El 1% más rico tiene tanto patrimonio como todo el resto del mundo junto

2015 será recordado como el primer año de la serie histórica en el que la riqueza del 1% de la población mundial alcanzó la mitad del valor del total de activos. En otras palabras: el 1% de la población mundial, aquellos que tienen un patrimonio valorado de 760.000 dólares (667.000 euros o más), poseen tanto dinero líquido o invertido como el 99% restante de la población mundial. Esta enorme brecha entre privilegiados y el resto de la Humanidad, lejos de suturarse, ha seguido ampliándose desde el inicio de la Gran Recesión, en 2008. La estadística de Credit Suisse, una de las más fiables, solo deja una lectura posible: los ricos saldrán de la crisis siendo más ricos, tanto en términos absolutos como relativos, y los pobres, relativamente más pobres.


En La gran brecha, qué hacer con las sociedades desiguales (Taurus, 2015), uno de los últimos libros de Joseph E. Stiglitz, el Nobel de Economía utilizaba una poderosa imagen de Oxfam para ilustrar la dimensión del problema de la desigualdad en el mundo: un autobús que transporte a 85 de los mayores multimillonarios mundiales contiene tanta riqueza como la mitad más pobre de la población global.


Hoy, a esta impactante imagen, plenamente vigente, se añaden otras que dejan patente la creciente inequidad entre los privilegiados y el resto del mundo: uno de cada cien habitantes del mundo tiene tanto como los 99 restantes; el 0,7% de la población mundial acapara el 45,2% de la riqueza total y el 10% más acaudalado tiene el 88% de los activos totales, según la nueva edición del estudio anual de riqueza hecho público este martes por el banco suizo Credit Suisse, elaborado con los datos de patrimonio de 4.800 millones de adultos de más de 200 países.


¿Qué ha causado este nuevo aumento de la brecha? La entidad financiera apunta a la mejora de los mercados financieros: la riqueza de los más acaudalados es más sensible a subidas de precio de acciones de empresas y otros activos financieros que la del resto de la población. En el último año, los índices de referencia de los mercados de los principales índices bursátiles europeos y estadounidenses, el Eurostoxx 50 y el S&P 500, avanzan más de un 10% en el último año.


Otro dato apoya la tesis del aumento de la inequidad: aunque el número de muy ricos (aquellos que tienen un patrimonio igual o superior a los 50 millones de dólares) se ha reducido en cerca de 800 personas desde mediados de 2014 por la fortaleza de la moneda estadounidense frente al resto de grandes divisas, el número de ultrarricos (aquellos que tienen 500 millones o más) ha repuntado "ligeramente", según Credit Suisse, hasta casi 124.000 personas. Ni siquiera el ajuste por tipo de cambio es capaz de contrarrestar su aumento. Por países, casi la mitad de los muy acaudalados reside en EE UU (59.000 personas), 10.000 de ellos viven en China y 5.400 tienen residencia en Reino Unido.


A la vista de los datos, no es de extrañar la satisfacción que mostraba este martes el máximo responsable de Gestión de Patrimonios de Credit Suisse para Europa, Oriente Medio y África, Michael O'Sullivan: su negocio no ha dejado de crecer desde el estallido de la peor crisis desde la II Guerra Mundial. "La nuestra es una industria en pleno crecimiento, la riqueza seguirá su trayectoria al alza". Sus previsiones no pueden ser más elocuentes. El número de personas con un patrimonio superior al millón de dólares crecerá un 46% en los cinco próximos años, hasta los 49 millones de individuos.


Toda la riqueza mundial en su conjunto, en cambio, crecerá hasta 2020 a un robusto pero inferior 39%. En España, el número de ciudadanos con un patrimonio superior al millón de dólares (algo menos de 900.000 euros) ascendía a mediados de este año a 360.000 personas, un 21% menos que en la misma fecha de 2014. España es el noveno país que mayor número de millonarios pierde en el último ejercicio. Al igual que en el resto de la eurozona, la evolución se ve distorsionada por la debilidad del euro frente a la moneda estadounidense.


La clase media china ya es la más numerosa en el mundo


China, el mejor exponente de los años dorados de los emergentes que empiezan a tocar a su fin, ya es el país del mundo con más ciudadanos de clase media. Según el informe anual de riqueza mundial de Credit Suisse, 109 millones de residentes en el gigante asiático poseen unos activos valorados entre 50.000 y 500.000 dólares —44.000 y 440.000 euros, respectivamente—, el rango que establece el banco helvético. Esta cantidad equivale al ingreso medio de casi dos anualidades y ofrece una protección "sustancial" frente a la pérdida del empleo, una caída brusca en el volumen de ingresos o un gasto de emergencia.
Aunque la distribución de la renta en China dista mucho de ser igualitaria, la expansión de la clase media ha seguido un camino paralelo a la evolución de su economía: a mayor crecimiento —el gigante asiático ha crecido a doble dígito ocho de los últimos 20 años y se ha convertido en la imagen del milagro emergente— más ciudadanos en la banda media de renta. En 2015, el Estado asiático superó a EE UU (92 millones) como el primer país por número de personas de clase media. Japón (62 millones de habitantes de clase media), Italia (29 millones), Alemania (28 millones), Reino Unido (28 millones) y Francia (24 millones).


Diferencias regionales


Por regiones, el 46% de la clase media mundial vive en Asia-Pacífico; el 29% residen en Europa, cuna del Estado de bienestar, y el 16%, en América. En términos relativos, en cambio, Norteamérica —con Estados Unidos y Canadá a la cabeza— se erige como máximo exponente de la clase media, con un 39% de los adultos dentro de este apéndice, seguida por Europa, donde uno de cada tres mayores de edad son clase media. La proporción se desploma en América Latina (11%) y en Asia Pacífico, la región más poblada del globo y en la que solo uno de cada 10 habitantes entra dentro del rango establecido por Credit Suisse.
Según las cifras de la entidad financiera, 664 millones de todo el mundo pueden ser considerados de clase media, solo el 14% de la población adulta global. De esta cifra, 96 millones de personas (el 2% del total) tiene una riqueza valorada en más de medio millón de dólares.

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Sábado, 26 Septiembre 2015 12:14

"Todos sus líderes son delincuentes"

"Todos sus líderes son delincuentes"

Alexander Tibacuy está acusado de varios delitos y se encuentra en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá. La Fiscalía lo sindica de varios hechos, pero ninguno de los que realmente cometió están en su expediente:

 

Es responsable, asimismo, de luchar con y por los campesinos de Arauca en el paro agrario que sacudió al país hace más de dos años, pero que en ese departamento solo fue levantado cuando el Gobierno reconoció por decreto el pliego de peticiones que, entre otros puntos exigía reconocer y resarcir el daño que multinacionales y Gobierno ocasionaron contra el departamento y sus gentes.

 

Con su lucha ayudó a demostrar el crimen étnico del Estado colombiano y las multinacionales contra la comunidad indígena Sicuany a quienes desplazaron de sus tierras para poder llevar a feliz culmen el oleoducto Caño Limón Coveñas. Hoy los integrantes de ese grupo étnico viven de las limosnas que la gente les regala en las poblaciones de Arauca.

 

Igualmente es responsable de acusar al Gobierno de su incumplimiento en los pactos que se lograron en esa jornada; pero el peor delito de esta larga lista fue meterse con la Oxxi que es peor que meterse con los hijos de Uribe.

 

A la multinacional la acusó con pruebas, ante la Fiscalía general de la nación, del desastre ecológico que generó en su departamento donde acabó con el agua de por lo menos el setenta por ciento de las fuentes hídricas que recorren este territorio, y su consecuencia lógica: matar cualquier vestigio de fauna acuática. Hoy, en este departamento, nadie puede disfrutar de un pescado, cuando desde siempre, y hasta pocos días antes del desastre, eran parte de la nutrición de los araucanos.

 

Son muchos los hechos que lo convierten en un ser realmente peligroso para que siguiera transitando por las calles, veredas y carreteras de su departamento, en una época en que ser líder social es el peor crimen que una persona puede cometer. Por eso, cuando Alexander Tibacuy fue elegido presidente de Asojuntas de Tame, su vitalidad y activismo lo llevaron a ser el presidente de la Federación de Juntas de Arauca, la organización que aglutina los movimientos cívicos del departamento; entonces los organismos represivos del Estado entendieron que había que frenarlo... y así lo hicieron.

 

La guerra sucia

 

La campaña en su contra tomó forma por diferentes medios, entre ellos la página de Facebook de nombre "la llanerita" donde lo señalaban como integrante del Ejército de Liberación Nacional –Eln– y donde publicaron fotos de la junta directiva de Asojuntas argumentando que eran parte de esa organización insurgente.

 

No bastó con esto. También recibió llamadas amenazantes a su celular desde diferentes números telefónicos, reivindicadas por grupos paramilitares; tratando de verificar quiénes hacían las llamadas pudo constatar que sus llamadas siempre fueron contestados por la misma persona.

 

Preocupado por la gravedad de los hechos decidió presentar demanda ante la Fiscalía General de la Nación, obteniendo lo mismo que ya había logrado con la denuncia del desastre ambiental: Nada. Con la gran diferencia que la foto y documentos que copió de "la llanerita" la Fiscalía las utilizaría varios meses después en su contra.

 

Más cargos. Como integrante del comité ejecutivo de la organización comunitaria había pactado con las multinacionales que en la contratación de la mano de obra tendría prioridad la gente de la localidad, pacto que se cumplía a cabalidad, incluso varias de esas empresas ofrecían con frecuencia alguna solución a los requerimientos de los organizaciones sociales.

 

Según la Fiscalía General de la Nación, esas solicitudes hacen parte de los delitos cometidos por esas organizaciones contra las multinacionales, pues tales hechos hacen parte de una serie de pruebas del "boleteo" que el Eln llevaba a cabo en la región.

 

Más "pruebas". Fue la multinacional inglesa Sicim la que entregó treinta sillas plásticas de un valor de menor de 8 mil pesos por cada una de ellas, convirtiendo la Fiscalía tal suceso en otra prueba dentro de la maraña jurídica en la que se encuentra.

