En materia de paz, “Santos se va con un sabor agridulce”

En Colombia estamos caminando por el filo de una navaja, y aún no está totalmente claro qué sucederá con la realidad de la guerra.

 

Después de paladear por instantes la alegría suprema de contemplar franjas enteras de la nación reunidas en torno al anhelo de construir desde abajo un país cercano a los más hermosos sueños largo tiempo anhelados, vino el chaparrón de dura y fría realidad. Con una votación en la que varios millones de personas sufragaron en contra de sus propios intereses, se impuso la opción presidencial elegida por las corporaciones multinacionales, los más poderosos gremios del país, y los sectores beneficiados por la guerra y la economía del narcotráfico.

 

Alirio Uribe Muñoz vislumbró desde la campaña por el Congreso la posibilidad cierta que se respiró en el país de cambiar el manejo y la orientación del Estado con el ascenso de diversas fuerzas sociales que participaban en la contienda política, gracias a los acuerdos de paz suscritos en el 2016. Su propio ejemplo de triunfo, imprevisible en el 2014, alentó la participación de varias candidaturas que prosperaron y que terminaron por afectarlo en su pretensión de mantener su lugar en la asimétrica batalla librada en un Congreso con mayorías no comprometidas con la tarea de consolidar el proceso de paz con las Farc y consolidar el proceso que ahora se adelanta con el Eln.

 

Su voz curtida en años de dura brega en torno a los desarrollos legislativos del Acuerdo de paz, nos permite elevar la comprensión del periodo que se cierra con el retorno al poder del uribismo, y los desafíos que se abren en esta nueva fase.

 

Héctor Arenas (HA): ¿Cuál es su balance de la política de paz adelantada durante los dos periodos presidenciales del gobierno de Santos?
Alirio Uribe (AU): Lo primero que hay que reconocer es que Juan Manuel Santos se la jugó por la paz. Fue un gobierno que le apostó a lograr un Acuerdo de paz, ese es su mérito a lo largo de sus dos periodos de gobierno y el hecho que determinó que no sólo los sectores de la Unidad Nacional, sino los sectores que estamos naturalmente en la oposición, apoyáramos su postulación reeleccionista.

 

HA: ¿Recuerda algunas de las personas y organizaciones que lo apoyaron?
AU: Fueron diversos: Gustavo Petro, desde la Alcaldía; sectores de la izquierda tradicional, del PDA. El apoyo estaba dado en función de que hiciera la paz. Su mérito fue haberse mantenido durante los seis años finales de su gobierno en una meta clara, precisa, de lograr ponerle fin al conflicto armado con las Farc, que tenían más de 53 años activas.

 

HA: ¿Y el resultado?
AU: El resultado es cierto. Es indudable que hubo una dejación total de armas. Es el proceso de paz del mundo en el que más armas se han entregado: 1.6 por persona. En procesos como el de Afganistán se entregaron 0.16 armas por persona. Con los paras en Colombia cerca de 0.48 armas por persona. Con las Farc, 1.6, hubo 8.144 armas, incluyendo revólveres, armas largas, fusilería, pero también lanzacohetes y armas de guerra de mayor alcance. Hubo concentración de tropas, así como un proceso de verificación muy bueno por parte de Naciones Unidas. La buena fe realza en la actuación de las Farc, que le apostaron a la creación de su partido político, hecho que debe resaltarse. Participaron en las elecciones con 73 candidatos y tienen diez congresistas.

 

Creo que hay que reconocerle a Juan Manuel Santos eso: que después de más de cincuenta años fue el único gobierno que abrió la puerta para avanzar en serio en una mesa de negociaciones y firmar y refrendar unos acuerdos.

 

También creo que el error crucial en este proceso, enraizado en la ceguera de la prepotencia, se ubica en la refrendación de los acuerdos del dos de octubre de 2016. No se necesitaba. Fue un error histórico haber apostado a las urnas y desencadenar una renegociación de los acuerdos, que no se cerró en diciembre de ese año con los ajustes realizados con base en las exigencias del Centro Democrático, sino que se mantiene hasta la fecha.

 

HA: ¿Cuáles han sido los efectos benéficos del Acuerdo de Paz?
AU: Bueno, hay impactos que tienen que ver con varios aspectos: reducción de la confrontación armada, reflejada con claridad en la mejoría de muchos indicadores de violencia en el país, por ejemplo, la tasa de homicidios más baja en los últimos 42 años: diez mil ochocientos asesinados en el 2017, mientras que hasta hace poco el dato anual rondaba los 30 mil homicidios.

 

También bajaron las muertes en combate y los desplazamientos forzados. Hubo treinta mil desplazados en el 2017. La cifra histórica oscilaba entre 300.000 y 500.000. Otro tanto ocurrió con el descenso de los secuestros, que durante los años de la Seguridad Democrática promediaron los 3.500 al año, para reducirse a 190 en el 2017. Algo similar sucedió con las víctimas de las minas antipersonales, que durante la Seguridad Democrática promediaron las 1.300 –en el 2007–, y en el 2017 sus víctimas descendieron a 8..

 

Estos datos no implican la persistencia de graves problemáticas, pero sí revelan impactos indudables en favor de la vida, relacionados con el fin del conflicto, con la paz.

 

En el campo democrático, político-electoral es necesario señalar la concreción de una apertura democrática. En las elecciones presidenciales aumentaron los votantes en siete millones. La apertura política no se reveló en los votos que obtuvo el nuevo partido político de las Farc, sino en los ocho millones de votos obtenidos por la Colombia Humana. en la segunda vuelta. Y en los nueve millones y medio alcanzados por Petro y Fajardo en la primera vuelta.

 

HA: ¿Y que no se logró con este Acuerdo de Paz?
AU: Hay coincidencia de distintos actores de este proceso en señalar que muchas de las cosas que no pasaron, o que no llegaron a tiempo, en términos de desarrollo de lo acordado, son responsabilidad de Juan Manuel Santos. Incluso hay personas que afirman que los acuerdos no serían hechos trizas durante el gobierno de Duque, sino que ya lo estaban con el gobierno Santos. Es decir, al propio gobierno le faltó voluntad política en muchísimos aspectos que no requerían marcos jurídicos. Hubo voluntad para firmar lo acordado, para adelantar la dejación de armas, el fin de la confrontación, e iniciar la reincorporación, pero al Gobierno le faltó igual determinación, eficacia y celeridad para realizar las apropiaciones presupuestales necesarias, adecuar las zonas veredales, poner en marcha los proyectos productivos, y allegar los proyectos de ley que desarrollaban a tiempo lo estipulado entre las partes.

 

HA: Con relación a la labor adelantada por el gobierno en el Congreso, en específico las normas que desarrollaban los acuerdos, ¿cuál es el balance?
AU: ¿Qué fue positivo? Se tramitaron siete reformas constitucionales, incluyendo la que creaba el procedimiento legislativo especial para la paz; y también la que creaba las curules especiales de paz, que se embolató al final del año pasado en Senado y Cámara.

