Jueves, 28 Febrero 2019 15:50

La esquina

La esquina

La luz que se colaba por el ancho ventanal reveló el comienzo de un nuevo día. Su mirada se posó en el techo recorriendo las grietas e imperfecciones que tal vez le mostrarían el lugar donde se encontraba. Las paredes de la mina eran angostas y en los paneles el ruido se amplificaba apabullante. Con una bocanada de aire reafirmo que no estaba bajo tierra: ya no habitaba el infierno de Potosí.

 

Los socavones habían devorado a su padre y a su abuelo que trituraban la piedra para recoger la piltrafa del cobre. Su madre empujó el pesado vagón hasta que un día sus pulmones exagües se negaron a respirar el aire malsano y rencoroso. Todo se lo había arrebatado. Incluso ese fantasma se apoderaba de sus sueños ahogándolo en la incertidumbre de no saber si era libre o estaba enterrado en vida.

 

Cruzó la frontera hacia el sur. Ahora en una ciudad que no le pertenecía le arrancaba a las calles algunos pesos, que si bien no eran muchos, le permitían el privilegio del sol acariciando su espalda y a veces una comida digna. Había vendido de todo: cigarrillos a las afueras de los salones de baile, dulces en los cinemas, agua en el cruce de los semáforos y calendarios en las rutas de los colectivos. Recorría mil veces las intersecciones y avenidas voceando las noticias de algún periódico o tratando de perder de vista a los policías que le perseguían por su doble delito: vender en el espacio público y ser un extranjero.

 

–Cuidado negro, a Claudia le quitaron toda la mercancía ayer, vos sabés, la cosa no está para bromas. La aporrearon fuerte y se la llevaron en una patrulla hasta la comandancia en el centro.


–No te preocupes, yo mido a ojo la distancia de los policías y además corro fuerte. Algo bueno me dejó el trabajo en la mina.


–El problema no es el calabozo, es que te saquen del país. Ya vez que por eso de la guerra la gente se pone delicada.


–Si te contara cuantas veces me han echado a Bolivia no me lo crees. La última me pasé seis semanas en la frontera, parece que había problemas con una gente que quería cruzar para escaparse… pero aquí estoy negro pero cariñoso.

 

La calle atestada lo recibió entre el trajín de unos y la indiferencia de otros. Sus grandes hogazas de pan entrelazadas en un canasto anunciaban el sustento del día. A su lado una mujer joven vendía agua y más allá otra ofrecía café en grandes termos. En la acera del frente las notas de un bandoneón crepitaban con nostalgia mientas un viejo entonó con voz gastada Arrabal amargo… El ruido y el movimiento de la urbe impregnaron cada espacio de monotonía. Lejos de ser un caos sin forma todo evocaba una sinfonía compuesta por sonidos opacos, voces alegres, notas musicales y el transcurrir incesante de los automóviles. La vida estaba presente en cada elemento, en la dureza del metal y los árboles que generosos daban su sombra a la mitad del pavimento.

 

–Negro corre…que se viene la policía.

 

Todos a uno recogieron sus cosas armando grandes macutos y trataron de perderse entre la multitud.

 

Las calles se apretaban como un laberinto el cual recorrió echando nerviosas miradas hacia atrás. Desandando varios trechos trató de superar una empinada acera pero dándose por vencido decidió girar por la esquina hacia el abasto principal. A lo lejos avistó un hombre a caballo… sintió que no tenía escapatoria.

 

El tercer camión casi lo golpea de frente. Era una fila casi inagotable que abarcaba toda la carretera y se extendía hasta donde permitía la mirada. En los ojos de los militares no se anunciaba la victoria. Uniformes desgastados, caras pálidas y barbas de varios días, manos temblorosas que intentaban articular un símbolo de despedida.

 

–Che negro, por favor regálanos un pan, tenemos hambre.

 

Andrés se acercó mientras su mano generosa alargaba una hogaza.

 

–Héroe, ¿de dónde vienes y a dónde vas?


–Me llamo Leonardo soy de Chivilcoy y todos venimos de las Malvinas.


–No había comida… frío, mucho frío… atacaban con bombas…yo traté de salvarlo… tenía miedo… la noche asustaba… todos venían de un infierno congelado en las Malvinas.

 

Nunca supo cuántos camiones recorrió o por qué lo hizo. Los panes se multiplicaban junto con los abrazos y las manos que le agradecían. Los nombres de provincias, pueblos pequeños y ciudades se entrelazaban con apellidos y calles donde los que volvían deseaban regresar. Lágrimas o solo silencio, ojos que perdidos en la nada daban testimonio de una guerra donde todo se había perdido desde el principio.

 

Hay cosas que uno termina de entender con el tiempo. A veces porque una nota o un libro cae en tus manos y te revela un detalle, un dato que antes parecía nimio, una epifanía que recoge las piezas que no encajaban y las llena de sentido. En ese momento podemos reconstruir imágenes y recibir una respuesta que tal vez antes nadie nos dio.

 

Recordó la jaula que llevaba los mineros a la entrañas de Potosí. Una mina que asesinaba a los hombres o los devolvía convertidos en escoria. La guerra era igual, solo los muertos o los generales se cubrían de gloria, los demás sobrevivían para repetir en sus cabezas los horrores y pasar noches enteras recordando los nombres de los que no estaban.

 

Los camiones comenzaban a perderse en el horizonte. Las sonrisas devolvieron a esa calle un poco de dignidad antes de que todo volviera al silencio. Ese día Puerto Madryn se quedó sin pan.

 

El sol se ocultó silencioso, indiferente.

Publicado enEdición Nº254
Una lista negra de 7.000 sacerdotes acusados de abuso sexual en EE UU

Los fiscales investigan por su cuenta la pederastia en la Iglesia estadounidense y dejan cortas las cifras reveladas por las diócesis

Las diócesis de Estados Unidos han adoptado una práctica en los últimos meses: publicar un listado de los sacerdotes con "acusaciones creíbles" de abuso sexual a menores. La mayoría de los religiosos ya no viven o fueron removidos de sus labores eclesiásticas. BishopAccountability.org, un sitio web que rastrea todos los crímenes de esta índole en la Iglesia, afirma que la institución ha revelado hasta ahora cerca de 7.000 curas denunciados desde 1950, pero que seguramente la cifra es mucho mayor. Según los informes que maneja el portal, dedicado a recabar las cifras desde hace más de una década, el porcentaje de abusadores oscila entre el 6 y el 10%, lo que supondría hasta 11.000 curas pederastas. Las fiscalías estatales que investigan actualmente estos crímenes también han concluido que los listados están incompletos.


En la misa católica celebrada el primero de diciembre en Siracusa, Nueva York, el obispo Robert J. Cunningham hizo un anuncio parroquial que llamó la atención de los feligreses. Primero reconoció las divisiones que existen dentro de la Iglesia sobre si publicar o no los nombres de los sacerdotes con “acusaciones creíbles” de abuso sexual a niños, argumentando que algunas víctimas no quieren que se sepan quiénes fueron sus abusadores. “Tras reflexionar y orar seriamente, he llegado a la conclusión de que esta práctica se ha convertido en un obstáculo para hacer avanzar a nuestra Iglesia local”, afirmó el cura antes de informar de que en los próximos días el sitio web de la diócesis publicaría el listado de los clérigos denunciados en los últimos setenta años.


Cunningham cumplió con lo prometido. Pero su decisión está lejos de ser un caso aislado en Estados Unidos. Desde que se dio a conocer en agosto el brutal informe de Pensilvania en el que se revelaba que más de 300 sacerdotes abusaron de menores en las últimas siete décadas, los obispados se han visto presionados por laicos y feligreses a emprender acciones concretas en favor de las víctimas. La primera lista de este tipo se publicó en 2002. Hasta el 2017 solo 35 de las 187 diócesis que componen el cuerpo eclesiástico estadounidense habían hecho lo propio. Pero a partir del pasado agosto la cifra se disparó. En diciembre ya se habían registrado 90 listados y se sabe que la cifra es mayor, ya que casi a diario hay diócesis que se adhieren. También órdenes religiosas como los jesuitas.


BishopAccountability.org sostiene que la Iglesia ha revelado que hay cerca de 7.000 curas denunciados, pero solo 4.500 con nombre y apellido. Terry McKiernan, fundador de la organización, aclara que ese número es impreciso: “Conozco casos de sacerdotes abusadores que deberían aparecer en las listas y no están. Seguramente hay muchos que no sabemos”. Según los informes que maneja el experto, el porcentaje de profanadores oscila entre el 6 y el 10% de cada establecimiento.


El último escándalo eclesiástico respalda su planteamiento. Las seis diócesis de Illinois publicaron hace un tiempo un listado en el que identificaban a 185 religiosos con acusaciones creíbles. La fiscal general del Estado, Lisa Madigan, alertó en diciembre de la falsedad de la cifra y adelantó que, según sus investigaciones preliminares, la realidad es que al menos 500 sacerdotes han sido denunciados por haber abusado de menores. “Esperábamos que las cifras fueran así de dispares”, sostiene el abogado Jeff Anderson, quien lidera el bufete que lleva su nombre. “Cuando ellos dicen que no quieren publicar los nombres porque las víctimas no quieren que se sepa es una gran mentira. Llevo 25 años representando a sobrevivientes de abusos y nunca he conocido a uno que no quiera. Ese argumento es una excusa para no hacer lo que corresponde”, agrega.


En 2002 el cuerpo completo de obispos católicos de EE UU aprobó la Carta para la Protección de Niños y Jóvenes, que incluía la realización de un estudio descriptivo con la cooperación de las diócesis para conocer el alcance de los abusos sexuales a menores por parte del clero. El análisis reveló que el rango de depredadores era de entre un 3 y 6%, lo que supone 6.600 de los 110.000 miembros de la Iglesia en las últimas siete décadas. “La investigación de Pensilvania y de Illinois demuestran dos cosas: que si queremos saber la verdad son los fiscales los que tienen que hacer y publicar sus propios informes, y que la proporción de denunciados está mucho más cerca del 10%. Estamos hablando de unos 11.000 curas”, plantea McKiernan.


A pesar de los peros, el paso al frente de las diócesis ha sido bien recibido por aproximarse a la respuesta que merecen las víctimas. El informe de Pensilvania fue un punto de inflexión y parece no tener marcha atrás. El documento de 1.356 páginas, la investigación más exhaustiva que se ha llevado a cabo sobre el abuso sexual de la Iglesia católica en EE UU, se adentró en las cloacas clericales y destapó desde redes de sadomasoquismo hasta violaciones en hospitales. “No provocó un cambio cultural, ese está todavía por venir, pero sí logró un despertar en la gente. Inyectó coraje a las víctimas y ahora seguiremos presionando hasta que digan toda la verdad”, apunta Anderson.


El informe de Pensilvania ha llevado al menos a una docena de fiscales generales estatales pusieran en marcha investigaciones sobre abusos sexuales en sus respectivos territorios. En muchos casos, las acusaciones "no han sido investigadas adecuadamente por las diócesis o no han sido investigadas en absoluto", apuntaba la Fiscalía de Illinois. Para el abogado Anderson, la diferencia entre lo que publican las diócesis versus las fiscalías responde en parte a la colaboración de las víctimas, que tienden a ser más abiertas con los segundos.
En medio de la presión, los obispos estadounidenses se reunieron en noviembre para redefinir sus códigos. Entre las medidas propuestas figuraban nuevos “estándares de conducta episcopal”, la creación de una comisión para manejar las denuncias de abuso contra los obispos, y nuevos protocolos para los religiosos que son destituidos o que renuncian debido a una conducta sexual inapropiada. Antes de votar recibieron una carta del Vaticano en la que se les pedía que no acataran reformas hasta después de la cumbre que se celebrará en Roma en febrero con todas las Conferencias Episcopales del mundo para abordar la crisis desatada por los abusos a menores. Este viernes el papa Francisco aseguró que la Iglesia "no se cansará de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido tales crímenes”. Porque este año la bomba no solo estalló en Pensilvania. Ni en Illinois. También lo hizo en Chile, Irlanda y Australia. Y la lista, al igual que la de los clérigos acusados, no deja de crecer.

