Hablar con Clive Stafford Smith es perderse en el mar de números y referencias con los que los militares estadounidenses han identificado a los 756 detenidos que desde enero de 2002 han pasado por el penal de Guantánamo. El director de Reprieve, la organización británica que se ha hecho cargo de la defensa legal de decenas de detenidos, conoce sus casos al dedillo. Ahora se alegra de que los llamados papeles de Guantánamo hayan salido a la luz. A su juicio muestran cómo militares sin experiencia fabricaron evidencias donde no las había para justificar la detención y el traslado de cientos de prisioneros en el marco de la llamada "guerra contra el terror" que la Casa Blanca declaró tras el 11-S. Pero también, advierte de que lo que figura en las fichas secretas es solo la punta del iceberg, que lo que allí ocurre "es cien veces peor"; 15 clientes están aún entre rejas.

Pregunta. ¿Qué lecciones podemos extraer de los papeles de Guantánamo?

Respuesta. Los documentos son solo el 1% de los existentes, pero de alguna manera son una especie de destilación de los peores procedimientos. En ellos se ven los abusos a los prisioneros, la falta de fiabilidad de los testimonios y lo naif que son los militares estadounidenses. Las supuestas evidencias de las que hablan son falsas. Si comparamos el contenido de los papeles con el dictamen de los jueces federales estadounidenses, queda claro que utilizan fuentes nada fiables y completamente inútiles. Basta con ver el caso de Mohamed el Gharani. La persona que le delató dijo que formaba parte de la llamada célula de Londres. ¡Pero el chico tenía 11 años cuando se supone que preparaba atentados y nunca había estado en el Reino Unido!

P. ¿Por qué cree que los papeles son una destilación de lo peor?

R. Porque los documentos son una basura en cuanto a su fiabilidad. De los 756 encarcelados inicialmente, un total de 584 han sido liberados porque no se les considera una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. En los papeles sin embargo se dice que son sujetos peligrosos. Como abogado, yo he tenido acceso a 5.000 folios de documentos de mis clientes y le puedo asegurar que el 1% que ahora vemos son un ejemplo de fabricación de evidencias.

P. Las fichas secretas describen a decenas de detenidos con enfermedades psiquiátricas. ¿Son en su opinión un reflejo del estado de los prisioneros dentro del penal?

R. La mayoría de los enfermos mentales no aparecen en las fichas. Hay muchísimos más. Conocemos muchos casos de enfermos graves que en los papeles se les considera sanos. De los 172 que quedan, más de la mitad sufren algún tipo de enfermedad. Los que estaban enfermos cuando llegaron han empeorado y los que estaban sanos al llegar han enfermado. La verdad de Guantánamo es 100 veces peor de lo que aparece en las fichas de Wikileaks. Es peor en cuanto a abusos y a evidencias. Aun así, creo que es positivo que hayan salido a la luz.

P. ¿Cree que la filtración contribuirá a acelerar el cierre de Guantánamo?

R. Creo que va a ser un proceso largo. Los republicanos utilizan el tema de Guantánamo para dividir y para dañar la imagen de Obama.

P. ¿Piensa que las revelaciones abren la puerta a nuevas acciones legales para pedir compensaciones?

R. Hay documentos que hablan de la implicación británica. Eso abre la puerta a nuevas demandas en Reino Unido.

P. ¿Y en Estados Unidos?

R. Allí es muy difícil. La justicia es muy sesgada. No creo que podamos ganar muchos casos en Estados Unidos.

Por ANA CARBAJOSA - Madrid - 26/04/2011
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Llegué a la más reciente historia de escándalo de la diplomacia estadunidense con el más profundo cinismo. Y este martes, entre el polvo que dejaron en El Cairo las elecciones al Parlamento egipcio –la acostumbrada mezcla de farsa y fraude, pero al menos mejor que la estrategia de conmoción y pavor–, rebusqué entre varios miles de reportes diplomáticos estadunidenses con algo parecido a la desesperanza absoluta. Después de todo, ¿acaso no se atribuye al presidente egipcio, Hosni Mubarak, haber afirmado que uno se puede olvidar de la democracia?

No es que los diplomáticos estadunidenses no entiendan a Medio Oriente: simplemente han perdido de vista la injusticia. Enormes cantidades de textos diplomáticos prueban que la columna vetebral de la política de Washington hacia la región es alinearse con Israel, que su principal objetivo es alentar a los árabes a unirse a la alianza estadunidense-israelí contra Irán, y que el eje de la política estadunidense durante años y años ha sido domar/amedrentar/ aplastar/ oprimir y, finalmente, destruir el poderío iraní.

No hay alusión alguna (al menos en lo revelado hasta ahora) a los ilegales asentamientos judíos en Cisjordania, a los puestos de control externos ni a los colonos extremistas que han salpicado como viruela la Cisjordania palestina; en suma: ninguna referencia al vasto sistema ilegal de despojo de tierra que está en el corazón de la guerra israelí-palestina. Increíblemente, toda clase de dignos diplomáticos estadunidenses se arrodillan y humillan ante las demandas israelíes –muchos son, al parecer, fervientes partidarios de Israel–, mientras los jefes del Mossad y de la inteligencia militar israelí hacen su lista de encargos a sus benefactores.

Hay un pasaje maravilloso en los cables, cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netayahu, explica a una delegación del Congreso estadunidense, el pasado 28 de abril, que un Estado palestino debe ser desmilitarizado, sin control sobre su espacio aéreo y su campo electromagnético (sic), y sin la facultad de celebrar tratados o de controlar su frontera. Bueno, digamos adiós, entonces, al Estado palestino viable (en palabras de lord Blair de Isfahan) que se supone queremos. Y al parecer los chicos y chicas del Congreso estadunidense no dijeron nada.

Repasamos los archivos de Wikilieaks en The New York Times en busca de la mejor frase. Tenemos la convicción del rey saudita Abdullah, vía su embajador en Washington (diestro en el manejo de la prensa), de que Estados Unidos debe cortar la cabeza a la serpiente, o sea Irán, Ajmadineyad, las instalaciones nucleares iraníes o lo que sea.

Pero los sauditas siempre amenazan con cortarle la cabeza a la víbora en boga. En 1982 Yasser Arafat prometió cortar el brazo izquierdo de Israel tras la invasión a Líbano, a lo que Menahem Begin respondió que él le cortaría el brazo derecho a Arafat. Y supongo que cuando los famosos archivos de Wikileaks nos revelan que los diplomáticos estadunidenses llaman serpientes de visa a los indeseables que la solicitan, no queda más que concluir que los reptiles tienen mucha demanda.

El problema es que, por décadas, los potentados de Medio Oriente han amenazado con cortarles la cabeza a serpientes, víboras, ratas e insectos iraníes –epíteto éste que era uno de los favoritos de Saddam Hussein, quien para ello usó el insecticida que le proporcionó Estados Unidos, como bien sabemos–, en tanto líderes israelíes han llamado a los palestinos cucarachas (Rafael Eitan); a los palestinos, cocodrilos (Ehud Barak) y bestias de tres patas (Begin).

Debo admitir que lloré de risa cuando leí el solemne reporte diplomático estadunidense desde Bahrein según el cual el rey Hamad –o su alteza suprema, el rey Hamad, como insiste que se le llame en su dictadura sunita sobre una población de mayoría chiíta, en un reino con una superficie ligeramente mayor a la isla de Wight– advirtió que el peligro de permitir que avance el programa nuclear iraní es mayor que el peligro de detenerlo.

El magnífico periodista palestino Marwan Bishara tuvo razón cuando afirmó el pasado fin de semana que estos documentos diplomáticos estadunidenses eran de mayor interés para los antropólogos que para los politólogos, pues documentan las desviaciones de pensamiento que existen cuando se trata de Medio Oriente. Si el rey Abdulá (me refiero a la tambaleante versión saudita, no al bragado reyecito de Jordania) en verdad llamó Hitler a Ajmadineyad y un asesor de Sarkozy tildó a Irán de Estado fascista, ello sólo demuestra que el Departamento de Estado aún está obsesionado con la Segunda Guerra Mundial.

