponemos a que nuestro sueño se acabe, y en esa línea continuaremos con nuestra batalla.

 

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La economía del bienestar y la política económica colombiana

Corridos dos meses y algunos días del gobierno de Iván Duque, con sus anunciadas reformas nos permite entender sus reales propósitos al frente de la jefatura nacional, a pesar de su conciliadora forma de hablar. Las reformas pensional, en salarios y en impuestos están pensadas para favorecer a los más ricos y embaucar a los más pobres. Lejos de un necesario Estado de Bienestar nos adentramos en uno cada vez más excluyente e injusto.

 

En momentos en que políticas claramente regresivas en lo social y colectivo ganan espacio por todo el mundo, el debate sobre la función del Estado retoma vigencia. En Colombia, como parte de ese todo conocido como planeta Tierra, las regresiones sociales siempre están a la orden del día, y el gobierno de Iván Duque no se aleja de ello, tanto con la anunciada ampliación del IVA a todos los productos, incluyendo la canasta básica, y reducir la tarifa de renta a las personas jurídicas, pero aumentarla para personas naturales disminuyendo la base gravable hasta ingresos de más de 1.9 millones mensuales; como con la pretensión de clientelizar aún más la entrega de subsidios a los sectores más requeridos de ellos, así como con una reforma pensional que pretende incrementar los años de edad y trabajo para poder acceder a pensión, a la para que acabar Colpensiones, dejándole libre tal “negocio” al capital nacional e internacional.

 

De esta manera, con un gasto social cada vez más manipulado, ineficiente por sus montos pero también por la canalización que del mismo logra el sistema financiero, el actual gobierno apunta hacia crear mayores oportunidades de lucro para los gremios y menor bienestar para la clase trabajadora.

 

El Estado de Bienestar

 

Estamos ante todo un contrasentido. Como es conocido, el gasto público social es muy importante para hacer del capitalismo un modelo económico sostenible. Aquel gasto que se destina a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos se conoce como Estado de Bienestar y consiste en un paquete de programas y estrategias que está presente en varios sectores: hacienda, educación, salud, pensional y laboral. El Estado de Bienestar es una herramienta que ayuda a construir sociedades con menor exposición a las fuertes y más frecuentes crisis que han resultado de la aplicación del modelo neoliberal.

 

Los defensores del libre mercado cuestionan el Estado de Bienestar porque ven en el gasto social una carga que desestabiliza las finanzas públicas y no permite alcanzar un mayor crecimiento económico. Desde los años ochenta los ataques en contra de este tipo de Estado han sido más intensos y la presencia de gremios poderosos son más evidentes en la gestión gubernamental. La Gran Recesión de 2008 demostró lo nocivo que es este proyecto para la clase media y de bajos ingresos. No obstante, diez años después las mismas fórmulas siguen lideradas por partidos de extrema derecha y contradictoriamente reciben un fuerte respaldo popular que está derivando en un nuevo orden mundial liderado por esta ideología.

 

Desde Adam Smith, el padre de la economía, se reconoció que el gobierno está creado para la defensa de los ricos contra los pobres. La consigna más usada por la ultraderecha es que el gasto público no es necesario porque si una economía crece todos se benefician. Según ellos, quienes hacen crecer la economía son los capitalistas que toman las decisiones de producción y trasmiten una buena perspectiva de negocios a la clase trabajadora mediante la generación de mayor empleo. Por esta razón la punta de lanza de sus propuestas es la reducción de los impuestos a los ricos. La defensa de esta postura no se traduce en un mayor beneficio para todos por igual sino en la posibilidad de que los más ricos continúen acumulando mayor riqueza a expensas de peores condiciones de vida para los pobres y la clase media.

 

Si la desigualdad aumenta y no existe un Estado de Bienestar, la clase trabajadora en conjunto disminuye su productividad afectando el crecimiento económico porque no tienen como enfrentar situaciones adversas si caen en el desempleo, si se deteriora su salud, si no existe acceso a programas para su capacitación y desarrollo de habilidades, si el ahorro para la vejez está en entredicho, etcétera. John Maynard Keynes vio como un aliado para atenuar los efectos de los ciclos económicos además de una política fiscal agresiva, la reducción de la desigualdad porque ésta a través de impuestos progresivos (el que más tiene más paga) mejora el ingreso disponible de la clase trabajadora y les permite que su demanda sea mayor, estimulando así la producción y el crecimiento económico.