Por ANTONIA LABORDE
Washington 15 ENE 2019 - 10:11 COT

Publicado enInternacional
Martes, 11 Diciembre 2018 05:11

70 años de derechos vulnerados

70 años de derechos vulnerados

Nadie discute los derechos humanos porque los derechos humanos comienzan a no querer decir nada, se ha subvertido su contenido


El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó, en París, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aunque es sobradamente conocido, resulta necesario recordar el contexto histórico de aquel momento. El mayor conflicto armado de la Historia acababa de terminar. La Segunda Guerra Mundial había arrasado gran parte de Europa y había provocado millones de muertes en todo el mundo. Es ahí cuando se aprueba la Declaración, con la esperanza de que ese catálogo de derechos, como valores aceptados por todos los pueblos, salvaría a la humanidad de volver a caer en la barbarie y la destrucción.

Setenta años después, la Declaración Universal ha alcanzado un grado de consenso generalizado. Tal realidad podríamos considerarla como un aspecto positivo. Tras siete décadas, prácticamente nadie en el espacio público de los países democráticos discute la primacía y la defensa de los derechos humanos. Pero, precisamente, su generalización ha supuesto un elemento problemático. Nadie discute los derechos humanos porque los derechos humanos comienzan a no querer decir nada, se ha subvertido su contenido.


Ya en 1998, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) celebró el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) con un cartel que utilizamos en aquella ocasión y donde sobresalía la frase “50 años sin derechos humanos”. Entonces no resultaba fácil prever que 20 años después tendríamos que volver a utilizar como lema algo parecido: “70 años de derechos vulnerados” y esto no por simple mimetismo, sino porque la realidad que nos muestra nuestra sociedad tras los últimos veinte años se encuentra cruzada de norte a sur y de levante a poniente por continuas violaciones de los derechos humanos.


Es verdad que hoy se habla hasta la saciedad de derechos humanos, pero a la vez se mantienen y defienden discriminaciones que los vulneran, desde el artículo primero que afirma que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Nadie dice estar en contra de los derechos humanos pero se articulan (y se sustentan con el voto) políticas que generan pobreza, que excluyen, que aumentan la desigualdad, que olvidan a los colectivos más desfavorecidos… Hasta los herederos de las víctimas del holocausto nazi desarrollan prácticas y políticas que se dirigen hacia el genocidio del pueblo palestino, con un obsceno mutismo internacional.


Por ello, con ocasión del 70 aniversario de aquella Declaración, nos atrevemos a concretar algunos de los nubarrones que se ciernen sobre la sociedad más cercana a nosotros.


Derechos vulnerados, 70 años después, en el Estado español


La libertad de expresión está sufriendo en nuestro país ataques sistemáticos desde numerosos sectores de nuestra sociedad. Es uno de los derechos cuyo respeto está retrocediendo, escondido tras un puritanismo inconcebible que pretende cercenar muchos avances conseguidos con dolor y esfuerzo en los últimos años. La todavía persistente Ley Mordaza y los reductos de leyes y comportamientos franquistas intentan acallar gritos y voces de libertad, dando amparo y cobertura a muchos de estos atentados.


Los discursos racistas y xenófobos se están apoderando con especial crudeza de determinados sectores mediáticos y políticos. Recientemente hemos asistido estupefactos a determinados discursos políticos que usan expresiones como “Vamos a barrer de inmigrantes nuestra ciudad”. Además, en las elecciones autonómicas andaluzas, por primera vez, un partido fascista y abiertamente racista, ha sacado 12 escaños. El valor y la defensa de los derechos humanos, como eje fundamental de convivencia y de justicia, se está desplazando hacia situaciones irreconocibles en nuestro país. Se está sustituyendo por conceptos tales como seguridad, confianza, patriotismo, que poco a poco se alejan del respeto a los derechos humanos.


La desigualdad social, con total desprecio del derecho a la justicia y dignidad, se asume con demasiada facilidad. Se ignoran o minusvaloran los datos de la desigualdad en el Estado español, plasmados en el reciente Informe AROPE 2018 que indica que “en 2017 la renta total del 20% de la población con mayores ingresos multiplica por 6.6 la renta total del 20% con menores ingresos”. Esto supone, según el mismo informe, que el 10% más rico de nuestro país dispone de la misma renta que la mitad más pobre de la población española. Y lo peor de todo es que esto se considera como un daño colateral, necesario para que las personas ricas y poderosas prosperen, a costa de lo que sea. Los derechos sociales en general, vivienda digna y accesible, sanidad universal eficiente y gratuita, derechos laborales eficaces… han perdido su capacidad revolucionaria y se han adaptado a un funcionamiento de la sociedad donde son otros los objetivos que orientan a muchos de nuestros políticos, que organizan y mantienen la “cosa pública” de espaldas totalmente a quienes se van quedando en las cunetas de esta loca carrera.


La pobreza, con rostros de personas que malviven y mueren en los portales y descampados de nuestras ciudades y pueblos, es otra realidad que nos impide vislumbrar que los derechos humanos están cediendo a la ignominia del egoísmo capitalista. Las últimas cifras que sitúan a muchos millones de personas bajo el paraguas de la pobreza no nos animan a considerar que se han dado pasos positivos en la dignificación de las personas. Las colas ante los comedores sociales en cualquiera de nuestras ciudades nos muestran cómo no se ha logrado considerar y tratar a las personas como sujetos de derechos. A veces se les arroja a una caridad mal entendida, que sólo consigue tranquilizar nuestras conciencias y desarmar nuestras justas luchas por la justicia.


La Frontera Sur, de la que forma parte nuestra Andalucía, se ha convertido en un espacio lleno de muerte y sufrimiento, obscenamente olvidado por quienes deberían poner freno a tanta locura y muerte. Como botón de muestra, las personas muertas o desaparecidas en el mar Mediterráneo durante el presente año, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), ascienden a 2.160. Si a esto añadimos la externalización de fronteras, como método de control de las migraciones, España y la UE se convierten en responsables de estas muertes y de las violaciones y torturas que se producen contra las personas que intentan poner en marcha su propio proceso migratorio en pro de la libertad y la dignidad. Las políticas migratorias de la UE, compartidas por España, se orientan fundamentalmente a impedir que las personas puedan llegar a nuestras costas por medios seguros. Se ha optado decididamente por implantar mecanismos que dificulten estas llegadas, aunque están amparadas en el artículo 13 de la DUDH. Con esta finalidad y con el apoyo de la Unión Europea y los países que la componen, se quiere sustituir el derecho a migrar de las personas por un afán único y desmedido de seguridad interna. Se trata de una falta de solidaridad europea que, en combinación con las políticas de austeridad, alimenta la xenofobia y el racismo que triunfan en determinados ámbitos de la Unión Europea.


No pasamos por alto la reciente visita del presidente de Gobierno a Marruecos donde, haciendo alarde de una tremenda hipocresía, ha ratificado la supremacía de las soberanías estatales por encima del derecho a la libertad de circulación de las personas, así como otros muchos derechos humanos, que se esfuman por completo tras pretendidos intereses estratégicos y económicos.


No podemos olvidar por otra parte que la UE tiene mucha responsabilidad en las causas que provocan estos movimientos migratorios con políticas colonialistas que secularmente ha desarrollado, provocando el saqueo de materias primas y recursos naturales de los países de donde llegan estas personas.


Aunque, afortunadamente, el feminismo y el ecologismo tienen hoy un reconocimiento duramente conseguido y trabajado, amplias capas de la sociedad los consideran todavía como un adorno y un lujo suplementario en la lucha por una sociedad en la que no primen los fines egoístas y mercantilistas. En este sentido no se duda en dificultar el acceso efectivo e igualitario de la mujer al mundo laboral. En otros casos, la instrumentalización que del feminismo se realiza desde diferentes poderes públicos y políticos está despojándolo de su carácter cuestionador y transformador. El feminismo se emplea como etiqueta incuestionable que ampara políticas que ahondan en la desigualdad y la exclusión de colectivos de mujeres como las trabajadoras sexuales.


Por otra parte, y para incidir en el retroceso en el cumplimiento de los derechos humanos, asistimos con alarma a la negación de determinadas medidas aprobadas y prometidas como inmediatas y fundamentales por nuestro actual Gobierno, pero que la realidad del día a día está desmontando. Nos referimos a la recuperación de la justicia universal, tristemente eliminada por el anterior Ejecutivo, y apoyada hasta la saciedad por el actual cuando estaba en la oposición. Parecida suerte está sufriendo la repetida promesa por parte del actual Gobierno de la derogación de la Ley Mordaza, que hoy se pierde y se olvida en los recovecos de la nada. No digamos de la repetida promesa de revertir la prisión permanente revisable realizada por el actual Gobierno antes de llegar al poder. Ahí continúa. Por último, apuntemos la repetida indignación que provocaba en las huestes socialistas las repetidas y variadas formas de devolución en caliente de las personas migrantes que conseguían entrar en nuestro país. Todavía se oyen los gritos en el cielo cuando el PP introdujo de matute la legalización de esta práctica en la Ley Mordaza. Ahora asistimos con asombro e indignación a las devoluciones en caliente que el Gobierno camufla indecentemente en cumplimiento de un acuerdo con Marruecos de hace decenas de años. Y qué diremos de la repetida promesa de eliminar las concertinas…


Sonrojo produce asistir al espectáculo que nos ofrece gran parte de la clase política cuando, aún sosteniendo la defensa a ultranza de los derechos humanos, hace aguas cuando esta defensa choca con intereses económicos. Para ellos, la protección de los derechos humanos está justificada mientras que en la ecuación no entren el dinero y las prebendas que, por ejemplo, se reciben por la venta de armas.


Las vulneraciones de derechos en el resto del mundo


Si extendemos la mirada, acción por otra parte indispensable, al ancho mundo, no podemos sino horrorizarnos por el grado de violaciones al que asistimos. Sería difícil realizar un catálogo de todas estas, pero no podemos menos que resaltar entre ellas el nivel que está alcanzando la xenofobia y el racismo en Gobiernos que hasta ahora, por lo menos, intentaban disimularlo de algún modo. El fenómeno Trump, que por supuesto supera al ámbito de Estados Unidos, es la plasmación más virulenta de la destrucción de los derechos humanos como valores de los que un día se esperaba que naciera un mundo mejor y más justo. Fenómeno que se está reproduciendo como hongos en diferentes lugares de la Tierra: Brasil, Centroamérica con una marcha por la dignidad que se intenta acallar y neutralizar - o la aparición en diferentes países de Europa de Gobiernos claramente escorados hacia la violación de derechos fundamentales, con sus propios vecinos y con aquellos que pretenden llegar a serlo. El “nosotros primero”, como germen de desprecio y de odio hacia las otras personas, está infiltrándose en las entrañas de una sociedad que nos hubiera gustado que fuera capaz de acoger las diferencias y apoyar sus deseos de dignidad y justicia.


Podríamos continuar señalando muchas otras nubes oscuras, cargadas de injusticias y violaciones de los derechos humanos que justifican que hoy, 70 años después de la proclamación de la Carta de los Derechos Humanos tengamos que mantener aquel “50 años sin derechos humanos”, como diagnóstico cruel del estado de nuestra sociedad más cercana.


Pero porque no queremos que el pesimismo nos arrebate la ilusión de que todavía “otro mundo es posible”, nos atrevemos desde estas líneas a invitar y a exigir a cuantas personas creemos en la dignidad del ser humano, y en la validez de los derechos humanos como fundamento del comportamiento de las personas y de los pueblos, a continuar nuestro esfuerzo y nuestra lucha. Nos oponemos a que nuestro sueño se acabe, y en esa línea continuaremos con nuestra batalla.

 

Publicado enSociedad
La economía del bienestar y la política económica colombiana

Corridos dos meses y algunos días del gobierno de Iván Duque, con sus anunciadas reformas nos permite entender sus reales propósitos al frente de la jefatura nacional, a pesar de su conciliadora forma de hablar. Las reformas pensional, en salarios y en impuestos están pensadas para favorecer a los más ricos y embaucar a los más pobres. Lejos de un necesario Estado de Bienestar nos adentramos en uno cada vez más excluyente e injusto.

 

En momentos en que políticas claramente regresivas en lo social y colectivo ganan espacio por todo el mundo, el debate sobre la función del Estado retoma vigencia. En Colombia, como parte de ese todo conocido como planeta Tierra, las regresiones sociales siempre están a la orden del día, y el gobierno de Iván Duque no se aleja de ello, tanto con la anunciada ampliación del IVA a todos los productos, incluyendo la canasta básica, y reducir la tarifa de renta a las personas jurídicas, pero aumentarla para personas naturales disminuyendo la base gravable hasta ingresos de más de 1.9 millones mensuales; como con la pretensión de clientelizar aún más la entrega de subsidios a los sectores más requeridos de ellos, así como con una reforma pensional que pretende incrementar los años de edad y trabajo para poder acceder a pensión, a la para que acabar Colpensiones, dejándole libre tal “negocio” al capital nacional e internacional.

