“Tenemos una infraestructura defectuosa”

Las lluvias y las inundaciones no dan tregua. Ríos desbordados, ciudades cubiertas por más de un metro y medio de agua, poblaciones aisladas, más de 30 mil viviendas destruidas o inhabitables, graves daños a la infraestructura vial y a los cultivos, 101 muertos, 20 desaparecidos, más de 141 mil damnificados y 940 mil personas afectadas, es, hasta hoy, el duro balance del desastre causado por las torrenciales lluvias que afectan al Perú desde hace varias semanas y que, según los expertos, se prolongarán un mes más. El país no padecía lluvias tan fuertes desde hace 20 años.

La costa norte es la más afectada, pero el desastre también ha golpeado la capital y algunas ciudades del sur. La magnitud de los daños ha dejado en dramática evidencia lo mal preparado que está el país para enfrentar las fuertes lluvias, a pesar de ser un problema que se repite cada cierto tiempo a causa del fenómeno de El Niño, un calentamiento de las aguas del Pacífico que origina intensas precipitaciones pluviales. Un nuevo golpe a la clase política, esta vez por su falta de previsión. Las últimas ocasiones en las que El Niño golpeó el país fueron en 1998 y 1983. Ahora se repite la historia de destrucción, dramas humanos y falta de previsión, más corrupción y malas políticas.

Los más golpeados por las lluvias, los desbordes de ríos y las avalanchas de agua, lodo y piedras, son los sectores más pobres, asentados precariamente en las laderas de los cerros y en las quebradas y cauces secos de ríos que se han activado con las grandes lluvias. Pero las inundaciones también han llegado hasta el centro de varias ciudades de la costa norte, las cuales, a pesar de que las lluvias torrenciales son un fenómeno cíclico en esa zona, no están preparadas para soportarlas. No tienen drenajes adecuados y las defensas ribereñas son escasas y malas.

En la frontera con Ecuador, el río Zarumilla, que separa ambos países, se desbordó solamente por el desprotegido lado peruano, con millonarias pérdidas en tierras de cultivo. Del lado ecuatoriano, donde se ha construido una barrera protectora de piedras, no hubo desborde, ahí los cultivos han quedado intactos. Este caso destaca la diferencia entre las autoridades de uno y otro país para encarar la prevención. Así lo ha reconocido el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, que ha destacado como un ejemplo a seguir las obras de prevención hechas en Ecuador, que ha recibido similares lluvias que el Perú, pero ha sufrido daños significativamente menores.

“Los daños han sido muy altos porque tenemos una infraestructura defectuosa, construida sin tener en cuenta la posibilidad de un desastre como éste, a pesar que El Niño es cíclico en el Perú. Los parámetros de diseño de carreteras y puentes son inadecuados y subdimensionan los efectos que pueden causar las lluvias y los caudales que pueden alcanzar los ríos. Las defensas ribereñas son muy limitadas y no han tenido el mantenimiento necesario para que cumplan su función. Las ciudades no tienen la infraestructura para evacuar las aguas. Los ríos no han sido canalizados y no tienen vías de evacuación para que en tiempos de crecida las aguas puedan desfogar sin afectar a las poblaciones. No hay una planificación de las autoridades para un ordenamiento del uso del territorio que evite que poblaciones se instalen en zonas de riesgo donde no deben estar”, le señaló a PáginaI12 Juvenal Medina, ingeniero geólogo y coordinador de estudios y proyectos del Centro de Estudios y Prevención de Desastres.

El especialista agrega: “Las autoridades priorizan obras que les pueden dar réditos políticos en el corto plazo y no hacen obras de prevención para el mediano y largo plazo. Además, está el problema de la corrupción, que afecta la calidad de las obras que se hacen. Espero que este desastre sirva para un punto de quiebre y ahora sí tengamos una política seria y planificada de prevención”.

El gobierno ha destinado hasta ahora para la reconstrucción 1500 millones de dólares, pero el monto final que ésta demandaría sería mayor. Medina estima que los daños finales –las lluvias todavía continúan– superarían los 3500 millones de dólares en pérdidas que dejó El Niño en 1998.

Este desastre natural también ha tenido un impacto político. Las inundaciones le han dado un respiro al presidente Kuczynski. Frente al desastre, se ha generado una extensa cadena de solidaridad ciudadana y una demanda de unidad que ha sacado del escenario los enfrentamientos políticos que golpeaban a un régimen muy debilitado. La iniciativa se ha desplazado de la oposición al gobierno.

El desastre se ha convertido en una inesperada oportunidad para el gobierno, que ha tenido una activa reacción para atender la emergencia. Un primer efecto es que se ha detenido la caída en picada que venía teniendo la popularidad del presidente, que solamente entre diciembre y febrero había caído 17 puntos. En marzo, según una reciente encuesta de GFK, el apoyo a Kuczynski subió dos puntos, pasando de 29 a 31 por ciento.

De cómo encare el difícil reto de la reconstrucción dependerá en mucho el destino del gobierno. Si lo hace con eficacia e inicia una política planificada de prevención –como infraestructura que mitigue los efectos de las lluvias y la reubicación de poblaciones asentadas en zonas de riesgo– que otros gobiernos eludieron, y maneja bien el costo económico de la reconstrucción, puede remontar la temprana crisis política que lo agobiaba a menos de un año de llegar al poder, pero si no es así, muy probablemente volvería a caer en la crisis, con el riesgo de terminar tempranamente ahogado.

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Regalo de despedida de El Niño: el fenómeno colapsará casi la mitad de EE.UU.

Por todo EE.UU. se espera una mezcla de graves inundaciones y sequía.

 

Los meteorólogos de todo el mundo advierten que el fenómeno de El Niño podría convertirse en La Niña en 2016, que promete ser más caliente que el anterior. El Niño-Oscilación del Sur (ENSO, por sus siglas en inglés) es un patrón climático recurrente, en el marco del cual los parámetros meteorológicos del Pacífico ecuatorial oscilan cada cierto período de tiempo. ENSO tiene dos extremos: uno de calentamiento y lluvias, llamado 'El Niño', y otro de enfriamiento, conocido como 'La Niña'.


Pero antes de que desaparezca El Niño, el fenómeno se prepara para dejar 'un regalo' de despedida: una mezcla de graves inundaciones y sequía en EE.UU., informa el diario británico 'Daily Mail'.


Según la previsión, para esta primavera boreal de la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional (la NOAA), El Niño promete traer más lluvia a California, Luisiana, Arkansas y el este de Texas. Además, también se verán afectadas las comunidades a lo largo de las cuencas del río Misisipi y Misuri y por todo el sudeste de EE.UU. La NOAA advierte sobre el riesgo de inundación, que considera "bastante significativo", razón por la cual algunos residentes serán obligados a dejar sus casas.


Se añade que existe alta posibilidad de que en la mayor parte de Arizona y el oeste de Nuevo México vuelvan a sufrir sequía desde abril hasta junio. Mientras tanto, se destaca que el deshielo y la lluvia podrían continuar mejorando las condiciones de sequía en el norte de California.

 

Publicado: 18 mar 2016 21:54 GMT

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Asunción.

El número de damnificados y desplazados en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay se elevó a cerca de 180 mil, a consecuencia de la crecida de sus ríos fronterizos por el fenómeno meteorológico El Niño, reportaron este domingo fuentes gubernamentales.

Paraguay es sin lugar a dudas el país más afectado con más de 140 mil personas desalojadas y cuatro muertos, aplastados por árboles caídos. La región más golpeada es la zona ribereña cercana a Asunción, donde 90 mil personas tuvieron que abandonar sus hogares, dijeron las autoridades. Además de Asunción, hay otros siete departamentos en situación de emergencia.

