Sábado, 30 Noviembre 2019 08:13

Chile: cómo se dañó la fiesta

Chile: cómo se dañó la fiesta

En las últimas décadas, Chile se ha convertido en un modelo a seguir por otros países de latinoamérica y el mundo. Con un PIB per cápita que sobrepasa los 25 mil dólares, se cumple sin embargo el adagio del poeta Nicanor Parra: “Hay dos panes. Usted se come dos. Yo, ninguno. Consumo promedio: un pan por persona”. Una gran mole de lucrativos negocios descansaba sobre una fractura social. El cimiento podía romperse. Y se rompió.

 

Martes 8 de octubre

 

Cuatro días después de que el Ministerio de Transportes anunciara una nueva alza para este año de la tarifa del Metro de Santiago, el presidente Sebastián Piñera brindaba una entrevista a la televisión y decía: "En medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile, nuestro país: es un verdadero oasis, con una democracia estable" 1 . Aunque probablemente no lo sabía en ese momento, el día anterior, lunes 7 de octubre, se había desarrollado en la Estación Universidad de Chile un evento en apariencia insignificante: una jornada de evasión para responder a esta alza, convocada por estudiantes del Instituto Nacional --el colegio público más antiguo de Chile.

"Los estudiantes del Instituto webiando otra vez", probablemente pensó el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri ese lunes. Aunque había allanado varias veces el colegio durante el año persiguiendo a estudiantes "violentistas" y había introducido el humo de las lacrimógenas dentro de los salones en plena clase, no había logrado extinguir el foco de desorden. Este mismo tratamiento lo había extendido a una decena de colegios (a cargo de la municipalidad desde la época de Pinochet), pero lo único que había logrado era instalar escenas de persecución en las calles de la comuna y a acostumbrar a los vecinos a las pedreas y al humo de las bombas lacrimógenas.

Según la versión de un portal noticioso digital2, fue una página de Instagram de estos estudiantes (que anuncia en su presentación "molestamos a fuerzas especiales [equivalente al Esmad de Colombia] pk nos sitiaron") la que llamó a la primera jornada de evasión masiva y la que luego fue documentando cada jornada sucesiva.

Lo que podría haber sido una nueva sucesión de manifestaciones de estudiantes y de la respectiva persecución violenta por parte de Carabineros enviados por el Alcalde fue sobrepasando el radio de la comuna de Santiago, hasta que el martes 15 de octubre se produjo una gigantesca jornada de evasión masiva y violenta represión, que terminó con el cierre de varias estaciones del metro. Ese día la situación "se instaló como preocupación en La Moneda [Palacio de gobierno] y en las policías. Entre el 7 y el 15 de octubre se registraron 52 casos de evasiones masivas"3.

El jueves 17 la espiral evasión-represión-más evasión-más represión se había extendido a toda la red del metro. Se cerraban estaciones, pero los pasajeros tumbaban las puertas, y se producían serios incidentes y destrozos tanto fuera como dentro de muchas estaciones. En varias de las estaciones terminales se producían grandes manifestaciones y enfrentamientos con carabineros. Aunque por dos semanas las acciones de represión no habían surtido efecto y a la inversa había producido una respuesta mayor, desde el Palacio de Gobierno Rodrigo Ubilla, subsecretario del Interior, declaró que los evasores "son violentistas" y "grupos de delincuentes que se coordinan a través de las redes sociales"4, y amenazó a los padres de los evasores con hacerlos responsables de los daños, implicando tácitamente que esos “delincuentes” eran estudiantes.

En un comunicado, los trabajadores del metro emplazaron al gobierno "a no abordar este problema desde un punto de vista delictual"5, y el presidente del Sindicato propuso que "las estaciones no se cierren, porque eso genera un mayor descontento y mayores niveles de violencia contra otros trabajadores"6. Ubilla contestó: "Aquel que legítima la violencia y la delincuencia tiene una posición condescendiente con esos grupos"7.

Desde la mañana del viernes 18, diversas personalidades políticas comenzaron a cerrar filas detrás del gobierno, declarando que "la evasión es delincuencia" y llamando "a ser muy duro" con los "violentistas", mientras el Fiscal Nacional, Jorge Abott, denunciaba que "delincuentes son los que están dirigiendo las evasiones"8. La política que había empleado el alcalde de Santiago tenía plena continuidad en las distintas esferas del Estado. El sindicato del Metro advertía: "el gobierno está apagando el fuego con bencina [gasolina]"9.

El despliegue de las Fuerzas Especiales y sus procedimientos no lograron apagar el fuego, sino que efectivamente lo alimentó. En el curso del día se sucedieron los choques, abaleos con perdigones, incendios, lacrimógenas y finalmente al caer la tarde, barricadas en la Alameda (principal avenida de Santiago) y en las afueras de varias estaciones importantes. Se produjeron incendios en varias estaciones y saqueos en algunos locales comerciales. Saldo del día: todo el sistema del metro fuera de servicio, 77 estaciones afectadas. El sistema del metro terminó por colapsar y se anunció que no funcionaría durante el fin de semana.


En la noche del viernes el gobierno decretó estado de emergencia en la región de Santiago, trasladó de emergencia personal de carabineros de otras zonas a la capital y sacó al ejército a las calles. Aunque era difícil escalar aún más la situación, el gobierno lo logró, pues esta medida "pacificadora" consiguió que el fin de semana la protesta y la represión se intensificaran. Con ríos de gente en las calles, los disturbios se esparcieron por toda la ciudad y se extendieron a Valparaíso y Viña. Aunque el sábado el jefe de zona en Santiago decidió decretar toque de queda, los saqueos en supermercados, bodegas y farmacias se produjeron por centenares, acompañados de incendios en trenes y estaciones del metro, y se produjeron las primeras muertes.

Los funcionarios del gobierno, los políticos, los periodistas, miraban pasmados la televisión: El oasis del multimillonario presidente Sebastián Piñera ardía.

 

Domigo 20 de octubre

 

El domingo 20 de octubre el presidente se dirigió por televisión a la ciudadanía anunciando sombríamente que "estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite"10. No se trataba ya de estudiantes-delincuentes, sino del enemigo de una guerra.

En el transcurso de ese día empezó a circular por redes un audio de la esposa del presidente, Cecilia Morel, que muestra con mayor transparencia la sensación que se había apoderado del gobierno: "lo que viene es muy, muy, muy grave. Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento, de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados. Es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma y llamemos a la gente de buena voluntad que aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás"11.

¿Qué podía explicar el incendio del oasis? Sólo un poderoso, inescrupuloso y desalmado enemigo, que había logrado tomar por sorpresa al gobierno y a las fuerzas de policía.

El anuncio del presidente, sin embargo, parece haber sido la señal para que la acción de este enemigo se multiplicara. El ataque a este "enemigo poderoso" y sus huestes, utilizó balas, perdigones, bombas lacrimógenas, gas pimienta, propinó palizas y tomó cientos de prisioneros, le produjo varias bajas fatales y centenares de heridos en pocos días, pero sólo logró que su acción de protesta se extendieran a todo el país, con movilizaciones, cacerolazos y desafíos abiertos al toque de queda.

El relato de un cerebro escondido moviendo los hilos de la protesta no lograba explicar la fuerza y la decisión de las movilizaciones y protestas. Quizás el gobierno no captaba un factor decisivo y evidente: la indignación.

Una brecha se abrió desde el exterior cuando llegó una versión alternativa que rompía la uniformidad del discurso del gobierno. El periódico conservador inglés The Economist publicó ese domingo una nota sobre las protestas en Chile, diciendo que "la respuesta del gobierno fue inepta" y explicando que los chilenos "no sólo están enojados por el precio del transporte. Pagan un montón por el sistema de salud y generalmente tienen que esperar largos períodos para ver un doctor. La educación pública es pobre. Las pensiones, manejadas por firmas privadas bajo un sistema establecido por el régimen de Pinochet, son bajas. La creciente inequidad aviva el enojo"12. Otros periódicos y otras voces empezaron a sumarse.

Desesperado por una situación completamente fuera de control, el gobierno decidió explorar esta veta que se salía del cauce de lo que había sido hasta ahora su política invariable, y el martes 22, el presidente declaró por televisión: "Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esa falta de visión"13 y anunció una "agenda social", que en realidad consistía en lo fundamental en una serie de subsidios del Estado a los menos favorecidos.

Las palabras conciliatorias, sin embargo, no fueron acompañadas por los actos correspondientes en las calles: los militares continuaron patrullando y el toque de queda no fue retirado, se multiplicaron las denuncias por la violación de los derechos humanos: disparos de perdigones a los ojos con estallido ocular, detenciones arbitrarias, torturas, palizas sistemáticas (una de ellas, con resultado fatal). Una violencia desmedida que no se dirigía a los saqueadores, sino a los manifestantes. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh)14, 585 heridos (302 por armas de fuego: balas, perdigones y balines) y 2948 detenidos (318 de ellos, menores de edad), que se agregaban a los 19 muertos que reportaba Carabineros.

Cada acto de represión, de arbitrariedad, cada paliza, cada herido, en vez de lograr disuadir a los que protestaban, echaba más leña a la hoguera y daba más motivos y decisión para responder. Y no eran precisamente unos pocos “violentistas” los que respondían: el viernes 25 se desarrolló la concentración más grande de que se tenga memoria en Chile —comparable sólo con la que despidió al régimen cívico-militar—, estimada en 1.2 millones de personas sólo en Santiago.

 

Viernes 25 de octubre

 

"La multitudinaria, alegre y pacífica marcha hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza. Todos hemos escuchado el mensaje. Todos hemos cambiado"15 (trino de Sebastián Piñera, 25 de octubre).

Como por arte de magia, al día siguiente de la marcha, sábado 26 de octubre, se levantó el toque de queda en todo el país y los militares comenzaron a regresar a sus cuarteles. El enemigo poderoso e implacable había desaparecido, al menos temporalmente, de las declaraciones oficiales. Millones de personas en las calles exigían otra aproximación.


Para hacerlo, se anunció un nuevo gabinete. Dos de estos nombramientos simbolizan un cambio de estilo: el ministerio del Interior, personaje de rancia estirpe pinochetista, fue reemplazado por el juvenil Gonzalo Blummel, quien cuando comenzaba la nueva administración había anunciado "menos Excel y más Word". Cecilia Pérez, la vocera encargada de repetir el relato de que las evasiones y protestas eran dirigidas por delincuentes, fue sustituida por Karla Rubilar, quien había expresado su “emoción” con la marcha del 25.

Entre el 8 y el 25 de octubre, algo más de dos semanas, Chile había pasado de ser un oasis a un país en una sombría guerra y luego nuevamente a un país con futuro y esperanza, según su presidente. Brillaba el sol nuevamente.

Lo que ha sucedido entre ese viernes y el momento de escribir este reporte (14 de noviembre) hace ver este camino de esperanza más bien como una tupida selva, en particular porque debajo de los cambios abruptos en el tono del discurso del gobierno se sigue percibiendo la persistencia de una política inmemorial de las élites en Chile: el desprecio a esa “masa influenciable y vendible” a la que se refería Eliodoro Matte hace más de un siglo. El tratamiento a la protesta de esta “masa” con brutales medidas policiales, es sólo su corolario.Con esta arraigada forma de pensar no es raro que sólo hayan podido ver la evasión del Metro como obra de “delincuentes”. Es natural que hayan buscado frenéticamente un cerebro extranjero (o alienígena) detrás del estallido popular. No era concebible para ellos que la masa actuara con voluntad propia.