Me encanta el sorprendente reporte de un visitante a la embajada estadunidense en Ankara, quien dijo a diplomáticos que el líder espiritual iraní, Ali Jamenei, se está muriendo de leucemia. No porque el pobre tipo padezca cáncer –no es así–, sino porque ésas son las mismas estupideces que se han pregonado sobre los líderes recalcitrantes de Medio Oriente durante muchos años. Recuerdo los días en que fuentes diplomáticas, tanto estadunidenses como británicas, insistían en que Kadafi se moría de cáncer, en que Jomeini agonizaba de cáncer (mucho antes que muriera), o bien, que el ayatola ya había muerto, o que el asesino palestino a sueldo Abu Nidal estaba muriéndose de cáncer, 20 años antes de que lo asesinara Saddam Hussein. También en Irlanda del Norte espías bisoños decían que el líder de los protestantes vanguardistas, William Craig, se moría de cáncer. Y por supuesto, siguió vivo, al igual que el horrible Kadafi, cuya enfermera ucraniana es considerada voluptuosa según reportes estadunidenses. Claro que lo es; ¿acaso no todas las mujeres rubias son voluptuosas en esa clase de descripciones?

Una de las más interesantes reflexiones –convenientemente pasada por alto por casi todos los diarios propicios a Wikileaks– venía en un despacho referente a una reunión entre una delegación del Senado estadunidense y el presidente sirio Bashar Assad, ocurrida a principios de este año.

Assad dijo a sus invitados que si bien Estados Unidos tiene un enorme aparato de información, carecía de habilidad para analizar esa información apropiadamente. “Si bien nosotros carecemos de sus capacidades de inteligencia –señaló en forma más bien siniestra–, logramos combatir a los extremistas porque tenemos mejores analistas. A ustedes les gusta disparar a los terroristas: sofocar sus redes es mucho más efectivo.” Assad concluyó que Irán es el país más importante de la región, seguido por Turquía y la propia Siria. Pobre Israel, ni siquiera logró entrar en la terna.

Desde luego, el presidente Hamid Karzai de Afganistán está poseído por la paranoia, como lo están todos en ese país, incluidos los miembros de la OTAN y en especial Estados Unidos. Y, naturalmente, el presidente de Yemen simula ante su pueblo acabar con agentes de Al Qaeda cuando todos sabemos que los verdaderos culpables son los guerreros del general David Petraeus. Los líderes musulmanes se atribuyen constantemente el crédito por la muerte de otros musulmanes asesinados por el poderío militar estadunidense.

No debemos ser demasiado cínicos. Me encantó el reporte diplomático estadunidense (fechado en El Cairo, claro, no en Tel Aviv), de que Netanyahu es elegante y encantador, pero nunca cumple sus promesas. ¿Acaso no puede decirse lo mismo de la mitad de los líderes árabes?

Después viene el oscuro y aterrador reporte sobre una reunión entre Andrew Shapiro, el secretario de Estado asistente para la Oficina Política y Militar de Estados Unidos, y algunos matones israelíes, celebrada hace exactamente un año. Israel no lograba proteger sus avionetas Cessna Caravan y sus aviones no tripulados Raven cuando sobrevolaban el sur de Líbano (Hezbolá se sentirá halagado por esta revelación), admitió el Mossad. El agente israelí J5, el coronel Shimon Arad, pontifica sobre los peligros de Hezbolastán y Hamastán, así como sobre el estancamiento político interno –que no existía entonces, pero hoy sí– y el hecho de que Líbano sea un territorio militar volátil, susceptible a influencias como las de Siria, Irán y Arabia Saudita.

Y claro, aunque el coronel Arad no las menciona, también a las influencias de Estados Unidos, Israel, Francia, Gran Bretaña y Turquía. Shapiro habló de ofrecer una alternativa a Hezbolá –¿quizá la policía de Costa Rica?– y sugirió que el ejército libanés saldría en defensa de Hezbolá (improbable, dadas las circunstancias).

No tiene desperdicio la negación que hace el general Amos Gilad del reporte Goldstone, sobre las atrocidades cometidas en Gaza entre 2008 y 2009. Afirma que las críticas a Israel en el documento carecen de fundamento porque el ejército israelí hizo llamadas telefónicas a 300 mil hogares en Gaza antes de la operación, para prevenir la muerte de civiles. Al parecer, el pobre Shapiro se quedó mudo. Eso habría significado que la quinta parte de la población palestina en Gaza recibió una llamada telefónica, incluidos bebés y menores de edad, y aun así fueron asesinados mil 300 palestinos, la mayoría civiles.

Desde luego, la Autoridad Nacional Palestina del pusilánime Mahmoud Abbas no quiso tomar el control de este campo de masacre una vez que los israelíes ganaron, alternativa que Israel ofreció con conocimiento de Estados Unidos. Israel no ganó; ni siquiera encontró a su soldado secuestrado en los túneles de Gaza.

Hay un momento simbólico, cuando el jeque Mohamed bin Zayed Nahyan de Abu Dhabi –quien no debe ser comparado con su hermano Califa, descrito como distante y sin carisma– manifiesta su preocupación por Irán ante el embajador estadunidense, Richard Olsen, quien sugiere que el jeque tiene una visión estratégica de la región que es curiosamente similar a la de los israelíes. Claro que la tiene. Sólo hace falta ponerlos en fila. Todos estos reyes, emires y generales rezarán en sus mezquitas doradas mientras compran cada vez más armas estadunidenses para defenderse del Hitler de Teherán, quien, supongo, es mejor que el Hitler del Tigris de 2003, o el Mussolini del Nilo de 1956. Se encomendarán a Dios para que los salve el poderío de Estados Unidos e Israel. Estoy impaciente por conocer el siguiente episodio de esta fantasía.

Por Robert Fisk
The Independent
Traducción: Gabriela Fonsec
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El ex presidente peruano Alberto Fujimori y otros condenados por violaciones a los derechos humanos podrán salir en libertad gracias a una nueva ley aprobada por el actual gobierno de Alan García, denunciaron hoy organizaciones civiles.
 
El decreto ley 1097, que entró en vigor ayer, señala que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad "surte efectos y rige para Perú a partir del nueve de noviembre de 2003", cuando el país andino se adhirió a ese convenio.
La norma también permite el sobreseimiento de un juicio por violaciones a los derechos humanos si se excede el plazo de 36 meses desde el inicio de la instrucción. "Se le está haciendo un inmenso favor a Fujimori", dijo hoy el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera, al enfatizar que, con esta ley, el ex gobernante "probablemente" estará libre "antes de que termine la campaña electoral [de 2011]".
 

Pago de multas para obtener la libertad 
 

Rivera explicó que si bien Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por dos matanzas cometidas durante su régimen (1990-2000), su defensa ha iniciado una "estrategia legal para cuestionar a nivel constitucional su sentencia en el Tribunal Constitucional (TC)". Fujimori está "en perfectas condiciones para que el TC cuestione la sentencia y eventualmente declare la nulidad del proceso", añadió.
 
El decreto 1097 también permite que los militares o policías acusados de violaciones a los derechos humanos puedan cumplir arrestos domiciliarios en "instalaciones militares o policiales" y el pago de las multas para salir en libertad condicional por parte de las instituciones armadas a las que pertenecen. "Hay nombres, hay casos emblemáticos que van a ser cerrados a partir de estos decretos legislativos", enfatizó la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) Gloria Cano en una rueda de prensa junto a Rivera.
 
Cano se refería, entre otros, al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, a varios integrantes del grupo militar encubierto Colina (autor material de varios crímenes de lesa humanidad) y a ex ministros y altos mandos militares del régimen fujimorista. Los casos emblemáticos que podrían cerrarse son, entre otros, las matanzas de más de 100 presos por terrorismo en 1986 en el penal de El Frontón, la de 25 campesinos en 1988 en la localidad de Cayara, la de 15 personas en 1991 en Barrios Altos y de 42 reclusos en 1992.
 

El decreto busca proteger a García, aseguran las ONG
 

Rivera, quien junto a Cano participó en el juicio a Fujimori, consideró que este decreto también busca proteger al actual presidente García de ser juzgado por la matanza de El Frontón, que se cometió durante su primer gobierno. El abogado recordó que una fiscal determinó que en este caso sólo se había comprendido a los autores materiales, pero también recomendó que se determine y procese a los autores intelectuales.
 
Obviamente se refería a Alan García, a su entonces ministro del Interior Agustín Mantilla y a Luis Giampietri", el actual vicepresidente y el ex jefe de la Armada que comandó las operaciones militares en El Frontón. Rivera advirtió que muchos de los acusados por violaciones a los derechos humanos saldrían en libertad y los ya sentenciados podrían ir a instituciones militares, mientras que tomará mucho tiempo para que eventualmente se declare inconstitucional a esta ley.
 
Las expertos en derechos humanos también cuestionaron otras tres leyes dictadas ayer, referentes al Código de Justicia Militar Policial, la organización y funciones del fuero militar policial y el uso de la fuerza por las fuerzas armadas en territorio nacional. Para las ONG el término "grupo hostil" incluido en la ley sobre el uso de la fuerza, es demasiado amplio que "podría ser instrumentalizado para criminalizar aún más algunas protestas sociales, especialmente, las de los pueblos indígenas". 
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Bhopal, India, 7 de junio. Un tribunal indio halló culpable este lunes de negligencia a la filial india de la firma estadunidense de químicos Union Carbide y condenó a siete de sus empleados a dos años de prisión por uno de los peores accidentes industriales del mundo, el cual mató a miles de personas en 1984.

