Óscar Larrañaga, Movimiento de ciudad al atardecer, mixta sobre lienzo, 82 x 240 cm. (Cortesía del autor)

Consecuente con el discurso que agitó durante su campaña electoral y con los planteamientos de la coalición política que lo llevó al poder, así ha sido la  política internacional del presidente Iván Duque. Otra cosa han sido los resultados de tal política, que por ahora son bastante limitados, aunque su Gobierno todavía tiene tres años por delante. 

 

La orientación y diseño de la política internacional de Colombia es del fuero del Presidente de la República y, salvo por los enunciados generales, podría decirse que no existe una política internacional de Estado sino de gobierno. No sorprende entonces los virajes de la política de relaciones exteriores de un gobierno a otro, como ha sido el caso de Santos a Duque, reflejo a su vez de la polarización política que atraviesa el país. Desde luego, la política exterior también se mueve frente a un mapa geopolítico flexible y agitado como el de Estados Unidos, América Latina y también España, tratándose de los gobiernos y las regiones con las que tenemos mayor interrelación. Así, desde su posesión el 7 de agosto de 2018, en presencia de un número importante de homólogos que lo acompañaron, Iván Duque anunció las principales líneas de lo que sería su política exterior.

 

Sus prioridades

 

En primer lugar, el fortalecimiento de los lazos con Estados Unidos, privilegiando las relaciones bilaterales con el socio principal de Colombia. Históricamente las élites dirigentes han hecho de Colombia un aliado estratégico de los norteamericanos en América Latina. Sin embargo, el presidente Donald Trump venía expresando su disgusto por el aumento de la producción y exportación de narcóticos desde Colombia, lo cual podía desembocar en una crisis entre ambos países. Hoy, sin embargo, existe un terreno más favorable para las relaciones bilaterales por cuenta de las afinidades ideológicas entre Duque y Trump.

 

Dos, el rechazo al régimen de Daniel Ortega y las pretensiones territoriales de Nicaragua. Se trata de un punto muy álgido no sólo por el veredicto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que le amputó a Colombia una parte de su plataforma marítima, sino también porque desde los sectores más radicales del Centro Democrático se criticó al gobierno de Santos por la estrategia jurídica desarrollada ante esa instancia internacional, de la cual Colombia decidió retirarse. Por eso, Duque inició su agenda de visitas al país en San Andrés. 

 

En tercer lugar, el “asunto Venezuela”, un punto de honor para Duque, quien rompió con el gobierno de Maduro y decidió liderar una campaña internacional encaminada a facilitar el cambio de gobierno en el país vecino y hermano. En las reuniones de Duque con Trump, el Grupo de Lima y líderes de la Comunidad Europea, así como en sus intervenciones en la OEA y en el Foro Económico Mundial, así como en los viajes del Canciller para reunirse con numerosas personalidades del campo internacional, incluyendo el secretario de Estado Mike Pompeo de Estados Unidos, la crisis venezolana ha estado al centro de la agenda.

 

En otro registro, el Presidente colombiano también se refirió al desarrollo de los lazos comerciales con la comunidad internacional y la búsqueda de capital e inversores, señalando en particular la importancia de España en la materia. La visita a Colombia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez reiteró la importancia de ese país como socio económico. A su vez, en la visita a Chile en noviembre, el jefe de la diplomacia colombiana confirmó el interés y la importancia para Colombia de la Alianza del Pacífico.

 

Finalmente, precedido por el discurso provocador del presidente del Senado, Ernesto Macías, del Centro Democrático, contra todo el ejercicio de la administración Santos, Duque expresó de nuevo sus reparos al Acuerdo de Paz firmado con las Farc. El Presidente empezó así su mandato distanciándose del Acuerdo de Paz, un logro innegable del gobierno Santos también en materia de política exterior.

 

Para apuntalar esta agenda internacional el Presidente ha viajado oficialmente 17 veces al exterior, además de los numerosos desplazamientos de su canciller, Carlos Holmes. Estos viajes han suscitado críticas desde algunos sectores del país, aduciendo falta de planeación para los mismos, ausencia de liderazgo para sacar adelante los proyectos del gobierno ante el Congreso y los pocos resultados de estas giras, lo cual llevó al Canciller en días pasados a manifestar que hay una campaña internacional de desprestigio contra el presidente Duque. 

 

Un capítulo de esta política exterior merece ser destacado: el reconocimiento de Palestina como Estado soberano. Aunque el reconocimiento se dio al final del mandato Santos, la notificación al gobierno palestino se produjo recién posesionado Duque. Se inició entonces un debate mediático sobre la postura del gobierno colombiano pues el canciller Holmes anunció que examinaría cuidadosamente las implicaciones de tal reconocimiento en momentos en el presidente norteamericano había tomado graves medidas en contra de los intereses de Palestina. Se pensó entonces que la decisión del gobierno Santos sería reversada. Pero no sucedió así y Colombia pasó así a ser el último país de Suramérica en reconocer a Palestina como Estado.

 

Encontramos, por tanto, ciertos elementos de continuidad de la política exterior del gobierno precedente en política internacional, pero es claro el cambio de rumbo en otros asuntos clave de las relaciones internacionales: la lucha contra el narcotráfico, la agenda Venezuela y la política de paz llevada a los escenarios de la comunidad internacional.

 

Las Drogas, un dolor de cabeza para todos

 

La lucha contra las drogas sigue siendo el tema prioritario en las relaciones bilaterales Colombia-Estados Unidos a pesar de los esfuerzos de los gobiernos colombianos por “desnarcotizar” estas relaciones. En la primera reunión que sostuvieron los presidentes, Duque y Trump, la lucha contra las drogas ocupó el espacio central. Recordemos que el año anterior estas relaciones bilaterales corrían por mal momento e incluso el Presidente de los Estados Unidos amenazó con “descertificar” a Colombia si no lograba controlar el incremento de los cultivos ilícitos.

 

El gobierno del Presidente Santos pretendió darle una nueva lectura a la lucha contra las drogas, variando el enfoque represivo y prohibicionista con el que principalmente se ha tratado este grave problema. “Tenemos que avanzar en esta lucha con una mente más abierta. Tenemos que ser más inteligentes, más innovadores”, decía Santos en un período en que la comunidad internacional seguía atentamente al avance del Acuerdo de Paz con las Farc, las cuales financiaron en parte su guerra con los dineros del narcotráfico. Razón por la cual se aceptó la conexidad del delito de narcotráfico con el delito de rebelión.

 

Una nueva mirada se consideró necesaria bajo el gobierno de Santos para combatir el narcotráfico, entendiendo que los Estados afectados e involucrados tienen responsabilidad compartida y que en Colombia el fenómeno económico y social que lleva a ciertos sectores campesinos a cultivar la coca requiere de un tratamiento alternativo: incentivos a las familias campesinas cultivadoras de coca, para que la sustituyan por otros cultivos lícitos, y suspensión de las aspersiones aéreas con glifosato a cambio de la erradicación manual.

 

Sin embargo, la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca reveló que los cultivos ilícitos en Colombia habían alcanzado el número histórico de 209.000 hectáreas. El nuevo gobierno aprovechó el informe para cuestionar de nuevo los Acuerdos de Paz al plantear que el incremento de las hectáreas se había disparado a partir de que el gobierno Santos aceptó incluir en dichos acuerdos la propuesta de las Farc para que el Estado diese a las familias campesinas involucradas un aporte económico para la sustitución de los cultivos de coca, lo que se convirtió en un estímulo perverso. En la otra orilla, los partidarios de la erradicación manual y sustitución de cultivos, hicieron ver que todavía era muy pronto para decretar que esta estrategia no daba o no daría los resultados esperados. 