 

Esas reformas constituyen la columna vertebral de este Acuerdo. Tengamos presente que si el dos de octubre de 2016 se hubiera aprobado el referendo, todos los acuerdos entraban a formar parte de la Constitución, que era lo pactado. Como ese no fue el resultado, hubo una puja muy fuerte para tratar de elevar a rango constitucional aspectos fundamentales del Acuerdo. Sin embargo, no es tan fácil que el gobierno que inicia labores el 7 de agosto desmonte esas reformas constitucionales, pero lo puede hacer y lo va a intentar. Esas reformas constitucionales le dan fuerza vinculante al Acuerdo de Paz y establecen que lo allí estipulado debe aplicarse de buena fe. También establecen que deben aplicarse en su integralidad durante los próximos doce años. Son acuerdos de Estado que vinculan a los gobiernos que vienen, vinculan a los Congresos, y a los jueces, Cortes y a los organismos de control. Creo que este marco constitucional es fundamental, así hay que reconocerlo.

 

Por otra parte, se aprobaron leyes estatutarias y ordinarias, en total más de cien normas. Unas, vía decretos leyes, y otras, decretos ordinarios. Constituyen el marco jurídico de la implementación de lo acordado. Incluyendo la norma sobre procedimiento y prueba de la JEP. Esta es una norma muy problemática porque se aprobaron artículos que son abiertamente inconstitucionales. Esto sucedió porque el Gobierno se demoró en presentar ese proyecto de Ley y el proyecto se votó de manera concomitante con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 17 de junio, cuyo resultado condujo a una reconfiguración del Congreso, cambio que facilitó la aprobación de dos artículos muy graves, liderados por el Centro Democrático: el que crea un procedimiento especial para los militares, que prácticamente los saca de la Justicia Especial de Paz. Y otro que tiene que ver con la extradición de Santrich, la posibilidad de practicar pruebas y la posibilidad de que la justicia especial de paz se pronuncie sobre la extradición.

 

Estos son los costos que estamos pagando por la moratoria del Gobierno en la tarea de presentar estos proyectos de ley. Ese último día también se aprobó el proyecto de ley que trata del sometimiento de las bandas criminales, norma que deja abierta la puerta al desmonte de las estructuras paramilitares.

 

Es decir, al nuevo gobierno le queda el desafío de implementar los acuerdos, de no hacerlos trizas. Le queda el desafío de someter las bandas paramilitares, al Clan del Golfo, a los Pelusos, a todos estos grupos a un proceso de paz, y le queda el desafío de avanzar en un proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Como puede deducirse ahí están las matrices de violencia, pueden mantenerse abiertas o pueden cerrarse

 

HA: ¿Hay alguna otra dimensión relevante en los incumplimientos de lo acordado?
AU: Sí, la seguridad física de los otrora insurgentes: han matado ya más de sesenta y tres. Muchos también han denunciado amenazas y persecuciones. Durante la campaña electoral tuvieron que suspender su tarea de comunicación política producto de las agresiones planificadas y las amenazas. Esto pone en duda también la seguridad de participar en política.

 

Además, también se ha dado una inseguridad jurídica. Sobre este particular dos grandes baches: Por una parte, algunos jueces se resistieron a aplicar la Ley de Amnistía, incluso el gobierno tuvo que expedir decretos para que los jueces acataran la Ley y ordenasen la amnistía de los guerrilleros que estaba en las cárceles. Según el nuevo partido de la Fuerza Alternativa del Común, aún tienen más de 300 guerrilleros en las cárceles.

 

Por otra parte, el otro gran bache en este aspecto es la extradición. Hay que señalar la forma burda y arbitraria como se ha utilizado el mecanismo de la extradición para atacar la alta dirección de los negociadores de las Farc, que tienen hoy la representación política de la Fuerza Alternativa del Común en el Congreso.

 

Creo que la extradición no debería operar, no debería ser utilizada para atacar los acuerdos de paz. De hecho, lo que dice el Acuerdo de Paz es que hay un derecho de no extradición. Quienes lo firmaron tienen una garantía constitucional de no ser extraditados. Lo que estamos viendo es que la DEA está haciendo un montaje con la Fiscalía, a pesar de que Santrich no tiene ninguna investigación en su contra en Colombia. Santrich puede terminar extraditado si el sobrino de Iván Márquez (que es hoy un agente de los organismos de inteligencia estadounidenses), termina declarando contra él como, se presume que suceda en ese proceso.

 

Este es un tema muy sensible para la implementación de lo firmado. Si van a empezar a poner en duda la participación de la dirección política del nuevo partido de la Farc a través de montajes o de otros expedientes, ponen en grave riesgo el fruto de lo negociado. El propio Iván Duque dijo, después de su elección, que él no quería que se posesionaran quienes tuvieran antecedentes, y este punto es una de las médulas del Acuerdo: compareciendo ante la JEP pueden participar en política. Por eso se inscribieron como candidatos. Quieren afectar entonces, con medios jurídicos, el tránsito pactado de pasar de echar bala a echar lengua.

HA: ¿Y con relación al tema de la seguridad económica de los excombatientes?
AU: Vimos que se hicieron los pagos individuales de las mesadas pactadas, y que hubo las afiliaciones a la seguridad social, pero también vimos que no se cumplió con el punto de la puesta en marcha de los proyectos productivos colectivos en las zonas veredales que, además, fueron levantadas en casi todos los casos con el esfuerzo y los elementos aportados por las Farc.

 

Lo que privilegiaron las entidades oficiales relacionadas con estos temas fue privilegiar las medidas que alentaron la reincorporación individual y la salida de las zonas veredales de cada excombatiente, por sobre los proyectos productivos pactados que permitían la reincorporación colectiva. También reinó un retraso total en los planes de desarrollo territorial. Estos hechos han favorecido la determinación de algunos miembros de la guerrilla desmovilizada, consistente en considerar mejor trabajar con grupos delincuenciales de la mafia, del narcotráfico, lo cual es muy grave. El nuevo Presidente ha expresado su voluntad de proteger lo pactado en reincorporación.

 

HA: ¿Qué es posible hacer frente a este escenario de inseguridades?
AU: Espero que la bancada democrática que llegó al Congreso, unos treinta en el Senado, más veinte en la Cámara, y eventualmente algunos de otros partidos, puedan evitar que se reviertan muchos de los puntos de lo firmado. A la par, tendremos que hacer una movilización sin precedentes: una gran movilización social por la paz para que el gobierno de Duque cumpla con la implementación del Acuerdo.

 

Con el balance que presento, creo que Santos se va con un sabor agridulce. Muchos y vitales logros en términos de alcanzar acuerdos y producir la desmovilización, pero también muchos conejos a la implementación de los acuerdos de paz.