La planta de Union Carbide en la ciudad de Bhopal, en el centro del país, liberó gases tóxicos por accidente; el gobierno dice que alrededor de 3 mil 500 personas fallecieron. Activistas, quienes consideraron que las sentencias son muy leves, afirman que 25 mil personas perdieron la vida inmediatamente después y en años posteriores.

Siete ex empleados indios fueron sentenciados a dos años de prisión y multados con 100 mil rupias (unos 2 mil 100 dólares), en un juicio que los activistas han seguido desde hace un cuarto de siglo.

El tribunal también multó a la ex unidad india de Union Carbide con 500 mil rupias (10 mil 600 dólares).

Cientos de manifestantes, muchos con pancartas en las que se leía cuelguen a los culpables y son traidores a la nación, trataron de irrumpir en el juzgado, pero la policía los detuvo.

Ram Prasad, habitante de 75 años, dijo: El castigo no es suficiente. Perdí a mi hijo y a mi hermano menor, y mi padre y yo seguimos teniendo pesadillas.

El empresario Keshub Mahindra, presidente de Union Carbide India al momento de la tragedia, quien ahora vive en Estados Unidos, fue la persona de más alto rango condenada.

Los sentenciados pueden apelar ante un tribunal superior, proceso que en India puede llevar muchos años.

No fue un castigo ejemplar que evite que otras corporaciones repitan el desastre de gas de Bhopal, expresó Rachna Dhingra, activista.

El veredicto en Bhopal afecta sólo a las autoridades indias de la ex filial india de Union Carbide, mientras se han presentado casos diferentes contra la compañía y sus funcionarios en el extranjero.

Éste es un caso de gran transcendencia en un país de mil 200 millones de personas, en su mayoría pobres. Subraya los retos de cómo garantizar que las mejoras sanitarias y las regulaciones de seguridad mantengan el ritmo de una economía en rápido crecimiento, ahora la tercera de Asia en tamaño.

Union Carbide llegó a un acuerdo con el gobierno indio por sus responsabilidades en 1989, al pagar 470 millones de dólares antes de que la adquiriera la firma estadunidense Dow Chemical.

A primera hora del 3 de diciembre de 1984, cerca de 40 toneladas métricas del tóxico isocianato de metilo se filtraron a la atmósfera y el viento las llevó hacia barrios humildes situados en las inmediaciones.

Activistas y trabajadores sanitarios sostienen que las 100 mil personas que fueron expuestas al gas continúan sufriendo las consecuencias hoy día.

Entre las enfermedades que padecen destacan cáncer, ceguera, dificultades respiratorias, desórdenes inmunológicos y neurológicos, y problemas reproductivos en las mujeres. De igual forma, defectos en los recién nacidos cuyas madres fueron expuestas.

Los activistas aseguran que miles de toneladas de desechos tóxicos no han sido adecuadamente eliminadas en la fábrica de pesticidas, ahora abandonada, y que se filtran hacia aguas subterráneas. El gobierno niega que el líquido esté contaminado.

Reuters
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Miércoles, 13 Enero 2010 06:40

“Los 5” en el techo de América

El 10 de enero tres jóvenes andinistas argentinos, de la provincia del Neuquén, hicieron cumbre en el Aconcagua, el pico más alto de América que se eleva a 6959 metros sobre el nivel del mar. Esta verdadera hazaña, realizada por Santiago Vega, conductor radial y televisivo; Aldo Bonavitta, empleado bancario, y Alcides Bonavitta, activista social, tuvo un objetivo político tan claro como noble (foto): expresar la solidaridad del pueblo argentino con la causa de los cinco luchadores antiterroristas cubanos, mantenidos en prisión por el imperio durante once años, en condiciones que ni siquiera se le aplican al más feroz criminal serial de ese país. Condenados, además, mediante juicios absolutamente viciados que torna el encarcelamiento de los cinco una afrenta al debido proceso y el imperio de la ley. Los agentes de inteligencia Ramón Labañino, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Fernando González y René González fueron injusta e ilegalmente encarcelados por investigar actividades terroristas en la comunidad cubana de Miami, y su caso constituye un rotundo mentís a la pretendida lucha contra el terrorismo que dice librar Washington.

El caso de “los cinco” revela como pocos los alcances de la putrefacción moral del imperio. Si están presos en Estados Unidos es precisamente por haber luchado contra el terrorismo. En cambio, disfrutan de la libertad terroristas probados y confesos como Orlando Bosch Avila y Luis Posada Carriles, responsables de la voladura del avión de Cubana de Aviación causante de 73 muertes, habiendo sido el primero de los nombrados beneficiado con un indulto presidencial, porque Washington ampara y protege al terrorismo, como en su momento lo hizo con Osama bin Laden, Saddam Hussein, Videla, Pinochet y la tenebrosa red de mercenarios que en el marco del Plan Cóndor mató, desapareció o torturó a casi medio millón de latinoamericanos.

La reclusión de los héroes antiterroristas cubanos es un escándalo cuya inmoralidad denuncia a los gritos que a Estados Unidos no le interesa en lo más mínimo combatir al terrorismo y que su prédica en este sentido es una monumental hipocresía. Si Barack Obama quiere ser fiel a la memoria de quien en su discurso de Oslo considerara como uno de sus mentores, Martin Luther King, debería indultar a “los cinco” ya mismo y rechazar con firmeza y dignidad la gritería de la mafia terrorista enquistada en las principales agencias y departamentos de los tres poderes del Estado norteamericano. Mafia, además, articulada con la derecha radical y los grandes intereses del complejo militar-industrial, opositores intransigentes a cualquier iniciativa medianamente progresista que quisiera poner en práctica quien llegara a la Casa Blanca seduciendo al electorado con sus promesas de cambio y su consigna de “Sí, podemos”.

Si Obama no indulta a los luchadores antiterroristas, como lo exige la comunidad internacional –y lo reclama la bandera que los valientes andinistas neuquinos enarbolaron en la cumbre del Aconcagua–, es porque o bien su integridad moral está carcomida por insanables flaquezas (lo cual es gravísimo para un Premio Nobel de la Paz ) o porque carece de la audacia y valentía necesarias para enfrentarse con el “gobierno permanente” de Estados Unidos: el fatídico complejo militar-industrial que es quien realmente rige los destinos de ese país haciendo de la tan exaltada democracia norteamericana una burla sangrienta. La insanable degradación moral del imperio y del nuevo elenco gobernante brotó como el pus cuando meses atrás el Departamento de Estado negó la visa de ingreso temporario a Estados Unidos a Adriana Pérez O’Conor, esposa de Gerardo Hernández Nordelo. En esa farsa legal montada en Miami con el consentimiento de Bill Clinton, de George W. Bush y, ahora, del Premio Nobel de la Paz, Gerardo fue condenado a dos cadenas perpetuas más quince años de prisión. Como si tamaña monstruosidad penal no fuera suficiente la “Justicia” estadounidense le prohibió, a lo largo de once años, la visita de su esposa, algo que no se lo niegan siquiera al peor criminal confinado en sus cárceles. En este infame episodio, digno de figurar como un nuevo capítulo del memorable libro de Jorge Luis Borges, Historia Universal de la Infamia, la actual secretaria de Estado Hillary Clinton declaró para justificar lo injustificable que la visita de Adriana “constituye una amenaza a la estabilidad y seguridad nacional de los Estados Unidos”. Pocas expresiones pueden superar a ésta a la hora de demostrar la podredumbre moral del imperio. Ojalá que la proeza de Santiago, Aldo y Alcides en el Aconcagua sirva para que Obama tome conciencia del universal descrédito en que está cayendo por mantener la política de sus predecesores en relación a dos temas clave: el injusto encarcelamiento de “los cinco” y el mantenimiento del criminal bloqueo en contra de Cuba.

Por Atilio A. Boro
n, Politólogo.
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Londres, jueves 28 de mayo. El mundo camina sobre un polvorín de desigualdad, injusticia e inseguridad que está a punto de estallar, advierte Amnistía Internacional (AI) en su informe anual 2009, y subraya que la crisis no sólo es económica sino de derechos humanos.

Desde Haití a China, pasando por México, Colombia, Sri Lanka, Palestina, Congo y Sudán, el documento, publicado hoy en Londres, ofrece un oscuro panorama de los abusos de derechos humanos en el mundo, donde la crisis económica intensifica la inestabilidad política y la violencia.

