Viernes, 22 Marzo 2019 09:04

¿Tocar fondo... y seguir cavando?

Adriana Gómez,  en la serie “Asombrados” (Cortesía de la autora)

“Lo peor no ha llegado mientras pueda decirse: ‘Esto es lo peor’”. Estos días, la diplomacia francesa nos recuerda ese verso de El rey Lear. Al finalizar el quinquenio de François Hollande, creíamos haber tocado fondo (1); algunos predecían incluso un arranque de orgullo. Después de todo, ya que Estados Unidos expresaba su soberano desprecio hacia las capitales europeas, su deseo de liberarse de las obligaciones del tratado de la Alianza Atlántica, ¿por qué no aprovechar la ocasión para abandonar la OTAN, renunciar a la política de sanciones contra Moscú e imaginar la cooperación europea “del Atlántico a los Urales” con la que soñaba el general De Gaulle hace sesenta años? ¡Libres, finalmente, de la tutela estadounidense, y adultos!


Intervencionismo


Ratificando la autoproclamación de Juan Guaidó como jefe interino del Estado venezolano, con el pretexto de una vacante en la Presidencia que sólo existe en su imaginación, París se puso una vez más a disposición de la Casa Blanca y dio su aval a lo que se asemeja a un golpe de Estado. La situación en Venezuela es dramática: inflación galopante, subalimentación, prevaricación, sanciones, violencia (2). También lo es porque una solución política choca actualmente con la sensación de que cualquiera que se subleve contra el poder, o pierda el poder, corre el riesgo de terminar tras las rejas. ¿Cómo pretender que los dirigentes venezolanos no tengan en mente el caso del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, inhabilitado para presentarse como candidato en una elección presidencial que probablemente habría ganado, y condenado a veinticuatro años de prisión?


La decisión de Francia infringe la regla que establece que París reconozca Estados, no regímenes. Al mismo tiempo, conduce también a Emmanuel Macron a fomentar la política incendiaria de Estados Unidos, ya que la proclamación de Guaidó fue inspirada por los hombres más peligrosos de la administración Trump, como John Bolton y Elliott Abrams (véase el artículo de Eric Alterman, página 20). Por lo demás, nadie ignora que el vicepresidente estadounidense Michael Pence informó a Guaidó que Estados Unidos lo reconocería... la víspera del día en que se proclamó jefe de Estado (3).


El 24 de enero pasado, Macron exigió “la restauración de la democracia en Venezuela”. Cuatro días más tarde, llegaba alegremente a El Cairo, muy decidido a venderle algunas armas más al presidente egipcio Abdel Fatah al-Sisi, autor de un golpe de Estado seguido inmediatamente por el encarcelamiento de 60.000 opositores políticos y la condena a muerte de su predecesor libremente elegido. En materia de política exterior que pretende ser virtuosa, ¿puede hacerse algo peor?

 

1. Véase Dominique de Villepin, “Francia gesticula… pero no dice nada”, Le Monde diplomatique, edición Colombia, diciembre de 2014.
2. Véase Renaud Lambert, “Contrarrevolución en la contrarrevolución”, y Temir Porras Ponceleón, “Venezuela en un callejón sin salida”, Le Monde diplomatique, edición Colombia, diciembre de 2016 y noviembre de 2018, respectivamente.
3. Véase Jessica Donati, Vivian Salama y Ian Talley, “Trump sees Maduro move as first shot in wider battle”, The Wall Street Journal, Nueva York, 30-1-19.

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Gustavo Recalde

 

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Martes, 19 Marzo 2019 11:02

¿Tocar fondo... y seguir cavando?

Adriana Gómez,  en la serie “Asombrados” (Cortesía de la autora)

“Lo peor no ha llegado mientras pueda decirse: ‘Esto es lo peor’”. Estos días, la diplomacia francesa nos recuerda ese verso de El rey Lear. Al finalizar el quinquenio de François Hollande, creíamos haber tocado fondo (1); algunos predecían incluso un arranque de orgullo. Después de todo, ya que Estados Unidos expresaba su soberano desprecio hacia las capitales europeas, su deseo de liberarse de las obligaciones del tratado de la Alianza Atlántica, ¿por qué no aprovechar la ocasión para abandonar la OTAN, renunciar a la política de sanciones contra Moscú e imaginar la cooperación europea “del Atlántico a los Urales” con la que soñaba el general De Gaulle hace sesenta años? ¡Libres, finalmente, de la tutela estadounidense, y adultos!


Intervencionismo


Ratificando la autoproclamación de Juan Guaidó como jefe interino del Estado venezolano, con el pretexto de una vacante en la Presidencia que sólo existe en su imaginación, París se puso una vez más a disposición de la Casa Blanca y dio su aval a lo que se asemeja a un golpe de Estado. La situación en Venezuela es dramática: inflación galopante, subalimentación, prevaricación, sanciones, violencia (2). También lo es porque una solución política choca actualmente con la sensación de que cualquiera que se subleve contra el poder, o pierda el poder, corre el riesgo de terminar tras las rejas. ¿Cómo pretender que los dirigentes venezolanos no tengan en mente el caso del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, inhabilitado para presentarse como candidato en una elección presidencial que probablemente habría ganado, y condenado a veinticuatro años de prisión?


La decisión de Francia infringe la regla que establece que París reconozca Estados, no regímenes. Al mismo tiempo, conduce también a Emmanuel Macron a fomentar la política incendiaria de Estados Unidos, ya que la proclamación de Guaidó fue inspirada por los hombres más peligrosos de la administración Trump, como John Bolton y Elliott Abrams (véase el artículo de Eric Alterman, página 20). Por lo demás, nadie ignora que el vicepresidente estadounidense Michael Pence informó a Guaidó que Estados Unidos lo reconocería... la víspera del día en que se proclamó jefe de Estado (3).


El 24 de enero pasado, Macron exigió “la restauración de la democracia en Venezuela”. Cuatro días más tarde, llegaba alegremente a El Cairo, muy decidido a venderle algunas armas más al presidente egipcio Abdel Fatah al-Sisi, autor de un golpe de Estado seguido inmediatamente por el encarcelamiento de 60.000 opositores políticos y la condena a muerte de su predecesor libremente elegido. En materia de política exterior que pretende ser virtuosa, ¿puede hacerse algo peor?

 

1. Véase Dominique de Villepin, “Francia gesticula… pero no dice nada”, Le Monde diplomatique, edición Colombia, diciembre de 2014.
2. Véase Renaud Lambert, “Contrarrevolución en la contrarrevolución”, y Temir Porras Ponceleón, “Venezuela en un callejón sin salida”, Le Monde diplomatique, edición Colombia, diciembre de 2016 y noviembre de 2018, respectivamente.
3. Véase Jessica Donati, Vivian Salama y Ian Talley, “Trump sees Maduro move as first shot in wider battle”, The Wall Street Journal, Nueva York, 30-1-19.

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Gustavo Recalde

EEUU se sienta a negociar con los talibanes, que han aumentado en un 50% su control sobre Afganistán

El objetivo de EEUU en Afganistán es crear unas fuerzas de seguridad afganas fuertes que obliguen a los talibanes a negociar, pero hoy en día estas fuerzas no podrían ni "sobrevivir" solas

En dos años, los talibanes han pasado de controlar el 8% del territorio al 12%, mientras que el Gobierno ha pasado del 63% al 55,5%

Talibanes y EEUU han mantenido negociaciones este lunes y martes en Abu Dabi

 

"Nunca han sido más reales", afirmó el enviado especial de Naciones Unidas para Afganistán, Tadamichi Yamamoto, sobre las negociaciones entre EEUU y los talibanes celebradas este lunes y martes en Abu Dabi. Los talibanes se han sentado en la mesa con el objetivo de conseguir una retirada de las tropas de EEUU y no están dispuestos a hablar con el Gobierno de Afganistán. Además, lo hacen desde una posición reforzada: controlan un 50% más de territorio que hace dos años, superan en número de efectivos al Ejército y la Policía nacionales y en la última etapa han intensificado la violencia para consolidar su posición negociadora.


Ese no era el plan inicial de EEUU. Su objetivo de crear un Gobierno afgano sólido que obligase a los talibanes a negociar y que finalmente no hiciese necesaria la presencia estadounidense está lejos de hacerse realidad. Las fuerzas de seguridad del Estado apenas controlan o tienen influencia sobre el 55'5% del territorio, llevan años estancadas y cada vez tienen menos efectivos. Hoy, los talibanes quieren negociar, pero no lo hacen obligados ante la fuerza del Estado afgano.