 

En esa manipulación de pruebas, la Fiscalía encontró una "gruesa suma de dinero" en las cuentas de Tubacuy, un poco más de ciento treinta millones de pesos que, según ellos, coincidía con el paso de tractomulas y maquinaria de la Sicim por los retenes o bloqueos realizados por la comunidad en el paro campesino. Entonces se cerró la tenaza.

 

Asesinados, desaparecidos y secuestrados

 

Los líderes del paro campesino que conmovió al país hace dos años, son hoy el blanco perfecto para cualquiera de estas tres realidades que afectan a los sectores populares: crímenes: unos seis han sido asesinados en todo el país, otros cuatro han sufrido un crimen de lesa humanidad: la desaparición forzada y por lo menos 20 han sido acusados, detenidos y encarcelados, en una campaña que más parece un secuestro masivo por fuerzas del Estado. Alexander Tibacuy está en este grupo, claro, luego de salvarse de varios intentos de asesinato y de andar con escoltas, por lo que nunca lo pudieron desaparecer.

 

Las leyes en países como Colombia son como las telarañas, fáciles de romper por los fuertes, pero enredan y atrapan a los débiles. Hoy, desde la cárcel, lucha en contra de las redes que día a día lo intentan enredar más y más.

 

Demostró que los más de cien millones de pesos encontrados en su cuenta no hacen parte de alguna comisión ilegal, sino de un préstamo bancario debidamente conseguido, por lo que la Fiscalía, pese a lo ingentes esfuerzos por quitárselos, no pudo más que tragarse su afán.

 

La Procuraduría General. Ese ministerio público, que en manos de Ordoñez ha sido nefasto para los derechos humanos y los opositores al régimen, conceptuó que las gestiones de las organizaciones sociales de Arauca fueron legales y no corresponden a ningún tipo de boleteo.

 

Y lo mejor: el supuesto paso de maquinaria por parte de la Sicim en el paro campesino nunca existió, según lo certifica el mismo Ejército Nacional en un documento que responde un derecho de petición donde se le pide explicación por el paso de esa maquinaria. En él responde que nunca pasó por allí, durante aquellos días, tal grupo de tractomulas, como lo asegura a patas y manos el ente acusador.

 

Por su parte la Fiscalía insiste en mantenerlo retenido o mejor "secuestrado" en las cárceles nacionales, esgrimiendo una fotografía que lo señala como integrante del Eln, la misma fotografía que Alexander Tibacuy copió de la página "la llanerita" de Facebook y entregó a la Fiscalía en la denuncia que por calumnia sustentó ante ese ente acusador, y de la que nunca consiguió nada, más allá de que la prueba por él presentada, fuera utilizada luego en su contra por quien debiera proteger sus derechos e integridad.

 

Todo esto como parte de una gran campaña empleada desde hace años, con todo éxito, por parte de las instituciones represivas del Estado en contra de sus opositores, como lo vive hoy el profesor Miguel Ángel Beltrán o los más de veinte mil zarcos, negros, gordos y demás remoquetes que emplean los entes acusatorios y que hoy le cuestan al país más de 30 billones de pesos en demandas por acusaciones y procesos basados en la calumnia. Mientras Alexander Tibacuy llega al reconocimiento de su inocencia y libertad, seguirá secuestrado por un Estado que ejerce una justicia de medios de comunicación.

Publicado enEdición Nº 217
"Eso se había convertido en un centro ideológico de la izquierda..."

Ver para no creer. Contra toda lógica y sentido comunitario, el párroco de la iglesia Nuestra Señora de Chiquinquirá del barrio Niquía, jurisdicción del municipio de Bello (Ant.), exige ante un juzgado el cierre de una biblioteca comunitaria. Los antecedentes del religioso indican que su verdadera razón de proceder es el dinero; su convicción derechista también lo anima. Sus superiores lo protegen.

 

Desde 1960, cuando el Instituto de Crédito Territorial y la Constructora Ciudad Niquía donaron un lote de una manzana a la comuna de Niquía del municipio de Bello, con la intención de que se construyeran allí obras sociales o de carácter público, la comunidad tomó la decisión de abrir una biblioteca, conocida por toda la vecindad como Biblioteca Comunitaria de Niquía, ahora, con más de 6.000 títulos y con 41 años de servicio brindando a la comunidad una posibilidad de consultas, investigación, discusión de diversidad de temas, a lo que se suma en los últimos años otros servicios para la población del sector, como el funcionamiento de un preuniversitario popular, cursos de inglés y demás espacios culturales que trascienden el simple préstamo de libros.

 

Cuando más servicios y dinámica gana la misma, algunos quieren cerrarla para apropiarse de sus instalaciones. Los opositores a su existencia y continuidad: el párroco Jorge Mario Acosta y el monseñor Ricardo Tobón.

 

Su pretensión encuentra cause. Por orden emitida por un Juez del municipio de Bello, el pasado 11 de septiembre se oficializó su cierre. Para que así fuera llegaron al local tanto efectivos del Esmad como de la Policía Nacional. Paradoja: la decisión fue tomada justo cuando los administradores de la ciudad alardean por la realización de la Novena Fiesta del Libro y la Cultura en el Jardín Botánico.

 

Medios de información regionales estuvieron al tanto del desalojo, haciendo casi viral el único argumento presentado por el párroco Jorge Mario Acosta:"[...] eso se había convertido en un centro ideológico de izquierda, por eso no me interesa que esas personas sigan ahí".

 

Otras de las justificaciones presentadas por el párroco son: la falta de remodelaciones del espacio y lo viejos que están los libros que reposan en los estantes de la biblioteca (¡!), olvidándose del hecho de que es un espacio sin ánimo de lucro y sin apoyo oficial alguno, además de olvidar que el conocimiento no tiene fecha de vencimiento.

 

El negocio antes que el servicio

 

Jorge Mario Acosta lleva 10 años como párroco de la iglesia Nuestra Señora de Chiquinquirá y a su vez como rector del vecino Colegio del mismo nombre, institución con ánimo de lucro y 1.000 estudiantes, sometidos no sólo al pago de mensualidad sino a la cancelación de $1.000 para quien porte el uniforme de la institución de manera indebida.

 

No es casual, por tanto, que el religioso no cuente con buena reputación en la comunidad del norte del departamento, pues es conocido como negociante, clientelista y privatizador.

 

Más allá de la inconformidad de la Iglesia por las actividades desarrolladas en la Biblioteca Comunitaria de Niquía, existen intereses económicos. Cuando el lote fue donado para la construcción de obras sociales se rechazaba la idea de locales comerciales, pese a ello, faltando a estos principios, Jorge Mario Acosta tiene en arriendo dos locales y esa es su intención con el espacio donde hasta ahora funciona la biblioteca.

 

Contexto de la problemática

 

Desde inicios del 2015 la Biblioteca se vio bajo amenaza de cierre. Inicialmente el párroco presentó una demanda ante el Juzgado Segundo del municipio de Bello, las justificaciones eran la mala infraestructura y las actividades realizadas allí, el hecho no trascendió de una par de noticias gracias a las intervenciones de colectivos culturales y políticos de la Comuna y el Municipio.

 

Sin embargo "el que persevera alcanza" y el 8 de septiembre los habitantes de Niquía conocieron la noticia sobre el próximo cierre del espacio por orden de un juez, quien atendió la demanda presentada por el párroco en contra de Jesús María Arango, actual representante legal de la Biblioteca. El cierre será efectivo a pesar de que la demanda cursacontra una persona y no en contra del Comité Cultural de la misma, quienes toman las decisiones ante cada situación que la afecte. La comunidad percibe en esta demanda judicial, una actitud desesperada por parte de la Iglesia por hacer de este espacio un 'buen' negocio, dejando de lado los beneficios colectivos.

 

Lo que se dice de Jorge Mario Acosta...

 

En una carta anónima entregada a los defensores de la Biblioteca (ver recuadro), una persona muy cercana al párroco levanta graves acusaciones ante varias de las acciones que éste ha tomado en el transcurso de su trabajo religioso.

 

Al leer esta carta queda claro que el comportamiento del párroco no es nuevo. Cabe hacer una crítica ante la institucionalidad, la Alcaldía y la Gobernación por permitir que espacios comunitarios sean arrebatados por considerarse innecesarios. En últimas, a la institucionalidad poco le interesa la construcción de espacios críticos y dinámicos. No es extraño que muchos tilden al párroco de oscurantista.

 

Con ésta ya son 3 las bibliotecas que han sido cerradas en Bello con los mismos argumentos, las otras dos: la que tenía por nombre José María Vélez y la Popular Huracán 44.

 

¿Cómo va el cierre?

 

Aunque algunos medios de información regional ya dan por hecho el desalojo, hay que aclarar que los asesores jurídicos de la Biblioteca acordaron hacer entrega de las llaves de la instalación, mientras el Juzgado Segundo resuelve los argumentos de la Iglesia.

 

Sin embargo, como expresión de descontento con la resolución judicial y mecanismo de resistencia y de defensa de lo que pertenece a la comunidad, sus impulsores y coordinadores seguirán realizando las actividades como normalmente las venían adelantando en la Biblioteca, con una variedad, será en las aceras del lugar y durante el tiempo que sea necesario.

 


 

Recuadro

 

"Asunto: nota enviada por un compañero que conoce muy bien el cura
de Niquía, Jorge Mario Acosta

 

Fecha: agosto 9 de 2015
Cordial saludo

 

Parece ser que Jorge Mario Acosta es un ávido destructor de bibliotecas comunitarias para volverlas en espacios solo suyos, así como otros recursos de las comunidades. Veo que nada tras la Biblioteca comunitaria de Niquía, eso no es nuevo en él, le cuento:

 

Por la época de 1990, dicho individuo fue párroco en el barrio San Rafael, en el sector de Guayabal al sur de la ciudad. Allí instalado, se apoderó de la biblioteca comunitaria que llevaba cerca de seis años funcionando bajo el mismo estilo que opera la de Niquía: las personas de la comunidad se turnaban cada dos horas para prestar servicio de domingo a domingo de 8: am a 9: pm; prestaba servicio de refuerzo escolar, se dictaban cursos de modistería, artesanías, teatro, danza, artes marciales, ajedrez, tenis de mesa. También tenía un cineclub callejero, proyectaba películas en varios barrios aledaños (San Rafael, Betania, la Colinita y el Bolo, entre otros)

 

Esta biblioteca, junto con la de la República Juvenil Cristo Rey, de la Castilla y otra, dieron origen a Rebipoa (Red de bibliotecas populares de Antioquia, que aún existe).