Aunque advierte que es demasiado pronto para predecir todos los efectos que el despilfarro de los últimos años tendrá en los derechos humanos, AI subraya el incremento en el mundo de la pobreza, el desempleo, la discriminación y la desigualdad, lo que nunca ha sido terreno propicio para el respeto de esos derechos.

El texto de AI, que analizó la situación en 157 países, destaca que, aunque nadie está a salvo de la crisis económica, las cuitas de los países ricos no son nada comparadas con las calamidades que se ciernen sobre los más pobres.

La recesión ha agravado los abusos, ha hecho que se desvíe la atención y ha creado nuevos problemas. Los derechos humanos se pisotearon en nombre de la seguridad, y ahora se relegan al último puesto en nombre de la recuperación económica, dijo la directora de AI, Irene Khan, al presentar el informe El estado de los derechos humanos en el mundo.

En Asia, África, América Latina, cada vez hay más hambre y enfermedades debido a la drástica subida de los precios de los alimentos, y más personas sin hogar y en la indigencia a causa de los desalojos forzosos y los embargos de bienes hipotecados, indica el informe de la organización.

Esta falta de comida, empleo, agua, tierra y vivienda, el aumento de la desigualdad, la inseguridad, la violencia, la xenofobia y el racismo reflejan que el mundo hace frente no sólo a una crisis económica sino a una crisis de derechos humanos, subrayó Khan.

AI señala que la situación de los derechos humanos en América Latina en 2008 mostró avances, como la condena a 25 años de cárcel al ex presidente peruano Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad, que caracteriza como crucial, pero también retrocesos en inseguridad y exclusión.

Observa avances en la batalla contra la impunidad en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Uruguay, pero lamenta que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que ganó las elecciones presidenciales salvadoreñas en marzo pasado, no prometiera levantar la ley de amnistía que dio impunidad a personas que violaron derechos humanos durante la guerra civil, de 1980 a 1992.

El informe señala que el conflicto en Colombia siguió provocando gran cantidad de desplazados, que aumentaron a 380 mil en 2008, mientras que los indígenas fueron los más afectados, dijo AI, que cita informes de asesinato de hasta 27 de ellos por la guerrilla.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia reconocieron en abril haber asesinado a ocho indígenas awá. También se registró el asesinato de dos defensores de los derechos humanos, y el informe señala que paramilitares colombianos continuaron matando civiles y sembrando el terror, a veces con el consentimiento de las fuerzas de seguridad.

El respeto de los derechos indígenas mejoró en Bolivia y en Brasil, donde el gobierno entregó tierras, pero en contraste, en Paraguay murieron seis miembros de la comunidad aawhoyamaxa por enfermedades evitables, afirma.

La exclusión de poblaciones menos favorecidas también se constató en Río de Janeiro, donde se comenzó a construir un muro alrededor de favelas, lo que fue denunciado como discriminatorio.

Destaca que en Chile se comenzó a discutir un proyecto de ley que podría reconocer el crimen del feminicidio, lo que podría incidir en disminuir la violencia contra las mujeres.

En entrevista, poco antes de la publicación del informe, Khan denunció que los gobiernos poderosos están más preocupados por atajar exclusivamente los problemas económicos y financieros en sus países, y hacen caso omiso de la crisis mundial que los rodea.

Es patente que los gobiernos han fracasado estrepitosamente a la hora de proteger los derechos humanos, la vida y el sustento de las personas, estimó la responsable de AI, que llamó a un cambio de liderazgo político.

Khan hizo hincapié en los billonarios paquetes que han lanzado los gobiernos de los países más ricos para rescatar a los bancos y las instituciones financieras, mientras han olvidado a los sectores más vulnerables en sus propios países y en el resto del mundo.

Precisó por ello que el informe de AI, de 400 páginas, se dirige en particular al Grupo de los 20 (G-20), que se ha cubierto con un manto de liderazgo pero que no cumple con sus compromisos para reducir la pobreza en el mundo y respetar los derechos humanos.

El G-20 carece de una visión unificada de los derechos humanos, afirmó Khan, y señaló que en muchos de los países que componen ese grupo –entre los que citó a Arabia Saudita, México, China, Brasil y Estados Unidos– el récord del respeto de esos derechos deja mucho que desear.

Por ejemplo, Estados Unidos no reconoce que los derechos económicos son parte de los derechos humanos y China no toma en cuenta los derechos civiles o políticos de sus ciudadanos, afirmó.

El mundo necesita un liderazgo diferente, un modelo distinto de política y también de economía, algo que funcione para todas las personas y no sólo para unos pocos privilegiados, resaltó.

Entre los pocos progresos en los últimos meses, Khan se congratuló del compromiso del presidente estadunidense Barack Obama con cerrar la prisión en la base de Guantánamo en Cuba, pero advirtió que el jefe de la Casa Blanca no ha ido bastante lejos.

El anuncio del cierre fue una buena noticia, así como los pasos importantes que tomó en el inicio para rectificar algunos abusos de los derechos humanos cometidos por el gobierno de George W. Bush, señala. Pero luego, algunas de esas iniciativas fueron seguidas por acciones limitadas, y su gobierno ha enviado en estos primeros meses señales mixtas.

Khan concluyó enviando un mensaje a los países del G-20, a que suscriban un nuevo acuerdo global para el respeto de los derechos humanos y coloquen esos derechos en el centro de sus iniciativas internacionales para combatir la crisis económica.

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Cuando la revista People le preguntó a George W. Bush cuáles eran los episodios de sus ocho años en la Casa Blanca que recordaba con más frecuencia, el presidente resaltó uno en particular: la vez que lanzó la bola inicial en la final del campeonato nacional de béisbol. "Curiosamente, nunca sentí tanta ansiedad en ningún otro momento de mi presidencia", explicó.

Los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, la guerra en Irak, Abu Ghraib, Guantánamo, las cárceles secretas de la CIA, Gaza, la implosión del sistema financiero mundial... Nada comparado con el terror que sintió el presidente saliente ante la posibilidad de hacer el ridículo en un campo deportivo. Lo cual no debería de provocar demasiada sorpresa. En parte porque la gran pasión de Bush es y siempre ha sido el béisbol (se ha comentado en Washington más de una vez que el puesto de presidente de la federación nacional del deporte representaba el límite de sus posibilidades de gestión); y sobre todo, porque la carga de las grandes decisiones que se han tomado durante su presidencia no la ha asumido él, sino su vicepresidente, Dick Cheney.

Retratar a Cheney como la figura siniestra y malévola (Darth Vader es uno de los sobrenombres que le han dado en Washington) que ha concebido y puesto en práctica la política de la Casa Blanca durante los últimos ocho años, y a Bush como el títere que se ha limitado a firmar las iniciativas vicepresidenciales y a darles apoyo publicitario, es una caricatura que no se aleja tanto de la realidad. Bush no sólo ha sido el peor presidente de la historia de Estados Unidos, según una abrumadora mayoría de historiadores especializados, sino el más vago, el que menos atención le ha prestado a la letra pequeña, el que más días de vacaciones se ha tomado, habitualmente en su rancho de Tejas. Cheney, en cambio, es un detallista fanático que muchas veces empieza su día de trabajo a las 4.30 de la mañana y es considerado entre los expertos de izquierda y derecha en Washington, por unanimidad, como el vicepresidente más poderoso que ha tenido su país.

Toda una colección de libros sobre el funcionamiento interno de la Casa Blanca de Bush (destacan El lado oscuro, de Jane Mayer, de la revista The New Yorker; El pescador: la vicepresidencia de Cheney, de Barton Gellman del The Washington Post, y La guerra interna, del legendario Bob Woodward) promueven la tesis en mayor o menor medida de que Cheney ha sido el ventrílocuo del muñeco Bush.

El mismo presidente la sustentó, de manera no necesariamente intencionada, al declarar en 2003: "Cuando se habla conmigo, se habla con Cheney".

El gran atractivo para Bush es que Cheney hace casi todo el trabajo y no exige nada del crédito. Está feliz en la sombra. Más bien, ha preferido no salir de ella, evitando así el papel protocolario que tradicionalmente le corresponde a un vicepresidente. Los aplausos del público le llenan menos que la autosatisfacción secreta de saber que él es el que ejerce el poder. No perdió el tiempo en asumirlo. Nada más ser elegido candidato a la vicepresidencia, se encargó en el interregnum entre las elecciones de 2000 y la inauguración presidencial de enero de 2001, de seleccionar los candidatos que iban a ocupar los puestos clave de la nueva Administración republicana. Bush fue el que aprobó la lista final pero todos, sin excepción, habían sido los que había propuesto Cheney.

