Un informe de Oxfam Intermón denuncia que la democracia ha sido "secuestrada" en beneficio de las élites económicas, que "manipulan" las reglas del juego en su beneficio creando un mundo en el que sólo las 85 personas más ricas acumulan todo el capital de que dispone la mitad más pobre de la Humanidad. En la actualidad, el 1% de las familias más poderosas acapara el 46% de la riqueza del mundo.


El trabajo, 'Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica', se difunde en ciernes del Foro Económico Mundial que se celebra esta semana en Davos para poner de manifiesto que en países como España, las 20 personas más ricas poseen una fortuna similar a los ingresos del 20% de su población más pobre.


Según explica, en los últimos años se han venido adoptando políticas que claramente benefician a quienes más tienen, como la desregulación y la opacidad financieras, los paraísos fiscales, la reducción de los tipos impositivos sobre las rentas más altas o los recortes en inversión y protección social.


"Desde finales de 1970, los tipos impositivos sobre las rentas más altas se han reducido en 29 de los 30 países de los cuales se dispone de datos, lo que significa que en muchos lugares los ricos no sólo ganan más, sino que también pagan menos impuestos", expone el trabajo de Oxfam, para incidir en que se trata de un "manifiesto secuestro de los procesos democráticos por parte de las élites y a expensas de la clase media y los más pobres".


El director de Oxfam Intermón, José María Vera, afirma que España "no escapa a esta dinámica", pues los casos en los que los intereses de una minoría económicamente poderosa se han impuesto a los de la ciudadanía "son numerosos en su historia" y la crisis que padece "tiene buena parte de su origen precisamente, en esas dinámicas perniciosas". Entre estas 'dinámicas' señalan el caso de Europa, donde "las tremendas presiones de los mercados financieros ha impulsado drásticas medidas de austeridad que han golpeado a las clases baja y media, mientras los grandes inversores se han aprovechado de planes de rescate públicos", destaca el informe.


En cuanto a Estados Unidos, apunta que la desregulación financiera ha propiciado que se incremente el capital acumulado por el 1% más rico de la población hasta el nivel más alto desde la Gran Depresión, hace 80 años. Mientras, en India, el número de multimillonarios se multiplicó por diez en la última década, "gracias a una estructura fiscal altamente regresiva y el aprovechamiento de sus vínculos con el gobierno".
En África, las grandes transnacionales (en particular del sector extractivo) "han aprovechado su influencia para renegociar contratos con condiciones fiscales mucho más ventajosos, limitando la capacidad de estos gobiernos para luchar contra la pobreza", conforme señala el trabajo de Oxfam.


El informe destaca asimismo que se estima que 21 billones de dólares se escapan cada año al control del fisco a nivel mundial, porque "las personas más ricas y las grandes empresas ocultan miles de millones a las arcas públicas a través de complejas redes basadas en paraísos fiscales". Como resultado, en la actualidad casi la mitad de la riqueza mundial está en manos del uno por ciento más rico de la población, (110 billones de dólares) y la otra mitad se reparte entre el 99% restante. En Europa, la fortuna de las 10 personas más ricas supera el coste total de las medidas de estímulo aplicadas en la UE entre 2008 y 2010 (217.000 millones de euros frente a 200.000 millones de euros).
La desigualdad, en la agenda

Aunque la desigualdad ha escaldo posiciones en la agenda global en los últimos años, consiguiendo que incluso el propio Foro Económico Mundial haya identificado su incremento como el segundo riesgo más importante a nivel mundial para los próximos 12-18 meses ; la organización exige medidas urgentes para frenar y revertir la tendencia.


La entidad incide en que sus reclamaciones tienen respaldo social, como probó una encuesta realizada para Oxfam en media docena de países (España, Brasil, India, Sudáfrica, el Reino Unido y Estados Unidos), según la cual, la mayor parte de la población cree que las leyes están diseñadas para favorecer a los ricos. En España, ocho de cada diez personas están de acuerdo con esta afirmación.


"No podemos pretender ganar la lucha contra la pobreza sin abordar la desigualdad. Esta creciente lacra está creando un círculo vicioso en el que la riqueza y el poder están cada vez más concentrados en las manos de unos pocos, dejando al resto de la ciudadanía las migajas", afirma Vera.

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El 8% más rico del mundo gana la mitad de todo el ingreso planetario

El economista jefe del Banco Mundial, Branko Milanovic, informará pronto en la revista Global Policy del primer cálculo sobre la desigualdad global de los ingresos y ha establecido que el 8% gana el 50% de todos los ingresos del planeta. Señala: “La desigualdad global es mucho mayor que la desigualdad dentro de algún país en particular”, debido a que la aguda desigualdad entre países se suma a la desigualdad dentro de cada uno de ellos, y porque la mayoría de la gente vive en los países extremadamente pobres, sobre todo las naciones dentro de 4.800 kilómetros del Ecuador, donde ya hace demasiado calor, incluso sin el calentamiento global que según los científicos calentará el mundo mucho más en el futuro.

 


Por ejemplo, la lista del Banco Mundial del “PIB per cápita (en dólares actuales)” muestra que en 2011 la cifra de ingresos anuales varió de 231 dólares en la República Democrática del Congo en el Ecuador, a 171.465 dólares en Mónaco, Europa. En el segundo país más pobre y el segundo más rico respectivamente fueron 271 dólares en Burundi, en el Ecuador, y 114.232 dólares en Luxemburgo, Europa. En comparación, en EE.UU. fue 48.112 dólares y China 5.445. Estos pocos ejemplos indican la amplitud de la variación del ingreso per cápita entre las naciones y que más calor significa más pobreza.

 


La desigualdad de la riqueza es siempre mucho más elevada que la desigualdad de los ingresos, y por ello un cálculo razonable de la riqueza personal en todo el mundo se encontraría probablemente en el orden de que el 1% más rico de la gente posee la mitad de todos los activos personales. Esos individuos podrían considerarse la actual aristocracia, en la medida en que su poder económico es igual al de todo el 99% restante de la población del mundo.

 


Milanovic dice: “Dentro del 1% global, encontramos al 12% más rico de los estadounidenses… y entre el 3% y 6% de los británicos, japoneses, alemanes y franceses más ricos. Es un ‘club’ que todavía está compuesto en su abrumadora mayoría por los ‘antiguos ricos’ que pasan a sus hijos (libres de impuestos en los numerosos países que no tienen impuestos sobre las herencias) las fortunas que han acumulado, y quienes les ayudan a iniciar sus propios negocios – frecuentemente después de haberlos enviado a las más prestigiosas universidades (muchas en EE.UU.), donde esos hijos se encuentran y hacen amigos con otros con la misma situación que ellos”.

 


Por ejemplo, el 22 de abril de 2004, el New York Times tituló “Mientras los ricos llenan las principales universidades, aumentan las preocupaciones por la ecuanimidad”, e informó de que un 55% de los estudiantes de primer año de las 250 universidades más selectivas de la nación provienen de padres en el máximo 25% del ingreso de esta nación. Solo un 12% de los estudiantes tienen padres en el 25% menor del ingreso. Incluso en una universidad pública de elite estatal, la Universidad de Michigan, “más estudiantes de primer año de este año… tienen padres que ganan por lo menos 200.000 dólares al año [el 2% máximo de entonces] que los que tienen menos que el promedio nacional de unos 53.000 dólares [el 55% inferior de EE.UU.].”