 

Luego de la primera reunión entre Duque y Trump, el presidente norteamericano se refirió nuevamente a la ineficiencia del gobierno colombiano para lograr la disminución de las áreas sembradas, declaraciones que generaron preocupación en el Gobierno y el establecimiento. Duque decidió dar un viraje a la política antidrogas diseñada durante el gobierno Santos y aunque reconoció que había de por medio un problema de salud pública con las comunidades que viven cerca de las zonas cocaleras, dispuso que el centro de gravedad de la lucha contra los cultivos ilícitos se basaría, principalmente, en la aspersión aérea con glifosato, junto con otras medidas. Inició así una campaña para que la Corte Constitucional revisara un veredicto que ordenaba al Consejo Nacional de Estupefacientes la suspensión del programa de aspersión aérea de glifosato sobre los cultivos de coca, marihuana y amapola, aunque hay que aclarar que dicha Sentencia se refería a un programa específico en un territorio indígena. Finalmente la Corte abrió la puerta para que, bajo ciertas condiciones, el Gobierno pueda hacer uso del glifosato en su estrategia anti-drogas. 

 

Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos han vuelto así a su cauce normal, al menos por ahora, tanto más que el Gobierno anunció recientemente que el ritmo de crecimiento de las hectáreas de coca cultivadas se había frenado y a su vez el Secretario de Estado norteamericano y el Ministro de Relaciones Exteriores colombiano anunciaron el compromiso mutuo para reducir a la mitad los cultivos ilícitos y la producción de cocaína para finales del 2023.

 

Venezuela, obsesión y desafío

 

Aunque el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la no intervención de un Estado en los asuntos internos de otro Estado, son principios de la ONU y la OEA, instancias de las que hace parte Colombia, lo cierto es que este principio del derecho público internacional es cada vez más violado, infortunadamente, o inevitablemente según las nuevas teorías para un mundo globalizado. Y no faltan los argumentos de unos y otros para justificar lo que al final de cuentas es injerencia en los asuntos internos de otro país.

 

Es así como ante la profunda crisis de Venezuela, cuyo actual modelo económico es un fracaso, con todas las implicaciones para su pueblo, y cuyo gobierno ha desembocado en un régimen político autoritario y populista, con todas sus derivas en violación de derechos humanos y libertades cívicas y políticas, más allá de ello y sin respetar su soberanía como Estado-nación, Duque ha liderado una cruzada internacional para aislar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y facilitar que se produzca una transición hacia un gobierno surgido de elecciones libres, según sus propias declaraciones. Este objetivo es ni más ni menos uno de los componentes prioritarios de la actual política exterior del presidente Duque, al cual le ha dedicado tiempo y esfuerzo, convirtiéndose al parecer en una suerte de obsesión y desafío personal.

 

Uno de los primeros pasos de Duque fue no nombrar embajador en Venezuela, rompiendo en la práctica las relaciones diplomáticas con este país, y nombrar embajador en Washington a Francisco Santos, cuyas declaraciones en favor de una intervención militar en Venezuela si fuese necesario generaron el rechazo de amplios sectores en Colombia. Duque endureció, junto con su canciller Carlos Holmes, su lenguaje contra Maduro, asumiendo la retórica del anti-castrochavismo de los sectores más radicales del Centro Democrático. 

 

De cara a la opinión pública nacional, el presidente Duque anunció el apoyo a la denuncia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, contra Maduro ante la Corte Penal Internacional, al tiempo que visitaba la frontera con Venezuela en medio de una campaña mediática prometiendo medidas económicas y sociales de emergencia ante la llegada de cientos de miles de venezolanos huyendo de la crisis de su país y anunciando la creación de un fondo multilateral humanitario de ayuda para paliar el fenómeno migratorio.

 

En la escena internacional Duque y su Canciller también han actuado con intensidad para afianzar el cerco diplomático y las sanciones contra el gobierno vecino: lo primero fue la visita de Duque al presidente Trump para alinear su estrategia contra el gobierno de Nicolás Maduro y de apoyo a sus opositores. A la vez, el Presidente ordenó el retiro de Colombia de Unasur, organismo suramericano conformado por doce países, alegando que se “había convertido en un cómplice de la dictadura venezolana”. En su remplazo, Duque ha querido liderar el Grupo de Lima en el que participan gobiernos latinoamericanos que no han reconocido los últimos comicios en los que Maduro salió relecto presidente y, por el contrario, reconocen la legitimidad de la Asamblea Nacional de Venezuela, además de que proponen aumentar las sanciones económicas y diplomáticas contra el régimen de Maduro, las cuales terminan también, al final de cuentas, afectando al pueblo venezolano.

 

El gobierno colombiano ha desarrollado igualmente un fuerte cabildeo en la OEA, ONU, Unión Europea, Foro Económico Mundial y otros espacios internacionales, intentando darle piso político a su estrategia para “devolverle la democracia a Venezuela”. Ésta ha tenido por eje central conseguir el reconocimiento de Juan Guaidó como el nuevo presidente interino de Venezuela. El grupo de Lima, Estados Unidos y otro gran número de países le dieron entonces su respaldo a Guaidó con la esperanza de que a corto plazo –en cuestión de días decía Duque–, Maduro dejara el gobierno o sufriera la intervención de las Fuerzas Armadas venezolanas.

 

Pero no sucedió, no pasó nada, el Presidente de Venezuela encontró los recursos internos y externos para sostenerse, aunque el aislamiento y rechazo internacional del régimen bolivariano se amplió y la oposición venezolana ganó en espacio y protagonismo. Maduro ha aceptado recientemente que sus delegados se sienten de nuevo con los representantes de Guaidó, con el propósito de instalar “una mesa de trabajo continua y expedita” para llegar a “una solución acordada”. La decisión del gobierno de Maduro de volver a una negociación con la Oposición estaría reflejando que poco a poco las condiciones internas han ido cambiando en Venezuela y que la presión internacional va produciendo efecto. Podría decirse, entonces, que la política internacional del gobierno de Duque frente a Venezuela no le ha dado los resultados esperados en un principio, pero tampoco ha sido inocua o improductiva; en algo ha contribuido al cambio de situación a pesar de la negación de principios fundamentales para la convivencia pacífica entre Estados.

 

Los acuerdos de paz, sí pero no

 

En septiembre del año pasado Iván Duque debutó como presidente de Colombia en la Asamblea General de Naciones Unidas manifestando que “la paz es un objetivo de todos los colombianos”. Llegó al poder, con un país dividido prácticamente en partes iguales frente a los Acuerdos de Paz con las Farc, diciendo que haría modificaciones a esos acuerdos, las cuales en realidad no eran de poca monta. Pues una cosa es asegurar que “Este gobierno tiene un compromiso absoluto con que las personas que genuinamente le han apostado a la desmovilización, desarme, reinserción y reincorporación”, como lo hizo ante el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, y otra cosa, por ejemplo, son las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, parte sustancial de los Acuerdos firmados por el presidente Santos en nombre del Estado colombiano y no de un gobierno. Como se sabe, esas objeciones fueron rechazadas por el Congreso de la República, obligando al primer mandatario a firmar dicha ley en su versión original.