Dan Quayle, que fue el vicepresidente de Bush padre, entendió que Cheney se proponía reinventar su antiguo puesto en una reunión que celebraron los dos a los pocos días de que Cheney se instalara en el ala oeste de la Casa Blanca.

"Le dije, 'Dick, ya sabes, tendrás que viajar mucho al exterior... ir a funerales", Quayle recordó en una entrevista citada en el libro El pescador. "Es decir, en esto consiste la tarea de un vicepresidente". Cheney le dirigió una leve sonrisa y contestó: "Yo tengo otro tipo de conexión con el presidente".

Ha sido una conexión no tanto de subordinado como de guía paterna. Cheney, la última persona con la que Bush habitualmente hablaba antes de firmar un decreto, fue el principal promotor, junto a su viejo compinche el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld, de la guerra de Irak. Y no hubo nadie que luchara con más empeño a favor de la política más polémica durante la presidencia de Bush dentro de Estados Unidos y la que más daño ha causado a la imagen internacional del país: la tortura como método para interrogar a los presos sospechosos de terrorismo. El entusiasmo de Cheney por suspender la aplicación de la Convención de Ginebra en la guerra contra el terror llevó al almirante Stansfield Turner, jefe de la CIA en los años setenta, a darle el apodo de "vicepresidente de la tortura".

Cheney es un personaje que, como las figuras totalitarias a las que Estados Unidos se opuso durante la guerra fría, cree firmemente en la doctrina de que el fin justifica los medios. Nadie participó de manera más dinámica que Cheney en lo que el premio Nobel de Economía Paul Krugman describió en su columna del The New York Times hace dos días como "el escándalo más grande de todos": la manera deliberada con la que la Administración de Bush engañó al pueblo estadounidense para que apoyara la invasión de Irak

Sobre las supuestas armas de destrucción masiva que poseía Sadam Husein, el pilar central del argumento a favor de la guerra en Irak, Cheney fue más lejos que Bush al desdeñar en público los consejos de la CIA, que insistían en que Husein estaba lejos de construir una bomba nuclear y lo mejor sería insistir en un programa agresivo de inspecciones. "La inteligencia es un negocio incierto", replicó Cheney, con una de sus pequeñas sonrisas irónicas, en un discurso en agosto de 2002, siete meses antes de la invasión estadounidense. Pero fueron muchos lo que participaron en aquel gran engaño. Donde Cheney ejerció de director de orquesta fue en la fabricación del segundo gran argumento a favor de la guerra, el que convenció al norteamericano medio de que no quedaba más remedio que eliminar a Sadam. Aquí no hubo ninguna incertidumbre, ni posibilidad, siquiera, de autoengaño. Consistió en divulgar la mentira de que Irak estuvo involucrado en los ataques del 11 de septiembre de 2001, mentira que la mayoría de los estadounidenses, según repetidos sondeos, eligieron creer. Cheney citó un supuesto informe de inteligencia (en este caso el negocio dejó de ser tan incierto) según el cual uno de los terroristas suicidas del 11-S, Mohamed Atta, se había reunido en Praga con un integrante del servicio de espionaje iraquí. Tal era su urgencia por lograr un consenso nacional a favor de la guerra que emergió, contra natura, de las sombras para declarar en entrevistas televisivas a lo largo de 2002 que Al Qaeda y el régimen iraquí eran cómplices en la guerra santa contra Estados Unidos.

En diciembre de 2001 declaró que se había "confirmado" la existencia de una reunión entre Atta y un "alto oficial" del servicio de inteligencia iraquí en Praga en abril de ese mismo año. Pese a que tanto la CIA como el servicio de inteligencia checa le decían en privado que no tenían ninguna información al respecto, Cheney reiteró en marzo de 2002 que la reunión había sido "un hecho", y lo volvió a ratificar en septiembre de ese año.

Un par de años después, con el Ejército de Estados Unidos ya estancado en Irak, actuó de manera incluso más descarada. Fue en plena campaña electoral durante un debate televisivo. Su rival demócrata para la vicepresidencia, John Edwards, denunció sus mentiras sobre Irak y Al Qaeda. Con una firmeza implacable, Cheney le contestó: "El senador se equivoca. No he sugerido que existiera una conexión entre Irak y el 11-S".

Bush llegó a la presidencia en 2001 tras una campaña electoral en la que se había vendido como promotor de una filosofía que denominó "conservadurismo compasivo". Cheney se ocupó desde un principio de borrar la palabra compasión del léxico bushiano. En el terreno de la ecología combatió arduamente a favor de las industrias más contaminantes de Estados Unidos, cuyas empresas amigas (grandes contribuyentes en muchos casos a las campañas electorales de Bush) preferían no invertir en tecnología que reduciría la emisión de gases perjudiciales para la capa de ozono. Y en cuanto a la economía, Cheney contribuyó de manera agresiva al caos reinante hoy al insistir en reducir los impuestos de los más ricos. Cuando Paul O'Neill, el secretario del Tesoro que él mismo había elegido, le defraudó al cuestionar en 2002 la política de reducción de impuestos, Cheney recomendó a Bush que lo despidiera y Bush, sin apenas pensárselo, asintió.

Esto fue una mera anécdota, sin embargo, comparado con el ejemplo de anticompasión más flagrante de la era Bush: el trato que se dio a los presos en la prisión de Abu Ghraib, en Irak, y en la base militar estadounidense de Guantánamo, en la isla de Cuba.

Cheney hizo pública su posición al respecto a los dos meses del 11-S en un discurso ante la Cámara Americana de Comercio. Los terroristas, dijo, "no merecen ser tratados como prisioneros de guerra". Pasarían 10 semanas hasta que el propio Bush se declarara al respecto, y lo hizo firmando un documento de cuatro páginas que Cheney y sus asesores legales confeccionaron sin consultar siquiera al entonces secretario de Estado, Colin Powell. La Convención de Ginebra (que un íntimo asesor de Cheney describió como "obsoleta") sencillamente no se aplicaría ni a los presos supuestamente afiliados a Al Qaeda o a los talibanes de Afganistán.

Los primeros presos llegaron a Guantánamo en enero de 2002. "De ese momento en adelante", según escribió el The Washington Post en un amplio reportaje que ganó el Premio Pulitzer, "Cheney se dedicó a la cuestión práctica de aplastar la voluntad de resistir de los cautivos... La oficina del vicepresidente desempeñó un papel central en hacer añicos a los límites impuestos a la coerción de presos bajo la custodia de Estados Unidos".

Cheney fue el pionero de una casuística distinción teórica entre la tortura no permitida y métodos violentos de interrogación sí permitidos que se tradujo en la práctica a una sistemática violación de los derechos humanos denunciada en el mundo entero.

Un documento clasificado del Departamento de Justicia, pero motivado por Cheney y su equipo de "gobierno dentro del Gobierno", según reveló el Post, determinó que la ley estadounidense en contra de la tortura "prohíbe sólo las peores formas de trato cruel inhumano o degradante", con lo cual permite otras. El documento especificó que la tortura prohibida consistía en aquella que causaba dolor "equivalente en intensidad" al del "fallo de un órgano vital... O incluso la muerte".

Tal es el secretismo con el que opera Cheney (siempre se ha negado incluso a revelar cuánta gente trabaja con él en la Casa Blanca) que su no siempre eficiente jefe de relaciones públicas, George W. Bush, es el que pagará el precio histórico por las atrocidades y desastres de los últimos ocho años. Pero lo que muchos sospechan en Washington es que Bush habría ejercido la presidencia de manera menos radical si hubiera optado por otro consigliere; si hubiera elegido como vicepresidente a un Dan Quayle dispuesto a aceptar su papel secundario, lejos del centro de poder, o a uno más inclinado a poner en práctica el concepto en que quizá Bush alguna vez creyó de conservadurismo compasivo.

En dos días pondrá fin a un mandato de ocho años que su sucesor, Barack Obama, ha denunciado por su "espectacular irresponsabilidad", pero lo curioso es que Bush da la sensación de que todavía carece de la experiencia necesaria para ser presidente. Su presidencia lleva su nombre, pero la huella es la de Cheney. La razón es sencilla: a Bush siempre le ha atraído más el título que el cargo de presidente, y las responsabilidades que conlleva. Por temperamento, el trabajo duro del día a día no le interesó y se lo dejó, con descuidada tranquilidad, al maquiavélico Cheney, mientras él se preocupaba por su estado de salud (Bush es un obsesivo del fitness), por cuidar su rancho tejano y por el béisbol.