 

De esta manera, con un gasto social cada vez más manipulado, ineficiente por sus montos pero también por la canalización que del mismo logra el sistema financiero, el actual gobierno apunta hacia crear mayores oportunidades de lucro para los gremios y menor bienestar para la clase trabajadora.

 

El Estado de Bienestar

 

Estamos ante todo un contrasentido. Como es conocido, el gasto público social es muy importante para hacer del capitalismo un modelo económico sostenible. Aquel gasto que se destina a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos se conoce como Estado de Bienestar y consiste en un paquete de programas y estrategias que está presente en varios sectores: hacienda, educación, salud, pensional y laboral. El Estado de Bienestar es una herramienta que ayuda a construir sociedades con menor exposición a las fuertes y más frecuentes crisis que han resultado de la aplicación del modelo neoliberal.

 

Los defensores del libre mercado cuestionan el Estado de Bienestar porque ven en el gasto social una carga que desestabiliza las finanzas públicas y no permite alcanzar un mayor crecimiento económico. Desde los años ochenta los ataques en contra de este tipo de Estado han sido más intensos y la presencia de gremios poderosos son más evidentes en la gestión gubernamental. La Gran Recesión de 2008 demostró lo nocivo que es este proyecto para la clase media y de bajos ingresos. No obstante, diez años después las mismas fórmulas siguen lideradas por partidos de extrema derecha y contradictoriamente reciben un fuerte respaldo popular que está derivando en un nuevo orden mundial liderado por esta ideología.

 

Desde Adam Smith, el padre de la economía, se reconoció que el gobierno está creado para la defensa de los ricos contra los pobres. La consigna más usada por la ultraderecha es que el gasto público no es necesario porque si una economía crece todos se benefician. Según ellos, quienes hacen crecer la economía son los capitalistas que toman las decisiones de producción y trasmiten una buena perspectiva de negocios a la clase trabajadora mediante la generación de mayor empleo. Por esta razón la punta de lanza de sus propuestas es la reducción de los impuestos a los ricos. La defensa de esta postura no se traduce en un mayor beneficio para todos por igual sino en la posibilidad de que los más ricos continúen acumulando mayor riqueza a expensas de peores condiciones de vida para los pobres y la clase media.

 

Si la desigualdad aumenta y no existe un Estado de Bienestar, la clase trabajadora en conjunto disminuye su productividad afectando el crecimiento económico porque no tienen como enfrentar situaciones adversas si caen en el desempleo, si se deteriora su salud, si no existe acceso a programas para su capacitación y desarrollo de habilidades, si el ahorro para la vejez está en entredicho, etcétera. John Maynard Keynes vio como un aliado para atenuar los efectos de los ciclos económicos además de una política fiscal agresiva, la reducción de la desigualdad porque ésta a través de impuestos progresivos (el que más tiene más paga) mejora el ingreso disponible de la clase trabajadora y les permite que su demanda sea mayor, estimulando así la producción y el crecimiento económico.

 

Es claro entonces que la clase trabajadora debe apoyar una política económica que esté a favor de reducir los niveles de desigualdad y esa opción no es la que propone la ultraderecha. Ellos afirman que el apoyo estatal estimula el conformismo y la holgazanería y que esto resta las posibilidades para que los pobres dejen de serlo. Nada más falaz, puesto que por más empeño y disciplina que pueda tener una persona pobre, sin acceso a la educación, a la salud, y en general a sus derechos fundamentales, no es posible que alcance un nivel deseable de acumulación de riqueza.

 

Sin embargo, la sofisticación ha sido tal que de muchas formas han hecho creer a los pobres que su condición está merecida porque deben trabajar más para llegar a ser ricos. Esta falsa conciencia introducida por los medios, las TICs, los discursos políticos y religiosos, y algunos sectores educativos, explican el respaldo popular que están teniendo las iniciativas de ultraderecha, tales como un estricto ajuste fiscal, mayores impuestos y menor gasto social.

 

En el periodo que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta la década de los setenta, el capitalismo mundial alcanzó las mayores tasas de crecimiento en toda su historia. Fue una época en la que la política macroeconómica keynesiana se impuso y muchos países desarrollaron sus Estados de Bienestar, el desempleo también se mantuvo en niveles históricamente bajos y la inflación en niveles bajos y estables. Esa estabilidad fue el resultado de un consenso en el que el Estado es un actor importante en el desarrollo de los países.

 

El gasto público social era mayor que lo que es hoy. Para 1950 en Alemania, Holanda y Reino Unido se invertía como proporción del PIB respectivamente 30, 27 y 34 por ciento respectivamente. Para 2016 el mismo gasto para los mismos países pasó a ser respectivamente 25, 22 y 21 por ciento. El cambio de tendencia lo marcó la década de los ochentas debido a la presencia de brotes inflacionarios que llevó a que la política monetaria de Milton Friedman desplazara a la política fiscal de Keynes. Y desde entonces se priorizó la estabilidad de precios como el objetivo supremo de la política económica.

 

Esta dinámica ha continuado hasta nuestros días y los países emblemáticos del Estado de Bienestar como Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia no han sido ajenos a ella. Mientras que en 1980 destinaban en promedio 42 por ciento de sus ingresos al gasto social ahora lo hacen a una tasa de 28 por ciento. El desmonte del Estado de Bienestar ha venido acompañado de medidas de reducción del poder sindical, de la flexibilización del mercado laboral y de la eliminación del control de capitales.

 

Aunque en las últimas tres décadas se haya logrado controlar la inflación, el costo es demasiado alto porque se han multiplicado las crisis financieras, que a su vez han minado la calidad de vida de muchas personas debido a mayores niveles de endeudamiento, quiebras y desempleo. De otro lado el efecto de las medidas neoliberales sobre el crecimiento económico no es el deseado. Entre 1980 y el 2008 Suecia mantuvo estable su gasto público social alrededor de 47 por ciento mientras que Estados Unidos, defensor de un Estado de Bienestar reducido, invirtió solo el 15 por ciento. El resultado en términos de crecimiento fue de 2.4 por ciento para Suecia en el periodo 2000 a 2008 mientras que el de Estados Unidos fue 1.8.



En Colombia, desigualdad creciente

 

En el debate público colombiano la clase dirigente ha señalado a Suecia como referente para las reformas tributarias, pero guarda silencio respecto del nivel de su gasto público en temas sociales. El Ministro Alberto Carrasquilla, que en reciente debate de control político fue acusado de enriquecerse con los Bonos Agua por más de 70 mil millones de pesos, ha propuesto una reforma tributaria de inspiración neoliberal en la que se plantea aplicar el impuesto al valor agregado IVA a todos los productos incluyendo la canasta básica, y reducir la tarifa de renta a las personas jurídicas, pero aumentarla para personas naturales disminuyendo la base gravable hasta ingresos de más de 1.9 millones mensuales.

 

Los defensores de estas propuestas mencionan que Suecia tiene una carga impositiva de 22 por ciento para las empresas, 60 por ciento para las personas naturales y un IVA de 25 por ciento. Mientras que para Colombia las tasas máximas correspondientes para esos mismos impuestos son respectivamente, 34, 35 y 19 por ciento. Pero lo que no mencionan estos análisis es que la estructura tributaria sueca corrige fuertemente la desigualdad que tiende a generar el modelo capitalista. En 2016 la desigualdad del ingreso sueco medida por Gini fue de 0.42 pero después de aplicar impuestos y subsidios el ingreso disponible de los suecos pasó a ser mucho más equitativo (un Gini de 0.23). Por el contrario la desigualdad del ingreso colombiano no es corregida ni por el estatuto tributario ni por el gasto público social, sino que más bien tiende a empeorar y deja por resultado que el 1 por ciento de los colombianos concentre el 44 por ciento de la riqueza del país.

 

La regresividad colombiana es tal que el aumento del IVA en un punto porcentual deteriora la desigualdad en 1.2 puntos porcentuales, aún con esto la reforma tributaria de Santos pasó de un IVA de 16 a uno de 19 por ciento. Frente al impacto negativo del IVA el Ministro Carrasquilla anunció ante al gremio de banqueros en Cartagena, que gravaría con IVA y sin excepción todos los productos y después devolvería el monto subsidiado de la canasta básica al sector de bajos ingresos (que estiman en 11% de sus ingresos) a través de programas como Familias en Acción y exigiendo su bancarización.

 

Es una propuesta deficiente y malintencionada. Deficiente, porque es difícil o imposible individualizar el gasto que los hogares hacen mensualmente por concepto de la canasta básica de alimentos. Malintencionada, porque esta decisión genera lucro para los establecimientos de crédito mediante la cuota de manejo de una mayor población bancarizada, y porque fortalece el programa clientelista creado con la primera administración Uribe –que contaba con 300 mil familias en el 2002 y pasó a reunir 4 millones hoy.



La corrupción es un fenómeno muy costoso para los colombianos, representa cerca de 50 billones de pesos cada año, una cantidad muy similar a la que recauda el país por impuesto de renta. Es decepcionante que exista en el gabinete actual un Ministro de Hacienda con cualidades éticas cuestionables, con espacio político gubernamental para proponer reformas nocivas para la mayoría de los ciudadanos y cuyo partido político obstruye la moción de censura para removerlo de su cargo. Es desconcertante que existan líderes políticos que hayan defendido el “no” a la consulta anticorrupción, y que frente a la impopularidad de las propuestas de Carrasquilla hayan impulsado un proyecto de ley que en apariencia beneficia a la clase trabajadora –mediante la búsqueda de un incremento extraordinario del salario mínimo–, cuando lo que busca es beneficiar a los fondos privados que administran pensiones y cesantías debido a que el incremento no lo puede usar el trabajador en efectivo sino que se abona a sus cesantías. Esto sin contar que con la reforma pensional se está buscando eliminar a Colpensiones con el fin de apartar esta incómoda competencia para los fondos privados.

 

En resumen las reformas del presente gobierno, y de su partido político, apuntan a introducir mayores oportunidades de lucro para los gremios y menor bienestar para la clase trabajadora. Pese a que nuestra Constitución Política podría ser muy similar a la de los países nórdicos –pioneros en la construcción del Estado de Bienestar–, desde su misma creación en 1991 la clase dirigente interpone obstáculos para que estos principios no se materialicen en la práctica. Las propuestas del presidente Duque son al extremo regresivas y su administración se anticipa al inconformismo que van a generar acudiendo a la idea de una “regulación” de la protesta, y a una reforma a la justicia que limita la acción de tutela con la que la ciudadanía, como último recurso legal, reclama ante los jueces (ya que la mayoría de los políticos favorecen con sus acciones a los más ricos), sus derechos fundamentales.

 

Edición completa desdeabajo Nº 251, octubre 20 - noviembre 20 de 2018

https://www.desdeabajo.info/ediciones/itemlist/category/345-edicion-n-251.html

 

 

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La economía del bienestar y la política económica colombiana

Corridos dos meses y algunos días del gobierno de Iván Duque, con sus anunciadas reformas nos permite entender sus reales propósitos al frente de la jefatura nacional, a pesar de su conciliadora forma de hablar. Las reformas pensional, en salarios y en impuestos están pensadas para favorecer a los más ricos y embaucar a los más pobres. Lejos de un necesario Estado de Bienestar nos adentramos en uno cada vez más excluyente e injusto.

 

En momentos en que políticas claramente regresivas en lo social y colectivo ganan espacio por todo el mundo, el debate sobre la función del Estado retoma vigencia. En Colombia, como parte de ese todo conocido como planeta Tierra, las regresiones sociales siempre están a la orden del día, y el gobierno de Iván Duque no se aleja de ello, tanto con la anunciada ampliación del IVA a todos los productos, incluyendo la canasta básica, y reducir la tarifa de renta a las personas jurídicas, pero aumentarla para personas naturales disminuyendo la base gravable hasta ingresos de más de 1.9 millones mensuales; como con la pretensión de clientelizar aún más la entrega de subsidios a los sectores más requeridos de ellos, así como con una reforma pensional que pretende incrementar los años de edad y trabajo para poder acceder a pensión, a la para que acabar Colpensiones, dejándole libre tal “negocio” al capital nacional e internacional.

 

De esta manera, con un gasto social cada vez más manipulado, ineficiente por sus montos pero también por la canalización que del mismo logra el sistema financiero, el actual gobierno apunta hacia crear mayores oportunidades de lucro para los gremios y menor bienestar para la clase trabajadora.

