Perú: la justicia electoral confirmó el triunfo de Pedro Castillo

Asumirá el 28 de julio, pese a las maniobras dilatorias del fujimorismo

Por sus falsas denuncias de fraude electoral buscando anular mesas de votación en las zonas rurales donde Castillo ganó con amplitud, la fiscalía le ha iniciado a Fujimori una investigación por presuntos delitos contra el derecho al sufragio y falsa declaración.

a justicia electoral terminó de revisar y rechazó, por falta de sustento, todos los reclamos de la derechista Keiko Fujimori para anular votos del profesor Pedro Castillo, con lo que pretendía arrebatarle la victoria al candidato de la izquierda. De esta manera, después de una larga espera de más de un mes, quedó confirmado que el maestro rural y sindicalista que viene de una las zonas andinas más pobres del país será proclamado en esto días como presidente electo. Asumirá el cargo el 28 de julio. La derecha ha respondido con violencia en las calles y con una última maniobra para demorar la proclamación de Castillo, pero que no podrá impedirla.

Rechazadas todas sus demandas, el viernes los abogados fujimoristas presentaron nuevas apelaciones sobre un grupo de actas, alegando esta vez supuestos errores de conteo. El número total de votos de esas actas apeladas es significativamente menor a la ventaja de más de 44 mil votos que Castillo le sacó a Fujimori, con lo que cualquiera sea el destino de esas apelaciones, que los expertos estiman muy probablemente también sean rechazadas, no cambiará el resultado de las elecciones.

Por sus falsas denuncias de fraude electoral buscando anular mesas de votación en las zonas rurales donde Castillo ganó con amplitud, la fiscalía le ha iniciado a Fujimori una investigación por los presuntos delitos contra el derecho al sufragio y falsa declaración. Con todo consumado, la derecha aglutinada alrededor de la actual jefa del clan Fujimori juega ahora la carta de deslegitimar al próximo gobierno y boicotear su gestión. Si no pueden evitar que asuma como presidente, intentarán sacarlo del poder. Desde la victoria de Castillo la derecha ha venido promoviendo un golpe para anular las elecciones. Confirmada en la última instancia electoral la victoria de la izquierda, el fujimorismo y sus aliados han pasado de la violencia verbal a la violencia en las calles.

Esta semana, enfurecidos fujimoristas, armados con palos, intentaron llegar a Palacio de Gobierno, en el centro de Lima, gritando insultos contra el presidente Francisco Sagasti, repitiendo las acusaciones lanzadas por Keiko contra el jefe de Estado acusándolo de haber tomado partido por Castillo. Las evidencias, sin embargo, demuestran la neutralidad del gobierno. La turba fujimorista descargó su furia contra los negocios de las calles cercanas. Un fotógrafo del diario La República, uno de los pocos medios que no han respaldado las pretensiones de la derecha de desconocer el triunfo de Castillo, fue arrojado al piso y golpeado por varios sujetos. En su frustración y desbocada ira, los fujimoristas la emprendieron contra todos, incluyendo periodistas de medios que han venido apoyando el falso discurso del fraude. Una reportera de televisión y su camarógrafo fueron rodeados, insultados y amenazados. Otra reportera fue atacada por la espalda por una mujer, que le cubrió la cabeza con una bandera y comenzó a jalonearla. La turba rodeó el automóvil del ministro de Salud, Oscar Ugarte, que iba a una reunión del Consejo de Ministros, y comenzó a zarandearlo y golpearlo con palos. Lo mismo le ocurrió a la ministra de Vivienda, Solange Fernández. Pasaron unos quince minutos hasta que la policía disolvió a los agresores y los ministros pudieran reanudar la macha para llegar a Palacio de Gobierno.

El grupo que desató la violencia se hace llamar “La Resistencia” y desde hace años ha venido actuando como fuerza de choque del fujimorismo. Ahora se han rebautizado como “La Insurgencia”. En el pasado han atacado al fiscal que ha investigado a Keiko y la ha acusado por lavado de dinero y organización criminal, y a periodistas críticos del fujimorismo. A los de “La Resistencia” les gusta tomarse fotos haciendo el saludo nazi. En los actos de violencia de esta semana algunos llevaban chalecos con el lema fascista “Dios, Patria, Familia” escrito en la espalda.

Keiko Fujimori pretendió desmarcarse de la violencia desatada por sus seguidores con un tuit en el que rechazó esas acciones, pero su larga relación con ese grupo extremista es inocultable. Sus discursos llamando a sus seguidores a movilizarse contra un supuesto fraude electoral que es inexistente y para “enfrentar el comunismo” han creado las condiciones para el estallido de esta violencia. Otro personaje cercano a las cabezas de este grupo violento, el excandidato presidencial de ultraderecha Rafael López Aliaga, conocido como “Porky”, ahora aliado de Keiko, incentiva permanentemente la violencia. “Muerte a Castillo”, “muerte al comunismo”, “comunistas malditos lárguense de aquí”, son algunas de las amenazas que el fascista López Aliaga vocifera en cada manifestación pública en respaldo a Keiko.

Lo ocurrido esta semana es el mayor estallido de violencia desde las elecciones y la negativa de la derecha a aceptar su derrota y sus llamados contra la legalidad democrática, pero no el único. Anteriormente, los extremistas de “La Resistencia” atacaron con palos a un grupo de simpatizantes de Castillo que hacían una vigía pacífica frente al local del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) esperando la proclamación del presidente electo. Seguidores fujimoristas se han manifestado en repetidas ocasiones frente a los domicilios de los magistrados del JNE y del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la encargada del conteo de votos, gritando amenazas si no favorecían los intereses fujimoristas. En las calles se han visto marchas con símbolos fascistas lanzando gritos de muerte contra todos los que no estén alineados con ellos. Son pequeñas, pero muy agresivas.

 En redes sociales abundan los mensajes racistas contra Castillo y sus electores, entre los que son mayoría los habitantes de las zonas rurales y sectores populares. “Lo que ha sucedido marca un quiebre. Respetamos las manifestaciones pacíficas, pero lo sucedido se pasa de la raya. No lo permitiremos”, señaló el presidente Sagasti, refiriéndose a los últimos actos de violencia.

De otro lado, este sábado miles volvieron a movilizarse pacíficamente por las calles de Lima y de otras ciudades en respaldo a Castillo. Exigen su pronta proclamación como presidente electo, que se había anunciado para esta semana, pero que últimas maniobras dilatorias ha retrasado unos días.     

17 de julio de 2021 

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Guillermo Lasso y el laberinto de las izquierdas ecuatorianas

Con Guillermo Lasso, un banquero cercano al Opus Dei, la derecha ecuatoriana llega al gobierno tras su victoria electoral del 11 de abril. La izquierda y la centroizquierda tienen una clara mayoría en la Asamblea Nacional, pero sus fuerzas se encuentran enfrentadas y lejos de poder construir un bloque común.

 

Las elecciones presidenciales de 2021 en Ecuador dieron el primer triunfo electoral a la derecha en más de dos décadas. Pese a que el de Lenín Moreno fue un gobierno escorado a la derecha, el hecho de que las fuerzas verdaderamente representativas de ese espectro ideológico –como el Movimiento Creando Oportunidades (CREO) y el Partido Social Cristiano (PSC)– hayan obtenido el triunfo electoral marca un hito en la política ecuatoriana y expresa un nuevo contexto histórico al que los espacios de izquierda y progresistas deben prestar atención.

En su tercer intento electoral, el banquero Guillermo Lasso logró imponerse por casi cinco puntos sobre el correísta Andrés Arauz. A pesar del escrutinio final, tanto los resultados presidenciales de primera vuelta como la composición de la Asamblea Nacional revelan que la configuración del tablero político es bastante más compleja que lo que indica la mera elección del binomio Lasso-Borrero. Esto da un peso significativo a las izquierdas en la oposición al futuro gobierno, de perfil neoliberal, tanto dentro como fuera de los juegos políticos partidarios.

Ecuador vive un contexto difícil: el aumento de la pobreza, el desempleo agudizado en medio de la crisis sanitaria y la muy deficiente gestión del gobierno saliente son las señas de este tiempo. Diversos informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ubican a Ecuador como uno de los países en América donde más aumentó la pobreza extrema en medio de la pandemia. 

Los principales actores partidarios de la izquierda son hoy el Movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el ex-presidente Rafael Correa, y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Aunque ambos espacios sostienen coincidencias en su oposición al neoliberalismo, han sufrido históricos desencuentros que es necesario relevar para comprender la situación de la izquierda institucional ecuatoriana. Por fuera de ellos, sin embargo, también hay una importante vitalidad: la que otorgan los movimientos sociales. Estos serán, en el actual contexto, decisivos para el devenir de la izquierda. Su cercanía o no a estas dos organizaciones político-partidarias dependerá en buena medida de cómo se sigan decantando sus distancias o cercanías con el gobierno que hoy comienza sus funciones.

El triunfo de Moreno –como candidato del correísmo– en las elecciones presidenciales de 2017 por menos de tres puntos sobre Lasso supuso para la fuerza gobernante fundada por Rafael Correa la superación de una fase de declive. En aquel contexto, el triunfo dejaba en suspenso la necesaria autocrítica sobre el déficit de política en la gestión, en la medida en que su base de sustento se distanciaba cada vez más de organizaciones y movimientos sociales. Sin embargo, el triunfo fue de cortísimo aliento. Moreno optó por gobernar con un plan agresivamente neoliberal, acompañarse de actores empresariales, de la banca y las corporaciones mediáticas, y contar con el soporte de CREO y PSC en el Poder Legislativo, a la vez que generaba la implosión del movimiento político Alianza PAIS con el que había accedido a la Presidencia.

La primera expresión de oposición al gobierno de Moreno nacía de la fractura de su propia fuerza política. El bloque de legisladores de la Revolución Ciudadana (30 de 74 asambleístas electos) se mantuvo en la línea del plan de gobierno votado en 2017 y constituyó una pieza fundamental de configuración de discurso y acción política contra el ajuste: votó orgánica y sostenidamente contra las iniciativas legislativas de apoyo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), e incluso por fuera de los medios tradicionales, no dejó de batallar y argumentar para fortalecer a la oposición al gobierno de Moreno. No es posible hablar de la vigencia y resistencia del correísmo sin su acción. Esta fuerza (sin personería jurídica) se desempeñó en condiciones de constante persecución y proscripción, toda vez que sus varios intentos de formación de movimientos políticos fueron bloqueados con argumentos poco sólidos desde el Consejo Nacional Electoral (CNE). En este marco, el bloque de legisladores de la Revolución Ciudadana ejerció oposición prácticamente en solitario hasta el último semestre de 2019.

El movimiento Pachakuitk ocupó, en cambio, un lugar diferente en la oposición a Moreno. Gracias a la dinámica de diálogo convocado por el gobierno y la coincidencia en el anticorreísmo, tanto la Conaie como Pachakutik se mantuvieron inicialmente cerca del gobierno. De hecho, una de las escenas inaugurales y altamente simbólicas de la ruptura entre Correa y Moreno sucedió cuando el presidente anunció en acto público que restituía el comodato del terreno de la sede de la Conaie, que Correa había suspendido en 2015, esta vez por 100 años. Correa calificó el anuncio como un desaire y un acto de deslealtad de Moreno, quien arrancaba un capítulo de diálogo con el movimiento indígena ecuatoriano. Integrantes de este movimiento ocuparían un cargo ministerial como la Secretaría del Agua y una consejería en una institución con altísima incidencia como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), órgano que nombra a las principales autoridades de control.

