Colombia: la construcción de la paz cuestionada ante el incremento de la violencia contra líderes sociales

 

En los últimos dos años, cada tres días en promedio, un líder social o defensor de derechos humanos fue asesinado.

En 2015, CERAC contabilizó 105 asesinatos. En 2016 la cifra pudo ser más alta; algunos medios hablaron de 116 muertes. Y sólo desde la aprobación por el Congreso del acuerdo de paz han sido asesinados 17 líderes sociales.

Estas cifras son dolorosas pues detrás de cada muerte hay un drama humano profundo. Y son cifras preocupantes pues podríamos estar repitiendo un patrón, que puede ser resumido así: los esfuerzos por lograr la paz con las guerrillas o por realizar reformas democráticas, cuando son significativos, como sin lugar a dudas lo son el acuerdo con las Farc y las conversaciones con el ELN se han acompañado de un incremento de amenazas y asesinatos contra líderes sociales, en general de izquierda.

Muchos estudios han evidenciado este patrón antidemocrático de la democracia colombiana, conforme al cual, las aperturas democráticas y los avances de nuevas fuerzas políticas, en general de izquierda, son violentamente cerrados por un aumento de la violencia contra los líderes sociales desplegada usualmente por grupos paramilitares. El ejemplo más dramático es sin lugar a dudas el genocidio contra la UP. Pero infortunadamente no es el único.

No es posible referenciar todos estos estudios, por lo cual cito solamente el trabajo más reciente de calidad que he leído sobre el tema: el análisis econométrico de Fergusson, Querubín, Ruiz y Vargas (La verdadera maldición del ganador) de los Andes, quienes con una rigurosa prueba estadística muestran que, entre 1997 y 2014, la elección de nuevas fuerzas de izquierda a nivel local produjo un incremento significativo de los ataques violentos paramilitares en esas zonas. Los autores concluyen que esto expresa “una reacción de facto de las élites políticas y económicas tradicionales, que buscan compensar el incremento en el poder político de jure de los grupos tradicionalmente marginados”.

Esta trágica historia no puede repetirse. Estos crímenes tienen que ser evitados no sólo por el dolor humano que provocan sino porque están en juego la suerte de la paz y la democracia. No podemos permitir que los avances de la paz y las reformas democráticas que deberían surgir de estos procesos sean bloqueados por el incremento de la violencia contra los líderes sociales. Obviamente corresponde al Estado la principal responsabilidad para prevenir y sancionar esos crímenes. Y por ello son inaceptables ciertas declaraciones de altos funcionarios estatales, como el ministro de Defensa o el fiscal general, que niegan la extensión y gravedad de estos crímenes. Pero este desafío nos interpela también a todos como ciudadanos. Debemos rechazar masiva y enfáticamente la violencia contra los líderes sociales, independientemente de si sus sensibilidades políticas son o no las mismas que las nuestras. Debemos construir un frente político y social vigoroso contra esos crímenes que, por usar el título del informe del grupo de memoria histórica sobre el conflicto armado colombiano, diga: ¡Basta Ya!

 

 
Estas son las líderes asesinadas desde que empezó la implementación de los acuerdos de paz

 

De los 19 líderes sociales asesinados desde que empezó la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc el pasado 1 de diciembre, cinco son mujeres. A pesar de que ellas ejercen distintas formas de liderazgo y representan a diferentes sectores de su comunidad, la muerte las persigue por igual. El ministerio de Defensa ha dicho en varias oportunidades que los atentados contra estos dirigentes sociales, incluidas las mujeres, “no son sistemáticos” y que el paramilitarismo (objeto de casi todas las denuncias) es una cosa del pasado. “No hay paramilitares, así que aceptar eso es darles garantías políticas a quienes no las merecen. Hay asesinatos, pero no son sistemáticos. Si lo fueran, sería el primero en aceptarlo”, dijo el propio ministro, Luis Carlos Villegas, en una cadena radial. Lo cierto sin embargo es que, de manera sistemática o no, están matando a las personas que van a implementar los acuerdos de La Habana en las regiones golpeadas por la violencia. Las mujeres líderes se están convirtiendo en objetivo militar. El portal de noticias PACIFISTA hace un breve retrato de las cinco mujeres, lideresas asesinadas en poco más de dos meses.

Nataly Salas, estudiante, 19 años. El pasado 3 de diciembre, Nataly Salas apareció muerta en una laguna de Montería. La estudiante de 19 años, que se perfilaba como una activista estudiantil, también fue violada, según las primeras declaraciones de las autoridades. El 14 de enero, 42 días después del asesinato, su papá, Edwin Salas, le pidió a la Fiscalía acelerar las investigaciones, pues hasta ese momento no había siquiera un sospechoso del asesinato. “No estoy conforme con los que llevan este caso. Siempre que pregunto me dicen que va adelantado, pero hasta el momento no hay capturas”, dijo Salas.

Yaneth Calvache, Asociación de Trabajadores Campesinos de Balboa, Cauca. A Calvache la mataron en su habitación. Cuando abrió la puerta de su cuarto para recibir un teléfono celular, un sujeto le disparó cuatro veces. Tres balas impactaron el pecho, y una, la mandíbula. Aunque miembros de su familia y unos amigos la auxiliaron, murió en el camino al hospital. Yaneth era integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Balboa, Cauca, y formaba parte del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, uno de los colectivos campesinos mejor articulados de la región.

Emilsen Manyoma, defensora de derechos humanos, 31 años. Manyoma y su esposo se convirtieron en las dos primeras víctimas de violencia armada en Buenaventura en 2017, según la Fiscalía. Emilsen era una reconocida líder y defensora de derechos humanos de la región del Bajo Calima y miembro de la Red Conpaz, que busca construir paz desde los territorios. “De acuerdo con el director del CTI en el municipio, Omar Bonilla, los homicidios se habrían hecho con arma blanca. Los cadáveres, que se encontraron en un avanzado estado de descomposición, fueron hallados en una zona selvática al lado de la vía férrea de Buenaventura, en la vereda El Limonar del Barrio El Progreso”, escribió el diario ‘El Espectador’ días después del fallecimiento de Manyoma. Emilsen era activista política y líder social desde 2005 y denunció duramente tanto la presencia paramilitar como el tráfico de drogas en el barrio El Calima, uno de los más peligrosos de Buenaventura.

Yoryanis Isabel Bernal, indígena wiwa, 43 años. Está líder se desempañaba como defensora de los derechos de las mujeres de su comunidad. La gente la recuerda como una persona que siempre estaba en busca de soluciones a las necesidades de los suyos en Santa Marta. También apoyaba una delegación wiwa asentada en Riohacha. La asesinaron el pasado jueves 26 de enero en Valledupar de un disparo en la cabeza. Sus familiares llevaron su cuerpo a Santa Marta donde tuvieron lugar los actos fúnebres. La investigación está en manos del CTI de la Fiscalía. “Nos quitaron a una gran líder, y cuando esto sucede, nuestra cultura se baja porque no hay mucha gente valiente para enfrentar nuestros problemas de orden público, que siempre son peligrosos”, dice el cabildo gobernador Kogui José de los Santos Sauna.

Luz Herminia Olarte, líder comunal, 51 años. Desapareció el pasado 28 de enero en el corregimiento Llano de Ochalí, en el municipio de Yarumal, norte de Antioquia. Días después, el 7 de febrero, unos campesinos hallaron su cuerpo entre matorrales y cubierto con ramas en una zona boscosa de la vereda Las Cruces. Al parecer fue atacada con un machete. Olarte pertenecía a la Junta de Acción Comunal de su corregimiento. Era madre de cuatro hijos y se encargaba del cuidado de su padre, un hombre de avanzada edad. Su caso dejó preocupados y afligidos a los vecinos del sector, pues en el lugar nunca se había presentado un hecho de violencia de este tipo.

 

lideresas colombianas asesinadas

De izquierda a derecha: Emilsen Manyoma, Yoryanis Isabel Bernal y Nataly Salas Ruiz.

 

 

 

Textos publicados originalmente en Pacifista.co y en Dejusticia.org

 

¡Basta Ya!

Estas son las líderesas asesinadas desde que empezó la implementación de los acuerdos de paz: Pacifista Copyright: http://pacifista.co/estas-son-las-lideres-asesinadas-desde-que-empezo-la-implementacion-de-los-acuerdos-de-paz/ .

 

 

 

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Fidel: encarnación de símbolos y sueños

Sierra Maestra es hoy un lugar tan mítico como Macondo, pero no ciertamente por ser un producto de la imaginación, sino por la riqueza de interpretaciones y significados a los que da lugar. Y como todo sitio legendario también cuenta con personajes excepcionales que en su caso están presididos por dos seres que ya le pertenecen a la historia: Fidel Castro y el Che Guevara. Ahora, dado que todos los hitos alegóricos encierran una moraleja, una advertencia o un camino a un ideal, bien vale la pena preguntarse ¿Cuáles son los dispositivos que convierten a Sierra Maestra en un arquetipo en el inconsciente colectivo de la humanidad? Pues bien, más allá de respuestas taxativas, la explicación seguramente está contenida en el entorno global en el que la gesta de Sierra Maestra surgió envuelta, y que con el tiempo encarnó como símbolo de los valores que la impulsaron.

 

En una primera mirada saltan ante nuestros ojos hechos como que el descenso victorioso de los guerrilleros desde ese icónico paraje en 1959 tiene lugar, por ejemplo, cuando la guerra de independencia de Argelia -sucedida entre 1954 y 1962-, alcanza cotas elevadas de brutalidad represiva por parte de Francia, la potencia ocupante, desnudando ante el mundo las realidades de un capitalismo que en el Centro exhibía orgulloso la cara de un consumismo lujurioso que, por contraste, tenía su contracara en la miseria de las regiones que proporcionaban las materias básicas con las que las élites y las clases medias de ese Centro ostentaban registros de derroche material que ni siquiera esos mismos países han vuelto a experimentar. Sierra Maestra queda así convertida en un emblema, por ser una de las primeras muestras exitosas de la última oleada de descolonización, que si bien en el caso de Cuba no es formal, sí representa un proceso de liberación de los nuevos yugos impuestos por el capital transnacional.

 

De otro lado, en los Estados Unidos, el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos -periodizado por los historiadores entre 1955 y 1968-, traslucía el interior de una sociedad segregada que en medio del derroche consumista de la población blanca negaba la condición humana a una parte importante de sus connacionales, por el color de su piel. Nombres como los de Martin Luther King y Malcom X, pero fundamentalmente éste último, que empieza a ocupar un lugar protagónico desde 1959 cuando presenta en la televisión de Nueva York el programa “El odio que produce el odio” -donde ensalza los ideales de la Nación del Islam y denuncia a los supremacistas blancos-, son un ejemplo de los esfuerzos de descolonización interior que en los países multiculturales emprenden los grupos étnicos subordinados. Malcom X reclamó, con soberbia, un papel protagónico para su gente y el derecho de los suyos a decidir su propio destino, ilustrando ese aspecto macabro del capital que implica que el bienestar de unos tiene como consecuencia la marginación del “Otro”. Malcom X y Fidel Castro tuvieron la oportunidad de conocerse y reunirse en Nueva York, cuando Fidel viajó a la asamblea de las Naciones Unidas en 1960, y coincidieron en que sus luchas formaban parte de los mismos sueños.

 

La matanza de al menos 200 argelinos durante una manifestación pacífica en París, en octubre de 1961, y que como reacción dio lugar a la creación de movimientos estudiantiles como el Comité Anticolonialista y el Frente Universitario Antifascista, fueron los gérmenes en los que incubó el gran movimiento de Mayo del 68, quizá la más grande revuelta estudiantil que el mundo haya visto, y que derivó en una huelga general de trabajadores con la participación de al menos 9 millones de obreros. La réplica del 68 en América Latina tuvo en la matanza de estudiantes de Tlatelolco, ese mismo año, la muestra de lo que fue la respuesta a los reclamos populares y a las manifestaciones de rebeldía de los jóvenes en nuestro continente. Las dictaduras militares del Cono Sur que la sucedieron, enmarcadas en una represión generalizada de tintes violentos, fueron los instrumentos que prepararon el terreno a la aplicación de las políticas ultraliberales -que aún siguen siendo doctrina convencional-, iniciadas en la década del setenta, por esos mismos gobiernos militares. De tal suerte, que la aureola de la revolución cubana, hija del triunfo de los guerrilleros de Sierra Maestra, no puede entenderse sin conocer el ambiente anticolonialista y de resistencia a los poderes centrales del que hizo parte, pues como es archiconocido, Cuba había sido convertida en el centro del juego y la prostitución regentados por las mafias norteamericanas, con la anuencia tácita del poder político de ese país.

 

La presencia del Che como guerrillero en el Congo, entre abril y noviembre de 1965, y los contactos que en esa ocasión estableciera con el Movimiento Popular para la Liberación de Angola y su líder Agostinho Neto, fueron el antecedente de la llamada Operación Carlota de 1975, en la que Cuba intervino de forma directa, desde noviembre de ese año, para sostener el gobierno de Luanda que encabezaba Neto. Es pues la coherencia y solidaridad con el compromiso anticolonialista un hecho innegable de la revolución cubana y de sus principales actores, y un símbolo de su entereza.

 

El movimiento contracultural y el anticapitalismo

 

En 1956 -año del arribo de los rebeldes a bordo del Granma a las costas cubanas- Allen Ginsberg, escritor norteamericano y una de las figuras centrales del movimiento Beatnik, publica el poema El aullido, que ya en su título refleja lo que fue la estentórea reacción de una generación que descubrió el desencanto de una vida burguesa aherrojada en las bodegas de las fábricas o en los cubículos de las oficinas, y cuyo mayor entretenimiento consistía en cegar el prado de su casa suburbana de madera y lavar el carro particular los fines de semana. El aullido es simultáneamente queja y amenaza, pero también comunicación estridente entre congéneres que en la inauguración del grito contracultural, en la meca del consumo, denunció el lado más oscuro de las vidas grises de la uniformidad masiva y acompasada de los horarios sincronizados del capital.

 

En el poema, Ginsberg hace desfilar la bencedrina y el peyote al lado del zen, Plotino y San Juan de la Cruz, el jazz y el sexo, los paisajes duros de Denver y Nueva York, la adoración al dólar, a la electricidad y los bancos, así como la búsqueda incesante de ignorar los lloros de los más jóvenes en los ejércitos y de los más viejos en los parques, en un mosaico de imágenes que reflejan lo absurdo de una heterogeneidad de situaciones contradictorias. En fin, ese grito encarnó masivamente en el hipismo que terminó representando, en algunos aspectos, el rechazo a esa vida falsamente complaciente de las clases medias y que tuvo en la denuncia de la guerra colonialista de Vietnam su acusación más trascendente a la faceta más oscura de la era industrial.

 

El rock como ruptura con los lentos y sincrónicos ritmos del pasado, y la anticoncepción como instrumento de domesticación de los efectos no deseados del encuentro de los cuerpos, permitió a las mujeres una mayor apropiación de sus vidas que ahora el capital introducía masivamente en las fábricas, sumando a la desconexión cultural con el pasado inmediato, comportamientos poco convencionales que significaron un giro radical en las costumbres. El sacrificio, como consecuencia del aullido contracultural no fue una excepción, Jimmy Hendrix, Janis Joplin muertos el mismo año y Jim Morrison, entre los más brillantes, son quizá las victimas más conocidas de los intentos de liberación que fueron confundidos con el escape temporal provocado por el consumo de sicotrópicos. La contracultura terminó limitando, de esa manera, su anticapitalismo, tan sólo a lo formal.

 

El pelo largo y las barbas, imagen con la que descendieron los insurgentes de Sierra Maestra, y que llevarían hasta el fin de sus días, fueron símbolo de ese periodo que contrariaba los rostros rasurados y el pelo al rape, distintivos de la asepsia de una época que como el primer período de la segunda postguerra había alcanzado en la sincronía de los movimientos masivos y en los códigos de la “higiene” de todo tipo, el ideal de la convivencia. Los sublevados de la Sierra, también en ese aspecto, coincidieron en reforzar los juveniles gritos de denuncia de una época que no pocos consideran el epítome de las múltiples rebeldías, de las que los intentos de construir sociedades desde parámetros distintos a la subordinación del trabajo por el capital aún provocan admiración por considerarse de las más radicales.

 

Las grandes amenazas son grandes desafíos

 

El terror sicológico de la amenaza nuclear como desenlace de la llamada Guerra Fría y que hizo decir a Albert Einstein “No sé cómo será la tercera guerra mundial, lo que sí se es que la Cuarta será con piedras y palos”, condujo a la proliferación de movimientos pacifistas, luego de la llamada crisis de los misiles. Pero, lamentablemente, fue la noción de equilibrio nuclear entre las potencias, es decir la construcción de un arsenal atómico cada vez más grande y sofisticado, lo que terminó imponiéndose como la mejor garantía de la no repetición de Hiroshima y Nagasaki en escala ampliada. En ese balanceo, la figura de Fidel Castro como el único actor occidental del juego que no vestía la camiseta de Occidente fue crucial, como también es sabido, por la cercanía geográfica de la isla a las costas del imperio y su lejanía ideológica. La retirada de los misiles nucleares de Cuba que hiciera la Unión Soviética y la operación análoga del desmantelamiento de armas similares instaladas por la Otan en Turquía, son quizá el ejemplo más elocuente de la búsqueda de ese “equilibrio” del terror en el que fue sumida la humanidad desde finales de la Segunda Guerra Mundial y que aún pende sobre todos nosotros como espada de Damocles, en una muestra clara de los lazos de prolongación entre modernidad y postmodernidad que develan su hilo común: los principios competitivos y totalizantes del capital.

 

La publicación de la Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, en 1962, y del informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts “Los límites del crecimiento”, de 1972, significaron un importante golpe contra las quimeras del capital no sólo acerca de la inocuidad de un aumento sin descanso de la riqueza material, sino de la posibilidad que tal aumento puede ser indefinido. La obra de Georgescu-Roegen, La ley de la entropía y el proceso económico, que vio la luz en 1971, dio argumentos sólidos, desde la academia, a la falsedad de las ilusiones de un capitalismo ilimitado, y así el movimiento ambientalista entró a formar parte de las advertencias más serias sobre las graves consecuencias del modo de vida impulsado en la modernidad. Y si bien es cierto que la revolución cubana abrazó con retraso relativo las reflexiones sobre las amenazas a los equilibrios ecosistémicos, no es menos cierto que, cuando en Rio de Janeiro, en junio de 1992, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, al expresar Fidel que “Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre”, remarcó una arista de la amenaza no poco esquivada: que el problema del ambiente no es del ambiente, es de los seres humanos que dependen de la trama de la vida tal y como la conocemos.

 

Sin embargo, la adscripción de Cuba al campo del “socialismo realmente existente” hizo que no pocas corrientes de los llamados nuevos movimientos sociales (algunas expresiones del feminismo, del ambientalismo, de la etnicidad, etcétera), en la búsqueda de divorciarse de esa realidad, al querer sacar el agua sucia de la bañera, terminaran arrojando con ella al niño. Olvidaron que la estructura social tiene unas lógicas centrales, y que esas lógicas son las del capital. Es cierto que la ganancia, y la contradicción entre el capital y el trabajo no lo explican todo, como es el caso del patriarcado, por ejemplo, que ha sido transversal a muchas épocas históricas, pero tampoco es menos cierto que una sociedad sin patriarcado, valga el caso, pero dividida en clases antagónicas, aún si fuera posible, no haría justicia completa a los sueños de un mundo más amable. Y, pese a todo, la revolución cubana ha buscado introducir las múltiples facetas de la liberación, a pesar de las grandes limitaciones aún existentes, que le han permitido seguir simbolizando la esperanza de la confluencia de todas las emancipaciones pendientes.

 

Sí, la confusión de socialismo con Estado-centrismo es una deuda aplazada y una realidad que merece balances más serios de los que hasta ahora han sido hechos, incluso desde la izquierda. Pero, lo que no puede negarse es que el mito del pequeño David derrotando a Goliath llama, hoy más que nunca, a seguir el ejemplo de asumir los riesgos de iniciar caminos propios, y que la frase del Che “Hasta la victoria, siempre” -escrita en su carta de despedida, cuando inicia la aventura boliviana que lo conducirá al sacrificio y lo convertirá en una figura legendaria-, más allá de su sintaxis enrevesada, transmite la sensación de que definida la meta, lo importante es caminar hacia ella, y que hacerlo es de por sí, independientemente de los resultados inmediatos, una conquista. Hoy, cuando el pragmatismo hunde al mundo en un supuesto realismo posibilista, que no es más que resignación y aceptación del “no hay alternativa”, que como loza fúnebre sembrara Margaret Thatcher en el espíritu del planeta -incluso en el ánimo de muchos de los que sueñan con un mundo mejor-, ese lema del Che, que hiciera suyo la revolución cubana, señala otro aspecto que la ha incrustado en el inconsciente colectivo: el de la acción permanente y desinteresada hacía lo que otros consideran imposibles.

 

Las cenizas de Fidel ya comienzan a enfriarse, pero también a hacer parte indisoluble de esa gigantesca roca que es Sierra Maestra, que sigue creciendo como símbolo de lo que puede hacer un grupo de jóvenes decididos que a lo único que temen es a la inacción, a la indiferencia y a la incapacidad para soñar. Que despierten, pues, de nuevo, las utopías y la voluntad de hacer caminos que nos acerquen a su realización. La persistencia y el espíritu alerta para reiniciar cada vez que sea necesario, para reinventarse y continuar soñando al andar no es cualquier ejemplo, y los jóvenes de Sierra Maestra seguirán representando eso, más allá del deseo de unos pocos que insistirán, en nombre de una sedicente objetividad, en proseguir atentando contra Fidel, ahora contra su memoria, y en disparar contra el Che, aunque cada vez con balas más débiles e inofensivas, pues ciertos mitos los construyen los pueblos, precisamente como rocas, para protegerse de quienes buscan despojarlos de sus ilusiones.

Publicado enEdición Nº231
Inteligencia de EU advierte del avance de la izquierda con miras al 2018

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un informe de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, advierte de la posibilidad de que la izquierda llegue al poder en 2018 si las reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto no logran reducir la brecha económica.


De acuerdo con el diario Reforma, el informe llamado “Tendencias Globales” alude al deterioro del apoyo al mandatario, debido a acusaciones de corrupción, violencia, deterioro de la economía y crisis domésticas como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.


“Peña Nieto ha implementado reformas de amplio alcance en industrias clave -tales como petróleo, comunicaciones y finanzas-, así como en la educación, en un esfuerzo para mejorar la competitividad de México, pero el crecimiento no se ha incrementado significativamente hasta el momento.


“El apoyo público se ha deteriorado en medio de acusaciones de corrupción, violencia persistente, un peso en debilitamiento y crisis domésticas, tales como la desaparición de 43 estudiantes”, subraya el documento.
Y advierte:


“Con las elecciones presidenciales en 2018, los votantes podrían inclinarse hacia un candidato de izquierda que presione para revertir las reformas y los acuerdos comerciales”.