 

Para apoderarse de la Biblioteca, inició un trabajo desde sus misas y se convirtió en directivo de la junta de acción comunal, desprestigiando a varias personas que habían sido líderes de esta comunidad por largos años. La biblioteca, que prestaba servicio gratuito, pasó a un local que construyó detrás de la iglesia, en el cual pretendió cobrar por el préstamo de libros, como no le dio resultado, la trasladó para un colegio al cual le estaba tramitando licencia y le exigían biblioteca. ¡El barrio perdió su biblioteca!

 

Pero no solo eso: se apoderó y cercó un área que era de la cancha de fútbol del barrio, ya que la cancha colindaba con el muro lateral de ésta. Tomó más de tres metros entre dicha pared y la cancha, y a toda la longitud de la iglesia. Inicialmente puso una malla y, como la gente no protestó pues siempre alegaba que eso era parte de la iglesia, se apoderó finalmente de esa área, luego levantó un muro.

 

Luego, ante la parsimonia de la gente y con el poder obtenido como vicepresidente de la acción comunal, movió gestiones y se apoderó de un lote de terreno que había tras la iglesia y que, según líderes tradicionales de la acción comunal, había sido donado a la comunidad por quien donó el área para la cancha y para la iglesia. Quien lo donó, lo hizo para que fuera construido un colegio o un parque para el barrio. Jorge Mario Acosta construyó unas viviendas que vendió sin dejar ningún recurso para el barrio.

 

En barrio Inca Metal (que queda inserto dentro del barrio San Rafael), había un kínder que, para 1990, llevaba más de 20 años de estar dando educación inicial a las/os niñas/os del barrio. Casi que todas/os las/os niñas/os del barrio, pasaron por dicho kínder antes de ingresar a la primaria.

 

El kínder era sostenido económicamente por la empresa Inca Metal que lo dotaba de lo básico y pagó el salario de una profesora por muchos años, Jorge Mario Acosta movió gestión ante dicha empresa, prometió que él lo administraría y buscaría profesoras "calificadas" ya que " la profesora que lo orientaba no era licenciada en educación". Así se apoderó de este kínder que era gratuito para la gente y lo montó en un salón de la iglesia, que otro sacerdote había construido para servicio comunitario. Como cobraba mensualidad, no le dio resultado y lo cerró: la comunidad perdió este espacio educativo para siempre.

 

Vale anotar que él inició gestión para volver una escuela de básica primaria, también tradicional en el barrio, para que se construyera en institución educativa con todos los grados de primaria, secundaria y media (IE José Acevedo y Gómez). Esto le dio mucho respaldo de la comunidad. Lo que la gente no ataba, era que varias personas de la acción comunal le reclamaban por haberse apropiado del mencionado lote tras la iglesia que como mencioné, era de la comunidad para construir un colegio o un parque: con su trámite logró la IE y le calló la boca a quienes estaban desenmascarando su proceder.

 

Bueno, hasta aquí su paso por la parroquia del Barrio San Rafael.

 

Cordial saludo"

Publicado enEdición Nº 217
El censo agrario del 2015 hace el diagnóstico para implantar las reformas

Cuatro décadas tuvieron que pasar en Colombia para que existiera un nuevo censo agrario que diagnosticara el estado del campo en el país. Los resultados preliminares evidencian que el Estado tendrá que hacer esfuerzos inconmensurables para mejorar la dramática situación que allí se vive, además de los desafíos inmanentes a la empresa capitalista agraria, existen fuertes poderes regionales empeñados en hacer que fracase cualquier proyecto de mejoramiento de las áreas rurales.

 

Luego de 45 años y gracias a una inversión de 350 mil millones de pesos, Colombia tendrá antes de finalizar el año, un nuevo censo agropecuario (el tercero en la historia nacional) dotado de un nivel de desagregación y posibilidades informáticas sin precedentes. Se necesitaron poco más de 25 mil personas equipadas con más de 17.000 dispositivos electrónicos para sistematizar la información. Estas personas recorrieron, entre noviembre del 2013 y diciembre del 2014, alrededor de 113 millones de hectáreas en 32 departamentos, 1.101 municipios. Un esfuerzo descomunal para conocer una realidad que el Estado se empeña en mantener oculta.

El último censo se desarrolló en 1970, año en que se obtuvieron importantes datos censales que ya habían dejado de ser validos en la actualidad. Desde entonces no había existido otro censo capaz de efectuar una radiografía específica de la situación del campo en el país. No era políticamente conveniente pues cualquier intento por conocer su realidad tendría que mostrar aspectos como la extrema desigualdad dominante en un aspecto tan sutancial como la apropiación de la tierra, o las difíciles condiciones económicas y sociales afrontadas durante décadas por los habitantes pobres del campo, o las extensiones de tierra dedicadas a actividades de reproducción del capital, entre otros factores poco convenientes a ganaderos y terratenientes. Por esta razón el Estado contribuyó a que durante 45 años tal conocimiento permaneciera en las tinieblas, como quien es consciente de los síntomas de una terrible enfermedad cuyo padecimiento se niega a reconocer.

Reconfirma lo sabido

Algunas de las cifras preliminares aportadas ilustran con claridad la compleja situación del campo en el país: 20% de la población con edades entre los 5 y 16 años no ha accedido a ningún grado de escolarización; persiste un Índice de Pobreza Multidimensional con incidencia del 44.7% (más del doble del nacional); el 72,6% de los jóvenes entre 17 y 24 años no tienen acceso a la educación; más del ochenta por ciento de los propietarios no posee maquinaria alguna y más del noventa por ciento no recibió ningún tipo de ayuda técnica para adelantar sus labores cotidianas; cuatro quintas partes del suelo disponible para cultivos está dedicado para pasto, apenas un 19% se dedica para otro tipo de actividades y tan solo un 6.3 por ciento del área disponible está utilizado para cultivos agrícolas; el 0.4% de los propietarios apropia la tierra en un 46.4%, mientras un 70% de los propietarios tiene apenas un cinco por ciento del área rural.

El campo colombiano es pobre, poco tecnificado, poco planificado, afronta grandes problemáticas sociales, y el régimen de apropiación exhibe una enorme desigualdad sobre la tenencia de la tierra. Estos, sin embargo, son apenas datos preliminares que el director del Dane, Mauricio Prefetti, entregó a la opinión pública durante la primera semana del mes de agosto. La totalidad de la información del censo se encontrará disponible antes de diciembre e incluirá cifras en varios niveles de desagregación y metadatos para desarrollos en plataformas de georeferenciación. Muchas posibilidades de análisis e investigación dependen de este censo que se espera pueda ser procesado de la manera más idónea y profesional por el Dane, institución que en anteriores ocasiones ha estado el centro de todas las críticas por su excesiva subordinación a la Presidencia de la República.

El interés del Gobierno por desarrollar el tercer censo agropecuario debe entenderse a partir de la confluencia de tres campos de acción: el primero de ellos, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), le sigue el acuerdo de Reforma Rural Integral pactado en La Habana con las Farc y, en tercer lugar, las políticas "sugeridas" por organismos multilaterales de cooperación. Tres escenarios que no pueden perderse de vista para entender que la decisión gubernamental por efectuar el censo ni es espontánea ni responde a su estricto interés.

El Plan Nacional de Desarrollo

Este Plan, aprobado mediante Ley 1753 del 9 de junio del 2015, en su capítulo III aborda la Transformación del Campo. Algunas de las disposiciones que contempla son: 1. Mecanismos de Intervención Integral en las zonas rurales construidos con las autoridades municipales y departamentales que tengan como mínimo ingerencia en los aspectos de ordenamiento social y productivo de las tierras rurales, adecuación de las tierras de riesgo, habitabilidad estructural, infraestructura productiva; 2. Crea un subsidio integral de reforma agraria, para familias campesinas de escasos recursos, por un valor hasta del 100% del valor de la tierra equivalente a la Unidad Familiar Agrícola; 3. Manejo de baldíos por parte del Incoder, encargado de adjudicar la tierra para que quienes la reciban generen ingresos; 4. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, o alguna otra entidad designada para tal efecto, se encargará de financiar de forma progresiva la formalización de la tierra de naturaleza privada a manos de trabajadores agrarios y pobladores de escasos recursos.; 5. Promueve la implementación de un catastro con enfoque multipropósito, capaz de aportar información predial sobre las tierras; 6. La administración y el recaudo de las contribuciones parafiscales pesqueras y agropecuaria a cargo de entidades gremiales que reúnan las condiciones de representatividad.

Estas disposiciones del Pnd pueden contribuir, si son ejecutadas a cabalidad, al aseguramiento de la propiedad de la tierra de los más pobres en el campo, al mejoramiento de las condiciones económicas de miles de colombianos que viven situaciones precarias en apartadas áreas rurales del país. Es necesario, sin embargo, que las medidas no se vuelvan letra muerta y que al aplicarse estén acompañadas de una legislación que contribuya al mejoramiento efectivo de las condiciones de vida y trabajo del campesino que sigue sin encontrar respuestas al incremento desbordado de los insumos agrícolas y pecuarios, a la imposición de semillas transgénicas sobre las tradicionales, a sus requerimientos sobre el uso de la tierra e infraestructura de transporte, sobre condiciones mínimas de salud, educación y políticas sociales en el campo.

La Habana

El acuerdo agrario fue el primero de los pactados entre el Gobierno y las Farc, es el segundo de los campos de acción que deben ser tenidos en cuenta para entender el Censo. El acuerdo fundamenta una Reforma Rural Integral (RRI) mediante la que pretenden implementarse modificaciones radicales en el campo colombiano. Los ejes de acción de esta reforma agraria son:

A. Acceso y uso. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de reserva campesina.

¿En qué consiste esta estrategia? Se propone la creación de un Fondo de tierras (adjudicación gratuita), subsidios y crédito integral para su compra, planes para la formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural, mecanismos para la restitución efectiva de tierras despojadas, mecanismos para resolución de conflictos por tenencia y uso, formalización y actualización del catastro e impuesto predial rural, delimitación de la frontera agrícola y zonas de reserva ambiental, zonas de reserva campesina. ¿Para qué sirve? Para asegurar el acceso a la tierra por parte de los campesinos, su adecuado uso, que se diriman los conflictos de la manera más adecuada, para que el Estado tribute eficientemente, para delimitar las áreas donde pueden desarrollarse actividades agropecuarias y las que deben ser protegidas por su importancia ambiental.