La gestación de la ruptura entre Pachakutik y el gobierno de Moreno llegaría a mediados de 2019 con la movilización nacional que tuvo su combustible definitivo en el decreto 883, que eliminaba el subsidio a los combustibles. Esta movilización, que fue masiva y diversa, fue reprimida ferozmente por el gobierno, con un saldo de 11 muertos, 1.340 heridos y 1.230 detenidos (75% de ellos liberados por no cumplir los requisitos legales para ser apresados). A los diversos informes que exhibieron la violencia y las arbitrariedades, se sumaron los del movimiento indígena, el bloque de la Revolución Ciudadana y la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia, que reportaron judicializaciones, encarcelamientos ilegales, violaciones sexuales y exiliados.

En los diálogos televisados entre el gobierno nacional y los dirigentes indigenas quedó en evidencia su inconformidad por el incumplimiento de acuerdos en el marco del diálogo nacional, pero sobre todo quedó sentada la voluntad de defender no solamente sus intereses sino los de las grandes mayorías. Esto se pondría de manifiesto cuando el Parlamento Plurinacional de los Pueblos, así como diversas organizaciones y colectivos sociales, elaboraron un plan de gobierno alternativo para Ecuador con el nombre «Minga por la vida». Los gestos y acciones hacían pensar en la posibilidad de amplias confluencias entre el movimiento indígena y el correísmo. Sin embargo, precisamente el momento posterior a octubre se constituyó en el primer aviso de que, incluso en el marco de la profundización del ajuste y de la vocación autoritaria gubernamental, las tensiones, desconfianzas y falta de reconocimiento mutuo entre el movimiento indígena, el correísmo y otras expresiones de izquierda seguirían siendo más fuertes que las coincidencias. La configuración de un bloque unido parecía imposible.

Por su parte, la derecha mostró una unidad más sólida, no solo blindando al gobierno en su guion para tratar a movilizados como el «enemigo interno», sino incluso exacerbando el tratamiento racista e invocando a ejércitos patrióticos de defensa de la propiedad y «la ciudad». Tanto el PSC como CREO mostraron su rostro de derecha radical durante y después de las jornadas de movilización. La pandemia les permitió incluso recuperar y profundizar aún más las medidas contra las que el pueblo había salido a las calles y sufrido semejante represión, como la liberalización del precio de los combustibles, la legislación en favor de la clase empresarial y el pago anticipado de deuda (en contraste con el recorte a lo largo de su gestión en el sector de la salud). El desprecio por la vida quedaría además demostrado en la gestión de la crisis sanitaria, provocando un exceso de mortalidad tal que ubica a Ecuador como el segundo a escala mundial en este indicador.

En consonancia con las dinámicas del ciclo político, las elecciones presidenciales vieron llegar una histórica alianza de derechas que llevaba a Lasso como candidato a presidente. Pachakutik y la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES) se mostraban, por el contrario, distantes.

La selección del candidato de Pachakutik no estuvo exenta de tensiones. La decisión de que el candidato fuera finalmente Yaku Pérez no parecía consecuente con las dinámicas y liderazgos gestados en las movilizaciones de octubre. Entre ellos se destacaban dos actores: Leónidas Iza y Jaime Vargas. Ambos parecían capaces de representar los intereses populares y dar un giro al modelo de gobierno. De hecho, en las mediciones de intención de voto para la Presidencia de los primeros meses de 2020 los dos dirigentes se ubicaban casi a la par de Correa y Jaime Nebot (líder social cristiano). Los dirigentes del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y la Conaie denunciaron procesos poco democráticos en la designación de Pérez como candidato a la Presidencia. La dinámica del partido se imponía a la del movimiento. Según el criterio de un analista cercano a Pachakutik, se habría privilegiado el desempeño electoral en el territorio.

Las tensiones entre el movimiento y su brazo político fueron puestas entre paréntesis y el trabajo orgánico en el territorio quedó en evidencia con la histórica votación obtenida por Pérez en la primera vuelta (19,39%, el mejor resultado del partido en una elección presidencial), con apenas 32.000 votos menos que Lasso, y la obtención del segundo bloque en la Asamblea Nacional (26 legisladores). Su candidatura quedaba reforzada, además, por el apoyo de 80% de los votantes contra las actividades mineras en el páramo en el referéndum organizado en la ciudad de Cuenca.

El CNE tuvo un manejo poco prolijo tanto en la transmisión de resultados de conteo rápido el día de las elecciones como en el tratamiento de impugnaciones del resultado. Procuró un diálogo televisado entre Lasso y Pérez con el acompañamiento de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA). En el debate, los dos candidatos coincidieron en su retórica anticorreísta y dejaron sentado que, por el bien de la democracia, llegaban a un acuerdo sobre las condiciones de revisión de actas. El acuerdo se rompió pocos días después, y la proclamación de resultados se hizo en medio de denuncias de fraude por parte del movimiento indígena y Pachakutik. 

El correísmo, articulado en UNES, vivió hasta último momento intentos de descalificación de su binomio. Con gran vocación de resistencia pero casi ninguna de ampliación hacia otros sectores, llegó con un candidato que, si bien era desconocido y no tenía mayor trayectoria política, procedía de la matriz de la Revolución Ciudadana. Andrés Arauz, un joven tecnócrata, llevó adelante una campaña afincada en la retórica de los años de gobierno anteriores y en la fuerza del líder. Los resultados de la primera vuelta dejaron ver a una fuerza electoral vigente, no solo por la ventaja de 13 puntos respecto al segundo, sino también por haber obtenido el primer bloque de legisladores (49 escaños). Pero para competir en la segunda vuelta, Arauz debía ampliar su base de apoyo y renovar su discurso.

En el balotaje, sin embargo, se recreó el distanciamiento con otras fuerzas políticas y el anticorreísmo se convirtió en la razón para que actores progresistas no se sumaran ni pidieran el voto por el binomio Arauz-Rabascall. UNES logró el apoyo de algunas organizaciones sociales, de dirigencias de nacionalidades amazónicas e incluso de Jaime Vargas, presidente de la Conaie. Sin embargo, este apoyo llegó en un momento de fuertes fricciones internas y no supuso, en estricto rigor, el apoyo de la organización.

Para la segunda vuelta, Pachakutik y la Conaie llamaron al «voto nulo ideológico» con la consigna «Ni Lasso, ni Nebot, ni Correa», tal como reza el cierre del plan de gobierno alternativo «Minga por la vida». El 11 de abril, 16% de la población votó por esta consigna. Se trata del porcentaje más abultado de voto nulo registrado en elecciones presidenciales de segunda vuelta. Un resultado que, según algunos análisis, habría favorecido el triunfo de Lasso.

Luego de los resultados finales, Arauz manifestó –como ya lo había hecho en varios momentos de la campaña previa a la segunda vuelta– la necesidad de construir una «nueva mayoría», un «bloque histórico» con el «progresismo, la plurinacionalidad, la socialdemocracia». Aludía no solamente a Pachakutik, sino también a Izquierda Democrática (ID), un partido de larga data que ocupó la Presidencia a finales de la década de 1980 y que reapareció en escena con un candidato outsider –el empresario Xavier Hervas–, un discurso con énfasis en la economía del emprendimiento y guiños a las demandas de derechos de las organizaciones de mujeres y de la comunidad LGBTI. Con 18 asambleístas, tras lograr el cuarto lugar en las presidenciales (16% de votación), ID se convirtió en un actor a tomar en cuenta, aunque sus propuestas y su discurso no dejan señales muy nítidas de que se trate de una fuerza con la cual la izquierda pueda sumar.

El discurso de cierre de Arauz contrastó fuertemente con el de Correa, quien expresó la necesidad de «dar gobernabilidad» al presidente entrante y, sobre todo, promovió un acuerdo (del que se empiezan a conocer detalles en estos días) con el bloque de derecha –CREO y PSC– para la elección de principales autoridades de la Asamblea Nacional. Además de la necesidad de darle salida a la crisis del país, se habría dejado sobre la mesa el pedido de conformación de una «comisión de la verdad» para revisar los procesos judiciales que han afectado a varios cuadros políticos de la Revolución Ciudadana. La decisión y conducción de tales acuerdos bajo el liderazgo del ex-presidente Correa dejaría entrever claramente un lugar de segundo orden del candidato y hasta ahora presidente del movimiento Arauz, así como de sus líneas de discurso respecto al comienzo de la reconstrucción del poder popular, la autocrítica o la renovación de la política.

De parte de Pachakutik, se envió una oferta similar, «de gobernabilidad democrática» al nuevo gobierno. Con ello, las dos fuerzas más importantes de la izquierda, lejos de constituir un bloque común, optaron por posicionar discursos y acciones políticas ofreciendo, en competencia, gobernabilidad a Lasso. De esta forma, los actores que cogobernaron con Moreno para la implementación de políticas combatidas en octubre de 2019, aquellos que lo legitimaran y acompañaron su discurso de signar a las dirigencias del movimiento indígena y la Revolución Ciudadana como incendiarios y golpistas, se volvieron ahora apetecidos socios.

El primer intento de lograr la Presidencia de la Asamblea veía confluir a PSC, CREO y el correísmo, pero el partido gobernante a última hora falló a su palabra. La elección la ganaría, así, Guadalupe Llori, de Pachakutik, con los votos de CREO e ID. Se trata de una mujer amazónica que sufrió la prisión durante el gobierno   , bajo acusaciones de terrorismo y sabotaje.

Fruto de este resultado y acuerdo del que quedarían fuera, tanto Nebot como Correa han afirmado que el de Lasso es un mal inicio y, sobre todo, lo han acusado de no tener palabra. Antes del inicio del gobierno ya se ha roto también la alianza entre PSC y CREO. Está claro que el presidente tendrá que lidiar con la dura retórica de ambos líderes nacionales. Pero el juego político fundamental ahora no está en ello. Pachakutik, además de la Presidencia de la Asamblea, tiene tal capacidad de incidencia que cuenta –junto con ID– con mayoría en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), órgano fundamental, pues tiene como funciones y atribuciones la planificación de las actividades de la Asamblea, la tramitación de reformas constitucionales, la calificación de los proyectos de ley y las solicitudes de indulto y amnistía. Además, el partido indígena preside la Comisión de Régimen Económico que tiene la atribución de tramitar reformas tributarias que resultarán necesarias para la gestión de las finanzas del gobierno en el marco del acuerdo con el FMI. Pachakutik es un actor con suficiente poder para resistir el ajuste, si esa es su voluntad política.

La configuración de este escenario y el del protagonismo de los movimientos sociales en la potencial oposición al gobierno a escala nacional tendrá un elemento fundamental en las próximas elecciones en la Conaie, donde entrará nuevamente en cuestión el protagonismo de Leónidas Iza. Yaku Pérez, quien según se anticipaba desde antes de las elecciones de abril podría disputar también la presidencia de la organización, se ha separado de Pachakutik por los acuerdos de este con el partido de Lasso, advirtiendo que hubo fraude en la primera vuelta, reivindicando ser una «tercera vía» y aclarando que no se retira de las organizaciones del movimiento (Conaie y la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador), pero sí de la política electoral. Su discurso en esta renuncia, ya fuera de la contienda, tuvo líneas más claras de oposición a la «derecha neoliberal» que las esbozadas en su campaña.

Si frente al gobierno de Moreno fueron fundamentales el correísmo en el Legislativo y el movimiento indígena en las movilizaciones, se abre entonces el interrogante sobre cuál será la capacidad de incidencia de la Revolución Ciudadana en el juego legislativo, con escasa presencia en la directiva y en las presidencias de comisiones claves, y cuál será el lugar de la Conaie para irradiar línea discursiva, ahora que su brazo político ha acordado con CREO para hacerse del poder en la Asamblea y tener los espacios más relevantes en ella.

Si todo lo transitado y actuado hasta ahora por los actores partidarios de izquierda ha sido para procurar gobernabilidad en nombre de las profundas crisis que vive el país, ¿cuáles serán los repertorios y qué peso tendrá el clivaje correísmo/anticorreísmo a la hora de confluir para defender y profundizar la democracia, que ha sido gravemente lesionada durante el gobierno que termina?