Preguntado por el periodista Bob Woodward una vez sobre la influencia de su padre, presidente entre 1989 y 1993, en el ejercicio de su presidencia, George W. contestó: "Hay otro padre en las alturas al que apelo". Lo que no quedó del todo claro fue si se refería a la divinidad cristiana, o a su vecino en la Casa Blanca, Dick Cheney.

Por, JOHN CARLIN 18/01/2009
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Martes, 09 Diciembre 2008 11:22

“La peor crisis en 35 años en Grecia”

La furia desbocada de miles de jóvenes –indignados por la muerte de un adolescente por un disparo de la policía el pasado fin de semana, alentados por la falta de expectativas laborales y cansados de los escándalos políticos– invadió ayer las principales ciudades de Grecia y puso en jaque al débil gobierno conservador. Cientos de jóvenes izquierdistas se enfrentaron a la policía en la tercera jornada de disturbios, los peores desde 1973, que han dejado ya más de 50 heridos, 35 detenidos y cientos de comercios, sucursales bancarias y coches quemados.

El humo blanco y denso del gas lacrimógeno inundó al atardecer la plaza Syntagma, en el centro de Atenas. El objetivo era contener a varios centenares de jóvenes que lanzaron bombas incendiarias contra unos grandes almacenes de la zona y quemaron el árbol de Navidad gigante situado frente al Parlamento. Al grito de “policías, cerdos, asesinos”, destruyeron varios coches y saquearon una tienda de armas. Altercados similares se repitieron en al menos otras diez ciudades, como Tesalónica, Larisa, Patras y Trikala, y en las islas de Creta y Corfú. En la capital, fueron atacados 13 puestos de la policía.

La muerte de Alexandros Grigorópoulos, un estudiante de 15 años, el sábado pasado, ha sido el detonante de estas protestas, pero hay motivos de fondo: los últimos 18 meses han sido marcados por el descontento popular y la violencia callejera –sobre todo entre jóvenes anarquistas y de izquierda– a causa de la gestión gubernamental de la crisis económica, y la creciente brecha entre ricos y pobres.

“No vamos a tolerar que un trágico incidente (la muerte del joven el sábado) derive en actos inaceptables y peligrosos”, advirtió el primer ministro, Costas Caramanlis, en un discurso televisado en el que hizo un llamamiento a la calma. Poco después, miles de ciudadanos salieron a las calles en cinco manifestaciones pacíficas convocadas por el principal partido de la oposición, el Pasok –socialista–, y el Partido Comunista de Grecia.

Para hoy, los sindicatos han convocado a una huelga general de 24 horas, que amenaza con paralizar el país, contra la reforma del sistema de pensiones y otras medidas económicas aprobadas por el gobierno para hacer frente a la crisis económica mundial, de la que Grecia no se ha librado. Las protestas que se iniciaron el sábado están consideradas como las peores desde el levantamiento estudiantil contra la dictadura militar en 1973.

La capacidad de maniobra del gobierno es muy limitada. Con sólo un diputado de ventaja en el Parlamento frente a la oposición, los analistas están convencidos de que el partido en el poder –Nueva Democracia– se verá abocado a convocar a elecciones anticipadas en 2009 si las protestas se alargan. “Estas protestas se producen en un momento muy delicado para el gobierno”, afirma Anthony Livanios, de la empresa de sondeos Alpha Metrics, informa la agencia Reuters. “Si continúan, tendrán un efecto devastador en la estabilidad política”, añade.

El gobierno ha prometido llegar hasta el final en la investigación sobre la muerte del adolescente. Un policía fue detenido el domingo como autor del asesinato. Según la versión oficial, el agente y un compañero estaban patrullando por Exarchia, uno de los barrios más bohemios, reivindicativos y violentos de Atenas, cuando su coche fue atacado por 30 encapuchados, armados con piedras y bombas incendiarias. El policía detenido asegura que disparó al aire para ahuyentar a los atacantes, pero varios testigos han declarado que los policías no fueron atacados con piedras y bombas incendiarias, sino sólo insultados, y que el policía disparó contra el estudiante a sangre fría.

Mientras, los dueños de los comercios destruidos durante el fin de semana –sólo en la capital, más de 130– hacían evaluación de daños. El gobierno ha prometido compensarlos.

Por M. A. Sánchez-Vallejo*
Desde Atenas

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.
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Se ha presentado en San José de Costa Rica el Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010. En el documento elaborado por una serie de consultores con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se dice: “Actuar sobre el futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad”. La base del propósito es analizar el Índice de Desarrollo Humano de la región, que constata la tendencia para nada novedosa de la situación de pobreza que viven la mayoría de países. Sin embargo, la dirección actual presenta una agudización de la desigualdad que ubica a nuestro continente latino-caribeño como la región más desigual del planeta, al tener 10 de los 15 países más desiguales del mundo.

Índice de Desarrollo Humano

Si queremos medir el grado de bienestar de una población, no podemos limitarnos al acceso de los servicios públicos, y ni siquiera con un determinado nivel salarial como condiciones de necesidad, sino a la realización de las aspiraciones y los sueños de las personas. En este sentido, lo más cercano como herramienta de análisis pasa por el Índice de Desarrollo Humano (IDH), conjunto de indicadores para medir la calidad de vida que vive una población dentro de un país a partir de tres dimensiones fundamentales, como son los ingresos, la salud y la educación.

Sin embargo, estos datos son comprendidos por los trabajos del economista bengalí Amartya Sen. Su propuesta parte de un enfoque de capacidades que se definen como un conjunto de opciones efectivamente accesibles, ligadas a las aspiraciones de los individuos, motor que incide en las decisiones para “un bienestar mejor” de la persona y su futuro.



Frente a los cuestionamientos sobre qué entendemos por desarrollo, Amartya Sen se decide por establecer una relación entre aspiraciones personales y oportunidades disponibles, en que el desarrollo es el incremento de oportunidades reales de vida que un individuo, al poder optar por ellas, va expandiendo su libertad, es decir, posibilidades de ser y hacer. La relación es tan dinámica y compleja que la igualdad de oportunidades es una condición   necesaria para la igualdad de las capacidades, aunque suficiente.

Esta elaboración académica es en la práctica muy lejana, pues aun en las condiciones materiales de las personas es tan desfavorable que de plano borra cualquier aspiración personal. Por ejemplo, en la dimensión de ingresos del IDH, el coeficiente de Gini mide la desigualdad entre los ingresos utilizando para ello un rango de 0 a 1, donde 0 es la situación de igualdad perfecta y 1 es la total desigualdad por el monopolio único de los ingresos. En estos términos, América Latina y el Caribe registran un coeficiente de Gini tan elevado que supera en un 36 por ciento al del Este asiático, e incluso en un 18 por ciento el establecido en el África subsahariana.

En el informe presentado se plantea que tal grado de polarización de las sociedades del continente tiende a disminuir los sectores de la clase media, cuyos miembros pudieran ser un resorte para la economía nacional. El gran problema para América Latina y el Caribe es que la desigualdad no sólo es alta sino además persistente, y se reproduce como una constante histórica para baja movilidad socioeconómica, entendida como la posibilidad que tiene un sujeto para mejorar sus condiciones de vida y ascender en la estratificación social. Para el equipo de consultores, el peso de la desigualdad afecta fuertemente el IDH, que reduce el índice abruptamente en países como Bolivia, Nicaragua y Honduras.

Familia y pobreza

Una de las principales preocupaciones expresadas en el Informe es la reiterada situación de pobreza intergeneracional, es decir, que las condiciones desfavorables de la vida de los padres afectan de entrada el futuro de los hijos.

Así, se reproduce una doble victimatización de las nuevas generaciones. Por un lado, afectada por la situación de privaciones relativas que enfrentan los padres, cuyos servicios, a pesar de estar disponibles, no están al alcance de los hogares, o su capacidad no es efectiva para hacer un uso de los mismos. En segundo lugar, porque las decisiones que toman los padres afectan el futuro de los hijos, en especial en materia de educación y salud.

Es decir, que de entrada el efecto de las capacidades influye sobre las capacidades de generaciones venideras. En tales circunstancias, cuanto mayor es la desigualdad económica, ésta influye determinadamente en la condición de los padres sobre el logro de los hijos, y por tanto determina una menor movilidad social. En el continente, la posibilidad que tienen nuestros niños de presentar una buena salud o una educación satisfactoria, esencial en los primeros años para la expansión de sus capacidades, está negada por la estructura de oportunidades que viven los adultos y reforzada por su agenciamiento en el hogar al tomar decisiones negativas para el desarrollo de los infantes.