 

HA: ¿Qué podría anotar con relación a la institucionalidad para el Acuerdo de Paz?
AU: Hay instituciones que ya existían, por ejemplo la Unidad de Victimas, que con el Acuerdo se esperaba avanzar más en la reparación individual y colectiva. También la Unidad de Tierras, con la que se esperaba avanzar más en la restitución de tierras.

 

No veo avances en el punto de allegar más recursos para las víctimas, pese a que estaba pactado. Otro tanto la restitución de tierras, como con el cumplimiento de las sentencias, porque además hay cientos, sino miles de sentencias, que ordenaban reparación individual y colectiva. Y estas sentencias no se han cumplido.

 

Pero, en la parte constructiva del balance que estamos formulando, es necesario tener en cuenta que la creación de tres figuras nuevas, que es necesario contemplar y saber que están andando.

 

- Se creó la Comisión de Esclarecimiento y Verdad Histórica. Esta Comisión ya tiene su equipo, está trabajando, y tiene tres años para producir un informe sobre el tema.
- Está la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, que también está funcionando. Tiene una directora, que está conformando su equipo de trabajo.
- Y está la Justicia Especial de Paz, que ha recibido múltiples ataques, pero existe, tiene todos los magistrados, y tiene sus oficinas, sus equipos, y ha comenzado a funcionar.

 

Por otra parte, en la Policía Nacional se creó el Cuerpo Élite contra el crimen organizado. Se suponía que este Cuerpo sería destinado al ataque de uno de los riesgos más graves que tiene este Proceso de Paz, a saber: el asesinato de excombatientes, pero no solamente estas acciones, también los asesinatos en los territorios de los líderes sociales. Lo que hemos visto es que este Cuerpo no ha actuado, o ha actuado de manera no eficaz, dándose el asesinato de 63 excombatientes, y una ola de trescientos asesinatos de líderes sociales.

 

Estamos en un momento de transición de altísimo riesgo porque ni responde el gobierno que se va, ni responde el gobierno que llega. Creo que estos meses, hasta septiembre, pueden ser un tiempo de altísima dosis de guerra sucia.

 

HA: Hay algún otro mecanismo que considerar en este escenario de la lucha por librar contra el paramilitarismo?
AU: Sí, hay otro mecanismo: la Unidad especial de investigación de la Fiscalía para combatir los crímenes de los grupos paramilitares. Esta Unidad existe pero, por lo que ha acontecido en cuanto a asesinatos, es evidente que hasta ahora no está funcionado de manera eficaz.

 

También está la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Se ha reunido muy poco. A pesar de que tiene componentes de alto nivel del gobierno, de los desmovilizados de las Farc, de las Ongs, de la sociedad civil, no ha logrado su cometido, que es garantizarle la vida y la seguridad a la gente.

 

También fue creado un Sistema Integrado de Seguridad y Protección que, insisto, todos estos mecanismos están funcionando, pero hay que profundizar su accionar para que cumplan con su misión institucional.

 

HA: Y con relación a la reforma rural integral, ¿qué decir?
AU: El Punto uno del Acuerdo es el más rezagado en cuanto a su cumplimiento. Se trata del punto que aborda el origen del conflicto: todo lo relacionado con tierras.

 

Hay un Fondo especial para el acceso a tierras, pero no ha iniciado su labor de manera real para entregar tierras a los campesinos.

 

Hay un Programa Nacional Integral para sustitución de cultivos de uso ilícito, los llamados Pennis. Su aplicación ha sido muy precaria, en mi consideración. Se han combinado dos políticas: una violenta, de fuerza, que es la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito, y una política derivada del Acuerdo, que es la de sustitución voluntaria, con planes de desarrollo regional y territorial, para que la gente deje de sembrar coca y siembre otros productos.

 

Es lógico, sin resolver plenamente el tema de la tierra, así como distintas problemáticas asociadas a la misma, no serán desinflados aspectos estructurales que sirvieron como aliento para el origen y prolongación de este conflicto. Podría retornar su ritmo, en menor, igual o mayor escala sino se cumple con lo acordado sobre este particular. Es decir, estamos caminando por el filo de una navaja, y aún no está totalmente claro qué sucederá con la realidad de la guerra en nuestra sociedad. El tapón para no regresar por caminos ya transitados está en manos de la sociedad. Vienen meses de mucha confrontación social.

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En materia de paz, “Santos se va con un sabor agridulce”

En Colombia estamos caminando por el filo de una navaja, y aún no está totalmente claro qué sucederá con la realidad de la guerra.

 

Después de paladear por instantes la alegría suprema de contemplar franjas enteras de la nación reunidas en torno al anhelo de construir desde abajo un país cercano a los más hermosos sueños largo tiempo anhelados, vino el chaparrón de dura y fría realidad. Con una votación en la que varios millones de personas sufragaron en contra de sus propios intereses, se impuso la opción presidencial elegida por las corporaciones multinacionales, los más poderosos gremios del país, y los sectores beneficiados por la guerra y la economía del narcotráfico.

 

Alirio Uribe Muñoz vislumbró desde la campaña por el Congreso la posibilidad cierta que se respiró en el país de cambiar el manejo y la orientación del Estado con el ascenso de diversas fuerzas sociales que participaban en la contienda política, gracias a los acuerdos de paz suscritos en el 2016. Su propio ejemplo de triunfo, imprevisible en el 2014, alentó la participación de varias candidaturas que prosperaron y que terminaron por afectarlo en su pretensión de mantener su lugar en la asimétrica batalla librada en un Congreso con mayorías no comprometidas con la tarea de consolidar el proceso de paz con las Farc y consolidar el proceso que ahora se adelanta con el Eln.

 

Su voz curtida en años de dura brega en torno a los desarrollos legislativos del Acuerdo de paz, nos permite elevar la comprensión del periodo que se cierra con el retorno al poder del uribismo, y los desafíos que se abren en esta nueva fase.

 

Héctor Arenas (HA): ¿Cuál es su balance de la política de paz adelantada durante los dos periodos presidenciales del gobierno de Santos?
Alirio Uribe (AU): Lo primero que hay que reconocer es que Juan Manuel Santos se la jugó por la paz. Fue un gobierno que le apostó a lograr un Acuerdo de paz, ese es su mérito a lo largo de sus dos periodos de gobierno y el hecho que determinó que no sólo los sectores de la Unidad Nacional, sino los sectores que estamos naturalmente en la oposición, apoyáramos su postulación reeleccionista.

 

HA: ¿Recuerda algunas de las personas y organizaciones que lo apoyaron?
AU: Fueron diversos: Gustavo Petro, desde la Alcaldía; sectores de la izquierda tradicional, del PDA. El apoyo estaba dado en función de que hiciera la paz. Su mérito fue haberse mantenido durante los seis años finales de su gobierno en una meta clara, precisa, de lograr ponerle fin al conflicto armado con las Farc, que tenían más de 53 años activas.