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Miércoles, 05 Mayo 2021 06:37

Frankenstein revisitado

Frankenstein revisitado

 Con angustia, el paciente expresa: "Busco a la mujer ideal". Acuciosa, la terapeuta inquiere: "¿La real le da miedo?"

Ahora bien. ¿Cambiaría la pregunta si el paciente angustiado dijera que anda buscando la "sociedad ideal"? De mi lado, creo que si el paciente fuese mujer, ambas inquietudes hubieran tenido otra formulación. Porque de lo que llevo aprendido, los devaneos masculinos raramente han sido de su interés. Moraleja (tentativa): la mujer, el hombre y la sociedad "ideales", nunca existieron.

Obviamente, sería pueril concluir que luchar por ideales es un error. A no ser, claro, que los anhelos de cambiar la realidad naufraguen en meras declaraciones ideológicas.

La noción moderna de ideología empezó a tomar forma durante la Gran Revolución (1789-99). Desde entonces, con disímiles connotaciones, gravita en la política, la economía, la sociedad y la cultura, usándose para señalar emociones, conciencia, intereses, proyectos, ilusiones, programas políticos… siga usted.

Implícita y sugestivamente, el vocablo ideología aparece con los primeros indicios de una sicología social: “Todo lo síquico tiene su origen en la sensio (sensibilidad, percepción)”, apunta el filósofo inglés Thomas Hobbes en Sobre el hombre (1658). Una sicología social que los protagonistas de la Gran Revolución encendieron al rojo vivo.

Con ligereza binaria, se ha dicho que los términos izquierda y derecha provienen de la ubicación de los asambleístas franceses con respecto al centro del presídium. A la izquierda, "los de abajo" (jacobinos); a la derecha, "los de arriba" (girondinos).

No obstante, en su biografía Fouché, el genio tenebroso (1929), Stefan Zweig señala que en las bancas de arriba estaban "los de abajo" (o jacobinos: Danton, Marat, Robespierre), y en las de abajo "los de arriba" (o girondinos: Brissot, Condorcet, Roland).

Mientras que "afuera", faltaba más, estaban los sans coulottes (sin calzones). Es decir, la plebe que tomó La Bastilla y derrocó a la monarquía, para luego ser tropa en los ejércitos de la revolución y, con Napoleón, eficaces verdugos de los pueblos de Europa.

La Gran Revolución quedó consagrada en los magníficos óleos "ideales" de David. Y en los "reales" de Goya, o en la novela Los dioses tienen sed (Anatole France, 1912), devorando a sus hijos. O hijas. Entre ellas, Olympia de Gougés (1748-93), autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana (1791), quien para escándalo de "los de abajo" y "de arriba" decía que el matrimonio era "la tumba de la confianza y el amor".

Vertientes ideológicas de la cultura y la filosofía política occidental, que con Lord Byron y el Che alcanzaron cotas máximas de expresión. El poeta tenía una goleta llamada Bolívar, admiraba al general José Antonio Páez (1790-1873) y estuvo a punto de enrolarse en la guerra de independencia de Venezuela. Bueno, murió en la de Grecia, aunque de sepsis (1824). Y en México, el Che se incorporó a la lucha victoriosa de Cuba, peleó sin suerte en el Congo colonial y murió asesinado por la CIA, tras ser abandonado por los comunistas bolivianos (1967).

¿A partir de cuándo buena parte de los pensadores y luchadores sociales de América Latina le dieron las espaldas a nuestra historia, y emulando liberales y conservadores empezaron a razonar con matrices ideológicas eurocéntricas que se pretenden universales?

Pero ahí siguen y ahí están: pendientes del pensador de moda europeo, y remachando sus ideas bajo las formas del colonialismo ideológico y la dependencia intelectual.

Junto con Manuela Sáenz y Eva Perón (a las que ya dediqué breves ensayos), siempre regreso con Mary Shelley. Una mujer que recurrió a la imaginación, para dar cuenta de la realidad. ¿Acaso Frankenstein (1818) no es una metáfora del delirio masculino cuando se olvida que "ciencia sin conciencia es ruina del alma"?

La Gran Revolución abrió de par en par las puertas del romanticismo y el idealismo modernos. Y con Frankenstein, Mary Shelley dio cuenta de los errores y horrores de las ideologías que subestiman (o de plano pierden) la brújula política.

El invaluable legado de la Gran Revolución, mujeres como Olympia de Gougés y personajes como el poeta Lord Byron y el Che, muestran con claridad que ideología y política son dedo y uña, o están predestinadas a naufragar cuando se aventuran en el mar de los sargazos.

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¿Izquierda democrática o liberalismo de la Guerra Fría?

Si la izquierda tiene alguna esperanza de alcanzar sus objetivos, debe desafiar el legado intelectual del liberalismo de la Guerra Fría y crear un nuevo marco basado en ideales genuinamente democráticos e igualitarios.  

 

Si la guerra es la fuerza que nos da sentido, como escribió Chris Hedges en su famoso libro, ¿qué propósito queda en pie cuando se ha ganado la batalla final? Esta pregunta incomodó a muchos intelectuales estadounidenses al finalizar la Guerra Fría, cuando Estados Unidos asumía una posición geopolítica sin contrincantes a su altura.

Para aquellos que permanecieron demasiado tiempo en las trincheras ideológicas, era imposible dejar esa cuestión atrás. Escépticos de la idea de que los desafíos enfrentados por Estados Unidos podían resolverse mediante ajustes tecnocráticos, les costaba creer que ahora el país estaría a salvo. Durante tres décadas, estos personajes han estado preparados para hacer sonar la campana ante la aparición de nuevos enemigos en el horizonte. Esta postura belicosa es un significativo legado del liberalismo de la Guerra Fría, un posicionamiento político sobre el que aún existen disputas interpretativas, aunque las condiciones históricas que lo originaron sean claras.

Antes de la Primera Guerra Mundial, ser liberal significaba generalmente defender valores universales y el racionalismo. Los liberales tenían una perspectiva optimista sobre la naturaleza humana y creían en el progreso histórico. Pero el ascenso de los regímenes fascistas y la movilización de fuerzas militares mundiales requeridas para acabar con el nazismo le asestaron un golpe a esta visión. Como secuela de la Segunda Guerra Mundial, surgieron nuevas amenazas con la Unión Soviética de Stalin, la China de Mao y luego la Cuba de Castro. Si el liberalismo tenía alguna chance de sobrevivir, tendría que volverse más agresivo en su defensa de la libertad en contra del espectro del totalitarismo comunista. Para los intelectuales de la Guerra Fría, tanto fuera como dentro de la academia, la democracia liberal no estaba destinada a triunfar. Era frágil y necesitaba una defensa constante.

Intelectuales y decisores políticos como W.W. Rostow, John Kenneth Galbraith y Isaiah Berlin creían que la seguridad de los pueblos dependía de la predisposición del gobierno estadounidense a proyectar ideales democráticos –y exhibir su poderío militar– en el extranjero. Historiador y seguidor de John F. Kennedy, Arthur M. Schlesinger Jr. escribió en 1950 que los estadounidenses debían aceptar «la necesidad de asumir amplias e indefinidas responsabilidades e intervenciones en el exterior» como resultado de la «nueva posición histórica de Estados Unidos como potencia en el mundo libre».

Los liberales de la Guerra Fría depositaron su fe en los militares y dependieron del presupuesto destinado a ellos para obtener beneficios sociales –empleo, crecimiento económico y compromiso cívico– ante la ausencia de un Estado de Bienestar más amplio. La lucha contra el comunismo en el exterior también dio visibilidad al problema de la desigualdad racial interna. Como sostuvo el secretario de Estado Dean Acheson en 1947, «la discriminación hacia los grupos minoritarios en el país tiene un efecto adverso en nuestras relaciones con otros países». El realismo político llevó a los liberales a tomar medidas para combatir el racismo, como el reconocimiento de los derechos civiles de los afroestadounidenses, el impulso al fortalecimiento de los sindicatos y la promoción del pleno empleo mediante los mecanismos del Estado de seguridad nacional.

Para competir con los soviéticos, los liberales de la Guerra Fría concibieron un proyecto de financiación masiva de la educación universitaria con apoyo federal, para que los estadounidenses de clase media y trabajadora asistieran a la universidad con el fin de incrementar la mano de obra calificada. También apoyaron el servicio militar obligatorio para todos los ciudadanos varones. Una población bien formada y educada, comprometida con la defensa de Dios y de la patria era el único medio para preservar la república estadounidense.

Tres décadas después de la caída de la Unión Soviética, muchos de los principios intelectuales del liberalismo de la Guerra Fría continúan entre nosotros. Figuras públicas e intelectuales, desde Francis Fukuyama y Steven Pinker hasta George Packer y Mark Lilla, siguen escribiendo sobre la fortaleza psicológica necesaria para confrontar a los enemigos de la democracia. Esta ideología cobró nueva vida en la era Trump y cambió para amoldarse a las ansiedades públicas sobre el futuro de la democracia. Si bien no se oponen a la democracia social o al Estado de Bienestar, los nuevos liberales de la Guerra Fría no defienden los derechos sociales y económicos con el mismo celo que sus predecesores y prefieren enfocarse en acontecimientos que suponen una amenaza a su visión del mundo.

Estas figuras tuvieron un primer resurgimiento después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, pero cuajaron como un bloque ideológico más coherente después de las elecciones de 2016. Los une su oposición a las «políticas de la identidad»; el temor de que las democracias liberales se encuentren a la defensiva, enfrentando la arremetida de gobiernos autoritarios, especialmente en Rusia y China; y la preocupación por una población apática y desinformada que confía en la circulación desregulada de desinformación en las redes sociales.

A pesar de su fortaleza moral, los académicos, los intelectuales públicos y los expertos de estos círculos demostraron estar mal preparados para hacer frente a los desafíos de una pandemia global exacerbada por la austeridad neoliberal, el racismo antinegro y la desigualdad extrema. El liberalismo de la Guerra Fría se convirtió hoy en una ideología zombi. Sus políticas se reducen a estar preparados: el deseo de inculcar una urgencia bélica en el cuerpo político, exigiendo sacrificio sin solidaridad e introspección individual como camino hacia la libertad. Mientras tanto, considera que proyectos como el acceso universal a la salud, el Green New Deal (Nuevo Pacto Verde) y la educación universitaria gratuita son una distracción innecesaria de la promoción de la democracia en el país y en el exterior.

Si la izquierda tiene alguna esperanza de alcanzar sus objetivos, debe desafiar el legado intelectual del liberalismo de la Guerra Fría y crear un nuevo marco basado en ideales genuinamente democráticos e igualitarios.  

La universidad de la Guerra Fría

El Estado de seguridad nacional proporcionó una base material y un contexto intelectual para la actitud vigilante del liberalismo de la Guerra Fría. El sector militar y las universidades estadounidenses se acercaron durante la Segunda Guerra Mundial, aunque fue el ingreso de Estados Unidos a la Guerra de Corea en 1950 lo que precipitó una relación institucional casi permanente. Los fondos del Departamento de Defensa ingresaron en universidades como el Instituto de Tecnología de Massachussetts (MIT) y la Universidad de Stanford para el desarrollo de productos militares de alta tecnología. El gasto del Pentágono financió la expansión de la educación superior y mejoró los salarios de los profesores. Además, la Ley de Educación para la Defensa Nacional de 1958 proporcionó préstamos estudiantiles a bajo interés para mejorar «la calidad y cantidad de mano de obra requerida para satisfacer las necesidades de defensa nacional de Estados Unidos» hasta bien entrada la década de 1970.