En una entrevista otorgada a El País de España el 7 de noviembre16, el presidente Piñera reafirmaba su concepto de Chile como oasis y atribuía el estallido social al… “malestar del éxito”. Este éxito del modelo chileno creó, según el presidente, una clase media amplia, pujante. “No supimos entender que había un clamor subterráneo de la ciudadanía [o sea, de esta clase media] por lograr una sociedad más justa, más igualitaria, con más movilidad social, más igualdad de oportunidades, menos abusos”. Este descubrimiento no explica, sin embargo, que las principales medidas anunciadas, sean básicamente subsidios para los menos favorecidos, o sea, precisamente para los que no forman parte de la clase media. La única respuesta concreta del gobierno para esta “clase media” que quiere una sociedad más justa y se moviliza políticamente son los perdigones en los ojos, que ya han dejado con pérdidas oculares a más de 200 jóvenes en Santiago, o sea, tratamiento de guerra, que sigue hasta la fecha de hoy aunque “hayamos cambiado”. 2.500 heridos, según la Cruz Roja o 7.000 lesionados, según el Ministerio de Salud, no expresan una transformación en el tratamiento policial a la protesta.

Por otro lado, sigue el presidente, “hemos visto una ola de violencia, de destrucción, provocada por grupos criminales organizados”. “Hay algo nuevo, distinto a lo que teníamos hace un mes atrás”. “Aquí hubo intervención de gobiernos extranjeros”. O sea, dos semanas después de las declaraciones “hemos escuchado” y “se abren caminos de futuro”, el presidente confiesa que no cree que el estallido que tiene hoy a su gobierno en la cuerdo floja corresponda a una auténtica voluntad de esa masa que él también considera “influenciable y vendible”.

En una situación ingobernable, en que la economía comienza a caer en picada, el camino que abre el gobierno para salir de su crisis se dirige a buscar acuerdos con una clase política desprestigiada deseosa de “reencauche”, que renueven la gobernabilidad perdida.

Si las élites no se desprenden de este enfoque profundamente clasista —que llevan en realidad incorporado a su ADN— el camino para comprender que se enfrentan a una masa que no es “influenciable y vendible” será largo y escabroso. Y es este aprendizaje el que se abre hoy para Chile.

 


 

La indignación

Es normal que desde arriba se lean los eventos sociales desde las estadísticas, la economía o la sociología. Y es natural entonces que las explicaciones del estallido que circulan por los medios masivos mencionen la profunda desigualdad, los bajos salarios, las pensiones de hambre, etc., escuchando e interpretando en clave económica a los manifestantes.

Desde abajo, sin embargo, desde la alegría y la rabia de la calle, la voz de los manifestantes expresa indignación: “No son 30 pesos, son 30 años”. No son ingresos y gastos, es tiempo de vida, es vida.

 

¿Qué provoca esta indignación?

La lista es muy larga, pero si se rastrea entre las consignas, carteles, comentarios, incluso memes y bromas que se vuelcan a la calle, se pueden encontrar hilos que por lo general terminan en la Constitución vigente.
Esta Constitución, ideada en dictadura y luego defendida y ratificada en los sucesivos gobiernos posteriores, tiene un núcleo duro, que es un principio ordenador, no sólo del orden jurídico, sino de la vida política, social y económica chilena. En terminología académica, se le llama “principio de subsidiariedad”, pero en la vida cotidiana lo que se percibe es aquello que le da sentido a este principio: el predominio del criterio del lucro. En los términos establecidos en la Constitución, el Estado es subsidiario, o sea, el objeto de la organización estatal es apoyar o complementar la acción privada. Y esta acción es regulada por el mercado. De esta forma, el Estado garantiza que nada obstaculice el acceso a la salud, la educación, la seguridad social… brindada por particulares, que se guían por la búsqueda de ganancias.

Este es el principio básico sobre el que se constituyó lo que se conoce como “modelo chileno”, y que es fuente de inspiración de las políticas económicas de moda en Colombia, Latinoamérica y el mundo. Y cuando el criterio del lucro es el punto de vista con el que se aborda la vida social y las relaciones con los demás, el resultado es una sociedad como la chilena: donde los empleos son precarios; los salarios, bajos; la educación y la salud, mercancías (y entonces, estudiantes y enfermos, “clientes”); los recursos naturales, “nichos” de negocios (y entonces, saqueados sin misericordia)… y los cargos públicos, por supuesto, la oportunidad de oro para enriquecerse.

El lucro, convertido en el eje de la vida social, como modelo económico, y el Estado para protegerlo, como ordenamiento constitucional, son el núcleo de este modelo, y los manifestantes lo comprenden muy bien. Porque han sentido en los huesos esta lógica interna del modelo, la propuesta de una Asamblea Constituyente que replantee las cosas desde cero se ha convertido en su principal reivindicación.

Por supuesto, los beneficiarios del modelo y sus operadores ya maniobran para apoderarse de esta aspiración y controlar la puesta en práctica de algo que ya ven inevitable.

 


1 https://www.mega.cl/nacional/278153-sebastian-pinera-chile-oasis-latinoamerica-democracia.html

2 Ellibero.cl: “Las evasiones masivas partieron por un meme”, por Bastián Garcés, 18 de octubre. https://ellibero.cl/actualidad/las-evasiones-masivas-en-el-metro-de-santiago-partieron-por-un-meme/
La Tercera, 17 de octubre.

3 https://www.latercera.com/nacional/noticia/evasiones-masivas-metro-superan-las-50-policia-dispone-uso-fuerzas-especiales/866137/amp/

4 Ibídem.
5 Cooperativa.cl: “Trabajadores de Metro por evasiones masivas: esto no se resuelve cerrando estaciones”, 17 de octubre.
https://m.cooperativa.cl/noticias/pais/transportes/metro/red-de-metro-en-alerta-ante-nueva-jornada-de-evasiones-masiva/2019-10-16/183559.html

6 https://www.latercera.com/nacional/noticia/evasiones-masivas-metro-superan-las-50-policia-dispone-uso-fuerzas-especiales/866137/amp/

7 ibídem.

8 https://m.cooperativa.cl/noticias/pais/transportes/metro/red-de-metro-en-alerta-ante-nueva-jornada-de-evasiones-masiva/2019-10-16/183559.html

9 https://www.chvnoticias.cl/trending/presidente-del-sindicato-de-trabajadores-de-metro-el-gobierno-esta-apagando-el-fuego-con-bencina_20191018/

10 https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/cronologia-de-una-crisis-los-hitos-que-han-marcado-el-peor-momento-del/2019-10-27/004116.html

11 https://www.puranoticia.cl/noticias/nacional/filtran-audio-de-cecilia-morel-en-el-que-asegura-que-lo-que-viene-es/2019-10-21/233040.html

12 http://lanacion.cl/2019/10/21/the-economist-de-londres-critico-respuesta-inepta-y-discurso-divisivo-de-pinera/

13 https://elpais.com/internacional/2019/10/23/america/1571801980_305291.html

14 https://twitter.com/inddhh/status/1187544227045097473?s=08

15 https://twitter.com/sebastianpinera/status/1187887888069025794?s=20

16 https://elpais.com/internacional/2019/11/09/actualidad/1573313845_751195.html

 

Publicado enColombia
Miércoles, 27 Noviembre 2019 10:46

Chile: cómo se dañó la fiesta

Chile: cómo se dañó la fiesta

En las últimas décadas, Chile se ha convertido en un modelo a seguir por otros países de latinoamérica y el mundo. Con un PIB per cápita que sobrepasa los 25 mil dólares, se cumple sin embargo el adagio del poeta Nicanor Parra: “Hay dos panes. Usted se come dos. Yo, ninguno. Consumo promedio: un pan por persona”. Una gran mole de lucrativos negocios descansaba sobre una fractura social. El cimiento podía romperse. Y se rompió.

 

Martes 8 de octubre

 

Cuatro días después de que el Ministerio de Transportes anunciara una nueva alza para este año de la tarifa del Metro de Santiago, el presidente Sebastián Piñera brindaba una entrevista a la televisión y decía: "En medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile, nuestro país: es un verdadero oasis, con una democracia estable" 1 . Aunque probablemente no lo sabía en ese momento, el día anterior, lunes 7 de octubre, se había desarrollado en la Estación Universidad de Chile un evento en apariencia insignificante: una jornada de evasión para responder a esta alza, convocada por estudiantes del Instituto Nacional --el colegio público más antiguo de Chile.

"Los estudiantes del Instituto webiando otra vez", probablemente pensó el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri ese lunes. Aunque había allanado varias veces el colegio durante el año persiguiendo a estudiantes "violentistas" y había introducido el humo de las lacrimógenas dentro de los salones en plena clase, no había logrado extinguir el foco de desorden. Este mismo tratamiento lo había extendido a una decena de colegios (a cargo de la municipalidad desde la época de Pinochet), pero lo único que había logrado era instalar escenas de persecución en las calles de la comuna y a acostumbrar a los vecinos a las pedreas y al humo de las bombas lacrimógenas.

Según la versión de un portal noticioso digital2, fue una página de Instagram de estos estudiantes (que anuncia en su presentación "molestamos a fuerzas especiales [equivalente al Esmad de Colombia] pk nos sitiaron") la que llamó a la primera jornada de evasión masiva y la que luego fue documentando cada jornada sucesiva.

Lo que podría haber sido una nueva sucesión de manifestaciones de estudiantes y de la respectiva persecución violenta por parte de Carabineros enviados por el Alcalde fue sobrepasando el radio de la comuna de Santiago, hasta que el martes 15 de octubre se produjo una gigantesca jornada de evasión masiva y violenta represión, que terminó con el cierre de varias estaciones del metro. Ese día la situación "se instaló como preocupación en La Moneda [Palacio de gobierno] y en las policías. Entre el 7 y el 15 de octubre se registraron 52 casos de evasiones masivas"3.

El jueves 17 la espiral evasión-represión-más evasión-más represión se había extendido a toda la red del metro. Se cerraban estaciones, pero los pasajeros tumbaban las puertas, y se producían serios incidentes y destrozos tanto fuera como dentro de muchas estaciones. En varias de las estaciones terminales se producían grandes manifestaciones y enfrentamientos con carabineros. Aunque por dos semanas las acciones de represión no habían surtido efecto y a la inversa había producido una respuesta mayor, desde el Palacio de Gobierno Rodrigo Ubilla, subsecretario del Interior, declaró que los evasores "son violentistas" y "grupos de delincuentes que se coordinan a través de las redes sociales"4, y amenazó a los padres de los evasores con hacerlos responsables de los daños, implicando tácitamente que esos “delincuentes” eran estudiantes.

En un comunicado, los trabajadores del metro emplazaron al gobierno "a no abordar este problema desde un punto de vista delictual"5, y el presidente del Sindicato propuso que "las estaciones no se cierren, porque eso genera un mayor descontento y mayores niveles de violencia contra otros trabajadores"6. Ubilla contestó: "Aquel que legítima la violencia y la delincuencia tiene una posición condescendiente con esos grupos"7.

Desde la mañana del viernes 18, diversas personalidades políticas comenzaron a cerrar filas detrás del gobierno, declarando que "la evasión es delincuencia" y llamando "a ser muy duro" con los "violentistas", mientras el Fiscal Nacional, Jorge Abott, denunciaba que "delincuentes son los que están dirigiendo las evasiones"8. La política que había empleado el alcalde de Santiago tenía plena continuidad en las distintas esferas del Estado. El sindicato del Metro advertía: "el gobierno está apagando el fuego con bencina [gasolina]"9.

El despliegue de las Fuerzas Especiales y sus procedimientos no lograron apagar el fuego, sino que efectivamente lo alimentó. En el curso del día se sucedieron los choques, abaleos con perdigones, incendios, lacrimógenas y finalmente al caer la tarde, barricadas en la Alameda (principal avenida de Santiago) y en las afueras de varias estaciones importantes. Se produjeron incendios en varias estaciones y saqueos en algunos locales comerciales. Saldo del día: todo el sistema del metro fuera de servicio, 77 estaciones afectadas. El sistema del metro terminó por colapsar y se anunció que no funcionaría durante el fin de semana.