 

HA: ¿Y el resultado?
AU: El resultado es cierto. Es indudable que hubo una dejación total de armas. Es el proceso de paz del mundo en el que más armas se han entregado: 1.6 por persona. En procesos como el de Afganistán se entregaron 0.16 armas por persona. Con los paras en Colombia cerca de 0.48 armas por persona. Con las Farc, 1.6, hubo 8.144 armas, incluyendo revólveres, armas largas, fusilería, pero también lanzacohetes y armas de guerra de mayor alcance. Hubo concentración de tropas, así como un proceso de verificación muy bueno por parte de Naciones Unidas. La buena fe realza en la actuación de las Farc, que le apostaron a la creación de su partido político, hecho que debe resaltarse. Participaron en las elecciones con 73 candidatos y tienen diez congresistas.

 

Creo que hay que reconocerle a Juan Manuel Santos eso: que después de más de cincuenta años fue el único gobierno que abrió la puerta para avanzar en serio en una mesa de negociaciones y firmar y refrendar unos acuerdos.

 

También creo que el error crucial en este proceso, enraizado en la ceguera de la prepotencia, se ubica en la refrendación de los acuerdos del dos de octubre de 2016. No se necesitaba. Fue un error histórico haber apostado a las urnas y desencadenar una renegociación de los acuerdos, que no se cerró en diciembre de ese año con los ajustes realizados con base en las exigencias del Centro Democrático, sino que se mantiene hasta la fecha.

 

HA: ¿Cuáles han sido los efectos benéficos del Acuerdo de Paz?
AU: Bueno, hay impactos que tienen que ver con varios aspectos: reducción de la confrontación armada, reflejada con claridad en la mejoría de muchos indicadores de violencia en el país, por ejemplo, la tasa de homicidios más baja en los últimos 42 años: diez mil ochocientos asesinados en el 2017, mientras que hasta hace poco el dato anual rondaba los 30 mil homicidios.

 

También bajaron las muertes en combate y los desplazamientos forzados. Hubo treinta mil desplazados en el 2017. La cifra histórica oscilaba entre 300.000 y 500.000. Otro tanto ocurrió con el descenso de los secuestros, que durante los años de la Seguridad Democrática promediaron los 3.500 al año, para reducirse a 190 en el 2017. Algo similar sucedió con las víctimas de las minas antipersonales, que durante la Seguridad Democrática promediaron las 1.300 –en el 2007–, y en el 2017 sus víctimas descendieron a 8..

 

Estos datos no implican la persistencia de graves problemáticas, pero sí revelan impactos indudables en favor de la vida, relacionados con el fin del conflicto, con la paz.

 

En el campo democrático, político-electoral es necesario señalar la concreción de una apertura democrática. En las elecciones presidenciales aumentaron los votantes en siete millones. La apertura política no se reveló en los votos que obtuvo el nuevo partido político de las Farc, sino en los ocho millones de votos obtenidos por la Colombia Humana. en la segunda vuelta. Y en los nueve millones y medio alcanzados por Petro y Fajardo en la primera vuelta.

 

HA: ¿Y que no se logró con este Acuerdo de Paz?
AU: Hay coincidencia de distintos actores de este proceso en señalar que muchas de las cosas que no pasaron, o que no llegaron a tiempo, en términos de desarrollo de lo acordado, son responsabilidad de Juan Manuel Santos. Incluso hay personas que afirman que los acuerdos no serían hechos trizas durante el gobierno de Duque, sino que ya lo estaban con el gobierno Santos. Es decir, al propio gobierno le faltó voluntad política en muchísimos aspectos que no requerían marcos jurídicos. Hubo voluntad para firmar lo acordado, para adelantar la dejación de armas, el fin de la confrontación, e iniciar la reincorporación, pero al Gobierno le faltó igual determinación, eficacia y celeridad para realizar las apropiaciones presupuestales necesarias, adecuar las zonas veredales, poner en marcha los proyectos productivos, y allegar los proyectos de ley que desarrollaban a tiempo lo estipulado entre las partes.

 

HA: Con relación a la labor adelantada por el gobierno en el Congreso, en específico las normas que desarrollaban los acuerdos, ¿cuál es el balance?
AU: ¿Qué fue positivo? Se tramitaron siete reformas constitucionales, incluyendo la que creaba el procedimiento legislativo especial para la paz; y también la que creaba las curules especiales de paz, que se embolató al final del año pasado en Senado y Cámara.

 

Esas reformas constituyen la columna vertebral de este Acuerdo. Tengamos presente que si el dos de octubre de 2016 se hubiera aprobado el referendo, todos los acuerdos entraban a formar parte de la Constitución, que era lo pactado. Como ese no fue el resultado, hubo una puja muy fuerte para tratar de elevar a rango constitucional aspectos fundamentales del Acuerdo. Sin embargo, no es tan fácil que el gobierno que inicia labores el 7 de agosto desmonte esas reformas constitucionales, pero lo puede hacer y lo va a intentar. Esas reformas constitucionales le dan fuerza vinculante al Acuerdo de Paz y establecen que lo allí estipulado debe aplicarse de buena fe. También establecen que deben aplicarse en su integralidad durante los próximos doce años. Son acuerdos de Estado que vinculan a los gobiernos que vienen, vinculan a los Congresos, y a los jueces, Cortes y a los organismos de control. Creo que este marco constitucional es fundamental, así hay que reconocerlo.

 

Por otra parte, se aprobaron leyes estatutarias y ordinarias, en total más de cien normas. Unas, vía decretos leyes, y otras, decretos ordinarios. Constituyen el marco jurídico de la implementación de lo acordado. Incluyendo la norma sobre procedimiento y prueba de la JEP. Esta es una norma muy problemática porque se aprobaron artículos que son abiertamente inconstitucionales. Esto sucedió porque el Gobierno se demoró en presentar ese proyecto de Ley y el proyecto se votó de manera concomitante con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 17 de junio, cuyo resultado condujo a una reconfiguración del Congreso, cambio que facilitó la aprobación de dos artículos muy graves, liderados por el Centro Democrático: el que crea un procedimiento especial para los militares, que prácticamente los saca de la Justicia Especial de Paz. Y otro que tiene que ver con la extradición de Santrich, la posibilidad de practicar pruebas y la posibilidad de que la justicia especial de paz se pronuncie sobre la extradición.

 

Estos son los costos que estamos pagando por la moratoria del Gobierno en la tarea de presentar estos proyectos de ley. Ese último día también se aprobó el proyecto de ley que trata del sometimiento de las bandas criminales, norma que deja abierta la puerta al desmonte de las estructuras paramilitares.