Los pronósticos vaticinan más precipitaciones los próximos cinco días y advierten que el nivel de los ríos se normalizará hasta marzo.

Julián Báez, titular de la Dirección de Meteorología e Hidrología, indicó que de seguir las lluvias en el norte, la altura de los ríos podría alcanzar nueve metros, un límite similar a 1983, cuando las aguas anegaron el puerto de Asunción e inundaron la principales calles del centro.

En Argentina, el presidente Mauricio Macri suspendió este domingo sus vacaciones para viajar a la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, donde sobrevoló en helicóptero una de las tres zonas más afectadas por las inundaciones que ya dejaron 20 mil damnificados y dos muertos en todo el país.

Macri prometió ayuda a los damnificados.

En Brasil, un deslizamiento de tierra en medio de un fuerte temporal dejó cuatro muertos en la región metropolitana de Sao Paulo, mientras en el sur del país continuó la inestabilidad climática.

La oficina de Defensa Civil del estado de Río Grande do Sul, en el sureste de Brasil, afirmó que las inundaciones causadas por las lluvias han forzado a más de 8 mil 800 personas a abandonar sus casas en 38 ciudades de la región oriental, fronteriza con Uruguay y Argentina, mientras un total de 12 ciudades continúan en estado de emergencia.

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, destinó 1.6 millones de dólares a las tres regiones más afectadas: Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná.

En el norte de Uruguay, la cantidad de damnificados por las inundaciones aumentó a más de 11 mil, aunque descendió el nivel del río Cuareim, informó el Sistema Nacional de Emergencia.

En tanto, en Gran Bretaña, soldados ayudaron a desalojar a cientos de personas ante el crecimiento del nivel agua en la histórica ciudad de York, tras fuertes lluvias que inundaron pueblos y ciudades en el norte del país.

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Jueves, 03 Septiembre 2009 08:17

Deshielo elevará un metro el nivel del mar

El calentamiento global y su efecto sobre el deshielo del Ártico provocará el aumento del nivel de los océanos y  consecuencias a la humanidad, según  un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)  presentado en el marco  de la Conferencia Mundial del Clima en Ginebra (Suiza).

La elevación de un metro del nivel del mar en 2100 seguida de las inundaciones que afectarán al 25%  de la población mundial (actualmente hay más de 6.500 millones de habitantes en la Tierra) están en la lista de los efectos graves que provocará el cambio climático.

El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, por su parte, emitió un nuevo llamado urgente para luchar contra el calentamiento global, tras comprobar durante una visita al Ártico los daños causados.

El martes, Ban constató el desgaste causado por el calentamiento, en su visita a Ny-Aalesund, una comunidad científica internacional instalada en el archipiélago noruego  Svalbard, y al banco de hielo.

“Hay que actuar antes de que sea demasiado tarde”, declaró.

Al presentar el informe de la WWF, su  asesor para el cambio  climático, Martin Sommerkorn, aseguró que el  Ártico es un componente crítico de nuestro sistema de climas, se ha calentado al doble de la velocidad que el resto del mundo en las últimas décadas y a medida que sube la temperatura, produce efectos que  aceleran las consecuencias.

La mayoría de estos efectos negativos no se registraba en estudios anteriores, como el del Grupo Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), ganador del Premio Nobel en 2007, simplemente porque en ese momento la ciencia del Ártico no estaba tan avanzada.

Por primera vez se señala que el nivel de los mares se elevará más de un metro en 2100, más de dos veces lo previsto en el informe del IPCC, con sus graves consecuencias de inundaciones en las regiones costeras.

Pero las capas heladas del Ártico almacenan dos veces más de carbono del que hay en la atmósfera. “El rápido calentamiento del Ártico puede llevar a que desaparezca el 90% de la capa cercana a la superficie del permafrost  (suelo congelado) al final de este siglo, y esto tiene el potencial de liberar a la atmósfera grandes cantidades de carbono en forma de dióxido de carbono y metano”, afirmó Sommerkorn.

De hecho, el estudio constata que en los últimos dos años se han incrementado los niveles de metano, un gas de potente efecto invernadero, en la atmósfera, lo que se atribuye al calentamiento de la tundra  ártica.

Por todo ello, el WWF considera que la reducción del 25% de las emisiones mundiales de CO2 en este siglo -el objetivo que planteaba el IPCC para frenar el cambio climático- es insuficiente, ya que ese estudio no tenía en cuenta específicamente las condiciones árticas.

El WWF destaca cómo la enorme pérdida de hielo, resultado del calentamiento del Ártico, está ya cambiando patrones de temperatura y precipitaciones en el Hemisferio Norte, lo que afectará cada vez más a la agricultura, los bosques y el acceso al agua. “Para decirlo claro, si no mantenemos el Ártico suficientemente frío, la gente de todo el planeta sufrirá sus efectos”, señaló el experto.

Para combatir los  efectos del cambio climático, el Programa Mundial de Alimentos (PAM) y la Organización Mundial de la Meteorología (OMM) reforzaron ayer una alianza.   El subdirector del PAM, Staffan de Mistura, manifestó que la OMM tiene la tecnología, el conocimiento, pero ellos tienen las personas, más de 11.000 funcionarios en 73 países del mundo que están sobre el terreno y pueden avisar y actuar en caso de una alerta temprana. “El cambio climático es un multiplicador de cualquier tipo de hambruna”, agregó.

A su vez, el secretario general adjunto de la OMM, Jeremiah Lengoasa, dijo que el  fin es proporcionar lo más rápido información. A partir de ahora, entonces, los sistemas informáticos de ambas organizaciones estarán conectados para que fluyan los datos sin trabas informáticas ni burocráticas. La idea es identificar las áreas vulnerables en las que puede suceder una crisis humanitaria o donde pueda ocurrir un fenómeno meteorológico extremo y estar preparados.

Un ejemplo  son los huracanes que se forman en el Caribe y que afectan a Centroamérica. “Podemos saber con una anticipación de cuatro días su recorrido y  enviar personal y material, para que ya estén sobre el terreno cuando lleguen", explicó Carlo Scaramella, coordinador de Cambio Climático del PAM.
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El invierno tiene en vilo a muchas poblaciones en todo el país.
Las causas son muchas, como la marginación y la pobreza que obligan a
infinidad de familias a ‘instalarse’ en zonas de alto riesgo.
Pero también se inundan zonas de ganadería extensiva, terrenos que eran
públicos y ahora de grandes haciendas; también, de viviendas levantadas por
debajo de las cotas de los ríos. ¿Quién avaló tales procederes?
El invierno es fuerte pero también el afán de lucro de quienes imponen
su interés individual, sin ver lo público. Y ahora los funcionarios culpan a los ríos.
Sin duda, hay un modelo de acumulación que no repara en la naturaleza,
con un modelo que sólo mira el aquí y el ahora.
Ante nosotros están los resultados.
Preocupa que se insista en el modelo y sus formas.
Así se concluye por las medidas para ‘remediar’ los males,
en los que las comunidades no están pero sí los agentes privados
(ver Gustavo Wilches Chaux). Son medidas pensadas para asegurar
acumulación y beneficios para los de siempre, pero asimismo con la
persistencia en privatizar los servicios públicos, afectando
a las comunidades (ver Rafael Colmenares).
Como el peor ciego es aquel que no quiere ver, en el Plan Nacional de Desarrollo
se quiere dar al traste con los acueductos comunitarios, experiencia con la que muchas comunidades aseguran a bajo costo un recurso esencial para la vida (ver Bibiana Salazar Restrepo). La lección está en la trilogía de este informe: hay que replantear el modelo de acumulación y retomar la senda de privilegiar lo colectivo sobre lo particular, lo común sobre el interés de lucro, el largo plazo sobre el inmediatismo.