En la noche del viernes el gobierno decretó estado de emergencia en la región de Santiago, trasladó de emergencia personal de carabineros de otras zonas a la capital y sacó al ejército a las calles. Aunque era difícil escalar aún más la situación, el gobierno lo logró, pues esta medida "pacificadora" consiguió que el fin de semana la protesta y la represión se intensificaran. Con ríos de gente en las calles, los disturbios se esparcieron por toda la ciudad y se extendieron a Valparaíso y Viña. Aunque el sábado el jefe de zona en Santiago decidió decretar toque de queda, los saqueos en supermercados, bodegas y farmacias se produjeron por centenares, acompañados de incendios en trenes y estaciones del metro, y se produjeron las primeras muertes.

Los funcionarios del gobierno, los políticos, los periodistas, miraban pasmados la televisión: El oasis del multimillonario presidente Sebastián Piñera ardía.

 

Domigo 20 de octubre

 

El domingo 20 de octubre el presidente se dirigió por televisión a la ciudadanía anunciando sombríamente que "estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite"10. No se trataba ya de estudiantes-delincuentes, sino del enemigo de una guerra.

En el transcurso de ese día empezó a circular por redes un audio de la esposa del presidente, Cecilia Morel, que muestra con mayor transparencia la sensación que se había apoderado del gobierno: "lo que viene es muy, muy, muy grave. Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento, de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados. Es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma y llamemos a la gente de buena voluntad que aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás"11.

¿Qué podía explicar el incendio del oasis? Sólo un poderoso, inescrupuloso y desalmado enemigo, que había logrado tomar por sorpresa al gobierno y a las fuerzas de policía.

El anuncio del presidente, sin embargo, parece haber sido la señal para que la acción de este enemigo se multiplicara. El ataque a este "enemigo poderoso" y sus huestes, utilizó balas, perdigones, bombas lacrimógenas, gas pimienta, propinó palizas y tomó cientos de prisioneros, le produjo varias bajas fatales y centenares de heridos en pocos días, pero sólo logró que su acción de protesta se extendieran a todo el país, con movilizaciones, cacerolazos y desafíos abiertos al toque de queda.

El relato de un cerebro escondido moviendo los hilos de la protesta no lograba explicar la fuerza y la decisión de las movilizaciones y protestas. Quizás el gobierno no captaba un factor decisivo y evidente: la indignación.

Una brecha se abrió desde el exterior cuando llegó una versión alternativa que rompía la uniformidad del discurso del gobierno. El periódico conservador inglés The Economist publicó ese domingo una nota sobre las protestas en Chile, diciendo que "la respuesta del gobierno fue inepta" y explicando que los chilenos "no sólo están enojados por el precio del transporte. Pagan un montón por el sistema de salud y generalmente tienen que esperar largos períodos para ver un doctor. La educación pública es pobre. Las pensiones, manejadas por firmas privadas bajo un sistema establecido por el régimen de Pinochet, son bajas. La creciente inequidad aviva el enojo"12. Otros periódicos y otras voces empezaron a sumarse.

Desesperado por una situación completamente fuera de control, el gobierno decidió explorar esta veta que se salía del cauce de lo que había sido hasta ahora su política invariable, y el martes 22, el presidente declaró por televisión: "Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esa falta de visión"13 y anunció una "agenda social", que en realidad consistía en lo fundamental en una serie de subsidios del Estado a los menos favorecidos.

Las palabras conciliatorias, sin embargo, no fueron acompañadas por los actos correspondientes en las calles: los militares continuaron patrullando y el toque de queda no fue retirado, se multiplicaron las denuncias por la violación de los derechos humanos: disparos de perdigones a los ojos con estallido ocular, detenciones arbitrarias, torturas, palizas sistemáticas (una de ellas, con resultado fatal). Una violencia desmedida que no se dirigía a los saqueadores, sino a los manifestantes. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh)14, 585 heridos (302 por armas de fuego: balas, perdigones y balines) y 2948 detenidos (318 de ellos, menores de edad), que se agregaban a los 19 muertos que reportaba Carabineros.

Cada acto de represión, de arbitrariedad, cada paliza, cada herido, en vez de lograr disuadir a los que protestaban, echaba más leña a la hoguera y daba más motivos y decisión para responder. Y no eran precisamente unos pocos “violentistas” los que respondían: el viernes 25 se desarrolló la concentración más grande de que se tenga memoria en Chile —comparable sólo con la que despidió al régimen cívico-militar—, estimada en 1.2 millones de personas sólo en Santiago.

 

Viernes 25 de octubre

 

"La multitudinaria, alegre y pacífica marcha hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza. Todos hemos escuchado el mensaje. Todos hemos cambiado"15 (trino de Sebastián Piñera, 25 de octubre).

Como por arte de magia, al día siguiente de la marcha, sábado 26 de octubre, se levantó el toque de queda en todo el país y los militares comenzaron a regresar a sus cuarteles. El enemigo poderoso e implacable había desaparecido, al menos temporalmente, de las declaraciones oficiales. Millones de personas en las calles exigían otra aproximación.


Para hacerlo, se anunció un nuevo gabinete. Dos de estos nombramientos simbolizan un cambio de estilo: el ministerio del Interior, personaje de rancia estirpe pinochetista, fue reemplazado por el juvenil Gonzalo Blummel, quien cuando comenzaba la nueva administración había anunciado "menos Excel y más Word". Cecilia Pérez, la vocera encargada de repetir el relato de que las evasiones y protestas eran dirigidas por delincuentes, fue sustituida por Karla Rubilar, quien había expresado su “emoción” con la marcha del 25.

Entre el 8 y el 25 de octubre, algo más de dos semanas, Chile había pasado de ser un oasis a un país en una sombría guerra y luego nuevamente a un país con futuro y esperanza, según su presidente. Brillaba el sol nuevamente.

Lo que ha sucedido entre ese viernes y el momento de escribir este reporte (14 de noviembre) hace ver este camino de esperanza más bien como una tupida selva, en particular porque debajo de los cambios abruptos en el tono del discurso del gobierno se sigue percibiendo la persistencia de una política inmemorial de las élites en Chile: el desprecio a esa “masa influenciable y vendible” a la que se refería Eliodoro Matte hace más de un siglo. El tratamiento a la protesta de esta “masa” con brutales medidas policiales, es sólo su corolario.Con esta arraigada forma de pensar no es raro que sólo hayan podido ver la evasión del Metro como obra de “delincuentes”. Es natural que hayan buscado frenéticamente un cerebro extranjero (o alienígena) detrás del estallido popular. No era concebible para ellos que la masa actuara con voluntad propia.

En una entrevista otorgada a El País de España el 7 de noviembre16, el presidente Piñera reafirmaba su concepto de Chile como oasis y atribuía el estallido social al… “malestar del éxito”. Este éxito del modelo chileno creó, según el presidente, una clase media amplia, pujante. “No supimos entender que había un clamor subterráneo de la ciudadanía [o sea, de esta clase media] por lograr una sociedad más justa, más igualitaria, con más movilidad social, más igualdad de oportunidades, menos abusos”. Este descubrimiento no explica, sin embargo, que las principales medidas anunciadas, sean básicamente subsidios para los menos favorecidos, o sea, precisamente para los que no forman parte de la clase media. La única respuesta concreta del gobierno para esta “clase media” que quiere una sociedad más justa y se moviliza políticamente son los perdigones en los ojos, que ya han dejado con pérdidas oculares a más de 200 jóvenes en Santiago, o sea, tratamiento de guerra, que sigue hasta la fecha de hoy aunque “hayamos cambiado”. 2.500 heridos, según la Cruz Roja o 7.000 lesionados, según el Ministerio de Salud, no expresan una transformación en el tratamiento policial a la protesta.

Por otro lado, sigue el presidente, “hemos visto una ola de violencia, de destrucción, provocada por grupos criminales organizados”. “Hay algo nuevo, distinto a lo que teníamos hace un mes atrás”. “Aquí hubo intervención de gobiernos extranjeros”. O sea, dos semanas después de las declaraciones “hemos escuchado” y “se abren caminos de futuro”, el presidente confiesa que no cree que el estallido que tiene hoy a su gobierno en la cuerdo floja corresponda a una auténtica voluntad de esa masa que él también considera “influenciable y vendible”.

En una situación ingobernable, en que la economía comienza a caer en picada, el camino que abre el gobierno para salir de su crisis se dirige a buscar acuerdos con una clase política desprestigiada deseosa de “reencauche”, que renueven la gobernabilidad perdida.

Si las élites no se desprenden de este enfoque profundamente clasista —que llevan en realidad incorporado a su ADN— el camino para comprender que se enfrentan a una masa que no es “influenciable y vendible” será largo y escabroso. Y es este aprendizaje el que se abre hoy para Chile.

 


 

La indignación

Es normal que desde arriba se lean los eventos sociales desde las estadísticas, la economía o la sociología. Y es natural entonces que las explicaciones del estallido que circulan por los medios masivos mencionen la profunda desigualdad, los bajos salarios, las pensiones de hambre, etc., escuchando e interpretando en clave económica a los manifestantes.

Desde abajo, sin embargo, desde la alegría y la rabia de la calle, la voz de los manifestantes expresa indignación: “No son 30 pesos, son 30 años”. No son ingresos y gastos, es tiempo de vida, es vida.

 

¿Qué provoca esta indignación?

La lista es muy larga, pero si se rastrea entre las consignas, carteles, comentarios, incluso memes y bromas que se vuelcan a la calle, se pueden encontrar hilos que por lo general terminan en la Constitución vigente.
Esta Constitución, ideada en dictadura y luego defendida y ratificada en los sucesivos gobiernos posteriores, tiene un núcleo duro, que es un principio ordenador, no sólo del orden jurídico, sino de la vida política, social y económica chilena. En terminología académica, se le llama “principio de subsidiariedad”, pero en la vida cotidiana lo que se percibe es aquello que le da sentido a este principio: el predominio del criterio del lucro. En los términos establecidos en la Constitución, el Estado es subsidiario, o sea, el objeto de la organización estatal es apoyar o complementar la acción privada. Y esta acción es regulada por el mercado. De esta forma, el Estado garantiza que nada obstaculice el acceso a la salud, la educación, la seguridad social… brindada por particulares, que se guían por la búsqueda de ganancias.

Este es el principio básico sobre el que se constituyó lo que se conoce como “modelo chileno”, y que es fuente de inspiración de las políticas económicas de moda en Colombia, Latinoamérica y el mundo. Y cuando el criterio del lucro es el punto de vista con el que se aborda la vida social y las relaciones con los demás, el resultado es una sociedad como la chilena: donde los empleos son precarios; los salarios, bajos; la educación y la salud, mercancías (y entonces, estudiantes y enfermos, “clientes”); los recursos naturales, “nichos” de negocios (y entonces, saqueados sin misericordia)… y los cargos públicos, por supuesto, la oportunidad de oro para enriquecerse.

El lucro, convertido en el eje de la vida social, como modelo económico, y el Estado para protegerlo, como ordenamiento constitucional, son el núcleo de este modelo, y los manifestantes lo comprenden muy bien. Porque han sentido en los huesos esta lógica interna del modelo, la propuesta de una Asamblea Constituyente que replantee las cosas desde cero se ha convertido en su principal reivindicación.

Por supuesto, los beneficiarios del modelo y sus operadores ya maniobran para apoderarse de esta aspiración y controlar la puesta en práctica de algo que ya ven inevitable.