 

La comunidad internacional ha acompañado el proceso de paz. Las delegaciones de la Unión Europea y del Consejo de Seguridad de la ONU que han monitoreado los avances de los acuerdos han expresado su preocupación por el asesinato de excombatientes, cerca de 140, y el retraso de los proyectos de reincorporación, entre otros temas. Esta lectura es diferente a la expresada por el Secretario General de la OEA, por lo cual el movimiento ciudadano “Defendamos la Paz” le envió una carta reclamando por la percepción que tiene este organismo sobre la implementación de los Acuerdos, asegurando que no era cierto, como dijo Almagro, que el gobierno de Duque “ha hecho todo” por cumplir. La respuesta gubernamental no tardó, asegurando que el movimiento desconoce las “inmensas ejecutorias” de este gobierno comparadas con las del que lo antecedó. 

 

Queda claro que Duque ha tenido que incluir en su ejercicio diplomático temas que hubiese querido evitar, como el tema de la paz. En efecto, la política internacional está necesariamente ligada a la política interna, lo doméstico impone nuevas agendas a la política exterior. 

 

*Ingeniero. Consultor en Ciudades Inteligentes.

 


Artículos de esta edición:

 

Primer año: gobierno Iván Duque. Entre palabras y simulaciones

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37434-primer-ano-gobierno-ivan-duque-entre-palabras-y-simulaciones.html

Un año de medidas a favor de los poderosos

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37435-un-ano-de-medidas-a-favor-de-los-poderosos.html

"¿Quiren más paz? Aquí la tienen..."

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37440-quieren-mas-paz-aqui-la-tienen.html

 

Cosmología y vida cotidiana

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37437-cosmologia-y-vida-cotidiana.html

 

Los talibanes de San Francisco

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37438-los-talibanes-de-san-francisco.html

 


 

Publicado enColombia
Óscar Larrañaga, Movimiento de ciudad al atardecer, mixta sobre lienzo, 82 x 240 cm. (Cortesía del autor)

Consecuente con el discurso que agitó durante su campaña electoral y con los planteamientos de la coalición política que lo llevó al poder, así ha sido la  política internacional del presidente Iván Duque. Otra cosa han sido los resultados de tal política, que por ahora son bastante limitados, aunque su Gobierno todavía tiene tres años por delante. 

 

La orientación y diseño de la política internacional de Colombia es del fuero del Presidente de la República y, salvo por los enunciados generales, podría decirse que no existe una política internacional de Estado sino de gobierno. No sorprende entonces los virajes de la política de relaciones exteriores de un gobierno a otro, como ha sido el caso de Santos a Duque, reflejo a su vez de la polarización política que atraviesa el país. Desde luego, la política exterior también se mueve frente a un mapa geopolítico flexible y agitado como el de Estados Unidos, América Latina y también España, tratándose de los gobiernos y las regiones con las que tenemos mayor interrelación. Así, desde su posesión el 7 de agosto de 2018, en presencia de un número importante de homólogos que lo acompañaron, Iván Duque anunció las principales líneas de lo que sería su política exterior.

 

Sus prioridades

 

En primer lugar, el fortalecimiento de los lazos con Estados Unidos, privilegiando las relaciones bilaterales con el socio principal de Colombia. Históricamente las élites dirigentes han hecho de Colombia un aliado estratégico de los norteamericanos en América Latina. Sin embargo, el presidente Donald Trump venía expresando su disgusto por el aumento de la producción y exportación de narcóticos desde Colombia, lo cual podía desembocar en una crisis entre ambos países. Hoy, sin embargo, existe un terreno más favorable para las relaciones bilaterales por cuenta de las afinidades ideológicas entre Duque y Trump.

 

Dos, el rechazo al régimen de Daniel Ortega y las pretensiones territoriales de Nicaragua. Se trata de un punto muy álgido no sólo por el veredicto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que le amputó a Colombia una parte de su plataforma marítima, sino también porque desde los sectores más radicales del Centro Democrático se criticó al gobierno de Santos por la estrategia jurídica desarrollada ante esa instancia internacional, de la cual Colombia decidió retirarse. Por eso, Duque inició su agenda de visitas al país en San Andrés. 

 

En tercer lugar, el “asunto Venezuela”, un punto de honor para Duque, quien rompió con el gobierno de Maduro y decidió liderar una campaña internacional encaminada a facilitar el cambio de gobierno en el país vecino y hermano. En las reuniones de Duque con Trump, el Grupo de Lima y líderes de la Comunidad Europea, así como en sus intervenciones en la OEA y en el Foro Económico Mundial, así como en los viajes del Canciller para reunirse con numerosas personalidades del campo internacional, incluyendo el secretario de Estado Mike Pompeo de Estados Unidos, la crisis venezolana ha estado al centro de la agenda.

 

En otro registro, el Presidente colombiano también se refirió al desarrollo de los lazos comerciales con la comunidad internacional y la búsqueda de capital e inversores, señalando en particular la importancia de España en la materia. La visita a Colombia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez reiteró la importancia de ese país como socio económico. A su vez, en la visita a Chile en noviembre, el jefe de la diplomacia colombiana confirmó el interés y la importancia para Colombia de la Alianza del Pacífico.

 

Finalmente, precedido por el discurso provocador del presidente del Senado, Ernesto Macías, del Centro Democrático, contra todo el ejercicio de la administración Santos, Duque expresó de nuevo sus reparos al Acuerdo de Paz firmado con las Farc. El Presidente empezó así su mandato distanciándose del Acuerdo de Paz, un logro innegable del gobierno Santos también en materia de política exterior.

 

Para apuntalar esta agenda internacional el Presidente ha viajado oficialmente 17 veces al exterior, además de los numerosos desplazamientos de su canciller, Carlos Holmes. Estos viajes han suscitado críticas desde algunos sectores del país, aduciendo falta de planeación para los mismos, ausencia de liderazgo para sacar adelante los proyectos del gobierno ante el Congreso y los pocos resultados de estas giras, lo cual llevó al Canciller en días pasados a manifestar que hay una campaña internacional de desprestigio contra el presidente Duque. 

 

Un capítulo de esta política exterior merece ser destacado: el reconocimiento de Palestina como Estado soberano. Aunque el reconocimiento se dio al final del mandato Santos, la notificación al gobierno palestino se produjo recién posesionado Duque. Se inició entonces un debate mediático sobre la postura del gobierno colombiano pues el canciller Holmes anunció que examinaría cuidadosamente las implicaciones de tal reconocimiento en momentos en el presidente norteamericano había tomado graves medidas en contra de los intereses de Palestina. Se pensó entonces que la decisión del gobierno Santos sería reversada. Pero no sucedió así y Colombia pasó así a ser el último país de Suramérica en reconocer a Palestina como Estado.

 

Encontramos, por tanto, ciertos elementos de continuidad de la política exterior del gobierno precedente en política internacional, pero es claro el cambio de rumbo en otros asuntos clave de las relaciones internacionales: la lucha contra el narcotráfico, la agenda Venezuela y la política de paz llevada a los escenarios de la comunidad internacional.

 

Las Drogas, un dolor de cabeza para todos

 

La lucha contra las drogas sigue siendo el tema prioritario en las relaciones bilaterales Colombia-Estados Unidos a pesar de los esfuerzos de los gobiernos colombianos por “desnarcotizar” estas relaciones. En la primera reunión que sostuvieron los presidentes, Duque y Trump, la lucha contra las drogas ocupó el espacio central. Recordemos que el año anterior estas relaciones bilaterales corrían por mal momento e incluso el Presidente de los Estados Unidos amenazó con “descertificar” a Colombia si no lograba controlar el incremento de los cultivos ilícitos.