 

El Estado de Bienestar

 

Estamos ante todo un contrasentido. Como es conocido, el gasto público social es muy importante para hacer del capitalismo un modelo económico sostenible. Aquel gasto que se destina a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos se conoce como Estado de Bienestar y consiste en un paquete de programas y estrategias que está presente en varios sectores: hacienda, educación, salud, pensional y laboral. El Estado de Bienestar es una herramienta que ayuda a construir sociedades con menor exposición a las fuertes y más frecuentes crisis que han resultado de la aplicación del modelo neoliberal.

 

Los defensores del libre mercado cuestionan el Estado de Bienestar porque ven en el gasto social una carga que desestabiliza las finanzas públicas y no permite alcanzar un mayor crecimiento económico. Desde los años ochenta los ataques en contra de este tipo de Estado han sido más intensos y la presencia de gremios poderosos son más evidentes en la gestión gubernamental. La Gran Recesión de 2008 demostró lo nocivo que es este proyecto para la clase media y de bajos ingresos. No obstante, diez años después las mismas fórmulas siguen lideradas por partidos de extrema derecha y contradictoriamente reciben un fuerte respaldo popular que está derivando en un nuevo orden mundial liderado por esta ideología.

 

Desde Adam Smith, el padre de la economía, se reconoció que el gobierno está creado para la defensa de los ricos contra los pobres. La consigna más usada por la ultraderecha es que el gasto público no es necesario porque si una economía crece todos se benefician. Según ellos, quienes hacen crecer la economía son los capitalistas que toman las decisiones de producción y trasmiten una buena perspectiva de negocios a la clase trabajadora mediante la generación de mayor empleo. Por esta razón la punta de lanza de sus propuestas es la reducción de los impuestos a los ricos. La defensa de esta postura no se traduce en un mayor beneficio para todos por igual sino en la posibilidad de que los más ricos continúen acumulando mayor riqueza a expensas de peores condiciones de vida para los pobres y la clase media.

 

Si la desigualdad aumenta y no existe un Estado de Bienestar, la clase trabajadora en conjunto disminuye su productividad afectando el crecimiento económico porque no tienen como enfrentar situaciones adversas si caen en el desempleo, si se deteriora su salud, si no existe acceso a programas para su capacitación y desarrollo de habilidades, si el ahorro para la vejez está en entredicho, etcétera. John Maynard Keynes vio como un aliado para atenuar los efectos de los ciclos económicos además de una política fiscal agresiva, la reducción de la desigualdad porque ésta a través de impuestos progresivos (el que más tiene más paga) mejora el ingreso disponible de la clase trabajadora y les permite que su demanda sea mayor, estimulando así la producción y el crecimiento económico.

 

Es claro entonces que la clase trabajadora debe apoyar una política económica que esté a favor de reducir los niveles de desigualdad y esa opción no es la que propone la ultraderecha. Ellos afirman que el apoyo estatal estimula el conformismo y la holgazanería y que esto resta las posibilidades para que los pobres dejen de serlo. Nada más falaz, puesto que por más empeño y disciplina que pueda tener una persona pobre, sin acceso a la educación, a la salud, y en general a sus derechos fundamentales, no es posible que alcance un nivel deseable de acumulación de riqueza.

 

Sin embargo, la sofisticación ha sido tal que de muchas formas han hecho creer a los pobres que su condición está merecida porque deben trabajar más para llegar a ser ricos. Esta falsa conciencia introducida por los medios, las TICs, los discursos políticos y religiosos, y algunos sectores educativos, explican el respaldo popular que están teniendo las iniciativas de ultraderecha, tales como un estricto ajuste fiscal, mayores impuestos y menor gasto social.

 

En el periodo que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta la década de los setenta, el capitalismo mundial alcanzó las mayores tasas de crecimiento en toda su historia. Fue una época en la que la política macroeconómica keynesiana se impuso y muchos países desarrollaron sus Estados de Bienestar, el desempleo también se mantuvo en niveles históricamente bajos y la inflación en niveles bajos y estables. Esa estabilidad fue el resultado de un consenso en el que el Estado es un actor importante en el desarrollo de los países.

 

El gasto público social era mayor que lo que es hoy. Para 1950 en Alemania, Holanda y Reino Unido se invertía como proporción del PIB respectivamente 30, 27 y 34 por ciento respectivamente. Para 2016 el mismo gasto para los mismos países pasó a ser respectivamente 25, 22 y 21 por ciento. El cambio de tendencia lo marcó la década de los ochentas debido a la presencia de brotes inflacionarios que llevó a que la política monetaria de Milton Friedman desplazara a la política fiscal de Keynes. Y desde entonces se priorizó la estabilidad de precios como el objetivo supremo de la política económica.

 

Esta dinámica ha continuado hasta nuestros días y los países emblemáticos del Estado de Bienestar como Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia no han sido ajenos a ella. Mientras que en 1980 destinaban en promedio 42 por ciento de sus ingresos al gasto social ahora lo hacen a una tasa de 28 por ciento. El desmonte del Estado de Bienestar ha venido acompañado de medidas de reducción del poder sindical, de la flexibilización del mercado laboral y de la eliminación del control de capitales.

 

Aunque en las últimas tres décadas se haya logrado controlar la inflación, el costo es demasiado alto porque se han multiplicado las crisis financieras, que a su vez han minado la calidad de vida de muchas personas debido a mayores niveles de endeudamiento, quiebras y desempleo. De otro lado el efecto de las medidas neoliberales sobre el crecimiento económico no es el deseado. Entre 1980 y el 2008 Suecia mantuvo estable su gasto público social alrededor de 47 por ciento mientras que Estados Unidos, defensor de un Estado de Bienestar reducido, invirtió solo el 15 por ciento. El resultado en términos de crecimiento fue de 2.4 por ciento para Suecia en el periodo 2000 a 2008 mientras que el de Estados Unidos fue 1.8.



En Colombia, desigualdad creciente

 

En el debate público colombiano la clase dirigente ha señalado a Suecia como referente para las reformas tributarias, pero guarda silencio respecto del nivel de su gasto público en temas sociales. El Ministro Alberto Carrasquilla, que en reciente debate de control político fue acusado de enriquecerse con los Bonos Agua por más de 70 mil millones de pesos, ha propuesto una reforma tributaria de inspiración neoliberal en la que se plantea aplicar el impuesto al valor agregado IVA a todos los productos incluyendo la canasta básica, y reducir la tarifa de renta a las personas jurídicas, pero aumentarla para personas naturales disminuyendo la base gravable hasta ingresos de más de 1.9 millones mensuales.

 

Los defensores de estas propuestas mencionan que Suecia tiene una carga impositiva de 22 por ciento para las empresas, 60 por ciento para las personas naturales y un IVA de 25 por ciento. Mientras que para Colombia las tasas máximas correspondientes para esos mismos impuestos son respectivamente, 34, 35 y 19 por ciento. Pero lo que no mencionan estos análisis es que la estructura tributaria sueca corrige fuertemente la desigualdad que tiende a generar el modelo capitalista. En 2016 la desigualdad del ingreso sueco medida por Gini fue de 0.42 pero después de aplicar impuestos y subsidios el ingreso disponible de los suecos pasó a ser mucho más equitativo (un Gini de 0.23). Por el contrario la desigualdad del ingreso colombiano no es corregida ni por el estatuto tributario ni por el gasto público social, sino que más bien tiende a empeorar y deja por resultado que el 1 por ciento de los colombianos concentre el 44 por ciento de la riqueza del país.

 

La regresividad colombiana es tal que el aumento del IVA en un punto porcentual deteriora la desigualdad en 1.2 puntos porcentuales, aún con esto la reforma tributaria de Santos pasó de un IVA de 16 a uno de 19 por ciento. Frente al impacto negativo del IVA el Ministro Carrasquilla anunció ante al gremio de banqueros en Cartagena, que gravaría con IVA y sin excepción todos los productos y después devolvería el monto subsidiado de la canasta básica al sector de bajos ingresos (que estiman en 11% de sus ingresos) a través de programas como Familias en Acción y exigiendo su bancarización.

 

Es una propuesta deficiente y malintencionada. Deficiente, porque es difícil o imposible individualizar el gasto que los hogares hacen mensualmente por concepto de la canasta básica de alimentos. Malintencionada, porque esta decisión genera lucro para los establecimientos de crédito mediante la cuota de manejo de una mayor población bancarizada, y porque fortalece el programa clientelista creado con la primera administración Uribe –que contaba con 300 mil familias en el 2002 y pasó a reunir 4 millones hoy.



La corrupción es un fenómeno muy costoso para los colombianos, representa cerca de 50 billones de pesos cada año, una cantidad muy similar a la que recauda el país por impuesto de renta. Es decepcionante que exista en el gabinete actual un Ministro de Hacienda con cualidades éticas cuestionables, con espacio político gubernamental para proponer reformas nocivas para la mayoría de los ciudadanos y cuyo partido político obstruye la moción de censura para removerlo de su cargo. Es desconcertante que existan líderes políticos que hayan defendido el “no” a la consulta anticorrupción, y que frente a la impopularidad de las propuestas de Carrasquilla hayan impulsado un proyecto de ley que en apariencia beneficia a la clase trabajadora –mediante la búsqueda de un incremento extraordinario del salario mínimo–, cuando lo que busca es beneficiar a los fondos privados que administran pensiones y cesantías debido a que el incremento no lo puede usar el trabajador en efectivo sino que se abona a sus cesantías. Esto sin contar que con la reforma pensional se está buscando eliminar a Colpensiones con el fin de apartar esta incómoda competencia para los fondos privados.

 

En resumen las reformas del presente gobierno, y de su partido político, apuntan a introducir mayores oportunidades de lucro para los gremios y menor bienestar para la clase trabajadora. Pese a que nuestra Constitución Política podría ser muy similar a la de los países nórdicos –pioneros en la construcción del Estado de Bienestar–, desde su misma creación en 1991 la clase dirigente interpone obstáculos para que estos principios no se materialicen en la práctica. Las propuestas del presidente Duque son al extremo regresivas y su administración se anticipa al inconformismo que van a generar acudiendo a la idea de una “regulación” de la protesta, y a una reforma a la justicia que limita la acción de tutela con la que la ciudadanía, como último recurso legal, reclama ante los jueces (ya que la mayoría de los políticos favorecen con sus acciones a los más ricos), sus derechos fundamentales.

Publicado enEdición Nº251
Colombia: hambre y desmantelamiento del Estado social

La situación social en Colombia golpea a los más humildes, mientras desde el gobierno y los círculos de poder disfrutan las ganancias de la violencia.


Las cifras igual que los muertos, los caminos o el curso de los ríos cuentan cosas, tienen historias. Así ocurre con los datos de la desatención en salud, precarización del trabajo, desfinanciación de la educación, ejecuciones legales y extralegales, y el hambre y la miseria que ponen al descubierto una política de exterminio forjada en el largo plazo sobre gente marcada como prescindible, sobrante, que sin saberlo saca a la luz la desigualdad y el déficit democrático. Con la reciente dictadura que avanza con un discurso de poder que suma odio con leyes de venganza, nada cambiará y Colombia tenderá, a menos que haya un colapso estructural, a seguir siendo anunciada como “un país entre el hambre y el desperdicio de comida”(título de un informe periodístico de El Tiempo, de octubre de 2018), que señala que “150 indígenas colombianos y venezolanos” desde hace dos años se alimentan de residuos que disputan con chulos y ratas en el basurero de Puerto Carreño. Es el hambre que no reconoce fronteras, y permanece a la vista del mundo, como lo repasa el film La Pesadilla de Darwin, donde en el África (como en Colombia) la guerra produjo hambre donde había paz y abundancia, y a los nativos pescadores les quedó sacar del basurero las espinas sin carne del pescado. Son 815 millones de personas con hambre en el planeta y aunque la comida alcance para alimentar dos veces a la población entera, hay un genocidio del que son responsables los detentadores del poder y la riqueza.