 


1 https://www.mega.cl/nacional/278153-sebastian-pinera-chile-oasis-latinoamerica-democracia.html

2 Ellibero.cl: “Las evasiones masivas partieron por un meme”, por Bastián Garcés, 18 de octubre. https://ellibero.cl/actualidad/las-evasiones-masivas-en-el-metro-de-santiago-partieron-por-un-meme/
La Tercera, 17 de octubre.

3 https://www.latercera.com/nacional/noticia/evasiones-masivas-metro-superan-las-50-policia-dispone-uso-fuerzas-especiales/866137/amp/

4 Ibídem.
5 Cooperativa.cl: “Trabajadores de Metro por evasiones masivas: esto no se resuelve cerrando estaciones”, 17 de octubre.
https://m.cooperativa.cl/noticias/pais/transportes/metro/red-de-metro-en-alerta-ante-nueva-jornada-de-evasiones-masiva/2019-10-16/183559.html

6 https://www.latercera.com/nacional/noticia/evasiones-masivas-metro-superan-las-50-policia-dispone-uso-fuerzas-especiales/866137/amp/

7 ibídem.

8 https://m.cooperativa.cl/noticias/pais/transportes/metro/red-de-metro-en-alerta-ante-nueva-jornada-de-evasiones-masiva/2019-10-16/183559.html

9 https://www.chvnoticias.cl/trending/presidente-del-sindicato-de-trabajadores-de-metro-el-gobierno-esta-apagando-el-fuego-con-bencina_20191018/

10 https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/cronologia-de-una-crisis-los-hitos-que-han-marcado-el-peor-momento-del/2019-10-27/004116.html

11 https://www.puranoticia.cl/noticias/nacional/filtran-audio-de-cecilia-morel-en-el-que-asegura-que-lo-que-viene-es/2019-10-21/233040.html

12 http://lanacion.cl/2019/10/21/the-economist-de-londres-critico-respuesta-inepta-y-discurso-divisivo-de-pinera/

13 https://elpais.com/internacional/2019/10/23/america/1571801980_305291.html

14 https://twitter.com/inddhh/status/1187544227045097473?s=08

15 https://twitter.com/sebastianpinera/status/1187887888069025794?s=20

16 https://elpais.com/internacional/2019/11/09/actualidad/1573313845_751195.html

 

Publicado enEdición Nº263
Miércoles, 27 Noviembre 2019 08:38

Cataluña: la disputa por la lógica democrática

Cataluña: la disputa por la lógica democrática

El pasado 14 de octubre, tras aproximadamente dos años de juicio, el Tribunal Supremo español dio a conocer la Sentencia por medio de la cual juzgó a diversos líderes del proceso independentista catalán por la organización y realización de un referéndum de autodeterminación. Lo duro de las sentencias no deja dudas de sus pretensiones.

 

Noventa y nueve (99) años de prisión, este es el total de años que suma la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo español en contra de líderes políticos y soliciales del proceso indepedentista catalán. Todo un exhabruto.

Sin duda, estamos ante una decisión judicial que niega la realidad política de un conflicto territorial, por el derecho a la soberania de los pueblos, y con la cual, se expresa un poder autoritario que pretende mantener la unidad del Estado español a las malas, más allá de la realidad.

Entre las condenas proferidas, la más alta afecta a Oriol Junqueras, ex-Vicepresidente de Cataluña, condenado a trece años. Asimismo, destacan penas como la de la anterior presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, quien deberá cumplir once años y medio. Y no solamente cargos políticos electos han sido juzgados y condenados, sino también líderes sociales como Jordi Sánchez o Jordi Cuixart (pertenecientes a las organizaciones Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural respectivamente), cada uno delos cuales deberán cumplir nueve años tras las rejas.

Lo decidido por los jueces, que condenan principalmente por delito de sedición, ha generado un importantísimo rechazo por parte de las instituciones catalanas así como por parte de las organizaciones sociales y los movimientos populares. Se destaca que ha sido un juicio político, a todas luces con una resolución desproporcionada que ha condenado las ideas de los acusados y no sus actos, y que ha buscado más la venganza que la justicia.

 

El Procés

 

Pero todo esto tiene su antecedente. Con el nombre de Procés se conoce al proceso social y político que desde 2012 reivindica la posibilidad de que Cataluña decida libremente, a través de un referéndum de autodeterminación, si quiere mantenerse vinculada al Estado español o si, por el contrario, prefiere independizarse y formar un Estado propio en forma de República.

Desde 2012 este movimiento de carácter soberanista no ha hecho más que crecer, tanto en el ámbito social (en el cual se ha mostrado un apoyo popular masivo, unitario y basado en la no-violencia como herramienta de transformación) como en el ámbito institucional (donde se han conseguido diversas mayorías parlamentarias inequívocamente independentistas).

En todo el tiempo transcurrido el soberanismo catalán ha interpelado constantemente al Estado español para buscar una solución pactada al conflicto territorial. Nunca se ha encontrado, sin embargo, con un interlocutor dispuesto a dialogar y acordar una solución política (cosa que sí se ha hecho con toda normalidad en otros lugares como por ejemplo en Quebec o Escocia). Esto ha ido suponiendo, como es lógico, una creciente desafección y un deterioro de los vínculos políticos y sociales entre Cataluña y España.

Con esta situación de bloqueo político se decidió, desde las instituciones políticas catalanas, realizar un referéndum de forma unilateral, el cual fue previsto para el día 1 de octubre de 2017,el que, defendido masivamente por la población catalana, se llevó a cabo en unas condiciones especialmente anómalas de represión desproporcionada. Recordemos: este uso de la fuerza se ejercía simplemente porque la ciudadanía quería votar. Más allá de la postura de cada cual hay en todo esto, por lo tanto, una disputa por el sentido y la calidad de la democracia en el Estado español. 

Aquella jornada marcó un punto de inflexión y de ruptura que tuvo como principales consecuencias la intervención de la autonomía política de Cataluña (a través del Artículo 155 de la Constitución española) y el inicio del proceso judicial al que aludimosal inicio de este artículo. Esta judicialización, cabe destacar, supuso el exilio de diversos cargos políticos, entre ellos el ex-presidente de Cataluña, Carles Puigdemont).

Los dos años que van desde la realización del referéndum hasta la actual sentencia judicial condenatoria han supuesto un tiempo marcado por la situación de prisión provisional para todos aquellos políticos y líderes sociales acusados que decidieron no ir al exilio. Esta medida carcelaria, cabe destacar, ha sido denunciada como excesiva por parte organismos reputados y prestigiosos como por ejemplo Amnistía Internacional. Más allá de este hecho, estos dos años han transcurrido como un período de recomposición de fuerzas donde ha reinado una calma tensa.

 

Sin tregua

 

Esta aparente tranquilidad, sin embargo, se ha visto completamente desbordada tras la Sentencia. La sociedad civil de Cataluña ha respondido masivamente exigiendo la inmediata puesta en libertad de los presos políticos. Las acciones se han dado en todo el territorio catalán desde el mismo día en que se hizo pública la sentencia, y han supuesto multitud de protestas descentralizadas, tales como concentraciones, acampadas, marchas o cortes de carretera.

En la organización de estas acciones cabe destacar a Tsunami Democrático. Esta ha liderado (de forma anónima, sin estructura organizativa conocida y mediante comunicados a través de redes sociales y app’s) las principales y más contundentes movilizaciones, entre las que destaca la ocupación del aeropuerto de Barcelona (que supuso la cancelación de más de un centenar de vuelos) o el boicot que forzó la suspensión del ‘clásico’ del futbol, el Barcelona - Real Madrid, el cual debía jugarse en la capital catalana.

La respuesta de estas y muchas otras acciones no han supuesto cambio alguno en el Estado español, que ha seguido abogando por la vía represiva y judicial. Así pues, como consecuencia de las jornadas de protesta, ha habido en el último mes centenares de detenidos y hasta veintiocho personas que se encuentran actualmente en prisión provisional. Cabe destacar, además, un gran número de represaliados que han sufrido abusos y excesos de violencia por parte de las fuerzas policiales.

Lo hasta aquí narrado permite sacar dos conclusiones interesantes. La primera: el Estado español sigue negando el sentido de la política y, manteniendo su actitud demofóbica, se muestra incapaz de usar la negociación y el pacto como herramientas de resolución. Por el contrario, ha puesto (y seguirá poniendo) todos sus instrumentos de judicialización y represión al servicio de la (supuestamente) indisoluble unidad de España.

La segunda: cuando la ciudadanía ha trabajado de forma masiva y unitaria, a través de la desobediencia y la no-violencia, ha conseguido desbordar democráticamente al Estado. Solo así, con el poder de la gente organizada, los derechos son conquistados y la democracia puede ser ejercida.Ante esto la política institucional catalana debe estar a la altura y saber acompañar a su ciudadanía en este proceso de autodeterminación.

Esperemos que la comunidad internacional, que hasta el momento ha hecho oídos sordos en esta cuestión, termine también por ayudar a fundamentar una respuesta a este conflicto que, por más que se pretenda judicializar, siempre tendrá una naturaleza eminentemente política y exigirá una lógica democrática.

Publicado enEdición Nº263
Óscar Larrañaga, Movimiento de ciudad al atardecer, mixta sobre lienzo, 82 x 240 cm. (Cortesía del autor)

Consecuente con el discurso que agitó durante su campaña electoral y con los planteamientos de la coalición política que lo llevó al poder, así ha sido la  política internacional del presidente Iván Duque. Otra cosa han sido los resultados de tal política, que por ahora son bastante limitados, aunque su Gobierno todavía tiene tres años por delante. 

 

La orientación y diseño de la política internacional de Colombia es del fuero del Presidente de la República y, salvo por los enunciados generales, podría decirse que no existe una política internacional de Estado sino de gobierno. No sorprende entonces los virajes de la política de relaciones exteriores de un gobierno a otro, como ha sido el caso de Santos a Duque, reflejo a su vez de la polarización política que atraviesa el país. Desde luego, la política exterior también se mueve frente a un mapa geopolítico flexible y agitado como el de Estados Unidos, América Latina y también España, tratándose de los gobiernos y las regiones con las que tenemos mayor interrelación. Así, desde su posesión el 7 de agosto de 2018, en presencia de un número importante de homólogos que lo acompañaron, Iván Duque anunció las principales líneas de lo que sería su política exterior.

 

Sus prioridades

 

En primer lugar, el fortalecimiento de los lazos con Estados Unidos, privilegiando las relaciones bilaterales con el socio principal de Colombia. Históricamente las élites dirigentes han hecho de Colombia un aliado estratégico de los norteamericanos en América Latina. Sin embargo, el presidente Donald Trump venía expresando su disgusto por el aumento de la producción y exportación de narcóticos desde Colombia, lo cual podía desembocar en una crisis entre ambos países. Hoy, sin embargo, existe un terreno más favorable para las relaciones bilaterales por cuenta de las afinidades ideológicas entre Duque y Trump.

 

Dos, el rechazo al régimen de Daniel Ortega y las pretensiones territoriales de Nicaragua. Se trata de un punto muy álgido no sólo por el veredicto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que le amputó a Colombia una parte de su plataforma marítima, sino también porque desde los sectores más radicales del Centro Democrático se criticó al gobierno de Santos por la estrategia jurídica desarrollada ante esa instancia internacional, de la cual Colombia decidió retirarse. Por eso, Duque inició su agenda de visitas al país en San Andrés. 

 

En tercer lugar, el “asunto Venezuela”, un punto de honor para Duque, quien rompió con el gobierno de Maduro y decidió liderar una campaña internacional encaminada a facilitar el cambio de gobierno en el país vecino y hermano. En las reuniones de Duque con Trump, el Grupo de Lima y líderes de la Comunidad Europea, así como en sus intervenciones en la OEA y en el Foro Económico Mundial, así como en los viajes del Canciller para reunirse con numerosas personalidades del campo internacional, incluyendo el secretario de Estado Mike Pompeo de Estados Unidos, la crisis venezolana ha estado al centro de la agenda.