 

Es claro entonces que la clase trabajadora debe apoyar una política económica que esté a favor de reducir los niveles de desigualdad y esa opción no es la que propone la ultraderecha. Ellos afirman que el apoyo estatal estimula el conformismo y la holgazanería y que esto resta las posibilidades para que los pobres dejen de serlo. Nada más falaz, puesto que por más empeño y disciplina que pueda tener una persona pobre, sin acceso a la educación, a la salud, y en general a sus derechos fundamentales, no es posible que alcance un nivel deseable de acumulación de riqueza.

 

Sin embargo, la sofisticación ha sido tal que de muchas formas han hecho creer a los pobres que su condición está merecida porque deben trabajar más para llegar a ser ricos. Esta falsa conciencia introducida por los medios, las TICs, los discursos políticos y religiosos, y algunos sectores educativos, explican el respaldo popular que están teniendo las iniciativas de ultraderecha, tales como un estricto ajuste fiscal, mayores impuestos y menor gasto social.

 

En el periodo que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta la década de los setenta, el capitalismo mundial alcanzó las mayores tasas de crecimiento en toda su historia. Fue una época en la que la política macroeconómica keynesiana se impuso y muchos países desarrollaron sus Estados de Bienestar, el desempleo también se mantuvo en niveles históricamente bajos y la inflación en niveles bajos y estables. Esa estabilidad fue el resultado de un consenso en el que el Estado es un actor importante en el desarrollo de los países.

 

El gasto público social era mayor que lo que es hoy. Para 1950 en Alemania, Holanda y Reino Unido se invertía como proporción del PIB respectivamente 30, 27 y 34 por ciento respectivamente. Para 2016 el mismo gasto para los mismos países pasó a ser respectivamente 25, 22 y 21 por ciento. El cambio de tendencia lo marcó la década de los ochentas debido a la presencia de brotes inflacionarios que llevó a que la política monetaria de Milton Friedman desplazara a la política fiscal de Keynes. Y desde entonces se priorizó la estabilidad de precios como el objetivo supremo de la política económica.

 

Esta dinámica ha continuado hasta nuestros días y los países emblemáticos del Estado de Bienestar como Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia no han sido ajenos a ella. Mientras que en 1980 destinaban en promedio 42 por ciento de sus ingresos al gasto social ahora lo hacen a una tasa de 28 por ciento. El desmonte del Estado de Bienestar ha venido acompañado de medidas de reducción del poder sindical, de la flexibilización del mercado laboral y de la eliminación del control de capitales.

 

Aunque en las últimas tres décadas se haya logrado controlar la inflación, el costo es demasiado alto porque se han multiplicado las crisis financieras, que a su vez han minado la calidad de vida de muchas personas debido a mayores niveles de endeudamiento, quiebras y desempleo. De otro lado el efecto de las medidas neoliberales sobre el crecimiento económico no es el deseado. Entre 1980 y el 2008 Suecia mantuvo estable su gasto público social alrededor de 47 por ciento mientras que Estados Unidos, defensor de un Estado de Bienestar reducido, invirtió solo el 15 por ciento. El resultado en términos de crecimiento fue de 2.4 por ciento para Suecia en el periodo 2000 a 2008 mientras que el de Estados Unidos fue 1.8.



En Colombia, desigualdad creciente

 

En el debate público colombiano la clase dirigente ha señalado a Suecia como referente para las reformas tributarias, pero guarda silencio respecto del nivel de su gasto público en temas sociales. El Ministro Alberto Carrasquilla, que en reciente debate de control político fue acusado de enriquecerse con los Bonos Agua por más de 70 mil millones de pesos, ha propuesto una reforma tributaria de inspiración neoliberal en la que se plantea aplicar el impuesto al valor agregado IVA a todos los productos incluyendo la canasta básica, y reducir la tarifa de renta a las personas jurídicas, pero aumentarla para personas naturales disminuyendo la base gravable hasta ingresos de más de 1.9 millones mensuales.