 

El gobierno del Presidente Santos pretendió darle una nueva lectura a la lucha contra las drogas, variando el enfoque represivo y prohibicionista con el que principalmente se ha tratado este grave problema. “Tenemos que avanzar en esta lucha con una mente más abierta. Tenemos que ser más inteligentes, más innovadores”, decía Santos en un período en que la comunidad internacional seguía atentamente al avance del Acuerdo de Paz con las Farc, las cuales financiaron en parte su guerra con los dineros del narcotráfico. Razón por la cual se aceptó la conexidad del delito de narcotráfico con el delito de rebelión.

 

Una nueva mirada se consideró necesaria bajo el gobierno de Santos para combatir el narcotráfico, entendiendo que los Estados afectados e involucrados tienen responsabilidad compartida y que en Colombia el fenómeno económico y social que lleva a ciertos sectores campesinos a cultivar la coca requiere de un tratamiento alternativo: incentivos a las familias campesinas cultivadoras de coca, para que la sustituyan por otros cultivos lícitos, y suspensión de las aspersiones aéreas con glifosato a cambio de la erradicación manual.

 

Sin embargo, la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca reveló que los cultivos ilícitos en Colombia habían alcanzado el número histórico de 209.000 hectáreas. El nuevo gobierno aprovechó el informe para cuestionar de nuevo los Acuerdos de Paz al plantear que el incremento de las hectáreas se había disparado a partir de que el gobierno Santos aceptó incluir en dichos acuerdos la propuesta de las Farc para que el Estado diese a las familias campesinas involucradas un aporte económico para la sustitución de los cultivos de coca, lo que se convirtió en un estímulo perverso. En la otra orilla, los partidarios de la erradicación manual y sustitución de cultivos, hicieron ver que todavía era muy pronto para decretar que esta estrategia no daba o no daría los resultados esperados. 

 

Luego de la primera reunión entre Duque y Trump, el presidente norteamericano se refirió nuevamente a la ineficiencia del gobierno colombiano para lograr la disminución de las áreas sembradas, declaraciones que generaron preocupación en el Gobierno y el establecimiento. Duque decidió dar un viraje a la política antidrogas diseñada durante el gobierno Santos y aunque reconoció que había de por medio un problema de salud pública con las comunidades que viven cerca de las zonas cocaleras, dispuso que el centro de gravedad de la lucha contra los cultivos ilícitos se basaría, principalmente, en la aspersión aérea con glifosato, junto con otras medidas. Inició así una campaña para que la Corte Constitucional revisara un veredicto que ordenaba al Consejo Nacional de Estupefacientes la suspensión del programa de aspersión aérea de glifosato sobre los cultivos de coca, marihuana y amapola, aunque hay que aclarar que dicha Sentencia se refería a un programa específico en un territorio indígena. Finalmente la Corte abrió la puerta para que, bajo ciertas condiciones, el Gobierno pueda hacer uso del glifosato en su estrategia anti-drogas. 

 

Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos han vuelto así a su cauce normal, al menos por ahora, tanto más que el Gobierno anunció recientemente que el ritmo de crecimiento de las hectáreas de coca cultivadas se había frenado y a su vez el Secretario de Estado norteamericano y el Ministro de Relaciones Exteriores colombiano anunciaron el compromiso mutuo para reducir a la mitad los cultivos ilícitos y la producción de cocaína para finales del 2023.

 

Venezuela, obsesión y desafío

 

Aunque el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la no intervención de un Estado en los asuntos internos de otro Estado, son principios de la ONU y la OEA, instancias de las que hace parte Colombia, lo cierto es que este principio del derecho público internacional es cada vez más violado, infortunadamente, o inevitablemente según las nuevas teorías para un mundo globalizado. Y no faltan los argumentos de unos y otros para justificar lo que al final de cuentas es injerencia en los asuntos internos de otro país.

 

Es así como ante la profunda crisis de Venezuela, cuyo actual modelo económico es un fracaso, con todas las implicaciones para su pueblo, y cuyo gobierno ha desembocado en un régimen político autoritario y populista, con todas sus derivas en violación de derechos humanos y libertades cívicas y políticas, más allá de ello y sin respetar su soberanía como Estado-nación, Duque ha liderado una cruzada internacional para aislar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y facilitar que se produzca una transición hacia un gobierno surgido de elecciones libres, según sus propias declaraciones. Este objetivo es ni más ni menos uno de los componentes prioritarios de la actual política exterior del presidente Duque, al cual le ha dedicado tiempo y esfuerzo, convirtiéndose al parecer en una suerte de obsesión y desafío personal.

 

Uno de los primeros pasos de Duque fue no nombrar embajador en Venezuela, rompiendo en la práctica las relaciones diplomáticas con este país, y nombrar embajador en Washington a Francisco Santos, cuyas declaraciones en favor de una intervención militar en Venezuela si fuese necesario generaron el rechazo de amplios sectores en Colombia. Duque endureció, junto con su canciller Carlos Holmes, su lenguaje contra Maduro, asumiendo la retórica del anti-castrochavismo de los sectores más radicales del Centro Democrático. 

 

De cara a la opinión pública nacional, el presidente Duque anunció el apoyo a la denuncia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, contra Maduro ante la Corte Penal Internacional, al tiempo que visitaba la frontera con Venezuela en medio de una campaña mediática prometiendo medidas económicas y sociales de emergencia ante la llegada de cientos de miles de venezolanos huyendo de la crisis de su país y anunciando la creación de un fondo multilateral humanitario de ayuda para paliar el fenómeno migratorio.

 

En la escena internacional Duque y su Canciller también han actuado con intensidad para afianzar el cerco diplomático y las sanciones contra el gobierno vecino: lo primero fue la visita de Duque al presidente Trump para alinear su estrategia contra el gobierno de Nicolás Maduro y de apoyo a sus opositores. A la vez, el Presidente ordenó el retiro de Colombia de Unasur, organismo suramericano conformado por doce países, alegando que se “había convertido en un cómplice de la dictadura venezolana”. En su remplazo, Duque ha querido liderar el Grupo de Lima en el que participan gobiernos latinoamericanos que no han reconocido los últimos comicios en los que Maduro salió relecto presidente y, por el contrario, reconocen la legitimidad de la Asamblea Nacional de Venezuela, además de que proponen aumentar las sanciones económicas y diplomáticas contra el régimen de Maduro, las cuales terminan también, al final de cuentas, afectando al pueblo venezolano.

 

El gobierno colombiano ha desarrollado igualmente un fuerte cabildeo en la OEA, ONU, Unión Europea, Foro Económico Mundial y otros espacios internacionales, intentando darle piso político a su estrategia para “devolverle la democracia a Venezuela”. Ésta ha tenido por eje central conseguir el reconocimiento de Juan Guaidó como el nuevo presidente interino de Venezuela. El grupo de Lima, Estados Unidos y otro gran número de países le dieron entonces su respaldo a Guaidó con la esperanza de que a corto plazo –en cuestión de días decía Duque–, Maduro dejara el gobierno o sufriera la intervención de las Fuerzas Armadas venezolanas.

 

Pero no sucedió, no pasó nada, el Presidente de Venezuela encontró los recursos internos y externos para sostenerse, aunque el aislamiento y rechazo internacional del régimen bolivariano se amplió y la oposición venezolana ganó en espacio y protagonismo. Maduro ha aceptado recientemente que sus delegados se sienten de nuevo con los representantes de Guaidó, con el propósito de instalar “una mesa de trabajo continua y expedita” para llegar a “una solución acordada”. La decisión del gobierno de Maduro de volver a una negociación con la Oposición estaría reflejando que poco a poco las condiciones internas han ido cambiando en Venezuela y que la presión internacional va produciendo efecto. Podría decirse, entonces, que la política internacional del gobierno de Duque frente a Venezuela no le ha dado los resultados esperados en un principio, pero tampoco ha sido inocua o improductiva; en algo ha contribuido al cambio de situación a pesar de la negación de principios fundamentales para la convivencia pacífica entre Estados.