B. Programas de desarrollo con enfoque territorial (Pdet)

A través de los Pdet se buscará trasformar estructuralmente el campo, una relación más equitativa entre los ámbitos rurales y la ciudad. Algunos de los mecanismos mediante los que pretende lograrse esta transformación son: protección de la riqueza pluriétnica, desarrollo de la economía campesina y familiar, desarrollo e integración regional, promoción de organizaciones con vocación de transformar el campo, lograr que éste se convierta en escenario para la reconciliación. ¿Cómo se desarrollará? Se priorizaran las zonas especialmente afectadas por la pobreza y afectaciones del conflicto, la debilidad institucional y la presencia de cultivos ilícitos. Luego se elaborarán planes para la trasformación regional en los que será central el diagnóstico de las propias comunidades, destinando recursos a las regiones para lo contemplado; se estructuraran mecanismos de evaluación.

C. Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral

¿Cuál es su objetivo? Dos son los prioritarios: superar la pobreza y la desigualdad de la población rural, así como la integración y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad. ¿Cómo alcanzarán estos objetivos? A través de la construcción de infraestructura (vial, riego, conectividad a internet), planes de mejoramiento de infraestructura y calidad de la educación rural, mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, implementación de planes de construcción y mejoramiento de vivienda rural, construcción de acueductos, planes de fomento a las economías solidarias, cooperativas, familiares y comunitarias; estrategias de mercadeo para asegurar la venta de productos del campo, políticas para la formalización laboral y protección social del campesino, establecimiento de sistema de soberanía alimentaria y nutricional para población rural.

Las estrategias consignadas en el PND, así como las eventuales disposiciones que surjan del acuerdo agrario entre el Gobierno y las Farc pactado en La Habana, ilustran la disposición oficial por reconocer que algunos de los principales problemas en el campo se encuentran relacionados con la desigualdad en la apropiación de la tierra, con la ausencia de asesoría técnica y de financiamiento de productores, la expansión desbordada de la frontera agrícola, la acumulación por despojo de tierras, las condiciones extremas de pobreza y el abandono de la población rural.

En estas condiciones, era necesario el desarrollo de una investigación extensa que permitiera, por un lado, perfilar un diagnóstico objetivo de la situación del campo y que al mismo tiempo sirviera como base para la estructuración de políticas orientadas a la superación del estado de cosas, la formulación de indicadores de incidencia y de evaluación de las posibles implementaciones llevadas a cabo por el Gobierno. El censo es el instrumento que permitirá conocer cuánto dinero, cuáles serán las estrategias de implementación, las áreas por priorizar, así como los actores que deben participar en las reformas que han sido contempladas en el Pnd y en los acuerdos agrarios firmados en La Habana con las Farc.

Del dicho al hecho. No basta con reconocer las problemáticas objetivas del campo, el desafío ahora consistirá en implementar los acuerdos y las disposiciones pues a medida que avance el proceso el Gobierno deberá enfrentar –si es que tiene real interés en confrontar los poderes dominantes en el campo– tales poderes, que desde sus dominios locales tratarán por todos los medios de impedir cualquier reforma.

Camino dificil por emprender, pues no es posible esperar una respuesta asertiva ni mayor disposición de agremiaciones como la Federación de ganaraderos (Fedegan), quienes serán los primeros en verse afectados, pues se proyecta que los terrenos destinados para el pastoreo tengan un recorte significativo en extensión. Otro de los principales obstáculos a la gestión gubernamental, de las instituciones y de las asociaciones en las que pretenderá apoyarse, se encuentra en los actores remanentes del conflicto que no participen en el horizonte inmediato de los procesos de paz, así como las economías ilegales y los focos de violencia los cuales pueden constituirse en eventuales perturbadores del proceso. De la misma manera, otro de los grandes desafíos reposa en el escaso margen de maniobra que dejan al Gobierno las "sugerencias" de políticas agrarias desarrolladas por organismos económicos multilaterales como la Ocde.

Las "sugeridas" de la Ocde

En efecto, en el documento titulado, "Revisión de la Ocde de las políticas agrícolas: Colombia 2015. Evaluación y Recomendaciones de Política", se enuncia: "El país está dotado de buenos recursos acuíferos y de tierras, pero necesita adoptar una serie de acuciantes reformas estructurales para acelerar las mejoras de la productividad y de la competitividad, y para facilitar la explotación de las oportunidades de exportación proporcionadas a través de los tratados de libre comercio de Colombia".

Las reformas estructurales sugeridas están orientadas a incrementar la producción, a la competitividad y la sostenibilidad; las mismas se desarrollan en cinco ámbitos específicos: 1. Reformas estructurales a largo plazo: a. Priorizar inversiones estratégicas, b. no destinar presupuesto para financiar pagos directos en función de la producción y los subsidios a los insumos que resultan costosos, ineficientes y escasamente eficaces a la hora de promover el crecimiento sostenible y la competitividad en el sector, c. Aumentar la inversión en la infraestructura de transporte, d. Incrementar la inversión en infraestructuras de riego y mejorar la supervisión regulatoria sobre el abastecimiento, uso y almacenamiento del agua. e. Monitorear detenidamente los programas de financiación para evitar riesgos morales en la programación de créditos. 2. Mejorar los derechos sobre la tierra: Actualizar el sistema catastral; acelerar el registro de los derechos sobre la tierra; simplificar el sistema de tenencia de la tierra y aclarar las responsabilidades de las diferentes agencias relacionadas, mejorar la tributación sobre el suelo agrícola; llevar a cabo evaluaciones sobre el uso adecuado de la tierra, 3. Mejorar el marco institucional de la política agrícola: aseguramiento de la representación institucional a nivel local; fortalecer las fases de evaluación y monitoreo de políticas; mejorar las estadísticas disponibles para la toma de decisiones políticas; reforzar la coordinación entre quienes hacen las políticas y quienes se benefician de ellas. 4. Reforzar la innovación agrícola: revisar todos los planes de innovación; profundizar en la mejora de la recopilación y divulgación de información; fortalecer aún más el sistema de derechos sobre la propiedad intelectual; un mejor uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) que proporcione servicios más inclusivos e integrales: fortalecer la educación en el campo. 5. Mayor integración a los mercados internacionales: Reforzar el sistema sanitario y fitosanitario para promover el aumento de la competitividad de las exportaciones.

El anterior es un ámbito de incidencia que se superpone al Pnd y a los acuerdos entre el Gobierno y las Farc, pues las sugerencias de los organismos económicos multilaterales, al igual que en el ámbito económico, han sido transcritas literalmente, una y otra vez, en los últimos 25 años. En el caso del campo las sugerencias de la Ocde siguen fundamentando el desmonte de cualquier tipo de subsidios, la protección a las patentes, el refuerzo de las medidas fitosanitarias, una tributación efectiva sobre el campo, la tecnificación con tecnología foránea, factores que han generado algunos de los profundos desacuerdos que precipitaron en las protestas del paro agrario del 2013.

Un reto que no da tiempo

Estos son los campos de incidencia en los que debe rastrearse la repentina disposición del Gobierno de gastar 350 mil millones de pesos para la recolección de estadísticas que le permitan implantar las reformas propuestas en cada uno de estos espacios, que se entrecruzan e interactúan a través de las relaciones de poder establecidas entre los actores que los tutelan. Cada uno de las lecturas reclama la implementación de reformas para solucionar problemáticas a través de medidas políticas que deben sustentarse en información estadística particular, lo que, sin embargo, no es suficiente para asegurar que las respuestas a las problemáticas sean las adecuadas: las cifras corresponden a lecturas de realidad susceptibles de ser usadas discursivamente para argumentar al mismo tiempo posiciones que, incluso, pueden ser antagónicas. Sin embargo, debe valorarse la disposición de conocer la realidad e implantar reformas por parte del Gobierno. Se espera, asimismo, que puedan superarse las fuerzas que se opondrán a ellas, así como las cortapisas provenientes de las imposiciones políticas de organismos como la Ocde.

La crisis económica en que está entrando el país, evidencia, sin duda alguna, la necesidad inminente que tiene el país de usar todas las herramientas al alcance para desarrollar una estrategia de generación de ingresos alternativa a la venta de hidrocarburos, una estrategia generadora de alimentos que hagan que Colombia recupere la capacidad de autoabastecerse, recuperando la soberanía alimentaria. El campo es precisamente el escenario donde deben concentrarse todos los esfuerzos para superar las condiciones de atraso y miseria de sus habitantes, para constituirlo en un sector que contribuya a la generación de riquezas democráticamente distribuidas, y en una alternativa de exportación a la caída de las rentas petroleras.

El conjunto de quienes habitan Colombia espera que los instrumentos de diagnóstico con que ahora cuenta el establecimiento sean bien empleados, y que las medidas que tome sean sensatas, pudiendo así superar la realidd que durante cuarenta y cinco años intentaron ocultar.

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Viernes, 07 Agosto 2015 05:05

El terrorismo de estado en tres actos

El terrorismo de estado en tres actos

"Muchos son los santos que están
entre rejas de Dios
y tantos asesinos gozando de este sol".


León Gieco, Las madres del amor.

 

El 18 de diciembre de 2014, en plena huelga judicial, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá condenó en segunda instancia al profesor e investigador Miguel Ángel Beltrán a 100 meses de cárcel, acusándolo del delito de rebelión. El pasado 31 de julio fue detenido y ha sido conducido a la Cárcel de La Picota, en Bogotá. Este hecho rubrica un sistemático proceso de persecución contra un intelectual crítico durante los últimos seis años, en que el Estado y sus diversos órganos han dado muestras de lo que significa el terrorismo oficial y pone de presente la certeza del dicho popular de que "la justicia es para los de ruana". Analicemos tres actos de esta persecución.