El hambre en Colombia existe. Lo padecen 3,2 millones de personas sin seguridad alimentaria. Son cerca del siete por ciento de población, subalimentada, con privación crónica de alimentos (según datos de la FAO), que aprendieron a sobrevivir mientras las viejas armas se comían el presupuesto de su alimento y las nuevas amenazan con comerse las oportunidades de niños, jóvenes y viejos. Adicionalmente, la opulencia de pocos desperdicia 300.000 toneladas diarias de comida, suficientes para alimentar a ocho millones de este país y en Venezuela. La clase política, ante la indignante cifra del hambre, padecida “en democracia”, no intenta siquiera atacar el problema de fondo promoviendo límites al enriquecimiento que la provoca, sino que anuncia tramitar una ley que prohíba desperdiciar la comida. Algo similar, inútil y despreciable, ocurrió en 1918 con un decreto que prohibía la mendicidad en Bogotá, sin la menor preocupación por cambiar las condiciones que provocan el fenómeno. Los nazis, igual de audaces, crearon guetos con judíos y luego organizaron paseos para convencerse que matarlos por hambre era la solución. La trampa del poder es convocar a mirar a otro lado, y tratar solo con paliativos las consecuencias sin el menor acercamiento a las causas.


Son 3,2 millones de hambrientos en Colombia, cifra suficiente para cuestionar los anuncios de avance en democracia, inclusión y respeto a los derechos. La cifra pone de relieve que la solución a problemas endémicos, convertidos en violencias contra la niñez, es orientar la política a tratar las causas y crear condiciones de garantía y protección, que justamente el gobierno no asume porque es ideológicamente contrario a las soluciones requeridas. No promueve paz, equidad, ni eliminación de las barreras de discriminación y exclusión que producen hambre, miseria y violencia contra los débiles, porque su poder no responde al interés ciudadano, sino al de mafias y partidos comprometidos con corrupción y criminalidad, que no demandan nada distinto que no sea en beneficio propio.


En lo recorrido del siglo XXI las estructuras de desigualdad han permanecido estables, con insignificantes cambios en las desalentadoras cifras de una realidad que no se resuelve con discursos de odio, populismo punitivo, ni las salidas de guerra que pretenden acabar el hambre con balas y la marginalidad alistando soldados. El 10 por ciento de niños padecen desnutrición crónica que afecta su presente corporal e intelectual y el futuro propio y del país; 2,5 millones de niños tienen algún tipo de limitación especial de carácter cognitivo, sensorial o motor por el que son discriminados; y más de 35.000 niños son explotados sexualmente por mafias que lavan sus ganancias en la economía legal; otros 35.000 (o quizá parte de los mismos) pasan la mayor parte de su tiempo y de su vida en la calle y fueron y siguen siendo maltratados y humillados; del millón de niños que fueron desplazados forzados durante la última década del siglo XX no hay rastro (datos de Unicef sobre la niñez en Colombia).


Al agrupar los datos, la realidad resulta todavía más crítica, porque no hay interés expreso del Estado en ofrecer garantías de solución mediante el acceso a bienes materiales para superar carencias conforme a la universalidad que exigen los derechos para todos. Las cifras reales (distan de datos formales que cambian metodológicas para maquillar informes) y su tendencia es similar en la década, con un promedio de 14,5 millones de personas en condiciones de pobreza y 4,5 millones en indigencia. En el todo de la desigualdad, 10 millones de personas (una de cada cinco) son las víctimas del conflicto armado, a las que el “No” del plebiscito por la paz les arrebató la posibilidad del pleno reconocimiento de personas con derechos y otra vez son negadas, revictimizadas, porque el gobierno se opone a la paz conquistada. De entre las víctimas, más de 7,5 millones son desplazados forzados que huyen, no van en grupos por las carreteras porque los matan, se camuflan en cordones de miseria, aprenden a sobrevivir como invisibles. Otros tantos excluidos y hambrientos “sobreviven” en alcantarillas, arboles, andenes, plazas, parques, botaderos de escombros o en basureros. Solo en Bogotá son más de 10.000, “habitantes de calle” en la miseria total, absoluta, sin sueños ni esperanzas, sin sentido de realidad, expuestos a la vida biológica, sin nada, sin agua, ni comida, ni ducha, ni letrina, sin lavarse los dientes o usar desodorante, sin intimidad, sin prendas de vestir. Seres que cada vez que respiran contradicen las teorías de la capacidad del cuerpo humano para resistir y de la mente para existir como sobrevivientes. Son colombianos, hombres y mujeres, sin patria, ajenos, marginados, no están locos, ni todos son drogadictos, ni ladrones, ni potenciales violadores; es gente despojada a la que el sistema de poder en su codicia e indiferencia extirpó su humanidad.


El gobierno y los beneficiarios del poder del Estado y de la riqueza del país, no se conmueven con estas cifras. No están en sus cuentas ni en su programa de gobierno. Solucionar esta realidad no ocupa su interés, como tampoco saciar el hambre ajeno les mejora sus ingresos; sin ellos se quedarían sin con quién experimentar juegos de guerra de verdad, sin su cantera de pobres, hambrientos y víctimas no tendrían asegurado su futuro.


Las cifras muestran el desmantelamiento del Estado social, porque del Estado de derecho queda muy poco. La verdad oficial es montada con falsificaciones, ofrece leyes donde se necesita comida y entrega odio donde debía florecer la paz. Los medios de comunicación y en especial la televisión privada que vive del Estado, se encargan de controlar las mentes ciudadanas distrayendo, mintiendo y creando ficciones para adormecer y ocultar a los responsables de toda o casi toda la desgracia, que es cambiada por histeria y odio hábilmente hoy conducido por el partido de gobierno, que en lo que va del siglo XXI ha moldeado a su antojo a la opinión y convertido al país en el rehén de sus desvaríos y sueños de poder absoluto y total de dictadura en democracia.


PD: Desde el 10 de octubre, con las universidades en la calle, comienza una era de nuevas y seguramente indetenibles movilizaciones sociales por la reconstrucción del Estado social y de derecho y el respecto a los pactos de derechos, para avanzar a una sociedad en paz, libres de mafias y corrupción en el control de la vida y del país.

11 octubre 2018

 

11 octubre 2018

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Miércoles, 26 Septiembre 2018 09:39

El mecanismo o la teoría de los fractales

El mecanismo o la teoría de los fractales

Ruffo (Selton Mello) no entiende. El plomero le dice que el arreglo es fácil, que en un día soluciona el problema, pero que le costará 600 reales. “Tengo que pagarle a mi nieto y la tubería” explica el trabajador. “Pero ¿cuánto cuesta la tubería?” pregunta Ruffo asombrado por la cifra astronómica. Ochenta reales, responde el plomero. Más confundido, Ruffo cuestiona que le cobre 520 por un día de trabajo. El plomero sonríe con un gesto de decepción. “Eso quisiera”, dice. Ruffo sigue sin comprender y le pide que le explique lo que sucede. El plomero se resigna y le hace un cálculo frío: “mire, cincuenta para mi nieto y ciento cincuenta para mí, serían doscientos. Los trecientos cincuenta son para quien me recomendó este trabajo”. “¿Para quién?” interrumpe Ruffo. “El que le dio mi tarjeta.” “¿Alfredo, el empleado de Cloacas?”. Sí, para él, afirma el plomero (pero ahí no acaba la cadena) y continúa diciendo que el pobre Alfredo tampoco se queda con todo el dinero. Tiene que darle una parte a su jefe.

 

Días antes, cuando el agua pútrida comenzaba a rebosar al frente de su casa, Ruffo, detective de la Policía Federal obsesionado con debelar el mecanismo de la corrupción, había llamado a la empresa del acueducto (Cloacas) para que arreglaran la tubería dañada. Alfredo, el empleado que llegó para hacer la revisión, le dijo que el trabajo demoraría un mes, que era muy difícil, pero que si tenía afán podía comunicarse con el plomero que ahora Ruffo tenía enfrente. Ya entendió. En su mente se hizo un clic, una conexión, la sinapsis que le faltaba para comprender la generalidad de la corrupción. Alterado de la emoción, llega a su estudio para retomar la investigación que había dejado a medias. A su lado, la cámara enfoca por varios segundos a la hija, quien mira atenta la pantalla de una Tablet en la cual aparecen fractales que se repiten y se repiten. Esta imagen, la de los fractales, es sin dudas la que sintetiza toda la argumentación narrativa de El mecanismo, la cautivadora serie de Netflix producida por José Padilha (Narcos, Tropa élite) que narra los inicios de la investigación Lava Jato basándose en el libro Lava Jato: El juez Sergio Moro y los bastidores de la operación que sacudió a Brasil, del periodista Vladimir Netto.

 

Fractales: el todo en la unidad y la unidad en el todo

 

Las imágenes de los fractales representan la idea de que el todo está contenido en la parte y la parte contiene el todo, en un movimiento infinito. Esto significa que, según se expresa en la serie, la corrupción del plomero es la parte de una corrupción a gran escala y a su vez el todo que la contiene y reproduce. Por eso Padihla dice que la corrupción no tiene ideología, porque permea tanto a la derecha como a la izquierda y el llamado centro. En parte tiene razón. La corrupción es inherente al sistema capitalista, sin ella no puede funcionar. La pregunta entonces es por el cómo.

 

¿Cómo funciona el mecanismo de la corrupción? Ruffo es capaz de entregar su vida con tal de encontrar la respuesta y con tal de encarcelar a los responsables. Su primer objetivo (la parte del fractal que contiene al todo) es Roberto Ibrahim (Enrique Díaz) un cínico lavador de dinero que poco caso hace a las advertencias de Ruffo, quien constantemente lo amenaza con llevarlo a la cárcel. Ibrahim sabe, cosa que en principio el detective desconocía, que tiene aliados muy poderosos que lo sacarán de la cárcel en cualquier momento, como en efecto sucede. Pero es esa confianza la que lo hace cometer errores y va dejando pistas sobre sus aliados y movimientos fraudulentos. Errores que la sagaz investigadora Verena (Carol Abras), pupila de Ruffo, y su equipo rastrean como sabuesos siguiendo el rastro.

 

Mas llega un momento en que el espectador se pregunta por qué la manía enfermiza de Ruffo contra Ibrahim. ¿Será que hay un hombre en el mundo tan entregado a cumplir su labor por los valores de la honestidad y la rectitud, la defensa de lo público? Es posible que haya otra causa que explique la conducta del investigador, la cual se encuentra en el pasado común de los dos hombres. En varias ocasiones se nos dice que el lavador y el detective se han conocido de toda la vida, es más, vivieron en el mismo barrio y estudiaron juntos. Sin dar detalles, es posible imaginar a un Ibrahim lastimando profundamente a un Ruffo y salir bien librado de la situación. Esto, claro, es información que el espectador llena con su imaginación. Pero, de ser así, se podría pensar que nuestro héroe no es más que un vengador que sólo busca la propia satisfacción. No lucha contra la corrupción por la justicia social ni el bien común. Esta interpretación, sin embargo, merece contextualización. Si el detective actuara únicamente por los deseos de venganza, le bastaría con ver encarcelado a Ibrahim. Pero este va más allá, y, junto a Verena, utilizan al lavador para llegar a los peces gordos. Así, podría decirse entonces que el daño que posiblemente Ruffo recibió de Ibrahim, esa experiencia íntima, fue la puerta de entrada que lo llevó a luchar contra la injusticia y la corrupción.

 

Tan ínfimos como la gota que va fracturando la roca

 

Una de las preguntas más interesantes sobre el caso Lava Jato es ¿cómo un pequeño grupo de investigadores policiales dieron con uno de los casos de corrupción más importantes del mundo? Es decir, si arriba preguntamos por las motivaciones aquí la pregunta es por las capacidades. La serie cautiva en este sentido. Nos muestra en principio, claro, una gran pericia por parte de los investigadores que, por una camioneta, conectan a Ibrahim con el director de Petrobras, Joao Pedro Rangel (avatar de paulo Roberto Acosta), y a este a su vez con el Club de los 13, una estructura mafiosa compuestas por grandes empresas que se rotaban los contratos públicos y cuya cabeza es Ricardo Bretch (avatar de Mario Odebrecht). Esto en cuanto a las capacidades internas. Frente a las externas la serie muestra a un país, Brasil, dividido políticamente. Al respecto, si bien Padilha pretende ser fiel a su tesis de que la corrupción no tiene ideología, es claro el sesgo con el Partido de los Trabajadores y sus representantes insignia, como Lula da Silva y Dilma Rousseff. Poner en boca de Lula “hay que parar esta sangría”, cuando fue un miembro del partido opositor quien lo dijo, y pasear a Ibrahim en la campaña de Rousseff para reelegirse, no equilibra las cargas cuando tan sólo se dice que los partidos opositores también recibieron dinero de Odebrecht. Menos aun cuando la serie se estrena en plena contienda electoral.