 

Los defensores de estas propuestas mencionan que Suecia tiene una carga impositiva de 22 por ciento para las empresas, 60 por ciento para las personas naturales y un IVA de 25 por ciento. Mientras que para Colombia las tasas máximas correspondientes para esos mismos impuestos son respectivamente, 34, 35 y 19 por ciento. Pero lo que no mencionan estos análisis es que la estructura tributaria sueca corrige fuertemente la desigualdad que tiende a generar el modelo capitalista. En 2016 la desigualdad del ingreso sueco medida por Gini fue de 0.42 pero después de aplicar impuestos y subsidios el ingreso disponible de los suecos pasó a ser mucho más equitativo (un Gini de 0.23). Por el contrario la desigualdad del ingreso colombiano no es corregida ni por el estatuto tributario ni por el gasto público social, sino que más bien tiende a empeorar y deja por resultado que el 1 por ciento de los colombianos concentre el 44 por ciento de la riqueza del país.

 

La regresividad colombiana es tal que el aumento del IVA en un punto porcentual deteriora la desigualdad en 1.2 puntos porcentuales, aún con esto la reforma tributaria de Santos pasó de un IVA de 16 a uno de 19 por ciento. Frente al impacto negativo del IVA el Ministro Carrasquilla anunció ante al gremio de banqueros en Cartagena, que gravaría con IVA y sin excepción todos los productos y después devolvería el monto subsidiado de la canasta básica al sector de bajos ingresos (que estiman en 11% de sus ingresos) a través de programas como Familias en Acción y exigiendo su bancarización.

 

Es una propuesta deficiente y malintencionada. Deficiente, porque es difícil o imposible individualizar el gasto que los hogares hacen mensualmente por concepto de la canasta básica de alimentos. Malintencionada, porque esta decisión genera lucro para los establecimientos de crédito mediante la cuota de manejo de una mayor población bancarizada, y porque fortalece el programa clientelista creado con la primera administración Uribe –que contaba con 300 mil familias en el 2002 y pasó a reunir 4 millones hoy.



La corrupción es un fenómeno muy costoso para los colombianos, representa cerca de 50 billones de pesos cada año, una cantidad muy similar a la que recauda el país por impuesto de renta. Es decepcionante que exista en el gabinete actual un Ministro de Hacienda con cualidades éticas cuestionables, con espacio político gubernamental para proponer reformas nocivas para la mayoría de los ciudadanos y cuyo partido político obstruye la moción de censura para removerlo de su cargo. Es desconcertante que existan líderes políticos que hayan defendido el “no” a la consulta anticorrupción, y que frente a la impopularidad de las propuestas de Carrasquilla hayan impulsado un proyecto de ley que en apariencia beneficia a la clase trabajadora –mediante la búsqueda de un incremento extraordinario del salario mínimo–, cuando lo que busca es beneficiar a los fondos privados que administran pensiones y cesantías debido a que el incremento no lo puede usar el trabajador en efectivo sino que se abona a sus cesantías. Esto sin contar que con la reforma pensional se está buscando eliminar a Colpensiones con el fin de apartar esta incómoda competencia para los fondos privados.

 

En resumen las reformas del presente gobierno, y de su partido político, apuntan a introducir mayores oportunidades de lucro para los gremios y menor bienestar para la clase trabajadora. Pese a que nuestra Constitución Política podría ser muy similar a la de los países nórdicos –pioneros en la construcción del Estado de Bienestar–, desde su misma creación en 1991 la clase dirigente interpone obstáculos para que estos principios no se materialicen en la práctica. Las propuestas del presidente Duque son al extremo regresivas y su administración se anticipa al inconformismo que van a generar acudiendo a la idea de una “regulación” de la protesta, y a una reforma a la justicia que limita la acción de tutela con la que la ciudadanía, como último recurso legal, reclama ante los jueces (ya que la mayoría de los políticos favorecen con sus acciones a los más ricos), sus derechos fundamentales.