 

Es decir, al nuevo gobierno le queda el desafío de implementar los acuerdos, de no hacerlos trizas. Le queda el desafío de someter las bandas paramilitares, al Clan del Golfo, a los Pelusos, a todos estos grupos a un proceso de paz, y le queda el desafío de avanzar en un proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Como puede deducirse ahí están las matrices de violencia, pueden mantenerse abiertas o pueden cerrarse

 

HA: ¿Hay alguna otra dimensión relevante en los incumplimientos de lo acordado?
AU: Sí, la seguridad física de los otrora insurgentes: han matado ya más de sesenta y tres. Muchos también han denunciado amenazas y persecuciones. Durante la campaña electoral tuvieron que suspender su tarea de comunicación política producto de las agresiones planificadas y las amenazas. Esto pone en duda también la seguridad de participar en política.

 

Además, también se ha dado una inseguridad jurídica. Sobre este particular dos grandes baches: Por una parte, algunos jueces se resistieron a aplicar la Ley de Amnistía, incluso el gobierno tuvo que expedir decretos para que los jueces acataran la Ley y ordenasen la amnistía de los guerrilleros que estaba en las cárceles. Según el nuevo partido de la Fuerza Alternativa del Común, aún tienen más de 300 guerrilleros en las cárceles.

 

Por otra parte, el otro gran bache en este aspecto es la extradición. Hay que señalar la forma burda y arbitraria como se ha utilizado el mecanismo de la extradición para atacar la alta dirección de los negociadores de las Farc, que tienen hoy la representación política de la Fuerza Alternativa del Común en el Congreso.

 

Creo que la extradición no debería operar, no debería ser utilizada para atacar los acuerdos de paz. De hecho, lo que dice el Acuerdo de Paz es que hay un derecho de no extradición. Quienes lo firmaron tienen una garantía constitucional de no ser extraditados. Lo que estamos viendo es que la DEA está haciendo un montaje con la Fiscalía, a pesar de que Santrich no tiene ninguna investigación en su contra en Colombia. Santrich puede terminar extraditado si el sobrino de Iván Márquez (que es hoy un agente de los organismos de inteligencia estadounidenses), termina declarando contra él como, se presume que suceda en ese proceso.

 

Este es un tema muy sensible para la implementación de lo firmado. Si van a empezar a poner en duda la participación de la dirección política del nuevo partido de la Farc a través de montajes o de otros expedientes, ponen en grave riesgo el fruto de lo negociado. El propio Iván Duque dijo, después de su elección, que él no quería que se posesionaran quienes tuvieran antecedentes, y este punto es una de las médulas del Acuerdo: compareciendo ante la JEP pueden participar en política. Por eso se inscribieron como candidatos. Quieren afectar entonces, con medios jurídicos, el tránsito pactado de pasar de echar bala a echar lengua.

HA: ¿Y con relación al tema de la seguridad económica de los excombatientes?
AU: Vimos que se hicieron los pagos individuales de las mesadas pactadas, y que hubo las afiliaciones a la seguridad social, pero también vimos que no se cumplió con el punto de la puesta en marcha de los proyectos productivos colectivos en las zonas veredales que, además, fueron levantadas en casi todos los casos con el esfuerzo y los elementos aportados por las Farc.

 

Lo que privilegiaron las entidades oficiales relacionadas con estos temas fue privilegiar las medidas que alentaron la reincorporación individual y la salida de las zonas veredales de cada excombatiente, por sobre los proyectos productivos pactados que permitían la reincorporación colectiva. También reinó un retraso total en los planes de desarrollo territorial. Estos hechos han favorecido la determinación de algunos miembros de la guerrilla desmovilizada, consistente en considerar mejor trabajar con grupos delincuenciales de la mafia, del narcotráfico, lo cual es muy grave. El nuevo Presidente ha expresado su voluntad de proteger lo pactado en reincorporación.

 

HA: ¿Qué es posible hacer frente a este escenario de inseguridades?
AU: Espero que la bancada democrática que llegó al Congreso, unos treinta en el Senado, más veinte en la Cámara, y eventualmente algunos de otros partidos, puedan evitar que se reviertan muchos de los puntos de lo firmado. A la par, tendremos que hacer una movilización sin precedentes: una gran movilización social por la paz para que el gobierno de Duque cumpla con la implementación del Acuerdo.

 

Con el balance que presento, creo que Santos se va con un sabor agridulce. Muchos y vitales logros en términos de alcanzar acuerdos y producir la desmovilización, pero también muchos conejos a la implementación de los acuerdos de paz.

 

HA: ¿Qué podría anotar con relación a la institucionalidad para el Acuerdo de Paz?
AU: Hay instituciones que ya existían, por ejemplo la Unidad de Victimas, que con el Acuerdo se esperaba avanzar más en la reparación individual y colectiva. También la Unidad de Tierras, con la que se esperaba avanzar más en la restitución de tierras.

 

No veo avances en el punto de allegar más recursos para las víctimas, pese a que estaba pactado. Otro tanto la restitución de tierras, como con el cumplimiento de las sentencias, porque además hay cientos, sino miles de sentencias, que ordenaban reparación individual y colectiva. Y estas sentencias no se han cumplido.

 

Pero, en la parte constructiva del balance que estamos formulando, es necesario tener en cuenta que la creación de tres figuras nuevas, que es necesario contemplar y saber que están andando.

 

- Se creó la Comisión de Esclarecimiento y Verdad Histórica. Esta Comisión ya tiene su equipo, está trabajando, y tiene tres años para producir un informe sobre el tema.
- Está la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, que también está funcionando. Tiene una directora, que está conformando su equipo de trabajo.
- Y está la Justicia Especial de Paz, que ha recibido múltiples ataques, pero existe, tiene todos los magistrados, y tiene sus oficinas, sus equipos, y ha comenzado a funcionar.

 

Por otra parte, en la Policía Nacional se creó el Cuerpo Élite contra el crimen organizado. Se suponía que este Cuerpo sería destinado al ataque de uno de los riesgos más graves que tiene este Proceso de Paz, a saber: el asesinato de excombatientes, pero no solamente estas acciones, también los asesinatos en los territorios de los líderes sociales. Lo que hemos visto es que este Cuerpo no ha actuado, o ha actuado de manera no eficaz, dándose el asesinato de 63 excombatientes, y una ola de trescientos asesinatos de líderes sociales.

 

Estamos en un momento de transición de altísimo riesgo porque ni responde el gobierno que se va, ni responde el gobierno que llega. Creo que estos meses, hasta septiembre, pueden ser un tiempo de altísima dosis de guerra sucia.

 

HA: Hay algún otro mecanismo que considerar en este escenario de la lucha por librar contra el paramilitarismo?
AU: Sí, hay otro mecanismo: la Unidad especial de investigación de la Fiscalía para combatir los crímenes de los grupos paramilitares. Esta Unidad existe pero, por lo que ha acontecido en cuanto a asesinatos, es evidente que hasta ahora no está funcionado de manera eficaz.

 

También está la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Se ha reunido muy poco. A pesar de que tiene componentes de alto nivel del gobierno, de los desmovilizados de las Farc, de las Ongs, de la sociedad civil, no ha logrado su cometido, que es garantizarle la vida y la seguridad a la gente.