 

Los acuerdos de paz, sí pero no

 

En septiembre del año pasado Iván Duque debutó como presidente de Colombia en la Asamblea General de Naciones Unidas manifestando que “la paz es un objetivo de todos los colombianos”. Llegó al poder, con un país dividido prácticamente en partes iguales frente a los Acuerdos de Paz con las Farc, diciendo que haría modificaciones a esos acuerdos, las cuales en realidad no eran de poca monta. Pues una cosa es asegurar que “Este gobierno tiene un compromiso absoluto con que las personas que genuinamente le han apostado a la desmovilización, desarme, reinserción y reincorporación”, como lo hizo ante el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, y otra cosa, por ejemplo, son las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, parte sustancial de los Acuerdos firmados por el presidente Santos en nombre del Estado colombiano y no de un gobierno. Como se sabe, esas objeciones fueron rechazadas por el Congreso de la República, obligando al primer mandatario a firmar dicha ley en su versión original.

 

La comunidad internacional ha acompañado el proceso de paz. Las delegaciones de la Unión Europea y del Consejo de Seguridad de la ONU que han monitoreado los avances de los acuerdos han expresado su preocupación por el asesinato de excombatientes, cerca de 140, y el retraso de los proyectos de reincorporación, entre otros temas. Esta lectura es diferente a la expresada por el Secretario General de la OEA, por lo cual el movimiento ciudadano “Defendamos la Paz” le envió una carta reclamando por la percepción que tiene este organismo sobre la implementación de los Acuerdos, asegurando que no era cierto, como dijo Almagro, que el gobierno de Duque “ha hecho todo” por cumplir. La respuesta gubernamental no tardó, asegurando que el movimiento desconoce las “inmensas ejecutorias” de este gobierno comparadas con las del que lo antecedó. 

 

Queda claro que Duque ha tenido que incluir en su ejercicio diplomático temas que hubiese querido evitar, como el tema de la paz. En efecto, la política internacional está necesariamente ligada a la política interna, lo doméstico impone nuevas agendas a la política exterior. 

 

*Ingeniero. Consultor en Ciudades Inteligentes.

 


Artículos de esta edición:

 

Primer año: gobierno Iván Duque. Entre palabras y simulaciones

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37434-primer-ano-gobierno-ivan-duque-entre-palabras-y-simulaciones.html

Un año de medidas a favor de los poderosos

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37435-un-ano-de-medidas-a-favor-de-los-poderosos.html

"¿Quiren más paz? Aquí la tienen..."

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37440-quieren-mas-paz-aqui-la-tienen.html

 

Cosmología y vida cotidiana

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37437-cosmologia-y-vida-cotidiana.html

 

Los talibanes de San Francisco

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37438-los-talibanes-de-san-francisco.html

 


 

El presidente de Palestina, Mahmud Abás. - EFE

 

El presidente de la Autoridad Palestina insinúa que podría abandonar la gestión de algunos servicios como los de salud y devolver toda la responsabilidad a Israel.

 

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, ha renunciado este miércoles a los Acuerdos de Oslo y a cualquier otro firmado desde entonces, como consecuencia de la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de reconocer Jerusalén como capital de Israel.

"La decisión sobre Jerusalén nos libera de todo acuerdo que hayamos firmado. Por ejemplo los Acuerdos de Oslo. Los firmamos, pero ahora ya no son vinculantes para nosotros", ha declarado Abás durante la cumbre extraordinaria de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) en Estambul.

Los Acuerdos de Oslo, firmados en septiembre de 1993, pretendían establecer la ruta del proceso de paz entre israelíes y palestinos y han marcado los siguientes pactos firmados entre ambas partes. Entre otras cosas, establecieron el reconocimiento internacional de la Autoridad Palestina como cuerpo administrativo en Cisjordania y Gaza, y pusieron la base para la colaboración administrativa entre el Gobierno israelí y organismos palestinos en los territorios ocupados. El apretón de manos de entonces entre Yaser Arafat y Yizhak Rabin despertó muchas ilusiones, desvanecidas hoy debido a la pasividad de Estados Unidos y la comunidad occidental.

Abás ha insinuado que podría abandonar asuntos administrativos civiles, como los servicios de salud, y devolver toda la responsabilidad a Israel. "Nosotros no tenemos autoridad. ¿Por qué deberíamos responsabilizarnos? Ustedes son el Estado ocupante", ha dicho. "Ya no estamos comprometidos con ningún acuerdo, desde el de Oslo hasta hoy", ha insistido el mandatario palestino en un discurso en la cumbre en el que anunció el fin del papel de EEUU como mediador en el conflicto por su inclinación a favor de Israel.

"Jerusalén es y siempre será la capital de Palestina", ha incido Abás, que también ha indicado que la decisión de Trump viola el derecho internacional y "cruza todas las líneas rojas" justo en un momento "en el que pensamos que podríamos trabajar juntos para una paz amplia". "Trump ha hecho lo contrario. Ha provocado a todo el mundo", ha lamentado.

El presidente palestino ha adelantado además que tratará de que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe una resolución que anule el anuncio del presidente estadounidense. También ha pedido que se impongan sanciones o presiones económicas contra Estados Unidos. "La decisión de Trump ofrece Jerusalén a Israel como regalo, algo unilateral, como si les regalara una ciudad estadounidense", ha agregado. "La decisión reforzará a grupos extremistas para transformar un conflicto político en uno religioso. Que así sea. El mundo sufrirá las consecuencias y debe asumir la responsabilidad", ha advertido Abás.

 

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"Honorables jueces, Slobodan Praljak no es un criminal de guerra y acepto su veredicto con absoluta repulsión, sostuvo ayer el ex general bosnio-croata, tras lo cual ingirió una sustancia venenosa en plena sesión del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia.

 

La Haya.

Honorables jueces, Slobodan Praljak no es un criminal de guerra y acepto su veredicto con absoluta repulsión, afirmó este miércoles el ex general bosnio-croata, de 72 años, para de inmediato ingerir veneno, luego de escuchar su sentencia a 20 años de prisión por crímenes de guerra perpetrados durante el conflicto que llevó a la desintegración de Yugoslavia (1992-1995).

El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY), instalado en La Haya, suspendió en ese momento la sesión. Los magistrados daban lectura a las condenas en contra de seis ex dirigentes y jefes militares bosnio-croatas, entre ellos Praljak.

Uno de los seis acusados (Praljak), murió en el hospital HMC. Bebió un líquido y enfermó rápidamente, confirmó Nenad Golcevski, vocero del TPIY, que no mencionó el nombre del suicida.

Praljak era custodiado por guardias del tribunal, por lo que no queda claro qué tipo de sustancia ingirió, cómo la adquirió e introdujo a la sala fuertemente vigilada. Su abogada, Natasa Favo Ivanovic, aseguró que ingirió veneno, pero no dio más detalles.

Carmel Agius, presidente de esta corte, corroboró que la policía holandesa abrió una investigación por este hecho y parte de las instalaciones del tribunal quedarán resguardadas. La audiencia se reanudó más tarde y los cinco croatas restantes escucharon la ratificación de sus sentencias de entre 10 a 25 años de cárcel.

Uno de los principales condenados es el ex dirigente de los croatas de Bosnia, Jadranko Prlic, quien recibió 25 años de prisión por el traslado de poblaciones musulmanas y por haber perpetrado asesinatos, violaciones y destrucción de propiedades para crear la gran Croacia.