El análisis forma parte del informe que se publica cada cuatro años antes del arribo de un nuevo presidente en Estados Unidos.

 

Por La Redacción , 11 enero, 2017

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Afrontar la paz McDonald´s, negativa y señorial

1. Necrológicas


Como en toda sociedad atravesada por complejos procesos de identificación cultural relacionados con huellas de violencia, después de un trance discursivo o de hechos inéditos positivos, surge la tentativa consciente o inconsciente de un balance, de una revisión de la ruta de éxito donde no fue la solución final de tipo totalitario sino supuestamente la fórmula “democrática” y transicional la que se aplicó para superar de forma presunta un estadio de confrontación y proponer un tipo de reconciliación, por ahora entre élites, con exclusión de los derechos y las voces de las mayorías sociales.
Sin duda es así en Colombia, de modo consciente al darse el día de ayer, 16 de diciembre de 2016, un encuentro en el Vaticano promovido por el Papa Francisco, entre dos rivales, el ex presidente Uribe y el presidente Santos, en el marco del recuento, el impacto y la proyección hecha por este último al recibir varios premios internacionales en una semana, comenzando por el Nobel de Paz el pasado 10 de diciembre y exponer en diferentes auditorios de Europa, otra vez con exageración y renovado negacionismo, que la guerra ha terminado.


Por supuesto no faltan motivos estos días de gira presidencial que respaldan ese optimismo, como la aprobación por la Corte Constitucional el día martes 13 de diciembre, de un trámite especial y rápido (fast track) para reformas jurídicas que inician la implementación del acuerdo de paz con el comienzo de la (des)movilización final de las FARC como guerrilla, escoltadas por sus antiguos adversarios hacia zonas donde depondrán las armas, la discusión de una ley de amnistía cercenada y la conformación de una agrupación política respaldada por esa organización, que designa seis portavoces sin voto en el Congreso para velar por el cumplimiento de lo pactado, y otras medidas.
Ese repaso en estos días de pretextos previos a la Navidad de 2016, se efectúa entre todos de manera más inconsciente, y fluye en medio de síntomas de graves patologías colectivas, con histeria y simulación, cuando las coordenadas de la tempestad informativa, cruzadas por notas estúpidas de farándula como casi en cualquier parte del mundo, marcaron las sensibilidades y el buenismo por un triste caso de sociopatía y la indignación ante el asesinato y violación en Bogotá (podría haber sucedido también en cualquier parte del planeta) de una niña habitante de una barriada de desplazados y empobrecidos, se llamaba Yuliana, de siete años, a manos de un rico cocainómano y pervertido, que parece ha recibido trato de favor por ser de una encumbrada familia.


Al deshojar la página solitaria de este calendario para quienes debemos hacer seguimiento de estos temas políticos, quedan las imágenes superpuestas de firmas sucesivas entre aplausos de un pacto cuatro veces rubricado en tres meses, más una pérfida fe de erratas que la gente en su mayoría ignora, desconociéndose, como es lógico, cuestiones sustantivas del acuerdo final de paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado, resultante de una negociación que comenzó en el 2011, con la que acaba ya una historia de al menos cincuenta y dos años de confrontación militar entre esa organización y el Establecimiento.


Es realizado de alguna forma ese balance que puede ir de lo personal a lo colectivo, no sólo en el caso del presidente Santos al recoger sus premios o en el de Uribe al confesar ante el Papa sus muy recias convicciones. Sino una compilación abierta o de todos, referida a nuestra realidad más próxima en la convulsión más general de un país que tiene grandes capacidades para evadir su desastre y maquinar engaños frente a desafíos aplazados. Hacer ese reconocimiento es normal, incluso es terapéutico, pues supone realizar algo así como rituales o evocaciones en operaciones aritméticas del pasado y del futuro, de lo que tenemos y nos resta, al tiempo que ejecutamos apuestas de otro carácter, relativas a valores de sentido, postulando necesidades de cambio. Santos lo hizo en su discurso al recibir el Nobel, el día internacional de los derechos humanos, y lo ha reiterado en diversos tonos y con otras palabras: “Tenemos que cambiar la cultura de la violencia por una cultura de paz y convivencia; tenemos que cambiar la cultura de la exclusión por una cultura de inclusión y tolerancia”.


Por el contrario, no hacer ese ejercicio reflexivo y guardar silencio no siempre es bueno, puede suponer un trastorno personal y social muy grave, en tanto signo que representa negación evidente y peligrosa, porque rehusamos aceptar lo que sería la enfermedad del contorno social que nos incumbe, a la vista de problemáticas no resueltas y ni tan siquiera intervenidas mínimamente, como está demostrándose, aunque mucho se hable de paz. Santos con razón subrayó en Suecia el pasado 12 de diciembre: “Medio siglo de violencia afecta la capacidad de convivencia de una sociedad. Incluso, se llega a perder la capacidad de compasión frente al dolor ajeno”.


Esa falta de empatía y de responsabilidad es la norma. Así, a doce días del mencionado asesinato y violación de la niña indígena Yuliana Samboní, por el adinerado arquitecto Uribe Noguera, una noticia igualmente aterradora ya había pasado prácticamente desapercibida, sin merecer lugar alguno en páginas centrales o de portadas, y obviamente sin estar en las líneas de los discursos y homenajes brindados en Europa: “81 niños wayús en La Guajira han muerto por desnutrición severa. Solo en la última semana se registraron cinco decesos”. El mismo día de la entrega del Nobel “se registró la muerte de dos pequeños que vivían en la zona rural de Uribia. Fallecieron por desnutrición un varoncito de 1 año, perteneciente a la comunidad de Uru, y una niña de 2 años, de la comunidad de Juyasirain” (http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/ninos-wayu-muertos-por-desnutricion-en-2016/16770883. Véase también la noticia de diez antes: http://noticias.caracoltv.com/colombia/en-2016-han-muerto-75-ninos-wayu-por-causas-asociadas-la-desnutricion). El periodista Gonzalo Guillén (http://www.semana.com/opinion/articulo/gonzalo-guillen-sobre-el-asesinato-de-yuliana-samboni/509428) señala “durante 2016 el número de muertes, solamente de niños de esa etnia, creció: está por llegar a cien antes del 31 de diciembre próximo y engrosará la cifra global de las últimas décadas, que oscila entre cinco mil y 14 mil criaturas muertas por inanición”.


Esa evasión o no comprobación la hacemos por múltiples razones, entre ellas la apatía, el cansancio, la ignorancia, la inmersión servil, la manipulación, o porque deliberadamente con mediano conocimiento anteponemos las ganancias más o menos individuales de cualquier índole a las pérdidas y síndromes del espacio compartido. Van por delante cuentas bancarias y conquistas de pocos, o logros equivalentes de muchos en la escala clasista de subjetividades, al margen de que se efectúen o nos afecten cierres o aperturas de narrativas, como es en Colombia la de haber llegado al mito de la paz una vez agotado el mito de la guerra.


Para defensores del mito de la paz con la que siguen muriendo por inanición decenas de niños y niñas, incluir esta referencia puede ser demagogia o populismo. No viene a cuento; no está en consonancia con el regocijo ni con la oferta del país para planes de inversión y desarrollo.


Pero aún en medio de la indiferencia, la sumisión o el alegato claramente egoísta, como también en el atisbo de una celebración sensitiva de lo que nos debería unir, es probable todavía algunos caigan en cuenta la noche de Navidad de lo que ya comienza a difuminarse: que un mes antes, el 24 de noviembre, en el Teatro Colón de Bogotá, se representó el pacto de La Habana, sellado y ensalzado una vez se estamparon las respectivas rúbricas, consciente hasta el último tramoyista del tópico insulso de que todo acuerdo como la vida misma es “imperfecto”. A dicha escena en el tablado registrada con júbilo justificado en la bondad de superar incontables desgarros inhumanos, le antecedieron o le siguieron otras actuaciones de mal augurio.


En relación directa, a la par de los preparativos a dicho acto repetido, se hicieron eficaces asaltos de última hora en función de la impunidad de crímenes de Estado: altos mandos y ex oficiales de las fuerzas armadas pidieron, y lograron, incorporar una cláusula más que les sustrae cobardemente de un importante tipo de responsabilidad penal. Así quedó en el Acuerdo suscrito por ambas partes (https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-7-bogot%C3%A1-colombia-24-de-noviembre-de-2016), aunque dos días después las FARC hayan expedido una tardía y exigua Constancia que no cambia lo firmado por sus representantes (http://www.rebelion.org/docs/219796.pdf) en la vía de la contradicción de lo que en Derecho se llama la doctrina de los actos propios (como me lo recordaba hace unos días mi amigo Pepe Galán, abogado español actuante en el caso Pinochet, Scilingo y otras causas contra criminales de lesa humanidad); una doctrina elaborada desde tiempos del jurista romano Ulpiano (siglo II) sobre el hacer consecuente: las obras y consentimientos nos vinculan, aunque nos pese. Pues cinco veces antes las FARC suscribieron libremente ese contenido que al final en algo objetaron sin obligar a la contraparte, responsable de campañas sistemáticas de miles de espantosos crímenes durante décadas.


Y de la misma materia de ausencia de justicia y garantías, otro pronóstico fatal basado en hechos de dolor, obviamente sólo para unos sectores sociales: la violencia contra activistas comunitarios, de izquierda y defensores de derechos humanos, la victimización o criminalización de movimientos y organizaciones populares que hacen oposición legal a iniciativas oficiales y privadas que violan libertades y derechos sociales, económicos, políticos, civiles, ambientales y al territorio de los pueblos. Necrológicas aisladas que sumaban el 8 de diciembre de 2016, 94 asesinatos (la cifra más alta en los últimos 6 años y 31 más que el año anterior), 46 atentados, 302 casos de amenazas y cinco de desaparición

(http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/colombia-es/article120080813.html. “...durante este año han sido asesinados 104 líderes, han amenazado a más de 300 y han sido blanco de atentados (de los que han salido con vida) casi 50” (http://www.semana.com/nacion/articulo/lideres-sociales-victimas-de-atentados-en-meta-y-sucre/509461).
Mientras al día 16 de diciembre se informaba que ya no eran 104 sino 114 los asesinados (http://www.elespectador.com/noticias/nacional/un-nuevo-informe-revela-han-sido-asesinados-114-lideres-articulo-670631), oficialmente se dice son hechos aislados, que no hay contexto de un proceso de persecución y se olvida que no sólo matan los que disparan en la ultraderecha sino que asesinan de modo equivalente los que permiten que eso pase ostentando una autoridad pública que sí usan para otros fines.


Y en relación no inmediata con lo escrito por cuatro años en La Habana, los tristes cuadros que lejos de allí acompañan incorregiblemente la realidad y este alegato, y que pueden ser brincados a quien no les guste, a tono con el discurso del nuevo premio Nobel que omitió lógicamente hablar de sombras incómodas. Insisto en ello no para nombrar la desgracia sino para preguntar por sus autores. Ignoro si alguna vez pasó el ejemplo que cito, que se producía el 18 de noviembre pasado, seis días después de una de las repetidas firmas del acuerdo de paz. Era la mañana de un viernes y se leía: “fueron entregados a sus familiares los cuerpos de cinco niños wayuu que habrían muerto por desnutrición...”. Esa era otra necrológica evaporada en horas de caudal mediático.


Efectivamente, políticos y administradores se robaron fondos públicos destinados a la alimentación de miles de menores en La Guajira, departamento limítrofe con Venezuela. Lo que sorprendía no era la muerte por hambre; era la ceremonia organizada por la Fiscalía, con cinco pequeños féretros al frente, de inocentes asesinados por corrupción. Se trataba y se trata de víctimas de violencia estructural. Enseguida otra noticia lateral de ese día señalaba cómo el embajador colombiano en EE.UU., Pinzón (ex ministro de Guerra en el Gobierno Santos) envió un mensaje de apoyo al ex ministro uribista encargado de Agricultura, Arias, dejado en libertad bajo fianza en Miami. Estuvo detenido por un proceso en Colombia, conocido como “Agro Ingreso Seguro”, en relación con un programa que se supone era para campesinos pobres. No fue así. Los beneficiados fueron otros: empresarios millonarios, familias acaudaladas, hacendados próximos al paramilitarismo... Horas antes de la excarcelación, Uribe Vélez, el ex presidente de extrema derecha, había declarado ahí en Florida a favor de su ex ministro y pupilo. Se trata sin duda de victimarios de violencia estructural, que comparten la esencia de una casta aunque sean de clanes políticos distintos. Esas categorías son las que faltan en la narrativa de la supuesta salida del conflicto, entre la elaborada catarsis pública.


Al tiempo que se finiquitó el proceso entablado por las FARC y el Gobierno, como negociación entre partes que eran contendientes al tenor del conflicto armado ya disuelto en esa relación, entrando a una fase de implementación, asistimos a otra confrontación innegable aunque se niegue, y a la dilación en las conversaciones para explorar una senda de entendimiento, entre el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y el Gobierno, sin que se haya instalado la Mesa prevista en Quito. La interrupción se debe a la decisión unilateral del Gobierno, que impone reiteradamente condiciones por fuera de lo firmado en Caracas con esta guerrilla el 30 de marzo y el 6 de octubre de 2016 y que se niega a aplicar principios del derecho humanitario para surtir medidas positivas.


No obstante la gravedad de lo que pasaba y sigue sucediendo en diferentes planos de la realidad para miles y millones de personas, simultáneamente a hechos que han de celebrarse y asumirse como fue ese paso de la firma de lo acordado en La Habana, en los portales de los grandes medios por encima y en contradicción se desinformaba acerca de lo fundamental como es habitual, y se resaltaba lo superfluo como es costumbre, luciendo el espectáculo de la otra Colombia, ahogada en la normalidad de la injusticia y la exclusión, monstruosidad que dicho proceso de paz no logró alterar, culminante ya esa etapa de acuerdos troncales. Esa disociación esquizofrénica continúa con ferocidad. Queda por ver si la implementación de lo conciliado, pese a su acortamiento, logra corregir rumbos hacia una mejor esperanza.

2. Críticamente


Cuando hace más de cuatro años, en 2012, se inició públicamente un esperado proceso de paz, por ingenuidad y convicción muchos creímos que de su mano algo de esta miserable realidad comenzaría a cambiar. No es así. La corrupción, el saqueo y otras violencias del sistema siguen jugando con la vida y dignidad de millones de seres.


Manifestando sincera consideración y estima por personas y por esfuerzos colectivos que han aportado impulsos encomiables desde diferentes lados, dicho acuerdo final lo saludamos muchos que respetamos esa voluntad de disminuir notablemente la tragedia de la guerra, conocedores directos de la determinación de construir el mejor pacto posible, que viera realizadas aspiraciones de paz y justicia. Ese compromiso debe ser reconocido por su valor.


Con la misma franqueza, es obligado pensar críticamente y develar que aquellos objetivos supremos no han sido logrados: que todavía está muy lejos forjar una paz digna con certezas y no con promesas. En consecuencia, una elección moral y política es no aplaudir todo lo suscrito, sin que equivalga de ningún modo a respaldar a quienes orientaron desde las élites votar No cuando fue convocado el plebiscito para refrendar por votación directa lo pactado y siguen torpedeando de muchas maneras ese empeño.


Sabemos cómo el triunfo del No desencadenó una etapa de re-negociación de lo preestablecido en Cuba, que tomó en cuenta principalmente las objeciones formuladas por la extrema derecha y otras expresiones políticas y sociales conservadoras. Una parte importante de sus tesis, claramente victoriosas, derrumbaron algunas reivindicaciones históricas que mantuvo las FARC y que también eran y son de amplios sectores populares organizados, fraguadas en al menos seis décadas de resistencias, después de profundos sufrimientos.


Poniendo los ojos con anhelo en tres efectos inmediatos como son: - el hecho de que se acabe una confrontación militar que venía siendo degradada y terrible para la población; - neutralizar en el tablero apenas un poco la voracidad política de esa extrema derecha insaciable, al haber acogido en la negociación parte de su ideario; y - a largo plazo trazar un horizonte de construcción de paz que dependerá de que exista buena fe de las élites en cumplir e implementar lo pactado, es imprescindible a la par escuchar y acompañar con análisis y tareas prácticas a comunidades, movimientos sociales, presos políticos, organizaciones populares y víctimas de la guerra sucia que esperaban otros derroteros y no esta derrota provisional, cuyos tejidos en sí mismos conforman una conciencia despierta a contracorriente de lo que hoy es celebrado mediáticamente en Colombia y afuera por algunas gentes: un acuerdo de paz barata y negativa, que no ha supuesto el arranque de un proceso de cambios democráticos en la vida colectiva.


Frente a este proceso de paz ya fueron señaladas algunas tendencias preocupantes, en un sumario o contexto que nos concierne, en lo personal por una responsabilidad asumida como uno de los asesores de las FARC desde 2013 hasta comienzos del 2016. Ante la confirmación subjetiva y quizá equivocada de contenidos y proyecciones vergonzantes en lo obtenido por el statu quo, no se declina hoy del deber de arriesgar una recensión e insistir tercamente sobre la necesidad de un debate respetuoso y con mínimo rigor apoyado en algunas miradas conceptuales críticas, lo más objetivo posible, siendo necesario madurarlo más allá de grupos de izquierda o de personas que no se toman el trabajo de leer y estudiar lo establecido para contrastarlo con la supervivencia que bulle, que se han congratulado con lo alcanzado sin avistar razones por las que puede ser engañoso. Pese a ellos y con ellos es preciso afrontar lo que viene, reelaborar la esperanza, en un arco social diverso que no renuncia a la vida digna, es decir a un proceso de paz transformadora.


Siendo la política el ejercicio realista de negociar y ceder muchas cosas, incluso en el terreno de los principios más costosos que configuran la identidad ética, si hay cuidado por la coherencia inscrita en ideales de emancipación, la política es también otra cosa: la lucha por no pagar todo el precio que demanda el adversario, pues si no existieran límites, no habría entonces valores de diferencia y careceríamos ante todo de propuestas alternativas.


De tal modo, en este ensayo planteo que al lado de la importancia de cesar la desgracia de la guerra viciada, siendo hasta ahora ese el logro relativo de lo acordado en La Habana por la demostrada y bien recibida disminución de la confrontación bélica, definitiva de una parte y no de la otra, debe encararse el futuro de lucha desenmascarando la paz McDonald´s, negativa y señorial que predomina y ha salido reforzada en lo cultural, en lo social, en lo económico y lo político. Para ello cito unos pocos aportes de autores que para otros contextos, aparentemente menos horrorosos, han fundamentado ciertas aproximaciones o categorías que nos pueden ser útiles al develar nuestros anclajes de injusticia y violencia.


3. Referencia


Entre 2012 y 2013, entre varias metáforas y conceptos posibles, quien esto escribe aplicó uno (la McDonaldización de la paz) para nombrar la tensión y sucesión previsibles en el proceso de paz recién instalado en ese entonces entre el gobierno Santos y las FARC (http://revistacepa.weebly.com/revista-n-16-nuevo.html y http://www.rebelion.org/noticia.php?id=171077).


Entre la dicha colectiva que supuestamente a todos nos embarga, dicha metáfora puede parecer distante y rimbombante o sólo medianamente oportuna, por sonora asociación con la victoria de Donald Trump hace un poco más de un mes. En realidad es mucho más que eso, en momentos en que el mundo asiste al teatro y a la realidad de la política “dilemática”, con la cual aterroriza el arribo de ese personaje y se ven(den) los vencidos reformadores dentro del sistema (los Clinton de cada país) como encarnación viva del “mal menor”. Mal que, al igual que una paz pobre, debe ser preferida en ese dilema, vendiéndose que el único camino que quedaría es convivir con la decepción, la promiscuidad, la esquizofrenia y la impotencia, y no con la hecatombe. Resignación en últimas que nos hace pieza activa o pasiva de ese mal más pequeño. Es decir, que debemos a futuro sucumbir en esa trampa para no perecer, guardando conveniente silencio, se nos dice, para darle oportunidad de despliegue redentor a esa forzada opción menos mortal que supuestamente hemos consentido nos represente.


Es con esa impronta que ha operado en parte la razón política con la que se ofrece en Colombia la paz hasta ahora pactada como el triunfo del “mal menor” (salvando innegablemente cientos de vidas y evitando terribles sufrimientos: nadie pone en cuestión esto), cuando no la gloria del mejor acuerdo firmado en la historia reciente de la humanidad, como ha exclamado el presidente Santos en la ceremonia en Oslo el 10 de diciembre, citando un estudio del Instituto Kroc, argumento repetido también por otros.


Pero enseguida puede pensarse que el título de McDonaldización es del todo una mención inconexa, que nada tiene que ver con Colombia, nación de flamante “tradición democrática”, y que en ese terreno de los valores, como sus gentes no son predominantemente consumidoras de los menús McDonald´s, no reproducen por ende esos impasibles estándares de vida. Es más, tan lejos estamos, que es un país donde cientos de niños y ancianos ni eso tienen, donde mueren de hambre cada año, como nos lo recuerdan la cifra indicada de los 81 menores muertos o de los cinco pequeños ataúdes mencionados, y donde millones sobreviven en la indigencia. En efecto, cualquiera diría: ¡es mejor tener McDonald´s... a no comer nada!


De eso precisamente trata esta reflexión: que en la realidad colombiana sí puede aplicarse ese concepto de McDonaldización en relación a la servidumbre racionalizada y sus productos culturales, en tanto una sociedad así, donde arbitra la codicia y la impunidad como patrones colectivos devenidos o basados en vasallajes de violencia, ha sido interés, medio propicio y consecuencia de la barbarie; y también en tanto se tiende “realistamente” a la subordinación “democrática”, como se prueba más allá de la coyuntura de aceptación acrítica de lo renegociado con las FARC o del beneplácito por lo cedido, al igual que el eslogan de que eso debe ser duplicado por el ELN, admitiéndose por múltiples sectores con banderas políticas discordantes que no hay más opción que engullir baratas raciones de paz como renta de despojos, cuyo sustento o nutrientes quedan en entredicho, porque se ha preferido obviamente el “mal menor” (consentir la reproducción de un orden de injusticias que supuestamente sólo pueden superarse “en otro momento”) al “mal mayor”: el conflicto armado.


Por eso puede valer el discernimiento con este concepto sociológico y político, o proponerse para pensar con serenidad no sólo la actual situación nacional sino el ambiente cultural para los próximos decenios, la atmósfera creada de conformidad e indulgencias, o sea de pobreza ética ante una “paz” pendiente de la elasticidad de una implementación que ya se admite inestable por cuanto habrá pocos recursos financieros y otras “prioridades”. Es una paz más caracterizada por las migajas que por los bienes comunes; la pacificación que reinará entre millones de personas desposeídas y administradas, sin que hayan pisado jamás esos locales de comida chatarra y aparentemente no estén bajo el influjo de la cultura de ese fascismo licuado, palpable en la combinación de indiferencia y en el sentido de pertenencia del que gozarán o gozaremos por mucho tiempo, salvo que se construya un proceso de paz más digno, con cambios democráticos, como es posible todavía hacerlo entre una diversidad de actores, pese a que esa propuesta sea vista como minoritaria e idealista.