Dicen que el término viene de la física y que hace referencia a la capacidad de un resorte para regresar a su forma inicial luego de que ha sido estirado: “En términos simples –dice Wikipedia– es la capacidad de memoria de un material para recuperarse de una deformación, producto de una presión externa”.

Lo encontré por primera vez, hace 30 o 40 años, en los textos de ese pionero y maestro de la ecología llamado Eugene Odum, quien hablaba de “estabilidad de resistencia” para referirse a la “capacidad de un ecosistema ante las perturbaciones y conservar su estructura y función intactas” y de “estabilidad de resiliencia o elasticidad” respecto de la “capacidad de un ecosistema para recuperarse luego de haber sido sujeto a una perturbación”.

Luego, cuando me topé en la vida con eso que hoy se conoce como “gestión del riesgo”, me dí cuenta de que, en últimas, el objetivo de esa “interdisciplina aplicada” es fortalecer la capacidad de resistencia y la capacidad de resiliencia de un territorio expuesto a un conjunto de amenazas y riesgos, y, en consecuencia, a la posibilidad de sufrir un desastre; o de un territorio que ya ha sido afectado por un desastre y que necesita recuperarse de manera oportuna y adecuada.



Desde entonces, esos conceptos han guiado mi actividad profesional y mi proyecto de vida, pero hoy los entiendo y los expreso de manera más gráfica: Resistencia es la capacidad de la araña y de la telaraña para aguantar sin mayores traumatismos los efectos de un “balonazo”. Y resiliencia es la capacidad de la araña para volver a tejer la telaraña luego de haber sido afectada por un “balonazo”.

El “balonazo” está constituido por los efectos de la materialización de una amenaza, de origen natural como un terremoto, el fenómeno del El Niño o La Niña, o un huracán; o de origen humano, como el conflicto armado, una crisis financiera o un TLC para el cual el territorio no se encuentre preparado.

Cada vez estoy más convencido de que los dos conceptos –el de resistencia y el de resiliencia– finalmente son sinónimos, y de que, después del “balonazo”, un sistema vivo y por ende complejo (el organismo humano, el sistema araña-telaraña o el territorio resultado de las interacciones entre dinámicas naturales y culturales) no vuelve al estado original, como si no hubiera sucedido nada, sino que nace de nuevo, ojalá en mejores condiciones para aguantar y recuperarse de los efectos de los mismos o nuevos “balonazos”.

Pero, sobre todo, estoy convencido de que la resistencia-resiliencia de un sistema depende primordialmente de la autonomía y la fortaleza de los elementos que lo conforman: en el caso del territorio, de los ecosistemas y las comunidades y sus instituciones; en el caso de la telaraña, de la capacidad de la araña para tejer y volver a tejer su propia red.

Resulta usual que, cuando una comunidad (o, más exactamente, un territorio) está siendo afectada por un desastre (decir “por los efectos de un desastre” sería redundante, porque esos efectos son el desastre), acuda en su ayuda un conjunto muy grande de actores externos –gubernamentales unos, no gubernamentales otros–, dotados todos, sin duda alguna, de la mejor voluntad.

Pero también es usual que el apoyo externo se centre en la reconstrucción de la telaraña, mas no en el fortalecimiento de la araña para que ella misma, a su propio ritmo y con sus propias prioridades, pueda volver a tejer su propia telaraña. Se piensa que como la araña ha quedado golpeada por el desastre, se puede poner en un frasco para que observe resignada y agradecida mientras los actores externos le tejen una nueva telaraña, la cual, se asegura y le aseguran, va a quedar ‘mejor’ que la que existía antes de sufrir el desastre.



No existen, por supuesto, política o plan de reconstrucción que no afirmen que se basan en la participación de la comunidad o que no declaren que tendrán en cuenta los derechos y las particularidades de la población afectada, incluyendo, como es obligatorio, el respeto a la cultura y la perspectiva de género.

Sin embargo, en la práctica, a las arañas se les asigna el papel de espectadoras pasivas de lo que deciden y hacen los de afuera, y la ‘participación’ se limita a que la comunidad local aporte su mano de obra para las actividades que no requieren calificación.

En el caso del desastre invernal que hoy afecta a Colombia, adquiere especial importancia la participación real de las comunidades y la prioridad de que sus estrategias ancestrales de vida constituyan el eje de la recuperación. En el Caribe y otras zonas del país, las comunidades tienen claro cómo enfrentar los retos de la adaptación (al cambio climático, a la vida cotidiana), y el papel del Estado debe ser remover los obstáculos que hoy impiden que esas estrategias resulten totalmente eficaces.



Veamos un ejemplo concreto de cómo se aplica una concepción del mundo, de la sociedad y de los desastres y su gestión, que termina por debilitar la resiliencia de un territorio y de los actores sociales que lo conforman.

Con base en la Emergencia Ecológica declarada por el gobierno nacional con motivo del desastre que está azotando al país, se expidió el Decreto 4819 de 2010, mediante el cual se crea el Fondo de Adaptación, que ya fue declarado exequible por la Corte Constitucional.
Dice la norma:

Artículo 1°. Creación del Fondo. Créase el Fondo de Adaptación, cuyo objeto será la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de “La Niña”, con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Este Fondo tendrá como finalidad la identificación, estructuración y gestión de proyectos, ejecución de procesos contractuales, disposición y transferencia de recursos para la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, de telecomunicaciones, de ambiente, de agricultura, de servicios públicos, de vivienda, de educación, de salud, de acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, rehabilitación económica de sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios, afectados por la ola invernal y demás acciones que se requieran con ocasión del fenómeno de “La Niña”, así como para impedir definitivamente la prolongación de sus efectos, tendientes a la mitigación y prevención de riesgos y a la protección en lo sucesivo, de la población de las amenazas económicas, sociales y ambientales que están sucediendo.



O sea que es claramente ese Fondo el encargado de tejer la telaraña, sin que hasta ahora aparezca por ninguna parte la araña. ¿Quiénes son, entonces, ese Fondo y quienes toman las decisiones en él? Lo define el artículo 2°:
 
Artículo 2°. Estructura. La Dirección y Administración del Fondo estará a cargo de un Consejo Directivo, el cual estará integrado de la siguiente manera:

1. Un representante designado por el Presidente de la República, quien lo presidirá.
2. El Ministro del Interior y de Justicia o su delegado.
3. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.
4. Un Ministro designado por el Presidente de la República en atención a los proyectos o asuntos puestos a consideración del Consejo.
5. El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República o su delegado.
6. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.
7. Cinco (5) miembros del sector privado designados por el Presidente de la República.

Es decir, un representante del Presidente de la República, cinco funcionarios con rango ministerial y cinco miembros del sector privado. O, en lenguaje más común, cinco empresarios. No aparece por ninguna parte la araña afectada por el desastre: ni las autoridades regionales y municipales y mucho menos las comunidades y sus organizaciones.

Se puede pensar que cuando el decreto habla de “sector privado” está haciendo referencia a todo aquello que no es estatal. Serían sector privado, entonces, el maromero del semáforo y la madre cabeza de la familia desplazada que ocupa una zona de alto riesgo. Muchos autores definen el sector privado como “aquella parte de la economía que busca el ánimo de lucro en su actividad”.

De hecho, el decreto se encarga de aclarar que, para efectos de esta norma, una cosa es el “sector privado” y otra son “la sociedad civil”, las “organizaciones no gubernamentales” y los “organismos multilaterales”.
Dice así:

Parágrafo 2°. El Consejo Directivo podrá crear los Comités sectoriales que se requieran en los cuales podrán tener presencia representantes del sector privado, de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales u organismos multilaterales.