 

Aún así, la serie nos muestra cómo esta confrontación entre opositores les va a permitir a los investigadores continuar con la investigación. Unos a otros se delatan y poco a poco van cayendo fichas claves. Esto recuerda el cinismo con el que el centro democrático acusa de corrupto al expresidente Santos cuando el actual presidente es cuestionado por el mismo hecho.

 

Otro factor determinante fue el juez paulo Rigo (avatar de Sergio Moro). En un momento determinante de las investigaciones el juez dudo si seguir o no. En su casa, meditando, escucha consignas y gran bullicio. El pueblo brasileño se levanta contra la corrupción. El juez sale y, inspirado por el clamor de la gente, decide continuar. Si bien una motivación muy admirable, es tal vez romántica y falta observar cuáles fueron los intereses (no necesariamente personales) del juez.

 

A pesar sus intentos por impedir la continuidad de la investigación son los mismos miembros del grupo de 13 los que la permiten, en especial Ricardo. Este, seguro de que su mecanismo de corrupción es indescifrable, resta importancia a los hechos y actúa como si nada pasara. Es su arrogancia entonces lo va a traicionar más adelante.

 

Por último, a este rompecabezas, sin embargo, le hace falta una pieza. El papel de la CIA en las respectivas investigaciones. Esto no se ve en la serie. No existe. Pero ¿será posible que hayan intervenido? Mucho. Si en el contexto político los conflictos fueron el caldo de cultivo que permitieron la germinación de la investigación, los conflictos económicos internacionales son el habitad natural. Recordemos que dentro de la región Brasil quería ocupar más y más espacios de control y liderazgo para hacerle frente a los Estados Unidos. Es muy posible que los contratos otorgados a empresas de Brasil hayan afectado gravemente los intereses de los empresarios norteamericanos. Aquí es donde cabe la pregunta sobre a ¿quién le conviene que empresas poderosas como Odebrecht caigan?

 

Sin embargo, este camino está lleno de baches, de peripecias, de obstáculos y dramas propios de la realidad que la serie intenta recoger lo mejor que puede, aunque en ocasiones queda la sensación de que no lo consigue, de que la realidad los superó y esta ficción sólo rosó su verdadera complejidad.

 

‘Yo siempre estoy aquí’

 

El mecanismo, que poco a poco toma forma, dilucida un aspecto fundamental del fenómeno de la corrupción. En una escena, luego de inflar los costos en las obras de una refinería, ante el busto del noble padre fundador de la empresa Miller&Bretch (avatar del grupo Odebrecht), Ibrahim le dice a Joao Pedro: “¿sabes lo que le dijo (el noble padre) al gobernador el día de la posesión? El gobernador lo encontró en la ceremonia –narra Ibrahim– ‘Amigo qué haces aquí’. El noble padre le respondió: Gobernador, yo estoy siempre aquí, ustedes son los que cambian’”. Cuando se destapa un caso de corrupción las figuras visibles son los políticos, las invisibles, los empresarios. El verdadero poder dentro de la maquinaria de la corrupción queda desenfocado y la opinión pública se queda con las caras de sus subordinados. Es bueno que una serie les ponga un rostro a estos empresarios.

 

El final de esta, luego de ocho capítulos, se da inicio a una historia que no dejará de sorprendernos e indignarnos. En la segunda temporada, de seguro, se descubrirá el esquema de corrupción de la empresa Miller&Bretch desde Brasil para el mundo. Ojalá la narración sea capaz de ser fiel a la realidad.

Publicado enEdición Nº250
Ataque aéreo en Yemen alcanza autobús escolar; hay 50 muertos

Saná, Yemen

 

Un ataque aéreo lanzado este jueves por la coalición encabezada por Arabia Saudita que lucha contra los rebeldes hutíes, apoyados por los chiítas, alcanzó a un autobús en un mercado concurrido del norte de Yemen, con saldo de al menos 50 muertos, entre ellos 29 niños, y 77 heridos, informó la televisora rebelde Al Masirah.

La coalición aseguró que atacó a los rebeldes hutíes, que dispararon este miércoles un misil, con resultado de una persona muerta en el sur del reino: un residente yemenita.

Al Masirah difundió imágenes dramáticas de niños con la ropa y mochilas escolares cubiertas de sangre mientras permanecían en camillas de los hospitales. El Comité Internacional de la Cruz Roja tuiteó que su equipo en un hospital al que financia en Saada recibió los cadáveres de 29 menores, que no llegaban a los 15 años. El equipo también recibió a 48 personas heridas, entre ellas 30 niños, agregó.

El ataque ocurrió en el mercado Dahyan, en la provincia de Saada, en la frontera con Arabia Saudita. La región de Saada es el bastión de los rebeldes hutíes, a los que combate la coalición dirigida por Riad, que interviene en apoyo a las fuerzas del presidente Abd Rabbo Mansur Hadi.

Los hutíes, que forman parte de la minoría zaidita (una rama del chiísmo), se consideran marginados en un país mayoritariamente sunita y tienen apoyo de Irán, que niega darles respaldo militar.

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, exigió una investigación rápida e independiente.

“De nuevo numerosos niños habrían muerto o resultado heridos cuando un autobús escolar fue atacado en el norte de Yemen… ¿El mundo realmente necesita ver más niños inocentes muertos para poner fin a la guerra cruel en Yemen?”, se preguntó el director del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para Medio Oriente, Geert Cappelaere.

La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Heather Nauert dijo: Exhortamos a la coalición encabezada por Arabia Saudita a realizar una investigación exhaustiva y transparente respecto al incidente.

El autobús bombardeado transportaba a civiles locales, muchos de ellos menores, según jefes tribales yemeníes que hablaron a condición del anonimato por temor a represalias.

No hubo un desglose de las víctimas fatales y se desconocía de momento cuántas correspondían al autobús y cuántas eran transeúntes en los alrededores. También se desconocía si hubo otros ataques aéreos en la zona.

El coronel Turki al-Malki, portavoz de la coalición, dijo que la incursión en Saada estuvo dirigida a los insurgentes que dispararon un misil contra la ciudad saudita de Jizán, donde también causaron 11 heridos. Precisó que el proyectil fue interceptado, pero sus fragmentos causaron las víctimas.

Al-Malki insistió en que el ataque en Saada fue una acción militar legítima acorde a los usos y costumbres del derecho internacional. Acusó a los hutíes de reclutar niños y utilizarlos en los campos de batalla para encubrir sus acciones.

La guerra de Yemen dejó más de 10 mil muertos desde la intervención de la coalición en 2015 y provocó la peor crisis humanitaria en el mundo, según la ONU.

 


Tres palestinos muertos en el fuego cruzado entre Israel y Hamas en la frontera de la Franja de Gaza

 

Página12

 

Los fuegos cruzados entre la organización palestina Hamas y el ejército israelí sacudieron la madrugada de ayer los territorios a un lado y otro de la frontera en la Franja de Gaza. 180 cohetes partieron del lado palestino hacia Israel, quien respondió con ataques aéreos a más de 150 objetivos. Murieron una mujer embarazada palestina, su bebé de 18 meses y un miembro de Hamas.

La nueva escalada de tensiones comenzó el martes cuando el ejército israelí abrió fuego con un tanque a un puesto de vigilancia palestino, porque interpretó que un ejercicio con fuego real del brazo armado de Hamas ponía en peligro un destacamento suyo. La milicia islamista que controla la Franja de Gaza enseguida prometió represalias, pero éstas no llegaron sino hasta el miércoles por la noche, cuando una lluvia de cohetes cayó sobre suelo israelí.

El Ejército de Israel aseguró que durante la noche fueron lanzados 150 proyectiles hacia su territorio, de los que más de 30 fueron interceptados pero la mayoría cayó en el campo. En respuesta, Israel atacó más de 150 objetivos en la Franja de Gaza. “Sólo atacamos objetivos militares que sin duda eran utilizados por Hamas”, dijo el portavoz militar Jonathan Conricus. Sin embargo, a pesar de las declaraciones de los militares, una mujer embarazada que cursaba el octavo mes de embarazo, Inas Jamash, de 23 años, y su hija Bayan, de 18 meses, perdieron la vida mientras dormían en su casa en un bombardeo que alcanzó Jafarawi, en el centro de Gaza. “No puedo entenderlo. Me gustaría que el soldado israelí que disparó contra mi hermana y mi sobrina pueda sentir por un segundo el dolor y agonía con los que yo ahora tengo que vivir”, dijo a la cadena qatarí Al Jazzera la hermana de la víctima, Iman, con quien Inas había pasado las últimas semanas eligiendo ropa para su segunda hija. El tercer palestino muerto fue identificado por Hamas como Ali Ghandur, un miembro de la rama armada del movimiento, la brigada Ezedin al Qasam.

Ayer por la tarde se instaló una breve calma en el territorio, que terminó con la caída de un cohete palestino cerca de Beersheva, a unos 40 kilómetros de Gaza. El artefacto no provocó daños ni víctimas, pero parecía una advertencia a Israel ya que se trata de la primera vez desde la guerra iniciada en 2014 que se lanza un cohete tan en el interior del territorio del Estado hebreo, en lugar de las proximidades de Gaza. Al final de la tarde, hubo respuesta israelí en la que se atacó a un edificio de cinco pisos donde funcionaba un teatro.

Tras estos últimos episodios de violencia, una asociación de resistencia armada, a la que pertenece Hamas, dio por terminada la escalada de violencia con Israel. “Esta escalada se ha acabado gracias a la mediación internacional y regional”, informaron. Según sus declaraciones, Egipto y el enviado especial de la ONU Nickolay Mladenov habían logrado mediar un acuerdo de alto el fuego entre Israel y las milicias, que entró en vigor por la medianoche local. Mladenov previamente ya había llamado a acabar con la escalada. “Estoy profundamente alarmado por la escalada de violencia entre Gaza e Israel, y en especial por los numerosos cohetes lanzados hoy hacia una localidad del sur de Israel”, declaró el diplomático quien hizo, además, un llamado a la moderación.

“Se ha llegado a un acuerdo de calma a cambio de calma, que comienza a medianoche”, dijo un miembro del comité conjunto de las milicias armadas en Gaza que pidió no ser identificado. El medio digital israelí Ynet señaló que fuentes palestinas confirmaron la entrada en vigor de una tregua, aunque aseguró que portavoces del Ministerio de Exteriores israelí no habían respondido por el momento a preguntas sobre la cuestión. Las informaciones sobre el alto el fuego siguieron, sin embargo, a una declaración en sentido contrario del Gabinete de Seguridad israelí, que tras varias horas reunido con altos mandos de Defensa emitió un comunicado en el que aseguraba que había ordenado al Ejército que continuara actuando con fuerza contra los que llamó los elementos terroristas.

Israel y Hamas mantienen desde la guerra de 2014 un muy tenso alto el fuego, que con regularidad se ve puesto a prueba por actos hostiles a ambos lados de la valla fronteriza israelí que cierra herméticamente la frontera.

El 30 de marzo comenzaron una serie de manifestaciones masivas contra el bloqueo israelí y para exigir el derecho de retorno de los palestinos que fueron expulsados de sus tierras con la creación de Israel, en 1948.

Las tensiones se vieron exacerbadas por el traslado, el 14 de mayo, de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Esta decisión, que rompió con décadas de consenso internacional, coincidió con un baño de sangre en el que más de 60 palestinos murieron a lo largo de la valla fronteriza. Desde marzo, el fuego israelí ha acabado con la vida de al menos 165 gazatíes. Un soldado israelí también murió en esos enfrentamientos el 20 de julio, por primera vez desde 2014.

Publicado enInternacional
Lunes, 02 Julio 2018 09:51

De Cazucá a la tierra

De Cazucá a la tierra

Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa donde había sido feliz [...] 

Fueron cuatro golpes breves con los que llamaba a la puerta de la desgracia.


Albert Camus-El extranjero

 

El cielo ha sido un cíclope, y el sol como su ojo de fuego destilando odio a cada lengüetazo. Su fulgor que encegueció a Mersault cuando apuntó con su revólver al árabe y descargó los cuatro tiros del tambor sobre la silueta del hombre al que no podía ver con claridad porque la luz lo encandiló. Lo que hizo entonces, al no verlo, fue asesinarlo con el ímpetu de su corazón, con las palpitaciones de la sangre que bombeaba en su cabeza y le produjeron desesperación. Luego de los disparos, todo fue silencio y una extraña sensación, de liviandad quizás, de orfandad en el vasto mundo. Eso fue lo primero que pensé cuando Poveda, de quince años de edad y que integra un grupo de aceleración de un colegio de Bosa, al sur occidente de Bogotá, me contó su historia.