 

También fue creado un Sistema Integrado de Seguridad y Protección que, insisto, todos estos mecanismos están funcionando, pero hay que profundizar su accionar para que cumplan con su misión institucional.

 

HA: Y con relación a la reforma rural integral, ¿qué decir?
AU: El Punto uno del Acuerdo es el más rezagado en cuanto a su cumplimiento. Se trata del punto que aborda el origen del conflicto: todo lo relacionado con tierras.

 

Hay un Fondo especial para el acceso a tierras, pero no ha iniciado su labor de manera real para entregar tierras a los campesinos.

 

Hay un Programa Nacional Integral para sustitución de cultivos de uso ilícito, los llamados Pennis. Su aplicación ha sido muy precaria, en mi consideración. Se han combinado dos políticas: una violenta, de fuerza, que es la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito, y una política derivada del Acuerdo, que es la de sustitución voluntaria, con planes de desarrollo regional y territorial, para que la gente deje de sembrar coca y siembre otros productos.

 

Es lógico, sin resolver plenamente el tema de la tierra, así como distintas problemáticas asociadas a la misma, no serán desinflados aspectos estructurales que sirvieron como aliento para el origen y prolongación de este conflicto. Podría retornar su ritmo, en menor, igual o mayor escala sino se cumple con lo acordado sobre este particular. Es decir, estamos caminando por el filo de una navaja, y aún no está totalmente claro qué sucederá con la realidad de la guerra en nuestra sociedad. El tapón para no regresar por caminos ya transitados está en manos de la sociedad. Vienen meses de mucha confrontación social.

Publicado enEdición Nº248
¿Cómo va el proceso para la revocatoria?

Iniciando su tercer año de gobierno y según las encuestas*, Enrique Peñalosa se mantiene como uno de los alcaldes más impopulares entre los más de mil con que cuenta Colombia. Cumplido un año del inicio del proceso que pretende su revocatoria, es necesario analizar porqué es uno de los alcaldes más impopulares del país.


La disputa por la alcaldía de Bogotá ha sido un elemento clave en la vida política nacional. No es para menos, pues su capacidad de contratación y manejo de burocracia es inmenso. La salida de la izquierda de este fortín histórico de los gremios más poderosos del país y la llegada, por segunda vez, de Enrique Peñalosa al despacho del Palacio Liévano, propiciaron el reposicionamiento de intereses económicos y políticos, y con ellos el reencausamiento de un modelo urbano, que sumados a la serie de insatisfacciones con el modelo de la “Bogotá mejor para todos”, propiciaron que al cumplirse su primer año de mandato tomaran forma diferentes comités para adelantar la revocatoria del aún hoy Alcalde.

 

Las revocatoria en el país

 

Según la Registraduría Nacional, durante el año 2017 se registraron más de 100 procesos de revocatoria de mandato a lo largo y ancho del país; de estos solo 3 llegaron a las urnas y ninguno de ellos prosperó. Llama la atención que, a pesar de que la Ley 134, encargada de regular los mecanismos de participación ciudadana, existe desde el año 1994, y que la Ley 1757 del 2015 redujo los porcentajes necesarios de firmas y votantes para estos procesos, a la fecha ninguna revocatoria de mandato haya cumplido con su objetivo.

 

Si bien la ley establece los requisitos y mecanismos de participación para que la ciudadanía pueda llegar a las urnas, los que se cumplen cuando la Registraduría Nacional aprueba las firmas de los ciudadanos, el CNE da su visto bueno y se da la convocatoria a votación por parte del Presidente de la República, Gobernador o Alcalde, según sea el caso; cabe aclarar que tal ley no define los tiempos máximos que cada autoridad puede tomarse para cumplir su parte, por lo que pueden presentarse demoras en el proceso.

 

La revocatoria en Bogotá

 

A comienzos de mayo pasado, el comité Unidos Revocamos a Peñalosa radicó en la Registraduría 650.000 firmas que avalaban el proceso de revocatoria del alcalde capitalino. Sin embargo, por esas mismas fechas, el Consejo Nacional Electoral (CNE), declaró públicamente en algunos medios de comunicación, que este mecanismo de participación ciudadana estaba siendo utilizado de manera ilegal en muchas partes del país, relacionándolo incluso con intereses personales y venganzas políticas. Por tal motivo, a finales de mes el CNE solicitó a la Registraduría Nacional un informe detallado de todos los procesos de revocatoria que se adelantaban para ese entonces en el país. Como resultado de ese ejercicio, citaron a todos los mandatarios y promotores de los procesos de revocatoria en audiencias públicas para que el CNE los escuchara y definiera si las revocatorias eran o no legítimas.

 

En junio, el Fondo Nacional de Financiación Política del CNE emitió un informe en donde solicitaba correcciones en las cuentas entregadas por el comité Unidos Revocamos a Peñalosa pues supuestamente se había presentado una violación en los topes de las donaciones recibidas. Gustavo Merchán, fiscal de Sintrateléfonos y presidente de Unidos Revocamos a Peñalosa, declaró que se trataba de un mal entendido en las cuentas presentadas y que el proceso de revocatoria no podía detenerse por detalles como ese. Sin embargo, en agosto el CNE rechazó por segunda vez las cuentas presentadas argumentando fallas e inconsistencias en firmas y números, lo cual generó una fuerte indignación en algunos sectores políticos de la ciudad que señalaron que el Consejo estaba actuando de mala fe al demorar a propósito este proceso de revocatoria, basándose en inconsistencias que no existían. Toda esta situación fue utilizada por el magistrado liberal Emiliano Rivera para elaborar la ponencia que en la actualidad tiene suspendido el proceso de revocatoria en la Sala Plena de la máxima autoridad electoral del país.

 

Es necesario señalar que además de las dilaciones por parte del CNE, la Registraduría Nacional también ha jugado en contra. Mes y medio después de que el comité Unidos Revocamos a Peñalosa radicó las firmas en la Registraduría, esta presentó un primer aval que fue rechazado por el equipo de Peñalosa, quién solicitó un peritaje a las firmas avaladas. La fecha límite para emitir el nuevo certificado de las firmas se estableció para el mes de septiembre, pero este fue presentado a finales de octubre, después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca interviniera en el proceso y ordenara a la Registraduría agilizar la certificación.
En todo esto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha sido clave para destrabar el proceso. El pasado 5 de diciembre emitió un fallo en donde buscaba presionar a la Sala Plena del CNE para que determinara si le daba vía a la revocatoria o no; no obstante el 13 de diciembre, fecha límite para definir la revocatoria, esta se vio frenada debido a las recusaciones presentadas contra algunos magistrados de la sala, especialmente la que imputaba al magistrado Armando Novoa porque algunos funcionarios de su despacho habían firmado los formularios para la revocatoria, cayendo así en parcialidades. Por lo anterior, antes de que la Sala Plena del CNE pueda sentarse a discutir la ponencia de Rivera, debe citar un conjuez que le permita resolver la recusación contra Novoa.