Estos comités sectoriales le otorgan por primera vez la posibilidad a la araña de sacar la cabeza del frasco y opinar, suponiendo, claro, que por “sociedad civil” se entiendan las comunidades afectadas. Su presencia en esos comités no es obligatoria sino un “podrá” que queda al arbitrio del Consejo Directivo.

Y aunque sean convidados allí, opinar no es lo mismo que decidir. No les corresponde esa función a los comités sectoriales sino al Consejo Directivo del Fondo, como claramente lo especifica el decreto cuando le asigna las responsabilidades al mismo.

Es decir, que aquí se materializa también esa conjugación común del verbo participar: “Yo participo, tú participas… ellos deciden”.

En opinión de quien esto escribe, el Decreto 4819 de 2010 es inconstitucional porque va en contravía del artículo 1° de la Constitución Nacional que establece que “Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria […] democrática, participativa y pluralista…”.

El artículo 13 de la Constitución, por su parte, establece la igualdad de todas las personas ante la ley y determina que “el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados”.

Con todo respeto por la Corte Constitucional, me parece que se le pasó por alto el pequeño detalle de que ese decreto viola la esencia misma de lo que la Constitución consagró como parte de la esencia del país.

Más allá de todas las cualidades sociales y profesionales que seguramente posean las cinco personas que el señor Presidente de la república haya designado (o que designe) para representar al sector privado en el Consejo Directivo del Fondo de Adaptación (personalmente no sé quiénes serán), no pueden considerarse representantes de las miles de familias afectadas por el desastre invernal, ni más allá de lo formal tienen verdadera legitimidad para tomar las decisiones que definan el futuro de esas miles de familias y de los territorios de los cuales forman parte.

A un sector limitado de la sociedad se le está otorgando la facultad de tomar decisiones que van a afectar a muchos más sectores, que están quedando expresamente excluidos de la posibilidad de decidir sobre su propio futuro.

Aparentemente, les puede quedar muy bien reconstruida la telaraña, pero, sin una participación activa, real y decisoria de la araña, los territorios que hoy están afectados por el desastre no van a ser más resilientes frente a nuevas y seguramente mayores amenazas.

Cualquier proceso de recuperación pos-desastre tiene, esencialmente, el reto de fortalecer a los actores sociales locales, de hacer más sostenibles sus interacciones con el territorio y de cualificar su capacidad de interlocución con otros actores. ¿Cómo se puede lograr eso si de entrada se los priva del poder de decisión y, si se quiere, de la posibilidad de equivocación?

Estos son los sujetos sociales que se suelen considerar “carentes de músculo” por algunos sectores decisorios de la economía y de la sociedad.

No hay duda. Por el mero hecho de haber sido afectadas por un desastre, las comunidades y sus autoridades locales no quedan discapacitadas para pensar, para decidir ni para actuar; ni carecen de “músculo” ni tienen por qué endosarles su futuro a otros actores y sectores económicos y sociales.

Mayo 8 de 2011
Publicado enEdición 169
El 30 de noviembre, un terraplén del Canal del Dique se rompió a la altura de Santa Lucía, y el agua inundó gran parte del sur del Atlántico. Lo ocurrido pudiera tener mayores dimensiones que lo sucedido en 2005 en Nueva Orleáns al paso del huracán Katrina. Al menos cuatro poblados del departamento quedaron sepultados bajo el agua y seguramente tendrán que ser reubicados. El 5 de diciembre, en Bello (Antioquia), un alud de tierra sepultó un barrio y decenas de personas (se estima que al menos un centenar) fallecieron. A mediados de diciembre, Gramalote, tradicional pueblo de Norte de Santander, con 150 años de establecido, fue literalmente “comido por la tierra” luego que una falla geológica, saturada de agua, se desplazara y lo destruyera por completo. En La Renta (Lebrija, Santander), otra falla geológica que se anegó por las intensas lluvias destruyó más de tres kilómetros de la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja, dejando cerrada esta importante arteria vial que comunica el puerto fluvial petrolero con los Santanderes. La vía sigue, hasta el momento de elaborar esta nota (enero 14), sin ser reparada.

Lo que algunos han dado en llamar una “emergencia invernal” no es más que la evidencia de la crisis ambiental del país. Los ejemplos son claros. Gran parte del territorio nacional, especialmente regiones de la Costa Caribe, los Santanderes, Antioquia, Valle del Cauca, Chocó y la Sabana de Bogotá, estuvo inundado por semanas, y varios sectores aún continúan anegados. Los principales ríos del país –Magdalena, Sinú, San Jorge, Atrato, Cauca y demás afluentes menores que tributan en estos ríos– se han desbordado, dejando poblaciones enteras bajo el agua, además de cultivos e infraestructura. En la zona andina, los derrumbes y los deslizamientos son pan de cada día y destruyen barrios y poblados. La red vial del país colapsó y no será recuperada sino con meses de intensas obras; nueve vías nacionales están cerradas y restringidos 269 pasos por derrumbes, inundaciones y puentes en mal estado.

Esta catástrofe ambiental ya tiene enormes repercusiones sociales. Según la Cruz Roja Colombiana, son 303 los muertos, 296 los heridos y 73 los desaparecidos por la ola invernal que afecta a 2.200.000 personas y tiene damnificadas a 445.500 familias, 317.000 viviendas averiadas y más de 3.348 totalmente destruidas. La Defensa Civil Colombiana informó que actualmente 121.345 personas afectadas por la ola invernal se encuentran ubicadas en 521 albergues temporales, escuelas, colegios y otros sitios públicos. Al desplazamiento por el conflicto se suman ahora miles de desplazados ambientales; de otro lado, la provisión de alimentos disminuyó y es notorio el aumento de los precios de la canasta familiar; la oferta de empleo ha disminuido, afectando el ingreso, y, por último, se incrementó el número de personas destechadas. Otras repercusiones son geográfico-ambientales, debido a las modificaciones de los territorios inundados en el escenario regional-municipal del país.

El presidente Juan Manuel Santos, que sigue culpando a la naturaleza al decir que lo ocurrido es la peor tragedia natural, ya ha advertido que la actual situación es una oportunidad para “reconstruir el país”, y dio un paso para esto, declarando la emergencia nacional el pasado 7 de diciembre, con el argumento de implementar acciones que permitan acelerar la atención a los damnificados por las inundaciones y los deslizamientos ocasionados por las lluvias.

Sin duda, lo sucedido plantea interrogantes importantes para hacer claridad sobre las causas de esta crisis ambiental, pero también sobre las medidas de mitigación. ¿Lo sucedido es producido por el llamado fenómeno de La Niña, intensificado por el cambio climático global? ¿Qué incidencia tiene el modelo de desarrollo territorial del país? ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones estatales y particularmente las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) en la prevención y moderación de estos “desastres naturales”? ¿Qué efectos tendrá la llamada reconstrucción del país que promueve el presidente Santos?

Espejismo del cambio climático en Colombia

Aunque el gobierno nacional culpabiliza al intenso fenómeno de La Niña, “derivado del cambio climático”, como el responsable de la crisis invernal, sin duda la causa principal está en un modelo desarrollo que ha transformado las selvas en potreros, plantaciones agroindustriales o proyectos mineros. Los ríos son desviados, represados, canalizados e invadidos sin respetar sus viejos cauces, y las ciénagas y humedales desecados, invadidos y rellenados para ser urbanizados o potrerizados. Antes de promover procesos de manejo sustentable, agroecológico o de conservación, se siguen priorizado obras de infraestructura que sacrifican montañas, selvas, páramos, ríos y humedales. El resultado está a la vista: erosión en las partes altas y ríos y ciénagas, colmados por sedimentos.