 

Edición completa desdeabajo Nº 251, octubre 20 - noviembre 20 de 2018

https://www.desdeabajo.info/ediciones/itemlist/category/345-edicion-n-251.html

 

 

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La economía del bienestar y la política económica colombiana

Corridos dos meses y algunos días del gobierno de Iván Duque, con sus anunciadas reformas nos permite entender sus reales propósitos al frente de la jefatura nacional, a pesar de su conciliadora forma de hablar. Las reformas pensional, en salarios y en impuestos están pensadas para favorecer a los más ricos y embaucar a los más pobres. Lejos de un necesario Estado de Bienestar nos adentramos en uno cada vez más excluyente e injusto.

 

En momentos en que políticas claramente regresivas en lo social y colectivo ganan espacio por todo el mundo, el debate sobre la función del Estado retoma vigencia. En Colombia, como parte de ese todo conocido como planeta Tierra, las regresiones sociales siempre están a la orden del día, y el gobierno de Iván Duque no se aleja de ello, tanto con la anunciada ampliación del IVA a todos los productos, incluyendo la canasta básica, y reducir la tarifa de renta a las personas jurídicas, pero aumentarla para personas naturales disminuyendo la base gravable hasta ingresos de más de 1.9 millones mensuales; como con la pretensión de clientelizar aún más la entrega de subsidios a los sectores más requeridos de ellos, así como con una reforma pensional que pretende incrementar los años de edad y trabajo para poder acceder a pensión, a la para que acabar Colpensiones, dejándole libre tal “negocio” al capital nacional e internacional.

 

De esta manera, con un gasto social cada vez más manipulado, ineficiente por sus montos pero también por la canalización que del mismo logra el sistema financiero, el actual gobierno apunta hacia crear mayores oportunidades de lucro para los gremios y menor bienestar para la clase trabajadora.

 

El Estado de Bienestar

 

Estamos ante todo un contrasentido. Como es conocido, el gasto público social es muy importante para hacer del capitalismo un modelo económico sostenible. Aquel gasto que se destina a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos se conoce como Estado de Bienestar y consiste en un paquete de programas y estrategias que está presente en varios sectores: hacienda, educación, salud, pensional y laboral. El Estado de Bienestar es una herramienta que ayuda a construir sociedades con menor exposición a las fuertes y más frecuentes crisis que han resultado de la aplicación del modelo neoliberal.

 

Los defensores del libre mercado cuestionan el Estado de Bienestar porque ven en el gasto social una carga que desestabiliza las finanzas públicas y no permite alcanzar un mayor crecimiento económico. Desde los años ochenta los ataques en contra de este tipo de Estado han sido más intensos y la presencia de gremios poderosos son más evidentes en la gestión gubernamental. La Gran Recesión de 2008 demostró lo nocivo que es este proyecto para la clase media y de bajos ingresos. No obstante, diez años después las mismas fórmulas siguen lideradas por partidos de extrema derecha y contradictoriamente reciben un fuerte respaldo popular que está derivando en un nuevo orden mundial liderado por esta ideología.

 

Desde Adam Smith, el padre de la economía, se reconoció que el gobierno está creado para la defensa de los ricos contra los pobres. La consigna más usada por la ultraderecha es que el gasto público no es necesario porque si una economía crece todos se benefician. Según ellos, quienes hacen crecer la economía son los capitalistas que toman las decisiones de producción y trasmiten una buena perspectiva de negocios a la clase trabajadora mediante la generación de mayor empleo. Por esta razón la punta de lanza de sus propuestas es la reducción de los impuestos a los ricos. La defensa de esta postura no se traduce en un mayor beneficio para todos por igual sino en la posibilidad de que los más ricos continúen acumulando mayor riqueza a expensas de peores condiciones de vida para los pobres y la clase media.