La universidad de la Guerra Fría ayudó a engendrar, usando la frase de Galbraith, una «sociedad acomodada» dependiente del vínculo entre producción intelectual y seguridad nacional. Llevó la educación superior a las masas, sobre todo a través de la G.I. Bill (Ley del Soldado) de 1944. También estableció conexiones intelectuales que aún hoy continúan resonando. El desarrollo de programas de area studies, enfocados en regiones geográficas específicas, creó, por ejemplo, una clara vía para que la academia estadounidense ingresara en los círculos de diseño de políticas del Departamento de Estado y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), al tiempo que consagró perspectivas orientalistas sobre la raza y la política exterior. En términos más generales, muchos de los humanistas académicos más importantes e influyentes de la época –historiadores como Schlesinger y Richard Hofstadter, o filósofos como Reinhold Niebuhr, Sidney Hook y Hannah Arendt– estaban comprometidos con un consenso liberal que ponía el acento en los aspectos comunes compartidos por todos los ciudadanos democráticos, especialmente en Estados Unidos. Combinada con el Temor Rojo (Red Scare), que purgó cientos de profesores de izquierda en la década de 1950, la universidad de la Guerra Fría produjo un entorno intelectual conformista.

Ese consenso se convirtió en blanco de críticas en los años 60 y 70. La Nueva Izquierda cuestionó tanto las conexiones institucionales de la universidad con el Estado de seguridad así como la cultura del conformismo que reflejaba. Los pensadores de la Escuela de Fráncfort, como Herbert Marcuse y Theodor Adorno, junto con sus colegas estadounidenses como C. Wright Mills, ofrecieron una crítica de nuevo cuño en torno de la militarización de la universidad y su lugar en lo que Mills denominó la «elite del poder». La reacción negativa a la Nueva Izquierda tuvo como consecuencia una contrarrevolución en las ideas; muchos liberales de la Guerra Fría se reconvirtieron en intelectuales neoconservadores temerosos de que el radicalismo estudiantil significara un nuevo relativismo moral –un desprecio por la religión, el individualismo liberal y una sociedad sustentada en un orden discernible–. Como sostuvo Irving Kristol en un ensayo de 1973: «El enemigo del capitalismo liberal hoy en día no es tanto el socialismo como el nihilismo».

El fin de la Guerra Fría hizo poco por apaciguar a los defensores del orden liberal. Ahora advertían que el posmodernismo se estaba extendiendo como una epidemia por los campus del país, dejando a las impresionables mentes jóvenes confundidas y sin norte. Como sostuvo el historiador Tony Judt en su libro de 1992 Pasadoimperfecto: «La deconstrucción, la posmodernidad, el posestructuralismo y su progenie prosperan, por inverosímil que sea, de Londres a Los Ángeles». A Judt también le molestaba la persistente fascinación de la academia estadounidense con el marxismo francés. El intelectual francés al que más admiraba era el liberal Raymond Aron: el principal opositor a la escena marxista francesa y un conocido crítico del movimiento de protestas estudiantiles y huelgas obreras del Mayo francés.

Fukuyama se hizo eco de estas críticas, calificando de «puras sandeces» los dichos de los académicos que apoyaban «una especie de relativismo nietzscheano que postulaba que no existe la verdad (…) y aun así estaban comprometidos con una agenda esencialmente marxista». Lilla escribió ensayos en el que advertía sobre las mentes posmodernas insensatas de Jacques Derrida, Michel Foucault y Martin Heidegger. El neoconservador Roger Kimball culpó al posmodernismo de corromper la educación superior en su polémico Tenured Radicals de 1990.

Estas críticas se basaban en la creencia de la Guerra Fría de que las instituciones de educación superior de elite tenían la responsabilidad intelectual de impartir las virtudes de la ciudadanía estadounidense y los valores del consenso.

Combatir el mal después del 11 de septiembre

La preocupación por el posmodernismo se vio rápidamente eclipsada por los atentados del 11 de septiembre de 2001. Los académicos y especialistas apelaron a la sabiduría del liberalismo de la Guerra Fría para derrotar al enemigo encarnado en el islam radical. Decepcionados de que algunas figuras de la izquierda liberal hubieran adoptado una postura antibélica, libros destacados, como The Good Fight: Why Liberals—and Only Liberals—Can Win the War on Terror and Make America Great Again (2006), de Peter Beinart, abogaban por la rehabilitación de los ideales del siglo XX (los liberales, y solo los liberales, pueden ganar la guerra contra el terrorismo y hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, proclamaba el título del libro). Para Beinart, Cold Warriors como Galbraith, Schlesinger y George F. Kennan mostraron de qué modo los liberales podían combinar un estridente anticomunismo con un compromiso con las oportunidades económicas.

En respuesta a los críticos que argumentaban que su proyecto no se diferenciaba del neoconservadurismo de la administración Bush, Beinart escribió que los liberales, a diferencia de los conservadores, sabían que Estados Unidos podía ser corrompido por el poder. Los liberales «buscan los límites que los imperios rechazan», saben que «la democracia es algo que perseguimos más que algo que encarnamos» y «la promovemos no simplemente exhortando a los demás, sino luchando contra el mal en nosotros mismos». En relación con esto último, Beinart tenía en mente al teólogo protestante Reinhold Niebuhr, también favorito de Barack Obama.

En 2007 Obama le dijo a David Brooks que a él lo había inspirado «la idea convincente de Niebuhr de que existe un terrible mal en el mundo, dolor y adversidad. Y debemos ser humildes y modestos en nuestra creencia de que podemos eliminar esas cosas. Pero no debemos usar eso para justificar el cinismo y la inacción». Los asesores en seguridad nacional de Obama describieron su política exterior como «pragmatismo por encima de la ideología». En la práctica, eso significó a menudo una política exterior con más continuidades que rupturas con la guerra contra el terrorismo de Bush.

Trump, el agente subversivo

La era Obama –con sus llamamientos al consenso moral, la proyección algo contenida del poder estadounidense y su limitada adhesión al reformismo en materia de política social– fue una época de relativa satisfacción para los liberales de los últimos tiempos de la Guerra Fría. La elección de Donald Trump, por el contrario, trajo consigo renovados llamamientos a la defensa urgente de la democracia liberal. Los intelectuales liberales pidieron una posición no partidaria de resistencia a las medidas del gobierno de Trump tanto en el ámbito nacional como en el internacional. El flagrante nativismo y la xenofobia que Trump representaba y aprovechaba fueron comparados con el ascenso del fascismo; las comparaciones entre Trump y Hitler abundaron entre los analistas políticos. Y las conexiones de Trump con Rusia, junto con la intromisión de Moscú en las elecciones de 2016 a favor de su campaña, suscitaron la preocupación de que el presidente fuera un agente subversivo a las órdenes de Vladímir Putin, dispuesto a poner en jaque la democracia ya sea por chantaje ruso o por interés financiero personal.

La narrativa poselectoral de que Trump era tanto un fascista como el candidato torpe de Manchuria (una referencia a la novela de Richard Condon, llevada al cine) reflejaba el legado del liberalismo de la Guerra Fría. Trump comenzó a ser asociado con ambas formas de totalitarismo –el comunismo soviético y el nazismo– convirtiéndose en una especie de amenaza contradictoria. La destitución de Trump era por ello esencial para defender los intereses de la seguridad nacional; su presidencia significaba un peligro de gran alcance para la democracia estadounidense en términos globales.

Varios académicos presentaron a Trump como una amenaza a la seguridad nacional. En su libro de la extensión de un panfleto, Sobre latiranía, Timothy Snyder ofreció lecciones aforísticas de la historia del siglo XX –«defiende las instituciones»; «establece contacto visual y habla poco»– diseñadas para blindar a los estadounidenses contra un esfuerzo inminente por establecer las condiciones para el control autoritario. Politólogos como Yascha Mounk y Larry Diamond situaron la vigilancia individual en el centro de la política, al tiempo que restaron prioridad a la política de masas y la justicia social. Mounk denunció la amenaza del populismo contra la democracia liberal, tanto en la derecha como en la izquierda. Los populistas de izquierda «no se consideran a sí mismos autoritarios», pero a Mounk le preocupa que a los izquierdistas les resulte «muy tentador abolir instituciones independientes como los tribunales, suprimir las voces críticas en la prensa y concentrar cada vez más poder en sus propias manos».

Para muchos liberales, la oposición a Trump se convirtió en un deber cívico que requería poner el país por encima de los partidos. Rehuyeron a la división en favor de la unidad, sin importar los antecedentes políticos de cada uno antes de 2016. En este contexto surgió una renovada crítica de la política de la identidad. En su libro The Once and Future Liberal, Lilla arremetió contra los liberales y la izquierda por abrazar «el movimiento de la política de la identidad, por perder el sentido de lo que compartimos como ciudadanos y lo que nos une como nación». Fukuyama siguió el mismo camino, argumentando que la política de la identidad refleja una «necesidad de reconocimiento» que no logra responder por y trabajar en favor de «un entendimiento universal de la dignidad humana». Académicos como Lilla y Fukuyama relanzaron críticas de larga data sobre el posmodernismo y las dirigieron a la política de igualdad de género, racial y sexual en la era Trump. El «deconstruccionismo» y el «pluralismo cultural», para usar los términos de Lilla, rebasaron la virtud cívica y las nociones corrientes de libertad. En primer lugar, la política de la identidad habría llevado a los votantes blancos a votar por Trump y habría cerrado la posibilidad de un movimiento capaz de restaurar la democracia que este corrompió. Sin embargo, en lugar de procurar una política de resistencia, sus críticas dieron pábulo a los defensores del trumpismo, culpando a la oposición de izquierda por su ascenso.

China y la «Nueva Guerra Fría»

El temor al populismo de izquierda y al trumpismo patrocinado por Rusia coincidió con la preocupación por un renovado conflicto con China. Muchos advirtieron sobre una «segunda» o «nueva» Guerra Fría, citando el crecimiento económico de China en las últimas dos décadas, su poderío naval en el Mar de la China Meridional y planes de desarrollo económico como la Iniciativa de la Franja y la Ruta en el Sur global como prueba de la competencia entre grandes potencias. Los nuevos Cold Warriors también expresaron su preocupación por el régimen de gobierno de Xi Jinping y su capacidad para exportar un «modelo autoritario» que rivalizaría y acabaría eclipsando la promoción estadounidense del capitalismo global basado en el liberalismo y la democracia.

Mientras que los conservadores ven una potencial amenaza de China principalmente en términos geopolíticos, los liberales de la Guerra Fría apelan a los derechos humanos para defender una postura agresiva. Argumentan que el historial bien documentado de abusos de derechos humanos en China, en concreto, el trato que reciben los musulmanes uigures –que incluye tortura, esterilización forzada e internamiento en la provincia de Xinjiang– exige una intervención. El año pasado, en un artículo de The Guardian, el historiador británico Timothy Garton Ash bregó por una idea de seguridad nacional proyectada a través de la promoción de los derechos en el país y en el exterior. Garton Ash sostuvo que «el liderazgo del Partido Comunista chino bajo Xi Jinping» auguraba «un largo recorrido» de conflictos por delante.

Al igual que los Cold Warriors de antaño, los halcones en relación a China consideran que Estados Unidos no solo debe renovar su política exterior, sino también reorganizar su política interior y su economía política para hacer frente a la amenaza. El país entero debe estar en pie de guerra. Para vencer a China, sostiene Garton Ash, se necesitarán «todos los conocimientos que podamos obtener sobre la historia, la cultura y la política china y asiática en general». Así como ocurrió durante la Guerra Fría, la seguridad nacional proporciona las bases para el proyecto de ampliación de una educación superior asequible que alcance a más estadounidenses. Pero en una época en que la academia ha sido vaciada por recortes presupuestarios, no deberíamos esperar que la universidad de la Nueva Guerra Fría amplíe los horizontes educativos de la clase trabajadora estadounidense. La batalla con China sobre quién aportará el conocimiento para impulsar la hegemonía en los campos de la ciencia y la tecnología probablemente profundizará la desigualdad educativa que ha crecido con el ascenso de la «elite meritocrática» en la era neoliberal.  