 

En la sesión de confirmación del general Kenneth McKenzie como nuevo comandante de Centcom –mando del ejército de EEUU al cargo de 27 países situados entre el Cuerno de África y Asia Central– el pasado 4 de diciembre, el militar aseguró: "La misión está centrada en asegurar que las fuerzas de seguridad de Afganistán están en la mejor posición militar posible para tener éxito en el campo de batalla y poner la presión suficiente sobre los talibanes para llevarles a la mesa de negociaciones con el Gobierno de Afganistán". Sin embargo, durante la misma sesión advirtió: "Hoy sería muy difícil para las fuerzas de seguridad afganas sobrevivir sin nuestra asistencia".

McKenzie informó que los talibanes tienen aproximadamente 60.000 combatientes "disponibles por todo Afganistán", una cifra bastante superior a los 40.000 que conforman el cuerpo de Policía y el Ejército nacionales. Con esta cifra, las fuerzas de seguridad nacionales registran su número más bajo desde 2012 y solo llegan al 11% de la cifra de 352.000 establecida como objetivo. En el último año, las fuerzas de seguridad afganas han perdido 8.827 efectivos, según el último informe de SIGAR, la agencia del Gobierno EEUU encargada de supervisar el proceso de reconstrucción en Afganistán.
Los talibanes dicen estar dispuestos a negociar con EEUU, pero no con el Gobierno de Afganistán. "El principal punto de discusión ha sido la retirada de las tropas extranjeras", afirmó el portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, a través de su canal de Telegram. EEUU no ha informado sobra las negociaciones, pero los insurgentes aseguran que en ellas no ha participado el Gobierno afgano. "Toda la agenda está centrada en asuntos que conciernen a los ocupantes y las negociaciones solo se mantendrán con ellos", añadió.


"Recibimos dos mensajes diferentes de los talibanes. Han aumentado la violencia en algunas partes del país, pero a su vez han mostrado un mayor interés por la reconciliación", afirmó el secretario de Defensa de EEUU, James Mattis. La interpretación del entonces comandante de la misión de EEUU en Afganistán, John Nicholson, era clara: "Los talibanes están combatiendo para ganar influencia en las negociaciones y mantener su cohesión".


Desde 2009, la cifra de civiles muertos se ha casi duplicado, pasando de 2.814 a 5.252. Aun así, la cifra se ha mantenido estable respecto al año pasado, según datos de la Misión de la ONU en Afganistán (UNAMA). Según Naciones Unidas, el 65% de estas muertes está causado por la insurgencia y el 22% por fuerzas progubernamentales.


En cualquier caso, la UNAMA ha registrado 649 muertes de civiles por operaciones aéreas de fuerzas progubernamentales entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2018, lo que supone un aumento del 39% respecto al mismo periodo del año anterior y un récord desde que la misión de ONU empezó a registrar muertes de civiles en el año 2009. Los talibanes han llevado este asunto a las negociaciones de esta semana.


"Ahora tenemos la oportunidad de dar a la Unión Soviética su guerra de Vietnam", le dijo Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad nacional del presidente Jimmy Carter, a su jefe el mismo día en que los soviéticos entraron en Afganistán. Y lo fue. La URSS estuvo allí 10 años y se marchó derrotada. Hoy, ese mismo territorio se ha convertido en una nueva Guerra de Vietnam para EEUU en la que, 17 años después, no ve la salida. La evolución en la política de Trump es un buen ejemplo de ello, que pasó de apostar por la retirada inmediata a ordenar un aumento de tropas para desequilibrar la batalla. Sin conseguirlo.

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Sábado, 18 Noviembre 2017 07:53

Los independentistas, juntos pero no revueltos

Los abogados de Puigdemont hicieron declaraciones a la prensa desde el Palacio de Justicia en Bruselas.

 

Tres formaciones del bloque se presentan por separado, con Puigdemont como candidato desde Bélgica y Junqueras desde la prisión. Podemos se une al partido de Colau. Socialistas, PP y Ciudadanos son las opciones unionistas.

 

Desde Barcelona

El rompecabezas catalán renueva sus piezas para intentar rearmarse, por fin, tras las elecciones impuestas por Mariano Rajoy el 21 de diciembre. Los últimos dos meses frenéticos no solo acabaron con políticos encarcelados, gobernantes exiliados en Bruselas y una Comunidad autónoma intervenida por el Ejecutivo central sino también que trajeron consigo la reconfiguracióñ de los partidos de cara a los próximos comicios regionales.

La primera novedad llega desde el propio independentismo, el cual optó –después de semanas de negociaciones– por romper la coalición que lo llevó al gobierno de Cataluña en 2015 y presentar este viernes listas separadas. Aunque el partido de Carles Puigdemont, PDeCAT, hizo todo lo posible por mantener el bloque unido, ni Esquerra Republicana (ERC) ni la formación anticapitalista CUP quisieron repetir el pacto, por lo que el “tripartito” que gobernó los últimos años bajo el paraguas del secesionismo no podrá reeditarse. No obstante esta disolución, desde las filas independentistas se insiste en que habrá una estrategia en común para “ensanchar muchísimo la base independentista y afrontar con garantías las elecciones del 21 de diciembre” o, al menos, así lo aseguró la secretaria general de ERC, Marta Rovira, al volver esta semana de un viaje a Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont. Su objetivo, según declaró la dirigente republicana, es “obtener de nuevo la mayoría en escaños entre las candidaturas secesionistas y superar, de manera conjunta, el 50% en votos”, lo cual, desde su punto de vista, les daría la legitimidad necesaria para seguir adelante con el proyecto de la independencia.

Juntos pero no revueltos, así se presentarán los partidos defensores de la separación de España. El presidente catalán destituido, Carles Puigdemont, volverá a ser cabeza de lista de su formación aunque, para ello, los actos de campaña los tenga que hacer desde Bélgica. Ayer el líder independentista y los consellers cesados por la aplicación del artículo 155 de la Constitución declararon ante los tribunales belgas a la espera de que el juez decidiera si acepta o no la petición de extradición de la Audiencia Nacional española, pero el magistrado no decidió. La resolución se pospuso para el 4 de diciembre con el objetivo de que “las defensas puedan tener más tiempo para hacer sus alegaciones por escrito”, explicó el abogado del expresident. Además, sea cual sea la decisión del juez, tanto la defensa como la fiscalía podrán recurrirla hasta dos veces, por lo que todo el proceso es susceptible de alargarse hasta dos meses.

En cualquier caso, el ex president, será el candidato presentado por su partido para el 21 de diciembre, repitiendo fórmula pero no nombre. Los del PdeCAT en vez de integrar la coalición “Junts pel Sí” que hasta ahora formaba con Esquerra Republicana, serán parte de Junts Per Catalunya (JUNTSxCAT), una confluencia entre su actual partido y el antiguo, Convergència. Esta nueva– vieja– marca pretende diferenciarse de la anterior en que cuenta con una mayor presencia de figuras independentistas que no son necesariamente del mundo de la política. Así, la lista de Puigdemont tendrá como número dos al presidente de la asociación independentista Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, encarcelado desde hace un mes en Madrid; ocupando puestos prominentes a los ex consejeros Clara Ponsatí –huida en Bruselas– y Jordi Turull, Josep Rull y Lluis Puig– los dos primeros en prisión preventiva y el tercero en Bruselas pendiente de extradición a España– y a periodistas, actores, escritores o historiadores fuertemente involucrados en la causa separatista.

Los republicanos, por su parte, también harán campaña desde la prisión. El partido que todas las encuestas dan, de momento, como vencedor en los próximos comicios regionales se presenta bajo la marca ERC-Catalunya Sí (ERC-CatSí) con su líder y ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, como candidato, aun encontrándose entre rejas por orden de la Audiencia Nacional a raíz de la declaración unilateral de independencia del pasado 27 de octubre. Los siguientes puestos en la lista también están ocupados por miembros del grupo “castigado” por la Justicia española y el gobierno del Partido Popular: Raül Romeva, Carles Mundó y Toni Comín en los números 3, 5 y 7 por Barcelona; Dolors Bassa como cabeza de lista por Girona, y Meritxell Serret liderando la de Lleida, son los consellers en prisión preventiva o en Bruselas que buscarán recuperar sus antiguas sillas en el Palacio de la Generalitat.

Para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sin embargo no es buena idea que quienes están en la cárcel por su papel en el proceso independentista se presenten a las elecciones sino que “deberían estar inhabilitados”. En una entrevista a la radio española COPE, el jefe del Ejecutivo afirmó que tanto el ex presidente Carles Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras están “inhabilitados políticamente” y que los ciudadanos tomarán nota de sus “mentiras”. “Ahora se le está diciendo a la gente que se les ha engañado. No solo no estaban preparados (para la independencia), sino que era imposible”, expresó Rajoy en referencia a las declaraciones que diversos miembros del bloque secesionista hicieron durante la semana matizando la inminencia de la separación de España. Pero más allá de las opiniones del líder conservador y de las aparentes reculadas de los independentistas, lo cierto es que Junqueras y los siete ex consejeros del gobierno catalán actualmente en prisión están todavía pendientes de juicio y, por tanto, pueden presentarse a las urnas mientras no haya sentencia firme de inhabilitación.