 

En otro registro, el Presidente colombiano también se refirió al desarrollo de los lazos comerciales con la comunidad internacional y la búsqueda de capital e inversores, señalando en particular la importancia de España en la materia. La visita a Colombia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez reiteró la importancia de ese país como socio económico. A su vez, en la visita a Chile en noviembre, el jefe de la diplomacia colombiana confirmó el interés y la importancia para Colombia de la Alianza del Pacífico.

 

Finalmente, precedido por el discurso provocador del presidente del Senado, Ernesto Macías, del Centro Democrático, contra todo el ejercicio de la administración Santos, Duque expresó de nuevo sus reparos al Acuerdo de Paz firmado con las Farc. El Presidente empezó así su mandato distanciándose del Acuerdo de Paz, un logro innegable del gobierno Santos también en materia de política exterior.

 

Para apuntalar esta agenda internacional el Presidente ha viajado oficialmente 17 veces al exterior, además de los numerosos desplazamientos de su canciller, Carlos Holmes. Estos viajes han suscitado críticas desde algunos sectores del país, aduciendo falta de planeación para los mismos, ausencia de liderazgo para sacar adelante los proyectos del gobierno ante el Congreso y los pocos resultados de estas giras, lo cual llevó al Canciller en días pasados a manifestar que hay una campaña internacional de desprestigio contra el presidente Duque. 

 

Un capítulo de esta política exterior merece ser destacado: el reconocimiento de Palestina como Estado soberano. Aunque el reconocimiento se dio al final del mandato Santos, la notificación al gobierno palestino se produjo recién posesionado Duque. Se inició entonces un debate mediático sobre la postura del gobierno colombiano pues el canciller Holmes anunció que examinaría cuidadosamente las implicaciones de tal reconocimiento en momentos en el presidente norteamericano había tomado graves medidas en contra de los intereses de Palestina. Se pensó entonces que la decisión del gobierno Santos sería reversada. Pero no sucedió así y Colombia pasó así a ser el último país de Suramérica en reconocer a Palestina como Estado.

 

Encontramos, por tanto, ciertos elementos de continuidad de la política exterior del gobierno precedente en política internacional, pero es claro el cambio de rumbo en otros asuntos clave de las relaciones internacionales: la lucha contra el narcotráfico, la agenda Venezuela y la política de paz llevada a los escenarios de la comunidad internacional.

 

Las Drogas, un dolor de cabeza para todos

 

La lucha contra las drogas sigue siendo el tema prioritario en las relaciones bilaterales Colombia-Estados Unidos a pesar de los esfuerzos de los gobiernos colombianos por “desnarcotizar” estas relaciones. En la primera reunión que sostuvieron los presidentes, Duque y Trump, la lucha contra las drogas ocupó el espacio central. Recordemos que el año anterior estas relaciones bilaterales corrían por mal momento e incluso el Presidente de los Estados Unidos amenazó con “descertificar” a Colombia si no lograba controlar el incremento de los cultivos ilícitos.

 

El gobierno del Presidente Santos pretendió darle una nueva lectura a la lucha contra las drogas, variando el enfoque represivo y prohibicionista con el que principalmente se ha tratado este grave problema. “Tenemos que avanzar en esta lucha con una mente más abierta. Tenemos que ser más inteligentes, más innovadores”, decía Santos en un período en que la comunidad internacional seguía atentamente al avance del Acuerdo de Paz con las Farc, las cuales financiaron en parte su guerra con los dineros del narcotráfico. Razón por la cual se aceptó la conexidad del delito de narcotráfico con el delito de rebelión.

 

Una nueva mirada se consideró necesaria bajo el gobierno de Santos para combatir el narcotráfico, entendiendo que los Estados afectados e involucrados tienen responsabilidad compartida y que en Colombia el fenómeno económico y social que lleva a ciertos sectores campesinos a cultivar la coca requiere de un tratamiento alternativo: incentivos a las familias campesinas cultivadoras de coca, para que la sustituyan por otros cultivos lícitos, y suspensión de las aspersiones aéreas con glifosato a cambio de la erradicación manual.

 

Sin embargo, la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca reveló que los cultivos ilícitos en Colombia habían alcanzado el número histórico de 209.000 hectáreas. El nuevo gobierno aprovechó el informe para cuestionar de nuevo los Acuerdos de Paz al plantear que el incremento de las hectáreas se había disparado a partir de que el gobierno Santos aceptó incluir en dichos acuerdos la propuesta de las Farc para que el Estado diese a las familias campesinas involucradas un aporte económico para la sustitución de los cultivos de coca, lo que se convirtió en un estímulo perverso. En la otra orilla, los partidarios de la erradicación manual y sustitución de cultivos, hicieron ver que todavía era muy pronto para decretar que esta estrategia no daba o no daría los resultados esperados. 

 

Luego de la primera reunión entre Duque y Trump, el presidente norteamericano se refirió nuevamente a la ineficiencia del gobierno colombiano para lograr la disminución de las áreas sembradas, declaraciones que generaron preocupación en el Gobierno y el establecimiento. Duque decidió dar un viraje a la política antidrogas diseñada durante el gobierno Santos y aunque reconoció que había de por medio un problema de salud pública con las comunidades que viven cerca de las zonas cocaleras, dispuso que el centro de gravedad de la lucha contra los cultivos ilícitos se basaría, principalmente, en la aspersión aérea con glifosato, junto con otras medidas. Inició así una campaña para que la Corte Constitucional revisara un veredicto que ordenaba al Consejo Nacional de Estupefacientes la suspensión del programa de aspersión aérea de glifosato sobre los cultivos de coca, marihuana y amapola, aunque hay que aclarar que dicha Sentencia se refería a un programa específico en un territorio indígena. Finalmente la Corte abrió la puerta para que, bajo ciertas condiciones, el Gobierno pueda hacer uso del glifosato en su estrategia anti-drogas. 

 

Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos han vuelto así a su cauce normal, al menos por ahora, tanto más que el Gobierno anunció recientemente que el ritmo de crecimiento de las hectáreas de coca cultivadas se había frenado y a su vez el Secretario de Estado norteamericano y el Ministro de Relaciones Exteriores colombiano anunciaron el compromiso mutuo para reducir a la mitad los cultivos ilícitos y la producción de cocaína para finales del 2023.

 

Venezuela, obsesión y desafío

 

Aunque el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la no intervención de un Estado en los asuntos internos de otro Estado, son principios de la ONU y la OEA, instancias de las que hace parte Colombia, lo cierto es que este principio del derecho público internacional es cada vez más violado, infortunadamente, o inevitablemente según las nuevas teorías para un mundo globalizado. Y no faltan los argumentos de unos y otros para justificar lo que al final de cuentas es injerencia en los asuntos internos de otro país.

 

Es así como ante la profunda crisis de Venezuela, cuyo actual modelo económico es un fracaso, con todas las implicaciones para su pueblo, y cuyo gobierno ha desembocado en un régimen político autoritario y populista, con todas sus derivas en violación de derechos humanos y libertades cívicas y políticas, más allá de ello y sin respetar su soberanía como Estado-nación, Duque ha liderado una cruzada internacional para aislar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y facilitar que se produzca una transición hacia un gobierno surgido de elecciones libres, según sus propias declaraciones. Este objetivo es ni más ni menos uno de los componentes prioritarios de la actual política exterior del presidente Duque, al cual le ha dedicado tiempo y esfuerzo, convirtiéndose al parecer en una suerte de obsesión y desafío personal.

 

Uno de los primeros pasos de Duque fue no nombrar embajador en Venezuela, rompiendo en la práctica las relaciones diplomáticas con este país, y nombrar embajador en Washington a Francisco Santos, cuyas declaraciones en favor de una intervención militar en Venezuela si fuese necesario generaron el rechazo de amplios sectores en Colombia. Duque endureció, junto con su canciller Carlos Holmes, su lenguaje contra Maduro, asumiendo la retórica del anti-castrochavismo de los sectores más radicales del Centro Democrático. 

 

De cara a la opinión pública nacional, el presidente Duque anunció el apoyo a la denuncia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, contra Maduro ante la Corte Penal Internacional, al tiempo que visitaba la frontera con Venezuela en medio de una campaña mediática prometiendo medidas económicas y sociales de emergencia ante la llegada de cientos de miles de venezolanos huyendo de la crisis de su país y anunciando la creación de un fondo multilateral humanitario de ayuda para paliar el fenómeno migratorio.

 

En la escena internacional Duque y su Canciller también han actuado con intensidad para afianzar el cerco diplomático y las sanciones contra el gobierno vecino: lo primero fue la visita de Duque al presidente Trump para alinear su estrategia contra el gobierno de Nicolás Maduro y de apoyo a sus opositores. A la vez, el Presidente ordenó el retiro de Colombia de Unasur, organismo suramericano conformado por doce países, alegando que se “había convertido en un cómplice de la dictadura venezolana”. En su remplazo, Duque ha querido liderar el Grupo de Lima en el que participan gobiernos latinoamericanos que no han reconocido los últimos comicios en los que Maduro salió relecto presidente y, por el contrario, reconocen la legitimidad de la Asamblea Nacional de Venezuela, además de que proponen aumentar las sanciones económicas y diplomáticas contra el régimen de Maduro, las cuales terminan también, al final de cuentas, afectando al pueblo venezolano.

 

El gobierno colombiano ha desarrollado igualmente un fuerte cabildeo en la OEA, ONU, Unión Europea, Foro Económico Mundial y otros espacios internacionales, intentando darle piso político a su estrategia para “devolverle la democracia a Venezuela”. Ésta ha tenido por eje central conseguir el reconocimiento de Juan Guaidó como el nuevo presidente interino de Venezuela. El grupo de Lima, Estados Unidos y otro gran número de países le dieron entonces su respaldo a Guaidó con la esperanza de que a corto plazo –en cuestión de días decía Duque–, Maduro dejara el gobierno o sufriera la intervención de las Fuerzas Armadas venezolanas.

 

Pero no sucedió, no pasó nada, el Presidente de Venezuela encontró los recursos internos y externos para sostenerse, aunque el aislamiento y rechazo internacional del régimen bolivariano se amplió y la oposición venezolana ganó en espacio y protagonismo. Maduro ha aceptado recientemente que sus delegados se sienten de nuevo con los representantes de Guaidó, con el propósito de instalar “una mesa de trabajo continua y expedita” para llegar a “una solución acordada”. La decisión del gobierno de Maduro de volver a una negociación con la Oposición estaría reflejando que poco a poco las condiciones internas han ido cambiando en Venezuela y que la presión internacional va produciendo efecto. Podría decirse, entonces, que la política internacional del gobierno de Duque frente a Venezuela no le ha dado los resultados esperados en un principio, pero tampoco ha sido inocua o improductiva; en algo ha contribuido al cambio de situación a pesar de la negación de principios fundamentales para la convivencia pacífica entre Estados.

 

Los acuerdos de paz, sí pero no

 

En septiembre del año pasado Iván Duque debutó como presidente de Colombia en la Asamblea General de Naciones Unidas manifestando que “la paz es un objetivo de todos los colombianos”. Llegó al poder, con un país dividido prácticamente en partes iguales frente a los Acuerdos de Paz con las Farc, diciendo que haría modificaciones a esos acuerdos, las cuales en realidad no eran de poca monta. Pues una cosa es asegurar que “Este gobierno tiene un compromiso absoluto con que las personas que genuinamente le han apostado a la desmovilización, desarme, reinserción y reincorporación”, como lo hizo ante el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, y otra cosa, por ejemplo, son las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, parte sustancial de los Acuerdos firmados por el presidente Santos en nombre del Estado colombiano y no de un gobierno. Como se sabe, esas objeciones fueron rechazadas por el Congreso de la República, obligando al primer mandatario a firmar dicha ley en su versión original.