 

La mayor parte de la redistribución que favorece a más que el máximo 1% ocurrió en los países “en desarrollo”, como China. Sin embargo, una mayor proporción de la población del mundo vive en naciones de América Central y del Sur, África, etc., donde las actuales familias dirigentes tienden a ser en su abrumadora mayoría las mismas que en la generación anterior. Éstas, también, cercanas al Ecuador, son miembros del “club”, pero su cantidad es inferior.

 


Milanovic establece que globalmente, “El máximo 1% ha visto que su ingreso real aumentó en más de un 60% durante esas dos décadas [1988-2008]”, mientras “el 5% más pobre” ha recibido ingresos que “siguieron siendo los mismos”, los desesperadamente pobres simplemente siguen siendo desesperadamente pobres. Tal vez haga demasiado calor donde viven.

 


Este estudio, en Global Policy, que se titulará “Desigualdad de Ingresos en cifras: en la historia y ahora”, informa de que los desarrollos económicos de los últimos veinte años han llevado a que “el máximo 1% aventaje a los demás ricos y reafirme de hecho –y aún más en la percepción pública– su papel preponderante como ganador en la globalización”.

 


Se puede ver  una versión preliminar de los resultados de Milanovic, presentados por él en una conferencia económica [ 1 ]. Y un sorprendente resumen en vídeo de la investigación de Milanovic se puede ver en [ 2 ].

 


Por Eric Zuesse
Alternet


Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens


Enlaces:

[1] http://ineteconomics.org/global-inequality-columbia-university


[2] http://www.globalpolicyjournal.com/blog/16/05/2013/global-wealth-inequality---what-you-never-knew-you-never-knew

Eric Zuesse es el autor de They’re Not Even Close: The Democratic vs. Republican Economic Records, 1910-2010  y de Christ's Ventriloquists: The Event that Created Christianity .

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¿Aceptaría 44 millones de dólares por un solo día de trabajo?

Naturalmente, diría cualquiera, pero esto sólo puede ocurrir en EE.UU.: horas después de que Bill Johnson asumiera el cargo de director ejecutivo de la Duke Energy, surgida de la fusión de dos empresas abastecedoras de gas y electricidad, el flamante CEO presentó su renuncia. Sólo trabajó ocho horas y se hizo acreedor a 44 millones de dólares, es decir, 5,5 millones por hora (//thinkprogress, 6-7-12). Un buen sueldito. La suma incluye bonos, un pago por cesar en el puesto como si hubiera trabajado años, otros beneficios y hasta 30.000 dólares por gastos de mudanza y reubicación.

 

En el mundo de los CEO esto no causó sorpresa alguna, están acostumbrados a las remuneraciones altísimas y a los privilegios que éstas conllevan. El promedio de los salarios anuales que perciben fue de 9,6 millones en el 2011, pero se superaron en el 2012: 9,7 millones de dólares (www.cleveland.com, 22-5-13). Las empresas justifican este dispendio asegurando que necesitan los mejores talentos en el campo. Sólo que el 99 por ciento –como los bautizó el movimiento juvenil Ocupa Wall Street que nació hace casi dos años– no la pasa tan bien: el salario promedio del trabajador aumentó 1,1 por ciento en el 2010, 1,2 en el 2011 y un 1,6 por ciento este año. Aumentos incapaces de lidiar con la inflación.

 

La brecha entre los salarios de los unos y los otros se ensanchó aún más el año pasado, aunque se considera que el país atraviesa un período de recuperación económica. El promedio de ingresos de los CEO fue 354 veces mayor al de los trabajadores en el 2012 (www.af.org, 6-4-13). La Ley Dodd-Frank de reforma de Wall Street y de protección al consumidor, que promulgó Obama en julio de 2010 para enfrentar este problema, establece que las empresas públicas tienen la obligación de dar a conocer con exactitud la disparidad salarial entre el CEO y los trabajadores. Muchas grandes compañías cabildean para que este requisito desaparezca en el proceso de reglamentación de la ley (www.bloomberg.com, 30-4-13).

 

Han pasado tres años desde que el Congreso ordenó a las empresas públicas revelar la relación CEO/trabajador en materia de salarios, pero esto no se cumple: el trámite de regulación de la ley Dodd-Frank se encuentra estancado en la comisión de garantías e intercambio, un organismo federal que es blanco preferido de las tentaciones que ofrecen los cabilderos. Pero diferentes organismos independientes se encargan de destapar lo que se oculta en esta esfera.

 

Un reciente análisis de las estadísticas demográficas de la Oficina de Censos que el Pew Research Center llevó a cabo revela que en el período 2009/2011 los ingresos del 7 por ciento de la cúspide económica aumentaron un promedio estimado en el 28 por ciento, mientras que para el 93 por ciento restante descendieron un 4 por ciento (www.pewsocialtrends.org, 23-4-13): “Desde finales de la recesión en 2009 hasta 2011 (el último año de datos disponibles de la Oficina de Censos), los 8 millones de hogares con un ingreso neto superior a 836.033 dólares acrecieron en conjunto sus haberes en 5600 billones, mientras que los 111 millones de hogares con un ingreso neto inferior o igual a la cifra antes mencionada padecieron un descenso estimado en 6 billones de dólares”.

 

El importante aumento de los ingresos de la parte superior de la pirámide en las últimas décadas se debe en buena medida a que el jefe de familia es un ejecutivo o un agente en el sector financiero. Un informe del Economic Policy Institute señala que “los ejecutivos y los ocupados en el sector financiero del 1 por ciento percibieron un 58 por ciento de la expansión del ingreso y el 0,1, un 67 por ciento en el período 1979/2005” (www.epi.org, 23-1-13). Es decir, el sistema global de hoy, dominado por las finanzas, se viene alejando hace tiempo del capitalismo clásico basado en la producción. Como confesara un ex corredor de Lehman Brothers, la compañía financiera que declaró una bancarrota escandalosa en el 2008: “No hay otra industria en la que se paga tanto por hacer tan poco” (//thinkprogress.org, 6-2-13).

 

Es un proceso con alzas y bajas de veloz desarrollo. En los últimos 30 años el promedio de la fortuna de los 500 de Forbes aumentó a una velocidad 127 veces superior a la media del salario obrero. Como se ha indicado ya, el ingreso promedio de los 500 es 354 veces superior al del trabajador. En 1980 la proporción era de 42 (www.epl.org, 23-1-13).

 

Tendría, finalmente, razón el magnate Warren E. Buffet, la persona más poderosa del mundo según Times, quien declaraba hace años: “Hay guerra de clases, pero es mi clase, la clase de los ricos, la que está haciendo la guerra y estamos ganando” (www.nytimes.com, 26-11-06). La remembranza marxista de esta afirmación le suma claridad.

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Estudio analiza que protestas sociales están profundamente relacionadas con las desigualdades de la región

El estudio "La protesta social en América Latina”, divulgado ayer (16) por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Nueva York (Estados Unidos), analizó la relación de las protestas sociales en América Latina con los sistemas políticos y situación económica de la población. Para hacer el análisis, el PNUD estudió más de 2,3 mil conflictos sociales, a través de 54 periódicos en 17 países de la región, en el período de octubre de 2009 a septiembre de 2010.

 

De acuerdo con el documento, Bolivia, Perú y Argentina fueron los países en los que más ocurrieron protestas en este período, con una media de 200 casos en cada uno. Por otro lado, Costa Rica, Chile y El Salvador fueron los que tuvieron menos casos, registrando cerca de 58 conflictos sociales en el período analizado.