Contra los dos partidos independentistas competirá el que hasta la intervención del Poder central compartía con ellos el gobierno de la Generalitat, la plataforma anticapitalista CUP, quienes tras las cada vez mayores desavenencias con ambos irán a los comicios en solitario. Podemos, por su parte, se une a la formación de Ada Colau –después de que sus bases aprobaran la confluencia en una consulta– para defender en Cataluña la opción soberanista no independentista. Xavier Domènech será el número uno de Catalunya En Comú-Units Podem, una coalición que integran cinco partidos de izquierda favorables al derecho a decidir y a la implementación de políticas sociales como prioridad, por encima de la formación o no de un Estado independiente.

Dentro del bloque unionista estarán quienes apoyaron la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, es decir, la suspensión del autogobierno catalán para evitar que siguiera adelante el proceso hacia la secesión. Los socialistas, con Miquel Iceta a la cabeza, los populares, con Xavier García Albiol y Ciudadanos, con Inés Arrimadas, coinciden en repetir los candidatos de los comicios del 2015 y en conformar nuevamente la opción en las urnas para aquellos que rechazan el proyecto independentista.

 

 

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El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, acaparó las portadas de las publicaciones satíricas españolas El Jueves y Mongolia, en momentos cruciales del conflicto con Cataluña. En los congresos nacional y regional se votarán esta semana decisiones determinantes para el futuro de la relación

 

El Parlamento de Cataluña podría declarar la independencia en sesión del próximo jueves

 

Madrid.

 

El conflicto entre Cataluña, que reivindica el derecho a la autodeterminación para erigirse en república independiente, y España, que alega que su territorio es indivisible, entra en una semana crucial.

Hay dos escenarios: en Barcelona, el Parlamento regional convocó a un pleno para el próximo jueves, en el que cabe la posibilidad de que se declare la independencia de forma unilateral; y en Madrid, ese mismo día el Senado español votará la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que entraría en vigor el viernes e implica la destitución del gobierno catalán, el control del Legislativo regional y el plan para convocar a elecciones anticipadas en un plazo máximo de seis meses.

El Senado español informó que ya se integró la comisión que analizará y debatirá la propuesta presentada el pasado sábado por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Se prevé que este jueves se celebre el pleno y que la votación para su entrada en vigor sea el viernes, con la posible intervención del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, quien según fuentes de su gobierno está considerando acudir a Madrid para defender la autonomía de las instituciones catalanas ante el Congreso español.

Mientras, en Cataluña crece la indignación por lo que califican de “golpe de Estado de facto” e incluso desde sectores del gobierno y algunos sindicatos se advierte que no acatarán otra autoridad que la actual. En Madrid, el gobierno español confirmó que no existe ningún tipo de interlocución con la administración catalana y que a partir de este sábado su presidente y consejeros perderán todas sus atribuciones.

El primer paso para que entre en vigor el plan de Rajoy, que fue consensuado con los partidos Socialista Obrero Español (PSOE) y Ciudadanos, fue la puesta en marcha de la comisión, que dio de plazo hasta el próximo jueves al mediodía a la Generalitat de Cataluña para que envíe por escrito sus alegatos y designe a un representante que acuda a defenderlos. El dictamen para la aplicación del artículo 155 se votará el jueves por la tarde.

El siguiente paso será llevarlo al pleno para su votación el próximo viernes, donde con toda seguridad saldrá adelante, toda vez que entre PP, PSOE y Ciudadanos cuentan con 214 de los 266 escaños, es decir, más de 80 por ciento de la cámara. A esta sesión es probable que acuda el presidente Puigdemont a defender su postura sobre la suspensión.

De hecho su presencia en Madrid estará condicionada a lo que se decida en los próximos días en el Parlamento catalán y en el seno de la coalición de los partidos independentistas, pero sus estrategias en este momento crucial son distintas.

El Partido Demócrata de Catalunya, que es la formación del presidente Puigdemont y representa el ala derechista del nacionalismo, votó en su anterior reunión ejecutiva por una propuesta en la que se comprometieron a apoyar al presidente catalán en caso de que declare la independencia para defenderse de la intervención del Estado español en sus instituciones, si bien hay algunas voces, sobre todo las más vinculadas al empresariado, que reclaman una salida pactada, incluso un paso atrás para no tensar más situación.

Desde Esquerra Republicana de Catalunya y la Candidatura de Unidad Popular (anticapitalistas y anarquistas) hay coincidencia en que la única salida a esta encrucijada es la desobediencia civil y la declaración inmediata de la secesión. Además, abogan por llamar a la ciudadanía y a sus funcionarios a una resistencia pacífica ante una eventual toma de las instituciones catalanas por el Estado español.

El consejero de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva, aseguró: nuestros funcionarios no seguirán órdenes de Madrid. El pueblo ha decidido democráticamente durante años el gobierno que quiere, el Parlamento que quiere y esas son las instituciones que se deben preservar. Nadie más que el pueblo tiene el derecho de cambiar esas instituciones.

Sin embargo, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que Puigdemont y sus consejeros perderán su autoridad institucional “cuando se publique el acuerdo en el Boletín Oficial del Estado. Entonces su relevo entrará en vigor, su cese será una realidad política y jurídica por mucho que quieran vivir en la ficción. No tendrán poder para firmar o adoptar decisiones válidas ni ejercer sus funciones, además de que dejarán de cobrar”.

 
Empresarios piden elecciones

 

En el mundo empresarial persiste el nerviosismo tanto con la estrategia trazada por las autoridades catalanas como por la respuesta que llegó desde Madrid con la aplicación del artículo 155. En un comunicado la agrupación empresarial catalana exigó la convocatoria inmediata de elecciones: A la salida de empresas se han unido la creciente fractura social y la posibilidad, real e inmediata, de un profundo deterioro del autogobierno. De no evitarlo, en los próximos días Cataluña puede encaminarse hacia una dinámica, prolongada e intensa, de descontrol, inseguridad jurídica y malestar ciudadano. Sus consecuencias son imprevisibles pero, en cualquier caso, dramáticas en materia de autogobierno, convivencia, crecimiento económico y empleo.

Y advierten que un adelanto electoral “aportaría la serenidad que necesita una sociedad dominada por una desorientación y angustia generalizadas. Por esta razón, así como para retornar al camino de la concordia y el encuentro, tal como conviene a nuestros intereses colectivos y como ha señalado inequívocamente la Unión Europea, la única alternativa hoy es la convocatoria de elecciones.

Así lo transmitimos a la ciudadanía y lo solicitamos a los poderes públicos, con la esperanza puesta en que la prudencia política guíe sus actos. Nos jugamos en ello los avances sociales, políticos y económicos alcanzados durante nuestra vida en democracia.

 

 

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Lunes, 14 Agosto 2017 07:43

American Curios. Regreso al futuro

American Curios. Regreso al futuro

Con amenazas de guerra nuclear, intervenciones militares en los países del traspatio que no se hinquen ante el poder imperial, y el Klan y los neo-nazis festejando su odio, todo sólo en una semana, de repente el futuro fue sustituido por el pasado.

Unas 24 horas después de que Trump comentó que está contemplando una opción militar para Venezuela, ya que en ese país la gente está sufriendo y se están muriendo, en Charlottesville, Virginia, ultraderechistas armados golpearon a manifestantes pacíficos, y en un incidente terrorista –equivalente a los atentados recientes en Europa usando vehículos como armas– un blanco asociado con los neonazis atropelló a 20 personas, matando a una mujer. El gobernador declaró estado de emergencia y la Guardia Nacional se preparó para entrar en acción. Todo esto en un país donde circulan más de 300 millones de armas en manos privadas, y donde en promedio mueren a balazos 93 personas todos los días, siete de éstas menores de edad.

Lo ocurrido el sábado en Charlottesville, Virginia, no es nada nuevo, pero sí es diferente, porque los participantes ahora afirmaron que forman parte de las filas de Trump. David Duke, ex líder de un sector del Ku Klux Klan, declaró ahí: vamos a cumplir con las promesas de Donald Trump. Las imágenes de los cientos de asistentes al acto denominado Unir a la derecha no ocultaron quiénes eran: esvásticas, águilas fascistas, consignas de sangre y tierra (de la frase nazi blut und boden), algunos coreando los judíos no nos remplazarán, junto con banderas de la Confederación y muchos con cachuchas y pancartas con Trump o su consigna de campaña Haremos grande de nuevo a Estados Unidos.