 

Si la desigualdad aumenta y no existe un Estado de Bienestar, la clase trabajadora en conjunto disminuye su productividad afectando el crecimiento económico porque no tienen como enfrentar situaciones adversas si caen en el desempleo, si se deteriora su salud, si no existe acceso a programas para su capacitación y desarrollo de habilidades, si el ahorro para la vejez está en entredicho, etcétera. John Maynard Keynes vio como un aliado para atenuar los efectos de los ciclos económicos además de una política fiscal agresiva, la reducción de la desigualdad porque ésta a través de impuestos progresivos (el que más tiene más paga) mejora el ingreso disponible de la clase trabajadora y les permite que su demanda sea mayor, estimulando así la producción y el crecimiento económico.

 

Es claro entonces que la clase trabajadora debe apoyar una política económica que esté a favor de reducir los niveles de desigualdad y esa opción no es la que propone la ultraderecha. Ellos afirman que el apoyo estatal estimula el conformismo y la holgazanería y que esto resta las posibilidades para que los pobres dejen de serlo. Nada más falaz, puesto que por más empeño y disciplina que pueda tener una persona pobre, sin acceso a la educación, a la salud, y en general a sus derechos fundamentales, no es posible que alcance un nivel deseable de acumulación de riqueza.

 

Sin embargo, la sofisticación ha sido tal que de muchas formas han hecho creer a los pobres que su condición está merecida porque deben trabajar más para llegar a ser ricos. Esta falsa conciencia introducida por los medios, las TICs, los discursos políticos y religiosos, y algunos sectores educativos, explican el respaldo popular que están teniendo las iniciativas de ultraderecha, tales como un estricto ajuste fiscal, mayores impuestos y menor gasto social.

 

En el periodo que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta la década de los setenta, el capitalismo mundial alcanzó las mayores tasas de crecimiento en toda su historia. Fue una época en la que la política macroeconómica keynesiana se impuso y muchos países desarrollaron sus Estados de Bienestar, el desempleo también se mantuvo en niveles históricamente bajos y la inflación en niveles bajos y estables. Esa estabilidad fue el resultado de un consenso en el que el Estado es un actor importante en el desarrollo de los países.

 

El gasto público social era mayor que lo que es hoy. Para 1950 en Alemania, Holanda y Reino Unido se invertía como proporción del PIB respectivamente 30, 27 y 34 por ciento respectivamente. Para 2016 el mismo gasto para los mismos países pasó a ser respectivamente 25, 22 y 21 por ciento. El cambio de tendencia lo marcó la década de los ochentas debido a la presencia de brotes inflacionarios que llevó a que la política monetaria de Milton Friedman desplazara a la política fiscal de Keynes. Y desde entonces se priorizó la estabilidad de precios como el objetivo supremo de la política económica.

 

Esta dinámica ha continuado hasta nuestros días y los países emblemáticos del Estado de Bienestar como Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia no han sido ajenos a ella. Mientras que en 1980 destinaban en promedio 42 por ciento de sus ingresos al gasto social ahora lo hacen a una tasa de 28 por ciento. El desmonte del Estado de Bienestar ha venido acompañado de medidas de reducción del poder sindical, de la flexibilización del mercado laboral y de la eliminación del control de capitales.

 

Aunque en las últimas tres décadas se haya logrado controlar la inflación, el costo es demasiado alto porque se han multiplicado las crisis financieras, que a su vez han minado la calidad de vida de muchas personas debido a mayores niveles de endeudamiento, quiebras y desempleo. De otro lado el efecto de las medidas neoliberales sobre el crecimiento económico no es el deseado. Entre 1980 y el 2008 Suecia mantuvo estable su gasto público social alrededor de 47 por ciento mientras que Estados Unidos, defensor de un Estado de Bienestar reducido, invirtió solo el 15 por ciento. El resultado en términos de crecimiento fue de 2.4 por ciento para Suecia en el periodo 2000 a 2008 mientras que el de Estados Unidos fue 1.8.