 

El estudio destaca que la desigualdad social está estrictamente vinculada con las protestas sociales, sin embargo, resalta que el conflicto en sí no significa una negatividad, ni es sinónimo de guerra, siendo parte de la democracia y de la construcción de un nuevo modelo social y político en la región, caracterizándose más como un "orden conflictivo de la interculturalidad y de la diversidad consubstancial de la democracia”.

 

Según el análisis del PNUD, los diversos tipos de protestas y luchas sociales como defensa de los derechos humanos, manifestaciones estudiantiles, conflictos laborales, reivindicaciones de movimientos campesinos por el acceso a la tierra, demandas indígenas por el respeto a sus territorios y tantas otras movilizaciones sociales son expresiones de recuperación y fortalecimiento de la democracia, y ellos acostumbran hacer demandas que necesitan respuestas de los gobiernos como cuestiones ecológicas, por ejemplo. "La democracia es, en esencia, un orden conflictivo”, afirma.

 

A partir del monitoreo de los 54 periódicos evaluados en el período, el estudio observa que el conflicto social en América Latina tiene como características comunes: un contexto de estructuras de poder muy concentradas y desigualdad crónica cuestionadas por la ciudadanía; intensidad y fragmentación; tiende cada vez más a expresarse en los medios de comunicación de masas; y amplia movilización y participación social. Pero, mientras las poblaciones se articulan y se fortalecen cada vez más en la búsqueda de sus derechos, en el estudio también se demuestra que las instituciones estatales, principales blancos de los protestas, son frágiles y no tienen la capacidad suficiente para lidiar con los conflictos dentro de los marcos democráticos.

 

En el análisis se observa además un aumento de la movilización social a través de la web en la región, originando un nuevo espacio de articulación, principalmente para los grupos históricamente marginados y excluidos. El amplio acceso a la red también ha contribuido a la reducción de la pobreza y de la desigualdad en la última década, según el PNUD. De acuerdo con el informe, casi el 60% de las organizaciones y personas que participaron en protestas sociales en América Latina tuvieron una presencia en la web, con cifras que van del 100% de presencia en internet como en Costa Rica, hasta el 15% en Bolivia.

 

El estudio cree que la política constructivista es la mejor forma para procesar conflictos en las sociedades latinoamericanas, ya que el constructivismo político se basa en la pluralidad sociocultural y en las desigualdades estructurales para construir un orden común. "La política constructivista se basa en un sistema de expectativas y de reconocimientos recíprocos entre los diversos actores, respeta las diferencias, pero también permite construir nuevas identidades y opciones”, explica.

 

Los países evaluados fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

 

El estudio es parte del Proyecto de Análisis Político y Escenarios Prospectivos (PAPEP/PNUD). Para leer el informe completo en español, haga clic aquí.

 

17.04.13 - América Latina


Por Tatiana Félix
Periodista de Adital

Traducción: Daniel Barrantes - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Guatemala y Honduras: ¿bantustanes para ricos? (I)

Con mirada retronostálgica, aún es posible caminar por el centro de ciudad de México y los barrios con historia” de Buenos Aires, Quito, Montevideo, La Paz, Río de Janeiro. En cambio, los de Lima, Bogotá, Santiago, Panamá, Caracas, apenas conservan vestigios de añejas lozanías urbanas.

 

Tampoco hay que idealizar, pues las “encantadoras” ciudades coloniales, virreinales y republicanas de América Latina trasuntan la historia de sus clases dominantes. En la primera mitad del siglo pasado, los urbanistas ya bosquejaban sus proyectos en función de la imparable producción de automóviles para uso particular, y hacia 1980, con la imposición del modelo neoliberal, empezaron a brotar espacios urbanos enemigos de lo público y de acceso restringido para el ciudadano corriente.

 

Hace unos días, por ejemplo, visité a un funcionario en un barrio exclusivo. Al entrar, un cartel colgado del grueso portón metálico: “Deténgase. Apague el motor. Encienda las luces. Identifíquese”. Y al salir, la inevitable bronca con un guardia malencarado que me ordenó abrir el baúl para cerciorarse de que no había secuestrado a mi anfitrión, con fines inconfesables.

 

En las antípodas de la utopía urbana anarcosocialista, la distopía anarcocapitalista empieza a concretar sus ideales: ciudades “sin Dios, Estado ni ley” y administradas por magnates que, en el caso de países como Guatemala y Honduras y así como sus abuelos, delegan en el Comando Sur la “resolución” de los problemas sociales del país. Y donde sus exclusivas y excluyentes “cartas constitucionales” se rigen invariablemente por un solo principio: “seguridad”.

 

¿Ciudades sin ciudadanos? Visitemos Paseo Cayalá, plástico y artificial remedo de urbe “colonial” situada a escasos kilómetros de la ciudad de Guatemala. Por ahora, Cayalá tiene 14 hectáreas. Según el corresponsal de Associated Press en Guatemala, la élite de Cayalá está compuesta por jóvenes profesionales y parejas recién casadas que viven detrás de grandes muros para sentirse “seguras” frente a la inaudita pobreza, delincuencia y criminalidad del país centroamericano.

 

El único acceso a Cayalá se realiza mediante un garaje subterráneo, donde los residentes y visitantes usan escaleras mecánicas decoradas al estilo art nouveau de las paradas del Metro de París. El cronista observó calles empedradas, clubes nocturnos, restaurantes, cafeterías, boutiques de lujo y policías con armas ocultas que se movilizan en patinetas motorizadas Segway.

 

En caso de una denuncia, la policía nacional de Guatemala necesita orden judicial para ingresar a la “ciudad”. Y todos los problemas son tratados por la asociación de propietarios, que discuten en un “edificio de columnas inspiradas en el Monumento a Abraham Lincoln de Washington y en el Partenón griego”.


Los constructores de Cayalá compraron la tierra en la década de 1980, época en que las matanzas y despojos de tierras de indígenas fueron más despiadadas que las narradas por el cronista Bernal Díaz del Castillo. Y luego de los “acuerdos de paz” con la guerrilla, las castas divinas de la oligarquía guatemalteca volvieron, por vía “democrática”, a los mejores años de la Mamita Yunai y la invasión yanqui de 1954.

 

Mientras, en la vecina Honduras (patria de Francisco Morazán), el espíritu del mercenario William Walter (“presidente” de Nicaragua en 1856-57) y del rey de la banana Sam Zemurray (1911) resucitaba en los políticos que en Tegucigalpa derrocaron al presidente Manuel Zelaya en septiembre de 2009.

 

Los arquitectos guatemaltecos y hondureños enrolados en el llamado “nuevo urbanismo” (que promueve la creación de barrios por donde se pueda caminar) hablan de impulsar “estilos de vida más cosmopolitas”.

 

¿Cuáles serían? ¿Los de Singapur, Hong Kong, Macao, Eurovegas, Jerusalén este? Porque en Estados Unidos y Europa existen férreos marcos regulatorios que desalientan las prácticas especulativas asociadas a la compraventa de tierras urbanas.

 

Los anarcocapitalistas pescan en los ríos revueltos de los estados débiles, o en países “asegurados” por el Pentágono que, como en el caso de Honduras, registran un largo y crónico historial de corrupción institucional, entreguismo y cesión de soberanía.