La respuesta ambigua y tardía de Trump el sábado –lamentando la violencia y el odio de todos los bandos sin condenar a los supremacistas blancos– fue tan aguada que líderes de su propio partido lo criticaron. No es la primera vez que Trump rehusa condenar expresamente este tipo de actos de violencia por gente que forma parte de su base, y que afirman que lo llevaron al triunfo. La semana pasada hubo un atentado terrorista contra una mezquita en Minneápolis (el presidente ha guardado silencio sobre ese incidente).

Son agrupaciones que marchan al estilo nazi, una de los cuales, Vanguard America, tiene un manifiesto que se titula Fascismo Americano, combinadas con agrupaciones supremacistas blancas con largas y sangrientas historias de linchamientos y asesinatos de afroestadunidenses, activistas de izquierda y actos violentos antisemitas, y, por supuesto, violencia contra migrantes de países no europeos.

Esto no es nada nuevo. En este país, ha habido más de 30 atentados de terror cometidos por estadunidenses blancos desde el 11 de septiembre de 2001, cuyas víctimas son la mayoría de los estadunidenses afectados por el total de actos de terror. En 1995, el peor atentado terrorista en terreno estadunidense antes del 11-S fue cometido por ultraderechistas estadunidenses, quienes detonaron una bomba en un edificio federal en Oklahoma City que mató a 168 personas (incluyendo 19 niños) e hirió a 500 (para ver la lista completa).

La historia del fascismo en Estados Unidos ha estado presente desde los años 30 del siglo pasado, incluida la fundación de un Partido Nazi Americano. Pero ahora ellos, junto con las agrupaciones de supremacía blanca que tienen siglos de antecedentes en un país cuya Casa Blanca –y gran parte de su economía– fue construida por esclavos negros, gozan de un nuevo momento gracias a Trump. Ahora el Klan puede marchar en público sin cubrir sus rostros con una capucha.

Pero la semana pasada empezó con otro tipo de nostalgia: Trump amenazó a Corea del Norte con fuego y furia nuclear. A pesar de que los generales y jefes diplomáticos, incluyendo el propio secretario de Estado, Rex Tillerson, de inmediato buscaron tranquilizar a sus ciudadanos y aliados en otras partes del mundo al solicitar que, en esencia, no le hicieran caso al comandante en jefe, el ahora resucitado Dr. Strangelove de la Casa Blanca siguió amenazado. Peor aún, algunos empezaron –es en serio– a calcular las dimensiones mortíferas de un hipotético conflicto nuclear. Por su parte, analistas financieros estaban tratando de calcular que efecto tendría un guerra entre dos poderes nucleares sobre los mercados, reportó el Wall Street Journal.

Aunque el mensaje de los adultos en el kínder de Washington insistieron que no había guerra inminente, algunos medios indicaron que, con los protocolos que existen, si el comandante en jefe ordena un ataque nuclear, no requiere de la autorización del Pentágono ni del Congreso, y no existe un mecanismo que pueda frenarlo más que la renuncia de los altos mandos militares o, aunque no se sabe porque no hay precedente, se considera que su gabinete lo puede declarar mentalmente incapacitado.

Y, también con nostalgia por otros tiempos, cuando Estados Unidos era grande, el presidente más presidencial, según él, declaró que si el gobierno de Venezuela no hace lo que él dicta, no descartará una operación militar. A Trump no le han informado que, a estas alturas, es de mala educación amenazar a América Latina con otra intervención militar gringa (eso se hace ahora de otra manera, suavecito, con lo que llaman diplomacia y dólares para apoyar las fuerzas de la democratización).

Las cosas están tan alarmantes que muchos apuestan, para dormir un poco más tranquilos, que los generales controlarán al civil demente en la Casa Blanca.

Aún no se sabe si esos países latinoamericanos o la ONU que, por su supuesta preocupación por la democracia y la crisis socioeconómica exigieron que el gobierno de Venezuela cambiara sus políticas, ahora ofrecerán el mismo tipo de intervención humanitaria en Estados Unidos en nombre de poner fin a la violencia aquí, asistir a uno de cada seis estadunidenses que padecen hambre y rescatar a esta democracia.

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Amenaza Trump con intervenir militarmente en Venezuela

El presidente Donald Trump amenazó con una intervención militar contra Venezuela en una respuesta que sorprendió a muchos en Washington, incluyendo, aparentemente, al Pentágono, el cual dijo no haber recibido ninguna orden al respecto.

Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar si es necesario, dijo a periodistas en su lujoso club de golf en Bedminister, Nueva Jersey.

Venezuela, indicó, es nuestro vecino y Estados Unidos está por todas partes. Tenemos tropas por todo el mundo, en lugares que están muy lejos. Venezuela no está muy lejos, y la gente está sufriendo y se están muriendo.

Acompañado por su secretario de Estado y ex ejecutivo en jefe de Exxon Mobil, Rex Tillerson, y su embajadora ante la Organización de Naciones Unidas, Nikki Haley, el comandante en jefe comentó: Tenemos muchas opciones para Venezuela y, por cierto, no voy a descartar una opción castrense. Interrrogado respecto de si fuerzas estadunidenses encabezarían una operación en Venezuela, respondió: No hablamos sobre esas cosas, pero una operación militar es, ciertamente, algo con lo que podríamos proceder.

El alto mando militar de Estados Unidos se limitó a declarar que el Pentágono no ha recibido órdenes, según su vocero, Eric Pahon, quien refirió toda pregunta sobre el asunto a la Casa Blanca, informó Reuters.

La escalada en la retórica viene después de que Washington impuso sanciones al presidente Nicolás Maduro y a 13 de sus aliados el mes pasado, en respuesta a la celebración de elecciones para la Asamblea Constituyente de ese país.

El gobierno de Trump ha estado consultando sobre Venezuela con otros gobiernos de la región. El martes pasado cancilleres de 17 países del hemisferio –incluyendo México, Argentina, Brasil, Colombia y Panamá– sostuvieron una reunión de emergencia en Lima, Perú, donde denunciaron lo que en palabras del canciller peruano, Ricardo Luna, en nombre de los asistentes, llamó una dictadura en Venezuela, haciendo eco de la postura de Trump.

De hecho, el vicepresidente Mike Pence tiene programada una gira para visitar cuatro de esos países –Colombia, Argentina, Chile y Panamá– la próxima semana, donde, se supone, el tema de Venezuela estará en la agenda.

A la vez, el nuevo jefe del gabinete, John Kelly, quien no estuvo hoy con Trump, ha sido clave en formular la respuesta de este gobierno a Venezuela, según varias fuentes. Vale recordar que el ex general fue el jefe del Comando Sur en Miami. De hecho, cuando fue nombrado jefe de gabinete, el senador Marco Rubio –quien ha sido uno de los políticos más influyentes sobre la política hacia Venezuela y Cuba del nuevo residente de la Casa Blanca– comentó que Trump contará ahora con alguien quien yo creo entiende Venezuela tan bien o mejor que cualquier otro en el gobierno.

 

El petróleo del país sudamericano

 

Hasta hoy algunos expertos creían que Kelly ha frenado la imposición de mayores sanciones a Venezuela, junto con la presión de empresarios estadunidenses con negocios en ese país y otros que temen que suspender la importación de petróleo venezolano llevará a un incremento del precio de la gasolina en Estados Unidos (se calcula que unas 500 empresas estadunidenses tienen intereses en el país, sobre todo en el sector petrolero). Hasta la fecha el gobierno de Trump no ha impuesto sanciones a la industria petrolera del país sudamericano, que entrega unos 740 mil barriles de petróleo a Estados Unidos cada día.

El jueves, cuatro senadores republicanos de estados con refinerías solicitaron a Trump no imponer sanciones a importaciones de crudo venezolano por su efecto negativo sobre la industria aquí.

En mayo pasado, la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas convocó a una reunión a puerta cerrada sobre Venezuela.

Sin embargo, con las declaraciones aparentemente inesperadas de Trump en torno a Venezuela de este viernes, algunos analistas estadunidenses piensan que el mandatario acaba de entorpecer el surgimiento de una posible nueva alianza interamericana con Washington sobre Venezuela. Christopher Sabatini, especialista en relaciones interamericanas en la Universidad de Columbia, declaró al Miami Herald que diplomáticos estadunidenses, después de semanas de construir cuidadosamente el terreno para una repuesta internacional colectiva (a Venezuela), de repente encuentran sus esfuerzos minados por una aseveración exagerada y anacrónica. Nos hace ver imperialistas y de viejos tiempos. Esto no es como Estados Unidos se ha comportado en décadas.