Primer acto: secuestro en México


Miguel Ángel Beltrán se encontraba hacía nueve meses en México adelantando sus estudios de posdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma, país en el que antes había vivido durante varios años. Su visa se le había vencido hacia quince días y para permanecer en el país necesitaba una visa definitiva y a Miguel Ángel le preocupaba que desde el Instituto Nacional de Migración (INM) lo llamaran con insistencia por teléfono. Era, como luego se comprobó, un señuelo para obligarlo a ir a esas oficinas a donde se tenía previsto secuestrarlo, como en efecto sucedió. El 22 de mayo de 2009 en compañía del abogado Jorge Becerril y de su esposa Luisa Natalia se dirigió a la sede del INM, a una cita previamente concertada con el Subdirector de Migraciones. Ingresó solo, mientras sus dos acompañantes lo esperaban afuera. Pasaron las horas y Miguel Ángel no salía, por lo que su esposa y el abogado demandaron por lo sucedido, a lo que un funcionario les respondió que aquél había sido trasladado a otra dependencia porque estaba en condiciones de ilegalidad, pero que no se preocuparan que pronto regresaría a su casa.


Sin imaginarse lo que había sucedido, Natalia se fue a su apartamento, encendió el televisor y vio con estupor imágenes que se transmitían desde Bogotá en las que se informaba que había sido capturado y traído a Bogotá un tal Jaime Cienfuegos, miembro de la Comisión Internacional de las FARC, que no es otro sino Miguel Ángel Beltrán.


En forma acelerada, algo que no suele caracterizar ni a los burócratas de México ni de Colombia, Miguel Ángel Beltrán fue agredido y sacado de las instalaciones del INM, metido a la fuerza en una camioneta y llevado al aeropuerto, donde un avión militar colombiano lo esperaba para traerlo, como producto del secuestro, a Bogotá. El régimen criminal de la "Seguridad Democrática" presentó al profesor como un peligroso terrorista y en persona el patrón del Ubérrimo se apresuró a decir que se había capturado "a uno de los terroristas más peligrosos de la organización narcoterrorista de las FARC", regodeándose "porque este profesor de sociología dedicado a ser profesor del crimen esté hoy en las cárceles colombianas. Gracias por la buena voluntad del presidente de México".


Estamos diciendo que el día 22 de mayo de 2009 aconteció un hecho vergonzoso en la historia de América Latina y de México en particular, puesto que dentro de las instalaciones del INM se secuestró en forma conjunta entre la DIJIN de Colombia y el Estado mexicano a un ciudadano colombiano. Violando los más elementales procedimientos diplomáticos, y echando por la borda una tradición centenaria de refugio a intelectuales y perseguidos políticos, el gobierno de Felipe Calderón autorizó el secuestro y la posterior entrega al régimen criminal de Álvaro Uribe Vélez de un intelectual colombiano, y en la práctica intentó resucitar el Plan Cóndor de las décadas de 1970 y 1980, mediante el cual las dictaduras de Seguridad Nacional del Cono Sur intercambiaban personas que luego eran torturadas, asesinadas y desaparecidas.


Paralelamente, los medios de desinformación (RCN, Caracol, El Tiempo, El Espectador...) se encargaron de reproducir la versión oficial –ocultando la magnitud de los crímenes del Estado colombiano y reproduciendo, sin ningún sentido crítico, las mentiras propaladas por el régimen de Álvaro Uribe Vélez.


Miguel Ángel fue encarcelado, aduciendo como "pruebas reinas" los supuestos correos encontrados en el computador mágico de Raúl Reyes y sin ningún tipo de juicio, tanto los medios de desinformación como el inquilino de la Casa de Narquiño, ya lo habían condenado. Luego se efectuó una parodia de juicio, con pruebas deleznables y testigos amañados y torpes, en una burda acción en la que la defensa de Miguel Ángel desmontó una a una las mentiras y logró que fuera declarado inocente y saliera de prisión, tras dos años de encarcelamiento arbitrario.


Segundo acto: la muerte laboral


Cuando Miguel Ángel Beltrán fue secuestrado y traído en forma ilegal a Colombia, la Universidad Nacional, institución en la que se desempeñaba como profesor, no realizó ninguna acción de apoyo ni de solidaridad y tampoco le brindo ningún respaldo legal mientras estuvo en la prisión. Durante ese tiempo lo desvinculó de su nómina docente y tuvo el descaro, casi kafkiano, de enviar a un abogado a la cárcel, pero no para brindarle asesoría jurídica sino para comunicarle que debía responder por el inventario de las cosas que la UN le había adjudicado en su oficina o de lo contrario le abriría un proceso disciplinario.


Las directivas de la UN se plegaron a las decisiones arbitrarias de la "justicia colombiana" y nunca cuestionaron ni denunciaron los procedimientos terroristas del Estado colombiano. Aún peor, los académicos e investigadores de la UN –con honrosas excepciones– no se manifestaron para defender a uno de sus colegas, asumiendo una actitud cómplice con el terrorismo de Estado. Incluso, hubo profesores universitarios, incluyendo a miembros del Departamento de Sociología, que aplaudieron el secuestro oficial de Miguel Ángel, algo que se entiende porque éste les resultaba incomodo por sus posturas políticas y por los temas que investiga, relacionados con los problemas sociales de Colombia y América Latina.


Esa incomodidad aumentó cuando, tras salir de la cárcel, Miguel Ángel se reintegró a su cargo de profesor de la UN. El día que se presentó al Departamento de Sociología muy pocos se atrevieron a saludarlo y casi todos le dieron la espalda, literalmente hablando, en forma desdeñosa. Luego llegaron amenazas de muerte y Miguel Ángel partió al exilio, una terrible situación en la que el respaldo de la UN fue casi simbólico.


Estando en el exilio, el 3 septiembre de 2013 el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, lo destituyó de su cargo de profesor, basándose en las mismas evidencias por las que había sido absuelto, principalmente en el supuesto computador mágico e indestructible de Raúl Reyes. Durante varios meses estuvo en suspenso la destitución, tiempo durante el cual unos cuantos profesores y estudiantes de la UN y otras universidades se movilizaron y denunciaron la persecución al pensamiento crítico y a la libertad de pensamiento. En este lapso, Miguel Ángel se reintegró a su trabajo a comienzos de 2014 e impartió cátedra durante el primer semestre académico de ese año.


Pero Ordóñez no cesó en su empeño inquisitorial y el 24 de julio de 2014 confirmó la destitución de Miguel Ángel Beltrán y la prohibición de ejercer algún cargo público por los próximos trece años. El rector de la UN, Ignacio Mantilla, dando muestras de una vergonzosa postración ante la Procuraduría procedió a destituirlo, sin cuestionar la decisión de Ordóñez ni reivindicar el derecho a la autonomía de que goza la universidad. Se basó en conceptos jurídicos de abogados "progresistas" para quienes era preferible la destitución de Miguel Ángel Beltrán a oponerse a la decisión de la Procuraduría, puesto que según su retórica sofística esta última posibilidad implicaba cuestionar el Estado de Derecho, algo inaudito para su cretinismo jurídico. Lo lamentable radica en que una institución universitaria, uno de cuyas banderas es la libertad de opinión y pensamiento, haya asumido como válidos los pobres argumentos del Procurador que acusó a Miguel Ángel de formar grupos de investigación y de escribir artículos y foros con "sentido político", en los que se admitía que el conflicto armado en Colombia se había originado en la lucha de los campesinos, lo que la Procuraduría consideró como una instigación al terrorismo.


De esta forma, las autoridades universitarias –con el apoyo tácito del grueso de la comunidad académica– pusieron en juego un nuevo engranaje del terrorismo de Estado: la muerte laboral. En efecto, la destitución de su cargo de profesor en la UN significa en la práctica para Miguel Ángel Beltrán la muerte laboral, porque está inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante 13 años (toda una vida en términos laborales) y después de esa destitución es dudoso que alguna otra universidad quiera contratar a un profesor destituido por la Procuraduría, sobre el cual además se han difundido toda clase de mentiras y calumnias.


Tercer acto: la condena


Lo que faltaba, luego de la destitución de la UN, a finales del 2014 se conoció la condena proferida por un miembro de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá a 100 meses de cárcel por el delito de rebelión. Esta segunda instancia se derivó de la apelación que hizo un Fiscal a la decisión de dejar libre a Miguel Ángel Beltrán. Aunque en apariencia esta decisión no se basa en las pruebas "mágicas" que se esgrimieron luego del secuestro en México, a la larga las avala, como lo señala una información de El Espectador: "Según la Fiscalía General, el profesor universitario era alias 'Jaime Cienfuegos', ideólogo de la comisión internacional de las Farc. El ente acusador llegó a esa conclusión luego de revisar los documentos que se encontraron en el computador del jefe guerrillero alias 'Raúl Reyes', abatido el 2 de marzo de 2008 en la frontera entre Colombia y Ecuador". Esto fue lo que dijo la Fiscalía y eso fue lo que asumió como valido el Tribunal Superior de Bogotá.


No deja de ser sintomático que la condena se haya dado en pleno paro judicial en el país, lo que indica que los miembros de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá son esquiroles. Aparte de esta curiosidad, queda claro que el aparato judicial en Colombia es otra instancia propia del terrorismo de Estado, y no es ningún poder independiente, como lo afirma la teoría liberal sobre la separación de las ramas del Estado y por eso actúa con claro criterio de clase para perseguir a estudiantes, profesores, campesinos, trabajadores, mujeres pobres... Mientras sobre estos recae la fuerza del Estado, como se evidencia con el origen social de los miles de presos comunes y políticos que abarrotan las cárceles en el país y a los que se trata peor que animales, a los delincuentes y criminales de cuello blanco se les conceden todo tipo de gabelas para que huyan, como ha sucedido con Luis Carlos Restrepo, Andrés Felipe Arias, Pilar Hurtado, Sandra Morelli... para no hablar de la impunidad que cobija los crímenes de ex presidentes, ministros, generales y sus familiares, como sucede con los responsables de los "falsos positivos".