Si se produce un refuerzo para competir con China, podemos esperar que las elites de la seguridad nacional se entrecrucen con los críticos de la política de la identidad, muchos de cuyos profesionales trabajan en áreas consideradas ajenas a los intereses nacionales.

El fin de una era

El liberalismo de la Guerra Fría, argumenta el historiador Samuel Moyn, coloca el temor al colapso de la libertad en el centro del pensamiento político. Fuerzas hostiles en el exterior, como el islam, Rusia y China, sumadas a enemigos internos como el posmodernismo, la política de la identidad y el populismo, buscarían socavar los valores democráticos liberales. Para repeler estas amenazas, los liberales de hoy prefieren el Estado de seguridad a cualquier compromiso de las instituciones con la redistribución económica, y la formación efectiva de las futuras elites en las universidades más prestigiosas del país a un programa de educación pública inclusiva. Rechazan la propuesta de la izquierda de avanzar sobre las causas subyacentes de la desigualdad e inseguridad que producen condiciones políticas desestabilizadoras. En lugar de un plan económico, el liberalismo de la nueva Guerra Fría ofrece consignas vacías, como «confíen en los expertos». Pero si hay algo que la victoria de Trump demostró es hasta qué punto quedó atrás la visión de la Guerra Fría sobre la pericia tecnocrática. Hay muchos que ya no están dispuestos a confiar en una elite educada.

A su vez, los liberales de la Guerra Fría desconfían de las masas. Ven no solo a los votantes de Trump, sino también las masivas manifestaciones y movimientos en contra de la supremacía blanca y la desigualdad económica, como señales de que el populismo está poniendo en aprietos a la democracia. La furia por el «antiliberalismo» de las protestas de Black Lives Matter, por la resistencia de los activistas de participar del toma y daca en las pujas de prestigio entre la elite, se consolida como la base del esfuerzo para mantener vivo y pujante el statu quo neoliberal.

Llegó el momento de reflexionar. Hoy, pensar de manera innovadora sobre educación, economía y política requiere de una ruptura con las preocupaciones que guiaron al liberalismo de la Guerra Fría. Las generaciones más jóvenes sin una memoria viva de la Guerra Fría heredaron las guerras perpetuas del país y su constante tendencia a priorizar el capitalismo por sobre una democracia genuina. Existen señales esperanzadoras de que están listos para superar la política del miedo y la ansiedad a través de la reestructuración de las instituciones estadounidenses para priorizar la protección social por sobre el Estado de seguridad, el rechazo de las guerras sin fin y el desarrollo de un proyecto igualitario que brinde mayor igualdad económica e inclusión política. No hay razones para permanecer atado a la lógica de una era que ya terminó.

Publicamos este artículo como parte de un esfuerzo común entre Nueva Sociedad y Dissent para difundir el pensamiento progresista en América. Puede leerse la versión original en inglés aquí. Traducción: Rodrigo Sebastián

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La coalición entre el autodenominado “centro” político y la izquierda representada por Gustavo Petro, se ve obstaculizada por diferencias ideológicas de fondo. El “centro” no parece estar dispuesto a resolver las demandas sobre reformas estructurales acalladas durante la guerra, que emergieron con el proceso de paz y fueron representadas por Petro en 2018.

Parece a destiempo, pero no es así. Las disputa por la presidencia empezó a agitarse desde mediados de diciembre con la reunión del expresidente Uribe y representantes del llamado “clan Char” en la hacienda El Ubérrimo. Los detalles del encuentro no trascendieron al ámbito público, pero la noticia fue suficiente para que otros actores iniciaran sus apuestas de cara a la contienda electoral. Así, el 28 de enero de 2021, en un club del norte de Bogotá, se dieron cita varios sectores del autodenominado “centro” político.

Allí concurrieron Sergio Fajardo, de Compromiso Ciudadano; Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán y Juan Fernando Cristo, con trayectoria en el Partido Liberal; representantes del Partido Verde, como Angélica Lozano, y Jorge Robledo del movimiento Dignidad, la divisa electoral del Moir. Aunque no parece ser un consenso, algunos de ellos, como Fajardo y Lozano, se pronunciaron contra una consulta popular que incluya a Gustavo Petro, de Colombia Humana, para forjar una candidatura presidencial unificada, argumentando que su propósito es ofrecer una alternativa a la “polarización”, supuestamente producida por el antagonismo entre el uribismo y el excandidato presidencial.

De cerrarse la posibilidad de una coalición entre los sectores “alternativos” para la primera vuelta presidencial, a realizarse en mayo de 2022, podría repetirse el escenario de 2018, cuando los votos se dividieron entre Petro y Fajardo, forzando a una segunda vuelta con el candidato del uribismo, Iván Duque, que le dio el tiempo suficiente para alinear contra Petro la totalidad de las fuerzas políticas tradicionales.

En la exclusión de Petro se expresa el temor a que el candidato pueda imponerse en la eventual consulta, especialmente sobre su anterior contrincante, Sergio Fajardo. Sin embargo, los obstáculos que enfrenta la coalición hunden sus raíces en profundas diferencias ideológicas, producto de los diversos intereses que cada alternativa representa. Si bien entre los sectores “alternativos” puede existir una oposición común al uribismo, tienen posiciones distintas e incluso antagónicas sobre la construcción de paz y el modelo neoliberal, entre otros.
El “centro”

En años recientes se ha discutido si existe un centro político en Colombia e incluso si es posible su existencia. En términos generales, tal centro puede referirse a dos fenómenos: al posicionamiento de determinados actores hacia el medio en el continuo ideológico izquierda-derecha o a una identidad política particular.


En el primer caso, los actores se ubican en relación con principios filosóficos entre dos extremos de naturaleza típico-ideal. Así, por ejemplo, se asume que determinado actor es de centro si adopta una posición moderada entre una robusta intervención del Estado en la economía para garantizar los derechos sociales (izquierda) y la absoluta “autorregulación” del mercado por la competencia individual (derecha). Desde esta perspectiva, en Colombia la mayoría de los actores políticos tienden al centro del espectro ideológico. Esta es una constante en la historia política del país. A partir del Frente Nacional los partidos tradicionales, Conservador y Liberal, tendieron a converger en el centro.

La excepción, coincidente con el declive del bipartidismo, fue el uribismo, que ha configurado una opción claramente de derecha. Pero incluso las propuestas más “radicales” de la izquierda se mantuvieron en reivindicaciones socialdemócratas: reforma urbana, redistribución de la propiedad de la tierra, apertura política, etcétera. De hecho, con posterioridad a la caída del Muro de Berlín, la izquierda de partidos y movimientos tendió hacia el centro hasta el punto de erigir la defensa de la Constitución de 1991 en su principal objetivo.

En el segundo caso, el centro como identidad política alude a un posicionamiento concreto, un proyecto que diferencia a un actor o conjunto de actores ubicándolos en una cartografía en relación ya no con principios sino con los demás actores en disputa en un campo político. El posicionamiento en el continuo izquierda-derecha es necesario pero no suficiente para determinar la existencia de una identidad política. Se requiere un discurso político que establezca las fronteras para articular unos actores excluyendo otros. Por ejemplo, el “uribismo” es una identidad política que se ubica a la derecha del espectro ideológico, pero que además ha establecido claramente unas fronteras discursivas, de antagonismo y de diferencia, con los demás actores del escenario político colombiano.

Los actores del “centro” han tenido grandes dificultades para construir una identidad, un discurso consistente que establezca dichas fronteras frente a lo que rechazan: el uribismo y la izquierda, y se exprese en un proyecto común. Pueden tender hacia el medio en el espectro ideológico, pero no configuran una identidad análoga, por ejemplo, al “uribismo” o, incluso, al llamado “petrismo”. Esa identidad ni siquiera tomó consistencia tras la elección de Claudia López, del Partido Verde, como alcaldesa de Bogotá, puesto que su proyecto no se distinguió sustancialmente de su antecesor, Enrique Peñalosa, ni de los intereses socioeconómicos que este representó, mientras en la práctica su gobierno ha dado cabida a actores de todo el espectro ideológico, incluyendo la derecha uribista.

De hecho el “centro” se convirtió en lo que popularmente se llama un “escampadero”, con propósitos meramente electorales y sin preocupación por la construcción de un proyecto alternativo de país. Su principal disputa política es por representar los intereses de la parte de la clase dominante que hoy representa el uribismo. Por eso su consigna preferida, al igual que el de los uribistas, es contra la “polarización”. Allí convergen personalidades de los partidos tradicionales que buscan reinventarse como “alternativos”, muchos de los cuales hicieron hasta no hace mucho parte activa del uribismo, junto con herederos del capital político de Antanas Mockus, reencauchando su electoralmente exitosa “antipolítica” como lucha contra la “polarización”, y una parte de la izquierda.


La “polarización”

La autoidentificación de “centro” apareció en las elecciones presidenciales en 2018, con el claro objetivo de tomar distancia de Petro, y está necesariamente ligada a un rechazo de la “polarización” del escenario político. La convergencia de “centro”, formada por el Partido Verde, Compromiso Ciudadano y el Polo Democrático, tuvo inicialmente como eslogan fundamental la lucha contra la corrupción. Pero una vez se produjo el ascenso de Petro en las encuestas se utilizaron dos grandes consignas. Primero, Fajardo era el único que podría vencer a Duque, candidato del uribismo, en segunda vuelta. Segundo, Petro y Duque eran dos extremos que, literalmente, acabarían con el país de llegar al gobierno.

Tal estrategia pretendía atraer el electorado de Petro hacia Fajardo. Sin embargo, terminó por descuidar la frontera discursiva entre el “centro” y el uribismo, por ejemplo, al abandonar la lucha contra la corrupción. Incluso es probable que, ante la vehemencia con que se denunció el peligro de que Petro, asimilado al “castrochavismo”, llegara al gobierno, muchos votantes derechistas de Fajardo se decidieran al final por el uribismo. Así pues, la estrategia demostró que la incipiente identidad política del centro y su diagnóstico de “polarización” más que en un proyecto alternativo de país se basaba en el “antipetrismo”.

No obstante, las diferencias entre los actores “alternativos” no se reducen a cálculos electorales, sino que comprometen diferencias ideológicas de fondo, que hoy vuelven a obstaculizar la posibilidad de una coalición. Las propuestas de Petro no son radicales en términos de su posición en el continuo izquierda-derecha. Su “capitalismo humano”, incluso con la reconversión del modelo extractivista hacia uno basado en el “conocimiento”, a lo sumo podrían ubicarse en la centro-izquierda, puesto que ni siquiera cuestionan de fondo el rol pasivo del Estado en la economía.

¿Por qué Petro “polariza” o produce “odio de clases”, como se dijo en 2018? La respuesta tiene que ver menos con sus principios y propuestas explícitas que con aquello que llegó a representar. En efecto, ante la progresiva fragmentación y posterior huida hacia el centro del partido mejor organizado en la izquierda, el Polo Democrático, fue Petro quien, a pesar de sí mismo y de muchas de sus propuestas explícitas, representó políticamente la diversidad de demandas que emergieron con ocasión del proceso de paz.

Se trata de reivindicaciones sobre problemas estructurales aplazados por la guerra que, simultáneamente, están en la raíz de los ciclos de violencia política: redistribución de la propiedad agraria, respuestas consistentes contra la pobreza y desigualdad extremas, terminar con la exclusión política vía genocidio, garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición, entre otras, blandidas por los actores populares en las grandes protestas que tuvieron lugar durante el gobierno Santos.


La coalición

Así las cosas, uno de los principales obstáculos para la coalición es el rechazo del “centro” no solo a Petro sino a lo representado por él, pues permite inferir que entre los “alternativos” existen concepciones muy distantes sobre la construcción de paz. La premisa que haría posible la coalición hacia 2022 es que tanto el “petrismo” como los sectores del “centro” comparten el antiuribismo y propuestas básicas como la implementación del Acuerdo de Paz, que el gobierno Duque sistemáticamente ha obstaculizado.