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Venezuela desde adentro: siete claves para entender la crisis actual

 

No es posible entender la crisis actual en Venezuela sin analizar en conjunto los factores que se desarrollan ‘desde adentro’, y que no son explicados en su conjunto por los principales medios de comunicación. Planteamos siete claves de la crisis actual en donde se resalta que no se puede comprender lo que pasa en Venezuela sin tomar en cuenta la intervención foránea y que el concepto de ‘dictadura’ ni explica el caso venezolano ni es una especificidad regional de ese país. A su vez planteamos que se están desbordando el contrato social, las instituciones y los marcos de la economía formal y que se está canalizando el devenir y las definiciones políticas de la actual situación por la vía de la fuerza y a través de un buen número de mecanismos informales, excepcionales y subterráneos. Proponemos que el horizonte compartido de los dos bloques partidarios de poder es neoliberal, que estamos ante una crisis histórica del capitalismo rentístico venezolano y que comunidades, organizaciones populares y movimientos sociales se enfrentan a un progresivo socavamiento del tejido social.

El trato que se le da a Venezuela en los grandes medios de comunicación internacionales es sin duda especial en todo el mundo. No tenga dudas que hay demasiadas tergiversaciones, demasiado maniqueísmo, demasiados slogans, demasiadas manipulaciones y omisiones.

Más allá de las versiones cretinizantes de la neolengua mediática que interpreta todo lo que ocurre en el país en clave de ‘crisis humanitaria’, ‘dictadura’ o ‘presos políticos’, o bien de la narrativa heroica de la Venezuela del ‘socialismo’ y la ‘revolución’ que interpreta todo lo que ocurre en el país en clave ‘guerra económica’ o ‘ataque imperial’, hay muchos temas, sujetos y procesos que son invisibilizados, que ocurren mar adentro y que esencialmente constituyen el escenario político nacional. No es posible entender la crisis actual en Venezuela sin analizar en conjunto los factores que se desarrollan ‘desde adentro’.

El criterio de acción e interpretación basado en la lógica ‘amigo-enemigo’ responde más a una disputa entre élites de los partidos políticos y grupos económicos que a los intereses fundamentales de las clases trabajadoras y la defensa de los bienes comunes. Es necesario apostar por miradas integrales del proceso de crisis y conflicto nacional, que contribuyan a trazar las coordenadas para trascender o enfrentar la coyuntura actual.

Presentamos 7 claves para su comprensión, analizando no solo la disputa gobierno-oposición, sino también procesos que se están desarrollando en las instituciones políticas, en los tejidos sociales, en las tramas económicas, al tiempo que se resaltan las complejidades sobre el neoliberalismo y los regímenes de gobierno y gobernanza en el país.

 

I. No es posible comprender lo que pasa en Venezuela sin tomar en cuenta la intervención foránea

 

El rico y vasto conjunto de los llamados ‘recursos naturales’ del país; su posición geo-estratégica; su desafío inicial a las políticas del Consenso de Washington; su influencia regional para la integración; así como sus alianzas con China, Rusia o Irán; le otorgan un notable significado geopolítico a Venezuela. Sin embargo, hay sectores intelectuales y mediáticos que continuamente buscan obviar las muy fluidas dinámicas internacionales que impactan y determinan el devenir político en el país, donde resalta el persistente accionar intervencionista del Gobierno y los diferentes poderes fácticos de los Estados Unidos.

En este sentido, estos sectores se encargan de ridiculizar la crítica al imperialismo, y presentan al Gobierno Nacional como el único actor de poder en juego en Venezuela, y por ende el único objeto de interpelación política.

Sin embargo, desde la instauración de la Revolución Bolivariana se ha desarrollado un intenso intervencionismo estadounidense hacia Venezuela, el cual se ha recrudecido y tornado más agresivo a partir de la muerte del presidente Chávez (2013) y del contexto de agotamiento del ciclo progresista y restauración conservadora en América Latina. Vale recordar la Orden Ejecutiva firmada por Barack Obama en marzo de 2015 en la cual se declaraba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los EEUU –‘an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States’[1]. Ya sabemos qué le ha ocurrido a los países que son catalogados de esta manera por la potencia del norte.

Actualmente, además de las amenazantes declaraciones del Jefe del Comando Sur, el Almirante Kurt W. Tidd (6 de abril de 2017), planteando que la ‘crisis humanitaria’ en Venezuela podría obligar a llevar adelante una respuesta regional –‘The growing humanitarian crisis in Venezuela could eventually compel a regional response’[2]–, y de la evidencia de la agresividad de la política exterior de Donald Trump con el reciente bombardeo a Siria, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, encabeza junto a varios países de la región el intento de aplicación de la Carta Democrática para abrir un proceso de ‘restitución de la democracia’ en el país.

Los ideólogos y operadores mediáticos de la restauración conservadora en la región se muestran muy preocupados por la situación de Derechos Humanos (DDHH) en Venezuela, pero no logran explicar en sus análisis porque extrañamente no se hace ningún esfuerzo supranacional del mismo tipo frente a la espantosa crisis de DDHH en países como México y Colombia. En este sentido parece que la indignación moral es relativa y prefieren callar.

Sea pues, por razones de intencionalidad política o ingenuidad analítica, estos sectores despolitizan el rol de los organismos supranacionales desconociendo las relaciones geopolíticas de poder que los constituyen, que hacen parte de su propia naturaleza. Una cosa es una lectura paranoica de todas las operaciones impulsadas por estos organismos globales y otra muy diferente es una interpretación puramente procedimental de su accionar, obviando los mecanismos de dominación internacional y control de mercados y de recursos naturales que se han canalizado a través de estas instituciones de gobernanza global y regional.

Pero hay algo importante que agregar. Si hablamos de intervención, no podemos solo hablar de los EEUU. En Venezuela hay crecientes formas de intervencionismo chino en la política y las medidas económicas que se han ido tomando, lo que apunta a pérdidas de soberanía, incremento de la dependencia con la potencia asiática y procesos de flexibilización económica.

Una parte de la izquierda ha preferido callar estas dinámicas, dado que parece que la única intervención que merece ser señalada es la estadounidense. Pero ambas vetas de injerencia foránea se están desarrollando para favorecer la acumulación capitalista transnacional, la apropiación de ‘recursos naturales’ y para nada tienen que ver con las reivindicaciones populares.

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II. El concepto de ‘dictadura’ no explica el caso venezolano

 

Casi desde el inicio de la Revolución Bolivariana se ha tildado a Venezuela de ser una ‘dictadura’. Este concepto sigue siendo objeto de amplios debates en la teoría política debido a que ha sido desafiado por las transformaciones y complejización de los regímenes y ejercicios de poder contemporáneos, sobre todo en la actual época globalizada, lo que plantea serios vacíos e imprecisiones en sus definiciones.

La ‘dictadura’ suele estar asociada a regímenes políticos o tipos de gobierno en los cuales todo el poder está concentrado, sin limitaciones, en una sola persona o un grupo de ellas; hay una ausencia de división de poderes; ausencia de libertades individuales, de libertad de partidos, libertad de expresión; e incluso en ocasiones el concepto ha sido vagamente definido como ‘lo opuesto a la democracia’.

El término ‘dictadura’ en Venezuela ha sido utilizado y masificado en la jerga mediática de manera bastante superficial, visceral y de una forma moralizante, prácticamente para plantearlo como una especie de especificidad venezolana, distinguiéndose así de los otros países de la región, donde en teoría sí habría regímenes ‘democráticos’.

El asunto es que en Venezuela en la actualidad difícilmente se puede decir que todo el poder está concentrado sin limitaciones en una sola persona o un grupo de ellas, debido a que en el país estamos ante un mapa de actores, que si bien es jerarquizado, es a la vez fragmentado y volátil –sobre todo después de la muerte del presidente Chávez–, en tanto la existencia de diversos bloques de poder que pueden aliarse o bien estar enfrentados entre ellos y que desborda la dicotomía gobierno-oposición.

Aunque exista un gobierno con un componente militar importante, con crecientes expresiones de autoritarismo y con cierta capacidad de centralización, el escenario es altamente movedizo. No hay dominación total de arriba hacia abajo, y hay cierta paridad entre los grupos de poder en disputa. En cambio el conflicto podría desbordarse, caotizando aún más la situación.

El hecho de que la oposición venezolana controle la Asamblea Nacional, la cual ganó contundentemente por la vía electoral, señala además que antes que una pura ausencia de división de poderes, hay en cambio una disputa entre ellos, hasta ahora favorable a la combinación Ejecutivo-Judicial.