En lugar de rectificar, se viene profundizando un modelo económico que se reprimariza. Se intensifican las exportaciones primarias de petróleo, minerales, metales preciosos, energía y productos agrícolas (flores, banano, cítricos, café y carne), dejando grandes impactos sociales y ambientales que no se compensan con las divisas obtenidas. Tal modelo agro-extractivo exportador tiene su cuota de responsabilidad debido a la ampliación de la frontera minero-agrícola (en zonas de páramos y selvas). Ahora bien, respecto al modelo de desarrollo territorial, la vocación de los suelos y las aguas ha sido alterada. Así, por ejemplo, las tierras del Bajo Sinú (Córdoba), que tenían vocación agrícola y de protección ambiental como las ciénagas, han sido desecadas por los ganaderos, que de este modo amplían los linderos de sus fincas.

“La consecuencia más funesta que dejó la acción del Estado en esos ecosistemas cienagueros fue que abrió las agallas de la codicia de los terratenientes, quienes, siguiendo el ejemplo del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, en forma privada se han dedicado a desecar las zonas pantanosas en todo lo largo y ancho de la geografía de este departamento, con el propósito de aumentar el tamaño de sus propiedades. La acción de los terratenientes por acabar con los pantanos ha exasperado al máximo la preocupación de los campesinos como producto del desarrollo capitalista del campo. Ahora ven desplomarse [...] la última oportunidad de seguir viviendo en la vasta gama de pueblos de ciénagas que derivan el sustento directo de la gran biodiversidad de fauna y flora que éstas les ofrecen”1.

Lo que sucede no es nuevo. Desde hace años, las poblaciones del San Jorge y el Sinú, antiguo territorio Zenú, vienen denunciando que las inundaciones son cada vez más frecuentes e intensas en la zona, ya que las ciénagas y los humedales cumplían el papel ecológico de regulación de las inundaciones, y, no existiendo éstas, son más factibles y crecientes las inundaciones –tal como sucede actualmente–, además de la afectación que la construcción de la represa de Urrá ocasiona en la dinámica hídrica de la cuenca del río Sinú.

En las ciudades, las familias campesinas han tenido que construir sus asentamientos en zonas de alto riesgo (caso Bello, Antioquia, Morrorrico en Bucaramanga, ciudad Bolívar en Bogotá, etcétera) y en las zonas de cauce de los ríos (Río de Oro en Girón, Santander), en muchas ocasiones bajo la permisividad de las instituciones estatales (nacionales, regionales-municipales), que no les ofrecen opciones, y que no definen políticas ni programas para reducir la vulnerabilidad de estas poblaciones ya asentadas. Es ésta una problemática que tiene que ver con la iniquidad del acceso a la tierra urbana. Las mejores tierras de la ciudades son ocupadas por urbanizaciones estratos 5 y 6, centros comerciales y otros intereses del capital, beneficiando a los grandes constructores (plusvalía urbana) y disminuyendo los espacios necesarios para vivienda social.

El problema de fondo es el tipo de ordenamiento territorial (rural y urbano) que se hace en los ámbitos municipal-regional y nacional para el desarrollo del capital, y no uno que contribuya al buen vivir de la población y la sustentabilidad (mitigación de riesgos, reforestación de cuencas hidrográficas, respeto por los cauces de los ríos, usos debidos del suelo; no desecamiento de ciénagas, manglares y humedales, protección de los páramos y selvas, etcétera). En esta problemática contribuyen las instituciones estatales de orden nacional y regional-municipal, como es el caso de las CAR, que tienen responsabilidad en el ordenamiento territorial según el artículo 7º de la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997.

¿Las CAR, responsables de los desastres naturales?

El presente gobierno nacional ha señalado cierta responsabilidad de las CAR en las inundaciones por no haber adelantado las medidas preventivas al respecto. Sin embargo, cabe decir que ello significa buscar culpables en entidades donde históricamente la clase política regional-nacional ha formado parte de sus consejos directivos y se beneficia tanto de la “captura reguladora como de la captura política” de estas entidades, y no sólo la clase política sino también las ONG partícipes. “El mayor problema que parece afectar el sistema de gobierno de las CAR es su captura por parte de grupos del sector político tradicional, de la sociedad civil y del sector productivo, con el fin de satisfacer sus intereses particulares”2. Intereses forestales, mineros, aprovechamiento de caudales e intereses agroindustriales.

Entonces, la afirmación del Gobierno tiene y no tiene razón por lo expuesto. Además, con la reforma de las instituciones ambientales en el gobierno anterior, las CAR se dedicaron más al desarrollo de la agenda gris (saneamiento ambiental –obras de ladrillo y cemento) que al desarrollo de la agenda verde (conservación, mitigación, restauración y protección ambiental). Y frente a problemas de competencias interinstitucionales con entidades nacionales como Minambiente o Minminas, las CAR presentan una limitada autonomía de la gestión ambiental, por ejemplo, con la aprobación de licencias ambientales a megaproyectos que afectan jurisdicciones regionales; entonces, lo que se hace es “buscar la causa río arriba”.

Lo anterior no escinde la responsabilidad que les cabe a las CAR dentro de sus funciones, como lo reza el literal 19, artículo 31 de la Ley 99 de 1993:

“Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua y recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras”.

Seguramente las CAR más grandes y que manejan importantes recursos económicos no los han utilizado para el cumplimiento de estas funciones, o el problema arriba señalado de su “captura política y reguladora” ha desviado el uso de los mismos. Pero el juicio de responsabilidades no es sólo de las CAR sino también de otras entidades estatales, como los departamentos, los municipios, Mintransporte, Minambiente y Minhacienda, por aquello de la disciplina fiscal. Como corolario en la relación Estado-Sociedad, se dirá que el Estado no está al servicio de la sociedad sino la sociedad al servicio del Estado.

¿Reconstruyendo el país o configurando nuevos territorios?

Ante la emergencia nacional, el Gobierno hizo una declaratoria de emergencia económica, social y ecológica. Ha tomado medidas asistencialistas, como impulsar la campaña “Colombia Humanitaria”, que está recaudando fondos para la atención a los afectados5. También definió medidas tributarias (exenciones fiscales a las zonas afectadas), ha mencionado la posibilidad de entregar tierras de extinción de dominio, ha ofrecido a los afectados trabajo temporal por seis meses en la reconstrucción, está otorgando subsidios de arriendo por seis meses, ha hecho promesas de reubicación de poblados (caso Gramalote, Norte de Santander, y sur del Atlántico) y definió la reconstrucción de las vías afectadas.
Pero no se mencionan las causas de la problemática de fondo, dados los acumulados de los desastres en el país. Parodiando al profesor Carlos Vilas respecto a la política social, unos se dedican a crear los desastres (modelo de desarrollo) y otros a recoger los escombros (las entidades asistencialistas y el Estado).

La crisis invernal les cae como anillo al dedo a Santos y su gobierno, que ve en ella una oportunidad para “pensar en grande”, reconstruyendo el país a su acomodo. De hecho, la crisis también permite argumentar la venta de un nuevo porcentaje de la acciones de Ecopetrol. Con los varios miles de millones de dólares que esperan conseguir por su venta, constituirán un fondo de reconstrucción de obras de infraestructura, como carreteras y puentes, destruidos por las inundaciones y las lluvias provocadas por el fenómeno de La Niña. Seguramente también la minería será avalada con el mismo argumento: fondos para la reconstrucción.

El asunto es claro: mientras las lluvias dejaron millones de personas afectadas, la reconstrucción facilitará la reconfiguración de nuevos territorios para el capital. Más claro no canta un gallo.