 

Y allí pusieron el ojo seudoempresas como Free Cities Group, de Paul Thiel (fundador de PayPal), la Future Cities Development Corporation, de Patri Friedman (nieto del gurú neoliberal Milton Friedman), o inversionistas virtuales, como el economista Paul Romer, quien después de fracasar en Madagascar y Mauritania consiguió que los políticos hondureños prestaran oídos a sus proyectos para construir charter cities (ciudades modelo).

 

Las distopías urbanas de las charter cities serían el revés de los “bantustanes” concebidos por los racistas de Sudáfrica y Namibia para los negros. Reservas con independencia nominal (Transkei, Venda, Ciskei), que alojaban y concentraban en su interior poblaciones étnicamente homogéneas, y que los sionistas de Israel prevén para los palestinos de Gaza y Cisjordania.

 

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Injusticia con la fuerza pública y sus reservas

El cuadro número 1 de este escrito es elocuente. Informa con claridad sobre el nefasto resultado de pretender cumplir el artículo 13 de la Ley 4a de 1992, por medio de las ilegalidades implementadas a partir del Decreto 107 de enero 15 de 1996. Sin facultades para hacerlo, esta norma introduce modificaciones estatutarias en la carrera. Su enorme efecto perjudicial afecta a los grados y empleados que abarcan desde Teniente Coronel hasta Adjunto 5°. Lo peor de este error consistió en repetirlo desde 1996 hasta la fecha. Como se ve, la Fuerza Pública y sus Reservas siguen soñando con la ilusión de la nivelación salarial.

 

Este absurdo tuvo origen en fallas entre las que se destacan: 1) La suspensión en 1986 de la nivelación salarial iniciada en 1981; 2) No dar a este proceso la continuidad ordenada en el artículo 13 de la Ley 4a de mayo 18 de 1992; 3) El desconocer el principio de oscilación salarial y demás derechos adquiridos, cuando se modificó el punto de partida de la EGP al reducir la remuneración del General de ser "igual en todo tiempo y por todo concepto a la de los Congresistas"1, por otra inferior: "igual en todo tiempo a lo que devengue un Ministro del despacho ejecutivo como asignación básica y gastos de representación..."2; 4) No haber promulgado dicha EGP antes de 1993, lo cual era indispensable a fin de cumplir el plan de nivelación trazado en el Decreto 25 de 1993; 5) La decisión de incrementar 3,8 veces (equivalente a un 281%) los sueldos más elevados del Estado en el lapso enero 1992 a enero 1993, mientras el salario mínimo subió un 25% y los nuestros un modesto 35%; y 6) A los intereses creados y la negligencia estatal, empeñados en aseverar que el Decreto 106 de 1997 acata la Constitución y la Ley.

 

Ante el silencio gubernamental respecto a nuestros requerimientos sobre esta materia, le presentamos el proyecto de nivelación considerado y conciliatorio que muestra el Cuadro Nº 2, pues el mismo hace abstracción del 43% que representa la Prima especial de servicios que pagan a los altos funcionarios del Estado.

 

No cabe duda de que esta es una distribución de sueldos institucional aterrizada, sin ser la óptima. Tampoco corrige la discriminación de negarnos un reajuste salarial igual al 7,67%, que certificó la Contraloría General de la República para los sueldos más elevados del Estado, dando cumplimiento al artículo 187 de la Constitución, y cuya aplicación debe extenderse a toda la FP porque su retribución tiene base de cálculo la del General. A pesar de que es inferior a la EGP que se pagó en 1980, no es tan lesiva como la que se ve en el cuadro Nº 1, donde los grados y empleados del segmento comprendido entre Teniente Coronel y Adjunto 5° perciben una remuneración menor al 29,18% con relación a la del General. Esta iniciativa no acata la Ley pero paladea el daño causado.

 

"Querer es poder" reza el adagio. La solución apropiada surge de corregir el yerro de 1993, es decir, revertir ese incremento exagerado de emolumentos, lo que permite establecer una estructura salarial digna y equitativa. Por tanto, recomendamos fijar la remuneración total de los Parlamentarios en $13 millones mensuales. Esto equilibra los salarios de la FP. Genera un Sueldo Básico del General de $5.850.000 = (13.000.000 x 45%). Este es el más alto punto de partida de la EGP y referencia de cálculo de los restantes, hasta el más bajo del Adjunto 5° que sería $585.000. Como se aprecia, conduce a una EGP casi igual a la del Cuadro Nº 2; además, tiene la virtud de acatar la legalidad con rigor y enmendar la falla en que incurrió el gobierno en el lapso enero 1992 a enero 1993.

 

Atrapados por el neoliberalismo en este conflicto social de todos contra todos, la ingenuidad, el miedo y la duda han impedido a la Reserva Democrática de Colombia fortalecerse y organizarse a fin de exigir mancomunadamente lo que merece y queda plasmado en metas como la expresada en el párrafo anterior.

 

* Capitán del Ejército en retiro. Economista, Universidad Externado de Colombia.

 

1 Decreto 335 de febrero 24 de 1992. Precepto aplicado entre enero 1° de 1981 y mayo 31 de 1992.

2 Decreto 921 de junio 2 de 1992, fórmula ilegal aplicada desde el Decreto 107 de 1996, dando a entender que cumple la Ley 4a de 1992.

 

Cuadro 1

 

Cuadro Nº 1. Fuerza pública, Estructura salarial año 2012

 

Grados

EGP

SB $

Primas  

TOTAL-PES

EGP-PES

TOTAL+PES

EGP-REAL

General    

100,00%

4.439.827

8.542.122

12.981.949

100,00%

22.659.838

100,00%

Mayor General      

96,91%

4.302.477

5.260.702

9.563.179

73,67%

9.563.179

42,20%

Brigadier General    

86,62%

3.845.965

4.716.083

8.562.048

65,95%

8.562.048

37,79%

Coronel    

67,13%

2.980.381

3.631.778

6.612.159

50,93%

6.612.159

29,18%

Teniente Coronel    

52,36%2.324.765NDNDND  

Mayor  

45,53%2.021.400NDNDND  

Capitán   

37,47%1.663.524NDNDND  

Teniente 

32,73%1.453.120NDNDND  

Subteniente

28,94%1.284.735NDNDND  

Sgto. Mayor  

32,56%1.445.653NDNDND  

Sgto. Primero  

27,98%1.242.109NDNDND  

Sgto. Viceprimero    

25,32%1.124.267NDNDND  

Sgto. Segundo 

23,14%1.027.301NDNDND  
 Cabo Primero   21,40%950.226NDNDND  
 Cabo Segundo 20,75%921.145NDNDND  
Soldado Profesional 17,73% 793.380NDNDND  
 Agente 18,82% 835.483NDNDND  

 Fuentes. Ley 4ª. de mayo 18 de 1992. Decretos 1794 de 2000; 842 y 853 de 2012. Contraloría General de la República.

 

Nota. No se incluye el personal no uniformado, debido a que el Decreto 843 de 2012 no contempla EGP, establece 39 niveles y 6 categorías, sin tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 4ª. de 1992. La propuesta presentada en 1994 al Ministerio de Defensa Nacional contempla todos los grados y empleados que requiere la FP.

 

Convenciones. EGP: Escala Gradual Porcentual. SB $: sueldo básico en pesos. Total-PES: remuneración sin prima especial de ser-vicios. EGP-PES: escala gradual porcentual sin prima especial de servicios. Total+PES: remuneración incluyendo la prima especial de servicios. EGP-Real: porcentaje de remuneración respecto a la total del general. ND: no disponible y muy inferior respecto a la que devenga el Coronel.