Antes pues que hablar de un régimen político homogéneo, estamos ante una amplia y conflictiva red de fuerzas. La metástasis de la corrupción hace que el ejercicio del poder se descentralice aún más, o bien se dificulte su centralización por parte del Poder Constituido.

Lo que sí tiene que ver con el viejo concepto romano de dictadura, es que en este contexto el Gobierno nacional está gobernando por medio de decretos y medidas especiales en el marco de un declarado ‘estado de excepción’, que se oficializa desde principios de 2016. En nombre de la lucha contra la guerra económica, el avance de la delincuencia y del paramilitarismo, y los avances subversivos de la oposición, numerosas mediaciones institucionales y procedimientos democráticos están siendo omitidos. Destacan por su gravedad políticas de seguridad como la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que representan intervenciones de choque directas de los cuerpos de seguridad del Estado en diferentes territorios del país (rurales, urbanos, barrios periféricos), para “combatir el hampa”, los cuales suelen tener polémicos saldos en muertes; la paralización del referéndum revocatorio; la suspensión de las elecciones a gobernación en 2016 sin todavía quedar claro cuando se realizarán; crecientes represiones y excesos policiales ante el descontento social producto de la situación en el país; y un incremento de procesos de militarización, resaltando las zonas fronterizas y las declaradas de ‘recursos naturales estratégicos’.

Este es el mapa político que, junto a las diversas formas de intervención foránea, configuran el escenario de guerra de baja intensidad que atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana de los venezolanos. Es este el marco en el que se desenvuelven las libertades individuales, la oposición y pluralidad partidaria, la convocatoria y realización de marchas, expresiones de disidencia y críticas en los medios de comunicación, entre otras formas de la llamada democracia en Venezuela.

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III. En Venezuela se están desbordando el contrato social, las instituciones y los marcos de la economía formal

 

Si hay algo que podría definirse como una especificidad del caso venezolano es que su escenario socio-político actual está desgarrado, profundamente corrompido y altamente caotizado. Hemos sostenido que en el país estamos ante una de las crisis institucionales más severas de toda América Latina[3], haciendo referencia con esto al conjunto de las instituciones jurídicas, sociales, económicas, políticas, entre otras, que conforman la República venezolana.

La crisis histórica del modelo de acumulación rentista petrolero, la metástasis de la corrupción en el país, severas vulneraciones al tejido social desde el ‘período neoliberal’ y en especial desde 2013, y la intensidad de los ataques y disputas políticas, han desbordado en su conjunto los marcos de las instituciones formales de todos los ámbitos de la sociedad, canalizándose muy buena parte de las dinámicas sociales por la vía de mecanismos informales, subterráneos e ilegales.

En el ámbito económico, la corrupción se ha transformado en un mecanismo transversal y motorizador de distribución de la renta petrolera, desviando enormes sumas de divisas a discrecionalidad de unos pocos, y socavando las bases de la economía formal rentista. Esto ocurre de manera determinante con PDVSA[4], la principal industria del país, así como con fondos clave como el Fondo Chino-Venezolano o con numerosas empresas nacionalizadas.

El colapso de la economía formal ha hecho de la informalidad prácticamente uno de los ‘motores’ de toda la economía nacional. Las fuentes de oportunidades sociales, sea de ascenso social o de posibilidad de mayores ganancias, se encuentran con frecuencia en el llamado ‘bachaqueo’ de alimentos (el comercio ilegal, a altísimos precios, dirigidos al mercado negro)[5] u otras formas de comercio en los diversos mercados paralelos, sea de divisas, medicinas, gasolina, etc.

En el ámbito político-jurídico, el estado de derecho carece de respeto y reconocimiento por parte de los principales actores políticos, quienes no solo se desconocen mutuamente sino recurren a movidas políticas dispuestos a todo para vencerse el uno al otro. El Gobierno nacional enfrenta a las que considera las ‘fuerzas enemigas’ con medidas de excepción y conmoción, mientras que grupos de la oposición más reaccionarios despliegan operaciones violentas de vandalismo, confrontación y ataque a infraestructuras. En este escenario se ha mermado sobremanera el estado de derecho, haciendo muy vulnerable a la población venezolana.

Cada vez reina una mayor impunidad, la cual se ha expandido a todos los sectores de la población. Esto no solo hace que se enquiste aún más la corrupción, que luce indetenible, sino que implica que la población no espere nada del sistema de justicia, y cada vez más la ejerza con sus propias manos.

El colapso del contrato social genera tendencias de ‘sálvese quien pueda’ en la población. La fragmentación del poder también ha contribuido a que se generen, crezcan y se fortalezcan diversos poderes territoriales, como lo son los llamados ‘sindicatos mineros’ que controlan con armas minas de oro en el estado Bolívar, o bandas criminales que dominan sectores de Caracas como El Cementerio o La Cota 905[6].

El marco presentado implica nada más y nada menos que el devenir y las definiciones políticas de la actual situación en el país se están desarrollando en muy buena medida por la vía de la fuerza.

 

IV. La crisis de largo plazo del capitalismo rentístico venezolano (1983-2017)

 

El hundimiento de los precios internacionales del crudo ha sido determinante en el desarrollo de la crisis venezolana, pero no es el único factor que explica este proceso. Desde la década de los años 80 hay crecientes síntomas de agotamiento del modelo de acumulación basado en el extractivismo petrolero y la distribución de la renta que genera. La actual fase de caotización de la economía nacional (2013-hoy) es también producto del devenir económico de los últimos 30 años en el país. ¿Por qué?

Varias razones lo explican. Alrededor del 60% de los crudos venezolanos son pesados y extra-pesados. Estos crudos son económicamente más costosos y requieren mayor uso de energía y el empleo de procesamientos adicionales para su comercialización. La rentabilidad del negocio que alimenta al país va descendiendo con respecto a tiempos anteriores, cuando prevalecían crudos convencionales. Esto ocurre al mismo tiempo que el modelo exige cada vez más ingresos rentísticos y cada vez más inversión social no solo para paliar las crecientes necesidades de una población que sigue en aumento.

La hiper-concentración poblacional en las ciudades (más de 90%) promueve un uso de la renta orientado fundamentalmente en el consumo (de bienes importados) y muy poco en formas productivas. Las épocas de bonanza promueven el fortalecimiento del sector extractivo (primario) –los efectos de la llamada ‘Enfermedad Holandesa’– lo que vulnera notablemente a los ya débiles sectores productivos. Luego de finalizada la bonanza (como ocurrió a fines de los 70 y ahora desde 2014), la economía queda más dependiente y aún más débil para enfrentar una nueva crisis.

La corrupción socio-política del sistema también posibilita fugas y descentralizaciones fraudulentas de la renta, lo que impide el desarrollo de políticas coherentes de distribución para paliar la crisis

La creciente volatilidad de los precios internacionales del crudo, así como cambios en los balances de poder global en torno al petróleo (como la progresiva pérdida de influencia de la OPEP) tienen también significativos impactos en la economía nacional.

Mientras se desarrollan todos estos vaivenes económicos en el país, los recursos ecológicos se siguen socavando y agotando, lo que amenaza los medios de vida de millones de venezolanos para el presente y futuro.

La actual solución que impulsa el Gobierno nacional ha sido incrementar notablemente el endeudamiento externo, distribuir la renta de manera más regresiva para la población, expandir el extractivismo y favorecer al capital transnacional.

En suma, cualquiera de las élites que gobierne en los próximos años, tendrá que enfrentar, sí o sí, los límites históricos que se han alcanzado con el viejo modelo rentista petrolero. No bastará solo esperar un golpe de suerte para que los precios del petróleo suban. Se vienen trascendentales cambios y habrá que estar preparados para enfrentarlos.

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V. ¿Socialismo? en Venezuela se está llevando a cabo un proceso de ajuste y flexibilización económica progresivo

 

En el país se está desarrollando un proceso de ajuste progresivo y sectorizado de la economía, flexibilizando previas regulaciones y restricciones al capital, y desmantelando paulatinamente los avances sociales alcanzados en tiempos anteriores en la Revolución Bolivariana. Estos cambios aparecen enmascarados en nombre del Socialismo y la Revolución, aunque representan políticas cada vez más rechazadas por la población.

Destacan políticas como la creación de las Zonas Económicas Especiales, las cuales representan liberalizaciones integrales de partes del territorio nacional, una figura que entrega la soberanía a los capitales foráneos que pasarían a administrar prácticamente sin limitaciones dichas regiones. Se trata de una de las medidas más neoliberales desde la Agenda Venezuela implementada por el gobierno de Rafael Caldera en los años 90, bajo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

También resaltan la paulatina flexibilización de los convenios con las corporaciones foráneas en la Faja Petrolífera del Orinoco; liberalización de precios de algunos productos básicos; creciente emisión de bonos soberanos; devaluación de la moneda, creándose un tipo de cambio flotante (Simadi); aceptación de algunos trámites comerciales directamente en dólares, por ejemplo, en el sector turismo; o el fiel cumplimiento de los pagos de deuda externa y los servicios de la misma, lo que implica un recorte en las importaciones y consiguientes problemas de escasez de bienes de consumo básico.