Llamamos McDonaldización de la paz a esa ilusión y solución falsa que revestida de pragmatismo y racionalización, supone la eficacia del “bien” basura bajo la tendencia del cálculo, el control ejecutivo y la eficiencia de un diseño decidido por pocos y operado por miles; a la provisión y sobresaturación de sus cantidades en el marketing, en oposición a otra calidad posible.
En 2012, el Establecimiento proponía en esa racionalidad, además de impunidad para sí y castigo para el oponente armado, un proceso de paz exprés, una negociación rápida, y lo que realmente era grave: una paz barata y superficial (y lo reproduce coralmente hoy para el ELN), surtiendo la (in)gestión de escasas reformas o el ardid resultante de papeles y no de su paso procesual a la realidad, donde reina la exclusión y la violación de derechos de amplias mayorías.


Decíamos entonces que tal imagen no es chocante al mundo, sino congruente con el dominante paradigma nihilista y neoliberal, triunfador casi por doquier, que induce a formaciones neofascistas, que se impone globalmente como ruta, según el cual debe eliminarse toda distorsión perceptiva y preceptiva de derechos, toda demanda emancipadora y de virtud dialéctica, toda interrupción social a la mercantilización y su “cultura” plástica, cual McDonaldización de la sociedad, como describió hace más de veinte años el sociólogo estadounidense George Ritzer; una McDonaldización del mundo y dentro de él de Colombia; una McDonaldización del proceso de paz como deglución atropellada o ingesta de una comida chatarra, rápida y barata, y no la producción de cambios democráticos efectivos que afecten con costos a los privilegios y a la impunidad de minorías que los ostentan. La dejadez en el cuidado de la humanidad y la imperante in-cultura del desprecio hacían prever que fuera burlada la necesidad de una paz mínimamente transformadora.


4. Licencia moral


Sucedidos hechos tan graves como el asesinato del comandante de las FARC Alfonso Cano (noviembre de 2011), ordenado desde la Presidencia, luego de años de intensas campañas militares y paramilitares, y una vez esta guerrilla realizara gestos como renunciar a la retención de personas por razones económicas o de impuestación (febrero de 2012), o lo que en el lenguaje común de tipo penal interno se llama “secuestro extorsivo”, las partes trabajaron en secreto varios meses para presentar en agosto de ese año una agenda que Santos marcó con la existencia de unas líneas rojas, impuestas no sólo como muros simbólicos sino como desmembraciones de la realidad con las que consiguientemente se precarizó y se redujo de modo sustancial el debate al sustraer temas tan cruciales como los efectos devastadores del modelo económico y la doctrina de las fuerzas armadas. Eso no se tocaba, y en efecto esas vastas materias no se trataron. Santos lo ha recordado los últimos días en su periplo europeo, desde cuando llegó a Oslo y dio su conferencia de prensa el 9 de diciembre. En ello ha sido muy coherente con sus autorizaciones y círculos de poder.


Esa formulación de tales barreras, se expresa estructuralmente dentro y fuera de los procesos de negociación con la guerrilla, como alienante, imperioso, despótico e indolente amurallamiento donde nada que atente contra los privilegios puede traspasar y donde se resguarda una fijación que luego sí ha sido trasladada de manera eficaz. Con ella se recuerda la existencia de un vencedor objetivo en campos de batalla relatados sin la narración completa de la guerra (sucia) en la que se impuso. Una casta de triunfadores a la que debía dársele además una licencia moral adicional al rol operativo. Y aunque no hubiese aniquilación militar de la guerrilla, sí había formas de disuadirla para obtener de ella un trato que implicara patente de superioridad del Estado.


La supremacía de la institucionalidad era tautológica: para proseguir a las etapas subsiguientes se asignaba así misma la responsabilidad obvia de observar unos límites insalvables de su juridicidad: reclamaba y reclama como prerrequisito la validez de su matriz y de sus reglas, demandando el consecutivo reconocimiento de legitimidad para continuar (com)prometiendo cambios formales. Éste es simultáneamente su segundo papel: ser esa institucionalidad gestora principal del quiebre progresista que se introducía. Tal es la actuación doble y articulada para orquestar en su seno la apertura con la que se dejaría atrás más de medio siglo de confrontación.


La alardeada y predicha naturaleza neutral del Estado como sujeto de Derecho imparcial, su discutida mediación, impuso de modo argumentado esa falacia que deduce una representación de la sociedad en general, frente a los violentos que volvían a la normalidad y sus recintos. Y con el éxito de ese llamamiento en la Mesa se impuso el carril de la organización dominante sobre las ideas de la insurgencia, recalcándose los silogismos de los monopolios, las atribuciones y los mandamientos públicos, como el uso de la fuerza armada y de la justicia. Le era preciso esa autorización no sólo material sino espiritual a las fuerzas guardianas de un orden constitucional, logrando en esa carrera disipar dudas: no había homologaciones posibles. Dar no sólo ese pase operativo sino hacer la venia moral al Estado que se sentaba a la Mesa con personas fuera del orden, que debían resocializarse, resultó ser un precepto para poder avanzar. A partir de hacer valer los límites de su mandato negociador en nombre de la sociedad, el Estado, aupado por los poderes de las élites y sus medios de comunicación, difuminó el teórico equilibrio con la contraparte, imponiéndose no sólo un ritmo institucional y los cánones de la legalidad no alterada, sino sus razones de ser en función de los intereses no públicos sino privados de un bloque histórico dominante.


En ese concierto paulatino es probable que, además de lo firmado en el Teatro Colón y de lo afirmado en diversos actos, pueda entenderse la senda de esa licencia moral y la evolución de la observancia que las FARC dispensaron desde antes, y hoy por supuesto procuran, simbólica o materialmente, a entidades oficiales, incluso entre ellas a cuerpos de seguridad del Estado claramente comprometidos en corrupción, crímenes y represión (Cfr. http://www.farc-ep.co/comunicado/saludo-a-los-todos-los-policias-de-colombia-en-su-dia.html).


Con hipótesis de contraprestaciones tanto en materia de seguridad jurídica o garantías para sí (v.gr. una eventual y recortada amnistía a los rebeldes, que está en trámite parlamentario) como en el tratamiento de algunos problemas de dimensiones colectivas o nacionales (lo agrario, la participación política, la cuestión de las drogas y algunos derechos de las víctimas, además de otras derivaciones hacia el conjunto de la sociedad, conforme a la agenda), las FARC socializaron sus tesis y refutaron con inteligencia durante unos años parte del esquema simplista del proceso ya McDonaldizado, prolongando en el tiempo necesario el diálogo para el respectivo pre-acuerdo de cada punto programado, es decir no abreviando, como sí era la idea rumiada por el Estado en el origen al querer imponer un proceso exprés. Lo que pasó lo conocemos: se fue difiriendo o remitiendo a decisiones posteriores que debían rearticular un corpus o tratado de paz con una refrendación o convalidación final, cuando todo estuviera acordado, que en la inicial visión de las FARC debía coincidir con un caudal o empuje social y político bajo la convocatoria de una Asamblea Constituyente, procedimiento que abandonó cediendo en junio de 2016 a favor de la propuesta de su adversario.


Se ha llegado, como es lógico, a diferentes reconfiguraciones de rasgos de los que eran contendientes y hoy están prestos al arte de la política del realismo más extremo grabando concesiones hace unos años impensables, justificadas en la reconciliación suya que ofrecen como plataforma idónea para la sociedad entera, sin serlo necesariamente. Pero arriban a todas luces de manera desigual, visto el conjunto de decisiones estratégicas hoy expuestas, para las cuales han obrado en paralelo otras dos líneas: de un lado el trato y la co-responsabilidad formalmente horizontal de ambas partes como sujetos con competencias equivalentes o simétricas, y de otro lado la maquinal hegemonía del Gobierno, la primacía de su razón razonada y al mismo tiempo incrustada con un tipo de condicionalidad que sustituyó a pautas de proporcionalidad y reciprocidad.


En su magnánima oferta de pacificación sin exterminio, sin solución final, el poder establecido trazó algunas cesiones importantes, inclinadas esas estructuras objetivamente opresivas por la prospección de una paz naturalmente funcional: para tranzar sobre ajustes institucionales y modernizantes ya en camino desde años, para admitir avances o mejorías en un ejercicio de reformas nebulosas y de apertura en un nuevo ciclo histórico, a cambio de que los alzados en armas de las FARC declinaran definitivamente de la rebelión. En ese emplazamiento ese poder, hoy reforzado y no reformado, no se despidió nunca del realismo cínico, confirmando como punto de partida y de llegada el inherente al proceso de racionalización deshumanizadora de unas instituciones cuya premisa es su presunción de democráticas, dictando con ello el destino de la obediencia última que se les debe sin que quepa hoy justificar un ataque a su buena marcha; garantistas, representativas y receptoras de los ex subversivos, en tanto éstos hayan desandado su camino y se reincorporen.
En esa exhortación ideológica de aceptar y mantener indefectiblemente la médula del statu quo hasta ahora inamovible e inconmovible, que insta a que se acoja la guerrilla a la última oportunidad de negociación favorable que puede tener, se le apremió poniendo en la Mesa el precio de la reconciliación: tener que aceptar altos niveles de impunidad de crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado. Ahí está la licencia histórica. Y ahí está su opuesto: la memoria contra la derrota.


5. Logros y fracasos


De ningún proceso de paz ni de ningún proceso radical de cambio social de alcance revolucionario pueden esperarse transformaciones superadoras automáticamente del orden de injusticias establecidas y producidas que nos preceden y proceden como biopolítica (diría Michel Foucault) configurándonos colectivamente, resultado de un sistema complejo de dominación a lo largo de siglos. Este examen no es por ello incauto. No se refiere a lo que un tratado de pacificación no puede afectar directa y mecánicamente, sino a lo que sí es posible esperar una vez convenida la finalidad y el carácter instrumental de una agenda que incluye los cimientos subjetivos o móviles de la violencia como también una base de sus denominadas y reconocidas causas objetivas. La Mesa de La Habana, ni la que esperamos haya con el ELN, los resultados de una y otra por sí solos no pueden engendrar ya un nuevo país, sino apenas pueden generar las condiciones elementales para su reconstrucción democrática.


Siendo el objetivo declarado y conseguido evitar miles de muertes, heridos y dolores propios de una guerra que rebasó hacia prácticas de descomposición, ningún argumento puede ser válido para pregonar la continuidad del conflicto armado que ya cesó entre dos actores, cuando tanto las FARC como el Gobierno asumieron para sus respectivos ámbitos y correlaciones que había llegado la hora de finalizar entre sí esa confrontación militar. Fue el propósito central de las conversaciones sostenidas durante más de cuatro años (2012-2016). Dicho proceso es por ello ciertamente valioso y debe ser defendido, aunque tenga defectos que causen desconcierto o lo hagan decepcionante.


Sin duda su beneficio más alto y encomiable es la denominada paz negativa, o sea la gradual superación del conflicto armado (usando términos del teórico noruego Johan Galtung): el hecho de parar en gran medida el desangre que genera la confrontación bélica entre esas dos partes. Primero con un desescalamiento de acciones y luego con el pacto de un cese al fuego y de hostilidades bilateral. Quizá a esa paz negativa y no a otra se ha referido Santos cuando recalcó en Oslo en la ceremonia del Nobel: “La guerra que causó tanto sufrimiento y angustia a nuestra población, a lo largo y ancho de nuestro bello país, ha terminado”.


Esto nos recuerda lo expresado por Erich Fromm en 1963: “Aun cuando la paz no significara más que la ausencia de guerra, de odio, de matanza, de locura, haberla alcanzado figuraría entre los logros más elevados que el hombre pueda haberse propuesto” (La condición humana actual, Paidós, Barcelona, 1986, p. 112). Enunciado humanista que el propio Fromm relativiza invocando otros valores de emancipación, y que contrasta con el humanismo social del derecho a la rebelión como último recurso, que impugna las condiciones de opresión presentes en las violencias estructural y cultural (siguiendo de nuevo el famoso triángulo de violencias acuñado por Galtung).


En segundo orden, resultan destacables o significativos del proceso de La Habana algunos logros en materia humanitaria o de alivio del dolor y la incertidumbre (por ejemplo ensayos de desminado parcial, como lo recalcó Santos; o la búsqueda y entrega de restos de algunas personas dadas por desaparecidas, de las más de 60 mil, como olvidó decir el presidente). Y en tercer lugar la confección de ciertos programas en germen desde hace años, de encaje y efecto institucional, que tienen como beneficiarios a diferentes espacios, planes que recuerdan obligaciones de un Estado Social de Derecho en tanto refuerzo declarativo de deberes sociales, económicos y políticos, al igual que compromisos en relación con la justicia restaurativa. Todo lo anterior positivo.


En esa balanza, el saldo negativo o de fracasos está signado por las evidentes carencias ya anotadas, siendo nuclear la deuda de una resolución participativa popular que debía instituir hacia un nuevo contrato colectivo que intervenga sin aplazamientos y con probidad causas socio-económicas y políticas de la violencia; y entre otros focos la impunidad del terrorismo estatal y paraestatal (que luego se mencionará, no siendo analizada a fondo en este escrito; será en uno posterior).


Sobre lo primero, es claro que las clases no acaudaladas sino desposeídas y dolientes, su multiplicidad de tejidos duramente segregados y atacados en décadas de guerra sucia, no fueron siempre representadas con coherencia o cualificadamente por todos los invitados periódicos del conglomerado asiduo en La Habana. Más allá de esporádicas o exiguas sesiones o foros con sectores sociales, o de audiencias y encuentros con víctimas, la constante fue un diálogo y unos acuerdos de cúpulas, cuya marca describió así el prestigioso investigador Luis Jorge Garay: “Los acuerdos de La Habana básicamente son un acuerdo de élites. Las élites del poder y las Farc hacen un acuerdo para que esas élites puedan funcionar coordinadamente / Por ejemplo, justicia es un acuerdo de élites que va a implicar un perdón y olvido y que no va a transformar a la sociedad” (http://lasillavacia.com/historia/los-acuerdos-de-la-habana-b-sicamente-son-un-acuerdo-de-lites-luis-jorge-garay-55462).


No habiendo sido una negociación sólo sobre las realidades militares y las razones subjetivas de las FARC en el orden de su desaparición como guerrilla y su tránsito a la legalidad, sino de lo que justifica el derecho a la rebelión, o sea problemas objetivos de la realidad social, cultural, económica y política más honda, en La Habana no se pusieron en la Mesa todas las demandas sustantivas básicas de las clases populares en su propia voz, con su argumentario, organización y representación. A través de los cálculos, discursos y dispositivos en los croquis institucionales de salida de la confrontación, contaron secundaria o marginalmente. Los convenios de las partes que transaban y sus engranajes a partir de la señalada situación militar y política, no necesitaron siempre, sino sólo de vez en cuando, de la manifestación de otros no convidados que, se pensó, podrían interferir con más idealismo que pragmatismo.


En esa polaridad o binomio, las capacidades coercitivas de los bandos y sus coordenadas ideo-políticas se subsumieron o transfiguraron. Pero sólo de una parte. Sin que las fuerzas represivas dejaran de matar, desaparecer, amenazar o apresar, sin establecer depuraciones o cambios en las fuerzas armadas estatales y paraestatales, sin garantías o compromisos radicales de no repetición de crímenes y doctrinas, renovándose la información y el accionar de la inteligencia militar y policial, el Gobierno dispuso un receptáculo de apremio y compromiso con las FARC. Éstas, por el contrario, cumpliendo lo estipulado, sí comenzaron a enseñar parte de sus trazados operativos y a aprestarse para la dejación de su estructura y de sus medios de ejército popular, mientras creció la expectativa por su mutación a organización legal. Es la razón que explica por qué el principal rédito para el orden instituido fue la paulatina exposición y desactivación del potencial insurgente a cambio de su incorporación cierta, irreversible y, se supone, segura en la legalidad, mediando un nivel de cauciones económicas, políticas y jurídicas.


Entretanto, no contó la inmensidad del país para otro nivel de cauciones, pues los contenidos ajenos o por fuera del control directo, que trascendían la vida misma y el entorno de las FARC como aparato y organización político-militar, es decir lo social, lo económico y lo político de terceros que son millones de excluidos, para eventuales beneficios de sectores sociales como son las amplias franjas del campesinado desplazado y empobrecido o los pobladores en estado de miseria en las ciudades, se relegaron a un devenir incierto, a una posibilidad, a una implementación gruesa que excluye temas vitales, la cual dependerá de la buena fe del statu quo, ejecución posterior a la desmovilización y no concomitante y proporcionada con ésta, salvo en lo que deba facilitarla o asegurarla. O sea, fue otra la velocidad y otro el plano de realidad donde se proyectaron y transaron los temas externos, para aplicarse en otro momento, como hipótesis, con un compás contingente y con baja condicionalidad.


La muy insuficiente participación social como demarcación de forma que fue en realidad cuestión de fondo, la ausencia de voces críticas y propositivas por cuyo vacío se endurecieron y complementaran con carácter fatídico las líneas rojas de Santos y al final las líneas duras de Uribe o de los voceros del No en la re-negociación, produjo consecuencias naturales al no estar presente una auténtica postura independiente y alternativa en la Mesa. Indujo esa interacción cerrada a un intercambio de pares con intereses limitados a sus políticas verticales. No a una concurrencia o Mesa abierta en la que se hubiera exigido dar pasos mínimos y ciertos de una paz transformadora, prestar garantías y establecer compromisos reales de no repetición y de Nunca Más. En La Habana no se avanzó en ningún momento en la depuración de las instituciones. Y en esas ecuaciones de conveniencia, en las lógicas de una violencia estatal presumida como legítima, anidó por consiguiente una monstruosa deformación ética y jurídico-política como precio del arreglo último. De ahí que la impunidad de los crímenes de Estado y del Establishment sea la otra gran deuda.


Existiendo avances teóricos defendibles o focos estimables relativos al derecho a la verdad u obligación de veridicciones respecto a graves hechos, además de alternativas de reparación y redención por fuera del uso preferente de la cárcel, lo cual es bueno, el sistema de justicia pactado por el Gobierno y las FARC genera sin embargo al menos dos graves peligros.
Primero, para la militancia de las FARC o para quienes están acusados de ello, significa crear el riesgo de un precedente que opaca también luchas de liberación en el mundo, por un recorte sustantivo de la complejidad y conexidad del delito político siendo de nuevo re-criminalizados en futuras instancias judiciales muchos combatientes o encausados, que responderán como si fuesen criminales por hechos no proscritos en leyes humanitarias o de conducción de las hostilidades, propios de la guerra irregular o de resistencia y del legítimo ejercicio del derecho a la rebelión. Y en segundo término, se favorece la impunidad de los núcleos de poder político, militar y empresarial que estuvieron y están detrás de los autores materiales de estrategias de crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado y las élites.


Sobre esto último cabe recordar que es una verdad incontrovertible la dirección de esa impunidad de máximos responsables y estrategias estatales y para-estatales, como lo advirtieron con honestidad intelectual antes del resultado del plebiscito diferentes opiniones o dictámenes de expertos nacionales o de organismos internacionales que han efectuado estudios y pronunciamientos sobre los mecanismos establecidos (Cfr. v.gr. http://www.rebelion.org/docs/208980.pdf y http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article257).


Tras la derrota del Sí el 2 de octubre de 2016, que dio paso a una re-negociación todavía más perniciosa para víctimas de crímenes de Estado, hubiese sido deseable, no de manera oportunista sino con entereza ética, reconocer que había cláusulas de impunidad y llamar a efectuar las rectificaciones necesarias, sin custodiar y fortificar mecanismos de encubrimiento de esa guerra sucia que persiste (Véase el interesante análisis: https://derechodelpueblo.blogspot.com.es/2016/11/reflexiones-sobre-el-otro-si-la.html). Fue manifiesta la mediocridad o el desfallecimiento de algunos sectores en Colombia cuyo faro es la defensa de las víctimas y los derechos humanos, que admitían sólo sotto voce cómo efectivamente había que tolerar esos arreglos de impunidad como el no tratamiento integral de los crímenes de lesa humanidad, la inmunidad de los presidentes, la no responsabilidad eventual de empresarios paramilitares, los beneficios sustantivos para los militares o policías, lo referido a la reducción sustancial de sanciones, o la supuesta “atenuación” por la modificación de la responsabilidad de la cadena de mando, aberración ésta que finalmente se impuso en oposición a como la define el Estatuto de la Corte Penal Internacional, junto con las otras.


Se ha hecho una operación muy sofisticada para vender como ejemplar un acuerdo de justicia transicional y transaccional. El uribismo quiere aumentar más el nivel de inmunidad, quiere perfeccionar lo que de por sí es ya un fiasco en muchos aspectos para víctimas de crímenes del terrorismo de Estado, violencia de cuyos fines y medios sabemos en parte, pues hace falta todavía un ejercicio de documentación e impugnación más completo, que nos permita hacer preguntas y que se respondan en el terreno de la demostración de responsabilidad de estructuras o aparatos organizados de poder, como crímenes de sistema, y no sólo de unos oficiales o suboficiales siguiendo la tesis de las “manzanas podridas”. Debe discutirse mucho más ahora, cuando se estén reeditando por un orden señorial de la paz, proclamas pragmáticas y cínicas de alivio judicial a agentes de Estado (para compensar la amnistía que se otorgará a algunos guerrilleros. Véase la opinión de agentes políticos del uribismo y el santismo al unísono, v.gr. http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/los-militares-en-la-ley-de-amnistia-en-colombia/16774174).


Organizaciones como Amnistía Internacional y sobre todo Human Rights Watch (HRW), que en absoluto pueden tacharse de ser simpatizantes de posiciones de izquierda, han expresado en varias oportunidades sus reparos. HRW en 2015 y 2016 se ha referido a una grotesca impunidad en lo acordado en La Habana, que beneficiaría a agentes estatales. Tras la victoria del No, expuso en el marco de una posible re-negociación del acuerdo impugnado: “no existe ninguna justificación para extender estos beneficios de impunidad a oficiales del Ejército responsables de miles de asesinatos de civiles, conocidos como casos de “falsos positivos”. La mejor forma de evitar esta renuncia injustificada a la justicia sería excluir categóricamente a los agentes del Estado de cualquier beneficio de justicia transicional acordado con las FARC” (Cfr. https://www.hrw.org/es/americas/colombia, 3 de octubre de 2016).


Y tras la firma del acuerdo final el 24 de noviembre en el Teatro Colón, HRW señaló a las pocas horas cómo en maniobra de última hora el Gobierno: “de forma subrepticia introdujo una modificación en el nuevo acuerdo de paz que podría permitir que los comandantes del Ejército eludan su responsabilidad por los crímenes cometidos por sus subalternos... (el cambio realizado) es una burda capitulación del gobierno del Presidente Santos a la presión de los comandantes del Ejército que buscan aprovecharse del proceso de paz para garantizar su impunidad. El proceso de paz de ninguna forma puede justificar que el gobierno sucumba ante las presiones de impunidad para los comandantes del Ejército que temen rendir cuentas por su rol en los más de 3.000 casos de ‘falsos positivos’” (https://twitter.com/JMVivancoHRW/status/801891013258317828/photo/1).