Remuneración total de congresistas, ministros, generales y altos funcionarios del estado año 2012, incluyendo la prima especial de servicios. Reajustado en el 7.67% asciende a $22.659.838.

Remuneración de los ministros año 2012, sin incluir la prima especial de servicios. Asignación básica (27,36%) $3.551.862 + Gastos de representación (48.64%) $6.314.420 + Prima de dirección (24.00%) $3.115.667 = $12.981.949.

Remuneración de los generales año 2012, sin incluir la prima especial de servicios. Sueldo básico 4.439.827 + Primas 8.542.122 = $12.981.949. SB = 3.551.862 + 6.314.420 X 45% = $4.439.827.

 

Cuadro 2

 

Cuadro Nº 2. EGP propuesta en 1994 a pesos de 2012

 

Grados   

EGPSB $EmpleadosEGPSB $

General 

100%5.841.878Especialista Asesor 1º75%4.381.409

Mayor General    

95%5.549.784Especialista Asesor 2º70%4.089.315

Brigadier General   

90%5.257.690Especialista Jefe60%3.505.127

Coronel    

80%4.673.502Especialista 1º55%3.213.033

Teniente Coronel    

75%4.381.409Especialista 2º50%2.920.939
Teniente Mayor70%4.089.315Especialista 3º45%2.628.845
Capitán60%3.505.127Especialista 4º40%2.336.751

  Teniente    

55%3.213.033Especialista 5º37%2.161.495

Subteniente    

50%2.920.939Especialista 6º34%1.986.239
      

Sgto. Mayor   

60%3.505.127Adjunto Jefe31%1.810.982

Sgto. Primero   

55%3.213.033Adjunto Intendente28%1.635.726

Sgto. Viceprimero    

50%2.920.939Adjunto Mayor25%1.460.470

Sgto. Segundo   

40%2.336.751Adjunto Especial22%1.285.213

Cabo Primero    

35%2.044.657Adjunto 1º19%1.109.957

Cabo Segundo   

30%1.752.563Adjunto 2º16%934.700

Soldado Profesional    

20%1.168.376Adjunto 3º13%759.444

Agente    

20%1.168.376Adjunto 4º11%642.607

 

Convenciones.

EGP: escala gradual porcentual. SB $: sueldo básico en pesos de 2012.


Fuentes.

Ley 4ª. de mayo 18 de 1992. Decretos 1794 de 2000, 842 Y 853 de 2012. EGP propuesta al gobierno nacional en 1994. Normas estatutarias vigentes para la Fuerza Pública.

Remuneración total de congresistas, ministros, generales y altos funcionarios del estado año 2012, incluyendo la Prima especial de servicios. reajustado en el 7,67% asciende a $22.659.838.

Remuneración de ministros y generales.

Asignación básica (27,36%) $3.551.862 + Gastos de Representación (48,64%) $6.314.420 + Prima de Dirección (24,00%) $3.115.667 = $12.981.949. Sin incluir la prima especial de servicios.

SB $ del General: 12.981.949 X 45% = 5.841.878, resultante de respetar el derecho adquirido a que el General devengue una remuneración igual a la de los Ministros en todo tiempo y por todo concepto, distribuida 45% como sueldo básico y 55% como primas.


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Publicado enEdición N°187
Viernes, 24 Agosto 2012 06:25

Sudáfrica y el fantasma mexicano

Sudáfrica y el fantasma mexicano
Este fin de semana empiezan a enterrar a los mineros masacrados por la policía sudafricana en la mina de platino de Marikana. Habrá máxima tensión, pero no solo ante el temor de que el saldo de muertos supere la cifra de 44 ya alcanzada desde que las demandas de aumentos de sueldo de los mineros desembocaran hace 10 días en choques violentos. La tensión se extiende a toda Sudáfrica. Marikana no es un conflicto meramente local, no es una trágica aberración. Se ha abierto una caja de Pandora y lo que está en juego es nada menos que el gran e indiscutible logro desde que Nelson Mandela asumió la presidencia en 1994: la paz. Los herederos de Mandela en el Gobierno del Congreso Nacional Africano (CNA) pierden control y credibilidad; aumenta el riesgo de que las revueltas sociales se extiendan por todo el país.

 
Cuando pienso en Sudáfrica hoy día pienso en México y en George Orwell. La conexión mexicana, la verdad, se me ocurrió a los pocos meses de que Mandela ganara aquellas primeras elecciones democráticas, acabando con tres siglos y medio de dominación blanca, cuando me pidieron que hiciera de abogado del diablo y escribiera un artículo postulando una visión negativa de lo que podría pasar en la Sudáfrica liberada. Dije que temía que el CNA se acabara convirtiendo en un PRI, o en aquel PRI que en el siglo XX gobernó sin interrupción durante 70 años: es decir, en un partido revolucionario institucional en el que —como delata el nombre— se apela a la retórica progresista de siempre, en defensa de las masas y tal, pero el objetivo principal es perpetuar a una élite en el privilegio y el poder. El mecanismo que creó el PRI para forjar su “dictadura perfecta” —como, con mucho atino, la describió Mario Vargas Llosa— fue una coalición entre el partido dominante, el sindicalismo, el empresariado y otras fuerzas sociales, apoyada por las fuerzas de seguridad.

 
No me equivoqué. En México se ganó estabilidad a costa de corrupción endémica e injusticia social. En Sudáfrica se ha llegado, después de 18 años, a algo muy parecido. Como en la parábola de Orwell, Rebelión en la granja, los revolucionarios son hoy la imagen y semejanza (salvo en el color de su piel) de los antiguos amos que en su día, y con enorme sacrificio e idealismo, derrocaron. Las terribles escenas que se vieron en televisión la semana pasada de policías abriendo fuego contra mineros armados con machetes, y algunos con pociones que creían que les harían invencibles contra las balas, evocaron la época del apartheid cuando el único instrumento de persuasión que tenía el Gobierno blanco en relación con la mayoría negra era el fusil.


A esto se ha llegado en Sudáfrica. Menos mal que Mandela, a sus 94 años, se entera de poco de lo que ocurre a su alrededor, mucho menos de la realidad política nacional. La revuelta de Marikana, la más dramática de miles que se han visto a lo largo de este año en las localidades pobres negras del país, escenifica la frustración y la rabia de un creciente porcentaje de la población contra el poder establecido. En este caso específico, la frustración de los mineros surgió de la complicidad que detectaron entre la empresa británica dueña de la mina de platino, Lonmin, y el sindicato que toda la vida les había representado, el Sindicato Nacional de Mineros, conocido por sus siglas en inglés, NUM. Se convencieron de que la NUM, el sindicato más grande del país, había dejado de defender sus intereses y ahí nació Amcu, una organización más visceral que coherente, sin plan estratégico o ideología definida, pero que expresa los sentimientos de muchos mineros. Fue contra los mineros nuevamente incorporados a Amcu, en huelga por un aumento de sueldo, contra los que los policías dispararon.

 
La rabia de los mineros, la que desencadenó los actos violentos que condujeron también a la muerte de dos policías, a machetazos, proviene no solo de la convicción de que reciben sueldos miserables, sino de ver que los jefes sindicalistas viven, relativamente hablando, como reyes. El presidente de la NUM gana 25 veces más al mes que los mineros que se unieron a Amcu. Cuando apareció en la mina de Marikana después de la masacre no pudo salir del coche de policía que lo transportaba, por temor a que lo mataran.