 

La comunidad internacional ha acompañado el proceso de paz. Las delegaciones de la Unión Europea y del Consejo de Seguridad de la ONU que han monitoreado los avances de los acuerdos han expresado su preocupación por el asesinato de excombatientes, cerca de 140, y el retraso de los proyectos de reincorporación, entre otros temas. Esta lectura es diferente a la expresada por el Secretario General de la OEA, por lo cual el movimiento ciudadano “Defendamos la Paz” le envió una carta reclamando por la percepción que tiene este organismo sobre la implementación de los Acuerdos, asegurando que no era cierto, como dijo Almagro, que el gobierno de Duque “ha hecho todo” por cumplir. La respuesta gubernamental no tardó, asegurando que el movimiento desconoce las “inmensas ejecutorias” de este gobierno comparadas con las del que lo antecedó. 

 

Queda claro que Duque ha tenido que incluir en su ejercicio diplomático temas que hubiese querido evitar, como el tema de la paz. En efecto, la política internacional está necesariamente ligada a la política interna, lo doméstico impone nuevas agendas a la política exterior. 

 

*Ingeniero. Consultor en Ciudades Inteligentes.

 


Artículos de esta edición:

 

Primer año: gobierno Iván Duque. Entre palabras y simulaciones

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37434-primer-ano-gobierno-ivan-duque-entre-palabras-y-simulaciones.html

Un año de medidas a favor de los poderosos

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37435-un-ano-de-medidas-a-favor-de-los-poderosos.html

"¿Quiren más paz? Aquí la tienen..."

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37440-quieren-mas-paz-aqui-la-tienen.html

 

Cosmología y vida cotidiana

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37437-cosmologia-y-vida-cotidiana.html

 

Los talibanes de San Francisco

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37438-los-talibanes-de-san-francisco.html

 


 

Publicado enColombia
Óscar Larrañaga, Movimiento de ciudad al atardecer, mixta sobre lienzo, 82 x 240 cm. (Cortesía del autor)

Consecuente con el discurso que agitó durante su campaña electoral y con los planteamientos de la coalición política que lo llevó al poder, así ha sido la  política internacional del presidente Iván Duque. Otra cosa han sido los resultados de tal política, que por ahora son bastante limitados, aunque su Gobierno todavía tiene tres años por delante. 

 

La orientación y diseño de la política internacional de Colombia es del fuero del Presidente de la República y, salvo por los enunciados generales, podría decirse que no existe una política internacional de Estado sino de gobierno. No sorprende entonces los virajes de la política de relaciones exteriores de un gobierno a otro, como ha sido el caso de Santos a Duque, reflejo a su vez de la polarización política que atraviesa el país. Desde luego, la política exterior también se mueve frente a un mapa geopolítico flexible y agitado como el de Estados Unidos, América Latina y también España, tratándose de los gobiernos y las regiones con las que tenemos mayor interrelación. Así, desde su posesión el 7 de agosto de 2018, en presencia de un número importante de homólogos que lo acompañaron, Iván Duque anunció las principales líneas de lo que sería su política exterior.

 

Sus prioridades

 

En primer lugar, el fortalecimiento de los lazos con Estados Unidos, privilegiando las relaciones bilaterales con el socio principal de Colombia. Históricamente las élites dirigentes han hecho de Colombia un aliado estratégico de los norteamericanos en América Latina. Sin embargo, el presidente Donald Trump venía expresando su disgusto por el aumento de la producción y exportación de narcóticos desde Colombia, lo cual podía desembocar en una crisis entre ambos países. Hoy, sin embargo, existe un terreno más favorable para las relaciones bilaterales por cuenta de las afinidades ideológicas entre Duque y Trump.

 

Dos, el rechazo al régimen de Daniel Ortega y las pretensiones territoriales de Nicaragua. Se trata de un punto muy álgido no sólo por el veredicto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que le amputó a Colombia una parte de su plataforma marítima, sino también porque desde los sectores más radicales del Centro Democrático se criticó al gobierno de Santos por la estrategia jurídica desarrollada ante esa instancia internacional, de la cual Colombia decidió retirarse. Por eso, Duque inició su agenda de visitas al país en San Andrés. 

 

En tercer lugar, el “asunto Venezuela”, un punto de honor para Duque, quien rompió con el gobierno de Maduro y decidió liderar una campaña internacional encaminada a facilitar el cambio de gobierno en el país vecino y hermano. En las reuniones de Duque con Trump, el Grupo de Lima y líderes de la Comunidad Europea, así como en sus intervenciones en la OEA y en el Foro Económico Mundial, así como en los viajes del Canciller para reunirse con numerosas personalidades del campo internacional, incluyendo el secretario de Estado Mike Pompeo de Estados Unidos, la crisis venezolana ha estado al centro de la agenda.

 

En otro registro, el Presidente colombiano también se refirió al desarrollo de los lazos comerciales con la comunidad internacional y la búsqueda de capital e inversores, señalando en particular la importancia de España en la materia. La visita a Colombia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez reiteró la importancia de ese país como socio económico. A su vez, en la visita a Chile en noviembre, el jefe de la diplomacia colombiana confirmó el interés y la importancia para Colombia de la Alianza del Pacífico.

 

Finalmente, precedido por el discurso provocador del presidente del Senado, Ernesto Macías, del Centro Democrático, contra todo el ejercicio de la administración Santos, Duque expresó de nuevo sus reparos al Acuerdo de Paz firmado con las Farc. El Presidente empezó así su mandato distanciándose del Acuerdo de Paz, un logro innegable del gobierno Santos también en materia de política exterior.

 

Para apuntalar esta agenda internacional el Presidente ha viajado oficialmente 17 veces al exterior, además de los numerosos desplazamientos de su canciller, Carlos Holmes. Estos viajes han suscitado críticas desde algunos sectores del país, aduciendo falta de planeación para los mismos, ausencia de liderazgo para sacar adelante los proyectos del gobierno ante el Congreso y los pocos resultados de estas giras, lo cual llevó al Canciller en días pasados a manifestar que hay una campaña internacional de desprestigio contra el presidente Duque. 

 

Un capítulo de esta política exterior merece ser destacado: el reconocimiento de Palestina como Estado soberano. Aunque el reconocimiento se dio al final del mandato Santos, la notificación al gobierno palestino se produjo recién posesionado Duque. Se inició entonces un debate mediático sobre la postura del gobierno colombiano pues el canciller Holmes anunció que examinaría cuidadosamente las implicaciones de tal reconocimiento en momentos en el presidente norteamericano había tomado graves medidas en contra de los intereses de Palestina. Se pensó entonces que la decisión del gobierno Santos sería reversada. Pero no sucedió así y Colombia pasó así a ser el último país de Suramérica en reconocer a Palestina como Estado.

 

Encontramos, por tanto, ciertos elementos de continuidad de la política exterior del gobierno precedente en política internacional, pero es claro el cambio de rumbo en otros asuntos clave de las relaciones internacionales: la lucha contra el narcotráfico, la agenda Venezuela y la política de paz llevada a los escenarios de la comunidad internacional.

 

Las Drogas, un dolor de cabeza para todos

 

La lucha contra las drogas sigue siendo el tema prioritario en las relaciones bilaterales Colombia-Estados Unidos a pesar de los esfuerzos de los gobiernos colombianos por “desnarcotizar” estas relaciones. En la primera reunión que sostuvieron los presidentes, Duque y Trump, la lucha contra las drogas ocupó el espacio central. Recordemos que el año anterior estas relaciones bilaterales corrían por mal momento e incluso el Presidente de los Estados Unidos amenazó con “descertificar” a Colombia si no lograba controlar el incremento de los cultivos ilícitos.

 

El gobierno del Presidente Santos pretendió darle una nueva lectura a la lucha contra las drogas, variando el enfoque represivo y prohibicionista con el que principalmente se ha tratado este grave problema. “Tenemos que avanzar en esta lucha con una mente más abierta. Tenemos que ser más inteligentes, más innovadores”, decía Santos en un período en que la comunidad internacional seguía atentamente al avance del Acuerdo de Paz con las Farc, las cuales financiaron en parte su guerra con los dineros del narcotráfico. Razón por la cual se aceptó la conexidad del delito de narcotráfico con el delito de rebelión.

 

Una nueva mirada se consideró necesaria bajo el gobierno de Santos para combatir el narcotráfico, entendiendo que los Estados afectados e involucrados tienen responsabilidad compartida y que en Colombia el fenómeno económico y social que lleva a ciertos sectores campesinos a cultivar la coca requiere de un tratamiento alternativo: incentivos a las familias campesinas cultivadoras de coca, para que la sustituyan por otros cultivos lícitos, y suspensión de las aspersiones aéreas con glifosato a cambio de la erradicación manual.

 

Sin embargo, la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca reveló que los cultivos ilícitos en Colombia habían alcanzado el número histórico de 209.000 hectáreas. El nuevo gobierno aprovechó el informe para cuestionar de nuevo los Acuerdos de Paz al plantear que el incremento de las hectáreas se había disparado a partir de que el gobierno Santos aceptó incluir en dichos acuerdos la propuesta de las Farc para que el Estado diese a las familias campesinas involucradas un aporte económico para la sustitución de los cultivos de coca, lo que se convirtió en un estímulo perverso. En la otra orilla, los partidarios de la erradicación manual y sustitución de cultivos, hicieron ver que todavía era muy pronto para decretar que esta estrategia no daba o no daría los resultados esperados. 

 

Luego de la primera reunión entre Duque y Trump, el presidente norteamericano se refirió nuevamente a la ineficiencia del gobierno colombiano para lograr la disminución de las áreas sembradas, declaraciones que generaron preocupación en el Gobierno y el establecimiento. Duque decidió dar un viraje a la política antidrogas diseñada durante el gobierno Santos y aunque reconoció que había de por medio un problema de salud pública con las comunidades que viven cerca de las zonas cocaleras, dispuso que el centro de gravedad de la lucha contra los cultivos ilícitos se basaría, principalmente, en la aspersión aérea con glifosato, junto con otras medidas. Inició así una campaña para que la Corte Constitucional revisara un veredicto que ordenaba al Consejo Nacional de Estupefacientes la suspensión del programa de aspersión aérea de glifosato sobre los cultivos de coca, marihuana y amapola, aunque hay que aclarar que dicha Sentencia se refería a un programa específico en un territorio indígena. Finalmente la Corte abrió la puerta para que, bajo ciertas condiciones, el Gobierno pueda hacer uso del glifosato en su estrategia anti-drogas. 

 

Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos han vuelto así a su cauce normal, al menos por ahora, tanto más que el Gobierno anunció recientemente que el ritmo de crecimiento de las hectáreas de coca cultivadas se había frenado y a su vez el Secretario de Estado norteamericano y el Ministro de Relaciones Exteriores colombiano anunciaron el compromiso mutuo para reducir a la mitad los cultivos ilícitos y la producción de cocaína para finales del 2023.

 

Venezuela, obsesión y desafío

 

Aunque el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la no intervención de un Estado en los asuntos internos de otro Estado, son principios de la ONU y la OEA, instancias de las que hace parte Colombia, lo cierto es que este principio del derecho público internacional es cada vez más violado, infortunadamente, o inevitablemente según las nuevas teorías para un mundo globalizado. Y no faltan los argumentos de unos y otros para justificar lo que al final de cuentas es injerencia en los asuntos internos de otro país.