Contra dicha voluntad de impunidad irradiada por el Establecimiento, no hubo otra de igual potencia. Sólo la ya indicada Constancia postrera de las FARC, que siendo lánguida algo significa y será tomada en cuenta para el debate en los años venideros, en los que habrá que buscar otras alternativas dentro y fuera del país.


6. Decurso de exclusión


Las FARC paulatinamente han ido acatando u obedeciendo la institucionalidad, hasta ahora no reformada de sus vicios y podredumbres. Además de afrontarla, las FARC han tenido que enfrentarse a la desidia cuando no al rechazo de amplios sectores sociales mentalizados por años en su contra por la acción perversa de medios de comunicación y por el peso de errores cometidos, todo lo cual fue atizado en la diligencia de una extrema derecha no neutralizada por los acuerdos de La Habana, pues sus brazos mediáticos, de propaganda, y de maniobra política, junto a los poderes armados dentro de las fuerzas militares y el paramilitarismo, han permanecido intactos, con un cierto “espíritu de cuerpo” transversal cobijado por la impunidad, la corrupción, las ganancias del modelo económico legal o ilegal, etc., lo que a la postre le llevó a esa derecha a manipular en contra de compromisos que el sistema aceptó formalmente en el proceso de paz mediante la histórica apuesta de Santos.


Lo que evidentemente no pudo hacer las FARC en esos años de conversaciones, pese a su empeño e interés en la búsqueda de alternativas políticas serias e integradoras, fue lograr que se rompieran los diques de un modelo ya suscrito en 2012, que si bien ordenaba un procedimiento lógico, también cosificaba y empobrecía desde el inicio la participación social, atentando esa cerrada perspectiva institucional que le fue enredando contra otra que hubiese sido precursora: la de dinámicas instituyentes desde abajo, en las que, con innegables o meridianos riesgos, se enraízan diagnósticos participativos con alguna fuerza vinculante, por la titularidad, la pluralidad y la condición de sujeto político emergente de la diversidad de los sectores populares y su potencial constituyente. Éstos podían hacer oír su voz, elevar sus exigencias, lo hicieron algunas veces superando distancias y distorsiones que hubieran podido proporcionarse en La Habana, sobre todo como consecuencia de un mayor empoderamiento de regentes que en muchas visitas con impresiones hinchadas y ahuecadas exhibían un afán de representación que no tenían del todo. Ese clamor de una sociedad excluyente no fue concebido como central sino que se marginalizó por la agenda misma, por métodos, actitudes y circunstancias disímiles.


Esas limitaciones sentadas en 2012 proyectaron lógicamente con el tiempo unos frutos determinados y no otros. Con ese guion había ya en gran medida un producto precocido y huero, que brindó la imagen de dos partes que, al tiempo que se complementaban, procesaban sus diferencias en la Mesa en medio de contradicciones reales y de fondo entre enemigos políticos que todavía estaban dispuestos a atacarse militarmente al haberse aplazado un cese al fuego bilateral y de hostilidades. La consigna durante casi cuatro años fue combatir como si no hubiera negociación y negociar como si no hubiera guerra. Dijo Santos en la entrega del Nobel cómo calcó una máxima aplicada por Israel: “Algunas veces, para llegar a la paz, es necesario combatir y dialogar al mismo tiempo, una lección que aprendí de otro ganador del Premio Nobel, Yitzhak Rabin”.


En ese fragor con un repertorio político y militar, a diario se ofrecían hechos y discursos en el que los contendientes pugnaban pero simultáneamente se acoplaban, sin más líneas de consultas que las internas de sus máximos agentes o esferas. No así hacia afuera. En esa dinámica de soberbia y aislada de otros, el Gobierno hizo abstracción de su gemelo contendor, de su rival en casa, fractura que con el tiempo pasaría una costosa factura: se separó todavía más de la extrema derecha representada por Uribe Vélez, posando Santos de tener independencia respecto de la rotunda postura guerrerista y negacionista de su antecesor y mentor. Y a su vez las FARC se aseguraron de protagonizar ellas solas una vocería desenvuelta, como alegada delantera de un conjunto alternativo disperso. Los bandos se convirtieron no sólo en contrapartes de un mismo contrato que debían defender, sino en “socios” que pregonaron la idea de haber arribado a la solución más perfecta posible, extasiados ante el mundo, al decir que estábamos ante el proceso más ejemplar jamás conquistado en la humanidad, a sabiendas que una y otra vez se rebajaban expectativas en cada puja de re-negociación y que no estábamos ante cambios de contextos sino ante espléndidos textos que contenían un reservorio de promesas sublimes, como se puede leer en muchas de las 310 páginas del citado Acuerdo del 24 de noviembre de 2016.


Pese a los últimos esfuerzos por hacer que aparecieran y estuvieran grupos sociales diversos apoyando en la Mesa de La Habana la obra de la negociación política y su apurada última fase de re-negociación, fue palmario que no hubo más actores nacionales cuyas exigencias de derechos pudieran incidir de modo determinante en las cuestiones esenciales, con su caracterización y por lo tanto con sus propensiones de solución. Por el contrario, el modelo puesto en marcha impedía detenerse en ellos para que las partes pudieran fluir, de tal modo que se tejieron pre-acuerdos que aunque generaron más confianza y capacidad de resolución de la Mesa, para cumplir lo que en cada etapa cada parte debía acometer, no fueron desdoblados a tiempo, no fueron efectivamente recibidos y asimilados social y políticamente por sus destinatarios, para su libre examen y ulterior defensa en la subsistencia espasmódica de un país donde prevalece la exclusión estructural por vectores culturales, económicos, sociales y políticos; pre-acuerdos que se desconocieron al plantearse ciertas campañas e iniciativas en favor del proceso de paz.


La llegada a puerto dependía precisamente, también para los que estaban en el Establecimiento en contra de lo acordado, de que no existieran otras voces y opiniones que las movilizadas estrechamente por las élites en sus disputas internas; que la agitación de conciencia de los discordantes en muchedumbres invisibles, no pudiera empantanar debates y arreglos, o proponer cauces más hondos de una paz transformadora.


En ese dinamismo de metodologías de aproximación entre dos partes disímiles, en cuyo ámbito de negociación no hubo nunca diagnósticos vinculantes que vinieran de los sectores populares, clases débiles según una llana correlación de fuerzas, pero vertebrales y fundamento en la solución buscada, que más allá forzaran a dar pasos ciertos en los cambios democráticos sin quedarse en meras hipótesis, en ese decurso donde los empobrecidos no estaban presentes, se fue fraguando una costosa problemática de visible legitimidad, que se plasmó en el peso real de la abstención al momento de la refrendación el día 2 de octubre de 2016 tras los resultados del plebiscito. Gran falencia que se alivió artificiosamente con la misma receta que generó el padecimiento: acordando pocos cambios entre pocos. Esta vez en el recinto de un órgano desprestigiado y atravesado por la corrupción y la impunidad: el Congreso. Tal “déficit democrático” era y es una consecuencia previsible de la que hoy olímpicamente se sigue pasando de largo.


El país compuesto de proyectos antagónicos con mediaciones en extremo violentas, todavía sin ningún sentido de lo común civilizatorio, empachado de complejos históricos, en el que deambula el fascismo líquido, la desigualdad, el oprobio, la pesadumbre, el desánimo y la insolidaridad, con una correlación de fuerzas producto de acumulados de muerte y degradación, fue convocado como actor en bloque sólo para ese plebiscito; no antes. En ese momento final fue cuando su espectro se tuvo en cuenta, en un proceso que se acusaba ya de turbio, cuando ya casi todo estaba finiquitado tras una soberbia puesta en escena en Cartagena el 26 de septiembre de 2016.


Valga recordar cómo el plebiscito fue el mecanismo de la opción gubernamental para refrendar, contrario a la idea de las FARC de una eventual Asamblea Constituyente, iniciativa ésta que decayó en la dialéctica de la Mesa en Cuba (https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-76-la-habana-cuba-23-de-junio-de-2016), imponiéndose finalmente el dispositivo oficial (con disminución notable del umbral a un irrisorio 13% de la votación para que fuera válida, entre otros ensambles convenientes o ventajosos al Sí para asegurar su victoria). O sea prevaleció el modo institucional o instituido y no el instituyente. Y como en la ruleta rusa: tras cada giro, tarde o temprano habría consecuencias


De esa manera abrochada, tardía e instrumental, a esos efectos de aprobación o no de los acuerdos, como obedece a la lógica de un diseño en el que la diversidad de la participación social fue relegada o menospreciada, el plebiscito fue embutido necesariamente en la tormenta que ambas fuerzas neoliberales, santismo y uribismo, desataron por sus diferentes acentos desde hace años. Una separación de hecho vivida en relación con círculos e intereses económicos a salvaguardar, por el alcance del ciclo reformista, por los contrapesos de la modernización institucional, por la relativa quiebra del negacionismo, por el modelo de negociaciones de paz, por los niveles de impunidad requeridos, sin enumerar vectores de orden internacional.


Y la ciudadanía en sus múltiples aristas fue convidada a ejercitar en esa tormenta un derecho infecundo en un acto habitual de unos segundos un día: a representar una mímica en los módulos de votación cuya función es usar como borrega a la gente que antes no cuenta para el sistema en la misma medida o con el mismo interés. A millones de emplazados a esa jornada, les hacen ser satélite mudo de posiciones que muchos cientos de miles no comprenden sino superficialmente vislumbran, pese a la sobresaturación de mensajes manipulados, o precisamente por sus hilos conductores o madejas apenas entendidas y consumidas en algunas capas que medianamente se aproximan a los asuntos públicos, una vez difuminadas por líderes o formadores de opinión sus respectivas sentencias, que impactan con gran capacidad de mentir modelando reacciones.


Esta vez, habiendo movilizado millonarios recursos cada una de las campañas, más que la votación por el No, ganadora sólo por una ridícula diferencia (apenas un poco más de cincuenta mil votos), teniendo que decidirse algo muy importante para el país, contó, como en ninguna otra coyuntura, la evidencia de la abstención y sus múltiples razones. Un 63 % de la población apta para decidir, no acudió.


Aconteció el contrasentido del resultado, la contestación ciudadana que no es del todo ni contestación ni ciudadana, como fenómeno de hecho y de derecho, en un arco de esfuerzos de conciencia o de despejes frente al enajenamiento, primando el sentimiento de impotencia, el desencanto, la neurotización (como diría a finales de los setenta el escritor Alberto Mendoza Morales, en La Colombia posible, Ed. Tercer Mundo, Bogotá, 1981), la histeria, como diría James Petras, o llanamente imperando la “conducta distante” que Bryan S. Turner describe de los McCiudadanos, a la que me referí hace tres años (En Los tentáculos de la McDonaldización, George Ritzer [Coord.], Editorial Popular, Madrid, 2007, p. 233 y ss.).
Reflejos en un conjunto apenas obvio cuando la vida cotidiana y los márgenes o derechos de la gente común no han sido incorporados en sus elementales y concretas dimensiones o sentidos de pertenencia, al no existir ningún proceso real de cambio que les vincule; cuando no ha sido exhortado el cuerpo social en vastas o densas representaciones y conflictos, por un proceso de paz que se ve opaco, amañado, ajeno o injusto. Así, por esa pluralidad de causas, en la mayor abstención registrada en más de veinte años, de 34 millones, 21 millones de personas no votaron, siendo en la práctica repudiado ese juego de los políticos y su tablero. Diríamos sin rigor sociológico que ese sentimiento de repulsión sí existe, pero sin organización estable y no tan fuerte como la apatía.


7. Cesarismo a tres bandas


Un modelo cerrado a la amplia participación social, sin un mínimo de diagnósticos vinculantes que fueran hechos y refrendados procesualmente por las víctimas de la violencia estructural para una paz transformadora; orientado de un lado a mantener privilegios y del otro lado a la favorabilidad jurídica o política de unos contados actores que debían aceptar con antelación las normas de un ejercicio de representación para participar de sus atributos; la confección de compromisos no aplicados ahora sino dejados para el futuro; y continuas crisis y re-negociaciones devaluando expectativas, condujo necesariamente al éxito de cambiar parte de la fisonomía de un sistema para poder sostenerlo. Lo que ya es una referencia muy común: el gatopardismo en su formulación básica; que algo o todo cambie para que todo siga igual.
La negociación con las FARC en su desenlace triunfador en tanto terminación de la confrontación armada con el Estado y por lo tanto la plausible finalización de una clase y volumen de terribles sufrimientos para miles de personas, no ha desembocado ni su modelo de solución tenía porqué culminar en la pujanza de procesos liberadores o constructivos de una democracia popular. Aun así, se esperaban unos resultados superadores de la mera estabilidad o seguridad del sistema, que fueran derivaciones hacia otra matriz y no como garantía del funcionamiento de un Régimen tal cual es y se reproduce.


Atenazada por la inercia y la trampa proveniente del derecho instituido, aceptado gradualmente por la guerrilla de las FARC, la salida política en marcha no es nueva, ha sido la misma de otras épocas (incluso inferior a la coyuntura 1989-1991, cuando hubo una Asamblea que produjo una nueva Constitución Política). Convalida en el plano histórico un continuum, pues en absoluto, hasta ahora, han sido modificadas las reglas esenciales de una oprobiosa política dominante. No se ve otro curso que no sea el del apresamiento y la proliferación de unos cánones y dinámicas que caracterizan estructuralmente la historia política colombiana, propias de lo que el profesor Antonio García Nossa denominó en los años sesenta la República Señorial (Cfr. Dialéctica de La Democracia, ed. Cruz del Sur, 1971).


En un conjunto de intersecciones de actualización histórica, perviviendo la organización del atraso y la desigualdad, de la subordinación o el servilismo, renovación en la que han actuado fenómenos modernizantes y postmodernizantes en los engranajes y resultados culturales de un ethos y de una economía de pillaje y desposesión por violencia para el ascenso social y el arribismo, al lado de circuitos comprobadamente criminales como el paramilitarismo y el narcotráfico que estimulan precisamente canjes de silencios y lo peor que suponen, hoy, en el meandro de la solución política al conflicto armado, concurren también políticos y técnicos de nuevas generaciones que reeditan en las élites una pugna o competencia entre sí y sus representaciones partidistas, para excluir a los más, a los de abajo. Apuestan para ello decididamente por una restauración que regule costumbres, que normalice un nuevo caudillismo, en el que la herencia camufla a clanes o señores de la guerra como señores y señoríos de la paz, sin que la impunidad de castas y el reparto público-privado del poder político y económico hayan sufrido algún deterioro. Por el contrario: existe un fortalecimiento y legitimidad de su composición. Tal como sucedió en el pacto del Frente Nacional, fraguado hace sesenta años (1956) para redistribuir y regular el poder entre las oligarquías y sus maquinarias, validado en el plebiscito o referendo de 1957.


Hoy sería prácticamente lo mismo: impunidad, reforma, dividendos de recursos y negocios, en una geografía de la explotación tradicional, del expolio coetáneo a la pacificación y de la corrupción transversal. Sea en el conflicto o en el postconflicto, con sus respectivas bolsas productivas (presupuestos para otra reingeniería militar y su exportación, inversiones de desarrollo, y también cooperación y programas asistenciales). Quizá una nueva vuelta de tuerca de la tesis de la Captura y reconfiguración cooptada del Estado, que acuño en 2008 el escritor Luis Jorge Garay, para señalar redes de poder y depredación en diferentes niveles.


Lo anterior pretende apenas nombrar y rastrear esa lógica de control señorial, que está vista de lejos y de cerca, como una realidad estructural actuante más allá de las personas que administren un período bajo esas reglas.


De lejos, en diferentes sucesiones de relación poder-obediencia o legitimación-aceptación, imponiéndose entre otras premisas la necesidad de una guerra eficiente desde arriba para llegar a una pacificación eficaz, como el propio presidente Santos lo ha recordado infinidad de veces (en Oslo v.gr. en la rueda de prensa del día 9 y en el discurso del 10 de diciembre) al señalar que hubo condiciones necesarias como debilitar en lo militar previamente a las FARC y determinar lo innegociable, las líneas rojas que finalmente se acataron. Y de cerca: en el marco de la situación desencadenada tras la victoria del No en el plebiscito de octubre de 2016.


Analicemos un momento esto último, en tanto demuestra precisamente la existencia de unos resortes del Régimen y de unos discursos convergentes hacia franjas serviles, activadas y modeladas por estos, como se proyectaron en la re-negociación sin verdadero pacto nacional una vez fue derrotado el Sí. Se hizo un acuerdo a tres bandas (three-way partnership), sin contar con más actores: las élites del No y del Sí, y las FARC, que paradójicamente dependieron de un respaldo que no se distinguía del que debía pasar públicamente como adhesión plena al Gobierno y su programa. Desde sectores de una ciudadanía consciente, con distintos orígenes y talantes maleables, y también por seguidores del No y del Sí, embelesados en la banalidad de unas consignas propias de una sociedad McDonaldizada, que por afirmación convulsiva se homogeneizaron por ejemplo bajo el rótulo de “Acuerdo Ya” y en el pedido de implementación urgente de lo acordado, se haya pactado lo que se haya pactado, cuya mayoría no se hizo ni se hace preguntas sobre la impunidad de crímenes de sistema desde el Estado, ni sobre el refuerzo a la propiedad privada ociosa, ni sobre la sostenibilidad fiscal, ni sobre la negación de los derechos del campesinado, ni acerca del impacto de reformas o medidas tributarias que engendran mayor desigualdad.


En esa encrucijada política, dicha re-negociación tuvo dos caras en las que esos resortes del Régimen demostraron solvencia. La de la virtud de sumar en el debate, con realismo pero forzadamente, a un amasijo de competidores de clara afinidad ideológica neoconservadora: en suma las corrientes de extrema derecha próximas en sus tesis al mando de Uribe Vélez. Y la del defecto de arruinar fragmentos de un acuerdo que aunque era decepcionante en tanto incompleto en muchísimos de sus componentes, suponía un margen de compensaciones posibles, precisamente a condición de poder neutralizar con medidas políticas, jurídicas, económicas y sociales a la derecha más retrógrada detentadora y usurpadora de bienes a redistribuir. Pero esto no fue problema, pues tal perspectiva era muy etérea y no tenía como doliente al Establecimiento ni hubo por parte de las FARC cómo impedir que dicha re-negociación apuntara a la baja o depreciara mínimas reivindicaciones, naturalmente prescindibles por quienes les desdeñaron arriba; cúpulas o señores (no más que una veintena de individuos en cada facción), que se representan en los dos bandos de élites: las que sustentan provisionalmente al gobierno Santos y su apuesta de paz, y la alianza de sectores de la extrema derecha que cabalgan en el descrédito de esa iniciativa. Unos y otros buscando cómo reacomodarse de cara a las elecciones del 2018. La lógica de disputa señorial encarnizada en los altos estratos del poder, las graves discrepancias que se vienen registrando arriba, traspasan el legado de la pacificación o su ataque a otros Césares, que tendrán que abanderar por razones funcionales algún grado de reformismo moderado, por fuera o dentro de la implementación de los acuerdos.


En Suecia el 12 de diciembre de 2016, el presidente Santos exclamó que la victoria del No fue una “bendición disfrazada”, “pues gracias a ese hecho se pudo abrir un diálogo con los opositores para lograr un mejor acuerdo”. Sin duda, como en el pasado, la legitimidad reclamada no depende de los resultados para las mayorías sociales sino de las formas y los intentos de arreglo dentro de las tradicionales castas, como lo han hecho históricamente, persistiendo por supuesto entre ellas algunas diferencias. No obstante, el refuerzo de su relegitimación y hegemonía estratégica, su afianzamiento en el poder, en este crucial momento, es una clara consecuencia además de la adhesión de hecho y de derecho de las FARC, seguida de un conjunto de agrupaciones contestatarias de menor peso, que no efectuaron ningún beneficio de inventario de ese pacto cerrado y señorial, dándose solamente unas reuniones de reflexión, aclaración y añadidos con pocos grupos sociales y religiosos (por ejemplo para apaciguarles respecto del legítimo enfoque de género), sin que se ampliara en verdad el proceso hacia organizaciones o movimientos que son genuinos en el camino de las alternativas para un proceso de paz transformadora en tanto parte de la sociedad más empobrecida y perseguida.


Estando ante el probable triunfo de un modelo de paz con altas dosis de impunidad para el Estado, con exclusiones que contradicen el horizonte democratizador y de justicia que se anhela; un modelo de transacciones entre aparatos y no de transferencias reales de poder hacia abajo, basado en la sistémica de los textos, en su gramática, en esbozos de lo hasta ahora inaplicado o diferido, a partir de los cuales se dibuja la hipótesis de la voluntad pero no la realidad de una paz estable y duradera, estamos entonces frente a un preeminente juego histórico propicio para al engaño.


Sobre el conducción político-militar centrada en una autoridad y sus facultades, Antonio Gramsci explicaba muy bien en los años treinta del siglo XX, cómo puede llegarse a una situación arbitral y de equilibrio de aspecto catastrófico entre fuerzas políticas, en las que puede darse el caso de un cesarismo (no centrado necesariamente en un César o “personalidad heroica” sino en una conjunción de rivales), cuya intervención puede ayudar en ese sentido a fuerzas conservadoras que arriban a una solución de compromiso no progresiva sino regresiva (Cfr. La política y el Estado moderno. Diario Público, Madrid, 2009, p. 149 y ss.). No sólo se cifran pugnas y arreglos entre Santos y Uribe, posando de Césares con sus respectivas huestes, muy dinámicas en altos niveles de responsabilidad en el mencionado continuum histórico, sino que esa corriente de restauración o reaccionaria intenta encandilar a las FARC y a otros para que sean el elemento de legitimación hacia abajo, el tercer socio, y consolidar con esta guerrilla en trance de desmovilización ese pacto de una paz a tres bandas, con el requisito estatal y paraestatal de impunidades convenientes como denominador común.


Dicho pacto es excluyente, no participan no sólo otros actores, sino que se aíslan otras perspectivas, las que no estén en la misma clave del cesarismo o el orden señorial, como se plasmó en el plebiscito de 1957 marginándose a fuerzas de izquierda, y como se busca sea otra vez tras esta fase post-plebiscito del 2016, y en la recta de unas elecciones en el 2018.