Para ilustrar una situación concreta, anualmente se registra en el mundo un promedio de 55 nacimientos en mujeres adolescentes por cada mil mujeres del grupo etario de 15 a 19 años, pero en las cifras para América Latina y el Caribe los nacimientos ascienden a 80 casos, un guarismo superado sólo por el África. Esta condición de embarazo para las jóvenes mujeres determina una mayor probabilidad de pobreza y exclusión social. Son madres que a temprana edad presentarán una menor escolaridad, menores ingresos y una mayor dependencia de la asistencia social. Ello significa que de hecho se afecta a la siguiente generación en materia de salud y educación.

Política social y reducción de pobreza

La desigualdad y la pobreza son fenómenos causados por restricciones, cuya reducción mediante adecuadas políticas sociales, por parte de los Estados, estará determinada por la cobertura de servicios sociales básicos, lo cual implica un mayor gasto presupuestal.

En Colombia vivimos la continuidad de un gobierno nacional cuyo énfasis presupuestal estriba en lo militar y la demagogia económica, desdeñando lo social, y una administración distrital que construye documentos de política social para todo pero sin expresarla en los programas y acciones de las 12 secretarías de la Alcaldía Mayor. Entre los efectos negativos que aumentan la pobreza y perpetúan la desigualdad, el Informe cita los problemas de la representación política que afectan las políticas sociales para beneficio de las élites económicas que tienen como un ejemplo el clientelismo, forma de capturar el Estado para construir maquinarias electorales, utilizando la asistencia social. Un ejemplo nacional que la relaciona está en el Sisben, que ha servido como caudal electoral en regiones del país, y que revela debilidad institucional y ausencia de compromiso ciudadano, pero que también, aunque el estudio no lo cite, sirve para montar a un Santos en el gobierno por medio del fortín de su padrino mágico uribista de ‘familias en acción'.

Para disminuir la desigualdad es necesaria una distribución más equitativa del logro educativo. Las medidas no pueden ser en todos los casos la construcción de colegios y la ampliación de la capacidad humana de docentes, sino que, como el Informe mismo lo plantea, pueden presentarse otras problemáticas que manifiestan deserción escolar. Puede verse afectada la educación de un niño porque al interior de la familia se requieren ingresos suyos para subsistir, luego la política pública tendrá que realizar transferencias económicas que solventen los ingresos producidos por el niño. También puede ocurrir que la familia no tenga los ingresos necesarios para garantizar la efectiva asistencia de la niña a la escuela. La política pública tendría impartir subsidios. Pero al mismo tiempo puede ser que la deserción escolar exprese una mala calidad educativa que desborda la cantidad de instalaciones y de profesores, y se expresa en el detrimento de las pedagogías y la superficialidad de los conocimientos. Por eso, el logro educativo para el bienestar de las nuevas generaciones tiene que ser abordado desde distintos puntos de vista.

El segundo factor para la reducción de la desigualdad que plantea el Informe está en la asimetría de los ingresos laborales y no laborales. Para ello, son necesarias políticas que fomenten el crecimiento del empleo, incidan en el cambio de los precios relativos y realicen reajustes contra los problemas ocasionados por choques macroeconómicos. En este sentido, el documento es técnico pero no cuestiona un modelo en el que su desarrollo depende de la explotación más recurrente de los otros.

Incluso tomando ese silencio, el Informe es ingenuamente optimista frente a la posibilidad de romper los grados de desigualdad intergeneracional proporcionados por padres conscientes en las decisiones sobre el futuro de sus hijos. Pues, a pesar de su lucha por el mañana, prima la voluntad de gobiernos neoliberales que limitan las posibilidades de, por ejemplo, las jóvenes trabajadoras para cursar estudios superiores, comenzando por el hecho de que a ellas se les paga menos por su condición de género.

Se trata, en fin, de un informe que cree que los gobiernos van a cambiar las políticas sociales, cuando éstos mismos reconocen que el gasto social sigue siendo neutro o regresivo en los países de la región. También, cuando ve en instituciones estales tan débiles su incapacidad para contener la crisis de la deuda económica o eventualidades que agudizarían la pobreza por fenómenos de origen climático.

Quizá todos los bemoles que el estudio presenta, a pesar del enfoque de capacidades y aspiraciones, está en conservar la concepción de modificar nuestras sociedades estratificadas por sociedades conectadas y en las cuales haya una mayor movilidad social, creyendo que se puede subir en este modelo sin necesidad de bajar al desfavorecido y explotado. Todo ello al definir las clases sociales como simples estratificaciones por las interacciones del mercado y no como procesos históricos de dominación y resistencia.


Publicado enEdición 160
En abril de 2008, el gobierno colombiano, anunció durante una reunión plenaria de la Cámara de Representantes la apertura de un proceso de investigación al cual denominó farc-política, que prometía estremecer con sus revelaciones el escenario político nacional. Juan Manuel Santos, ministro de la Defensa en aquel momento, ofreció revelarle al país información valiosa, obtenida del computador de Raúl Reyes, jefe guerrillero de las farc, tras el bombardeo realizado por las Fuerzas Armadas colombianas sobre territorio ecuatoriano en febrero del mismo año. Tal información dejaría al descubierto las relaciones sostenidas por personajes de la política nacional con ese grupo subversivo, y sería la justicia colombiana la instancia que pusiera tras las rejas a quienes resultaran implicados en la investigación.

A menos de 2 meses de finalizar el gobierno de Uribe Vélez, la farc-política, como proceso de investigación, parece languidecer. Sus resultados confirman esta tesis. Según el gobierno nacional, en los correos electrónicos del jefe guerrillero aparecen mencionados senadores, periodistas y académicos, entre otros. La lista es larga, entre ellos la senadora del Partido Liberal colombiano Piedad Córdoba y el senador del Polo Democrático Alternativo Jorge Robledo, quien fue reelegido en marzo pasado con una de las mayores votaciones de las cuales se tenga conocimiento en la historia democrática colombiana.

Aunque la investigación ha intentado vincular al proceso a un gran abanico de nombres nacionales y en algunos casos internacionales, los únicos detenidos son dos representantes de la comunidad académica colombiana: el profesor Miguel Ángel Beltrán, de la Universidad Nacional de Colombia, detenido en la ciudad de México mientras cursaba estudios doctorales en la Universidad Autónoma de aquel país, hoy detenido en la Cárcel Picota de Bogotá; y la joven socióloga Liliani Patricia Obando, también de la Nacional, reconocida en el ámbito académico colombiano y quien en el momento de su detención realizaba una asesoría en defensa de derechos humanos para Fensuagro, sindicato que agrupa a trabajadores del campo.

desde abajo entrevistó a Liliani Patricia Obando, detenida desde agosto de 2008 en la cárcel de Mujeres El Buen Pastor, luego de ser capturada en su casa en Bogotá, señalada por el gobierno colombiano como interlocutora de Raúl Reyes, según la inclusión supuesta de su nombre en el famoso computador.

desde abajo (da): Su detención causó sorpresa en la comunidad académica a la cual usted pertenece.
Liliani Patricia Obando (LPO): Al momento de mi detención me desempeñaba como Asesora de Fensuagro, que es uno de los sindicatos más perseguidos de este país y al que le han asesinado más de 1.500 afiliados. Yo soy una sobreviviente de la Unión Patriótica (UP), hice parte de ese movimiento y vi asesinar o desplazar o irse al exilio a más de cinco mil de mis compañeros. Entonces, cuando se está en este trabajo por convicción y se quiere hacer parte de la oposición política por vías legales, uno se da cuenta de que esas vías siempre están cerradas para nosotros y que en algún momento la cárcel es una posibilidad.

da: ¿De qué se le sindica?
LPO: A partir del bombardeo del gobierno de Colombia a Ecuador, supuestamente allí se encuentran unos computadores que sobreviven a tan temeraria acción. Es entonces cuando se empieza a fabricar una serie de procesos contra personalidades de este país que se habían interesado por la negociación política del conflicto, como, por ejemplo, el señor Carlos Lozano, director del periódico Voz, la senadora Piedad Córdoba, y algunos periodistas y personajes que se han pronunciado en el mismo sentido, y yo, en mi modesto papel, quedé en medio de todo eso porque necesitaban un conejillo de indias y seguramente le resultaba muy costoso al gobierno colombiano poner en la cárcel a personajes como Álvaro Leiva o la senadora Córdoba, así que había que llevar a alguien tras las rejas, precisamente para silenciar lo que estaba ocurriendo en el país, que era ese escándalo tan abominable de la parapolítica.