 

Es así como ante la profunda crisis de Venezuela, cuyo actual modelo económico es un fracaso, con todas las implicaciones para su pueblo, y cuyo gobierno ha desembocado en un régimen político autoritario y populista, con todas sus derivas en violación de derechos humanos y libertades cívicas y políticas, más allá de ello y sin respetar su soberanía como Estado-nación, Duque ha liderado una cruzada internacional para aislar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y facilitar que se produzca una transición hacia un gobierno surgido de elecciones libres, según sus propias declaraciones. Este objetivo es ni más ni menos uno de los componentes prioritarios de la actual política exterior del presidente Duque, al cual le ha dedicado tiempo y esfuerzo, convirtiéndose al parecer en una suerte de obsesión y desafío personal.

 

Uno de los primeros pasos de Duque fue no nombrar embajador en Venezuela, rompiendo en la práctica las relaciones diplomáticas con este país, y nombrar embajador en Washington a Francisco Santos, cuyas declaraciones en favor de una intervención militar en Venezuela si fuese necesario generaron el rechazo de amplios sectores en Colombia. Duque endureció, junto con su canciller Carlos Holmes, su lenguaje contra Maduro, asumiendo la retórica del anti-castrochavismo de los sectores más radicales del Centro Democrático. 

 

De cara a la opinión pública nacional, el presidente Duque anunció el apoyo a la denuncia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, contra Maduro ante la Corte Penal Internacional, al tiempo que visitaba la frontera con Venezuela en medio de una campaña mediática prometiendo medidas económicas y sociales de emergencia ante la llegada de cientos de miles de venezolanos huyendo de la crisis de su país y anunciando la creación de un fondo multilateral humanitario de ayuda para paliar el fenómeno migratorio.

 

En la escena internacional Duque y su Canciller también han actuado con intensidad para afianzar el cerco diplomático y las sanciones contra el gobierno vecino: lo primero fue la visita de Duque al presidente Trump para alinear su estrategia contra el gobierno de Nicolás Maduro y de apoyo a sus opositores. A la vez, el Presidente ordenó el retiro de Colombia de Unasur, organismo suramericano conformado por doce países, alegando que se “había convertido en un cómplice de la dictadura venezolana”. En su remplazo, Duque ha querido liderar el Grupo de Lima en el que participan gobiernos latinoamericanos que no han reconocido los últimos comicios en los que Maduro salió relecto presidente y, por el contrario, reconocen la legitimidad de la Asamblea Nacional de Venezuela, además de que proponen aumentar las sanciones económicas y diplomáticas contra el régimen de Maduro, las cuales terminan también, al final de cuentas, afectando al pueblo venezolano.

 

El gobierno colombiano ha desarrollado igualmente un fuerte cabildeo en la OEA, ONU, Unión Europea, Foro Económico Mundial y otros espacios internacionales, intentando darle piso político a su estrategia para “devolverle la democracia a Venezuela”. Ésta ha tenido por eje central conseguir el reconocimiento de Juan Guaidó como el nuevo presidente interino de Venezuela. El grupo de Lima, Estados Unidos y otro gran número de países le dieron entonces su respaldo a Guaidó con la esperanza de que a corto plazo –en cuestión de días decía Duque–, Maduro dejara el gobierno o sufriera la intervención de las Fuerzas Armadas venezolanas.

 

Pero no sucedió, no pasó nada, el Presidente de Venezuela encontró los recursos internos y externos para sostenerse, aunque el aislamiento y rechazo internacional del régimen bolivariano se amplió y la oposición venezolana ganó en espacio y protagonismo. Maduro ha aceptado recientemente que sus delegados se sienten de nuevo con los representantes de Guaidó, con el propósito de instalar “una mesa de trabajo continua y expedita” para llegar a “una solución acordada”. La decisión del gobierno de Maduro de volver a una negociación con la Oposición estaría reflejando que poco a poco las condiciones internas han ido cambiando en Venezuela y que la presión internacional va produciendo efecto. Podría decirse, entonces, que la política internacional del gobierno de Duque frente a Venezuela no le ha dado los resultados esperados en un principio, pero tampoco ha sido inocua o improductiva; en algo ha contribuido al cambio de situación a pesar de la negación de principios fundamentales para la convivencia pacífica entre Estados.

 

Los acuerdos de paz, sí pero no

 

En septiembre del año pasado Iván Duque debutó como presidente de Colombia en la Asamblea General de Naciones Unidas manifestando que “la paz es un objetivo de todos los colombianos”. Llegó al poder, con un país dividido prácticamente en partes iguales frente a los Acuerdos de Paz con las Farc, diciendo que haría modificaciones a esos acuerdos, las cuales en realidad no eran de poca monta. Pues una cosa es asegurar que “Este gobierno tiene un compromiso absoluto con que las personas que genuinamente le han apostado a la desmovilización, desarme, reinserción y reincorporación”, como lo hizo ante el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, y otra cosa, por ejemplo, son las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, parte sustancial de los Acuerdos firmados por el presidente Santos en nombre del Estado colombiano y no de un gobierno. Como se sabe, esas objeciones fueron rechazadas por el Congreso de la República, obligando al primer mandatario a firmar dicha ley en su versión original.

 

La comunidad internacional ha acompañado el proceso de paz. Las delegaciones de la Unión Europea y del Consejo de Seguridad de la ONU que han monitoreado los avances de los acuerdos han expresado su preocupación por el asesinato de excombatientes, cerca de 140, y el retraso de los proyectos de reincorporación, entre otros temas. Esta lectura es diferente a la expresada por el Secretario General de la OEA, por lo cual el movimiento ciudadano “Defendamos la Paz” le envió una carta reclamando por la percepción que tiene este organismo sobre la implementación de los Acuerdos, asegurando que no era cierto, como dijo Almagro, que el gobierno de Duque “ha hecho todo” por cumplir. La respuesta gubernamental no tardó, asegurando que el movimiento desconoce las “inmensas ejecutorias” de este gobierno comparadas con las del que lo antecedó. 

 

Queda claro que Duque ha tenido que incluir en su ejercicio diplomático temas que hubiese querido evitar, como el tema de la paz. En efecto, la política internacional está necesariamente ligada a la política interna, lo doméstico impone nuevas agendas a la política exterior. 

 

*Ingeniero. Consultor en Ciudades Inteligentes.

 


Artículos de esta edición:

 

Primer año: gobierno Iván Duque. Entre palabras y simulaciones

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37434-primer-ano-gobierno-ivan-duque-entre-palabras-y-simulaciones.html

Un año de medidas a favor de los poderosos

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37435-un-ano-de-medidas-a-favor-de-los-poderosos.html

"¿Quiren más paz? Aquí la tienen..."

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37440-quieren-mas-paz-aqui-la-tienen.html

 

Cosmología y vida cotidiana

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37437-cosmologia-y-vida-cotidiana.html

 

Los talibanes de San Francisco

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37438-los-talibanes-de-san-francisco.html

 


 

El presidente de Palestina, Mahmud Abás. - EFE

 

El presidente de la Autoridad Palestina insinúa que podría abandonar la gestión de algunos servicios como los de salud y devolver toda la responsabilidad a Israel.

 

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, ha renunciado este miércoles a los Acuerdos de Oslo y a cualquier otro firmado desde entonces, como consecuencia de la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de reconocer Jerusalén como capital de Israel.

"La decisión sobre Jerusalén nos libera de todo acuerdo que hayamos firmado. Por ejemplo los Acuerdos de Oslo. Los firmamos, pero ahora ya no son vinculantes para nosotros", ha declarado Abás durante la cumbre extraordinaria de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) en Estambul.

Los Acuerdos de Oslo, firmados en septiembre de 1993, pretendían establecer la ruta del proceso de paz entre israelíes y palestinos y han marcado los siguientes pactos firmados entre ambas partes. Entre otras cosas, establecieron el reconocimiento internacional de la Autoridad Palestina como cuerpo administrativo en Cisjordania y Gaza, y pusieron la base para la colaboración administrativa entre el Gobierno israelí y organismos palestinos en los territorios ocupados. El apretón de manos de entonces entre Yaser Arafat y Yizhak Rabin despertó muchas ilusiones, desvanecidas hoy debido a la pasividad de Estados Unidos y la comunidad occidental.

Abás ha insinuado que podría abandonar asuntos administrativos civiles, como los servicios de salud, y devolver toda la responsabilidad a Israel. "Nosotros no tenemos autoridad. ¿Por qué deberíamos responsabilizarnos? Ustedes son el Estado ocupante", ha dicho. "Ya no estamos comprometidos con ningún acuerdo, desde el de Oslo hasta hoy", ha insistido el mandatario palestino en un discurso en la cumbre en el que anunció el fin del papel de EEUU como mediador en el conflicto por su inclinación a favor de Israel.

"Jerusalén es y siempre será la capital de Palestina", ha incido Abás, que también ha indicado que la decisión de Trump viola el derecho internacional y "cruza todas las líneas rojas" justo en un momento "en el que pensamos que podríamos trabajar juntos para una paz amplia". "Trump ha hecho lo contrario. Ha provocado a todo el mundo", ha lamentado.

El presidente palestino ha adelantado además que tratará de que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe una resolución que anule el anuncio del presidente estadounidense. También ha pedido que se impongan sanciones o presiones económicas contra Estados Unidos. "La decisión de Trump ofrece Jerusalén a Israel como regalo, algo unilateral, como si les regalara una ciudad estadounidense", ha agregado. "La decisión reforzará a grupos extremistas para transformar un conflicto político en uno religioso. Que así sea. El mundo sufrirá las consecuencias y debe asumir la responsabilidad", ha advertido Abás.

 

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"Honorables jueces, Slobodan Praljak no es un criminal de guerra y acepto su veredicto con absoluta repulsión, sostuvo ayer el ex general bosnio-croata, tras lo cual ingirió una sustancia venenosa en plena sesión del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia.

 

La Haya.

Honorables jueces, Slobodan Praljak no es un criminal de guerra y acepto su veredicto con absoluta repulsión, afirmó este miércoles el ex general bosnio-croata, de 72 años, para de inmediato ingerir veneno, luego de escuchar su sentencia a 20 años de prisión por crímenes de guerra perpetrados durante el conflicto que llevó a la desintegración de Yugoslavia (1992-1995).

El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY), instalado en La Haya, suspendió en ese momento la sesión. Los magistrados daban lectura a las condenas en contra de seis ex dirigentes y jefes militares bosnio-croatas, entre ellos Praljak.

Uno de los seis acusados (Praljak), murió en el hospital HMC. Bebió un líquido y enfermó rápidamente, confirmó Nenad Golcevski, vocero del TPIY, que no mencionó el nombre del suicida.

Praljak era custodiado por guardias del tribunal, por lo que no queda claro qué tipo de sustancia ingirió, cómo la adquirió e introdujo a la sala fuertemente vigilada. Su abogada, Natasa Favo Ivanovic, aseguró que ingirió veneno, pero no dio más detalles.

Carmel Agius, presidente de esta corte, corroboró que la policía holandesa abrió una investigación por este hecho y parte de las instalaciones del tribunal quedarán resguardadas. La audiencia se reanudó más tarde y los cinco croatas restantes escucharon la ratificación de sus sentencias de entre 10 a 25 años de cárcel.

Uno de los principales condenados es el ex dirigente de los croatas de Bosnia, Jadranko Prlic, quien recibió 25 años de prisión por el traslado de poblaciones musulmanas y por haber perpetrado asesinatos, violaciones y destrucción de propiedades para crear la gran Croacia.

Los veredictos de este miércoles eran los últimos del TPIY tras 24 años de trabajo en los que sentenció a los principales responsables por los crímenes perpetrados durante la guerra de Bosnia-Herzegovina, que causó más de 100 mil muertos y dejó 2.2 millones de desplazados. Una semana antes se había dictado cadena perpetua al ex militar serbio-bosnio Ratko Mladic por crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.