 
Lo que ha pasado es que tanto la NUM, como otros sindicatos que hace 20 y 30 años estaban en la vanguardia de la lucha contra el apartheid, como el Gobierno del Congreso Nacional Africano con el que están íntimamente aliados, se han aburguesado. Y han perdido el contacto con la gente de a pie, especialmente la mayoría que vive en la pobreza, que tuvieron en los tiempos de la lucha por la liberación. Pertenecen a una clase de animal distinta, depredadora, que se reparte el poder y la riqueza entre sí. El movimiento de personal entre los sindicatos, el CNA e, incluso, el empresariado se ha vuelto fluido. Un personaje lo define. Se llama Cyril Ramaphosa, el fundador de la NUM en 1982, negociador número uno del CNA durante la transición a la democracia a principios de los noventa y ahora un magnate cuya fortuna se mide en cientos de millones de euros.

 
Ramaphosa, un favorito de Mandela en su día y para muchos el que debería de haberle sustituido cuando dejó la presidencia, es miembro de la junta directiva de Lonmin, considerados (y no solo por Amcu) como unos viles explotadores. Pero Ramaphosa sigue siendo no solo una figura emblemática en la NUM, sino uno de los barones más influyentes del CNA. Como en México en los años de gloria del PRI, las elecciones generales son insignificantes a la hora de determinar la identidad de futuros presidentes y de sus ministros comparado con las elecciones internas en la cúpula del CNA, donde un reducido grupo de políticos, sindicalistas y empresarios negros nuevos ricos centralizan el poder.


La visión macro de todo esto quizá no lo entiendan muchos de los millones de los habitantes de las chabolas de Sudáfrica, donde las cifras de paro son parecidas a las de España (aunque con infinitamente menos apoyo estatal), pero lo ven todos los días en las poblaciones donde viven. Ven que los representantes locales del CNA o de los sindicatos tienen coches nuevos, muchas veces Mercedes Benz, y viven en casas bonitas. Ven que los que ocupan puestos políticos en los municipios se ocupan más de enriquecerse, muchas veces de manera corrupta, que de servir a la gente, de proveer luz, agua, educación y sanidad decente para los que les han votado. Ven, en resumen, que con demasiada frecuencia la gente se incorpora hoy al CNA y a sus organizaciones aliadas no para construir un mundo más justo, sino para avanzar sus propios intereses.

 
Aguantarían la pobreza con resignación y paciencia, quizá, si no vieran que en la Nueva Sudáfrica, como en Rebelión en la granja, algunos animales son más iguales que otros. Pero sí lo están viendo, en toda su indisimulada obscenidad, y por eso en Marikana la olla de presión estalló, por eso en las minas vecinas el poder de Amcu crece, por eso en diferentes partes del país, incluso en la bella y turística Ciudad del Cabo, 1.500 kilómetros al sur de Marikana, se oye un alarmante runrún, se huele revuelta, entre los marginados.
 

¿Hay solución? Sí. Primero que el CNA tenga la astucia política necesaria para cooptar a los que se empiezan a rebelar, que reconecte con la gente, que utilice las palabras, no las balas, para persuadir. Segundo —y sin esto lo primero servirá solo como solución cosmética—, el CNA tiene que volver a principios básicos, tiene que recordar que, como dijo Mandela cuando salió de la cárcel, sus representantes son “sirvientes del pueblo”. Lo de Marikana ha sido como un infarto al que uno sobrevive, pero que deja un claro mensaje: o se cambia radicalmente de hábitos de vida o las consecuencias serán catastróficas. La cuestión ahora en Sudáfrica es si la coalición dominante es capaz de cambiar los malos hábitos adquiridos tras 18 años en el poder, o si la corrupción moral les ha contaminado, de manera irrecuperable, el alma.


John Carlin 24 AGO 2012 - 00:07 CET

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La Organización de Estados Americanos reincorpora al Estado hondureño, luego de cerca de 2 años de expulsión, sin exigirle antes el cumplimiento elemental de principios básicos de justicia.
 
 “No exigimos que resuciten a nuestros muertos. Por justicia pedimos cárcel para quienes instauraron un régimen de la muerte con el golpe de Estado en Honduras. Ahora que la OEA reincorpora al Estado hondureño, como si aquí no hubiera pasado nada, quienes nos masacraron se nos ríen en la cara. No exigimos ni venganza, ni olvido. Exigimos justicia.” Así expresa doña Maira su sentimiento de indignación e impotencia ante el silencio de la justicia y el retorno del Estado hondureño a la OEA.
 
Frente a este hecho, las y los hondureños se preguntan: Eso del golpe de Estado que molestó incluso a la OEA en su momento, ¿qué fue, un cachondeo? ¿Fueron fantasmas quienes rifle en mano expulsaron al Presidente del país? ¿Dónde diablos están quienes torturaron y asesinaron a más de 200 personas durante y después del golpe?
 
¿Son ángeles inmaculados venidos del cielo quienes asesinaron a 12 comunicadores sociales durante el régimen actual? ¿Dónde están los autores intelectuales y materiales del golpe de Estado? ¿En qué reclusión penal purga sentencia Roberto Micheletti Bain, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los militares y los congresistas que destituyeron al Presidente, incluso con una firma de renuncia falsificada?
 
Así se premia a los autores del golpe de Estado en Honduras
 
Roberto Micheletti Bain fue condecorado como héroe nacional por su cómplice Oscar Andrés Rodríguez (cardenal), nada menos que en el Santuario de la Virgen de Suyapa, en 2010. Hace unos meses atrás, fue denunciado por robar energía eléctrica y no pagar los servicios de agua para sus empresas. Actualmente es uno de los principales apologetas de los golpes de Estado para domesticar a gobiernos progresistas en la región. ¿Acaso éste no es un arquetipo de Frankenstein para la democracia en América?
 
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (15), que galvanizaron el golpe de Estado, continúan señoreándose y administrando justicia para los suyos y encarcelando a las y los insubordinados en el país. Expulsaron del sistema judicial a jueces que denunciaron la criminalidad de la ruptura del orden constitucional y blindaron judicialmente, de cualquier intento de destitución, al Fiscal General que promovió el golpe. Hicieron la pantomima de juzgar a Manuel Zelaya, por supuestos actos de corrupción, sólo para amedrentarlo. ¡Esta es la justicia que la OEA respalda con su última resolución!
 
Los políticos que legalizaron el golpe, siguen redactando leyes perversas, en 15 minutos, en el Congreso Nacional. Desde la perspectiva de los interese de empresarios privados, el golpe de Estado tuvo por finalidad legalizar la transferencia rápida a manos privadas de los bienes del país (recursos naturales) Durante el golpe se aprobó la Ley General de Agua (que mercantiliza el agua). Las y los legisladores, en estos dos años del quiebre constitucional, se constituyeron en simples tramitadores de concesiones de ríos, playas, suelos y bosques a manos privadas. ¿Acaso estos actos no son delitos de lesa humanidad?
 