da: ¿Mantenía usted comunicación a través de correos electrónicos con Raúl Reyes, como afirma el gobierno colombiano?
LPO: De eso me sindica la Fiscalía, pero con la defensa hemos decidido que no vamos a pronunciarnos sobre los supuestos correos, que ya sabemos que no son eso sino documentos de word, fácilmente manipulables, que dizque se salvaron de los computadores del bombardeo mencionado. Hemos decidido no referirnos a esos documentos por una razón: porque consideramos que al ser sustraídos ilegalmente, en tanto no se tuvo en cuenta la soberanía del país al cual se estaba bombardeando, esto le quita toda legalidad. Además, esas pruebas son entregadas al capitán de la Dijin-Policía, el mismo que me hace el allanamiento y captura, el capitán Ronald Ortiz, quien reconoció ante la Fiscalía haber abierto los computadores y hecho copia de los mismos en su computador personal. La propia Interpol afirma en uno de sus informes que no se cumplieron los procedimientos legalmente establecidos para el manejo y protección de pruebas, y que hay más de 44 mil archivos que fueron modificados, cambiados, abiertos, manipulados. Es decir, desde todo punto de vista, las pruebas en contra mía son ilegales y yo no tendría por qué haber pasado un solo día aquí en la cárcel, si las pruebas que ellos tienen son tales.

da: Se le sindica de financiación de terrorismo por cuentas bancarias con giros internacionales.
LPO: Eso es por completo falso y traído de los cabellos. Es una práctica sistemática en este país, contra las prisioneras políticas, porque, además del delito político de rebelión, hay que agregarle un delito no político de terrorismo, cualquiera que sea, administración de recursos o terrorismo a secas, o cualquier otro relacionado con actividades terroristas, porque, al agregarle al de rebelión cualquier otro, se endurece la pena y se envía el proceso a la justicia especializada. Davivienda, la entidad financiera donde tengo mi cuenta, le certificó a la Fiscalía que la mía es una cuenta muy normal, sin movimientos sospechosos, entre otras cosas porque en este país un profesional dedicado a la sociología y la defensa de derechos humanos no tiene posibilidades de acumular dinero.

da: El gobierno colombiano no reconoce esa categoría de presos políticos a la cual usted se refiere.
LPO: En nuestro país se intenta desnaturalizar el delito político, y mucha gente, incluso de del pueblo colombiano, ignora que en Colombia hay más de 7.200 presos políticos. Los presos políticos no sólo aquellos que están por haberse alzado en armas contra el Estado. Preso político es una categoría bastante amplia dentro del concepto político del delito, que, entre otras cosas, debiera ser un derecho y no un delito, el derecho a hacer oposición. Aquí, en el patio sexto de mujeres de la Cárcel El Buen Pastor, hay dirigentes campesinas y mujeres que no han sido dirigentes y nunca han pertenecido a una organización campesina pero que, por vivir en zonas rurales donde hay presencia guerrillera, son acusadas de rebelión. Lo mismo ocurre con dirigentes sindicales y académicos como yo, que pretendemos hacer oposición política legal.

da: A qué atribuye usted la movilización internacional en torno a su caso.
LPO: El interés que ha habido alrededor de mi caso, y que no tengo cómo agradecerles a las organizaciones y compañeros que se han movilizado internacionalmente, ha permitido que se visibilice que hay prisioneros políticos en este país, que estamos en unas condiciones muy difíciles en las cárceles y que se nos violan muchos de nuestros derechos. Cuando a mí me capturan, la gente queda asombrada porque yo jamás fui al exterior a hacer lo que la Fiscalía afirma. Por eso, nunca he aceptado cargos ni acepté beneficios del 50 por ciento, porque yo lo que estoy defendiendo es mi inocencia.

Yo venía haciendo un acompañamiento a una de las organizaciones sindicales más grandes que tiene el país, Fensuagro, que tiene presencia en toda Colombia y también adscripciones a sindicatos internacionales. Por eso he tenido la oportunidad de hacer un trabajo fuera del país, muy importante y que me ha permitido ser invitada por parlamentos interesados en conocer la problemática de derechos humanos en Colombia y la situación difícil de los sindicalistas, que ponen en juego su libertad y su vida. Es importante hacerles ver a los abusadores de derechos humanos del país que hay observadores internacionales pendientes de lo que está pasando. Eso es muy importante porque es casi la única manera de frenar tantos abusos.

da: ¿Cuál es su postura frente a la lucha armada?
LPO: Cualquier estudioso de lo que ha sido la lucha política en el país no puede negar la existencia de un conflicto interno, armado, ni sus raíces. Negar ese conflicto que lleva más de 40 años es cerrar las posibilidades de solución pacífica. Sin embargo, el alzamiento en armas para muchos ha sido casi que la última opción, y en este país las guerrillas no se acabarán mientras haya las condiciones sociales indignas en que debe vivir la mayoría de los colombianos. Mientras tales condiciones persistan, la vía armada seguirá siendo una opción. Obviamente, uno quiere otra cosa para el país. La vía armada no es la salida. Yo, aun aquí, prisionera, no he perdido mis principios ni mi compromiso social, y sigo defendiendo la salida negociada como único modo de ponerle fin al conflicto nacional.

da: ¿Estos años en prisión han debilitado sus convicciones políticas?
LPO: La intención de quienes nos ponen tras las rejas es precisamente desmoronarnos para que renunciemos a nuestros ideales y principios, y por eso, como siempre, he asumido un compromiso consciente con lo que considero que debe ser un mejor país, un país más justo, un país en paz para todos. No puedo desmoronarme y traicionarme o traicionar a un montón de compañeros que ya no están, traicionar a todos mis muertos, que son muchos. Es una obligación mantenerme firme y saber que aquí hay todo un trabajo por hacer. Estar en la cárcel no es bueno para nadie, pero para mí, como socióloga y como defensora de derechos humanos, estar aquí y conocer la cárcel desde dentro ha sido una gran experiencia de vida; he tenido la posibilidad de sensibilizarme más con este espacio y de tratar de denunciar lo que pasa en las cárceles colombianas, donde se cometen muchos abusos, no sólo con los presos políticos; también con la población carcelaria en general. Igualmente, vemos que aquí se reproduce la división social de clases: hay privilegios para algunas detenidas y condiciones de máxima severidad contra otras, en especial contra las prisioneras políticas.

da: ¿Cómo se compagina su situación personal, como madre, y su cautiverio?
LPO: Es duro. A nuestros hijos menores de 12 años no se les permite entrar sino una vez al mes. Cuando ello ocurre, deben hacer largas filas; algunos se han insolado y desmayado por soportar la lluvia, el sol y el hambre, mientras llegan a visitarnos por unas pocas horas. Como madres, tenemos que defender ese derecho porque, si ya fue dramática la ruptura de la relación cuando nos detuvieron, ahora nos impiden tenerlos de visita cada cierto tiempo. Estamos dando la pelea pero no podemos hacerlo solas; necesitamos el acompañamiento de la gente de afuera. Mi hijo mayor, que tiene sólo 16 años, ha sido perseguido, hostigado en mi casa. Ha recibido visitas extrañas. Saben cuándo va al jardín mi hija de 5 años. Hay amenazas contra mi familia. Son cosas que causan preocupación, y hay que decirlo: la solidaridad con los presos políticos es muy precaria. He pedido protección para mi familia pero no ha sido posible aplicar medidas cautelares, entre otras cosas porque, para que a uno le crean, tiene que estar muerto o haber sufrido la desaparición de un familiar. La angustia mía es porque soy madre de dos menores que viven con mi madre, una mujer de tercera edad, o sea, que son completamente vulnerables. Esa es una gran preocupación para mí.

da: Cuando usted fue detenida, estaba cursando un magíster en la Universidad Nacional. ¿Ha recibido respaldo de ésta?
LPO: Al momento de ser detenida, estaba terminando mi trabajo de tesis para graduarme de la Maestría de Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), de la Nacional. Logré que me dieran la oportunidad de continuar mis estudios, aunque con muchas dificultades, porque a los presos políticos no se nos permite el acceso a un computador, lo cual obstaculiza el desarrollo de un trabajo intelectual. El acompañamiento de la Universidad y de mis profesores, que conocen mi trayectoria académica, ha sido muy importante.

La Universidad pública no les puede dar la espalda a sus estudiantes o profesores que caen en esta situación. Contrario a lo que pasa en otros países, donde los académicos tienen un reconocimiento muy grande, en Colombia se les estigmatiza por pensar distinto, por ejercitar el pensamiento crítico. Uno de los pilares de la democracia es permitir el derecho a la oposición política, pero aquí a ésta se le persigue y se le elimina, así se diga lo contrario. Quienes hacen oposición política legalmente en este país lo hacen sabiendo que tienen una cruz sobre sus espaldas, y quienes hacemos trabajo sindical y de defensa de derechos humanos estamos en la misma situación. Aquí, ser académico progresista y con pensamiento crítico es una actividad peligrosa.
Publicado enEdición 158