 

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Viernes, 17 Noviembre 2017 08:05

Cumbre del Cambio Climático

Una réplica de la estatua de la libertad emitiendo humo por la antorcha, creada por el artista danés Jens Galshiot y montada en el parque Rheinaue durante la COP 23.

 

La ONU pedirá mayor compromiso a los países industrilizados

 

La penúltima jornada de la Conferencia del Clima de la ONU (COP23) en Bonn estuvo marcada por discursos de gran parte de los representantes de los 195 países que negocian un manual de reglas para la puesta en práctica del histórico Acuerdo de París contra el cambio climático.

El Grupo de los 77 y China realizaron un balance provisional positivo de las negociaciones de la conferencia del clima de la ONU (COP23) en Bonn, pero alertó que aún sigue esperando un mayor compromiso financiero por parte de los países industrializados. “Hay muchos resultados positivos, uno muy importante es la creación de la plataforma para pueblos indígenas y comunidades locales", señaló la canciller de Ecuador y portavoz del grupo, María Fernanda Espinosa.

"También tuvimos éxitos como grupo en la labor sobre el capítulo de pérdidas y daños, en cómo evaluar y cuantificar las pérdidas y daños de los efectos del cambio climático en el sur global", prosiguió Espinosa en rueda de prensa. La titular de la diplomacia ecuatoriana, sin embargo, identificó como uno de los principales problemas en las negociaciones el tema de la financiación climática.

"Siempre la pata débil de la convención son los medios de implementación. No sólo el acceso al financiamiento y recursos, sino también a la transferencia de tecnología y al desarrollo de capacidades" para mejorar la resiliencia de los Estados vulnerables. "Concretamente estamos pidiendo que llenen la caja del fondo de adaptación", en la que hasta ahora han ingresado 6000 millones de dólares, a los que además se tiene difícil acceso, dijo. La cifra es muy inferior a los 100.000 millones de dólares anuales que los países desarrollados se comprometieron a movilizar anualmente para ayudar a los más vulnerables a enfrentar el cambio climático. "Hay una gran brecha", se lamentó.

Espinosa se mostró optimista sobre los resultados que arrojará esta 23 conferencia, encargada de confeccionar el manual de reglas para la implementación de los compromisos del Acuerdo de París firmado en diciembre de 2015. "Creo que finalmente vamos a cerrar con un gran documento para un plan de acción para el Acuerdo de París. Las discusiones están un poco empantanadas por reparos del grupo africano, pero creo que hallaremos una solución", manifestó. "Tenemos un documento de gran volumen y la idea es condensarlo hasta la COP24 (de 2018 en Polonia) para que sea más fácil de implementar", concluyó.

 

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ANC: Hasta 20 años de prisión para quienes promuevan “delitos de odio”

 

Este miércoles la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, que castigará con penas de hasta 20 años de cárcel a quienes sean hallados culpables de promover “delitos de odio“.

“Quien públicamente (...) incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político (...) será sancionado con prisión de 10 a 20 años”, establece el artículo 20 de la citada ley.

Asimismo, creó penas dirigidas a los medios de comunicación: será sancionado el prestador de servicio de radio o televisión que difunda mensajes que “constituyan propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial, religioso, político o de cualquier otra naturaleza”.

El texto establece multas para las personas jurídicas responsables de redes sociales y medios electrónicos que no retiren en un plazo de seis horas mensajes de “odio”.

Habrá sanciones de hasta 4% de sus ingresos fiscales brutos a aquellos dueños de medios que se nieguen a publicar contenidos de promoción de la “tolerancia”

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Wilbur Ross, secretario estadunidense de Comercio e íntimo amigo del presidente Donald Trump, tiene una inversión que ha recibido decenas de millones de dólares en ingresos desde 2014, de una empresa rusa cuyo copropietario es yerno del mandatario ruso, Vladimir Putin. Esto quedó al descubierto en los Papeles del Paraíso, masiva filtración sobre la red financiera offshore revelada por el Consorcio Internacional de Periodistas.

 

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En imagen de archivo, Rex Tillerson, secretario estadunidense de Estado, aparece en las listas de políticos millonarios con fortunas en paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos / Foto Afp

 

Nueva filtración masiva amplía la lista de multimillonarios que evaden al fisco

 

Una filtración masiva de más de 13 millones de archivos desnudó parcialmente a los emperadores del dinero, al revelar parte del sistema financiero secreto de ricos y poderosos; desde integrantes del gabinete de Donald Trump, del gobierno brasileño, el presidente y premio Nobel Juan Manuel Santos, de Colombia, entre unos 120 políticos de diversas partes del mundo, hasta empresarios multimillonarios o estrellas de la música, como Bono, empresas como Apple e incluso la reina de Inglaterra, que recurren a paraísos fiscales y otros mecanismos para ocultar sus fortunas y evitar el pago de impuestos en sus países.

La masiva filtración sobre la red financiera offshore dada a conocer en los Papeles del Paraíso (Paradise Papers) por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés) sacudió este domingo a miles de clientes de la élite mundial –tanto del ámbito político como del empresarial–, ya que el punto de todo este sistema, y lo que vende al club exclusivo que mueve billones de dólares por este sistema es, sobre todo, el secreto.

Entre las primeras revelaciones, más de una docena de secretarios de gabinete, asesores y donantes de Trump fueron identificados como participantes en este sistema. Wilbur Ross, secretario de Comercio e íntimo amigo del presidente, por ejemplo, tiene una inversión en la empresa de transporte marítimo Navigator, que ha recibido decenas de millones de dólares en ingresos desde 2014 de una empresa energética rusa, Sibur, cuyo copropietario es yerno de Vladimir Putin. Todo esto en momentos en que se acelera la investigación sobre las relaciones del círculo de Trump con intereses ligados al Kremlin.

Más aún, en los documentos se encontraron pistas para vincular a inversionistas rusos ligados al gobierno que indirectamente invirtieron en Twitter y Facebook, lo que echa más combustible a la controversia sobre la intromisión rusa en el proceso político estadunidense. Y hay más: uno de esos inversionistas rusos invirtió 850 mil dólares en Cadre, una empresa de bienes raíces cofundada por Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Trump.

Otros miembros del círculo Trump que están involucrados en este sistema offshore son Rex Tillerson, ahora secretario de Estado, y Gary Cohn, asesor económico en jefe del presidente, y actualmente vigilante del sector financiero en la Reserva Federal, y Jon Huntsman, el nuevo embajador de Estados Unidos en Rusia, entre otros. Supuestamente todos están dedicados a poner a “América primero”, el lema de Trump, como su promesa de hacer regresar las inversiones y los empleos del extranjero a este país. Tal vez nadie le avisó al gabinete.

Pero también hay demócratas, como la ex secretaria de Comercio Kenny Pritzker y el multimillonario George Soros, entre otros.

A la vez, en los archivos aparece toda una gama de personajes, como la empresa en Bermudas de Marcial Maciel Degollado, fundador de los Legionarios de Cristo; los intereses ocultos del mayor recaudador de fondos electorales para el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; inversiones de la monarquia británica y hasta de la reina Noor, de Jordania; del ministro de Finanzas de Brasil, Henrique de Campos Meirelles; del ex general y ex comandante de la OTAN Wesley Clark, entre cientos más.

También hay transacciones de ricos, como los yates y submarinos del cofundador de Microsoft Paul Allen; las inversiones de Pierre Omidyar, fundador de eBay; las acciones de Madonna en una empresa médica, y las de Bono (con su nombre real Paul Hewson) en una empresa maltesa que invirtió en un centro comercial en Lituania.

Los archivos provienen de dos empresas especializadas en ofrecer servicios financieros de este tipo para la élite económica internacional y de 19 registros gubernamentales de jurisdicciones que sirven como paraísos fiscales. La filtración fue obtenida por el rotativo alemán Suddeutsche Zeitung y compartida con el ICIJ, una red de 381 periodistas y 96 medios en 67 países, muchos de los cuales examinaron los 13.4 millones de archivos durante un año. Este domingo empezaron a presentar el resultado de este esfuerzo a través de medios asociados al consorcio. El ICIJ fue el responsable de los Papeles de Panamá divulgados en 2016, y este nuevo esfuerzo amplía lo revelado el año pasado.

El ICIJ, en la presentación de los documentos, afirma que los paraísos fiscales ofrecen un sistema para ocultar, o por lo menos dificultar, el rastreo de fondos a sus dueños. Aunque subraya que por ahora nada de lo descubierto es necesariamente ilegal, este sistema obviamente atrae tanto a los que mueven fondos lícitos, como a los que desean ocultar fondos ilícitos (narcotraficantes, blanqueadores de dinero y corruptos). A la vez, sirven como mecanismos para lograr que billones de dólares no sean sujetos a impuestos, y con ello privan de fondos a tesorerías nacionales.

Hay un grupo pequeño de personas que no son sujetas a las leyes como el resto de nosotros, y eso es a propósito, declaró al ICIJ Brooke Harrington, profesora de la Escuela de Negocios de Copenhage y autora del libro Capital sin fronteras. Puntualizó que cuando los ricos se vuelven más ricos, los pobres se hacen más pobres, porque individuos ricos no están pagando su parte justa de los impuestos y eso está profundizando la desigualdad de la riqueza.

La mayoría de los documentos filtrados provienen del bufete especializado Appleby, junto con Estera (que antes operaban bajo el mismo nombre), donde la mayoría de los clientes, unos 31 mil, están registrados en Estados Unidos. Los cerca de 7 millones de documentos que provienen de Appleby cubren desde 1950 hasta 2016, incluyendo todo tipo de transacciones, recibos, declaraciones bancarias y correos electrónicos que involucran a unas 25 mil empresas offshore vinculadas a personas en 180 países, incluido México. La empresa tiene su sede en Bermudas, con oficinas en Hong Kong, Shanghai, Islas Caimán e Islas Vírgenes.

Otros archivos en la filtración provienen de la empresa Asiaciti Trust, especializada en negocios offshore, con sede en Singapur, pero con sucursales en varios países, desde Asia hasta el Caribe.

Además de políticos y ricos, o ambas cosas, los archivos también revelan maniobras aparentemente legales de megaempresas para trasladar fondos y evitar impuestos. Además de Apple, otros clientes empresariales de Appleby incluyen a Nike, Uber, el conglomerado de construcción del Medio Oriente, Grupo Saad, así como la masiva empresa mercantil Glencore y la firma que opera la planta nuclear de Fukushima, en Japón.

Entre los latinoamericanos en la lista, están Alejando Gertz Manero, ex secretario de Seguridad Pública entre 2000 y 2004, quien está identificado como vicepresidente de Jano, Ltd, empresa en las Islas Caimán, a partir de febrero de 1998, poco antes de ser nombrado jefe de la policía del entonces Distrito Federal. Otros: Blairo Borges Maggi, ministro de Agricultura de Brasil; José María Figueres, ex presidente de Costa Rica, y Carlos Quintanilla Schmidt, ex vicepresidente de El Salvador, entre otros.

Estos nombres se agregan a la lista revelada por los Papeles de Panamá de los usuarios de los paraísos fiscales, entre los cuales figuraban Mauricio Macri, presidente de Argentina, y numerosos ex secretarios y funcionarios de varias partes de América Latina.

Se espera que en los próximos días, al divulgarse más información analizada por el ICIJ, se ampliarán las listas de los empresarios, estrellas y políticos tanto de América Latina como de otras regiones del mundo. (Para la lista interactiva de políticos a escala mundial en los Papeles del Paraíso así como los de los Papeles de Panamá).

ICIJ promete que cada día durante la próxima semana se presentarán más análisis y datos de la información recaudada en la masiva filtración. (Para consultar los materiales, descripciones de los fondos y las empresas identificadas, y un video en inglés sobre los Papeles del Paraíso).

 

 

 

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