Los veredictos de este miércoles eran los últimos del TPIY tras 24 años de trabajo en los que sentenció a los principales responsables por los crímenes perpetrados durante la guerra de Bosnia-Herzegovina, que causó más de 100 mil muertos y dejó 2.2 millones de desplazados. Una semana antes se había dictado cadena perpetua al ex militar serbio-bosnio Ratko Mladic por crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.

 

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Viernes, 17 Noviembre 2017 08:05

Cumbre del Cambio Climático

Una réplica de la estatua de la libertad emitiendo humo por la antorcha, creada por el artista danés Jens Galshiot y montada en el parque Rheinaue durante la COP 23.

 

La ONU pedirá mayor compromiso a los países industrilizados

 

La penúltima jornada de la Conferencia del Clima de la ONU (COP23) en Bonn estuvo marcada por discursos de gran parte de los representantes de los 195 países que negocian un manual de reglas para la puesta en práctica del histórico Acuerdo de París contra el cambio climático.

El Grupo de los 77 y China realizaron un balance provisional positivo de las negociaciones de la conferencia del clima de la ONU (COP23) en Bonn, pero alertó que aún sigue esperando un mayor compromiso financiero por parte de los países industrializados. “Hay muchos resultados positivos, uno muy importante es la creación de la plataforma para pueblos indígenas y comunidades locales", señaló la canciller de Ecuador y portavoz del grupo, María Fernanda Espinosa.

"También tuvimos éxitos como grupo en la labor sobre el capítulo de pérdidas y daños, en cómo evaluar y cuantificar las pérdidas y daños de los efectos del cambio climático en el sur global", prosiguió Espinosa en rueda de prensa. La titular de la diplomacia ecuatoriana, sin embargo, identificó como uno de los principales problemas en las negociaciones el tema de la financiación climática.

"Siempre la pata débil de la convención son los medios de implementación. No sólo el acceso al financiamiento y recursos, sino también a la transferencia de tecnología y al desarrollo de capacidades" para mejorar la resiliencia de los Estados vulnerables. "Concretamente estamos pidiendo que llenen la caja del fondo de adaptación", en la que hasta ahora han ingresado 6000 millones de dólares, a los que además se tiene difícil acceso, dijo. La cifra es muy inferior a los 100.000 millones de dólares anuales que los países desarrollados se comprometieron a movilizar anualmente para ayudar a los más vulnerables a enfrentar el cambio climático. "Hay una gran brecha", se lamentó.

Espinosa se mostró optimista sobre los resultados que arrojará esta 23 conferencia, encargada de confeccionar el manual de reglas para la implementación de los compromisos del Acuerdo de París firmado en diciembre de 2015. "Creo que finalmente vamos a cerrar con un gran documento para un plan de acción para el Acuerdo de París. Las discusiones están un poco empantanadas por reparos del grupo africano, pero creo que hallaremos una solución", manifestó. "Tenemos un documento de gran volumen y la idea es condensarlo hasta la COP24 (de 2018 en Polonia) para que sea más fácil de implementar", concluyó.

 

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ANC: Hasta 20 años de prisión para quienes promuevan “delitos de odio”

 

Este miércoles la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, que castigará con penas de hasta 20 años de cárcel a quienes sean hallados culpables de promover “delitos de odio“.

“Quien públicamente (...) incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político (...) será sancionado con prisión de 10 a 20 años”, establece el artículo 20 de la citada ley.

Asimismo, creó penas dirigidas a los medios de comunicación: será sancionado el prestador de servicio de radio o televisión que difunda mensajes que “constituyan propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial, religioso, político o de cualquier otra naturaleza”.

El texto establece multas para las personas jurídicas responsables de redes sociales y medios electrónicos que no retiren en un plazo de seis horas mensajes de “odio”.

Habrá sanciones de hasta 4% de sus ingresos fiscales brutos a aquellos dueños de medios que se nieguen a publicar contenidos de promoción de la “tolerancia”

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Wilbur Ross, secretario estadunidense de Comercio e íntimo amigo del presidente Donald Trump, tiene una inversión que ha recibido decenas de millones de dólares en ingresos desde 2014, de una empresa rusa cuyo copropietario es yerno del mandatario ruso, Vladimir Putin. Esto quedó al descubierto en los Papeles del Paraíso, masiva filtración sobre la red financiera offshore revelada por el Consorcio Internacional de Periodistas.

 

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En imagen de archivo, Rex Tillerson, secretario estadunidense de Estado, aparece en las listas de políticos millonarios con fortunas en paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos / Foto Afp

 

Nueva filtración masiva amplía la lista de multimillonarios que evaden al fisco

 

Una filtración masiva de más de 13 millones de archivos desnudó parcialmente a los emperadores del dinero, al revelar parte del sistema financiero secreto de ricos y poderosos; desde integrantes del gabinete de Donald Trump, del gobierno brasileño, el presidente y premio Nobel Juan Manuel Santos, de Colombia, entre unos 120 políticos de diversas partes del mundo, hasta empresarios multimillonarios o estrellas de la música, como Bono, empresas como Apple e incluso la reina de Inglaterra, que recurren a paraísos fiscales y otros mecanismos para ocultar sus fortunas y evitar el pago de impuestos en sus países.

La masiva filtración sobre la red financiera offshore dada a conocer en los Papeles del Paraíso (Paradise Papers) por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés) sacudió este domingo a miles de clientes de la élite mundial –tanto del ámbito político como del empresarial–, ya que el punto de todo este sistema, y lo que vende al club exclusivo que mueve billones de dólares por este sistema es, sobre todo, el secreto.

Entre las primeras revelaciones, más de una docena de secretarios de gabinete, asesores y donantes de Trump fueron identificados como participantes en este sistema. Wilbur Ross, secretario de Comercio e íntimo amigo del presidente, por ejemplo, tiene una inversión en la empresa de transporte marítimo Navigator, que ha recibido decenas de millones de dólares en ingresos desde 2014 de una empresa energética rusa, Sibur, cuyo copropietario es yerno de Vladimir Putin. Todo esto en momentos en que se acelera la investigación sobre las relaciones del círculo de Trump con intereses ligados al Kremlin.

Más aún, en los documentos se encontraron pistas para vincular a inversionistas rusos ligados al gobierno que indirectamente invirtieron en Twitter y Facebook, lo que echa más combustible a la controversia sobre la intromisión rusa en el proceso político estadunidense. Y hay más: uno de esos inversionistas rusos invirtió 850 mil dólares en Cadre, una empresa de bienes raíces cofundada por Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Trump.

Otros miembros del círculo Trump que están involucrados en este sistema offshore son Rex Tillerson, ahora secretario de Estado, y Gary Cohn, asesor económico en jefe del presidente, y actualmente vigilante del sector financiero en la Reserva Federal, y Jon Huntsman, el nuevo embajador de Estados Unidos en Rusia, entre otros. Supuestamente todos están dedicados a poner a “América primero”, el lema de Trump, como su promesa de hacer regresar las inversiones y los empleos del extranjero a este país. Tal vez nadie le avisó al gabinete.

Pero también hay demócratas, como la ex secretaria de Comercio Kenny Pritzker y el multimillonario George Soros, entre otros.

A la vez, en los archivos aparece toda una gama de personajes, como la empresa en Bermudas de Marcial Maciel Degollado, fundador de los Legionarios de Cristo; los intereses ocultos del mayor recaudador de fondos electorales para el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; inversiones de la monarquia británica y hasta de la reina Noor, de Jordania; del ministro de Finanzas de Brasil, Henrique de Campos Meirelles; del ex general y ex comandante de la OTAN Wesley Clark, entre cientos más.