En Colombia, desigualdad creciente

 

En el debate público colombiano la clase dirigente ha señalado a Suecia como referente para las reformas tributarias, pero guarda silencio respecto del nivel de su gasto público en temas sociales. El Ministro Alberto Carrasquilla, que en reciente debate de control político fue acusado de enriquecerse con los Bonos Agua por más de 70 mil millones de pesos, ha propuesto una reforma tributaria de inspiración neoliberal en la que se plantea aplicar el impuesto al valor agregado IVA a todos los productos incluyendo la canasta básica, y reducir la tarifa de renta a las personas jurídicas, pero aumentarla para personas naturales disminuyendo la base gravable hasta ingresos de más de 1.9 millones mensuales.

 

Los defensores de estas propuestas mencionan que Suecia tiene una carga impositiva de 22 por ciento para las empresas, 60 por ciento para las personas naturales y un IVA de 25 por ciento. Mientras que para Colombia las tasas máximas correspondientes para esos mismos impuestos son respectivamente, 34, 35 y 19 por ciento. Pero lo que no mencionan estos análisis es que la estructura tributaria sueca corrige fuertemente la desigualdad que tiende a generar el modelo capitalista. En 2016 la desigualdad del ingreso sueco medida por Gini fue de 0.42 pero después de aplicar impuestos y subsidios el ingreso disponible de los suecos pasó a ser mucho más equitativo (un Gini de 0.23). Por el contrario la desigualdad del ingreso colombiano no es corregida ni por el estatuto tributario ni por el gasto público social, sino que más bien tiende a empeorar y deja por resultado que el 1 por ciento de los colombianos concentre el 44 por ciento de la riqueza del país.

 

La regresividad colombiana es tal que el aumento del IVA en un punto porcentual deteriora la desigualdad en 1.2 puntos porcentuales, aún con esto la reforma tributaria de Santos pasó de un IVA de 16 a uno de 19 por ciento. Frente al impacto negativo del IVA el Ministro Carrasquilla anunció ante al gremio de banqueros en Cartagena, que gravaría con IVA y sin excepción todos los productos y después devolvería el monto subsidiado de la canasta básica al sector de bajos ingresos (que estiman en 11% de sus ingresos) a través de programas como Familias en Acción y exigiendo su bancarización.

 

Es una propuesta deficiente y malintencionada. Deficiente, porque es difícil o imposible individualizar el gasto que los hogares hacen mensualmente por concepto de la canasta básica de alimentos. Malintencionada, porque esta decisión genera lucro para los establecimientos de crédito mediante la cuota de manejo de una mayor población bancarizada, y porque fortalece el programa clientelista creado con la primera administración Uribe –que contaba con 300 mil familias en el 2002 y pasó a reunir 4 millones hoy.



La corrupción es un fenómeno muy costoso para los colombianos, representa cerca de 50 billones de pesos cada año, una cantidad muy similar a la que recauda el país por impuesto de renta. Es decepcionante que exista en el gabinete actual un Ministro de Hacienda con cualidades éticas cuestionables, con espacio político gubernamental para proponer reformas nocivas para la mayoría de los ciudadanos y cuyo partido político obstruye la moción de censura para removerlo de su cargo. Es desconcertante que existan líderes políticos que hayan defendido el “no” a la consulta anticorrupción, y que frente a la impopularidad de las propuestas de Carrasquilla hayan impulsado un proyecto de ley que en apariencia beneficia a la clase trabajadora –mediante la búsqueda de un incremento extraordinario del salario mínimo–, cuando lo que busca es beneficiar a los fondos privados que administran pensiones y cesantías debido a que el incremento no lo puede usar el trabajador en efectivo sino que se abona a sus cesantías. Esto sin contar que con la reforma pensional se está buscando eliminar a Colpensiones con el fin de apartar esta incómoda competencia para los fondos privados.

 

En resumen las reformas del presente gobierno, y de su partido político, apuntan a introducir mayores oportunidades de lucro para los gremios y menor bienestar para la clase trabajadora. Pese a que nuestra Constitución Política podría ser muy similar a la de los países nórdicos –pioneros en la construcción del Estado de Bienestar–, desde su misma creación en 1991 la clase dirigente interpone obstáculos para que estos principios no se materialicen en la práctica. Las propuestas del presidente Duque son al extremo regresivas y su administración se anticipa al inconformismo que van a generar acudiendo a la idea de una “regulación” de la protesta, y a una reforma a la justicia que limita la acción de tutela con la que la ciudadanía, como último recurso legal, reclama ante los jueces (ya que la mayoría de los políticos favorecen con sus acciones a los más ricos), sus derechos fundamentales.