Aquella misma mañana, una mañana cualquiera del mes de mayo de 2018 en que extrañamente el sol refulgía con furia sobre Bogotá, un amigo de su barrio fue hasta su casa y le avisó que las pintas estaban dando papaya, pues se encontraban campantes, sentados frente a otra de las ollas del barrio, hablando, como si no le debieran nada a nadie. Poveda entonces supo que era su oportunidad, se levantó, se puso una sudadera, cogió su bicicleta, le dijo a su mamá que no se demoraba y sin desayunar ni lavarse los dientes salió de la casa con dirección a la olla del Mono cuco y el Burro, quienes les pasaron los fuetes. Sebastián, como se llamaba su amigo, se acomodó la cachucha de los Lakers y Poveda intentó ajustar el revólver entre sus boxers y su vientre, ya que el material de algodón de su sudadera hacía que la cacha se resbalara. Antes de treparse a las bicicletas, el Burro les ofreció un cigarrillo de marihuana, para que se fueran relajados, y cuando arrojaron el resquicio del pucho, se echaron la bendición y empezaron a pedalear.

 

El barrio

 

Y pedalearon por las calles sin asfaltar del barrio Bosa Santa Fe, ubicado al sur de la localidad de Bosa, y que colinda con el canal de Cundinamarca, el río Bogotá y con los barrios Potreritos, Villa Ema y Ciudadela el Recreo. Sector en el que el Distrito de Bogotá, a través del Programa Integral de Vivienda Efectiva, construyó en 2017, 6.129 viviendas, agrupadas en el conjunto Campo Verde, para familias ahora llamadas pomposamente en condición de vulnerabilidad.

 

Sin embargo, esta zona de la ciudad se ha visto afectada por serios problemas debido a las constantes inundaciones que presenta, a la escasez del transporte público, y a los altos índices de delincuencia. Del mismo modo, la comunidad de indígenas muiscas que habitan el sector, interpusieron las respectivas denuncias para que frenaran la construcción, ya que en ningún momento se les consultó sobre la urbanización de los predios, pero como era de esperarse jamás les prestaron mayor atención.

 

Poveda y Sebastián son habitantes de esta zona, específicamente del conjunto residencial llamado El Bicentenario, el cual fue creado por «La Caja de la Vivienda Popular por medio del programa de Reasentamientos Humanos y buscando proteger la vida de las familias vulnerables» (radiosantafe.com, 2010). Esto quiere decir que además de las familias que salieron huyendo de las montañas de Ciudad Bolívar como víctimas de la violencia, el microtráfico y la delincuencia, también arribaron a El Bicentenario otro tipo de personas con el propósito de encubar el terror y establecer sus negocios ilícitos, como es el caso de la banda de narcotraficantes y asaltantes denominada los Nocopeo, que tenían allí su guarida y centro de operaciones.

 

Las calles del barrio están sin asfaltar, varias casas funcionan como dispendio de drogas, tanto así que de forma recurrente la policía aparece y quita las puertas de las casas; los caciques de las ollas caminan con tranquilidad armados a plena luz del día, y por lo tanto, los habitantes del sector viven con miedo. Anteriormente, el conjunto tenía una reja que lo bordeaba, la policía la quitó para establecer mayor control, pero el día en que empezaron a echarla abajo hubo un tiroteo que dejó varios muertos y heridos. Adentro del conjunto también hay ollas, pequeñas casas que sirven para el expendio del bazuco y donde se arriendan los cuatro cuartos que tienen para su consumo. Unas cuadras más abajo de El Bicentenario se extiende macilenta la cuadra picha, donde vive el cacique general, o el duro de la zona. Mejor dicho, la gente no puede salir en la noche, es muy peligroso, si alguien debe salir, tiene que hacerlo acompañado.

 

Infancia

 

Poveda vive allí desde hace tres años, me cuenta entretanto acomoda el mechón de pelo que le atraviesa la frente. Estamos sentados en un salón de clases y el sol golpea fuerte sobre Bogotá, el mismo sol de El extranjero de Camus. Como ya conté, tiene 15 años, es moreno, de contextura gruesa, rostro fuerte, expresión sombría, la piel de su cara es acartonada y tiene múltiples orificios, no por el acné sino por automutilaciones. Nunca mira a nadie directo a los ojos, por lo tanto su cabeza se mueve buscando escapatoria, para que nadie lo mire, para no hacer contacto con ningún interlocutor. Sus manos también están cicatrizadas, pero estas últimas, él me cuenta, son producto de la cantidad de papas que debe pelar en El Redentor, la cárcel para menores de edad en la que se encuentra recluido.

 

Su voz es pausada, no articula bien la letra r, no pronuncia la l que está a mitad de palabra, y jamás las finaliza con la s. Me cuenta que antes vivía en Cazucá, altos de Cazucá, que corresponde a la Comuna 4 del municipio de Soacha. Este barrio triste, marchito por el polvo que se levanta de sus calles, pobre y lóbrego, es aún refugio para los más de 17.000 desplazados por la violencia de todo el país, que encontraron en aquella montaña o en sus faldas, un trozo de raíz para sostenerse y no caer definitivamente al abismo. Y sus habitantes deben vivir, además sin servicios públicos, con el miedo constante que producen las bandas criminales que crecen como parásitos en una letrina y con la presencia pestilente de los grupos paramilitares, que regularmente hacen sus famosas limpiezas sociales.

 

La casa, o el rancho en el que creció y vivió estaba levantado sobre la falda de una montaña, sus paredes eran de lámina de madera y su techado era de zinc y hojalata. Allí se apretujaban Poveda, su mamá, cuatro hermanos, dos de ellos mayores y su papá cuando aparecía. Y por eso, porque su papá pocas veces frecuentaba su casa, su mamá debía rebuscarse lo de los alimentos vendiendo bolsas de basura.

 

Por supuesto, cuando le pregunto por el paradero de su padre, Poveda inclina más la cabeza, como si quisiera girarla 180 grados, o quizás arrancársela y arrojarla al bote de basura. Me dice: “él camellaba en una olla, era el cacique de una olla”, en el barrio le tenían respeto, que puede traducirse como miedo, porque era fácilmente alterable, ya había asesinado a varias personas. Incluso, un día que tuvo un altercado con el cacique de otra olla, se armó de un revólver y una granada y se dirigió a donde su enemigo, pero al comprobar que la olla estaba repleta de gente, decidió arrojar la granada. Luego su papá debió esconderse por un tiempo y cuando regresó consumía más drogas, hasta que una mañana, cuando Poveda tenía 6 años, la misma Sijin lo mató cuando intentaba huir por el techado de una casa.

 

Dos de sus hermanos mayores no corrieron con mejor suerte. A uno de ellos lo mataron por una jovencita, le pegaron 3 puñaladas y a su otro hermano lo mató la limpieza paramilitar de la zona cuando se encontraba departiendo con sus amigos y de la ventana de una camioneta salió la boca de una ametralladora. Del año 2004 al 2006, Jaime Andrés Marulanda de 26 años, alias el Chiquitín y miembro de las AUC, asesinó a más de 137 jóvenes de Soacha y Cazucá. Al momento de dictarle una sentencia de 28 años de cárcel, el Chiquitín se enfureció porque la condena estaba argumentada por el asesinato de 37 jóvenes, y él reclamó que les habían faltado otros 100, que además él le había hecho un favor a la comunidad, y que por cada joven asesinado recibía un pago de 400.000 pesos.

 

El crimen

 

Poveda pega su mirada al sol, como si no lo afectaran sus rayos. Creo que percibe su reflejo abotagado, perplejo, en la ventana. El resto de sus compañeros ríen por algún chiste, pero él permanece inmutable. Luego voltea lentamente su cabeza, me mira un instante y antes de proseguir con su historia vuelve a anclar su mirada al piso.

 

Sebastián pedalea a su lado derecho. Antes de doblar por la esquina donde están los enemigos se miran de reojo y palpan su vientre para comprobar que permanecen allí los revólveres o fuetes. Cuando gira el manubrio de la bicicleta Poveda recuerda a sus dos amigos asesinados por los hombres que están a media cuadra, luego recuerda las tres puñaladas que un mes antes los mismos hombres le habían propinado, únicamente porque él pasó por una calle prohibida. Las fronteras invisibles, le digo yo. Siente entonces el picor de la herida de su vientre, la que casi lo mata y le produce ira. La sangre le bombea más rápido, se agita turbia en su interior y se agolpa en su cabeza, al mismo tiempo que las ruedas de su bicicleta giran y el sol le da pleno en los ojos. Es un sol inusual en Bogotá, es estival, diáfano, entra al mundo puro, como si no tuviera ningún obstáculo, ni que atravesar tanto espacio y tiempo.

 

Los hombres están sentados sobre la acera, a media cuadra de distancia, en frente de la olla. Son tres, fuman cigarrillo, se rotan un bareto y se ríen a carcajadas. Las risas penetran con estridencia en los oídos de Poveda que mira a su lado y observa como Sebastián se pone de pie en la bicicleta y acelera, entretanto con la mano derecha saca el revólver. Los hombres los observan y se percatan de que van por ellos. Uno se pone de pie y echa a correr y Sebastián dispara, el hombre cae y Sebastián lo remata con tres tiros en la cabeza. Poveda siente que le falta el aire, no me dio nada matarlos, me confiesa, acelera también, saca el revólver y apunta al primero al que le pega un tiro que se pierde en el aire y otro que le da en una pierna, este hombre alcanza a huir por una bocacalle, pero el otro no alcanza a reaccionar y recibe un balazo primero en el hombro y otro en el pecho. Cuatro disparos, los mismos de Mersault.

 

Sebastián mira a Poveda y le hace un gesto cuando escuchan que salen personas por las ventanas y que a lo lejos aúlla una sirena de la policía. Emprenden la huida, cada uno por una calle diferente. Poveda siente cómo la adrenalina regurgita en su interior y se disemina por sus extremidades. Se siente tranquilo y satisfecho. Recuerda que tiene empuñado, con mucha fuerza, el revólver, el cual arroja a un costado, hacia un potrero. Gira por una esquina, no sabe con exactitud en dónde se encuentra, pero gira y pedalea como si fuera su última carrera, como si así lograra escapar del infierno. El sol golpea de nuevo en sus ojos y lo encandila, no lo deja ver las dos motos de la policía que se acercan a toda velocidad, ni a los policías que las conducen y que ya le apuntan.

 

Quizás Poveda jamás hubiera cometido el crimen si hubiera nacido en otro contexto, si sus padres lo hubieran bajado rápido de esa loma, si en su barrio no hubieran ollas en la casa vecina, si para estudiar no tuviera tantas necesidades. Estoy seguro de que Poveda es un fiel reflejo de las calles en las que creció, de la mirada perdida de su padre, de la sangre derramada de sus hermanos, de las avenidas sin asfaltar que debe recorrer diariamente levantando polvaredas que ensucian sus zapatos y lo enceguecen, de la desesperanza de no tener un futuro, solo un presente demasiado cercano, oscuro y tétrico, pero diáfano, porque no hay esperanza en él. Quizás Poveda sería un estudiante brillante si estuviera matriculado en uno de esos colegios del norte o de la Sabana de Bogotá que tienen canchas de fútbol, hermosas bibliotecas y piscina. Y de otra cosa estoy seguro, entretanto me despido dándole la mano y mi número de teléfono, porque las cosas en El Redentor son duras y de pronto necesita algo, ojalá un libro, y es que Poveda es un extranjero de la vida, de su contexto, de su tiempo, de las condiciones de su sociedad, un extranjero enceguecido por la inminente pobreza y violencia que brilla más que la luz del sol.

 

Referencias

radiosantafe.com. (19 de 9 de 2010). www.radiosantafe.com. Obtenido de www.radiosantafe.com: http://www.radiosantafe.com/2010/09/29/conjunto-residencial-el-bicentenario-sera-el-hogar-de-667-familias-vulnerables/

 

Video relacionado

https://youtu.be/_cLuZ7vS9eg

 

Publicado enColombia
Lunes, 25 Junio 2018 09:48

De Cazucá a la tierra

De Cazucá a la tierra

Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa donde había sido feliz [...] 

Fueron cuatro golpes breves con los que llamaba a la puerta de la desgracia.