O sea quedarían por fuera en realidad las expresiones cualitativamente distintas, de los sectores populares organizados, de los movimientos sociales con programas de reivindicación de derechos, y en general tejidos de población no apática sino doliente y creativa, activa y propositiva, que en su diversidad está en pos de una recomposición de capacidades, a condición, claro está, de que cese la represión, que el Establecimiento renuncie a la guerra sucia, y puedan hacer política en un marco legal seguro y de garantizada inclusión de sus agendas. Esas mayorías hasta ahora no han sido tenidas en cuenta verdaderamente y por eso el proceso adolece de ese mosaico de voces alternativas, aunque parcialmente sea exitoso en tanto una cierta paz negativa (sólo de un lado, pues sigue la violencia política directa efectuada contra opositores o gentes de izquierda).
De ahí que el resultado después de varios años, en lo mayúsculo, no es nada distinto al formidable propósito de suspender el desangre del conflicto armado, pero no el de solucionar con un básico giro las causas que sí son posibles de abordar. No es por ello tangible hoy una paz transformadora, que surja de un proceso altamente participativo en su forma cuyo fondo represente los diagnósticos y soluciones que esbocen las mayoría sociales a partir de necesidades objetivas que dan sentido o contenido a la democracia, que no es fin sino el medio mismo en el curso del diálogo para ampliar la mirada. Relevante el proceso de La Habana por el corolario de esa paz negativa, críticamente debe señalársele que su solidez y profundización en este momento trascendental, dependería no sólo de cumplir un cronograma de implementación, sino de la inserción activa de quienes abajo han apoyado esas conversaciones pero no han visto realidades de cambio hacia una paz positiva. No hay otra salida más coherente que la que proyecta un mapa de encuentros y resoluciones inclusivas y de justicia en la energía de una solución no de papel sino consecuentemente alteradora del estado trágico de injusticia que vive gran parte de la nación.


8. Mayorías y derechos


La paz con umbrales de justicia y dignidad, ese objetivo grandioso que es fruto de procesos y no de espontáneas declaraciones o de actos de un día para otro, se ha dicho, no puede depender del parecer y la inercia de mayorías. Lo ha apuntado recientemente el profesor Luigi Ferrajoli (http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/FERRAJOLI-PAZ.pdf), al igual que otros académicos. “La paz un derecho contra-mayoritario” expresó así mismo el comandante Timochenko, de las FARC, la misma noche de la derrota del Sí en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, citando a la Corte Constitucional (http://www.pazfarc-ep.org/comunicadosestadomayorfarc/item/3568-la-paz-llego-para-quedarse.html).


Efectivamente, se esgrime en parte con razón en teorías del derecho constitucional y los derechos humanos, que existen categorías pre y post democráticas, también se habla de lo esencial al ser humano y a la convivencia social, sobre entidades de derecho natural, en el sentido que deben estar o permanecer independientemente del voto mayoritario. Se afirma que entre los derechos que no pueden someterse a escrutinio público está, por ejemplo, el derecho a no ser torturado o desaparecido, y también el derecho a la paz. O sea que no porque voten para ello cien millones de personas como mayoría de un país determinado, pueden ser suprimidos derechos fundamentales.


Si bien no puede eliminarse una aspiración y el ejercicio de un derecho elemental como resultado de campañas por el Sí o por el No, siendo cierto que no puede depender de mayorías que en determinados procesos puedan configurar regímenes como el nazi o el fascismo, es más cierto aún que mucho menos puede y debe depender de minorías, que, so pretexto de ser ilustradas por la historia, sin mayor autoridad moral deciden ellas solas actuar y definir sobre el destino colectivo. No puede ser entonces que unas minorías iluminadas impongan unos acuerdos y determinen con exclusión cuestiones centrales en relación con los derechos humanos y la democracia, quedando en la vera millones y millones de seres sintientes y pensantes.


El derecho a la paz, al ser contra-mayoritario, tiene en ese sentido una naturaleza semejante al derecho a la rebelión, que no es una invención de ahora sino un derecho con amparo y comprobación universal. Si el derecho a la rebelión fuera sometido a mecanismos de “consulta popular” bajo las reglas de un sistema que precisamente la rebelión pretende derrocar, y sometido a las lógicas del marketing y la publicidad o propaganda de las elecciones como las conocemos en Colombia, su certamen en las urnas parte con gran desventaja y contaría siempre con una alta probabilidad no sólo de derrota sino de ser apabullado.


El derecho a la rebelión en ese sentido puede nacer como contra-mayoritario, y la experiencia nos ha confirmado que es una lucha de un parto entre soledades cuyo valor fundador de humanidad (Ricoeur) traduce algo así como la Nostalgia de una justicia mayor (retomando testimonios como los de Bertolt Brecht y Albert Camus, entre otros humanistas. Cfr. texto de Antoni Blanch, en Cristianisme i Justicía, www.fespinal.com, 2005). Pero por lo mismo, se le exige en su éxodo y en su transcurso social, ser todo lo contrario: responder a las aspiraciones y conciencias de las mayorías excluidas desde las cuales se explica su ejercicio con fundamento ético-político y como razón provisionalmente histórica (ver el ensayo de Javier Giraldo SJ, en https://www.mesadeconversaciones.com.co/ensayo/javier-giraldo-sj). Al ser más mayoritaria y razonada su vocación en la alteridad (el reconocimiento de otros), la interpelación colectiva del alzamiento lo convierte en contra-minoritario. En este caso contra minorías que son élites del poder.


Así, si la paz no depende ni de minorías que impongan sus acuerdos, ni de mayorías que los refrenden o los rechacen movilizadas por resentimientos, consignas, corrupción o compraventas de conciencias, sino que debe ser un proceso verdadero, más allá de un teórico o formal derecho síntesis, sólo viable en tanto predicamento social mayoritario por los derechos que condensa, su construcción es en sí misma la de consensos establecidos a partir de principios y despliegues de democracia real, es decir popular e integral, en una base multiforme donde radica una potencia constituyente y sus garantías de seguridad, que equivalen hoy día a las de no repetición de crímenes de lesa humanidad.


El concepto de mayorías no sólo se radica en el significado de un número, tras operaciones matemáticas. Más allá de la aritmética supone en sí mismo una tensión social por definición, frente a las estructuras y operaciones políticas, a las que conviene muchas veces que esas amplias mayorías estén marginalizadas o segregadas por fuerza de las relaciones producidas por actores que buscan componendas entre sí y beneficios a sus mesnadas.


Resulta cómodo que esas mayorías no se registren como actores con presión, no cuenten en las decisiones, sigan siendo indiferentes, no se movilicen, sean pasivos en cinturones de analfabetismo político producido y a disposición de partidos, porque al dejar de serlo, al tomar conciencia de su número y calidad, derrumbarían el sistema de pactos funcional a esas élites.


Retomando al comandante del ELN, sacerdote y sociólogo Camilo Torres Restrepo (Escritos escogidos, Tomo I, Cimarrón Editores, 1986, en especial la conferencia en Medellín en 1963 [p. 277 y ss.]), se trataría de que grupos mayoritarios, las clases populares, sean capaces de actuar en tanto mayorías sociales y produzcan decisiones de cambio, como grupos de presión efectivos que transitan a ser grupos de poder, como la democracia auténtica y no sólo formal lo define. Un proceso de paz como el que tiene lugar se justifica no sólo para detener el desangre originado en las acciones de guerra o con su pretexto, sino para que nunca más vuelva a ocurrir ni esa ni otra violencia sistemática y estructural, a gran escala, contra las mayorías sociales desposeídas. Y el actual proceso de paz en ello defrauda mucho, se ha quedado muy corto.
Ahora no son esas mayorías verdaderos grupos de presión, como ya lo formulaba Camilo, y no pueden serlo en realidad por diferentes causas, entre las que podemos contar hoy el terrorismo que contra ellas se ejerce por el Establecimiento, la división que sufren, la falta de conciencia crítica respecto a necesidades y bienes comunes, por la falta de organización o articulación de envergadura nacional, entre otros factores.


El quid no está en reconocer formalmente a esas mayorías la capacidad de votar sino en construir un proceso inclusivo donde tengan sentido y peso dichas facultades verdaderamente colectivas de elegir o ser elegido, y que se proyecte ante todo en las fibras existenciales, materiales y espirituales en la cotidianeidad. No tener obligación de generar ese proceso político, ser políticos recogidos en sus grupos de referencia como únicos competidores, es privar a la mayoría del país del valor o la fuerza del voto útil. De ahí que resulte muy provechoso a esas élites o a minorías que se postulan representativas, no exigirse en un proceso de ampliación, pues al mantener cerrado el juego ejercen en él su control y no arriesgan.


El gran historiador británico Eric Hobsbawn expresó que “los científicos políticos han considerado un lugar común que en los Estados con grandes cifras de ciudadanos sólo una modesta minoría participa de forma constante y activa en los asuntos de su Estado u organización de masas. Esto resulta conveniente para quienes dirigen, y de hecho los políticos y los pensadores moderados han abrigado durante mucho tiempo la esperanza de que exista un cierto grado de apatía política” (Guerra y paz en el siglo XXI, Diario Público, Madrid, 2009, p. 131).


9. Autocrítica: la izquierda apocada


Estando más en las esferas de los disensos coyunturales entre las élites (Santos vs. Uribe) y su instrumental institucional y parainstitucional (como se plasma en las empresas que detentan los principales medios de comunicación y las líneas de opinión que crean), una parte de la izquierda y de franjas inconformes algo organizadas, grupos de víctimas y defensores de derechos humanos, han reducido notablemente su lucidez y sus capacidades críticas y constructivas al cifrarse en esa cuadrícula de arriba y no al desarrollarse en los cuadrantes del antagonismo histórico que debería constituir la conciencia del bloque popular en procesos de democracia real, ciudadanía y emancipación.


Aún con toda la importancia del caso, pues se trataba en el plebiscito de empujar o no ese valorado y valorizado proceso de paz, y actualmente de exigir una implementación cabal de lo acordado en La Habana, las posturas delineadas por parte de esos sectores se ofertaron sin debate y programa político y en ese curso engañoso se continúan empobreciendo hasta hipotecarse en gran medida, extendiendo su confusión al proyectar incluso alianzas con la centro-derecha para las elecciones del 2018, desplazando otras banderas fundamentales, de lo que debería ser la oposición real y de clase popular frente al Régimen neoliberal y neoseñorial.


Así, siendo cardinal por sus empalmes estratégicos ante la expectativa de la desaparición de las FARC como guerrilla y su paso a la política legal, pero no fundamental esa mutación en tanto no está atada su desmovilización a la resolución de amplias y muy graves problemáticas sociales en las que se justificó su lucha rebelde, se indujo inteligentemente el problema del Sí o el No hacia abajo y hacia la izquierda, para una toma de partido en cuerpo ajeno. Una falsa obligación que se explaya todavía con función distractora, como si tal pacificación se tratara en realidad de la perspectiva de una auténtica paz transformadora, que se supone es la plataforma que identifica a fuerzas por el cambio. En ese traslado se entretuvieron con estrechez muchísimas de las energías sociales alternativas, con figuraciones de postración y apocamiento, sin cuestionar un modelo de paz determinada señorialmente, con virtudes indiscutibles pero muy incompleta, con exclusiones.


Esto es explicable a partir de muchos signos como el seguidismo, guiada una izquierda sólo por la cuestión dilemática que atrás se indicó, referida a la necesidad lógica de elegir el mal menor y al impresentable requisito de guardar silencio. No fue extraño sino generalizado encontrar que quienes no debían portar esa contradicción ni sucumbir al chantaje ideológico y político, hicieron suya esa opción, además activa o diligentemente, sin preguntarse por la pugna señorial y los beneficios superiores de esa pacificación para el sistema, sucediendo algo todavía más grave: se adoptó no sólo como propia, sino que se asumió sin una lectura diáfana de los acuerdos, que hubiera resaltado sus claras fortalezas pero también sus evidentes defectos. Por el contrario, abundaron las consignas escuálidas o la flojera intelectual y ética, y no los estudios serios sobre los avances en materias vitales (las mejoras en el campo o en la participación política, en el tratamiento de unos eslabones de la problemática de los cultivos insertos en la realidad del narcotráfico, o frente a algunos derechos de las víctimas). Una gran sordina se impuso frente a los probados terrenos cenagosos como la impunidad de crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, salvaguardada en los acuerdos de La Habana.


Ese conjunto de movimientos y organizaciones de potencia constituyente, desde abajo, que es bien heterogéneo y por lo mismo de una riqueza en propuestas de empoderamiento popular, ha sido afectado sistemáticamente no sólo por la guerra sucia y su impunidad, sino perjudicado históricamente por hondas divisiones o sectarismos, así como por factores de más reciente efecto y de abultada cartera que apuntan por ejemplo a la cooptación de franjas de víctimas y defensores de derechos humanos que han perdido criticidad, efectuada dicha captación por un sistema de poder que predica la reconciliación sin cambios de fondo.


El comandante Fidel Castro ya advertía: “...como en toda batalla, lo mismo sea militar que política o ideológica, hay bajas. Existen los que pueden ser confundidos, y lo son, o reblandecidos, o debilitados con la mezcla de las dificultades económicas... y las podridas ideas bien edulcoradas sobre las fabulosas ventajas de su sistema económico, a partir del mezquino criterio de que el hombre es un animalito que solo se mueve cuando le ponen delante una zanahoria o lo golpean con un látigo / ...pero también, como en todas las batallas y en todas las luchas, en otros se desarrolla la experiencia... multiplican sus cualidades y permiten mantener y elevar la moral y la fuerza necesaria para seguir luchando” (“Una Revolución sólo puede ser hija de la cultura y las ideas”. Discurso en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, el 3 de febrero de 1999, Editora Política, La Habana, 1999, pág. 11).


Es muy fácil igualmente que ante la deseada finalización de la confrontación armada, muchas expresiones se reposicionen y cambien su ideario seducidas por espejismos y mercados diversos del post-conflicto, aun cuando la realidad sea la misma o peor en muchos planos, en materia de derechos sociales y económicos, o simplemente verificando los atentados contra la vida e integridad personal de activistas sociales.


Recientes acontecimientos que han circundado a sectores variopintos ante la derrota del Sí, ante la refrendación en manos de un Legislativo orgánicamente corrupto (salvo muy pocas personas allí), ante la incertidumbre del fast track, ya resuelta positivamente esa vía por la Corte Constitucional, demuestran que si bien se han movilizado para defender la perspectiva de una salida política, siendo todo ello muy laudable, también lo han hecho quedando atrapados en el manoseo y la telaraña de la validación de unas instituciones que son altamente cómplices, operadores o directamente responsables de muchos de los padecimientos colectivos de un país sumido en la injusticia. En todo caso si una fuerza que era rebelde como las FARC ha caído en igual situación, por la lógica de un proceso concebido para una paz hasta ahora no transformadora sino negativa, como Galtung la define, no es del todo sorprendente que expresiones civiles y con escasas aptitudes y actitudes también lo hagan, aglutinadas en la superficialidad de un análisis, con lenguajes y posturas triviales, sin miramientos de compromisos éticos más profundos.


No me refiero al ciudadano medio y su restringido ámbito de referencia, de por sí ya sujeto a una atontamiento propio de productos culturales basura y a la McMoralidad (Cfr. Trabajo de Suzanne S. Hudd en Los tentáculos de la McDonaldización, George Ritzer [Coord.], p. 143 y ss.) sino a una parte de las izquierdas que habiendo contraído un cierto liderazgo a favor del Sí en sinergias temporales con el Gobierno, dejando de lado contradicciones y procesos centrales, no fueron capaces ellas, por el apartamiento, la pleitesía o el ensimismamiento que viven, de atraer e interpretar a grandes franjas que se abstuvieron frente a una votación que las desalentaba. Se produjo la paradoja de que ese contingente amorfo que no votó, inconscientemente ayudó a desenmascarar por un momento la base del Régimen y sus reglas, pues acarreó una tarea y una solución más avanzada o profunda, en tanto lo desnudó señalando cómo la legitimidad que alega el sistema, se fundamenta en una farsa, victoriosa sí, pero farsa al fin y al cabo. En la que un círculo de decisores excluyentes y señoriales del centro-derecha actúan eficazmente como bisagra y surten la fórmula de salvación de un cesarismo no progresivo sino regresivo, teniendo que mirar más a su derecha recogiendo gran parte de su pliego de peticiones.


En ese arrastre de negociación con el uribismo y otras expresiones conservadoras, esa amalgama de hecho entre gente de izquierda o redes que se esparcieron colaborando en el sainete con entusiasmo acrítico y confesamente ignorante (muchísimos, según lo decían y comprobadamente fue así en numerosos encuentros, sin leer los textos) de todo lo pactado, no ha tenido hasta ahora cómo escapar de ese contubernio entre sectores del poder dominante y sus estrategias de largo aliento. Es complicado lo haga mientras siga propugnando sólo por endosar un modelo de paz a partir de sus minutas institucionales, pues siendo importantes por supuesto, por definición tienen ya unos límites aceptados y unos sujetos titulares aceptantes de reglas regresivas en ese marco legal contradictorio. Se supeditan y ralentizan posibilidades de movilizar y movilizarse con otros bajo un modelo complementario que se articule al que se pactó con las FARC, el cual entra ya en una fase de implementación con muy pocos dispositivos inexcusables y todavía pendiente de recortes.


Me refiero directamente a la confluencia que debía haberse producido antes y que no se dio por decisiones conscientes de todas las partes. Tarde y objetivamente difícil, es viable pensar aún que el avance de la Mesa de conversaciones con el ELN, en tanto se permita sea abierta y segura la participación popular, puede acompañar cualitativamente y generar para un conjunto de organizaciones o expresiones sociales y políticas en la legalidad, nuevas condiciones de resistencia, formación denuncia, movilización y acción transformadora a mediano y largo plazo. Obviamente, como ya lo ha advertido su comandancia, sin que tenga que acoplarse esta organización guerrillera a la horma definida por otros. Esto es lo que no comprenden muchos progresistas.


Si no era factible una sumatoria antes de la re-negociación con la extrema derecha, menos puede serlo ahora que se reforzaron unas lógicas de reparto entre élites y unas instituciones inmersas en la corrupción, cuyos recursos y encargos enfocarán en la competencia electoral y en lo más básico de la implementación de acuerdos que adolecen todavía de mucha legitimidad, embargada por demarcaciones o definiciones que ni esa insurgencia ni otros compartimos, como las cláusulas de impunidad para crímenes de lesa humanidad que el Estado ha cometido, o la falta de garantías y compromisos fehacientes de no repetición del terrorismo de Estado y del Establecimiento, pues esa dejadez ha permitido la continuación de la guerra sucia, como se comprueba con el asesinato de líderes sociales. Aparte de todos los otros temas socio-económicos vitales, vistas las políticas de depredación que se están desarrollando con graves consecuencias para los derechos colectivos. Es un craso error creer que la implementación supone una propulsión totalizante y vertical, que supeditará todo y a todos, nos guste o no todo lo pactado en Cuba. No es así porque no todo lo que de ahí se deriva concurre a un torrente transformador. El ejemplo más protuberante es la llamada justicia especial para la paz.


De ahí que sea una intrusión inadmisible, sin autoridad moral y científica (no hay un método primario para deducciones de eficacia con pruebas), lo que propone una parte de esa izquierda o entidades que se postulan como defensoras de los derechos humanos, llevando a que lo pactado en La Habana sea en conjunto extensible automáticamente al ELN y a otros actores políticos y sociales que no han estado en esa Mesa. Una cosa es defender la perspectiva de procesos de paz complementarios. Una paz completa, como el propio Santos lo ha dicho. Esto es un imperativo ético. Pero no lo es hacerlo bajo la lobotomía del pensamiento crítico, con censura o dócilmente, callando sobre reparos u observaciones.


De ahí que preocupe cómo se repite sin pausa que no hay más horizonte que el de acoger la implementación realista de los acuerdos de La Habana y que debe descartarse otro modelo; que la no adhesión es de hecho una oposición a la paz y fortalecer de paso a la derecha más extrema. Comulgan de esa manera con una paz McDonaldizada, barata y pobre hasta ahora en contenidos de cambio, que son sólo una conjetura o cuya cristalización veremos si acaso más adelante y no ahora. Son voces que preconizan, como en McDonald´s, un rápido suplemento promocional de un 2 x 1: que lo pactado con una guerrilla añade a la otra. A la hamburguesa se le agregan por gratuidad o ganga una mini o unas papas. Tal es la versión en la metáfora, de quienes ojeando el volumen o el empaque de lo militar, piensan que lo que se negoció con la más fuerte (FARC), no puede volver a tratarse con la otra organización insurgente (ELN), independiente del todo de la primera y tan ajena como respetuosa de sus decisiones soberanas.


Al respecto debe anotarse como síntesis al menos cuatro cosas. La primera es que quienes defienden lo re-negociado realistamente al aceptar banderas de la derecha y asumieron incluir no sólo el prisma de las disputas entre élites sino tomar partido por una facción en las cúpulas, en verdad han fortalecido a éstas al validar su centralidad o hegemonía cultural y simbólica: compraron evidentemente sus productos y la convergencia actual y futura de sus propuestas de arreglo y salida, surgidas de colisiones entre coaliciones venidas de arriba. Fueron quienes se casaron con lo que diestramente se les trasladó, confundiendo y diluyendo, cuando no rompiendo, iniciativas de mayor contenido.


En segundo lugar, no pueden exigir se claudique en materias no suyas, tan delicadas que suponen contradecir el ejercicio de alteridad y la coherencia ética, como la decisión política de que las/os rebeldes del ELN respondan ante tribunales e instituciones cuya legitimidad no reconocen y menos hacerlo por acciones que corresponden al delito político, a acciones de guerra y al derecho a la rebelión.


Por esa misma razón de una moral posible en la identidad de una insurgencia que debe andar su propio camino de un proceso de paz, que no es apéndice y no se ha comprometido con jurisdicciones de castigo y con mecanismos premiales, no puede obligársele a suscribir políticas como la impunidad o exculpación de estrategias, de estructuras y de altos mandos del Estado o del Establecimiento. Si el asidero ético de la paz es la renuncia a perseguir crímenes de sistema en los que se implicaron como aparatos organizados élites políticas, empresariales y militares, además de otros segmentos, si el precio a pagar es el ocultamiento de esa responsabilidad y sus intereses ¿qué fundamento tienen las promesas de compromisos de no repetición?


Y una cuarta inquietud ya tratada. Entre los argumentos de un Sí y el desarrollo de un proceso de paz que debe ser defendido como perspectiva idealista y civilizatoria, compartiendo forzadamente el mismo lema con sectores del paramilitarismo, empresarios, militares en retiro, medios de comunicación dominantes y una pléyade de políticos corruptos y con antecedentes criminales, está el loable razonamiento que también puede y quizá debe compartirse, de escoger el “mal menor” y no el “mal mayor”, según lo cual vale apoyar sin asomo de dubitación el fin del desangre que trae la guerra. La pregunta es si además hay que agregar a esa partida el costo del silencio, si con ello deben aplazarse críticas o desistirse de observaciones. Si esa es la condición, el llamado mal menor no es mejor opción ética, sería sólo una artimaña por el alto precio en la dignidad de quien renuncia, al dejar que se le imponga un peaje que los del mal mayor no suelen aplicar con esa coartada.