El aparato judicial colombiano funciona a la perfección cuando se trata de castigar trabajadores en huelga, campesinos que protestan en las carreteras, estudiantes que hacen manifestaciones... y lo mismo cuando persigue y castiga a aquellos que se oponen al régimen, sometidos a un inagotable terrorismo de Estado. Eso es lo que ha sucedido a Miguel Ángel Beltrán, por atreverse a pensar, a disentir, a dudar de las falsas verdades del establecimiento y de sus intelectuales orgánicos. Para que esto no quede en generalidades, recordemos que el fiscal que inicialmente acusó a Miguel Ángel, cuyo nombre es Ricardo Bejarano Beltrán, suele posar en las redes sociales con uniforme militar y entre sus páginas favoritas se encuentran las de la Escuela Militar, los Veteranos de guerra de Vietnam, y entre sus fetiches se encuentran las operaciones contraguerrilla 'Fénix' y 'Sodoma'. Esa es una buena muestra de la "imparcialidad de la justicia" colombiana. Por eso será que, volviendo al paro judicial, se dice en son de chiste que nadie se enteró de esa protesta, porque en Colombia la justicia vive eternamente paralizada, salvo cuando se trata de joder a los pobres e insumisos.

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"No pierden ni la sonrisa ni la rebeldía"

El martes 28 de Julio, después veinte días de su cinematográfica captura, fueron "cobijados" con medida de aseguramiento los trece jóvenes detenidos en la ciudad de Bogotá a quienes les fueron imputados varios delitos. La jueza 72 de garantías, en consideración a la "claridad y precisión" del material probatorio presentado por la Fiscalía para sostener la imputación, al "peligro" que representan los inculpados para la sociedad, ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario.

A la hora de su decisión, la juez del caso no contempló los argumentos presentados por la defensa en el sentido de demostrar las calidades humanas y profesionales de los imputados y evitar esta lamentable medida, por el contrario sus cualidades fueron usadas para sostener la decisión: "No estamos frente a cualquier actuación, son profesionales, estudiantes universitarios con un nivel educativo y cultural, por lo que se pide un mayor grado de exigencia para respetar la ley, no por sus ideales diferentes sino que a todos los colombianos se les pide mantener un respeto", explicó. De esta manera, la juez pide a los estudiantes el mismo grado de respeto a la Ley que ha sido severamente impuesto a altos dignatarios del Estado, a prestigiosos empresarios cuando han infringido la legalidad, el orden constitucional vigente.

Para hacerle seguimiento a este proceso judicial y político, desdeabajo entabló contacto con Alexandra Bermúdez, vocera nacional del Congreso de los los Pueblos (CP), quien ha mantenido relaciones en el ámbito de la organización política/social con once de los jóvenes detenidos y tiene amplios conocimientos sobre la dinámica del proceso que se lleva en su contra. Aquí las impresiones del diálogo sostenido.

 

Serias sospechas sobre el proceso judicial

 

¿Justicia imparcial? Mucho se ha comentado, desde siempre sobre el carácter de la justicia en una sociedad como la nuestra, y la manera de su proceder cuando de disidentes, o de sectores sociales por fuera del mercado, se trata. Y en esta ocasión todo parace reconfirmar lo ya sabido. Bermudez confirmó en sus palabras la exactitud de lo desvelado en la nota "Con proceso judicial viciado pretenden condenar a trece estudiantes en Bogotá", sobre las maniobras empleadas para imponer el aseguramiento en centro carcelario de los detenidos: "Frente al tema de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento vimos que estuvieron presentes muchas irregularidades en medio del proceso, primero porque a esa audiencia se sumaron los hechos de las amenazas al vigilante de la Universidad Nacional –que no aparecía en ninguna de las pruebas– y la amenaza anónima de supuestos atentados que afectarían a la sede de Paloquemao y la misma Fiscalía, con la amenaza de muerte del fiscal. Y se toman esos hechos como sustento para reforzar la solicitud de medida de aseguramiento y decir que las personas detenidas, entonces, son peligrosas, casi que esos hechos son una prueba y los inculpan a ellos de esas actividades [...] son cosas que aparecen nuevas, que no estuvieron presentes al momento de imputación cargos y que, entonces, sí aparecen para reforzar el fallo de la medida de aseguramiento".

Otro de los acontecimientos recientes que dejan serias dudas sobre la independencia e idoneidad para llevar el proceso por parte de la juez de garantías 72 fue la reunión sostenida por parte de la funcionaria, el martes 28 de julio, con un General de la Policía, minutos antes de dictar la medida de aseguramiento. "Ella ya reconoció que esa reunión se dio, dice que "para discutir la seguridad del edificio", cosa que no le compete a ella, y sí al Consejo Superior de la Judicatura, y en el caso que tuviera relación con su seguridad le competería a la Unidad Nacional de Protección, no a ella en especifico".

"Entonces, esto permite entrever que en este proceso persiste una injerencia por parte de distintas instituciones estatales, así como del alto Gobierno. Son de conocimiento general que en el mismo momento en que son capturados los estudiantes, el Presidente de la República, el Vicefiscal y dos comandantes de la Policía aseveran que los detenidos son los responsables, condenándolas de manera anticipada, obstruyendo, además, la justicia al no respetar el principio constitucional de la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso. El hecho de la reunión ya comentada se suma a todas las declaraciones en público realizadas desde las instituciones estatales y desde el Gobierno para manipular el caso [...]. No es extraño, por tanto, que desde la defensa y desde nosotros, que hemos acompañado todo el proceso, se valore la existencia de una manipulación de la información y de la opinión pública respecto a este caso".

A lo anterior se suman las sospechas de Alexandra por la persistencia de la fiscalía en tratar de relacionar a los detenidos con los atentados sufridos por Porvenir, causa que el ente acusatorio fue incapaz de sostener en la audiencia de imputación, indilgando finalmente tal cargo solo a tres de los detenidos, con pruebas, por demás, cuestionables e insuficientes.

 

Exceso judicial 

 

La imputación que pesa sobre diez de los estudiantes detenidos son los delitos de violencia contra servidor público, porte y fabricación de armas de uso privativo de las fuerzas militares (las armas, en caso de que les demuestren que las fabricaron, son las 'papas bomba' que solo pueden ser producidas por las FFMM o bajo su autorización). A los tres restantes les fueron imputados los delitos de rebelión, terrorismo y violencia contra servidor público.

Para efectos del proceso judicial, la jueza nunca permitió que fueran individualizados los cargos y exhibió, además, una actitud bastante parcializada hacia la fiscal delegada del caso "[...] Lamentablemente parece que aquí tampoco hay independencia de la justicia, pues, además de los excesos ya comentados, hay que resaltar que la jueza 72 casi que libretió lo que dijo la Fiscalía, es decir, su concepto no tuvo en consideración ninguno de los argumentos de la defensa, que insistió en la necesidad de individualizar los casos para, sobre ello, analizar si aplica la medida de aseguramiento intramural; y que demostró, una y otra vez, las calidades de estas personas, de su vida política, social, de su vida pública, de su vida familiar, mostrando el arraigo, nada de eso fue tomado en cuenta".

Algo está siendo tramado. Persistieron en no individualizar los casos más allá de la reiterativa enunciación de sus presuntos delitos y, finalmente, cuando la jueza tuvo el turno de justificar la medida de aseguramiento, repitió la totalidad de los argumentos presentados por la Fiscalía como si la defensa hubiera sido convidado de piedra del proceso.

 

¿Es posible confiar en la Policía y en la Fiscalía en el contexto del manejo dado a este caso?

 

Una de las preocupaciones centrales de la defensa, de las familias y de las organizaciones que rodean a los jóvenes privados de la libertad, es la posibilidad de que la Fiscalía, junto a la Policía, se encarguen de fabricar pruebas o falsos testimonios para lograr la condena de los detenidos, pues podrían valerse de artilugios que se traman en ámbitos en los que tienen amplia experiencia y poder. Además, también hay que tener en cuenta que la orden de reclusión en cárceles inflige un golpe anímico contundente a los detenidos, por lo que las autoridades policivas y judiciales juegan la partida con una importante ventaja a su favor.

La líder del Congreso de los Pueblos, expresó respecto a estas inquietudes, "Eso es muy probable, y no es una opinión infundada, pues realmente existe ya una ruta conocida de intereses más políticos por parte de la Policía, la Fiscalía y hasta el mismo Gobierno, de presentar resultados ante la situación de seguridad de Bogotá y dar resultados a cuenta de involucrar a estas personas que no tienen nada que ver, o mezclar hechos como es el caso de unas protestas en la Universidad Nacional con los petardos en las sedes de Porvenir para demostrar que la justicia sí está actuando, que realmente hay un control sobre la ciudad [...]. La inquietud es, si los inculpados no son los detenidos, si no hay ninguna prueba de que ellos sean los responsables de los petardos en las sedes de Porvenir, entonces siguen libres los responsables, por tanto, ¿dónde se encuentran los verdaderos responsables?"

 

El proceso y alguno de sus impactos

 

No hay acción sin reacción. También ocurre con este proceso judicial, cuyos efectos se extienden, con hondo impacto, en las organizaciones, en las familias, en las personas que tienen relaciones afectivas con ellos, así lo expresa la vocera del Congreso de los Pueblos: "Ha sido bastante difícil para los núcleos familiares, las redes de afecto existentes alrededor de ellos, porque esto no se esperaba, uno no espera que unos dirigentes de las calidades de ellos se vean involucrados en hechos como estos y con semejantes imputaciones como las que les está haciendo la Fiscalía, que además pide alrededor de 25 años de condena para cada uno de ellos, es decir, acabar con su vida útil".

Alexandra prosigue sustentando sus preocupaciones: "Nosotros mantenemos nuestra preocupación alrededor de la sistemática persecución existente en contra del movimiento social y popular, es decir, este proceso judicial demuestra que pensar distinto en este país es sinónimo de crimen porque igual, como todos lo vimos, las pruebas físicas que hay en su contra son libros, afiches de actividades, de movilizaciones públicamente conocidas, del paro agrario, las banderas del Congreso de los Pueblos, los debates dados alrededor de Camilo Torres, entonces en este país se están proscribiendo los símbolos y la publicidad del movimiento social y popular, porque si sus símbolos son pruebas para demostrar que están cometiendo un delito [...] lo que queda claro es que está en curso una retaliación contra al movimiento estudiantil y sus lógicas de protesta, de llamar la atención y de denunciar sus ideas y su política".