 

Lo grave de esta situación es que mientras la Registraduría y el CNE dilatan el proceso de revocatoria, Peñalosa continúa rigiendo la ciudad, lo que ha significado para Bogotá la aprobación del presupuesto para la realización del metro elevado, decisión que le significó a Peñalosa una investigación en la Contraloría por supuesto detrimento patrimonial; la inminente y polémica construcción de la troncal de TransMilenio por la carrera séptima, que deja de lado la Av. Boyacá a pesar de que ya existen estudios para esta última; la modificación de la política de humedales de la ciudad, que de ahora en adelante permitirá la construcción de obras de cemento dentro de los ecosistemas; la posible ampliación del tiempo de operaciones y el área del relleno sanitario de Doña Juana; el incumplimiento en la construcción de colegios y jardines infantiles; el aumento del endeudamiento de la ciudad, que de ser aprobado por el concejo ascendería a los 7 billones de pesos; la amenaza a la reserva Tomas Van Der Hammen, que es vista por Peñalosa como un potrero donde se deben construir vías y vivienda para ampliar la ciudad.

 

Como si fuera poco, en este pulso de abogados que ha contado con el silencio cómplice de los medios oficiosos de comunicación que tanto hostigaron a Gustavo Petro cuando se defendió con iguales armas para impedir la consulta sobre su revocatoria, entre dilataciones, obstrucciones, bloqueos y manzanillismo de todo tipo, alarma que el plazo máximo para que pueda desarrollarse la revocatoria del alcalde de Bogotá se cumpla en los próximos 6 meses. Lo que significa que la ciudadanía bogotana, proclive por la revocatoria, está ante el límite máximo de tiempo para poder cumplir con su propósito, para poder vencer la capacidad legalista de una burguesía constructora y comerciante que a través de abogados y legalismos ha logrado, hasta ahora, impedir la citación a la consulta de la revocatoria. Un triunfo parcial que ya les garantiza que así Peñalosa salga del Palacio Liévano su plan de Gobierno quedará en marcha. Una derrota y/o un triunfo agridulce.

 

* Según la última encuesta de percepción ciudadana, el 73% de los bogotanos considera que la ciudad va por mal camino, el 51% considera que el nivel de corrupción ha aumentado y el 84% mantiene una imagen desfavorable del actual mandatario.

 


 

Recuadro

 

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Publicado enEdición Nº242
Rusia abrirá su bolsa petrolera en rublos

Antecedentes: los intentos aislados, desordenados y descoordinados por cesar la dependencia global al control hegemónico comercial del crudo en las plazas de Nueva York y Londres, así como su unilateral cotización concomitante en dólares, han sido sofocados hasta ahora en forma exitosa por EU y su apéndice británico.

 

Por ahora quedó en el olvido –quizá como parte del arreglo exitoso entre EU e Irán– el proyectado lanzamiento de una bolsa iraní en la isla de Kish en el golfo Pérsico (ttp://goo.gl/8BhHmV) que se quedó en una inexplicable primera fase inoperante (http://goo.gl/jk6wVN).

 

La rebelión en la granja de las entidades medio orientales que osaron intentar desprenderse de la dependencia energética del control de EU ha sido sofocada con fuego y sangre, lo cual llevó al ahorcamiento del mandatario iraquí Saddam Hussein, quien tuvo la osadía de desear la cotización del petróleo en euros en lugar de dólares, y la sodomización (literal) del mandatario libio Muamar Khadafi, quien se atrevió a proyectar el lanzamiento del dinar-oro, sin contar el estruendoso fracaso del fallido lanzamiento del gulfo, la divisa común de las petromonarquías árabes (http://goo.gl/UZ6XUc).

 

Con un alto riesgo a su seguridad, Irán y Venezuela, miembros de la agónica OPEP, reclaman desde hace buen tiempo –en forma temeraria al confrontar el supremacismo energético anglosajón– cotizar la comercialización del petróleo en otras divisas ajenas al control del dólar estadunidense.

 

Hechos: desde hace 10 años ya había advertido que Rusia cocinaba la idea de lanzar su bolsa petrolera que ahora cobra un inusitado vigor mediante el San Petersburg International Mercantile Exchange (Spimex).

 

La novedad radica en que su sede será nada menos que San Petersburgo, la mirífica ciudad más occidental de Rusia y sitio natal del grupo que gobierna hoy el Kremlin (Putin, Medvedev, Patrushev, Sechin, etcétera).

 

En forma interesante, el mandamás de Spimex es nada menos que Igor Sechin (http://goo.gl/NwFVIh), quien ha sentenciado la muerte de la OPEP, víctima sobre todo de la viciosa confrontación entre Irán y Arabia Saudita (http://goo.gl/VlT7EZ).

 

En su ya célebre entrevista a la agencia británica Reuters, Sechin, muy cercano al zar Vlady Putin, arguye el fin de la influencia de la OPEP en el mercado petrolero y exhorta que Rusia debe abandonar la esperanza que los precios puedan ser fijados por fuerzas diferentes al requilibrio del mercado, cuando “ahora los factores cruciales que influyen el mercado son las finanzas (¡supersic!), la tecnología y la regulación. Podemos ver esto con el ejemplo del petróleo de esquisto ( shale oil) que se volvió una poderosa herramienta de influencia en el mercado global (http://goo.gl/7SLozE)”.

 

Hoy, mediante la bolsa petrolera Spimex, Rusia pretende competir con el duopolio anglosajón del Nymex y el IPE, con sedes en Nueva York y Londres respectivamente: ambas sedes propiedades catastrales del binomio energético-bancario de las trasnacionales estadunidenses y británicas.

 

Eduard Gismatullin, de Bloomberg, comenta que Putin implementa su sueño de hace una década con la cotización del propio petróleo de Rusia que tiene la esperanza de acabar con la dependencia de la evaluación de las agencias occidentales cuando le será otorgado a los mercaderes foráneos acceso directo a Spimex. El objetivo consiste cesar la cotización del oro negro en dólares estadunidenses, que se realzará en rublos, además de “incrementar los ingresos del crudo en la variedad de los Urales al desconectar el mecanismo de fijación de precios mediante el “punto de referencia ( benchmark)” del petróleo de la variedad Brent del mar del Norte, el más usado del mundo.

 

Por cierto, el petróleo del mar del Norte se encuentra en franco declive frente a la pletórica variedad de los Urales. Gismatullin rememora los esfuerzos previos de China –que con Rusia intenta cambiar la cotización global del crudo– quien compite con EU como el mayor importador de petróleo y quien ha dilapidado dos décadas (sic) intentando introducir sus propios contratos futuros de petróleo, esperados para este año.