También hay transacciones de ricos, como los yates y submarinos del cofundador de Microsoft Paul Allen; las inversiones de Pierre Omidyar, fundador de eBay; las acciones de Madonna en una empresa médica, y las de Bono (con su nombre real Paul Hewson) en una empresa maltesa que invirtió en un centro comercial en Lituania.

Los archivos provienen de dos empresas especializadas en ofrecer servicios financieros de este tipo para la élite económica internacional y de 19 registros gubernamentales de jurisdicciones que sirven como paraísos fiscales. La filtración fue obtenida por el rotativo alemán Suddeutsche Zeitung y compartida con el ICIJ, una red de 381 periodistas y 96 medios en 67 países, muchos de los cuales examinaron los 13.4 millones de archivos durante un año. Este domingo empezaron a presentar el resultado de este esfuerzo a través de medios asociados al consorcio. El ICIJ fue el responsable de los Papeles de Panamá divulgados en 2016, y este nuevo esfuerzo amplía lo revelado el año pasado.

El ICIJ, en la presentación de los documentos, afirma que los paraísos fiscales ofrecen un sistema para ocultar, o por lo menos dificultar, el rastreo de fondos a sus dueños. Aunque subraya que por ahora nada de lo descubierto es necesariamente ilegal, este sistema obviamente atrae tanto a los que mueven fondos lícitos, como a los que desean ocultar fondos ilícitos (narcotraficantes, blanqueadores de dinero y corruptos). A la vez, sirven como mecanismos para lograr que billones de dólares no sean sujetos a impuestos, y con ello privan de fondos a tesorerías nacionales.

Hay un grupo pequeño de personas que no son sujetas a las leyes como el resto de nosotros, y eso es a propósito, declaró al ICIJ Brooke Harrington, profesora de la Escuela de Negocios de Copenhage y autora del libro Capital sin fronteras. Puntualizó que cuando los ricos se vuelven más ricos, los pobres se hacen más pobres, porque individuos ricos no están pagando su parte justa de los impuestos y eso está profundizando la desigualdad de la riqueza.

La mayoría de los documentos filtrados provienen del bufete especializado Appleby, junto con Estera (que antes operaban bajo el mismo nombre), donde la mayoría de los clientes, unos 31 mil, están registrados en Estados Unidos. Los cerca de 7 millones de documentos que provienen de Appleby cubren desde 1950 hasta 2016, incluyendo todo tipo de transacciones, recibos, declaraciones bancarias y correos electrónicos que involucran a unas 25 mil empresas offshore vinculadas a personas en 180 países, incluido México. La empresa tiene su sede en Bermudas, con oficinas en Hong Kong, Shanghai, Islas Caimán e Islas Vírgenes.

Otros archivos en la filtración provienen de la empresa Asiaciti Trust, especializada en negocios offshore, con sede en Singapur, pero con sucursales en varios países, desde Asia hasta el Caribe.

Además de políticos y ricos, o ambas cosas, los archivos también revelan maniobras aparentemente legales de megaempresas para trasladar fondos y evitar impuestos. Además de Apple, otros clientes empresariales de Appleby incluyen a Nike, Uber, el conglomerado de construcción del Medio Oriente, Grupo Saad, así como la masiva empresa mercantil Glencore y la firma que opera la planta nuclear de Fukushima, en Japón.

Entre los latinoamericanos en la lista, están Alejando Gertz Manero, ex secretario de Seguridad Pública entre 2000 y 2004, quien está identificado como vicepresidente de Jano, Ltd, empresa en las Islas Caimán, a partir de febrero de 1998, poco antes de ser nombrado jefe de la policía del entonces Distrito Federal. Otros: Blairo Borges Maggi, ministro de Agricultura de Brasil; José María Figueres, ex presidente de Costa Rica, y Carlos Quintanilla Schmidt, ex vicepresidente de El Salvador, entre otros.

Estos nombres se agregan a la lista revelada por los Papeles de Panamá de los usuarios de los paraísos fiscales, entre los cuales figuraban Mauricio Macri, presidente de Argentina, y numerosos ex secretarios y funcionarios de varias partes de América Latina.

Se espera que en los próximos días, al divulgarse más información analizada por el ICIJ, se ampliarán las listas de los empresarios, estrellas y políticos tanto de América Latina como de otras regiones del mundo. (Para la lista interactiva de políticos a escala mundial en los Papeles del Paraíso así como los de los Papeles de Panamá).

ICIJ promete que cada día durante la próxima semana se presentarán más análisis y datos de la información recaudada en la masiva filtración. (Para consultar los materiales, descripciones de los fondos y las empresas identificadas, y un video en inglés sobre los Papeles del Paraíso).

 

 

 

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Varios clientes repostan sus vehículos en una gasolinera de Petróleos de Venezuela en Caracas.

 

La Guardia Civil ha realizado los cuatro arrestos a petición de las autoridades de EE UU, que los acusa de blanqueo y corrupción

 

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido en los dos últimos días en Madrid a un ex alto cargo del Gobierno venezolano de Hugo Chávez y a tres antiguos directivos de empresas públicas del mismo país después de recibir una orden internacional de arresto dictada por las autoridades de EE UU. Se trata de Nevis Gerad Villalobos, quien fuera viceministro de Energía; Luis Carlos de León Pérez, César David Rincón Godoy y Rafael Reiter Muñoz, según han confirmado a EL PAÍS fuentes jurídicas y del Ministerio del Interior. Los cuatro llevaban tiempo asentados en España. El titular del Juzgado Central de Instrucción 2, Ismael Moreno, ya ha enviado a prisión a los tres primeros -los que fueron detenidos el jueves- y en las próximas horas tomará una decisión sobre el cuarto.

La petición de detención ha partido de un tribunal de Texas, que los investiga por su supuesta relación con actividades de blanqueo de capitales y corrupción en EEUU realizadas a través de la oofcina de compras en este país de la compañía estabal Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Supuestamente, todos ellos participaron en el desvío de grandes cantidades de dinero mediante la emisión de facturas falsas o infladas. Los fondos acabaron presuntamente en depósitos en Suiza. En la investigación ha participado la agencia estadounidense Homelan Security of Investigation (HSI-ICE) y ha sido ejecutada en España por agentes del Grupo de Huidos de la Justicia de la UCO.

Los cuatro exaltos cargos venezolanos detenidos el jueves Madrid son conocidos en Venezuela como parta de la Boliburguesía chavista, una casta de empresarios que se enriqueció en medio de la bonanza petrolera más generosa de la historia republicana de este país.

El más relevante es Nervis Villalobos porque ocupó el viceministerio de desarrollo eléctrico entre 2001 y 2006 y fue responsable de los planes de aumento de la generación eléctrica. Residenciado desde hace varios años en España, su nombre ha quedado asociado al más grande escándalo de corrupción en el sector eléctrico de la era chavista. Aprovechando la crisis del sector en 2010, Villalobos fue uno de los funcionarios del régimen que permitió que ese año un grupo de inexperimentados jóvenes, conocidos como Los Bolichicos, obtuviera millonarios contrarios para construir con sobreprecios plantas eléctricas.

Rafael Reiter, detenido hoy, fue hombre de confianza de Rafael Ramírez, poderoso presidente de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela (Pdvsa) durante la gestión del fallecido Hugo Chávez. En 2007 fue el encargado de colocar en una maleta 800 mil dólares que Chávez envió para la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Guido Antonini, otro empresario con negocios en el chavismo, se hizo responsable del equipaje cuando llegó a su destino en Buenos Aires. El escándalo marcó la campaña presidencial de Argentina en aquel año. Reiter fue también gerente de Prevención y Control de Pérdidas de Pdvsa, la policía interna de la organización.