Se negociaron leyes como la de Plan de Nación y Visión de País (hasta 2038), Ley de inversión Pública Privada (por la que el Estado pierde y los privados ganan), Ley Antiterrorista (que criminaliza la protesta social), Ley de Promoción de Empleo por Horas (que sepulta las 8 horas de trabajo). Derogaron el Decreto 18-2000 que redistribuía tierras a campesinos sin tierra. Ahora, luego de haber reglamentado el reparto de las ciudades modelo, negocian la Ley de Minería, siempre en 15 minutos y a espaldas del pueblo. ¿Es esto democracia para la OEA?
 
El Gral. Romeo Vásquez V., autor material e intelectual del golpe, fue y es premiado con el cargo de gerente general de la empresa nacional de telecomunicaciones, Hondutel. La Marina Mercante y Migraciones son premios entregados a militares que ejecutaron el golpe. René Osorio, militar que encabezó al pelotón de armados que irrumpió en la casa presidencial el 28 de junio de 2009, ahora, es el Jefe de las FFAA de Honduras.
 
La persecución, seguida de tortura y asesinato, es una política de Estado vigente en el régimen actual. En estos momentos persiguen con una querella al Obispo Luis A. Santos sólo porque se opuso al golpe de Estado y al régimen de la muerte instaurado en Honduras, país en la que cada 43 minutos cae una persona acribillada a bala.
 
En este contexto, la OEA, con su última resolución, no sólo legitima a los autores del golpe de Estado premiados en Honduras, sino que justifica el retroceso de más de un siglo en materia de derechos humanos en el país, y la reincorporación del golpe de Estado en la democracia latinoamericana del siglo XXI. Los gobiernos del continente que permiten el retorno de Honduras al seno de la OEA, en las condiciones actuales, cavan su propia tumba (y la de sus sucesores) en la que sus tiranos, más temprano que tarde, los enterrarán.

Ollantay Itzamná
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Madrid viernes, 13 de mayo. América Latina continúa siendo la región con más desigualdades del mundo, a pesar de haber reducido un poco los índices de pobreza, sobre todo en Venezuela, señala el informe anual de Amnistía Internacional (AI), que este año celebra su 50 aniversario.

El documento divulgado este viernes advierte que todavía quedan numerosos y graves problemas que resolver: las consecuencias del conflicto bélico de más de 45 años en Colombia, la marginación de las comunidades indígenas y la tendencia de los gobiernos de la región a privilegiar los intereses económicos frente a los derechos humanos.

Latinoamérica, en su condición de subcontinente y con una población de unos 580 millones de habitantes, no logra superar su condición de región con más desigualdades del mundo, por encima de África y Asia. El año pasado hubo reducción de los índices de pobreza en países como Brasil, Argentina, México y Venezuela. No obstante,muchas de las naciones menos desarrolladas no experimentaron ninguna mejora tangible y, al finalizar 2010, América Latina seguía siendo la región con más desigualdades del mundo.

Susan Lee, directora del programa para América de AI, explicó que pese al auge económico que vive la región y la estabilidad financiera y social sin precedentes, prevalece en los gobiernos la tendencia de ignorar a la gente más humilde frente a los intereses económicos, incluidos los pueblos indígenas, y esto es una situación bastante preocupante para el futuro de la región.

Sostiene: Es frecuente que los gobiernos no garanticen el respeto de los derechos en la práctica, ni siquiera en el caso de quienes corren más riesgo de sufrir abusos, como las personas que viven en la pobreza, los pueblos indígenas, las mujeres y las niñas. Esta situación se da sobre todo cuando existen poderosos intereses económicos que consideran que respetar los derechos de las comunidades pobres y marginadas es contrario a sus objetivos económicos.

Tache a Colombia en derechos

Lee reconoció que los dos únicos países que no han registrado mejoras en la defensa de los derechos humanos son Colombia y México. En el caso de Colombia, son todavía muy críticos los estragos que provoca el conflicto armado interno, que hace que la población civil sufra la peor parte de las hostilidades. En el país caribeño, miles de personas fueron víctimas de desplazamiento forzado, homicidio ilegítimo, secuestro o desaparición forzada a manos de la guerrilla, las fuerzas de seguridad y los paramilitares.

Le preocupa especialmente el aumento de la violencia contra las mujeres y niñas, así como la sistemática negación de los derechos reproductivos, sobre todo –esto último– en países como Chile, El Salvador y Nicaragua, donde todavía se encarcela a cualquiera que practique un aborto o intente abortar, incluidas las niñas y las mujeres embarazadas por una violación o cuya vida corría peligro si continuaban el embarazo.

En relación a los ataques a la libertad de expresión, AI señaló que “casi 400 trabajadores de medios recibieron amenazas o sufrieron ataques, y al menos 13 periodistas murieron por agresores no identificados. Más de la mitad de estas muertes se produjeron en México, seguido de Honduras, Colombia y Brasil. En muchos casos se creía que las víctimas fueron objeto de represalia debido a sus esfuerzos por denunciar corrupción o las relaciones entre funcionarios y las redes de delincuentes.

El informe destaca que la proliferación del tráfico de armas ligeras causa el aumento general de la violencia, y que la corrupción endémica de las instituciones del Estado redujo su capacidad para responder a la delincuencia organizada: Los gobiernos se mostraron reacios a abordar este problema sistemático y prolongado. En cambio, recurrieron de forma creciente al ejército para responder a la delincuencia organizada y a otras amenazas para la seguridad.

Finalmente llama en especial la atención sobre la situación en Haití después de los desastres naturales que devastaron la isla, con saldo de 230 mil muertos y millones de personas sin hogar, de las cuales más de un millón aún siguen viviendo en casas de campaña o campamentos provisionales.

El informe puede consultarse completo en www.amnesty.org.

Por Armando G. Tejeda
Corresponsal
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"Políticos con un neto componente de animalidad". Así definía Aristóteles a los gobernantes que ostentaban el poder cuando este no estaba sujeto a las leyes. En principio, la democracia debía desterrar de la política las animaladas, aunque la realidad se empeña, especialmente en los últimos tiempos, en demostrar lo contrario. Ahora el poder está sujeto a las leyes, pero de poco sirve si, como constatan fenómenos como la loca carrera legislativa de Silvio Berlusconi, que el poder puede cambiar esas leyes a su antojo.

La denuncia del desmoronamiento de los principios democráticos desde el interior del mismo sistema es el objetivo de Poderes salvajes (Trotta), el último libro del prestigioso jurista italiano Luigi Ferrajoli. "El grado de inefectividad del paradigma constitucional puede llegar a ser patológico. Es lo que está sucediendo en Italia, donde se ha violado la Constitución para sustraer al presidente del Gobierno de los procesos penales en los que está implicado", afirma Ferrajoli.

Lejos de consentir con la imagen de limpieza y equidad que exportan las democracias occidentales, Ferrajoli alerta sobre la continua transgresión de los derechos fundamentales de las personas en estos países y del retroceso en las políticas sociales.

"Las razones de la regresión son bien conocidas: las políticas neoliberales de todos los países ricos y la abdicación del gobierno del Estado frente a las lógicas salvajes del mercado. El actual momento histórico está marcado por una paradoja: de un lado, el crecimiento de la complejidad social y los desafíos de la globalización, que exigirían el máximo desarrollo de la esfera pública; del otro, la afirmación de la primacía de la economía y de los intereses privados, exaltados como motores del progreso y del crecimiento, y de ahí la reducción de la esfera pública y su subordinación a los intereses particulares", según explica a Público.