 

La cotización de los contratos de futuros de petróleo de China en la plaza de Shanghái sería en su ascendente divisa, el renminbi/yuan que se internacionaliza en forma gradual.

 

Rusia –que conste, una superpotencia nuclear– se queja del exagerado descuento que le asestan los mercados anglosajones a la variedad del crudo ruso de los Urales frente a los mejores precios que descuelga la variedad del mar del Norte evaluada por la agencia Platts, con sede en Londres y filial de Mc-Graw Hill Financial, dueña de la sesgada calificadora Standard and Poor’s: ¡Todo queda en famiglia!

 

Los tentáculos de Platts/Mc-Graw Hill Financial/Standard and Poor’s son perturbadores: desde el griego-británico-estadunidense John Negroponte, zar del espionaje de EU, hasta el itamita Pedro Aspe, arquitecto de la entrega del petróleo mexicano. Mejor aquí me detengo.

 

Gismatullin aduce que la bolsa Spimex mejoraría la cotización del crudo ruso y ayudaría a las empresas domésticas a generar ingresos adicionales en su comercialización.

 

Conclusión: no faltan analistas interesados, muy dependientes de los mercados anglosajones competidores en Nymex y el IPE (Londres), como Eugene Lindell, de JBC Energy Gmbh (con sede en Viena), quienes expresan su temor sobre el alto grado de involucramiento del gobierno ruso en el sector petrolero, lo cual pondría en tela de juicio los alcances de Spimex para un mejor marco de referencia comercial de parte de algunos mercaderes bursátiles. 

 

Hace 10 años, el Nymex ya había intentado colocar los contratos a futuros del crudo ruso, lo cual resultó infructuoso debido a su impopularidad entre los mercaderes bursátiles adiestrados operativa e ideológicamente en la plaza de Nueva York.

 

Con la poderosa cobertura militar y de su élite gubernamental, hoy el Kremlin intenta ponderar su suerte mercantil de su crudo (la variedad de los Urales) en la plaza de San Petersburgo para abrir una temeraria bolsa petrolera, que al parecer cuenta con la subrepticia bendición china de la plaza de Shanghái, y así competir con el mercado discrecional de Nueva York y Londres que cotizan el petróleo ajeno a su antojo geopolítico y geofinanciero, más que libremente comercial.

 

Su efecto, en caso de ser positivo, tendría profundas repercusiones también en las cotizaciones tanto del dólar estadunidense –que cesaría su legendaria cuan perniciosa hegemonía sobre el control mercantil/financiero del mercado petrolero global a los dos lados del Atlántico norte desde Nueva York hasta la City (Londres)– como del rublo, la alicaída divisa rusa tan vapuleada desde el reciente desplome artificial y anómalo del oro negro, que detendría su caída libre para empezar a gozar de mayor aceptación en los mercados.

 

La suerte del rublo está impregnada en el crudo ruso que también está correlativa y proporcionalmente vinculado a la fortaleza de la divisa rusa: ambos se retroalimentan en forma positiva y bidireccional frente a la asfixiante hegemonía del superdólar estadunidense.

 

 

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Lunes, 18 Abril 2016 07:44

David Brooks: Destellos

Unas 27 mil personas se congregaron la semana pasada en Washington Square, en Manhattan, para escuchar al precandidato demócrata Bernie Sanders. Había representantes de diversos gremios sindicales, defensores de inmigrantes, activistas pro derechos civiles, estudiantes, veteranos de guerra y más

Más de 800 personas fueron arrestadas por actos de desobediencia civil en el Capitolio, en Washington, la semana pasada, durante cinco días de protestas como parte de una iniciativa llamada Primavera democrática (Democracy Spring), que afirma que las elecciones estadunidenses han sido corrompidas por el gran dinero de intereses especiales financiados por multimillonarios y por leyes que limitan o suprimen el voto.

 

“Hoy nuestra democracia está en crisis. Las elecciones estadunidenses están dominadas por multimillonarios e intereses del gran dinero... mientras casi la mitad de los estados de la unión han promulgado leyes nuevas para descalificar a votantes comunes, especialmente a las personas de color y a los pobres. Esta corrupción viola el principio básico de la democracia estadunidense: una persona, un voto”, afirma la iniciativa. Decenas de organizaciones –desde sindicatos, ambientalistas, derechos civiles y religiosos– respaldaron las acciones, en las que participaron actores como Kathleen Turner y Rosario Dawson, legisladores federales como Raul Grijalva, el gran comentarista y líder popular Jim Hightower, la legendaria lideresa del UFW Dolores Huerta y activistas de 33 estados del país.

 

Por otro lado, unos 27 mil se congregaron en Washington Square la semana pasada para escuchar al precandidato demócrata –y socialista democrático– Bernie Sanders (superando la cifra establecida por Obama en el mismo sitio en 2007). Al presentarlo, el actor Tim Robbins insistió en que se tiene que luchar contra los políticos de la cúpula y los grandes medios que afirman que Sanders es demasiado idealista y poco pragmático en sus propuestas, y aseguró: ellos tienen un gran problema: no se han dado cuenta de que los tiempos han cambiado, y ya estamos hartos de aceptar lo que nos dicen que tenemos que aceptar, de ceder nuestros ideales. Agregó: ya no queremos ser entrampados con la disfunción del pasado. Apremió a apoyar a Sanders no sólo por su oposición a las guerras, al fracking, a los acuerdos de libre comercio, sino por su apoyo a los trabajadores, a los pobres, a los gays y otras minorías, y por ser el único candidato con una línea moral básica; eso es lo radical. Añadió: “este es el momento para un idealismo desenfrenado... es tiempo de soñar”.

 

Ahí estaban agremiados de los sindicatos de telefonistas, de transporte público de Nueva York, enfermeras, maestros. Ahí estaban algunos de los veteranos de las luchas por los derechos civiles de los gays, pero sobre todo estaba una amplia gama del futuro: los jóvenes. Ahí se conocieron estudiantes y sindicalistas, ahí hubo encuentros entre diversos movimientos, desde veteranos de guerra de Vietnam e Irak hasta veteranos de las luchas altermundistas, los defensores de inmigrantes, los veteranos aún jóvenes de Ocupa Wall Street y, como siempre, son estas posibles alianzas lo que sigue preocupando, e incluso llega a hacer temblar, a las cúpulas de ambos partidos y a la económica.

 

Hubo decenas de miles más en otros actos de campaña en espacios públicos en los últimos días en el estado de Nueva York (vale señalar que su contrincante Hillary Clinton no ha convocado a actos masivos públicos aquí) con la misma reacción al mensaje de Sanders: el 1 por ciento más rico ha tomado en rehenes a la democracia y la economía estadunidense, y se requiere de una revolución política para rescatar al país. En cada una, la ira mezclada con la esperanza de los jóvenes ofreció un viento de posible optimismo para el futuro, gane o no gane el mensajero. Son destellos de un cambio.

 

 

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