 

Alerta y diálogos de paz

 


En nuestro país el derecho a la protesta social siempre fue y continúa siendo negado, cerramiento de espacios de participación social y política que, entre otras cosas, está entre los motivos por los cuales las insurgencias encontraron ambiente entre las juventudes. Ahora, con procesos de diálogos en marcha con las expresiones de los alzados en armas es, por lo menos, extraño que tal cerramiento se mantenga. Es público que la fiscalía pedirá 25 años de cárcel para 10 de los trece jóvenes implicados y para los tres restantes entre 30 y 35 años. Ante la gravedad de la pena que puede resultar de las imputaciones, del trasfondo político adquirido por el caso y la férrea voluntad de las autoridades por hacer que los sindicados luzcan realmente como culpables, es necesario que el movimiento social y popular encienda todas las alertas y comience a explorar recursos para que el caso transcienda la orbita de la juridicidad nacional, y pase a ser del conocimiento de tribunales y organizaciones de derecho internacionales.

Esta acción judicial toma cuerpo en el contexto de los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana, proceso en el que fue redactado entre las partes un acuerdo de participación política, presentado el 26 de agosto del 2012 a la opinión pública, acuerdo que está dirigido a ampliar la participación democrática para dar cabida a que nuevas fuerzas políticas surjan enriqueciendo el debate y la deliberación pública, la representación de las distintas visiones e intereses de la sociedad, otorgando las garantías para asegurar la participación e inclusión política, acuerdo que implica, entre otros aspectos la creación de un Estatuto de Oposición Política, Sistema integral de seguridad, garantías de seguridad para líderes de organizaciones y movimientos sociales, defensores de Derechos Humanos, garantías para los movimientos y organizaciones sociales.

Ante esta incongruencia –por un lado diálogo y disposición a la apertura política, y por otro represión– permite pensar, de acuerdo a Bermúdez, que "[...] vamos a seguir la misma lógica de los anteriores procesos de paz en medio de los cuales fue cuando más asesinatos selectivos ocurrieron, más desapariciones y más judicializaciones, vamos a repetir la historia, vamos a seguir reforzando la política de seguir vinculando al movimiento social y popular con la insurgencia, o sea, aquí nadie puede pensar distinto, ni protestar, ni hacer oposición, porque entonces lo relacionan con la insurgencia y, por ende, entonces, el tratamiento que le dan es un tratamiento de guerra; todas estas son preguntas que tenemos que hacernos dentro de la ruta en construcción hacía una paz estable y duradera[...]".

La reflexión y el llamado de atención es real, pues lo que está en marcha en el alto Gobierno es la preparación de todo un contexto "legal" para arremeter contra la desobediencia social, contra el inconformismo popular, resumido, por ejemplo, en leyes como la de Seguridad Ciudadana, la reforma al Código de Policía y también con la Ley de fuero penal militar, con las que el Estado puede decidir arbitrariamente sobre los derechos que tienen las personas y las asociaciones, rompiendo los principios constitucionales.

 

Los 13 actúan con firmeza y dignidad

 

A pesar de la adversidad que enfrentan sorprenden las imágenes de los jóvenes procesados cuando alzan las manos y entonan al unísono canciones de rebeldía junto a sus compañeros que solidariamente han esperado en la salida de los juzgados para expresarles todo su apoyo, solidaridad y sentimientos. Los 13 no se han roto, han comportado en las audiencias una actitud firme, digna, respetable De esta manera lo narró Alexandra: "Al principio, los primeros días, mientras iniciaron las audiencias estuvieron bastante tristes, compungidos, pues les sorprendió mucho la situación, muy desanimados por lo que estaba pasando alrededor de ellos, pero después elevaron mucho su ánimo por todo el respaldo brindado nacional e internacionalmente, eso ha sido también muy favorable para el mismo proceso y para ellos en su situación particular; la gente, por ejemplo, pidiendo garantías políticas alrededor del ejercicio de la labor de la defensa de derechos humanos, de la labor de los movimientos estudiantiles y de la labor que hace el Congreso de los Pueblos, eso los ha mantenido fuertes, muy anímicos, con mucha esperanza; sus familiares también los han respaldado mucho, ha sido muy llamativa la fortaleza de las familias, sin dudar en ningún momento de sus hijos, de su activismo y liderazgo social [...]".

 

Recluidos en establecimiento carcelario

 

El juicio contra los 13 continua. Un largo camino debe ser recorrido por los jóvenes, la defensa, las familias y las organizaciones sociales, pues vendrán numerosas audiencias en las cuales la Fiscalía intentará probar la culpabilidad de los implicados, enviar a la mayoría a prisión durante años por haber –presuntamente– propiciado disturbios en la Universidad Nacional durante el mes de mayo, mucho más tiempo del que recibieron como condena los hermanos Nule por robar billones de peso al Estado, muchísimo más de lo que han pagado parapolíticos como Eleonora Pineda por asesinar colombianos, despojar y concentrar tierras, adueñarse política y económicamente de regiones enteras e infiltrar el Estado a nombre del paramilitarismo. Gran justicia.

Mientras son juzgados, deben aguardar tras los muros de la cárcel. Bermudez, al tanto de los pormenores de las situación informó: "Por el fallo de la jueza y por la boleta de aseguramiento sabemos que deben ir a la cárcel Modelo o a La Picota, y las mujeres al Buen Pastor. Ese será el sitio de reclusión. Nosotros insistimos públicamente, hicimos un llamado al Inpec para que garantice condiciones de seguridad a estas personas, y sus acciones no pueden ser tratadas como delitos comunes; la idea es que se mantengan como grupo, garantizando su cohesión; a su vez también solicitamos condiciones y garantías de seguridad dentro de los establecimientos carcelarios, porque parte de los temores que tenemos –y no es infundado– es que este tipo de judicializaciones, un falso positivo judicial, deriva después en amenazas de los grupos paramilitares, así como en desapariciones o asesinatos de los inculpados [...]".

 

¿Caso fortuito o persecución política del Estado?

 

De acuerdo a Alexandra Bermudez, un mecanismo para silenciar la protesta social está operando en el Estado colombaino: "Nosotros también alertamos alrededor de este proceso, que algunos de estos dirigentes sociales habían sido amenazados por paramilitares antes de esta judicialización. Es decir, estamos otro modus operandi de persecución política en contra de los dirigentes y organizaciones sociales. Mecanismo claro: primero aparecen amenazas de los paramilitares, luego, envés de abrir investigaciones para esclarecer esas amenazas y buscar los responsables, lo que vienen son acciones de los organismos de inteligencia del Estado alrededor de las actividades de estos dirigentes que terminan en judicializaciones, que luego se demuestra que son falsos positivos judiciales; así continúa de alguna manera esa lógica macabra que termina, en ocasiones, en asesinatos, desapariciones de dirigentes [...], de ahí nuestras preocupaciones de que nos estén aplicando esa misma estrategia de eliminación del movimiento social".

Pese a esta realidad y al conjunto de injusticias en que nada la "justicia" colombiana, nuestra entrevistada termina su narración con una sonriza que resume su confianza en el desenlace final de este proceso, en el cual saldrá airoso el movimiento social juvenil y estudiantil, representado en esta ocasión en los 13 que ahora paceden el horror del Estado inculpador, ese mismo que dio origen al paramilitaismo y lo protegió.

 

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"La mayoría no sabe lo grande que es la diferencia con los más ricos"

El economista de la Universidad de Berkeley señala que "sea cual sea el crecimiento de la productividad, la ganancia se redistribuye cada vez más hacia el 10% con más ingresos"


David Card (Canadá, 1956) es un peculiar buscador de tesoros. Su recompensa son los filones de datos que proporcionan las situaciones reales, que explota con herramientas econométricas. Así encuentra pistas de cómo funciona el mercado laboral, ya sea cuando se aplica el salario mínimo o cuando incorpora inmigrantes. Pistas que abundan en los últimos estudios del Fondo Monetario Internacional sobre desigualdad. El catedrático de la Universidad de Berkeley estuvo en Madrid hace unas semanas para recoger el Premio Fronteras del Conocimiento que le otorgó la Fundación BBVA, junto al británico Richard Blundell, en la categoría de Economía.


Pregunta. Estados Unidos va por delante en la recuperación del empleo, pero allí y en España, el tipo de trabajo que se crea es de baja calidad y peor pagado. ¿Es una respuesta temporal a la crisis, o cree que hay algo más?


Respuesta. Desde hace 15 años, antes incluso de la recesión, las condiciones del trabajo no mejoran. En Estados Unidos se han ofrecido varias explicaciones, como la pérdida de empleos en la industria por la irrupción de China, o el débil crecimiento de la productividad. Y luego está la cuestión de que, sea cual sea el crecimiento de la productividad, la ganancia se redistribuye cada vez más hacia el 10% con más ingresos. Las condiciones de los trabajadores de bajos ingresos, una definición que incluye cada vez a más gente, no van bien. Los salarios reales de ese colectivo apenas crecen en los últimos 15 años.

P. ¿Cree que el cambio tecnológico influye?

R. Puede ser parte de la historia, pero no creo que nadie sepa aún en qué medida. En lo que sí creo es en la relevancia del marco institucional en la fijación de salarios, y aquí hay fuerzas más débiles que en los años ochenta. En Estados Unidos, los sindicatos casi han desaparecido, el salario mínimo se ha reducido o eliminado, los empresarios han tenido gran discrecionalidad para fijar sueldos. Hice un estudio sobre Alemania hace un par de años. Y algo parecido empezó a ocurrir allí más tarde, a partir de los noventa.

P. Los organismos internacionales coinciden ahora en advertir que el aumento de la desigualdad puede dañar el propio crecimiento económico, ¿coincide con esa apreciación?

R. Sí, hasta el FMI está preocupado (risas). Lo que sí se puede ver claramente en muchos países es que las familias con más bajos ingresos están cada vez más alejadas de la política, no piensan que el debate político les afecte, que afronte sus problemas. Y muchos creen que sus hijos van a tener menos oportunidades que ellos. Yo creo que eso es más importante que el efecto económico. En realidad, hay mucha más desigualdad de lo que la gente piensa, no creo que la mayoría sepa realmente lo grande que es la diferencia con los más ricos. Las élites deberían pensar en esto mucho más de lo que lo hacen ahora. Hubo momentos como éste en otros periodos de la historia y el resultado no fue nada bueno.