10. Nombrar la realidad


En la dolorosa historia del siglo XX en la que emergieron construcciones que apostaron por un socialismo o humanismo social, opuestas a la dominación ejercida por la lógica del capital, hallamos la profundización de una falsa contradicción entre la pasión por la libertad y la denuncia de la desigualdad. Parecía entonces que no se puede ser libre ahora, no como cada uno escoja en el proceso de su conciencia, sino que sólo había que ser libre después de haber vencido en la historia a la opresión, en la larga batalla que se ordenaba desde aparatos o partidos. Para el capitalismo la consigna fue que la libertad, de quien la pueda ejercer, vale más que la justicia.


En lo que ha venido sucediendo ante el devenir de una paz que todos anhelamos para Colombia, pareciera suceder, como antes, que se dicta la necesidad otra vez de renunciar a lo que la define materialmente como bienes comunes básicos; que una o varias generaciones deben desistir por ahora de un clamor o dejar éste para tiempos futuros; que la justicia (penal ante crímenes de lesa humanidad o re-distributiva ante aterradores niveles de desigualdad que generan hambre y muerte) debe devaluarse; y que la libertad (de pensar y expresar críticamente) debe estar condicionada... todo ese sacrificio para ganar esa paz final. Esa paz McDonald´s, en tanto barata y culturalmente no transformadora.


En el orden abstracto de la política que nos configuró durante mucho tiempo, una polémica resurge del cuestionamiento a los medios escogidos tanto por la revolución como por la contra-revolución. Si hoy ese lenguaje resulta remoto, y lo que se nos actualiza está dado bajo otros nombres y conceptos, no sólo en la coyuntura sino en la encrucijada única y perentoria que hoy afrontamos como posibilidad de un verdadero quiebre histórico, el debate que no podemos dejar de lado concierne precisamente a los medios para construir la paz.


La extrema derecha vuelve y afirma que la paz no puede ser a cualquier precio. Igual proposición ha hecho oficialmente el Gobierno. Y así mismo la guerrilla. Las FARC por ejemplo hicieron que se respetara por encima de más cosas el derecho de sus integrantes a ser elegidos a cargos públicos en un futuro. Por consiguiente ese enunciado en general puede parecer aparentemente idéntico en las antípodas políticas. Ciertamente no puede renunciarse a todo para ser acreedores y deudores de una paz selectiva. Cabe en consecuencia indagar por los fundamentos de justicia que tiene cada proceso y sus programas confrontados. Es un principio de límites que nadie rechaza al estar inmenso en una dialéctica de mutaciones menores y de cambios mayores.


Atrapada con desvarío en la contradicción de élites e institucional, que no era suya sino escogida por el poder, parte de esa izquierda en sus porciones y en sus desniveles, debe dejar de mirarse en ese espejo y recobrar una dimensión histórica de esa dialéctica, superando su estado actual y movilizarse sin que su eje fundamental sea el del reparto Santos-Uribe, no sólo a la espera de votos sino impugnando la lógica que prescinde de la realidad objetiva al hablar de paz. Es decir, rechazando el discurso de evasión, poniendo en la mesa del debate diario los datos que confirman a Colombia como uno de los países no sólo más desiguales del planeta, siendo uno de los más ricos por ejemplo en recursos naturales, que son saqueados, donde la violación de derechos socio-económicos y culturales es manifiesta, sino donde está desarrollándose un nuevo proceso de ataque sistemático contra los movimientos sociales y populares.


Frente a la tradicional forma de engatusar y manipular, siempre en estas décadas han existido expresiones que emprenden procesos de concienciación y formulan diferentes formas de resistencia civil para desenmascarar a esas castas políticas y sus engaños. Ese torrente posible de propuestas múltiples debe ligarse a esa realidad con criterios nacidos del sentir y el pensar desde la alteridad, con formación, no repitiendo slogan o estandartes de promesas de diferentes actores desmovilizadores. Si avanzar a la democratización es un objetivo, el medio es el contraste entre los textos y contextos, sin desdeñar la diferencia entre el enunciado y la realidad. El hecho de conocer, el compromiso con la verdad, como el filósofo jesuita Ignacio Ellacuría lo planteaba, supone no sólo una mirada desde una realidad y un lugar social, sino el suceso complejo de un proceso moral de quien conoce esa realidad y ha decidido con coherencia nombrar víctimas y victimarios de la violencia estructural.


Esto no suele hacerse hoy día, cuando se estiman sobre todo las alianzas electorales hacia el 2018 o únicamente los ritmos de implementación con las pausas y los topes ya preconcebidos apretadamente, con el peregrino argumento que sólo más adelante y en una mejor posición de influencia en las instituciones y comisiones de seguimiento, podrán resolverse esas necesidades sociales y políticas, en otro período. No ahora, no procesualmente ni como derivación de nuevos pliegos surgidos de la movilización desde abajo. Así, las condiciones de lucha por derechos fundamentales, por el ejercicio efectivo de la ciudadanía, quedan más pendientes del éxito de campañas hacia las votaciones o de cronogramas y equipos de trabajo constreñidos, y no de alternativas instituyentes.


Para éstas se requiere volver a elegir análisis y categorías en diagnósticos participativos y vinculantes que supongan una refrendación procesual, que nos posibiliten redescubrir no sólo relaciones opresivas sino concebir soluciones para poner en marcha sin largas y letales esperas, recobrando comprensión de las causas y las consecuencias concretas de la violencia y la impunidad estructurales, no resueltas ahora en su ebullición y sólo medianamente intervenidas en las páginas que contienen los acuerdos de La Habana por cumplir.


Como hemos dicho otras veces citando a François Houtart (v.gr. en Ética Social de la Vida. Hacia el bien Común de la Humanidad, y otros textos a cfr. en Internet) tal aproximación se produce tomando partido desde el conocimiento de las contradicciones y su evidencia, usando el lenguaje o nociones que no encubran el sufrimiento. La elección del análisis previo a la construcción ética no es inocente y a su vez, antes del análisis social, hay un paso de opción preferencial con y desde los empobrecidos y la sobrevivencia de la humanidad y el planeta, que ha de darse explícita o tácitamente. Es la referencia precientífica que lleva a ver el mundo con ojos que no son los de los intereses de victimarios beneficiados de la violencia estructural.


Partiendo de la situación de negación concreta de la vida o victimización real del día a día (ver del profesor Renán Vega Cantor: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=220476&titular=cr%EDtica-a-la-noci%F3n-de-v%EDctima- ), victimización no pasada ni en abstracto, que se produce mientras están suscritos pactos de paz que comprometen, buscando cómo distinguir y empoderar el análisis más adecuado entre actores diversos para una ética sobre mínimos vitales, en un proceso de construcción de paz estable y transformadora, ese recorrido moral y del conocimiento colectivo con diagnósticos incontestables y herramientas objetivas para nombrar la realidad (la niñez muerta de hambre en La Guajira o el Chocó, por ejemplo) nos ayuda a la formulación del Derecho necesario y a las alternativas racionales para el cambio (por ejemplo la persecución en caliente a las redes de políticos y empresarios corruptos), o sea las reformas no maximalistas sino las imprescindibles o elementales (v.gr. la legítima herramienta de destitución fulminante de jefes militares o de policía donde se mate a líderes sociales, medida que de modo libre o discrecional y en pleno derecho y con mando puede automáticamente tomar Santos, lo cual no hace y probablemente no hará).


11. Perspectiva inmediata


Este es el problema inmediato que debe ser develado ya, señalando las responsabilidades por la nueva etapa de guerra sucia. No es una cuestión de las víctimas directas, sus familias u organizaciones. Es del conjunto de la sociedad, de las garantías de seguridad ciudadana y humana para el ejercicio palpable de los derechos de todos y todas, comenzando por las amplias mayorías populares excluidas, que deben ser, para una colectividad en pos de regenerarse, los sujetos fundamentales de recomposición, sin los cuales no hay proceso histórico de verdad, justicia, reparación y no repetición. Por eso se les mata a muchos activistas sociales que encarnan de muchas formas esa impugnación o demanda histórica. Una persona luchadora muerta deja de nombrarla. Así haya afrontado la realidad de mil maneras y otros queden para nombrar por ella. Es imperativo entonces defenderla, salvar su testimonio ahora mismo cuidando su vida y su compromiso transformador en las comunidades ya por mucho tiempo inmersas en lógicas sacrificiales.


Esto es el que desestiman líderes de opinión y políticos de la derecha o incluso de alguna izquierda en una sociedad McDonaldizada, que debe ser combatida con la memoria histórica de los procesos en los que se ha atentado y atenta contra quienes promueven una democracia real. “Fauna de politiqueros” decía Fidel, que posponen para otros los problemas inmediatos en el filo vida-muerte, para cuando haya mejor posición individual (la suya)o de (su) grupo en las instituciones. Para muchos miles necesarios ya será tarde.


En ese orden, el proceso de paz debe ser salvado impulsando un debate que lo haga fuerte, no oponiendo dos modelos de negociación, el que ya se plasmó en La Habana y el que en medio de grandes dificultades deben andar el ELN, el Gobierno y las expresiones sociales que participen, sino oponiendo la realidad o contextos de violación frente a los textos que la regulan. Se olvida a menudo que ya existe una Constitución que en la letra salvaguarda en extenso los derechos humanos. Luego la cuestión no está en la caligrafía sino está primero en la voluntad de protegerlos o no. Esto permite que la centralidad no sea la disputa de Santos y Uribe, y que de su real o fingida reconciliación el país tenga otra apariencia, sino que la batalla civilizatoria es entre su común clase política e intereses económicos neoliberales frente a las aspiraciones de paz y justicia de las mayorías.


En cuanto a la Mesa con el ELN, menospreciada y cercada, proceso muy complicado porque está emplazado históricamente para que en su camino no se cometan más errores sustanciales por parte de las alternativas y sí tenga el Establecimiento que ceder aplicando reformas más profundas, dicha iniciativa debe ser por lo mismo para una paz no gratuita o barata para las élites, ni para rendir acatamiento señorial a quienes violan lo más básico de un Estado Social de Derecho, sino para que haya mejores condiciones propicias para la participación de amplios sectores populares organizados y sus diagnósticos y propuestas. No puede ser entonces un trámite exprés al punto que lo acordado sea de baja calidad, sin que se logren espacios seguros para el desenvolvimiento no armado de los conflictos a solucionar con el diálogo y el consenso.


En lo más próximo, se requiere cuanto antes que el Estado cumpla disposiciones del Derecho Internacional Humanitario, al igual que esta guerrilla, hacer gestos humanitarios y de desescalamiento militar, o cesar ya bilateralmente el fuego y las hostilidades, propuesta hecha por la insurgencia del ELN a Santos y que el presidente Nobel de la Paz sigue descartando con consecuencias graves para casi todos. En un clima de suspensión de ataques y de cumplimiento de una agenda ya suscrita (http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co/Documents/agenda-dialogos-paz-gobierno-eln.pdf), pueden orientarse importantes decisiones constructivas de parte y parte. En los mapas de aproximación social y política que genere ese proceso en cuanto empuje a un gran Diálogo Nacional, es posible tenga otra proporción no sólo la tensión Gobierno - ELN, sino la misma que tan equivocadamente es hoy la guía de muchos: la disputa entre castas del poder de las élites, pues su peso tendrá que relativizarse.


Si es altamente participativo y seguro este nuevo proceso, que no es caprichoso o antojadizo sino que su modelo comporta otra virtud, que es de carácter racional o reflexivo a la vista de la realidad, se entabla por necesidad otra dinámica, que no sólo incorpora retórica y figurativamente al país de abajo reservando esporádicamente sillas para delegaciones circunscritas con mediaciones, sino haciendo en lo posible su cuerpo y su voz en directo, no por basismo, sino para hacer presentes las víctimas de la violencia estructural y sus caracterizaciones, que pongan de manifiesto los fenómenos más agudos posibles de descifrar, en suma los mandatos populares proyectados a raíz del sufrimiento de problemáticas de violencia insoportable, y que están siendo relegados por el exterminio o diferidos en favor de una visión de inclusión que les suplanta, meramente formal y no de construcción de condiciones verificables y objetivas de cambio. Esa Mesa no debe alentar más promesas o hipótesis entonces, sino convertir en conexas y adyacentes las medidas producto de consensos, hacerlas enganches convergentes con los programas de implementación de lo que se comparta como positivo derivado de La Habana.


Los proyectos justificados en ideas sobre la felicidad y la emancipación humana tienen entonces una nueva oportunidad para afirmar valores de coherencia con la justicia, la democracia y los derechos humanos. Es cuestión de tiempo (como muchos procedimientos de estudio, observación y conclusión parcial en las ciencias, incluidas las sociales y jurídicas); es cuestión de investigación, por lo tanto; de aplicar unas reglas básicas que apunten a deducciones e inducciones. Con ellas queda expuesto a verificación cada enunciado, por ejemplo: si hay o no hay impunidad de crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, aseveración que ratifico con respeto, y que de antemano admito puede ser demolida en su totalidad cuando en unos años se demuestre su poca valía. O confirmada quizá en cierta medida al verse cómo ganó terreno con un pacto vergonzoso y una aplicación todavía más fangosa por el Estado.


12. Postales


La paz de mala calidad, barata, negativa, señorial, la paz McDonald´s, es la de la postal de una realidad que una parte de la población colombiana interpreta para relatar y retratar su lugar de sumisión a un orden, o su consciente y activa participación en su mantenimiento. En ella por supuesto la desigualdad o la injusticia no son detalles sino su esencia. Es la foto sobre una idea de Banksy extractada como colofón (https://metrouk2.files.wordpress.com/2013/10/ad11832959816-oct-2013-new.jpg?quality=80&strip=all).


También están otras fuerzas, de esperanza y lucha. De decenas y cientos de postales posibles que la narran, escojo alguna de las que ha hecho llegar la Delegación de Paz del ELN, de la semblanza o las pinturas de Alejandro u Omar, alguien que para su familia vive, aunque su cuerpo siga rehén o haya desaparecido por parte del Estado colombiano (https://twitter.com/hashtag/santosentregueaomarg%C3%B3mez?f=tweets&vertical=default&src=hash).


Que el 2017 sea de avances, entre otros que se sepa qué pasó con los más de 60 mil desaparecidos en Colombia. Así sea.

Carlos Alberto Ruiz Socha, Doctor en Derecho, ex asesor de las FARC y de la Comisión Gubernamental para la Humanización del Conflicto Armado

Publicado enColombia
Lunes, 28 Noviembre 2016 14:53

“Los límites del progresismo”

“Los límites del progresismo”

Los progresismos se consolidaron en el gobierno luego de una década de convulsiones sociales en América Latina: el Caracazo en Venezuela (1989), Inty Raymi en Ecuador (1990), o la Guerra del gas en Bolivia (2003), para citar tres ejemplos. ¿Por qué estos movimientos poderosos creyeron que la opción liberal de la democracia representativa era la solución? Esta es la pregunta que el texto Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo de Raúl Zibechi y Decio Machado, busca desentrañar para encontrar las razones por las cuales potentes rebeliones terminaron reconducidas hacia la gestión de lo estatal.

 

Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo, este texto desnuda los límites políticos, ideológicos y económicos de los llamados gobiernos progresistas, caso Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Brasil que profundizaron el extractivismo en America Latina la última década.

 

En principio, Zibechi considera que en Marx nunca, jamás, se dice que el mundo se puede cambiar desde arriba, desde el Estado. “Somos de los que pensamos que el mundo se cambia desde abajo y que desde arriba sólo se reproduce lo que hay. Y si lo que hay es extractivismo, eso es lo que sigue habiendo”, afirma.

 

El límite político e ideológico de estos gobiernos fue considerar que la clave de la transición de un Estado a otro tipo de Estado consiste en la llegada de nuevos sectores sociales (populares) a los más altos cargos de la administración, como se repitió incesantemente desde el púlpito progresista.

 

Zibechi y Machado afirman que pensar que esos altos cargos están procesando la transición hacia un nuevo Estado, sin tomar en cuenta que muy probablemente sean los núcleos de una nueva clase en el poder (o una nueva burocracia), es tirar por la borda toda la experiencia histórica de las revoluciones del siglo XX. Aquí radica el principal problema ideológico irresuelto de los progresismos: la formación (en su seno) de una nueva burguesía rentista nacida de abajo, “o sea de la capa superior de los movimientos y organizaciones sociales y, en paralelo, la congelación y profundización de la cultura rentista”, antes que el desarrollo de un nuevo tipo de sociedad “socialista”.

 

¿Por qué los movimientos sociales que dieron paso al llamado progresismo creyeron que la opción liberal de la democracia representativa era la solución? Esta es la pregunta que el texto busca desentrañar para encontrar las razones por las cuales potentes rebeliones terminaron reconducidas hacia la gestión de lo estatal, como si lo electoral fuera la salida natural para recomponer las crisis en curso, dicen Zibechi y Machado, es decir, explicar el reposicionamiento del estado y el cierre de los ciclos de luchas que caracterizan los gobiernos progresistas.

 

En el ejercicio gubernamental, los progresismos desarrollaron aspectos comunes: fortalecimiento/reposicionamiento de los Estados, aplicación de políticas sociales redistributivas, profundización del modelo extractivo de producción y exportación de commodities, como base de la economía. Por otra parte, ese modelo extractivo basado en la minería, hidrocarburos y soya, fue la base de la gestión populista, es decir de la legitimidad política y social de los progresismos.

 

Aquí ancla el análisis económico nodal del texto: el progresismo fue incapaz de transformar la estructura productiva y profundizó el modelo extractivo y su principal error fue no tocar a las elites que concentran la riqueza. Este hecho adquiere relevancia a la hora de considerar y pensar la permanencia de la desigualdad en América Latina, acrecentada este último período. El libro contiene datos precisos para demostrar que la desigualdad social, antes que disminuir, aumentó en la región.

 

Más aún, ante la actual crisis económica mundial y la subsiguiente caída abismal de los precios de las materias primas, ¿Qué respuestas nos plantea el progresismo que no deriven en incrementar el (mismo) extractivismo?, preguntan los autores. Ninguna.

 

En estos límites, nuevos movimientos sociales ya están jugando un papel en la deslegitimación de este modelo extractivo, observan Zibechi y Machado, en las distintas movilizaciones sociales que empiezan a inundar las diversas geografías de América Latina.

 

En suma, sostienen que la recomposición estatista progresista fue un paso atrás en las luchas sociales de América Latina. Aquí la entrevista al periodista e investigador uruguayo.

 

P. ¿Por qué el título del libro Cambiar el mundo desde arriba?
R.Z. Porque somos de los que pensamos que el mundo se cambia desde abajo y que desde arriba sólo se reproduce lo que hay. Y si lo que hay es extractivismo, eso es lo que sigue habiendo. Si el mundo cambia abajo, y si el arriba se convierte en obstáculo, hay que “romper el cascarón”, como dice el Manifiesto Comunista. En Marx nunca, jamás, se dice que el mundo se puede cambiar desde arriba, desde el Estado.

 

P. En los antecedentes de los gobiernos progresistas se encuentran un conjunto de movilizaciones sociales que pusieron en jaque al estado neoliberal. Están los movimientos indígenas en el Ecuador, los zapatistas en México, la Guerra del agua y del gas en Bolivia, movilizaciones populares en Argentina y Paraguay. En este marco, ¿qué importancia tiene el Caracazo y qué características tuvo este movimiento donde el pueblo/masa/nación tuvo un rol importante. El Chavismo fue su desarrollo o su neutralización?
R.Z. El Caracazo fue el primer gran movimiento del período neoliberal que nadie convocó y nadie dirigió. Pero a la vez fue el primer levantamiento popular, una verdadera insurrección, en contra del nuevo modelo, y fue exitoso porque sentó las bases para la deslegitimación del pacto de Punto Fijo sobre el que descansaba la gobernabilidad desde el fin de la dictadura de Pérez Jiménez.
El chavismo fue las dos cosas a la vez, y ahí su potencia pero también su dramatismo. Quiso empujar el proceso hacia un fin determinado (el socialismo del siglo XXI) pero al hacerlo lo empezó a encuadrar en ese proyecto, y al hacerlo lo vanguardiza y por lo tanto lo domestica. Pero el principal problema no es ese, de ahí se puede salir. El problema es la formación de una nueva burguesía rentistas nacida de abajo, o sea de la capa superior de los movimientos y organizaciones sociales y, en paralelo, la congelación y profundización de la cultura rentista.

 

P. Si uno observa el cuadro de situación político anterior a los progresismos resalta la cantidad de movimientos populares de resistencia contra el neoliberalismo. ¿Por qué estos movimientos poderosos quedaron neutralizados? ¿Esto no tiene que ver también con la vieja idea reformista que permea la memoria política de las masas en América Latina, la manera populista de encarar la negociación con el estado en AL, de convulsión/estabilización?
R.Z. Puede ser. Pero además hay una débil ruptura con la cultura política tradicional en las izquierdas, que abreva en esa idea de convulsión/estabilización a través del voto. Esto aparece adobado, además de caudillismo, estatismo, y por supuesto de la vieja cultura paternalista heredada de la hacienda y la iglesia. No es nada fácil romper con esto. Una cultura no cambia más que en tiempos largos, no lo hace gradualmente sino a través de turbulencias. La cultura capitalista, hoy lo sabemos aunque antes se podía intuir, nació como consecuencia de una turbulencia apocalíptica, como lo fue la peste negra que se llevó en un par de años la mitad de la población de Europa. Ese impacto dejó huellas muy profundas, en la economía, en la cultura, en la política, y crea las condiciones para la aparición del capitalismo [...].

 

P. Qué son y cómo caracterizar los gobiernos progresistas que dominaron la escena política la última década. Por qué “fin de ciclo”. ¿Por qué la profundización de extractivismo es uno de sus componentes esenciales para la reproducción de su legitimidad?
R.Z. Son gobiernos que se dicen a sí mismos de izquierda o progresistas, aunque algunos intelectuales les llaman posneoliberales. Dicen que llegaron para reducir la pobreza y la desigualdad y promover el crecimiento con distribución de renta. Todo es falso. La pobreza cayó porque había un ciclo de alza de las economías y la desigualdad nunca disminuyó si se toma en cuenta la acumulación del 1 por ciento y no los ingresos salariales de las diversas escalas. Eso quiere decir que la oligarquía cruceña siguió acumulando en grandes proporciones, pero también crecieron otros sectores, lo que contribuyó a crear el espejismo de que se podía mejorar la pobreza sin tocar la riqueza.

 

Si tuviera que definirlos, digo que son gobiernos que administran el modelo capitalista en su fase financiera, o sea eso que llamamos extractivismo o “Acumulación por desposesión”. La única diferencia con el período anterior es que ya no hacen falta las privatizaciones porque la acumulación se da en otros sectores. Otra consecuencia es que profundizaron el capitalismo a través de la inclusión por el consumo.