El problema, no obstante, es ponderar el compromiso con la construcción de paz por parte del “centro”: ¿es posible construir paz cuando varias de las demandas que justificaron el Acuerdo son concebidas como “extremas”, “polarizantes” o generadoras de “odio de clases”?

Claramente, estos sectores abanderan una concepción minimalista de la paz, que se conforma con una situación de ausencia de combates pero que no necesariamente resuelve los problemas que están en la raíz de los ciclos de violencia. Si bien esa concepción puede corresponder con lo que se pactó en La Habana, dista de las expectativas que el proceso de paz creó y no responde a las reivindicaciones que emergieron en tal coyuntura.

Por consiguiente, el rechazo del “centro” es en últimas a la posibilidad de que un gobierno de Petro implemente reformas estructurales que afecten los intereses de sectores sociales y económicos que este sector representa, esto es, una parte de la clase dominante que ya no comparte los medios con que el uribismo hace política. Muchas de las decisiones de Petro como Alcalde de Bogotá, empezando por recobrar para el Distrito la gestión del sistema de recolección de residuos, afectaron esos intereses. De hecho, la homologación de Petro con el “castrochavismo” se basa en la burda analogía entre la conservación y fortalecimiento de las empresas públicas y las políticas de nacionalización implementadas por el chavismo en Venezuela.

Eso muestra otro gran obstáculo para una eventual coalición: el “centro” no está dispuesto a tocar el modelo socioeconómico neoliberal sobre el que se basan los privilegios e intereses de los sectores que representa, ni siquiera cuando las propuestas de Petro en ese orden son tímidas.


La izquierda

Debido en gran medida a la necesidad de desmarcarse de la “lucha armada”, en las últimas décadas la izquierda colombiana se movió hacia el centro del espectro ideológico. Como consecuencia, las demandas de amplios sectores sociales han quedado sin representación política, teniendo que expresarse por vías como la protesta social. Además, dichas demandas, que emergieron durante el proceso de paz y que en otro contexto se verían como reformas modernizantes, se perciben como “extremas”. Así, el costo del desplazamiento de la izquierda hacia el centro ha sido la conservadurización del escenario político.

La fragmentación del Polo Democrático, con la separación de Dignidad, que ha pasado a engrosar las filas del “centro”, es un efecto de esa tendencia de largo plazo. Sin embargo, en la coyuntura electoral tal tendencia se profundiza. El Polo Democrático por un lado apuesta a una coalición entre el “centro” y Petro, y por otro está comprometido con el gobierno de Claudia López. De ahí que sus líderes eviten toda crítica pública que pueda comprometer la posibilidad de tal coalición.

Pero incluso las cabezas visibles de Colombia Humana parecen haber aceptado el diagnóstico según el cual el escenario político está “polarizado” y, por lo tanto, hacen esfuerzos por desmarcarse del estigma de “castrochavistas”, moviéndose hacia el centro del espectro ideológico y apostando por obtener así mejores dividendos electorales. Como consecuencia, las demandas sobre problemas estructurales de la sociedad colombiana, que emergieron con las grandes protestas en el marco del proceso de paz y que representó Petro en 2018, tiendan a quedar nuevamente sin representación política.

El diagnóstico que hoy justifica ese posicionamiento de la izquierda se basa en la premisa de que es necesario evitar otro gobierno uribista y posibilitar la implementación del Acuerdo de paz. Este imperativo relega una agenda más amplia de reformas, entre las cuales debería ubicarse el abandono del modelo neoliberal, ante la necesidad de encontrar una alianza para las elecciones presidenciales. El gobierno uribista ha tenido un efecto perverso sobre la implementación del Acuerdo y, como consecuencia, la generación de un nuevo ciclo de violencia política, que se expresa fatalmente en el genocidio político en ciernes. Por lo tanto, es comprensible que el principal propósito de la izquierda, en una situación de repliegue táctico, sea evitar otro gobierno del mismo tipo.

Sin embargo, la construcción de la paz, e incluso la implementación del Acuerdo, por tímido que haya resultado, pasan necesariamente por resolver las demandas que emergieron durante el proceso de paz referentes a los problemas estructurales que generan cíclicamente la violencia política. Por consiguiente, ese debería ser el núcleo de un acuerdo programático entre el “centro” y la izquierda, más allá de todo cálculo electoral.

 

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Publicado enEdición Nº276
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La coalición entre el autodenominado “centro” político y la izquierda representada por Gustavo Petro, se ve obstaculizada por diferencias ideológicas de fondo. El “centro” no parece estar dispuesto a resolver las demandas sobre reformas estructurales acalladas durante la guerra, que emergieron con el proceso de paz y fueron representadas por Petro en 2018.

Parece a destiempo, pero no es así. Las disputa por la presidencia empezó a agitarse desde mediados de diciembre con la reunión del expresidente Uribe y representantes del llamado “clan Char” en la hacienda El Ubérrimo. Los detalles del encuentro no trascendieron al ámbito público, pero la noticia fue suficiente para que otros actores iniciaran sus apuestas de cara a la contienda electoral. Así, el 28 de enero de 2021, en un club del norte de Bogotá, se dieron cita varios sectores del autodenominado “centro” político.

Allí concurrieron Sergio Fajardo, de Compromiso Ciudadano; Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán y Juan Fernando Cristo, con trayectoria en el Partido Liberal; representantes del Partido Verde, como Angélica Lozano, y Jorge Robledo del movimiento Dignidad, la divisa electoral del Moir. Aunque no parece ser un consenso, algunos de ellos, como Fajardo y Lozano, se pronunciaron contra una consulta popular que incluya a Gustavo Petro, de Colombia Humana, para forjar una candidatura presidencial unificada, argumentando que su propósito es ofrecer una alternativa a la “polarización”, supuestamente producida por el antagonismo entre el uribismo y el excandidato presidencial.

De cerrarse la posibilidad de una coalición entre los sectores “alternativos” para la primera vuelta presidencial, a realizarse en mayo de 2022, podría repetirse el escenario de 2018, cuando los votos se dividieron entre Petro y Fajardo, forzando a una segunda vuelta con el candidato del uribismo, Iván Duque, que le dio el tiempo suficiente para alinear contra Petro la totalidad de las fuerzas políticas tradicionales.

En la exclusión de Petro se expresa el temor a que el candidato pueda imponerse en la eventual consulta, especialmente sobre su anterior contrincante, Sergio Fajardo. Sin embargo, los obstáculos que enfrenta la coalición hunden sus raíces en profundas diferencias ideológicas, producto de los diversos intereses que cada alternativa representa. Si bien entre los sectores “alternativos” puede existir una oposición común al uribismo, tienen posiciones distintas e incluso antagónicas sobre la construcción de paz y el modelo neoliberal, entre otros.
El “centro”

En años recientes se ha discutido si existe un centro político en Colombia e incluso si es posible su existencia. En términos generales, tal centro puede referirse a dos fenómenos: al posicionamiento de determinados actores hacia el medio en el continuo ideológico izquierda-derecha o a una identidad política particular.


En el primer caso, los actores se ubican en relación con principios filosóficos entre dos extremos de naturaleza típico-ideal. Así, por ejemplo, se asume que determinado actor es de centro si adopta una posición moderada entre una robusta intervención del Estado en la economía para garantizar los derechos sociales (izquierda) y la absoluta “autorregulación” del mercado por la competencia individual (derecha). Desde esta perspectiva, en Colombia la mayoría de los actores políticos tienden al centro del espectro ideológico. Esta es una constante en la historia política del país. A partir del Frente Nacional los partidos tradicionales, Conservador y Liberal, tendieron a converger en el centro.

La excepción, coincidente con el declive del bipartidismo, fue el uribismo, que ha configurado una opción claramente de derecha. Pero incluso las propuestas más “radicales” de la izquierda se mantuvieron en reivindicaciones socialdemócratas: reforma urbana, redistribución de la propiedad de la tierra, apertura política, etcétera. De hecho, con posterioridad a la caída del Muro de Berlín, la izquierda de partidos y movimientos tendió hacia el centro hasta el punto de erigir la defensa de la Constitución de 1991 en su principal objetivo.

En el segundo caso, el centro como identidad política alude a un posicionamiento concreto, un proyecto que diferencia a un actor o conjunto de actores ubicándolos en una cartografía en relación ya no con principios sino con los demás actores en disputa en un campo político. El posicionamiento en el continuo izquierda-derecha es necesario pero no suficiente para determinar la existencia de una identidad política. Se requiere un discurso político que establezca las fronteras para articular unos actores excluyendo otros. Por ejemplo, el “uribismo” es una identidad política que se ubica a la derecha del espectro ideológico, pero que además ha establecido claramente unas fronteras discursivas, de antagonismo y de diferencia, con los demás actores del escenario político colombiano.

Los actores del “centro” han tenido grandes dificultades para construir una identidad, un discurso consistente que establezca dichas fronteras frente a lo que rechazan: el uribismo y la izquierda, y se exprese en un proyecto común. Pueden tender hacia el medio en el espectro ideológico, pero no configuran una identidad análoga, por ejemplo, al “uribismo” o, incluso, al llamado “petrismo”. Esa identidad ni siquiera tomó consistencia tras la elección de Claudia López, del Partido Verde, como alcaldesa de Bogotá, puesto que su proyecto no se distinguió sustancialmente de su antecesor, Enrique Peñalosa, ni de los intereses socioeconómicos que este representó, mientras en la práctica su gobierno ha dado cabida a actores de todo el espectro ideológico, incluyendo la derecha uribista.

De hecho el “centro” se convirtió en lo que popularmente se llama un “escampadero”, con propósitos meramente electorales y sin preocupación por la construcción de un proyecto alternativo de país. Su principal disputa política es por representar los intereses de la parte de la clase dominante que hoy representa el uribismo. Por eso su consigna preferida, al igual que el de los uribistas, es contra la “polarización”. Allí convergen personalidades de los partidos tradicionales que buscan reinventarse como “alternativos”, muchos de los cuales hicieron hasta no hace mucho parte activa del uribismo, junto con herederos del capital político de Antanas Mockus, reencauchando su electoralmente exitosa “antipolítica” como lucha contra la “polarización”, y una parte de la izquierda.


La “polarización”

La autoidentificación de “centro” apareció en las elecciones presidenciales en 2018, con el claro objetivo de tomar distancia de Petro, y está necesariamente ligada a un rechazo de la “polarización” del escenario político. La convergencia de “centro”, formada por el Partido Verde, Compromiso Ciudadano y el Polo Democrático, tuvo inicialmente como eslogan fundamental la lucha contra la corrupción. Pero una vez se produjo el ascenso de Petro en las encuestas se utilizaron dos grandes consignas. Primero, Fajardo era el único que podría vencer a Duque, candidato del uribismo, en segunda vuelta. Segundo, Petro y Duque eran dos extremos que, literalmente, acabarían con el país de llegar al gobierno.

Tal estrategia pretendía atraer el electorado de Petro hacia Fajardo. Sin embargo, terminó por descuidar la frontera discursiva entre el “centro” y el uribismo, por ejemplo, al abandonar la lucha contra la corrupción. Incluso es probable que, ante la vehemencia con que se denunció el peligro de que Petro, asimilado al “castrochavismo”, llegara al gobierno, muchos votantes derechistas de Fajardo se decidieran al final por el uribismo. Así pues, la estrategia demostró que la incipiente identidad política del centro y su diagnóstico de “polarización” más que en un proyecto alternativo de país se basaba en el “antipetrismo”.