P. En España, la reforma laboral persigue dar más poder de negociación a las empresas para ajustar las condiciones laborales a la situación económica.

R. Lo que quiere decir que los trabajadores con menos ingresos van a recibir un golpe considerable. En Alemania, sufrieron un recorte muy importante. En términos relativos, la mitad de la población con ingresos más bajos en Alemania está mucho peor pagada ahora que hace 20 años. En esas dos décadas, su salario real no ha crecido en absoluto. Y eso es realmente llamativo.

P. Pero con esas reformas, Alemania vadeó la crisis con un 5% de paro, mientras España enseguida se fue al 25%.

R. No sé si esa aproximación es correcta, soy bastante escéptico al respecto. Pero entiendo que sea convincente para mucha gente. Y desde luego los alemanes creen que eso es lo que España debería hacer. Pero, en realidad, yo diría que el aumento de la desigualdad salarial apenas acaba de comenzar aquí.


P. En Alemania, ese aumento de la desigualdad que describe no parece haber generado mucha contestación social.


R. Durante un tiempo, nadie se dio cuenta de que ese proceso estaba en marcha, no hubo reacción. En parte porque los sindicatos alemanes son bastante pasivos en este tema, históricamente han estado más preocupados por los empleos que por los salarios. Y con la incorporación de Alemania del Este, grandes compañías llevaron su producción allí y luego a República Checa, Hungría o Rumanía, en una carrera de costes a la baja. Pero acaban de establecer un salario mínimo generalizado en Alemania, lo que creo que es una señal de que esto empieza a preocupar.


P. Entonces, menos poder sindical y menos salario mínimo, ¿se traduciría, según usted, en más desigualdad?


R. En el aumento de la desigualdad influyen muchas cosas, el cambio tecnológico, la globalización, pero sí, son dos factores importantes para el 15% o el 20% de trabajadores con menos ingresos. Es más difícil de concluir si hay efecto en la clase media, que es a donde dirigen los políticos la mayoría de sus mensajes.


En el euro, los ajustes se pagan caro


Una de las investigaciones más citadas de Card es aquella en la que relacionó ingresos con nivel educativo. "Todavía sigue siendo mejor tener un alto nivel de educación para lograr un trabajo mejor pagado. Aunque también es cierto que cada vez más jóvenes licenciados en la Universidad solo logran trabajos basura", matiza el investigador norteamericano. El catedrático de Berkeley cree que el aumento de la economía sumergida "es un indicador de cómo de pobres son las oportunidades de trabajo", ya sea en España o en EE UU.


Sobre la diferencia en el ritmo de recuperación a ambos lados del Atlántico, Card subraya que los creadores del euro minusvaloraron la importancia de que los países perdiesen la opción de devaluar la moneda para reaccionar en tiempos de crisis. La única alternativa, añade, es ajustar precios y salarios. "Y siempre es más fácil pagar menos a quien logra un nuevo trabajo", acota sobre lo que ocurre en el mercado laboral español.

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La crisis dispara la desigualdad entre ricos y pobres a un nivel récord

Las desigualdades entre ricos y pobres se han situado en su máximo nivel desde la OCDE (Organización para la Cooperación el Desarrollo Económico) inició su medición hace 30 años. La diferencia se ha disparado durante la crisis en países como España, entre otras razones por los ajustes fiscales, las subidas de impuestos y los recortes sociales. En los 34 países de esa institución, el 10% de los más favorecidos posee el 50% de la riqueza, mientras el 40% de los más pobres solo tiene el 3% de la misma.


En un informe titulado Por qué menos desigualdad beneficia a todos, la OCDE destaca que "nunca fue tan elevada la diferencia entre ricos y pobres". El pormenorizado análisis se detiene especialmente en lo ocurrido entre 2007 y 2011, los años más duros de la última crisis económica mundial. En ese periodo, los ingresos en los hogares descendieron prácticamente en todos los países de la organización, pero en mucha menor medida en las capas más privilegiadas.


Las pérdidas fueron especialmente elevadas en los países más golpeados por la crisis. En España, por ejemplo, los ingresos en las familias descendieron una media del 3,5% anual en ese periodo. Como en Irlanda o Islandia. En el caso de Grecia, llegó al 8% anual.


En España, el 10% de los hogares más desfavorecidos perdieron un 13% anual de sus ingresos entre 2007 y 2011, mientras el 10% de los que más tenían solo perdieron un 1,5% anual de sus ganancias.


En el periodo previo a la crisis, la desigualdad antes de impuestos y beneficios estaba bastante estabilizada, recuerda la OCDE, pero se disparó cuando golpeó de lleno. Y continúa haciéndolo en estos últimos tiempos de leve recuperación. La razón es doble: el elevado desempleo que apenas se reduce y los ajustes fiscales que afectan al seguro de desempleo, al sector educativo y a la escasez de inversiones. Es lo que está ocurriendo en Grecia, Irlanda o España.
Recortes laborales en España


En el caso de España, además, se han registrado otras medidas que han incrementado las desigualdades. La consolidación fiscal, señala la OCDE, incluyó aumentos de impuestos sobre los ingresos y el consumo (en 2011 y 2013), a la vez que se producían recortes sociales (2013) para las capas más bajas. El incremento de empleos temporales o las diferencias salariales entre hombres y mujeres también han contribuido. En este caso, los países con peor nota son, por este orden, Alemania, México y España.


Como consecuencia de todo ello, el documento destaca que la pobreza ha aumentado de forma preocupante entre 2007 y 2011. En toda la OCDE, la población por debajo del nivel de pobreza ha pasado del 1% al 9,4%. En España, está en 18%, casi el doble que antes de la crisis. En Grecia, en el 27%. Y un dato alarmante: quienes más caen en esta fosa ya no son ciudadanos de mayor edad, sino los jóvenes.

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Crece en 500 % cifra de palestinos detenidos sin juicio en 2015

Las autoridades israelíes han emitido 319 órdenes de detención administrativa contra palestinos en lo que va de año, una cifra que supera en seis veces la del año anterior, reveló este viernes el Centro para el Estudios de los Prisioneros Palestinos, en un informe.


El documento de este centro palestino muestra un rápido aumento en la cifra de palestinos encarcelados sin cargos ni juicio, a pesar de las repetidas promesas del régimen israelí de respetar las normas internacionales en sus detenciones.


El portavoz del citado Centro, Riyad al-Ashqar, declaró que 45 nuevas órdenes de detención administrativa se habían emitido en los tres primeros meses de 2015, además de otras 274 para renovar este tipo de arresto.


"Algunas de estas detenciones habían sido previamente renovadas hasta seis veces para períodos de tiempo de entre dos y seis meses", agregó.


Los palestinos en detención administrativa suelen ser recluidos sin cargos ni juicio durante meses mientras no tienen acceso a conocer los motivos que han provocado su arresto, a pesar de que el derecho internacional estipula que esta táctica sólo se utilizará en casos excepcionales, según recoge la agencia palestina de noticias 'Ma'an'.


La cifra total de 319 detenidos en cárceles israelíes bajo esta modalidad ilegal representa un aumento del 500 por ciento respecto al mismo período de tres meses en 2014, cuando se registró 51 órdenes emitidas de detención administrativa.
Además, en este documento se destaca que 109 se emitieron en enero, 89 en febrero, y 121 en marzo del año en curso.De estas, 133 que corresponde a casi el 42 por ciento fueron dirigidas para ciudadanos palestinos de la ciudad de Al-Jalil (Herbón), en el sur de Cisjordania (Jerusalén)


Este informe se publica casi un año después de que alrededor de 125 palestinos en prisiones israelíes realizaran una huelga de hambre de casi dos meses contra la negativa del régimen de Israel a poner fin a la detención administrativa.


En 2012, las autoridades israelíes aseguraron que iban a limitar la detención administrativa como parte de un acuerdo para poner fin a una huelga de hambre de más de 2000 prisioneros palestinos; un alegato que el régimen de Israel no llegó a cumplirlo de modo que esta medida aún sigue estando en vigor hasta hoy en día.


(Con información de HispanTV)

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En Nueva York 60 000 indigentes viven en las calles y con temperaturas bajo cero

La ciudad estadounidense de Nueva York presenta las dos caras de una misma moneda: por un lado, la Gran Manzana es el centro del mundo financiero; y por el otro, tiene más de 60 mil indigentes que viven en las calles sin comida y sufriendo las terribles temperaturas que llegan a los -4,3 grados centígrados.


La cifra de indigentes es la más alta de la historia: la organización no gubernamental Coalición para los Indigentes afirma que la ciudad alcanzó los mayores niveles desde la Gran Depresión de los años '30 del siglo pasado.


Pero la realidad se pone aún peor si se tiene en cuenta que hay 25.640 niños indigentes (14.519 familias) que pasan sus noches en los refugios desplegados por la municipalidad de la ciudad.


En un artículo publicado por el diario The New York Times, la vicealcaldesa de servicios humanos y de salud de la ciudad, Lilliam Barrios-Paoli, dijo que "muchos de estos niños son muy, muy vulnerables, por lo que proporcionarles refugio no es suficiente", y consideró que "se necesita gente trabajando más estrechamente con ellos y entendiendo qué está pasando".
Testimonios en primera persona


Nick Bryant, corresponsal de BBC en Nueva York, salió a las calles y consiguió el relato de Maurice, un indigente afroamericano que estaba pidiendo limosna en el Park Avenue.


"Perdí mi trabajo. Es duro, es difícil. No tienes trabajo, no puedes pagar la renta", relató el hombre que manejaba un centro de llamadas, pero fue despedido y nunca más consiguió empleo.


El alto precio de los alquileres es otro factor que ayuda a que crezca la cantidad de personas sin hogar, como le ocurrió a Nardia Bosia, que vive junto a sus tres hijos en un departamento de interés social compartido con otra familia de bajos recursos.


A diferencia de Maurice, Bosia no está desempleada: trabaja en el área de servicios financieros, pero no puede pagar el precio del alquiler de una vivienda.


"Pensé que esto iba a ser temporal. Pero hay días en que me desplomo y me digo que no puedo hacer más esto, que no sé qué estoy haciendo y no sé cuándo va a terminar", describió.


(Tomado de InfoNews)

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