Luis Carlos de León y César Rincón, los otros dos detenidos, eran hombres de confianza del expresidente de la Electricidad de Caracas, Javier Alvarado, también reclamado por las autoridades. Alvarado. Durante su gestión en esa empresa, estatizada por Chávez en 2007, los miembros de la comisión de licitaciones eran presionados para que otorgaran contratos a las empresas preferidas de Alvarado.

 

 

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Sábado, 14 Octubre 2017 07:47

Venezuela tiene una Corte paralela

El Tribunal paralelo funcionará fuera del país y no tendrá competencias reales.

 

El secretario de la OEA respaldó el acto de asunción, que fue rechazado por los embajadores de los estados miembros. El Tribunal oficial calificó el hecho de “golpe judicial” y pidió al resto del mundo rechazar “estas acciones conspirativas”.

 

A dos días de las elecciones en Venezuela, un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) paralelo empezó a funcionar ayer, con el amparo del secretario de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, y el rechazo de los embajadores de los países miembros del organismo supranacional, que no asistieron al acto. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela calificó el hecho de “golpe judicial” y pidió a los países del mundo rechazar “estas acciones conspirativas, que dan pie a la anarquía en la delicada práctica del derecho internacional”.

Este tribunal paralelo fue elegido por el Parlamento, de mayoría opositora, y funcionará en tres sedes fuera del país, sin competencias reales y con sus integrantes buscados por la Justicia venezolana.

El titular de este TSJ paralelo, Miguel Ángel Martín, encabezó el acto en el que se instaló el cuerpo en el Salón de las Américas de la OEA. El Supremo opositor celebró, además, su primera sesión de trabajo en el Salón Miranda de la sede del organismo continental y la semana próxima hará otra Colombia. Aunque los jueces harán base en una oficina privada, Martín aseguró que habrá otras sesiones en las instalaciones de la OEA, donde se congregaron opositores y simpatizantes antichavistas, y remarcó que las cuestiones de derechos humanos y la necesidad de “una apertura de un canal humanitario” serán claves para el Tribunal.

Almagro resumió el rol futuro del cuerpo: “Los magistrados tienen la fundamental tarea de dar sentido a la Justicia nuevamente en el país, una Justicia que ha sido esquiva para los venezolanos, inexistente para los venezolanos, definitivamente atropellada por los abusos y arbitrariedades del régimen”, dijo. Para el ex canciller uruguayo, el TSJ oficial es “hijo de la Asamblea Nacional Constituyente y definitivamente está deslegitimado por sus acciones contra la democracia, sus abusos y arbitrariedad contra el Estado de derecho y los derechos humanos”.

El Tribunal instalado ayer en la OEA es fruto de la designación, en julio, de 33 integrantes por parte de la opositora Asamblea Nacional, que cuestiona al TSJ original porque sus miembros fueron nombrados con la composición vieja del legislativo, dos días antes del recambio de bancas, y lo considera al servicio del gobierno de Nicolás Maduro.

Casi de inmediato, desde Caracas llegó la réplica del Tribunal oficial, que consideró un “golpe judicial” la instalación del cuerpo paralelo, y reivindicó “la defensa de la soberanía y de las instituciones” venezolanas.

En un texto firmado por el titular del máximo tribunal, Maikel Moreno, el TSJ adelantó que revisará “con profundidad las relaciones y el principio de reciprocidad con las naciones que intenten legitimar la acción criminal e ilegal de un grupo de usurpadores que pretenden promover acciones golpistas e intervencionistas en contra de la Justicia venezolana”.

“Cualquier tipo de legitimación por alguna nación en reconocimiento de ese grupo usurpador, solo traerá consecuencias negativas a los procedimientos en materia penal, tratados internacionales, acuerdos mutuos en materia judicial, convenios multilaterales”, prosigue el comunicado oficial.

El Poder Judicial venezolano, alineado con el oficialismo, llamó “apátridas y mercenarios de la Justicia” a los magistrados opositores que, consideran, “deben ser perseguidos no sólo por los organismos del país, sino por las instituciones del mundo”.

La cuestión judicial tuvo otro capítulo fuera del territorio nacional: la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz anunció ayer que tiene listo un expediente que presentará ante la Corte Penal Internacional para denunciar al Estado venezolano por violaciones de los derechos humanos. Ortega habló al final de un encuentro que tuvo en Ginebra con el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, con quien debatió la situación en Venezuela y las elecciones regionales del domingo.

Ortega Díaz es una chavista que se fue alejando del oficialismo, hasta ser destituida por la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora reside con su esposo en Colombia. “He decidido empezar a sacar todas estas pruebas, o parte de ellas, porque me voy a reservar muchas para ver en qué oportunidad las voy a sacar”, adelantó.

El miércoles, Ortega Díaz publicó en su cuenta de Twitter un video en el que aparece un ex presidente de la constructora Odebrecht en Venezuela declarando supuestamente ante autoridades judiciales de Brasil que había entregado 35 millones de dólares para la campaña electoral de Maduro.

 

 

 

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Un tiroteo en un festival de música country en Las Vegas deja veinte muertos y cien heridos.

 

El ataque se ha producido durante el festival de música country Route 91. Harvest. El tirador, que según la Policía actuó solo, ha sido abatido.

 

LAS VEGAS / WASHINGTON 02/10/2017 08:28

Un tiroteo durante el festival de música Route 91. Harvest en Las Vegas ha causado al menos 50 muertos y 200 heridos. Se convierte en el tiroteo más mortífero de la historia de Estados Unidos eclipsando la matanza de 49 personas del año pasado en un club nocturno de Orlando.

La Policía de Las Vegas, a través de su cuenta en Twitter, informó poco después del ataque que ha abatido al sospechoso del tiroteo en la explanada del hotel Mandalay Casino. El jefe de la Policía, Joe Lombardo, indicó el presunto autor, que llevó a cabo su ataque desde el piso 32 de un hotel cercano, ha sido identificado.

Según recoge Reuters, la Policía de Las Vegas ha confirmado que el tirador actuó sólo y no se cree que esté conectado con ningún grupo armado. Además, las autoridades buscan a una mujer asiática que se trataría de la compañera de habitación del sospechoso.

El suceso ha ocurrido alrededor de las 22:00 (hora de Las Vegas) cuando se celebraba un festival de música country en la explanada situada frente al casino. "Estaban disparando desde algún punto alto. Estaban descargando bala tras bala", ha contado uno de los asistentes a la cadena local KSNV News.

Según los testigos, hacia esa hora se escucharon largas ráfagas de disparos efectuados con algún fusil semiautomático, que provocaron el pánico entre los asistentes y que continuaron incluso después de que la banda del artista dejara de tocar.

Numerosas ambulancias y vehículos policiales llegaron al lugar y las víctimas fueron trasladadas al University Medical Center y el Sunrise Hospital Medical Center. Aparte de decenas de coches policiales, las autoridades desplegaron también un equipo de agentes especiales de acción rápida (SWAT) para dar con el autor o autores del ataque.

La zona ha sido acordonada y el aeropuerto de Las Vegas ha anunciado que los vuelos con origen y destino en el mismo han sido cancelados a la espera de que la situación se normalice. Un reportero ha informado de que las personas que asistían al concierto buscaron refugio en uno de los hoteles cercanos, entre los que está el Mandalay Casino.

 

 

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