No obstante, las diferencias entre los actores “alternativos” no se reducen a cálculos electorales, sino que comprometen diferencias ideológicas de fondo, que hoy vuelven a obstaculizar la posibilidad de una coalición. Las propuestas de Petro no son radicales en términos de su posición en el continuo izquierda-derecha. Su “capitalismo humano”, incluso con la reconversión del modelo extractivista hacia uno basado en el “conocimiento”, a lo sumo podrían ubicarse en la centro-izquierda, puesto que ni siquiera cuestionan de fondo el rol pasivo del Estado en la economía.

¿Por qué Petro “polariza” o produce “odio de clases”, como se dijo en 2018? La respuesta tiene que ver menos con sus principios y propuestas explícitas que con aquello que llegó a representar. En efecto, ante la progresiva fragmentación y posterior huida hacia el centro del partido mejor organizado en la izquierda, el Polo Democrático, fue Petro quien, a pesar de sí mismo y de muchas de sus propuestas explícitas, representó políticamente la diversidad de demandas que emergieron con ocasión del proceso de paz.

Se trata de reivindicaciones sobre problemas estructurales aplazados por la guerra que, simultáneamente, están en la raíz de los ciclos de violencia política: redistribución de la propiedad agraria, respuestas consistentes contra la pobreza y desigualdad extremas, terminar con la exclusión política vía genocidio, garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición, entre otras, blandidas por los actores populares en las grandes protestas que tuvieron lugar durante el gobierno Santos.


La coalición

Así las cosas, uno de los principales obstáculos para la coalición es el rechazo del “centro” no solo a Petro sino a lo representado por él, pues permite inferir que entre los “alternativos” existen concepciones muy distantes sobre la construcción de paz. La premisa que haría posible la coalición hacia 2022 es que tanto el “petrismo” como los sectores del “centro” comparten el antiuribismo y propuestas básicas como la implementación del Acuerdo de Paz, que el gobierno Duque sistemáticamente ha obstaculizado.

El problema, no obstante, es ponderar el compromiso con la construcción de paz por parte del “centro”: ¿es posible construir paz cuando varias de las demandas que justificaron el Acuerdo son concebidas como “extremas”, “polarizantes” o generadoras de “odio de clases”?

Claramente, estos sectores abanderan una concepción minimalista de la paz, que se conforma con una situación de ausencia de combates pero que no necesariamente resuelve los problemas que están en la raíz de los ciclos de violencia. Si bien esa concepción puede corresponder con lo que se pactó en La Habana, dista de las expectativas que el proceso de paz creó y no responde a las reivindicaciones que emergieron en tal coyuntura.

Por consiguiente, el rechazo del “centro” es en últimas a la posibilidad de que un gobierno de Petro implemente reformas estructurales que afecten los intereses de sectores sociales y económicos que este sector representa, esto es, una parte de la clase dominante que ya no comparte los medios con que el uribismo hace política. Muchas de las decisiones de Petro como Alcalde de Bogotá, empezando por recobrar para el Distrito la gestión del sistema de recolección de residuos, afectaron esos intereses. De hecho, la homologación de Petro con el “castrochavismo” se basa en la burda analogía entre la conservación y fortalecimiento de las empresas públicas y las políticas de nacionalización implementadas por el chavismo en Venezuela.

Eso muestra otro gran obstáculo para una eventual coalición: el “centro” no está dispuesto a tocar el modelo socioeconómico neoliberal sobre el que se basan los privilegios e intereses de los sectores que representa, ni siquiera cuando las propuestas de Petro en ese orden son tímidas.


La izquierda

Debido en gran medida a la necesidad de desmarcarse de la “lucha armada”, en las últimas décadas la izquierda colombiana se movió hacia el centro del espectro ideológico. Como consecuencia, las demandas de amplios sectores sociales han quedado sin representación política, teniendo que expresarse por vías como la protesta social. Además, dichas demandas, que emergieron durante el proceso de paz y que en otro contexto se verían como reformas modernizantes, se perciben como “extremas”. Así, el costo del desplazamiento de la izquierda hacia el centro ha sido la conservadurización del escenario político.

La fragmentación del Polo Democrático, con la separación de Dignidad, que ha pasado a engrosar las filas del “centro”, es un efecto de esa tendencia de largo plazo. Sin embargo, en la coyuntura electoral tal tendencia se profundiza. El Polo Democrático por un lado apuesta a una coalición entre el “centro” y Petro, y por otro está comprometido con el gobierno de Claudia López. De ahí que sus líderes eviten toda crítica pública que pueda comprometer la posibilidad de tal coalición.

Pero incluso las cabezas visibles de Colombia Humana parecen haber aceptado el diagnóstico según el cual el escenario político está “polarizado” y, por lo tanto, hacen esfuerzos por desmarcarse del estigma de “castrochavistas”, moviéndose hacia el centro del espectro ideológico y apostando por obtener así mejores dividendos electorales. Como consecuencia, las demandas sobre problemas estructurales de la sociedad colombiana, que emergieron con las grandes protestas en el marco del proceso de paz y que representó Petro en 2018, tiendan a quedar nuevamente sin representación política.

El diagnóstico que hoy justifica ese posicionamiento de la izquierda se basa en la premisa de que es necesario evitar otro gobierno uribista y posibilitar la implementación del Acuerdo de paz. Este imperativo relega una agenda más amplia de reformas, entre las cuales debería ubicarse el abandono del modelo neoliberal, ante la necesidad de encontrar una alianza para las elecciones presidenciales. El gobierno uribista ha tenido un efecto perverso sobre la implementación del Acuerdo y, como consecuencia, la generación de un nuevo ciclo de violencia política, que se expresa fatalmente en el genocidio político en ciernes. Por lo tanto, es comprensible que el principal propósito de la izquierda, en una situación de repliegue táctico, sea evitar otro gobierno del mismo tipo.

Sin embargo, la construcción de la paz, e incluso la implementación del Acuerdo, por tímido que haya resultado, pasan necesariamente por resolver las demandas que emergieron durante el proceso de paz referentes a los problemas estructurales que generan cíclicamente la violencia política. Por consiguiente, ese debería ser el núcleo de un acuerdo programático entre el “centro” y la izquierda, más allá de todo cálculo electoral.

 

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Viernes, 16 Octubre 2020 05:49

Weltschmerz

Weltschmerz
  1. Cuando los románticos alemanes (bit.ly/3j5ZJZV) acuñaron a mitades del siglo XIX el término "el dolor del mundo" ( Weltschmerz), para denominar un particular sentimiento de "melancolía" y "pesimismo frente a la realidad", no se imaginaban qué tan adecuado iba a ser éste para describir la condición de la izquierda a principios del siglo XXI. Pero la afinidad siempre ha estado allí. De allí la cercanía de Marx con el romanticismo (Löwy). De ahí, también, la melancolía como una categoría perfecta para hablar de la política revolucionaria capaz de mirar a la vez el pasado y el presente de las luchas y "alimentarse de la memoria de los vencidos" (Benjamin, Bensaïd) o de la historia de sus derrotas, sin cancelar el horizonte de su futuro (Traverso).
  1. El auge de la extrema derecha, etnonacionalismo, racismo y oscurantismo (bit.ly/2ImFxFo), las incesantes guerras neocoloniales, la crisis de los refugiados, la crisis económica y ambiental, los ataques sin fin a las conquistas sociales, una serie de derrotas: Lula/Dilma, Corbyn, Sanders, Morales, Mélenchon, la capitulación de Syriza, “la política kitsch” de Podemos, etcétera. Los tiempos no son alentadores. Tal como "el dolor del mundo" evolucionó de un sentimiento personal a un amplio "espíritu del tiempo" ( Zeitgeist) aparte –una anormal hipersensibilidad a los males que da lugar a ansiedad y frustración−, hoy el Weltschmerz encaja con el espíritu dominante de las comparaciones históricas sin fin (véase: bit.ly/2IugsZo) –a Hitler, al nazismo, etcétera, que más que vaticinar una repetición directa, reflejan un cierto estado de ánimo.
  1. Si Donald Trump en realidad es un "líder débil" (bit.ly/34Nugp6 y véase: Mommsen sobre Hitler: bit.ly/3747KLp) –sin una fija visión del mundo ( Weltanschauung), que no logró llevar a cabo una "sincronización" ( Gleichschaltung) de diferentes sectores del Estado (bit.ly/3nVl0Z9), ni traducir su "sigilosa quema de Reichstag" ( wapo.st/3iT571n) a una toma del poder total− el problema es que la izquierda es aún más débil que él. Trump es la contrarrevolución sin la revolución. Un posfascista que llega a reconfirmar la hegemonía del capital, sin realmente tener que defenderlo (en las filas demócratas la corriente corporativista neoliberal de Joe Biden solita se encargó de frenar la tibia socialdemocracia de Bernie Sanders). Como en una unidad dialéctica, sin una amenaza real del comunismo, una amenaza real del fascismo se desvanece en el aire... (bit.ly/3j21rdI).
  1. Ante la inexistencia del enemigo, los posfascistas –Trump, Bolsonaro, Johnson, Orbán, Kaczyński, Modi et al.– se encargan de crearlo. Vivimos en una época de "anticomunismo sin comunismo" (bit.ly/3kQtPAP) que emplea los viejos recursos: conspiracionismo, nacionalismo, clichés antisemitas ("judeobolchevismo"). En el mundo según Trump el centro-derechista Biden −que se ufana más de “haber parado al ‘zurdo’ Sanders” que de enfrentar a Trump−, es "un caballo de Troya de la izquierda radical" (sic), #BlackLivesMatter "una organización marxista" (¡ojalá...!) y el "marxismo cultural" ha permeado "todos los ámbitos de la república".
  1. "Comparativitis" tiende a alimentar una falsa superioridad moral ("estamos enfrentando a Hitler") y a la vez el fatalismo ("qué podemos hacer..."). Ambos refuerzan la melancolía nutrida de la intrínseca ambigüedad de las comparaciones históricas. Pero si hay una lección de los errores de la izquierda alemana dela década de los 30 −como insisten los partidarios de "analogizar" nuestros tiempos y proponentes de la estrategia del "mal menor" para frenar a Trump (Chomsky, Moore et al.)– y un punto preciso donde el Weltschmerz de la izquierda se fusiona con el Zeitgeist de las über paralelas, que tal ésta: cuando los socialdemócratas llamaron a votar por Hindenburg –el doppelgänger de Biden− para parar a Hitler −el doppelgänger de Trump− el primero tardó sólo seis meses en entregarle el poder al segundo, abriendo el camino a uno de los periodos más oscuros de la historia. O sea...
  1. Hizo falta un golpe parlamentario-judicial (y el encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva) para subir a Jair Bolsonaro al poder en Brasil, pero el PT –"la izquierda amigable a los negocios"− también hizo su parte. Implementando su ciega estrategia de "conciliación de clases". Negándose a llevar una verdadera reforma política o agraria. Desarticu-lando los movimientos sociales con tal de conservar el sistema a punto "de portarse como la SPD en tiempos de Rosa" (Löwy). Alimentando los mismos sectores −medios, agronegocios, micropartidos de la derecha− que luego se volcaron en contra de él (hoy el procapitalista PT es, según Bolsonaro, "el comunismo" detrás de todos los males). "El fascismo siempre es una muestra de una revolución fracasada" (Benjamin).
  1. El Weltschmerz ofrece "falsas comodidades" que hay que, como en caso de la izquierda brasileña, rechazar y aprender a "convertir el luto en la lucha" (bit.ly/3dtaovt). Y, como en el de la izquierda estadunidense, en una fuente de resistencia (bit.ly/3lJpe41). Pero evitar las trampas de la melancolía y las rituales lamentaciones acerca de la "desorientación de la izquierda" significa también ser honestos con nosotros mismos (Hall): aprender de las derrotas sin culpar los acontecimientos externos (el auge del posfascismo, etcétera), analizando más bien nuestra propia postura frente –o detrás− de ellos (bit.ly/3jXt7Sv).
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Lunes, 02 Marzo 2020 19:14

Nuevas derechas, nuevas resistencias

Nuevas derechas, nuevas resistencias

En un período como éste, sería irresponsable lanzar las campanas al vuelo creyendo que el triunfo del mundo nuevo está a la vuelta de la esquina, un sentimiento que cultivamos con fruición los setentistas y que, ahora, vuelve de la mano de las culturas juveniles y feministas, quizá por el agobio de tantas opresiones y la necesidad de respirar nuevos aires, sin más demora, aquí y ahora. Siento que es positivo para la lucha emancipatoria, porque lo peor sería congelarnos en el lugar de víctimas, esperando una mano del Estado o del caudillo de turno.