Límites al poder privado

El autor, padre del garantismo penal (que busca reforzar las leyes para asegurar la "protección social"), no se queda en la denuncia y propone medidas "urgentes" que limiten los poderes privados, de igual manera que se limitan los poderes públicos. "El poder privado, salvaje en ausencia de límites, debe ser limitado mediante su sujeción a la ley, por la radical separación de los poderes públicos, a través de un rígido sistema de incompatibilidades; con el reforzamiento de las garantías de los derechos de los trabajadores, hoy disueltas por la creciente devaluación y precarización del trabajo; convirtiendo en públicos todos los bienes comunes, como el agua, el aire y el medio ambiente, sustrayéndolos al mercado", enumera Ferrajoli.

Las franjas sociales que más están notando esta degradación democrática en forma de recorte de derechos son las minorías. Los últimos espectáculos de inhumanidad en Europa son recientes: el abandono en la isla de Lampedusa de inmigrantes libios que huían de la guerra o el cierre de la frontera entre Italia y Francia para evitar la circulación de ciudadanos tunecinos. En España, las cuotas de detención de inmigrantes en las calles y los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) también han sido fuente de importantes polémicas. "Los CIE son ilegítimos", responde Ferrajoli. "Las leyes y las políticas europeas en materia de inmigración son la más vergonzosa contradicción de la retórica oficial en materia de igualdad, derechos humanos y dignidad de la persona", añade.

Desde hace dos años, la ma-yoría de los gobiernos occidentales han justificado una política de recortes sociales como única vía de escape a la crisis económica, un discurso al que Ferrajoli da la vuelta tildándolo de injustificado: "La garantía de los derechos vitales, sobre todo en los periodos de crisis, no es sólo la inversión más productiva, sino que hace crecer la demanda y por tanto las inversiones y el empleo. Es un factor de crecimiento económico. Si no se desarrollan lo suficiente las garantías de los derechos fundamentales es, en primer lugar, porque estos suponen límites a los poderes y, en segundo lugar, porque cuestan. Esto es así desde una visión miope y cortoplacista de la política, porque a largo plazo es bastante más costosa su ausencia o su violación".

Ferrajoli dedica un apartado especial de Poderes salvajes a denunciar la alarmante falta de separación de poderes que existe en algunos países occidentales, especialmente entre la esfera pública y la privada. "Los conflictos de intereses, en las formas de la corrupción o del intercambio político con los lobbies corporativos y, sobre todo, con los medios de comunicación, son hoy fenómenos endémicos en todos los ordenamientos democráticos, en los que resulta cada vez más fuerte la relación entre dinero, información y política", sostiene el jurista.

El imperio informativo

De nuevo, la situación en Italia a este respecto es especialmente inquietante, con la figura de Silvio Berlusconi al frente del país y de un totémico imperio mediático. Curiosamente, en este país existe desde hace más de medio siglo una norma que excluye la elegibilidad para cargos públicos de los titulares de concesiones de servicios públicos, como lo es el servicio televisivo. Berlusconi, según esta norma, no podría estar siquiera en el Parlamento.

Sin embargo, en el resto de países también encontramos imperios de la información, algunos de ellos internacionales. Ferrajoli cree que las democracias actuales no ofrecen garantías suficientes para la libertad de información, ni siquiera para los derechos a la no desinformación: "La libertad de información no puede ser considerada una simple variable dependiente del libre mercado. Tendría que consistir en la rígida incompatibilidad entre propiedad de los medios y titularidad de poderes públicos y, al mismo tiempo, en la prohibición de concentración de las cabeceras. No debería permitirse a nadie poseer más de una cabecera periodística o televisiva, para impedir que los rendimientos de cada empresa periodística sean invertidos, no en su fortalecimiento, sino en la adquisición de la competencia".

En su libro, Luigi Ferrajoli también pone el foco en las grietas que debilitan el sistema democrático en su base, como la despolitización masiva o la desactivación de la opinión pública. "Se utilizan métodos de sistemas autoritarios para destruir la opinión pública, como la desinformación o la promoción del desinterés y la indiferencia por los intereses públicos", concluye el autor italiano.

Contra el libre mercado y el crimen

Acción

Luigi Ferrajoli denuncia la desactivación de la opinión pública por parte de los intereses privados y llama a la toma de conciencia política y a la acción ciudadana. "Esta situación tiene que ser contestada, lo primero, en el plano político cultural, a través de una participación más activa y consciente de los ciudadanos en la vida pública y en la elección de sus representantes. Pero su superación exige también la introducción de garantías adecuadas capaces de impedir las concentraciones de poder y las colusiones de intereses". 

Droga

El jurista italiano ha defendido en multitud de foros la legalización de las drogas como método para acabar con la marginalidad y la criminalidad. "Los gobiernos no lo incluyen en su agenda por pura demagogia. El actual prohibicionismo, equivale de hecho al monopolio criminal del comercio de la droga, que representa el principal factor tanto de la gran criminalidad del narcotráfico, como de la pequeña criminalidad callejera de los pequeños traficantes. Además, este absurdo monopolio criminal es también el principal factor de difusión de la droga, ya que el mercado ilegal ejerce una presión insidiosa sobre los más jóvenes -a veces a través de la distribución gratuita de drogas en las escuelas- por los enormes intereses que persiguen extraer de ellas el máximo provecho.

Integración

La emigración ha existido siempre y generalmente los inmigrantes han vivido una historia de opresión, pero democracias como la italiana han ido aún más lejos, creando la figura de la ‘persona ilegal', sin derechos y expuesta a cualquier tipo de vejación. Para Ferrajoli, "estas políticas de exclusión por razones de seguridad tienen el efecto opuesto, porque los excluidos de la sociedad civil terminan estando dispuestos y expuestos a hacerse incluir en las comunidades inciviles y delincuenciales de las orga-nizaciones criminales. Con la cuestión de la emigración, Europa está perdiendo su identidad civil más aún que la democrática".

Límite

Los límites para los poderes privados, según Ferrajoli, no deben ser distintos de los contemplados para los públicos. "El problema es que los poderes privados, por una mitificación ideológica, han sido presentados como ‘libertades'. Al respecto es significativa la propia expresión ‘estado de derecho', que sugiere la idea de que los únicos poderes que merecen ser limitados son los del estado, y no también los privados, concebidos como derechos de libertad y no como poderes".

Social

Frente a la avalancha de recortes sociales que impera en las democracias occiden-tales, Ferrajoli defiende la defensa de todos los derechos fundamentales. "Sin garantía de la salud, la educación y la subsistencia no hay desarrollo. Lo prueba la mayor riqueza de las democracias avanzadas en relación con los demás países y con su propio pasado: nuestras democracias son más ricas sobre todo porque han satisfecho los mínimos vitales. Por eso, los gastos sociales no son un lujo, sino una necesidad. Son la inversión pública más productiva".

Sumisión

El jurista pone en la cúspide de las causas de la crisis la sumisión de los poderes públicos a los intereses privados: "Esta sumisión es evidente y se debe a múltiples factores: la victoria de las derechas, de siempre ideológicamente contrarias a las garantías de los derechos sociales, los conflictos de intereses, la corrupción, la relación perversa entre dinero y política y la falta de una efectiva responsabilidad de los gobernantes. De hecho, en casi todos los países golpeados por la crisis, la gestión de la misma ha sido confiada, directa o indirectamente, a sus principales responsables".

Por JESÚS MIGUEL MARCOS MADRID 03/05/2011 08:30
Publicado enInternacional