Se está impulsando el relanzamiento de un extractivismo flexibilizado, apuntando fundamentalmente hacia las nuevas fronteras de la extracción, donde destaca el mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco, el cual plantea instalar como nunca antes la mega-minería en un territorio de 111.800 kms2 de extensión, amenazando fuentes de vida claves para los venezolanos, en especial para los pueblos indígenas. Estos proyectos suponen además el atornillamiento por largo plazo a los esquemas de dependencia que produce el extractivismo[7].

Cabe destacar que estas reformas se combinan con el mantenimiento de algunas políticas de asistencia social, continuos aumento de los salarios nominales, algunas concesiones a demandas de las organizaciones populares y el uso de una narrativa revolucionaria e antiimperialista. Esto evidentemente tiene como uno de sus principales objetivos el mantenimiento de los apoyos electorales que quedan.

Estamos en presencia de lo que hemos llamado un ‘neoliberalismo mutante’, en la medida en la que se combinan formas de mercantilización, financiarización y desregulación con mecanismos de intervención estatal y asistencia social.

Parte de la izquierda ha estado muy enfocada en evitar la llegada de gobiernos conservadores al poder para así evitar la ‘vuelta del neoliberalismo’. Pero olvidan mencionar cómo gobiernos progresistas también avanzaron en varias medidas selectivas, mutantes e híbridas de perfil neoliberal, que finalmente afectan al pueblo y a la naturaleza[8].

 

VI. ¿La alternativa? El proyecto de los partidos de la ‘Mesa de la Unidad Democrática’ (MUD) es neoliberal

 

La derechista ‘Mesa de la Unidad Democrática’ (MUD) es el bloque predominante de la oposición partidista al Gobierno nacional, aunque una oposición de izquierda haya venido creciendo lentamente y es muy factible que lo siga haciendo. Esta izquierda crítica, al menos la más definida, no se identifica con la MUD por lo que no articula políticamente con esta.

La MUD no es un bloque homogéneo, y en cambio existen sectores que van, desde influyentes grupos radicales de extrema derecha –que podríamos llamar ‘uribistas’–, hasta llegar a algunos sectores de conservadurismo light, y de liberalismo elitario con cierta tendencia distribucionista. Estos diversos grupos tienen una relación conflictiva entre ellos y con eventuales careos y desplantes mutuos.

A pesar de sus diferencias, a los diferentes grupos de la MUD los une al menos tres factores fundamentales: su matriz ideológica, las bases de su programa económico y su agenda reaccionaria ante el Gobierno nacional y ante la posibilidad de una profunda transformación de corte popular emancipatorio. Nos referiremos a las dos primeras.

Su matriz ideológica está profundamente determinada por la teoría neoclásica y por el liberalismo conservador, enalteciendo obsesivamente la propiedad privada, el fin de la ‘ideologización’ por parte del Estado y el auge de las libertades empresariales e individuales.

Estos pilares ideológicos son más claros en la programática de este bloque que en sus propios discursos mediáticos, donde la retórica es simplista, superficial y llena de consignas. La síntesis más acabada de su modelo económico se encuentra en los ‘Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019)’[9]. Se trata de una versión neoliberal más ortodoxa del extractivismo petrolero, en relación al proyecto del actual Gobierno venezolano.

Destaca el hecho de que, a pesar de enarbolar la bandera del ‘cambio’ y la ‘Venezuela productiva’, su propuesta plantea llevar la extracción de petróleo en Venezuela hasta 6 millones de barriles diarios, poniendo énfasis en el incremento de las cuotas de la Faja Petrolífera del Orinoco. Aunque se acusen, riñan y señalen públicamente, las propuestas petroleras de Henrique Capriles Radonski (Petróleo para tu Progreso)[10] y Leopoldo López (Petróleo en la Mejor Venezuela[11]) son gemelas, y consensuan con el ‘Plan de la Patria’ 2013-2019 impulsado por el Gobierno nacional. El cambio anunciado no es más que otro atornillamiento con el extractivismo, más rentismo y desarrollismo, y las consecuencias económicas e impactos socio-ambientales y culturales que conlleva este modelo.

 

VII. La fragmentación del ‘pueblo’ y el progresivo socavamiento del tejido social

 

En todos estos procesos de guerra de baja intensidad y caos sistémico, el principal afectado es el pueblo trabajador. La potente cohesión socio-política que se configurara en los primeros años de la Revolución Bolivariana ha sufrido no solo un desgaste sino una progresiva desarticulación. Pero estas afectaciones han llegado incluso a la propia médula de los tejidos comunitarios del país.

La precariedad para cubrir las necesidades básicas de la vida cotidiana; los incentivos a la resolución individual y competitiva de los problemas socio-económicos de la población; la metástasis de la corrupción; la canalización de los conflictos y disputas sociales por la vía de la fuerza; la pérdida de referentes ético-políticos y el desgaste de la polarización debido al descrédito de los partidos; la agresión directa a experiencias comunitarias fuertes o importantes y a líderes comunitarios por parte de diversos actores políticos y territoriales; hacen parte de este proceso de vulneración de los tejidos sociales que apunta a socavar los verdaderos pilares de un potencial proceso de transformación popular-emancipatorio o de las capacidades de resistencia de la población ante un mayor avance de fuerzas regresivas en el país.

Mientras tanto, diversas organizaciones de base popular y movimientos sociales a lo largo y ancho del país insisten en construir una alternativa desde sus territorios. Los tiempos dirán cual será su capacidad de resistencia, adaptación y sobre todo su habilidad colectiva para articularse entre ellos y disputar con mayor fortaleza el rumbo del proyecto político nacional.

Si hay una solidaridad irrenunciable que debería impulsarse desde las izquierdas en América Latina y el mundo, debe ser con este pueblo luchador, ese que históricamente ha cargado sobre sus hombros la explotación y los costos de la crisis. Ese que frecuentemente ha desbordado y se ha re-apropiado de las calles buscando que sus demandas sean escuchadas y atendidas. Ese que en la actualidad se enfrenta a los complejos dilemas que suponen los actuales tiempos de reflujo y regresiones. Este pareciera que es el verdadero punto de honor de las izquierdas. El costo de darle la espalda a estas contra-hegemonías populares en nombre de una estrategia de conservación del poder podría ser muy alto.

 

Caracas, abril de 2017

 

Texto publicado originalmente en Alainet.org

 

Emiliano Terán Mantovani es sociólogo venezolano, ecologista político e investigador en ciencias sociales.

 

[1] https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/03/09/executi...

[2] http://www.southcom.mil/Portals/7/Documents/Posture%20Statements/SOUTHCO...

[3] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=207450

[4] http://www.correodelorinoco.gob.ve/impacto/maduro-hay-que-ir-a-sanear-pr...

[5] http://www.eluniversal.com/noticias/economia/leon-bachaquero-invierte-40...

[6]http://efectococuyo.com/principales/van-al-menos-24-fallecidos-en-enfrentamientos-entre-cicpc-y-bandas-delincuenciales; http://www.radiomundial.com.ve/article/enfrentamiento-en-cota-905-deja-1...

[7] http://www.alainet.org/es/articulo/175893

[8] http://www.alainet.org/es/articulo/172285

[9] http://static.telesurtv.net/filesOnRFS/opinion/2015/12/09/mud_government...

[10] http://www.eluniversal.com/noticias/politica/plan-petroleo-para-progreso...

[11] http://www.leopoldolopez.com/en-la-mejor-venezuela-duplicaremos-la-produ...

 

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Gas Natural demandará a Colombia por 1.000 millones por liquidar su filial

La compañía presentará la próxima semana una demanda de arbitraje internacional contra Colombia ante el Ciadi en concepto de los perjuicios causados por la decisión adoptada sobre Electricaribe


Gas Natural Fenosa presentará la próxima semana una demanda de arbitraje internacional contra Colombia ante el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial, por la decisión del país sudamericano de liquidar su filial Electricaribe, informaron a Europa Press en fuentes de la compañía.


En concreto, la energética española reclamará en su demanda unos 1.000 millones al Gobierno colombiano en concepto de los perjuicios causados por la decisión adoptada sobre Electricaribe, compañía en la que posee con una participación del 85,38%.