*    Profesor de la Escuela Superior de Administración Pública y miembro del equipo de Censat Agua Viva.
**    Censat Agua Viva-Amigos de la Tierra Colombia.
1    Cepeda, Iván; Rojas, Jorge. A las puertas del Ubérrimo. Editorial Debate, Bogotá, 2008, p. 18.
2    Canal A., Francisco, Rodríguez B., Manuel. “Las corporaciones autónomas regionales, quince años después de la creación del Sina”, en: Gobernabilidad, instituciones y medio ambiente en Colombia. Manuel Rodríguez Becerra, editor. Foro Nacional Ambiental, Bogotá, 2008, p. 359.
A la fecha de escrito el artículo, se habían conseguido donaciones que superan los 33 mil millones de pesos entre donaciones económicas y en especie.

Publicado enEdición 165
El invierno hace agua las políticas de desarrollo impulsadas desde el alto gobierno. El Congreso de la República, que negó el Referendo por el Derecho al Agua como bien público, está ante la posibilidad de corregir su gestión a favor de las minorías. Hay que continuar el esfuerzo por hacer de las propuestas de referendo un debate nacional y un horizonte de lucha social hacia la transformación profunda del modelo de desarrollo que hace del agua una amenaza, antes que un principio de vida.

La crítica situación nacional producida por las inundaciones de pueblos enteros y de tierras productivas en todo el país acrecienta el absurdo de la negativa del pasado Congreso Nacional a las propuestas del referendo de agua, avaladas por más de dos millones de firmas de ciudadanos dispuestos a votar por una nueva plataforma constitucional que le diera piso a una política integral del agua en el país, para evitar a largo plazo que millones de colombianos sigan sin acceder al agua potable, que millares de niños se sigan enfermando o muriendo por ello, o que decenas de municipios permanezcan anegados gran parte del año, antes de dar paso a las trágicas sequías.

Esa postura de la clase política no permitió llevar a debate un modelo de uso del agua todavía basado en la desecación de humedales, en destrucción de páramos, la devastación de bosques andinos y la extensión de potreros en los cuales la ganadería extensiva pisotea riberas y extiende latifundios, como forma de ampliar grandes propiedades rurales sin importar que ello conduzca a inundaciones de ciudades enteras. Ni dejó avanzar el debate nacional sobre la otra cara de ese modelo: el uso de ríos y humedales como botaderos de basura y de aguas servidas, que, además de destruir la vida misma, dificultan el ciclo del agua, ya enfrentado de hecho a los efectos globales del cambio climático.

Pero lo más grave es que esas mismas mayorías parlamentarias se aprestan ahora a incrementar esos problemas a través de su apoyo incondicional a un nuevo plan de desarrollo basado en propuestas que suponen un uso o afectación intensiva del agua por parte de las políticas forestales, agroindustriales, petrolera y minera, que ahora intensifican la demanda de agua como insumo, generalmente gratuito y a costa del derecho fundamental al acceso al agua potable.

En efecto, la gran minería, sustentada como fuente de recursos para resolver la crisis fiscal, de no mediar una fuerte y amplia movilización social y política que la rechace, se expandirá y continuará la destrucción de cuencas enteras; y la política de los planes departamentales de agua, predominantemente urbanos, imponen ordenamientos territoriales que tienden a descomponer lo que queda del campo y profundizan la inviabilidad financiera de los municipios, que, no pudiendo cumplir con las imposiciones financieras de tales programas, probablemente tendrían que aportar el agua misma en sus fuentes en los mercados crecientes del recurso.

Al lado de ello, los gobiernos locales avanzan en los procesos de concesionamiento y gestorización privada del agua potable mediante esquemas de prestación especulativos en contra de los municipios y los usuarios de los estratos 1, 2, 3 y 4 en la forma como acaba de suceder en Acuavalle, los contratos de Empresas Públicas Municipales de Cali y la continuidad de los contratos en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Como se ve, el agua es un elemento esencial para la vida, pero a la vez un hilo conductor de los problemas y los conflictos nacionales, y un principio básico para recuperar la dimensión de los bienes comunes y públicos, y uno de los temas alrededor de los cuales se pudiera reconstituir un básico pacto social en torno a la sustentabilidad y la justicia social auténticas. El agua misma convoca a la reflexión y la movilización nacional; y el movimiento del agua continúa. 2011 será un año decisivo para ésta, la lucha de todos y de todas.

Recuadro

La Declaración final de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, realizada en Cochabamba en abril pasado y a la cual nos adherimos (*), es clara en advertir sobre las consecuencias de la expoliación de la naturaleza y sus efectos en el cambio climático, el aumento de la pobreza, la transnacionalización de la gestión del agua, la privatización de fuentes hídricas, el aumento de las emisiones de dióxido de carbono por los países desarrollados, y llama a desarrollar referendos en las ciudades de todo el mundo para protestar y denunciar las acciones y las conductas que llevan al desastre contra el ser humano, la flora, la fauna y la existencia misma del planeta Tierra, y convoca a forjar un nuevo sistema que restablezca la armonía con la naturaleza y entre los seres humanos.


* http://www.censat.org/noticias/2010/4/23/Declaracion-final-de-la-Conferencia-Mundial-de-los-Pueblos-sobre-el-Cambio-Climatico-y-los-Derechos-de-la-Madre-Tierra/.



Publicado enEdición 164
"Ríos Magdalena y Cauca se salen de cauce", "Inundados pueblos ribereños de los principales ríos del país por rompimiento de diques", "Miles de damnificados sin lugar a donde ir".

Los titulares pueden ser de cualquier año: de 2010 o de 2009; de 1970 o de 1990. Cualquier año, porque uno tras otro es la misma historia: llega la temporada invernal y los más pobres del país se ven sumidos bajo el agua, con sus pocas pertenencias anegadas, sus precarias viviendas arrastradas o inundadas; sus escasos animales ahogados, enfermos o sin dónde comer. Siempre es lo mismo.

Las cifras producen igual sensación, pueden ser de un año o de otro cualquiera. Las de 2010 obligarían a la renuncia de los ministros que tienen que ver con este sector: Medio Ambiente, Agricultura, Salud, Vivienda, y con los directores de los organismos de emergencia, pero todos prosiguen en sus funciones como sino fuera con ellos:

Cifras al 16 de noviembre de 2010

Damnificados: 1.174.480
Fallecidos: 106
Desaparecidos: 21
Heridos: 168

Regiones más golpeadas: Sucre, Bolívar, Magdalena, Córdoba y Chocó. ¿Cuántos afectados piscológica, moral, humanamente? Nadie sabe. Tampoco les interesa.

En 2009, los damnificados no fueron pocos (1.394.895). Sin embargo, ahora no se cansan de repetir que es la mayor tragedia invernal de los últimos 30 años. Y puede que lo sea, ese no es el asunto; la pregunta esencial es por qué sucede otra vez, a pesar de que los estudios sobre el clima, la cartografía regional y la dinámica del desarrollo agrícola, así como los efectos de la misma pobreza de siempre, permiten adelantarse a cualquier tragedia de estas.

Tragedia de nunca acabar. Ocurre cada año y la fórmula es idéntica: pronunciarse desde el alto gobierno, informando de la cantidad de millones destinados para minimizar la tragedia, al tiempo que instituciones como la Cruz Roja y la 'caritativa empresa privada' emprenden campañas de recolección de mercados y ropa destinados a las poblaciones siempre ahogadas por la pobreza y ahora por el agua. Atacan la calentura, sin inmutarse por la infección, que en este caso es un sistema para el cual los pobres son simples números, cifras que reportan a la hora de las calamidades pero que nunca están, de verdad verdad, dentro de la planificación oficial de mediano y largo plazo.