Para avanzar, necesitamos practicar un doble ejercicio. Por un lado, tantear el terreno, reconocer la realidad por desagradable que sea, sin concesiones pero incluyendo también nuestros errores e insuficiencias. La otra tarea consiste en potenciar lo que ya somos, los espacios y potencialidades de los mundos otros, no capitalistas ni patriarcales ni coloniales. En suma, resistir y crear, resistir creando, porque necesitamos espacios propios (de los pueblos, de las mujeres, de las más diversas opresiones) para fortalecer las resistencias.

España: la coalición de izquierda llegó a La Moncloa

El PSOE y Unidas Podemos pondrán en marcha un programa que apunta a la recuperación de los derechos sociales y económicos.

España ha puesto en marcha su primer Gobierno de coalición y de izquierda desde el retorno a la democracia. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, junto a sus tres vicepresidentas y un vicepresidente, más el resto del Consejo de Ministros, ha jurado su cargo frente al rey Felipe VI.

Después de un debate de investidura muy virulento, y de unas largas y difíciles negociaciones con Esquerra Republicana de Catalunya para obtener su apoyo, el líder socialista ha podido darle forma a un Ejecutivo que asuma el programa progresista que el PSOE y Unidas Podemos delinearon para la próxima legislatura.


La estructura del Gabinete y el perfil de los ministros revelan que Sánchez buscará sostener firmemente el timón político del Gobierno, y, a su vez, el orden de las cuentas públicas. Un doble objetivo que aspira, por un lado, a neutralizar el protagonismo de Pablo Iglesias como vicepresidente; y, por otro, a rechazar la histeria de las fuerzas conservadoras que agitan el fantasma de la crisis económica desatada durante la última presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero.


La experimentada Carmen Calvo, mano derecha de Sánchez en la gestión reciente y figura fuerte del ala feminista del Gabinete, ocupará el cargo de vicepresidenta primera con competencias en memoria histórica. Un marco en el que se inscribió la exhumación de los restos del dictador Franco en octubre pasado.


La segunda vicepresidencia será ocupada por Nadia Calviño, quien también será la ministra de Economía. Calviño es la cara más amable del Gobierno con el establishment económico europeo. La importancia de su jerarquía puede interpretarse como un mensaje a los halcones de Bruselas, siempre dispuestos a mantener a raya el déficit fiscal de los países miembro.


Teresa Ribera ocupará la tercera vicepresidencia, que compaginará con su cargo de ministra de Transición y Reto Ecológico. Una muestra de la prioridad que Sánchez quiere imprimirle a la lucha contra el cambio climático, y a la transformación de la matriz energética del país.


Las tres vicepresidentas expresan también el lugar prioritario que el líder socialista reservó para las mujeres en su Gabinete. Y, aunque pueda no ser el objetivo original, también supone un contrapeso estratégico a la figura de Pablo Iglesias. El dirigente de Unidas Podemos será el vicepresidente cuarto, y pondrá en marcha la agenda de Derechos Sociales.


En línea con la jerarquía que se le ha dado a la economía en el Consejo de Ministros, Sánchez eligió a otras dos mujeres con trayectoria en el mundo económico para ocupar los cargos de ministra de Hacienda y responsable de la diplomacia. La primera es María Jesús Montero, que ya estaba al frente de esa cartera, pero sumará la portavocía del Gobierno. Por su parte, Arancha González Laya, dejará su cargo en la Organización Mundial del Comercio para ser la ministra de Exteriores. Esa preponderancia de los perfiles técnicos en el Ejecutivo, es también un signo de precaución ante una economía global que prendió alarmas.


En el equipo de las mujeres se destaca Irene Montero, portavoz de Unidas Podemos. La dirigente se suma al primer Gobierno de coalición para conducir el ministerio de Igualdad. Una cartera que había creado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, sin suerte para sostenerla en el tiempo. Montero puede destacarse ella misma y a su partido en una agenda, la de la igualdad de género y de lucha contra la violencia machista, de especial preponderancia en el país ibérico.


Del panorama que dibujan los elegidos para el Consejo de Ministros, se desprende que la cuestión territorial -con Cataluña al frente-, no será la máxima prioridad del Gobierno. A juzgar por los diversos programas que presentó el PSOE desde las elecciones generales de abril de 2019, la gran apuesta de los socialistas es la recuperación de los derechos sociales y económicos que los españoles perdieron durante las gestiones del Partido Popular.


Sin embargo, Sánchez se ha reservado algunos nombres de peso para conducir la mesa entre Gobiernos (de España y Cataluña), que se acordó con Esquerra Republicana durante la negociación de investidura. Salvador Illa, número dos del Partido Socialista Catalán, y uno de los artífices del acuerdo con la fuerza de Oriol Junqueras, ocupará el ministerio de Sanidad. Junto a él, estará otro hombre que participó de esas negociaciones, José Luis Ábalos. Una de las personas de mayor confianza del presidente, Ábalos seguirá al frente del ministerio de Fomento. Además, en las arenas del conflicto catalán, Sánchez siempre podrá recurrir a las ayudas de Pablo Iglesias, de buena relación con Junqueras y, en general, con el independentismo catalán.


La jura del Gabinete ha coincidido con la propuesta de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, para ser la nueva Fiscal General del Estado. La asociación de Fiscales de España ha rechazado la elección de Sánchez porque supone que la Fiscalía esté “sometida” al Ejecutivo. El Partido Popular, por su parte, ha dicho que recurrirá esa decisión por “ir contra la separación de poderes”. Lo que denuncia la oposición y buena parte de la Fiscalía, es que el líder socialista intentará con Delgado desjudicializar el proceso independentista de Cataluña. Una iniciativa que puede haber sobrevolado en la negociación con Esquerra Republicana, pero que nunca se imprimió sobre un papel.


En cualquier caso, la constitución del Gabinete y la propuesta para la Fiscalía del Estado, son reflejos muy claros del impulso con que Sánchez quiere darle inicio a la legislatura. Sabe que, unos días atrás, las fuerzas conservadoras prometieron trabajar sin tregua para que la primera coalición de izquierda de la democracia reciente naufrague lo antes posible.

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Sábado, 15 Junio 2019 06:05

¿Qué ha sido de Podemos y Syriza?

¿Qué ha sido de Podemos y Syriza?

Las recientes elecciones en España y las experiencias latinoamericanas hablan de un divorcio entre el imaginario social progresista y una realidad conservadora. La llamada izquierda política defrauda, no cumple, se refugia en discursos ambiguos, se deja llevar por el marketing electoral y pierde identidad. La falta de coherencia, proyectos y programas de cambio social democráticos trastocan en gestión institucional. Lo que se atisbaba como una revolución abajo y a la izquierda se diluye en un discurso demagógico donde no se encuentra ni el abajo, ni la izquierda. Cuando han gobernado han sido incapaces de modificar el rumbo del capitalismo. Eso sí, han reivindicado todo lo reivindicable como ejercicio político de progresismo. Multiculturalidad, libertad sexual, ciudades limpias, carriles bici, etcétera. Son eficientes. Los indignados del siglo XXI se han plegado a los poderes económicos, las trasnacionales y el capital financiero.

Más allá del momento emocional constituyente, el resultado ha sido nefasto. El sí se puede mutó en hacemos lo que nos dejan. Baste recordar el ejemplo de Grecia. El triunfo de Alexis Tsipras líder de Syriza, despertó a las adormecidas izquierdas occidentales. En 2015 era un proyecto anticapitalista. En poco tiempo torcieron el rumbo. Bajo las presiones de la Europa de la Troika renunciaron al lenguaje de izquierdas. El ex ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, fue el chivo expiatorio. Imagen de la impotencia y la traición. Mientras el pueblo griego pedía a gritos cumplir el programa electoral, Tsipras renegó de su ministro, plegándose a los planes de ajuste. Más privatizaciones, aumento de la pobreza, desigualdad y pérdida de soberanía. La Troika encontró en Syriza un aliado para las reformas neoliberales que la derecha y la socialdemocracia no eran capaces de realizar. Tsipras fue el elegido. Hoy es un político amortizado para la derecha. Obligado a convocar elecciones extraordinarias, dilapidó un capital social tanto como una esperanza de cambio democrático.

En España, Podemos, cuyos dirigentes viajaban a Grecia y veían en Syriza un ejemplo donde reconocerse, han seguido el mismo camino. En un lustro, inmersos en guerras intestinas se desgastan. La izquierda política española se encuentra peor que en 2014, antes de su fundación. Sin proyecto e incapaz de entender que ha pasado, Podemos sufre las consecuencias de su mojigatería. Por ineptitud más que por acierto de sus adversarios quedó presa de sus mentiras. Se convertirían en la primera fuerza política del país, el PSOE acabaría sucumbiendo. Serían poder y entrarían en La Moncloa. Se veían presidiendo el Consejo de Ministros. Entrarían en la historia con mayúsculas. Podemos representaba la unidad de lo nuevo. Una generación de emprendedores y empoderados reemplazaba a la vetusta Izquierda Unida y los comunistas. Podemos encarnaba el futuro. Era el momento de dar un paso adelante. Con una verborrea digna de los mejores sofistas la emprendieron contra todo. La constitución de 1978 sería derogada, la banca nacionalizada. Podemos era la herramienta para cambiar el destino de la gente. No a las castas, no al bipartidismo, no a la negociación de pasillos, no a la corrupción. Trasparencia y democracia directa. Intelectuales, académicos y políticos conversos escribieron ríos de tintas avalando a sus dirigentes, fueron los portavoces oficiosos de la propuesta. Incluso pensaron en fundar un Podemos trasversal latinoamericano. Era la luz al final del túnel. De paso despreciaban y silenciaban cualquier crítica. Cautivados por el fulgurante triunfo electoral, han sido víctimas de sus fantasías y de mucho postureo. Vinieron a compartir las mieles del corto plazo. Los nuevos diputados, senadores, concejales y alcaldes los convirtieron en sus padres intelectuales. Hoy, tras la debacle, no han producido ningún ensayo explicando las causas del fracaso. Los cantos de sirenas han acallado las conciencias. Es más la conclusión a la que han llegado es del todo sorprendente. No han sido capaces de trasmitir la propuesta y sólo han visto batallas intestinas. En otras palabras no hubo errores políticos. Aunque hoy defiendan la Constitución de 1978, hablen de pactos con el PSOE, hagan referendos para entregar alcaldías a la derecha, señalen la necesidad de la discreción como forma de negociación y renieguen de la transparencia.

La izquierda social, aquella que vive en los movimientos populares, emprende una lucha de resistencia sin un colchón político para sus reivindicaciones. En lo que va del siglo XXI, las propuestas como Syriza, Podemos o Frente Amplio en Chile generan desazón a medio plazo. Las clases trabajadoras, dominadas y explotadas, pierden derechos laborales, civiles, sociales y políticos. Inmersas en un cúmulo de contradicciones acaban siendo las víctimas propicias de las derechas neoconservadoras. La izquierda política se diluye y la institucional existente va por detrás de las reivindicaciones democráticas de la mayoría social que pide a gritos una ruptura, un cambio de rumbo. Lamentablemente, la realidad es tozuda. Cuando han coincidido izquierda política y social, la primera ha decidido virar a la derecha, bajo el argumento pueril de: si se puede, pero poquito

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