 

P. ¿El aumento de los precios de las materias primas fue perjudicial para el continente? Esta es una idea que contrasta con el sentido común generado por el progresismo durante la última década.
R.Z. Que te paguen más algo que estás vendiendo no puede ser malo. El problema es qué hacés con eso. Vos vendés papas y quinua en el mercado y ganás muchos más. Bien. Pero si te lo gastás en una tele plasma, en un coche de lujo y en viajar, cuando vuelven a pagarte una miseria estás en el mismo lugar. Otra cosa es si esa ganancia la invertís en mejorar tu casa, en la educación de tus hijos, o en colocar un negocio familiar. Ahí estás abriendo un abanico que te pude mover del lugar que tenías.

 

Eso es lo que ha hecho el progresismo: gastarse todo en el carro de lujo. Hubo cosas muy buenas, como los teleféricos de La Paz que realmente le cambian cosas a la gente, porque destinaba horas y horas al transporte. Pero el empleo sigue siendo precario y mal pago, y así con la mayor parte de las cosas.

 

P. Thompson dice que las clases son porque luchan, no luchan porque son. En esa línea, sostienen que la llegada de nuevas clases populares al poder con el progresismo no es la garantía de ningún socialismo. ¿Por qué este debate no se ha desarrollado en AL. ¿Al progresismo habría que anotarle el rasgo de la desideologización también, de la falta de debate sobre los grandes temas que caracterizaron al marxismo?
R.Z. A los que forman parte de esa nueva burguesía emergente no les interesa visibilizarse sino pasar como luchadores o gestores del proceso de cambio. No admiten el espejo. Y a los intelectuales les pasa algo muy particular, o forman parte de la derecha o han sido comprados y tienen muy buenos ingresos, de más de 5.000 dólares, que ya no les permiten ser críticos. La crítica al poder siempre implica precariedad y bajos ingresos, como le sucedía a Marx. Pero ahora nadie quiere ganar 500 dólares al mes, aspiran a ganar diez veces más, tener coches, empleada doméstica, viajar a todo el mundo, y así.

 

P. Afirman en el libro que el principal error de los gobiernos progresistas fue no tocar a las elites que concentran la riqueza, no hacer reformas estructurales y profundizar el modelo extractivo. ¿Puede explicar esto en cifras? ¿No se luchó contra la desigualdad?
R.Z. En Brasil y en Uruguay, que es donde se han hecho mediciones, el 1 por ciento gana lo mismo o más que antes, no pierde nada y todo indica que ahora con la crisis la brecha se amplió aún más. No tocaron la riqueza porque gobernaron con los ricos, con las multinacionales brasileñas en Brasil, con el agronegocio y las mineras en todo el continente. Lo más que han hecho es incrustarse en esa burguesía a partir de negocios más que turbios, como ahora se destapa en Brasil y como siempre fue en Venezuela donde los cuadros bolivarianos tienen acceso privilegiado a la renta petrolera.

 

P. ¿Por qué el extractivismo genera una sociedad sin sujeto?
R.Z. ¿Cuál era el sujeto de la vieja minería en Bolivia? Los trabajadores de las minas, que vivían en grandes campamentos de miles de mineros, en lugares apartados y en condiciones muy duras tanto en su trabajo en el socavón como en la vida cotidiana. Por eso dormían, como se decía, con el fusil por la almohada, porque ahí estaban los milicos y los patrones para reprimirlos. Eran el sujeto natural del modo de producción.

 

Ahora, ¿Cuál es el sujeto en los campos de soja o en la megaminería multinacional? Son emprendimientos que casi no necesitan trabajadores, la minería ahora funciona como las plataformas petroleras, emplean muy poca gente y de modo rotativo, en lugares distantes y casi sin contacto entre ellos. Los camiones que recogen el mineral de cobre en Chuquicamata no tienen choferes, son a control remoto. Los sujetos estaban vinculados al modo de producción pero ahora los sujetos que nacen son externos a la producción, como las mujeres víctimas de feminicidios que están muy relacionados con el extractivismo, los afectados ambientales, los precarios urbanos, y así, ninguno está en la producción.

 

P. Y se vino la crisis económica por la abrupta caída de los precios de los commodities que ha desnudado los límites de la economía de los gobiernos progresistas, al mismo tiempo se observa una recomposición de los movimientos sociales, “como síntoma de las grietas abiertas entre gobiernos y sociedades”. ¿Puede ampliar este cuadro de situación de recomposición de la sociedad en movimiento?
R.Z. Aquella sociedad en movimiento dejó de estarlo y los viejos movimientos ya no serán los mismos. Es otra etapa. Lo que estamos viendo ahora, desde junio de 2013 en Brasil, es algo nuevo, completamente nuevo. Tanto que aún no tenemos las palabras para nombrarlo.

 

¿De dónde venimos? De una fenomenal cooptación de los movimientos. Primero del período neoliberal, cuando se crearon los modos de cooptación de las mujeres, los indígenas, los sectores populares, etcétera, a través de instituciones nuevas por arriba para integrar a la elite, y de políticas focalizadas para controlar la pobreza. Pero esa bolsa se descosió por abajo, porque la crisis fue tan potente que no pudo contener a tantos pobres.

 

Después vino la cooptación progresista, mucho más sólida y abarcativa, integró no sólo dirigentes sino movimientos enteros, hizo políticas sociales mucho más amplias pero no reconoció derechos universales, y realizó muchas obras. Pero el modelo extractivo sumado a la caída de los precios, están empezando a filtrar nuevas protestas que ya no pueden contener. Aquí podemos decir que la vanguardia son las mujeres, porque el modelo actual genera feminicidios que ya no son la violencia machista tradicional sino un genocidio contra los que sobran en este modelo, y una parte de ellas son mujeres. El modelo se sostiene con la proliferación de servicios armados, desde militares y policías hasta guardias privados, lo que ha multiplicado la población en armas, donde se reclutan los violadores y asesinos.

 

Otro sector, igualmente contestatario, son los jóvenes, porque al igual que las mujeres no tienen futuro en este tipo de sociedad, más que como vendedores a 800 bolivianos por mes, de lunes a lunes, 11 horas por día. Es igual que el feminicidio: esto ya no es explotación por extracción de plusvalía, sino esclavitud- O sea, acá sólo podés ser guardia armado o esclava/esclavo, y empiezan a rebelarse a ese destino.

 

P. En este contexto: ¿Qué respuestas plantea ante la crisis económica y política que vive América Latina, que supere el extractivismo y nos plantee nuevos tipos de sociedad?
R.Z. Pero para superar el modelo extractivo hay que derrotar al 1 por ciento y a sus aliados, los medios concentrados, los políticos de derecha y de izquierda, y los milicos. Hay que desalojarlos del Estado, desarmarlos de sus medios y de sus armas, pero además hay que derrotarlos culturalmente, y eso pasa por romper con la cultura consumista que despolitiza y nos hace conservadores. No se llega al mundo nuevo en carro y hablando por iphone, se llega sólo si asumimos una forma de vida muy austera y estando dispuestos a poner el cuerpo en el intento. Así y todo, nada es seguro.

 

P. Afirman que “la recomposición estatista progresista fue un paso atrás y que el punto de referencia debe ser siempre el grado más alto alcanzado por la lucha social y nunca aquello que es posible conseguir. Lo posible es siempre el Estado, el partido, las instituciones existentes” como parte de la cultura política predominante. ¿Es posible tener otras referencias de transformación que no sea el estado y los partidos?
R.Z. Tenemos toda una historia de vida y de luchas de los sectores populares que apuntan en otra dirección que no es ni el Estado ni los partidos. Si no revivimos esa historia, la que va de Túpac Katari a los mineros y los campesinos, que desarticularon el colonialismo y el gamonalismo, hicieron la revolución del 52 y deslegitimaron el neoliberalismo, si no revivimos ese estilo de vida, que va mucho más allá de una política, entonces no estamos en condiciones de seguir en esto.

 

Entre nosotros se fue imponiendo una cultura de lo fácil, facilismo le llaman en Venezuela a la cultura del no trabajo, de la renta. En todos los marxismos hasta ahora, el socialismo era fruto del trabajo, no del reparto de la renta. Porque el reparto se puede hacer una vez, vos te reapropiás de la tierra una vez, después hay que trabajarla. Lo mismo con las fábricas, con todo. Entonces, estamos ante una cultura que no valora el trabajo, y es por lo tanto funcional al capitalismo actual. Se valora lo que se consume, la marca, la ostentación de la moda, de lo nuevo, pero no se valora el trabajo. En la política, es igual, se valora el cargo, el destaque, por eso los progresistas aparecen en los mismos lugares que los burgueses y ostentando. Eso es pan para hoy y hambre para mañana.

Publicado enEdición Nº230
Boaventura de Sousa: “Hay que repensar cuanto antes la política de izquierda”

La política de izquierda hay que repensarla cuanto antes. No es fácil, en algunos países es muy difícil porque los partidos de izquierda generaron un sectarismo interno que liquida la disidencia. Quien tiene una posición crítica es echado o silenciado. Es necesario repensar la lógica de partido como tal. Los partidos, de ninguna manera, pueden tener el monopolio de la representación, hay que encontrar otras formas desde la democracia participativa, de los ciudadanos, de los movimientos sociales, tienen que tener una palabra fuerte de la renovación política: Boaventura de Sousa



Boaventura de Sousa Santos es autor de varios libros, entre los que se destacan Epistemologías del sur y Hacia una sociología de las ausencias y de las emergencias; en ellos cuestiona la epistemología occidental dominante y los contextos culturales de la “producción y reproducción del conocimiento”. Parte de sus aportes académicos han estado orientados a acompañar diversos movimientos sociales latinoamericanos. Lanzas y Letras y la Fundación Rosa Luxemburgo retoman este diálogo dado en el cono sur sobre el panorama político de América Latina, las izquierdas europeas y el análisis de perspectivas organizativas cimentadas desde los movimientos populares.


¿Cómo se ven las organizaciones sociales latinoamericanas desde Europa?


En Europa tenemos otra noción del territorio, porque Europa se ha aprovechado del saqueo, de los recursos naturales. Ahí tenemos otros problemas, no solo la explotación capitalista sino la dominación colonial y patriarcal. En Europa el colonialismo no surge por el territorio sino por el racismo, ahora más con todos los inmigrantes y refugiados; es una vergüenza, es lo peor de la trayectoria colonialista de Europa.


Los movimientos sociales a veces excluyen el colonialismo; con el movimiento de Los Indignados (también llamado Movimiento 15-M por las protestas en España desde 2011) hicimos reuniones en España y Dinamarca, y nos dimos cuenta que los movimientos de lucha contra el capitalismo rara vez incluyen a los inmigrantes, y mucho menos a los que buscan asilo político; son invisibles, son los otros ausentes, son los indígenas de Europa, no son considerados como sujetos políticos. En Europa tienes el racismo como forma de colonialismo combinado con capitalismo y naturalmente con patriarcado. En América Latina, en India y en África el problema es por territorio, claro que hay otros problemas como el de las mujeres o la economía informal, pero la cuestión del territorio surge porque realmente es un problema planetario.
Este neoliberalismo es de raíz financiera, pero busca la especulación con una forma de acumulación primitiva. Como decía Rosa Luxemburgo, esa es una constante del capitalismo, no una fase del capitalismo, y hoy se manifiesta con el saqueo del territorio mucho más intensivo que el colonialismo, porque la maquinaria que no existía en el tiempo colonial permite hoy saquear los recursos de una manera más intensa: despojo, desplazamiento de poblaciones, expulsión de la gente. Estuvimos en Mozambique y en Zimbabue y es lo mismo, pero con diferentes perfiles. En África no tenemos el problema indígena, porque todos son indígenas, por así decirlo. En cada país la tierra funciona de manera distinta porque el colonialismo fue distinto. En América Latina la independencia fue obtenida por los hijos de los colonos, en África son pueblos originarios los que conquistaron la independencia, son problemas distintos.


¿Qué posibles diálogos pueden existir entre las izquierdas europeas y las de América Latina?


Parte de mi trabajo los últimos 10 años ha sido en la crítica radical a las izquierdas europeas para refundarlas, reinventarlas; por otro lado, aprovechar todas las energías que surgieron en este continente los últimos 15 años. Hubo una izquierda que se mantuvo con un carácter genuino de búsqueda de socialismo; la gran mayoría, sobre todo los socialdemócratas, se vendieron al capitalismo, a la llamada ‘tercera vía’, en el caso del Partido Laborista inglés. En Alemania es un desastre porque prácticamente la izquierda no existe. Los socialistas que están en el poder no ofrecen ninguna política novedosa para Europa, los socialistas alemanes son los que han sido más duros con los países del sur de Europa, con la izquierda de Syriza en Grecia, por ejemplo. Eso es muy difícil de entender. Pero ahí viene la renovación desde dos factores: el primero es que los jóvenes que estaban formados para la política socialdemócrata, que no contribuye en nada a ninguna perspectiva socialista o poscapitalista en Europa, pasaron algún tiempo en América Latina con los gobiernos progresistas de Venezuela, Bolivia, Ecuador, también Brasil, y aprendieron mucho de este continente, aprendieron no solo a mantener la idea del socialismo del siglo XXI, sino también formas de democracia participativa. Esto fue lo que de alguna manera pasó a ser utilizado por los jóvenes inconformes con los socialdemócratas, por ejemplo en España con los consejos de ciudadanos de Podemos, con algunos problemas que se pueden discutir; también está Syriza, una trayectoria propia de una disidencia del partido comunista; por la misma línea está el bloque de izquierda en Portugal. Son partidos que están buscando reinventar la izquierda a través de alianzas e interconocimientos que han sido originados en América Latina.


Europa realmente no tiene nada que enseñarle al mundo, tampoco puede aprender por la tradición colonialista que tiene, pero algunos jóvenes como Los Indignados, entre otros movimientos, han intentado aprender con la experiencia latinoamericana. El problema con estas experiencias es que muchos partidos se olvidaron de la renovación política debido al modelo de desarrollo que se seguía, el único que lo intentó fue Hugo Chávez, pero de una manera muy carismática; ya sabemos que todo poder carismático depende del líder, y cuando el líder se va el poder se queda en vacío. Así pasó en Venezuela por la debilidad de las instituciones y los movimientos sociales, toda la movilización de izquierda vino desde arriba, al contrario de lo que pasó en Brasil y Argentina.


En este momento estamos en una fase de reflujo en América Latina y en Europa con algunas novedades, por ejemplo, el hecho de que en Portugal en este momento tengamos un gobierno de izquierda donde el partido socialdemócrata ha abandonado la tercera vía y se ha aliado con los comunistas y con el bloque de izquierda, donde está la izquierda socialista que es luxemburguista. Entonces está el aprendizaje desde el sur y el temor a la derecha revanchista, o a la extrema derecha como en Polonia, Hungría, Alemania. Ante el temor a la extrema derecha, la izquierda se está uniendo; por eso es que tenemos este gobierno en Portugal, por el temor de tener cuatro años más de una derecha totalmente revanchista que quería destruir todo lo que habíamos conquistado en los últimos 40 años.


De acuerdo a tus textos, tienes críticas al Estado-Nación y a la vez aprecias la construcción de un ‘Estado plurinacional’ en países de América Latina. ¿Qué saldo organizativo proyectan estas experiencias? Frente al actual giro conservador, ¿cuál es tu balance de la relación Estado-movimientos sociales?


La política de izquierda hay que repensarla cuanto antes. No es fácil, en algunos países es muy difícil porque los partidos de izquierda generaron un sectarismo interno que liquida la disidencia. Quien tiene una posición crítica es echado o silenciado. Es necesario repensar la lógica de partido como tal. Los partidos, de ninguna manera, pueden tener el monopolio de la representación, hay que encontrar otras formas desde la democracia participativa, de los ciudadanos, de los movimientos sociales, tienen que tener una palabra fuerte de la renovación política. Hay que crear otras figuras políticas, eso es algo que está por hacer. Por otro lado, pienso que casi todos los gobiernos se vendieron a un modelo de desarrollo que acompañaron con una incidencia histórica que pareció muy buena pero que al final fue desastrosa.


El hecho de que la avanzada de los precios internacionales coincidiera con estos gobiernos y que pudieran tener alguna plata, sin cambiar la estructura de poder, sin cambiar las jerarquías sociales, sin cambiar la estructura de clase, sin cambiar el Estado, que podía generar alguna redistribución social, con algunos casos significativos como el de Brasil donde más de 45 millones de personas salieron de la pobreza... eso no se puede olvidar.


El costo social fue muy grande para los pueblos indígenas y campesinos, no fue un sistema sostenible porque estaba basado en los precios internacionales, no se luchó para que hubiera, por ejemplo, una reforma fiscal. Los ricos siguieron sin pagar impuestos y vemos que su plata está en los paraísos fiscales. Si esa plata pagara impuestos tendríamos salud para todos, educación de buena calidad. Esta izquierda va a tener que refundarse, básicamente porque la que hubo en la última década no es sostenible, después de la crisis interna en algunos casos hubo corrupción, con todo lo que puedas imaginar, por eso exige una renovación. En algunos países van a surgir partidos nuevos, en otros no es posible pero quizás hay partidos que se van a refundar. Algo dramático tiene que ocurrir. A menos que la derecha revanchista sea tan revanchista que gobierne de una manera tan desastrosa que los gobiernos de izquierda puedan volver rápidamente sin reconstruirse, ahí podemos tener un periodo de estabilidad a corto plazo.


Desde las ciencias sociales hay abordajes que obturaron el diálogo con los procesos sociales comunitarios que asumieron su opción por los gobiernos progresistas, con términos como “populismo”. ¿Qué desafíos quedan de este diálogo entre saberes académicos y saberes populares, conceptos que trabajas durante tu trayectoria investigativa?


Esos términos en América Latina son parte del debate, porque ya había una trayectoria en ese sentido. El concepto de ‘progresismo’ debería ser una cosa positiva, pero ahora es una mala palabra para muchos compañeros y colegas de izquierda con quienes tenemos algunas divergencias. El populismo en América Latina, sobre todo en Argentina, un patrimonio intelectual debido al trabajo de Ernesto Laclau, no se ha aceptado mucho fuera de Argentina, porque no es una buena hipótesis para hablar de lo popular.


Lo nacional-popular es una posición que toma un gobierno por ‘los de abajo’ y que tiene algún respeto por la soberanía nacional; pero allí puede haber fascismo y también clases de abajo, por eso se puede hablar de lo nacional-popular como se pudo hablar en Bolivia con el libro de René Zabaleta Mercado. Hablar de populismo se transformó en una manera de estigmatizar la izquierda por parte de la derecha, entonces cuando se dice que la derecha es populista es un elogio para ellos, no les molesta que les llamen populistas, cuando dicen que la izquierda es populista es para decir que la izquierda no es creíble. Ahora, todos los intentos por mejorar la vida de la gente, de defender derechos, son considerados populistas. El populismo es una trampa, se volvió en contra de quienes crearon la teorización del populismo. Discutí con Ernesto Laclau y con Chantal Mouffe (intelectuales posmarxistas) que nunca fue un significante vacío sino un significante vaciado, yo por eso prefiero los significantes dudosos, mejor lo nacional-popular que el populismo.


¿Qué opinión te suscita la coyuntura colombiana en el marco de las ‘pedagogías de paz’ para darle fin al conflicto armado que aqueja al país hace más de medio siglo?


Desde los años 90 empecé a trabajar en Colombia, me apasiona. Fue un periodo de tanta violencia... pero también de mucha creatividad de los movimientos sociales. Durante un proyecto en el que estaba mataron a 15 padres jesuitas del CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular); a cada momento que matan a un cura otro movimiento surge, con otra gente, por los derechos humanos. Es fabulosa la energía del país. Los movimientos sociales son la esperanza de Colombia, hay un Congreso de los Pueblos que está siendo representado en varios países. Hay que hacer pedagogía de paz como alternativa contrahegemónica porque el presidente, Juan Manuel Santos ya hizo su pedagogía de paz, que es sacar a la guerrilla para profundizar la minería. Para mí simplemente es así.


Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), por su naturaleza política, hicieron un proceso de negociación muy cerrado en La Habana (Cuba), sin gran participación popular de las comunidades. El ELN (Ejército de Liberación Nacional) es distinto, quiere que sea un proceso de más participación social, de asambleas populares, movimientos sociales; no sé si lo va a lograr, pero la idea de una pedagogía de paz contrahegemónica me parece importante, no solamente para Colombia sino para todo el continente, porque vamos a tener guerras de baja intensidad que ya están emergiendo, y “baja” entre comillas en muchos territorios, porque se trata de masacres de pueblos indígenas, entre otros.


La afectación del nivel de vida en Argentina ha sido considerable tras el cambio de gobierno, al igual que la represión. ¿Qué retos enfrentan las organizaciones sociales que están en la oposición? ¿Cómo se puede dar la discusión de los “derechos que se perdieron”?


El gobierno de Mauricio Macri entró a hacer una ruptura con todo el periodo anterior, esto creó perplejidad entre los movimientos, se quedan paralizados sin saber cuál va a ser el contexto político, sin claridad de cuáles son los aliados, enemigos o adversarios. Aquí surgen muchas diferencias, pero también hay avances. Hace un par de años, por ejemplo, la cuestión indígena no se discutía en Argentina, ni negros ni indios. Hoy en día al menos se reconoce que son invisibles y están marcando una agenda a partir de su exclusión, que como digo normalmente, son exclusiones radicales; en sus territorios no hay derechos porque hay apropiación violenta, muerte y saqueo. Es difícil, porque a veces viven en zonas remotas que los pobladores urbanos no conocen. Lo más importante de los encuentros de organizaciones es que se conozcan, que estén intercambiando ideas.


Yo creo que hay que recuperar los derechos. No hay una zona de derechos en nuestras sociedades coloniales sino, insisto, una zona de no-derechos, de gente que está en zonas de despojo, de violencia, de apropiación. Frantz Fanon, un gran teórico que me gusta bastante, le llamaba “zonas de no-ser”: no existen. Ahora entra un gobierno de derecha que dice que los trabajadores tenían demasiados privilegios, y que hay que rebajar todos los derechos, en Portugal fue así, a punto de intentar eliminar lo que llamamos ‘la concertación social’, que es negociación colectiva de contratos, como están haciendo en los Estados Unidos, contratos individuales entre el patrón y el empleado, un fascismo sobre la forma contractual, porque son dos personas que no tienen el mismo poder; si no acepta las condiciones del patrón, ¿qué va hacer? Tenemos que ver que esos derechos tienen que ser recuperados, no hay otra forma de luchar por eso, y eso es muy difícil porque el capitalismo financiero que tenemos hoy logró transformar el trabajo en un recurso global, pero prohibió la posibilidad de un mercado global de trabajo: los sindicatos no se pueden unir, los trabajadores no se pueden organizar, hay federaciones mundiales pero no hay eficacia en ninguna en este momento. Cada vez hay más trabajadores pero cada vez menos identidad obrera; sin embargo, Argentina tiene mucha, estuve en una universidad creada por sindicatos, la única en el mundo que conozco. El sindicalismo está vivo, dividido por cierto, pero están intentando ver que realmente se necesita más unidad. El problema es cuando olvidamos los derechos de los indígenas, cuando no diferenciamos las clases sociales y se homogenizan las lógicas de las diferentes luchas, en sus diferentes tiempos y con sus diferentes alcances.