Publicado enEdición Nº251
Colombia: hambre y desmantelamiento del Estado social

La situación social en Colombia golpea a los más humildes, mientras desde el gobierno y los círculos de poder disfrutan las ganancias de la violencia.


Las cifras igual que los muertos, los caminos o el curso de los ríos cuentan cosas, tienen historias. Así ocurre con los datos de la desatención en salud, precarización del trabajo, desfinanciación de la educación, ejecuciones legales y extralegales, y el hambre y la miseria que ponen al descubierto una política de exterminio forjada en el largo plazo sobre gente marcada como prescindible, sobrante, que sin saberlo saca a la luz la desigualdad y el déficit democrático. Con la reciente dictadura que avanza con un discurso de poder que suma odio con leyes de venganza, nada cambiará y Colombia tenderá, a menos que haya un colapso estructural, a seguir siendo anunciada como “un país entre el hambre y el desperdicio de comida”(título de un informe periodístico de El Tiempo, de octubre de 2018), que señala que “150 indígenas colombianos y venezolanos” desde hace dos años se alimentan de residuos que disputan con chulos y ratas en el basurero de Puerto Carreño. Es el hambre que no reconoce fronteras, y permanece a la vista del mundo, como lo repasa el film La Pesadilla de Darwin, donde en el África (como en Colombia) la guerra produjo hambre donde había paz y abundancia, y a los nativos pescadores les quedó sacar del basurero las espinas sin carne del pescado. Son 815 millones de personas con hambre en el planeta y aunque la comida alcance para alimentar dos veces a la población entera, hay un genocidio del que son responsables los detentadores del poder y la riqueza.


El hambre en Colombia existe. Lo padecen 3,2 millones de personas sin seguridad alimentaria. Son cerca del siete por ciento de población, subalimentada, con privación crónica de alimentos (según datos de la FAO), que aprendieron a sobrevivir mientras las viejas armas se comían el presupuesto de su alimento y las nuevas amenazan con comerse las oportunidades de niños, jóvenes y viejos. Adicionalmente, la opulencia de pocos desperdicia 300.000 toneladas diarias de comida, suficientes para alimentar a ocho millones de este país y en Venezuela. La clase política, ante la indignante cifra del hambre, padecida “en democracia”, no intenta siquiera atacar el problema de fondo promoviendo límites al enriquecimiento que la provoca, sino que anuncia tramitar una ley que prohíba desperdiciar la comida. Algo similar, inútil y despreciable, ocurrió en 1918 con un decreto que prohibía la mendicidad en Bogotá, sin la menor preocupación por cambiar las condiciones que provocan el fenómeno. Los nazis, igual de audaces, crearon guetos con judíos y luego organizaron paseos para convencerse que matarlos por hambre era la solución. La trampa del poder es convocar a mirar a otro lado, y tratar solo con paliativos las consecuencias sin el menor acercamiento a las causas.


Son 3,2 millones de hambrientos en Colombia, cifra suficiente para cuestionar los anuncios de avance en democracia, inclusión y respeto a los derechos. La cifra pone de relieve que la solución a problemas endémicos, convertidos en violencias contra la niñez, es orientar la política a tratar las causas y crear condiciones de garantía y protección, que justamente el gobierno no asume porque es ideológicamente contrario a las soluciones requeridas. No promueve paz, equidad, ni eliminación de las barreras de discriminación y exclusión que producen hambre, miseria y violencia contra los débiles, porque su poder no responde al interés ciudadano, sino al de mafias y partidos comprometidos con corrupción y criminalidad, que no demandan nada distinto que no sea en beneficio propio.