Dolor y tristeza. Parece de nunca acabar y sin embargo lo presentan cada año como gran novedad, ahora ‘justificada’ por el fenómeno de La Niña. Sin embargo, lo verdaderamente trágico y lo que no parece tener fin es la irresponsabilidad oficial, la falta de previsión, el desinterés por arrancar de raíz los factores que facilitan que el invierno genere tanta tristeza entre centenares de poblaciones y millones de connacionales.

Publicado enEdición 163
El 18 de febrero de este año, la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo informó que hasta ese momento, en lo que iba corrido del año, se habían reportado “68 emergencias de origen hidrometeorológico en 21 departamentos del país, que han dejado 64.644 personas afectadas. En el mismo período del año pasado se registraron 44 emergencias en 18 departamentos y 21.102 personas afectadas. O sea, 54 por ciento más emergencias y 206 por ciento más personas afectadas”.

Para el 4 de marzo, la cifra había subido a 86 emergencias (96 por ciento más que en 2008) en 82 municipios de 24 departamentos.

En ese momento, una parte importante del país ‘emergido’ se encontraba literalmente sumergido en el agua. La primera temporada de lluvias de 2008 se había unido, sin solución de continuidad, con la segunda de ese mismo año, y ésta con la primera de 2009.

Por su parte, en el informe de la Contraloría sobre el estado de los Recursos Naturales y el Ambiente, publicado en 2009, se transcribe un informe de la Superintendencia de Servicios Públicos que indica que “durante el 2007, cerca de 200.000 habitantes fueron afectados por eventos de inundación (o colapso del sistema de alcantarillado), alrededor de 500.000 habitantes presentaron suspensión del servicio de acueducto como consecuencia de avalanchas, incremento en los niveles de turbiedad de los ríos, taponamiento o colapso de captaciones, y poco más de 200.000 habitantes presentaron suspensión del servicio de acueducto como consecuencia de deslizamientos de suelos que comprometieron la estabilidad de alguna de las estructuras de prestación de dicho servicio”.



Cuando esto se escribe (octubre 2009), la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo informa que en 181 municipios de 25 departamentos de Colombia los incendios forestales han destruido 19.507 hectáreas, seis veces más que en el mismo período de 2008. Y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial plantea que 700 municipios colombianos carecen de medios alternos para abastecerse de agua en caso de que fallen sus fuentes principales.

La escasez de lluvias y las altas temperaturas que propician esos incendios (la mayoría de los cuales son provocados por pirómanos) tienen su origen en el fenómeno ENOS (El Niño Oscilación Sur), esa alteración global del clima terrestre que se genera a partir de un ligero incremento de las aguas del Océano Pacífico, frente a las costas suramericanas. Además de los incendios forestales y todas las pérdidas –en la práctica, irreparables- que ellos desencadenan, sobre el país se cierne la amenaza de posibles racionamientos de agua y energía eléctrica.



Lo cierto es que las lluvias producen graves desastres en Colombia, pero también la falta de lluvias. Somos un país inadaptado al invierno, pero asimismo al verano. Nadie puede afirmar con certeza si los procesos hidrometeorológicos que afectaron al país a principios del año y los que lo afectan ahora son consecuencia directa del cambio climático o expresiones de la variabilidad climática, esa característica intrínseca del clima según la cual varía de manera permanente.

Lo cierto es que lo ocurrido ‘excepcional’ (cada vez menos) en Colombia y el mundo constituye una muestra de lo que puede convertirse en condición permanente como efecto del cambio climático. Podemos estar presenciando ya los ‘cortos’ o ‘trailers’ del futuro.

Ni la variabilidad ni el cambio climáticos hacen su aparición en escenarios en blanco sino en territorios sobre los cuales ya pesan múltiples amenazas de carácter natural (como los terremotos y las erupciones volcánicas) o de origen directa o indirectamente humano, como los deslizamientos, las inundaciones debidas al manejo inadecuado de las cuencas hidrográficas o las amenazas ligadas a la violencia en todas sus formas.

Quienes nos dedicamos a eso que se denomina “gestión del riesgo de desastre” nos empeñamos en demostrar que una cosa es el fenómeno de la naturaleza capaz de generar un desastre y otra, distinta, el desastre que se presenta por falta de adaptación de las comunidades y las instituciones humanas para convivir con los efectos de tal fenómeno. En otras palabras, que el desastre no es el terremoto sino el resultado de la incapacidad de las casas –y de la sociedad en general– para aguantar sus efectos.



Sin embargo, cuando hablamos de las amenazas que genera la violencia, esa distinción se derrumba. El hecho de que el 62 por ciento de los municipios colombianos esté ‘contaminado’ por minas antipersonales constituye una amenaza y, además, en opinión de quien esto escribe, de por sí y simultáneamente, una expresión de vulnerabilidad, riesgo y desastre. Aun cuando nadie haya pisado una de esas minas, el mero hecho de que los niños deban caminar de su casa a la escuela con el temor de sufrir un ‘accidente’ ya constituye una calamidad.

Como representa igualmente un infortunio el incremento de los suicidios de niños y jóvenes de 10 a 14 años, entre otras razones porque la generación a la que pertenecen esos niños es la que en un futuro no lejano tendrá que enfrentar los retos de la adaptación al cambio climático.
 
En otras palabras, a estos niños que hoy son incapaces de adaptarse a su propia vida cotidiana les pedimos que salgan a enfrentarse a los dragones del cambio climático… o a cualquiera de los múltiples dragones que intentamos inventariar en el mapa de arriba.

Posdata: Durante el puente del 12 de octubre se presentaron varias noticias interesantes. Mientras el periódico El Tiempo (octubre 10) le hacía eco a un informe de la Defensoría del Pueblo según el cual el agua que consumen 21 millones de colombianos está en riesgo y 700 municipios carecen de fuentes alternas para el suministro de agua, en El Espectador (octubre 11), la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios (Andesco) afirmaba todo lo contrario. Y mientras se cierne sobre el país la amenaza de un racionamiento de energía eléctrica por la falta de lluvias provocada por El Niño, el 12 de octubre, el retorno a Bogotá de varios miles de carros se vio obstaculizado por un fuerte aguacero y el desbordamiento de una quebrada por los lados de La Mesa, en Cundinamarca.

Bogotá, octubre de 2008
http://enosaquiwilches.blogspot.com/
Publicado enEdición 151
Las imágenes no engañan. Extensos y diversos territorios de Colombia, anegados por el invierno. Los ríos se salen de madre y el Gobierno, como siempre, afirma, ¡como el gran descubrimiento! que “se vive el invierno más crudo de los últimos años”. A renglón seguido, como si fuera un asunto de ‘caridad’, solicita colchonetas y enseres para atender a los damnificados. ¿Dónde están el erario y los ahorros de todos? La inundación del Plato (Magdalena) evidencia la improvisación con que actúan la Presidencia y todas sus oficinas para prever y atender desastres. Sin duda, el país requiere un política que haga honor a la seguridad, sin comillas.

Un ambiente de crisis se respira por toda Colombia. El gobierno nacional se empecina en no prestarle atención a la inocultable emergencia social que se vive por todas sus coordenadas, pero los signos son elocuentes: corteros de la caña, indígenas, campesinos y otros sectores sociales alzados en demanda de dignidad y justicia; la bomba social desencadenada por la confiscación de DMG y los fraudulentos movimientos por parte de especuladoras financieras ‘ilegales’ o pirámides; los falsos positivos, que ocultan el asesinato aleve de cientos de jóvenes pobladores de barriadas periféricas de Bogotá, Bucaramanga, Pereira y otras ciudades. Estamos ante una crisis que desnuda la debilidad de la pomposa y falsa ‘seguridad democrática’, centrada solamente en el aspecto militar, en especial en confrontar a la insurgencia.