Albert Camus-El extranjero

 

El cielo ha sido un cíclope, y el sol como su ojo de fuego destilando odio a cada lengüetazo. Su fulgor que encegueció a Mersault cuando apuntó con su revólver al árabe y descargó los cuatro tiros del tambor sobre la silueta del hombre al que no podía ver con claridad porque la luz lo encandiló. Lo que hizo entonces, al no verlo, fue asesinarlo con el ímpetu de su corazón, con las palpitaciones de la sangre que bombeaba en su cabeza y le produjeron desesperación. Luego de los disparos, todo fue silencio y una extraña sensación, de liviandad quizás, de orfandad en el vasto mundo. Eso fue lo primero que pensé cuando Poveda, de quince años de edad y que integra un grupo de aceleración de un colegio de Bosa, al sur occidente de Bogotá, me contó su historia.


Aquella misma mañana, una mañana cualquiera del mes de mayo de 2018 en que extrañamente el sol refulgía con furia sobre Bogotá, un amigo de su barrio fue hasta su casa y le avisó que las pintas estaban dando papaya, pues se encontraban campantes, sentados frente a otra de las ollas del barrio, hablando, como si no le debieran nada a nadie. Poveda entonces supo que era su oportunidad, se levantó, se puso una sudadera, cogió su bicicleta, le dijo a su mamá que no se demoraba y sin desayunar ni lavarse los dientes salió de la casa con dirección a la olla del Mono cuco y el Burro, quienes les pasaron los fuetes. Sebastián, como se llamaba su amigo, se acomodó la cachucha de los Lakers y Poveda intentó ajustar el revólver entre sus boxers y su vientre, ya que el material de algodón de su sudadera hacía que la cacha se resbalara. Antes de treparse a las bicicletas, el Burro les ofreció un cigarrillo de marihuana, para que se fueran relajados, y cuando arrojaron el resquicio del pucho, se echaron la bendición y empezaron a pedalear.

 

El barrio

 

Y pedalearon por las calles sin asfaltar del barrio Bosa Santa Fe, ubicado al sur de la localidad de Bosa, y que colinda con el canal de Cundinamarca, el río Bogotá y con los barrios Potreritos, Villa Ema y Ciudadela el Recreo. Sector en el que el Distrito de Bogotá, a través del Programa Integral de Vivienda Efectiva, construyó en 2017, 6.129 viviendas, agrupadas en el conjunto Campo Verde, para familias ahora llamadas pomposamente en condición de vulnerabilidad.

 

Sin embargo, esta zona de la ciudad se ha visto afectada por serios problemas debido a las constantes inundaciones que presenta, a la escasez del transporte público, y a los altos índices de delincuencia. Del mismo modo, la comunidad de indígenas muiscas que habitan el sector, interpusieron las respectivas denuncias para que frenaran la construcción, ya que en ningún momento se les consultó sobre la urbanización de los predios, pero como era de esperarse jamás les prestaron mayor atención.

 

Poveda y Sebastián son habitantes de esta zona, específicamente del conjunto residencial llamado El Bicentenario, el cual fue creado por «La Caja de la Vivienda Popular por medio del programa de Reasentamientos Humanos y buscando proteger la vida de las familias vulnerables» (radiosantafe.com, 2010). Esto quiere decir que además de las familias que salieron huyendo de las montañas de Ciudad Bolívar como víctimas de la violencia, el microtráfico y la delincuencia, también arribaron a El Bicentenario otro tipo de personas con el propósito de encubar el terror y establecer sus negocios ilícitos, como es el caso de la banda de narcotraficantes y asaltantes denominada los Nocopeo, que tenían allí su guarida y centro de operaciones.

 

Las calles del barrio están sin asfaltar, varias casas funcionan como dispendio de drogas, tanto así que de forma recurrente la policía aparece y quita las puertas de las casas; los caciques de las ollas caminan con tranquilidad armados a plena luz del día, y por lo tanto, los habitantes del sector viven con miedo. Anteriormente, el conjunto tenía una reja que lo bordeaba, la policía la quitó para establecer mayor control, pero el día en que empezaron a echarla abajo hubo un tiroteo que dejó varios muertos y heridos. Adentro del conjunto también hay ollas, pequeñas casas que sirven para el expendio del bazuco y donde se arriendan los cuatro cuartos que tienen para su consumo. Unas cuadras más abajo de El Bicentenario se extiende macilenta la cuadra picha, donde vive el cacique general, o el duro de la zona. Mejor dicho, la gente no puede salir en la noche, es muy peligroso, si alguien debe salir, tiene que hacerlo acompañado.

 

Infancia

 

Poveda vive allí desde hace tres años, me cuenta entretanto acomoda el mechón de pelo que le atraviesa la frente. Estamos sentados en un salón de clases y el sol golpea fuerte sobre Bogotá, el mismo sol de El extranjero de Camus. Como ya conté, tiene 15 años, es moreno, de contextura gruesa, rostro fuerte, expresión sombría, la piel de su cara es acartonada y tiene múltiples orificios, no por el acné sino por automutilaciones. Nunca mira a nadie directo a los ojos, por lo tanto su cabeza se mueve buscando escapatoria, para que nadie lo mire, para no hacer contacto con ningún interlocutor. Sus manos también están cicatrizadas, pero estas últimas, él me cuenta, son producto de la cantidad de papas que debe pelar en El Redentor, la cárcel para menores de edad en la que se encuentra recluido.

 

Su voz es pausada, no articula bien la letra r, no pronuncia la l que está a mitad de palabra, y jamás las finaliza con la s. Me cuenta que antes vivía en Cazucá, altos de Cazucá, que corresponde a la Comuna 4 del municipio de Soacha. Este barrio triste, marchito por el polvo que se levanta de sus calles, pobre y lóbrego, es aún refugio para los más de 17.000 desplazados por la violencia de todo el país, que encontraron en aquella montaña o en sus faldas, un trozo de raíz para sostenerse y no caer definitivamente al abismo. Y sus habitantes deben vivir, además sin servicios públicos, con el miedo constante que producen las bandas criminales que crecen como parásitos en una letrina y con la presencia pestilente de los grupos paramilitares, que regularmente hacen sus famosas limpiezas sociales.

 

La casa, o el rancho en el que creció y vivió estaba levantado sobre la falda de una montaña, sus paredes eran de lámina de madera y su techado era de zinc y hojalata. Allí se apretujaban Poveda, su mamá, cuatro hermanos, dos de ellos mayores y su papá cuando aparecía. Y por eso, porque su papá pocas veces frecuentaba su casa, su mamá debía rebuscarse lo de los alimentos vendiendo bolsas de basura.

 

Por supuesto, cuando le pregunto por el paradero de su padre, Poveda inclina más la cabeza, como si quisiera girarla 180 grados, o quizás arrancársela y arrojarla al bote de basura. Me dice: “él camellaba en una olla, era el cacique de una olla”, en el barrio le tenían respeto, que puede traducirse como miedo, porque era fácilmente alterable, ya había asesinado a varias personas. Incluso, un día que tuvo un altercado con el cacique de otra olla, se armó de un revólver y una granada y se dirigió a donde su enemigo, pero al comprobar que la olla estaba repleta de gente, decidió arrojar la granada. Luego su papá debió esconderse por un tiempo y cuando regresó consumía más drogas, hasta que una mañana, cuando Poveda tenía 6 años, la misma Sijin lo mató cuando intentaba huir por el techado de una casa.

 

Dos de sus hermanos mayores no corrieron con mejor suerte. A uno de ellos lo mataron por una jovencita, le pegaron 3 puñaladas y a su otro hermano lo mató la limpieza paramilitar de la zona cuando se encontraba departiendo con sus amigos y de la ventana de una camioneta salió la boca de una ametralladora. Del año 2004 al 2006, Jaime Andrés Marulanda de 26 años, alias el Chiquitín y miembro de las AUC, asesinó a más de 137 jóvenes de Soacha y Cazucá. Al momento de dictarle una sentencia de 28 años de cárcel, el Chiquitín se enfureció porque la condena estaba argumentada por el asesinato de 37 jóvenes, y él reclamó que les habían faltado otros 100, que además él le había hecho un favor a la comunidad, y que por cada joven asesinado recibía un pago de 400.000 pesos.

 

El crimen

 

Poveda pega su mirada al sol, como si no lo afectaran sus rayos. Creo que percibe su reflejo abotagado, perplejo, en la ventana. El resto de sus compañeros ríen por algún chiste, pero él permanece inmutable. Luego voltea lentamente su cabeza, me mira un instante y antes de proseguir con su historia vuelve a anclar su mirada al piso.

 

Sebastián pedalea a su lado derecho. Antes de doblar por la esquina donde están los enemigos se miran de reojo y palpan su vientre para comprobar que permanecen allí los revólveres o fuetes. Cuando gira el manubrio de la bicicleta Poveda recuerda a sus dos amigos asesinados por los hombres que están a media cuadra, luego recuerda las tres puñaladas que un mes antes los mismos hombres le habían propinado, únicamente porque él pasó por una calle prohibida. Las fronteras invisibles, le digo yo. Siente entonces el picor de la herida de su vientre, la que casi lo mata y le produce ira. La sangre le bombea más rápido, se agita turbia en su interior y se agolpa en su cabeza, al mismo tiempo que las ruedas de su bicicleta giran y el sol le da pleno en los ojos. Es un sol inusual en Bogotá, es estival, diáfano, entra al mundo puro, como si no tuviera ningún obstáculo, ni que atravesar tanto espacio y tiempo.

 

Los hombres están sentados sobre la acera, a media cuadra de distancia, en frente de la olla. Son tres, fuman cigarrillo, se rotan un bareto y se ríen a carcajadas. Las risas penetran con estridencia en los oídos de Poveda que mira a su lado y observa como Sebastián se pone de pie en la bicicleta y acelera, entretanto con la mano derecha saca el revólver. Los hombres los observan y se percatan de que van por ellos. Uno se pone de pie y echa a correr y Sebastián dispara, el hombre cae y Sebastián lo remata con tres tiros en la cabeza. Poveda siente que le falta el aire, no me dio nada matarlos, me confiesa, acelera también, saca el revólver y apunta al primero al que le pega un tiro que se pierde en el aire y otro que le da en una pierna, este hombre alcanza a huir por una bocacalle, pero el otro no alcanza a reaccionar y recibe un balazo primero en el hombro y otro en el pecho. Cuatro disparos, los mismos de Mersault.

 

Sebastián mira a Poveda y le hace un gesto cuando escuchan que salen personas por las ventanas y que a lo lejos aúlla una sirena de la policía. Emprenden la huida, cada uno por una calle diferente. Poveda siente cómo la adrenalina regurgita en su interior y se disemina por sus extremidades. Se siente tranquilo y satisfecho. Recuerda que tiene empuñado, con mucha fuerza, el revólver, el cual arroja a un costado, hacia un potrero. Gira por una esquina, no sabe con exactitud en dónde se encuentra, pero gira y pedalea como si fuera su última carrera, como si así lograra escapar del infierno. El sol golpea de nuevo en sus ojos y lo encandila, no lo deja ver las dos motos de la policía que se acercan a toda velocidad, ni a los policías que las conducen y que ya le apuntan.

 

Quizás Poveda jamás hubiera cometido el crimen si hubiera nacido en otro contexto, si sus padres lo hubieran bajado rápido de esa loma, si en su barrio no hubieran ollas en la casa vecina, si para estudiar no tuviera tantas necesidades. Estoy seguro de que Poveda es un fiel reflejo de las calles en las que creció, de la mirada perdida de su padre, de la sangre derramada de sus hermanos, de las avenidas sin asfaltar que debe recorrer diariamente levantando polvaredas que ensucian sus zapatos y lo enceguecen, de la desesperanza de no tener un futuro, solo un presente demasiado cercano, oscuro y tétrico, pero diáfano, porque no hay esperanza en él. Quizás Poveda sería un estudiante brillante si estuviera matriculado en uno de esos colegios del norte o de la Sabana de Bogotá que tienen canchas de fútbol, hermosas bibliotecas y piscina. Y de otra cosa estoy seguro, entretanto me despido dándole la mano y mi número de teléfono, porque las cosas en El Redentor son duras y de pronto necesita algo, ojalá un libro, y es que Poveda es un extranjero de la vida, de su contexto, de su tiempo, de las condiciones de su sociedad, un extranjero enceguecido por la inminente pobreza y violencia que brilla más que la luz del sol.

 

 

Referencias

radiosantafe.com. (19 de 9 de 2010). www.radiosantafe.com. Obtenido de www.radiosantafe.com: http://www.radiosantafe.com/2010/09/29/conjunto-residencial-el-bicentenario-sera-el-hogar-de-667-familias-vulnerables/

Publicado enEdición Nº247
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