En lo recorrido del siglo XXI las estructuras de desigualdad han permanecido estables, con insignificantes cambios en las desalentadoras cifras de una realidad que no se resuelve con discursos de odio, populismo punitivo, ni las salidas de guerra que pretenden acabar el hambre con balas y la marginalidad alistando soldados. El 10 por ciento de niños padecen desnutrición crónica que afecta su presente corporal e intelectual y el futuro propio y del país; 2,5 millones de niños tienen algún tipo de limitación especial de carácter cognitivo, sensorial o motor por el que son discriminados; y más de 35.000 niños son explotados sexualmente por mafias que lavan sus ganancias en la economía legal; otros 35.000 (o quizá parte de los mismos) pasan la mayor parte de su tiempo y de su vida en la calle y fueron y siguen siendo maltratados y humillados; del millón de niños que fueron desplazados forzados durante la última década del siglo XX no hay rastro (datos de Unicef sobre la niñez en Colombia).


Al agrupar los datos, la realidad resulta todavía más crítica, porque no hay interés expreso del Estado en ofrecer garantías de solución mediante el acceso a bienes materiales para superar carencias conforme a la universalidad que exigen los derechos para todos. Las cifras reales (distan de datos formales que cambian metodológicas para maquillar informes) y su tendencia es similar en la década, con un promedio de 14,5 millones de personas en condiciones de pobreza y 4,5 millones en indigencia. En el todo de la desigualdad, 10 millones de personas (una de cada cinco) son las víctimas del conflicto armado, a las que el “No” del plebiscito por la paz les arrebató la posibilidad del pleno reconocimiento de personas con derechos y otra vez son negadas, revictimizadas, porque el gobierno se opone a la paz conquistada. De entre las víctimas, más de 7,5 millones son desplazados forzados que huyen, no van en grupos por las carreteras porque los matan, se camuflan en cordones de miseria, aprenden a sobrevivir como invisibles. Otros tantos excluidos y hambrientos “sobreviven” en alcantarillas, arboles, andenes, plazas, parques, botaderos de escombros o en basureros. Solo en Bogotá son más de 10.000, “habitantes de calle” en la miseria total, absoluta, sin sueños ni esperanzas, sin sentido de realidad, expuestos a la vida biológica, sin nada, sin agua, ni comida, ni ducha, ni letrina, sin lavarse los dientes o usar desodorante, sin intimidad, sin prendas de vestir. Seres que cada vez que respiran contradicen las teorías de la capacidad del cuerpo humano para resistir y de la mente para existir como sobrevivientes. Son colombianos, hombres y mujeres, sin patria, ajenos, marginados, no están locos, ni todos son drogadictos, ni ladrones, ni potenciales violadores; es gente despojada a la que el sistema de poder en su codicia e indiferencia extirpó su humanidad.


El gobierno y los beneficiarios del poder del Estado y de la riqueza del país, no se conmueven con estas cifras. No están en sus cuentas ni en su programa de gobierno. Solucionar esta realidad no ocupa su interés, como tampoco saciar el hambre ajeno les mejora sus ingresos; sin ellos se quedarían sin con quién experimentar juegos de guerra de verdad, sin su cantera de pobres, hambrientos y víctimas no tendrían asegurado su futuro.


Las cifras muestran el desmantelamiento del Estado social, porque del Estado de derecho queda muy poco. La verdad oficial es montada con falsificaciones, ofrece leyes donde se necesita comida y entrega odio donde debía florecer la paz. Los medios de comunicación y en especial la televisión privada que vive del Estado, se encargan de controlar las mentes ciudadanas distrayendo, mintiendo y creando ficciones para adormecer y ocultar a los responsables de toda o casi toda la desgracia, que es cambiada por histeria y odio hábilmente hoy conducido por el partido de gobierno, que en lo que va del siglo XXI ha moldeado a su antojo a la opinión y convertido al país en el rehén de sus desvaríos y sueños de poder absoluto y total de dictadura en democracia.


PD: Desde el 10 de octubre, con las universidades en la calle, comienza una era de nuevas y seguramente indetenibles movilizaciones sociales por la reconstrucción del Estado social y de derecho y el respecto a los pactos de derechos, para avanzar a una sociedad en paz, libres de mafias y corrupción en el control de la vida y del país.

11 octubre 2018

 

11 octubre 2018

Publicado enColombia
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