El puntillazo a la política central del gobierno Uribe ha corrido por cuenta de la ola invernal en curso desde octubre, la que no sólo anegó extensas regiones nacionales, dejando en la más profunda miseria a miles de familias, sino que además ahogó la propagandeada ‘seguridad’, al evidenciar la improvisación que campea en la cúpula gubernamental. Su ahogamiento fue más evidente con la catástrofe que viven los habitantes del municipio de Plato, donde el Magdalena dio cuenta del dique que aguantaba su potencia hídrica, dejando en el más completo abandono a no menos de 30.000 habitantes.

Improvisación. “Estamos viviendo el invierno más crudo de los últimos 70 años”. “Medio país está bajo el agua”. Declaraciones, declaraciones, declaraciones. Al mismo tiempo, los reportes televisivos muestran extensas regiones rurales y semiurbanas que están cubiertas por el agua hasta los techos de las viviendas. Imágenes crudas. Sí. Pero que parecen sacadas, tanto éstas como las declaraciones de los funcionarios, de alguna grabación de hace uno, dos o tres años.

En efecto, Colombia vive año tras año dos intensas temporadas de lluvia (abril-junio; octubre-principios de diciembre), y tras cada una de éstas se repiten inundaciones, deslizamientos, derrumbes… muerte. Parece un cuento de terror, pero, además, uno de esos malos que hacen en Hollywood, con parte 2, 3, 4 y hasta más, en que el teleespectador, una vez observadas las primeras imágenes, ya conoce toda la trama.

En Colombia sí que sabemos lo que va a suceder, quién va a padecer, quién propicia los desastres, quién hace propaganda con el dolor ajeno, quién manipula los hechos.

Cubierto por innumerables ríos, el país goza de agua por doquier. Algunos de ellos, como el Magdalena y el Cauca, cruzan por lo que ahora son importantes ciudades, construidas en medio de una intensa lucha por el suelo. En sus periferias, al borde de los ríos, terminan siempre los más pobres. Aruñan su supervivencia. Arriesgan su vida para poder vivir… si eso es vivir.

Igual sucede en otras ciudades, que, a pesar de no estar cruzadas por corrientes de agua, han sido construidas en medio del intenso desplazamiento que ya cuenta con más de 50 años, fruto del duro conflicto que no parece tener fin. Y, como en las otras ciudades, en sus cinturones, medio urbanos, medio rurales, terminan hacinados los más pobres. Al borde de peñascos, en terrenos deforestados, miles de familias tratan de superar la indiferencia oficial y el ‘destino’.

Llega el invierno. Sin excepción, año tras año, los reportes son iguales, aunque quizá con matices secundarios: “Colombia vive el invierno más fuerte de los últimos años”, “muertas familias al deslizarse el terreno donde vivían”, “el río Magdalena supera su cota e inunda las sabanas de….”, “miles de colombianos no tienen a donde ir, el río Cauca ha inundado sus casas”, etcétera.

Y para confirmar, la regla no es diferente en 2008. Ahora nos dicen que el invierno que soportamos es el más intenso de los últimos 70 años. Puede que sí, puede que no. Ese no es el punto. El elemento central es por qué no existe en Colombia una política de prevención de desastres, que considere dentro de su plan estratégico los dos inviernos anuales, además de la realidad de pobreza y exclusión que, sin esfuerzo de doctores en geología o similares, se detecta en cualquier ciudad.

Yendo más allá, ¿por qué no se analiza el ejemplo del río Nilo, en Egipto, que en la Antigüedad arrasaba gente, viviendas y cultivos, y hoy nunca escuchamos que los africanos sufran las consecuencias de periódicas inundaciones de uno de los ríos más grandes del mundo? ¿No es posible acaso desarrollar obras civiles que acaben de una vez por todas con esta tragedia nacional? A la larga, puede resultar menos costoso hacer esto que estar en el mismo drama de todos los años.

La inexistencia de una política responsable y consecuente es aún más incomprensible si tenemos en cuenta que el programa central del actual gobierno tiene por nombre ‘seguridad democrática’. ¿Seguridad, para quién?
Trágica realidad

Sin excepción, cada año el invierno causa estragos en Colombia. Las cifras lo confirman. Mientras en el año 2000 hubo 29.451 familias afectadas, en 2006 se reportaron 41.365. El año 2007 fue suave: solamente resultaron damnificadas 871 familias.

Otros datos. En el 2000 se presentaron 60 muertos, 42 heridos y 12 desaparecidos, mientras en 2007 los decesos se redujeron ‘sólo’ a 34, heridos 134 y desaparecidos 17. Este año la naturaleza no da tregua: cerca de un millón de personas están damnificadas.

La tragedia no respeta año. Sin embargo, la previsión oficial brilla por su inexistencia. Ni en los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena y Atlántico, donde siempre se sale de cauce el río Magdalena, existen espacios especialmente construidos para trasladar en época de invierno a los habitantes de decenas de municipios. Tampoco en el Valle del Cauca, Antioquia y Córdoba (por doble partida), donde se sale de su curso el Cauca, o en el Chocó, donde sucede lo propio con ríos como el Atrato. Esto por sólo mencionar un aspecto, pero la verdad es que tampoco existe política integral de vivienda, por no decir de hábitat ni de empleo ni de producción de alimentos, por no extender o hacer más patético el despropósito.

Realidad trágica pero que desnuda la inseguridad en que viven cientos de miles de colombianos. Año tras año, un importante porcentaje de éstos termina trepado en las ramas de frondosos árboles, en los techos de sus casas o durmiendo en inmensos charcos que rodean sus viviendas. Cada año se quejan de que “lo perdieron todo”. Y así continúan sus vidas. Entre el sueño, el dolor y la realidad del desgobierno.

La solución que tiene a la mano el Gobierno es suplicar la solidaridad ciudadana, que la gente done ropa, colchonetas, alimentos no perecederos, dinero. Y cada año, multinacionales como almacenes Éxito, Caracol, Kellogg´s, fungen de “buenos samaritanos”, hacen eco al llamado, abren bodegas para recibir los aportes, difunden los mensajes oficiales, y luego aparecen en los municipios como ‘benefactores’, como empresas que saben “redistribuir ganancias”. A renglón seguido, descargan sus aportes ante la Dian para que los exonere o reduzca sus impuestos. ¿Habrá mayor felonía y mayor desgobierno?

Improvisación

También recibe la Cruz Roja Colombiana. En 2006 se recaudaron 65 millones 51.302 de pesos para fines de solucionar en parte la situación de los damnificados; 34 toneladas de ayuda en las principales ciudades del país, y 227 millones de pesos fueron donados por el gobierno italiano, entre otros. Este año no es la excepción, y ya se informa que los colombianos han donado más de 300 toneladas de comida y enseres, además de muchos millones. Por su parte, el Gobierno, presionado por gobernadores y alcaldes que en reciente reunión evaluaron la difícil situación por la que atraviesan sus gobernados, destinó 3,1 billones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Regalías para paliar la crisis. Es decir, un corcho para tapar una represa.

Todas estas ‘soluciones’ no sólo son insuficientes sino de escaso corte coyuntural. Por ninguna parte se siente el largo plazo, es decir, las políticas para remediar de verdad estas tragedias, que, si bien son propiciadas por la naturaleza, lo cierto es que en mayor parte lo son por la inexistencia de una política de Estado que realmente haga del ser humano el factor fundamental para cualquier gobierno, y de la seguridad una constante integral: empleo, alimentación, ingresos, información, manejo del medio ambiente, vivienda, etcétera… y no sólo una razón militar para el control y el dominio.

*    Artículo publicado, salvo necesarias actualizaciones, en la edición virtual del periódico desde abajo del 2 de diciembre de 2008.
Publicado enEdición 141
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