El pasado martes, tras la decisión de las autoridades colombianas de liquidar y vender Electricaribe, Gas Natural Fenosa ya señaló que no le quedaba "otra alternativa" que recurrir a los tribunales internacionales de arbitraje. Gas Natural Fenosa ya había decidido desconsolidar su participación en Electricaribe y reclasificar la filial como activo financiero con un valor contable de 475 millones de euros, aunque había señalado que la reclamación internacional se haría por la totalidad de su valor, "que es muy superior".


En paralelo a este paso de acudir a los tribunales arbitrales internacionales, la compañía presidida por Isidro Fainé también expresó su voluntad de seguir negociando con el Gobierno de Colombia para alcanzar un acuerdo que, "dotando a la empresa colombiana de un marco regulatorio adecuado, establezca la necesaria regulación jurídica y económica que le permita continuar operando Electricaribe, y llevar a cabo las inversiones convenientes". La energética estima que su filial en Colombia arrastra un "gravísimo" problema de morosidad y fraude que le ha llevado a alcanzar una deuda de sus clientes superior a los 1.300 millones de euros.


A finales del año pasado, la deuda de los clientes protegidos a los que es imposible cortar el suministro por imperativo legal superaba los 350 millones de euros. A estos importes se suman fraudes por importe superior a los 100 millones de euros anuales. Electricaribe fue adquirida por Unión Fenosa en 2000, y en 2009 Gas Natural compró Unión Fenosa. Desde entonces, y pese a no dejar de advertir de la mora y el fraude de la filial, se han invertido desde España en Electricaribe más de 800 millones de euros, "y jamás se ha cobrado ningún dividendo", según la compañía.

 

16/03/2017 20:23 Actualizado: 16/03/2017 20:23

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Lunes, 26 Septiembre 2016 14:12

Memorial de agravios* del centro de Bogotá

Memorial de agravios* del centro de Bogotá

El Encuentro preparatorio de la II Asamblea de sectores, veredas y barrios afectados por el Plan Centro, “En Solidaridad con San Bernardo”, realizado el sábado 20 de agosto de 2016 en el colegio IED Antonio José Uribe, demostró que en éste territorio del centro de Bogotá se expresa una “crisis humanitaria” de vastas proporciones y hondas raíces, que debe asumirse como el desastre que es y declararse la “emergencia humanitaria”, en San Bernardo, Las Cruces, Santa Bárbara, Eduardo Santos, La Estanzuela, La Alameda de las Localidades de Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria, con impactos sobre el conjunto de la ciudad y el país.

 

Crisis que es el resultado de la acumulación de factores nacionales y distritales, todos negativos: pobreza extrema, [email protected], descomposición social, incluida la prostitución infantil y juvenil, presentes aquí desde hace décadas sin que haya habido autoridad civil administrativa, ni de control, policial, militar, de justicia, ni religiosa, que haga algo efectivo para impedir semejante desvergüenza y colapso social.

 

Esta crisis expresa bien esta democracia de mentiras, incapaz, ilegal, corrupta y politiquera de siempre.

 

A raíz de las intervenciones desde hace tres meses –sin algún plan de contingencia– contra las llamadas “ollas del narcotráfico”, con la que violan los derechos fundamentales de todos los sectores sociales, de manera perversa e ilegal, sin que hasta hoy haya alguna luz al final de este túnel de incompetencias.

 

Los derechos de los mal llamados “habitantes de la calle” (eufemismo para ocultar las extremas condiciones a las cuales han sido conducidas decenas de miles de personas) que consideran que esa sub-vida es “normal” y hasta producto de su propia libertad y no del despojo sistemático al que han sido sometidos desde siempre.


Los derechos de los adictos/enfermos convertidos en el vergonzoso mercado cautivo de bandas de narcotráfico que se burlan de las autoridades. La Administración Distrital y Nacional abusa de la Policía para lidiar con las consecuencias de unas causas que no puede, no quiere o no se atreve a considerar.


Los derechos de las comunidades barriales y comerciales, a quienes nos ha ofendido de manera grave al volcar sobre nuestras viviendas y negocios las “ollas” que toleró por décadas. Ahí están los hechos, graves y sin solución a la vista. Quieren expulsarnos para comprar barato este suelo y después vender caro el aire, que son los edificios del futuro. Ese es su Plan Centro. Hacer nuestro Plan es la única respuesta digna que nos queda.

 

Los derechos de la comunidad educativa -principalmente [email protected] niñ@s- que ha debido suspender sus clases en colegios de primaria y/o acudir a corredores policiales para garantizar el ingreso de [email protected] estudiantes, como en los colegios Antonio José Uribe, Agustín Nieto Caballero y Antonia Santos.


Los derechos de [email protected] [email protected] niñ@s, jóvenes y [email protected] de nuestras Localidades invadidas con olores ofensivos, imágenes del desastre humano, los pitos y sobresaltos cotidianos sin que haya alguna autoridad que se compadezca ante tanta indignidad y el ejemplo nefasto de la incapacidad administrativa.


Hay miedo y riesgo en nuestro entorno, las bandas esgrimen armas, las unidades policiales parecen incapaces ante la extensión de la zozobra cotidiana -día y noche- los adictos/enfermos sufren su propia paranoia, convirtiendo nuestras calles, canales, recodos y parques en estaderos permanentes, nauseabundos y peligrosos.

 

¿Qué podemos hacer?

 

Podemos y debemos hacer “de todo”, dijo el Encuentro Preparatorio de la II Asamblea del Centro:

 

1. Acciones jurídicas ante el Tribunal de Cundinamarca


1.1. Por violación de los derechos fundamentales, a la salud (art.49 CN), la educación (art. 67), la libre locomoción (art.24), al trabajo (art.25), al ambiente sano (art.79), se han hecho quejas y reclamos. Ahora hagamos Tutelas elaboradas individualmente por la mayor cantidad de [email protected] Una “tutelatón” que deje claro a los jueces los atropellos a los cuales estamos sometidos.
1.2. Preparar una Acción popular (Ley 472 de 1998) que apunta a garantizar que cese la violación a los derechos colectivos y del ambiente en nuestros Barrios y Localidades.
1.3. Preparar una Acción de grupo (Ley 472 de 1998) que apunte a que haya indemnización por los daños morales y materiales causados con las medidas arbitrarias, o por imprevisión, de la Administración Distrital. Copias de quejas, reclamos y otras acciones hechas hace años son bienvenidas (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.).

 

2. Acciones de carácter educativo, organizativo y de movilización


2.1. Dotarnos de una visión de Plan total popular en éste territorio. Planes parciales de vivienda en clave de hábitat digno y las distintas iniciativas de base como centros del mueble, de artes gráficas, de botas y prendas militares, las funerarias, las áreas comunes, parques y otras áreas para la recreación activa y pasiva, puentes, jardines infantiles y demás equipamientos básicos.
2.2. Registro para la organización de [email protected], [email protected], [email protected] y comerciantes para la participación en los Planes de vivienda y por Ingresos básicos hacia la vida digna en este territorio.
2.3. Organizar los Semilleros y clubes -para niñ@s y jóvenes– de artistas y deportistas.
2.4. Organizar las Casas de las culturas y fomentar grupos de interés y oficios varios.
2.5. Ante la violación a los derechos, movilizarnos a las plazas y avenidas, mejor organizados y con mayor claridad de objetivos al corto y largo plazo.
2.6. Jornadas pedagógicas de reflexión sobre la situación del centro (causas, efectos, acciones posibles) en la mayor cantidad posible de centros educativos públicos y privados.

 

3. Acciones ante la emergencia humanitaria


3.1. Campamento en dignidad, a modo de estructura liviana y compleja para atención primaria, valoraciones médicas, asilo de paso, duchas en línea, agua de panela caliente y pan, remisiones especializadas y monitoreo de comportamientos, para –en principio– moderar la expansión desordenada de “habitantes de calle” y adictos enfermos, como lo que es, un problema de salud pública de carácter nacional y distrital.

 

¿Si no es desde aquí, desde dónde. Si no es ahora, cuándo. Si no somos [email protected], quiénes? Cualquier decisión sobre [email protected], con [email protected]

 

* Memorial: Descripción para no olvidar. Agravio: Hecho o insulto que ofende a una persona o un pueblo por atentar contra su dignidad, su honor, su credibilidad y demás injurias o daños, especialmente cuando es injusto. Perjuicio que se hace a una persona o grupo en sus derechos o intereses. En la Nueva Granada fue celebre el Memorial de Agravios de Camilo Torres (Nov. de 1809) dirigido al Rey Fernando, reclamando un trato justo para los descendientes de españoles en América. La no atención a ese llamado condujo al Grito de Independencia del 20 de Julio de 1810. Hubo la Reconquista desde 1815 y la expulsión definitiva de España en 1819.

Publicado enEdición Nº228
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