¿Cuáles son los resultados de los talleres realizados en diferentes partes del mundo como parte de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales?


Han participado diferentes intelectuales comprometidos, que son minoría, porque la mayoría son movimientos diversos. Ha sido significativo que las personas hablan de manera abierta, y nos damos cuenta de las diferencias y de las convergencias, hablan sin tutela ni conocimientos privilegiados. Los talleres son una manera muy simple de contribuir a una visión más amplia entre movimientos, se invierte tiempo y dinero porque tenemos como objetivo un cambio político, transformador, emancipador. Es importante que la gente vea que detrás de esto no hay grandes organizaciones, por eso las síntesis que hacemos son novedosas, porque dependen de los contextos específicos.


*Publicado originalmente en Marcha.org.ar y en Lanzas y Letras

Sergio Segura / Marcha
11 noviembre 2016 0
el autor es Sergio Segura @comunhc Periodista e investigador.

Publicado enPolítica
Miércoles, 26 Octubre 2016 10:08

La razón de la sinrazón

La razón de la sinrazón

Pasó pronto la sensación de tristeza del día siguiente al del plebiscito, mezcla de sorpresa y desconsuelo. Hoy el panorama luce un tanto diferente. No hay más preguntas sobre el resultado. Del lado del gobierno, como era previsible, un reacomodo con la nueva carta que le proporciona el Nobel de Paz; su preocupación está puesta más que todo en la inminente imposición del programa de ajuste económico que comienza con la presentación del proyecto de reforma tributaria. En cambio, del lado de la izquierda y de las organizaciones sociales, que en su abrumadora mayoría promovieron el sí, la recuperación es más inquietante.

 

La reacción inmediata por parte de algunos fue tan simplista como desafiante: no vamos a entregar los logros democráticos de los acuerdos de La Habana por una exigua ventaja del No de alrededor de cincuenta mil votos; ventaja tan aleatoria que con un poco menos de abstención –por ejemplo en la costa Caribe, donde es evidente que la lluvia y las inundaciones debieron limitar la participación– hubiera podido ser al contrario. Algunos días después la argumentación puramente reactiva se había transformado en justificación tranquilizadora: la votación por el No, podía atribuirse, descontando el puñado de seguidores del Centro Democrático, al engaño que esta ultraderecha había logrado con su campaña publicitaria. Las declaraciones de su jefe de campaña, Luis Carlos Vélez Uribe, bastaban para comprobarlo.

 

Recientemente, se han intentado explicaciones un poco más sofisticadas. Al igual que en otras latitudes, los resultados plebiscitarios no hacen más que revelar la profunda crisis histórica de la democracia representativa. Desde luego, esto equivale a reconocer como un funesto error el haber aceptado el plebiscito como mecanismo de refrendación. Pero no importa. Siguiendo el viejo y conocido lugar común según el cual toda crisis encierra una oportunidad, bastaría con atender lo que las mismas fuerzas de la historia nos están indicando: es la hora de intentar un salto cualitativo. El Acuerdo de La Habana, que debe ser respetado en su integridad, se ha convertido ya en un punto de partida para una transformación profunda. El camino es la Asamblea Nacional Constituyente por la paz. ¡Es impresionante la capacidad que tienen algunos para hacer coincidir la línea del “progreso histórico” con su línea política!

 

Los enigmas de la actual movilización por la paz

 

El análisis de la historia, sin embargo, debería brindarnos otras explicaciones. Lo que realmente ha cambiado el panorama, al menos en lo referido a las sensaciones y sentimientos, son las enormes movilizaciones, principalmente juveniles, desarrolladas en todo el país, los días 5 y 12 de octubre; en esta última fecha, por cierto, con una reveladora participación indígena. La consigna agitada describe muy bien su propósito: ¡Acuerdo de paz ya! Evidentemente, es una reacción, hasta cierto punto desesperada, frente a la “sin salida” creada con los resultados del plebiscito y frente a la posible dilación, la cual podría conducir a un abandono de la negociación, con los riesgos de violencia que ello implica. ¿En qué medida es una crítica a la llamada clase política? Probablemente, y dado el componente juvenil, hay mucho de eso, pero en la práctica su alcance es limitado. Se les exige, a los negociadores, que no se levanten de la Mesa hasta que se firme el acuerdo, y que lo hagan lo más pronto posible. En todo caso, lo más significativo es la tensión puesta de manifiesto entre el plebiscito y la movilización, entre la democracia electoral y la democracia callejera. –Aunque es obvio que en este caso la disputa de legitimidades no puede saldarse aquí estadísticamente, es decir, con números, la verdad es que tampoco da para salidas de hecho. Otra cosa hubiera sido en la circunstancia de que las movilizaciones hubiesen antecedido o acompañado la campaña plebiscitaria.

 

La explicación de esta singularidad se encuentra en el marco político en el cual se ha presentado la tensión. Basta con examinar la línea narrativa que recorre todas estas manifestaciones de protesta y exigencia: simplemente el reclamo de paz frente a la realidad de la guerra. En nombre de las víctimas que, como se ha repetido hasta el cansancio, deben “estar en el centro”. Todos debemos arrepentirnos de nuestros errores (¿de intolerancia?). Lo que se impone es un ejercicio de perdón y reconciliación. Por eso lo que menos importa es el contenido del acuerdo. Muy explicable, pero con ello se esfuma el reconocimiento de las causas del conflicto, es decir la comprensión de lo que está en juego en estas negociaciones, y hace que las manifestaciones se orienten en un sentido problemático.

 

En efecto, se ha operado aquí un doble desplazamiento. De una parte, la negociación, se ha desplazado de la contradicción Farc-Gobierno a la aparente “polarización” Santos-Uribe. De otra, el escenario de la paz ha pasado de La Habana a Bogotá, con lo cual, peligrosamente, de llegarse a un acuerdo sobre el contenido del Acuerdo entre estos “polos”, las Farc quedan como un tercero cuya posición puede ser vista con los ojos de quien va a juzgar con toda severidad cualquier respuesta negativa como expresión de intransigencia y terquedad. Es el resultado lógico, como se verá más adelante, del marco que se impuso a lo que debió haber sido una salida política negociada del conflicto armado.

 

Pero el plebiscito sigue ahí...

 

El tipo de movilizaciones en curso, no están, pues, muy lejos de lo que nos indican los resultados del plebiscito. La abstención, que superó el 60 por ciento, fue ciertamente muy alta, pero, en principio, dada la tradición electoral colombiana, no debería sorprendernos. Es más, así había sido previsto por los promotores del plebiscito en La Habana que se cuidaron muy bien de modificar los requisitos, reemplazando el umbral de validez por uno de aprobación de tan sólo cuatro millones y medio de votos. Si acaso, tendría que explicarse la fracción de abstencionistas que en esta oportunidad superó la “normalidad”. Probablemente, bastaría con reconocer dos componentes, uno involuntario, ocasionado por los factores climáticos ya mencionados y otro voluntario atribuible a que esta vez no operaron, por falta de incentivos, en toda su capacidad, las conocidas maquinarias clientelistas.

 

En general, los determinantes de la abstención son los mismos de siempre. Y no es poco lo investigado y escrito sobre este fenómeno, que ciertamente no es una característica original de Colombia. Pero no es necesario detenerse en este punto y mucho menos explayarse en una disquisición sobre los rasgos estructurales de la democracia burguesa en crisis, cuando la coyuntura nos está exigiendo un análisis concreto. La democracia electoral no es, o no debería ser, la expresión por excelencia de la participación popular; es más, como régimen político no es otra cosa que una expresión de la dominación sobre los trabajadores y en general sobre los sectores populares. Pero sí es un indicio de las condiciones en que se encuentran estos últimos y del clima político existente en tal o cual coyuntura y así debe ser tomado. En serio. A veces la participación electoral indica un descontento y una voluntad de cambio que debe ser valorado aunque sólo sea para su transformación. O si no, qué otra cosa nos muestran las victorias de Chávez, Correa, Evo Morales o Lula. Es impensable, porque sería indigna de los intelectuales orgánicos de la izquierda, la actitud cínica de validar la democracia sólo “cuando nos sirve”. Y a veces los plebiscitos han jugado un papel fundamental en el desenlace positivo de ciertas situaciones políticas como, para mencionar apenas un ejemplo, el que se realizó en Chile en tiempos de Pinochet. Por eso han convocado una alta participación. Lo cierto, lo verdaderamente importante, es que hoy en Colombia, a juzgar por lo sucedido, para la población esta consulta, y en contra de la publicidad, no representaba un hecho histórico. No pudo vencer ni el rechazo ni el escepticismo. Ese es un dato de la realidad política que estamos obligados a tener en cuenta.

 

Un principio de explicación se encuentra en la forma como hemos llegado, después de más de cuatro años de negociación, a este momento decisivo. Anteriormente hemos hablado de solución política negociada del conflicto armado. Pues bien, esto es justamente lo que no ha estado presente en el imaginario político del país. Contrariamente a lo que se suele argumentar, más con el deseo que con la razón, el proceso ha sido conducido, de manera abrumadora, por el establecimiento. Santos y Uribe por igual. No es cierto, como se dijo en las elecciones presidenciales pasadas, que si bien compartían el enfoque de política económica neoliberal se diferenciaban en el tema de la paz. En este enfoque también han estado de acuerdo; la diferencia, exagerada por razones político-electorales, es de puro pragmatismo. Para ambos se trata del sometimiento de un grupo criminal que si bien ha sido debilitado militarmente, conserva una capacidad significativa de destrucción y desestabilización. Para Santos, a diferencia de Uribe, había llegado el momento de poner fin a la amenaza a través de una negociación porque los costos del enfrentamiento bélico ya eran superiores (e inconvenientes desde el punto de vista del modelo económico) a las ventajas de una posible pero lejana rendición del enemigo. Tal es el significado de la expresión “paz imperfecta” que terminaron por aceptar hasta los demócratas y progresistas, todos partidarios del Sí, lo cual equivale a que el referente de perfección es la rendición o sea el mínimo de “concesiones” para las Farc. Es el contenido de las discusiones sobre la “impunidad” y lo que es peor, de las reclamaciones actuales, al parecer aceptadas por la mayoría de los movilizados, de “perfeccionamiento” del Acuerdo a través de los “ajustes” al famoso texto de las 297 páginas.

 

¿Hasta qué punto se ha visto como una resolución histórica?

 

Esta es la realidad innegable. No existe un clima, un ambiente cultural, una sensación de cambio histórico que debería, en el plano de la teoría, suceder a la inminencia de la finalización de un conflicto armado que hunde sus raíces en lo más profundo de la historia del país. Ni siquiera como sucedió con el Frente Nacional, o con la Asamblea Constituyente a principios de los años noventa. Por eso es tan grave la ignorancia o la omisión deliberada de las causas del conflicto, para no mencionar la referencia a la resistencia campesina que sólo está en boca de algunos pocos. Es cierto que no podíamos esperar que los militantes de las Farc fuesen recibidos como unos héroes, pero tampoco es admisible, ni justo, que terminaran convertidos en un grupo de criminales cuyo único destino tenía que ser el arrepentimiento y la búsqueda de perdón. –Para quienes se preocupan de la “impunidad”, por cierto, habría que decirles que, así como están las cosas, ya han recibido un castigo, uno que ya ha sido excluido de muchos ordenamientos constitucionales, el escarnio público que es lo peor que le puede suceder a una organización política–. Y lo que es más importante. Para que este desenlace de la confrontación militar fuese un hecho histórico tendría que haberse planteado un juicio de conjunto. Un juicio de las relaciones de poder que han existido hasta hoy. Es verdad que la izquierda, en general, insiste en una caracterización como ésta; sin embargo, por desgracia, lo que se impuso como narrativa y condiciones de la pugna política ha sido la otra. Cuando se habla de víctimas, por ejemplo, se refiere, en la práctica a las “víctimas de las Farc”. La estrategia paramilitar, de la cual son sólo una expresión los grupos paramilitares, parece haber quedado en un pasado olvidable, como si la ley de sometimiento de Uribe hubiese sido la primera cuota del esfuerzo de paz.
En fin, el acontecimiento que estamos viviendo y que condujo a la consulta ha quedado como un simple trámite para el desarme de un grupo armado ilegal. Pese a la magnificación que han intentado tanto Santos como las Farc. El primero para vender la idea de paz (nacional e internacionalmente) indispensable para la atracción de inversión extranjera y de la “ayuda” de la comunidad internacional tan necesaria en épocas de crisis. Y las Farc, seguras, ellas sí, del significado histórico, para ponderar las virtudes del acuerdo cuyas potencialidades democráticas, a su juicio, solamente necesitarían del esfuerzo ulterior de los movimientos sociales. La realidad, sin embargo, es tozuda. La idea de la gran transformación histórica no ha convencido ni siquiera a la mayoría de los votantes por el sí. No fue posible vencer el escepticismo, sobre todo el de quienes creen que todo es una nueva mentira y nada va a cambiar.

 

 

 

Las razones ocultas del No

 

Son, pues, estas circunstancias del contexto político las que explican también buena parte del voto por el No. Es cierto que el Sí triunfó en las áreas rurales, especialmente las más afectadas por el conflicto, y el No en las grandes ciudades con la notable excepción de Bogotá. Pero no es una constatación propiamente tranquilizadora. La reacción rural no forzosamente corresponde a una comprensión del hecho histórico, en los términos en que acabamos de proponerlo, sino más bien al desgaste producido por tantos años de dolor. Salvo algunas contadas excepciones, es posible que tal reacción se acerque a la actitud de quienes piensan que es preciso intentar la paz, de una vez por todas. Como sea. Pero más revelador aún es el hecho incontrovertible de que, rural o urbano, el número de votos por el No haya sido tan alto. Sin ninguna consideración pragmática y corriendo el riesgo de una prolongación de la guerra. Algo tiene que haber en la mentalidad del pueblo colombiano. La campaña publicitaria del Uribismo (por cierto menos poderosa, en un hecho sin precedentes, que la propaganda oficial y de muchas empresas nacionales y extranjeras) debió incidir en alguna medida, pero ¿qué razones hicieron que cayera en un terreno fértil?

 

Dadas las circunstancias mencionadas, es claro que incluso la motivación del Sí era débil. Basta releer las declaraciones de los políticos y las columnas de muchos de los que consideramos demócratas y progresistas. ¡Queremos desarmar las Farc! Como sea. Aunque tengamos que “tragarnos algunos sapos”. Pero la mayor contribución al No, la hizo la campaña oficial del Sí. En efecto, Santos presentó siempre, hábilmente, el voto afirmativo como un respaldo a su gestión de Gobierno. Escaso efecto tuvo la campaña desesperada de la fracción del Polo que acuñó la consigna “plebiscito Sí, Santos No”. De manera que la oposición terminó canalizada por el uribismo. Y éste, a su vez, tuvo la inteligencia de confundir sus críticas al Acuerdo con las críticas a las políticas de Santos.

 

Muchos de los temas ni siquiera estaban en el Acuerdo, por lo menos como puntos fundamentales. Tal el caso de la “ideología de género” que se apoyaba, más bien, en la ridícula disputa de las cartillas. O la amenaza de la reforma agraria que, en realidad, tenía que ver con la aplicación de la Ley de víctimas y restitución de tierras. Y lo más impactante en relación con los temores de los trabajadores: la reducción de las pensiones que tiene que ver, en verdad, con el anuncio de comenzar a gravarlas, y los incrementos de impuestos que no demoran en decretarse por cuenta de la reforma que se acaba de presentar. Casi no hubo tema de la política económica y social, pasada y futura, que no se le cargara a la cuenta del Acuerdo. Entre tanto, Santos mentía descaradamente, pregonando que el fin del conflicto traería un escenario paradisíaco. La única excepción ha sido el asunto de la “impunidad”, que no hubiera tenido tanto éxito si no fuera por las circunstancias en que se propuso la negociación. En términos pedestres, una discusión sobre el tamaño del “sapo”.

 

El revoltillo, bien organizado, tuvo éxito. Entró en sintonía con los fundados temores de los sectores populares. No se tiene en cuenta, por supuesto, que ya existe una enorme crisis fiscal; el recorte del gasto público y el incremento de los impuestos se atribuyen falsamente a la necesidad de “financiar a las Farc”. Y Santos no está interesado en corregirlo. Lo peor es que la dilación tiende a dar la razón a Uribe en la medida en que ya se están viendo claras las amenazas. Así las cosas era difícil vencer el escepticismo. Y lo es todavía.

 

Hacia una recuperación de la política

 

En fin, utilizando el socorrido tópico, podríamos concluir que los retos que se nos plantean no son pocos. Así como hay una real fatiga con la violencia, que ha dado lugar a una de las mayores movilizaciones de los últimos tiempos, también es cierto que hay una mentalidad que, superficialmente, puede calificarse de “derecha”. Desde la época de Uribe, con sus grandes manifestaciones y sus no despreciables volúmenes de votación. Una ilustración es el rechazo al imaginado engendro del “Castro-chavismo”. Probablemente influye la desastrosa situación en que se encuentra Venezuela, que para los colombianos no es un simple rumor lejano. No es tan generalizado como se cree pero toca un aspecto que, para quienes seguimos buscando una transformación radical de la sociedad, resulta fundamental. Se trata de la necesaria ideación de una posible alternativa social y política.

 

Porque, en realidad, la mentalidad descrita no está exenta de complejidad. No falta allí el rechazo frente a muchas de las características del actual modelo económico. No sería extraño encontrar muchas personas que, simultáneamente, rechazan y enfrentan la gran minería o el latifundio; la especulación financiera o la precarización laboral; las múltiples discriminaciones o la crisis del sistema de salud, y hasta la política económica. Es por eso que el uribismo, al igual que en su momento el fascismo, se presenta, en los discursos, como una derecha populista. El problema consiste, entonces, en que estas personas, que pueden ser muchas, no logran reconstruir en su conciencia el modelo que habría de rechazarse. Y mucho menos alcanzan a representarse la imagen de un orden alternativo. Pero no es imposible. Se trata de retomar los hilos de las resistencias, locales, parciales, individuales, para tejer un amplio movimiento que, abandonando el reivindicacionismo egoísta, esté en capacidad de redefinir la política. Es, entre otras cosas, una condición imprescindible de cualquier proceso popular Constituyente. El punto de partida, eso sí, es una simple y coloquial recomendación: ¡Por favor, no nos digamos mentiras!

Reza un grafiti: “No sólo de paz vive el hambre...”

El Nobel a Santos aplazó cambios de gabinete que estaban listos. En Colombia la paz arma lío, “preocupa, el discurso del Sí arranca con limitaciones de audiencia”, advirtió un artículo, en nuestra edición anterior. Visto en profundo, el resultado del plebiscito ya suma dos capítulos: en 2014, Santos también perdió la primera vuelta. Ahora repite, con desprestigio y crisis en el poder. A su vez, la izquierda deja desnuda, una grieta con la gente. Con distancia en la opinión, ¿desde 1991 o 2002?, el actor insurgente lleva a cuestas, un ancho margen de impopularidad. Y la abstención indica, el desprestigio de la politiquería, pero no significa un triunfo con eje organizable.

 

Cómo ...remendar el temporal retorcimiento/de un entorno popular, voto silvestre/permeable a la derecha
y su contagio.
Cómo ...nutrir afinidades que trastoquen el asueto/y liviano aumento de las bases,/sin acople ni grosor de mayorías auténticas.
(Turbulencia y víspera. O.R.R.)

 

Hace poco, en mayo de 2014, Óscar Iván Zuluaga venció al Presidente en la primera vuelta, de su reelección. Sin sacar aprendizajes ni acudir al [...] análisis más exacto, objetivamente comprobable, de la correlación de las clases y de las peculiaridades concretas de cada momento histórico*, la izquierda y el activismo salieron del paso. Con la idea fija, de que la reelección victoriosa de Santos, tuvo como artífices del momento definitivo: a la izquierda y “la paz con Mesa en La Habana”, a galope en el supuesto “tenemos pueblo, mayoría”. Convencido en esta hipótesis, el círculo cercano de Gustavo Petro hizo lobby para reclamar un ministerio. Y no faltaron espontáneos, como en las corridas. Más que con retardo, como por no dejar, Clara López, con soporte en la imagen del Polo, resultó Ministra del Trabajo. Ante el «No» del Plebiscito, flota una pregunta en el ambiente: En su consistencia y dinámica, ¿qué mejoró en la izquierda y sus partidos, desde aquel junio 2014? El resultado adverso al Sí, ¿es sólo una sorpresa secundaria o, hay debilitamientos?

 

En este marco, inconformes de Colombia votaron por el No, y también, inconformes dijeron Sí. Otros inconformes, anularon su voto o no respondieron al llamado institucional. Situación ésta del país, de la correlación política y su desventaja, en que ningún inconforme es superior a otro, aunque por ahora..., no existe un liderazgo suficiente, legítimo y con potencialidad para convocar a todos. Sin tomar el toro por los cachos, Iván Orozco –intelectual, activista y exfuncionario nacional de los derechos humanos– anticipaba en sus conversaciones, que las encuestas “ponían en ventaja al Si, para bajar la guardia de los activistas por la paz”. En verdad, estamos en ausencia de un sujeto social, con iniciativa de gobierno y de poder propio.

 

Plebiscito y crisis de desprestigio del poder

 

Timochenko dijo a Caracol el 12 de octubre: “fue hasta bueno que hubiera sucedido esto... ayuda a corregir la metodología y a presentar sencillo el objetivo de paz”.

 

De poco sirvió el carrerón final en la Mesa (Ver: “Acuerdo final Gobierno-Farc” con interrogantes, editorial de la edición anterior). Cuando los festejos de Nueva York, Cartagena y La Habana aún no apagaban luces, ante el atónito de muchos, hace años no ocurría en Colombia la coyuntura o momento buscado por la izquierda: una crisis de gobernabilidad con efectos en el prestigio del régimen y la cohesión del bloque de poder.

 

Momento que asomó en la tarde del domingo 2 de octubre, cuando el Presidente quedó grogui y habló al país, acompañado del equipo de negociadores con las Farc. Fue patente que decían cualquier cosa para calmar las aguas. Sabían que el triunfo del No, ponía en aumento una crisis de gobernabilidad. En efecto, las medidas por aplicar ante su proyectado triunfo, quedaron postergadas en lo económico, político, militar e internacional. Es el caso, de una reunión en Cartagena que Santos suspendió. Nada menos que con el Fiscal de Estados Unidos, un delegado del Departamento del Tesoro, otros cuatro fiscales de esa nacionalidad y, el Fiscal Martínez Neira, que tenía el propósito de detallar la forma de encausar a las Farc por lavado de activos..

 

Crisis de gobernabilidad con agrietamiento del régimen. Obvio, cuando la contraparte uribista ganó más espacio para atravesar palos al gobierno. Fácil ante la incertidumbre en el qué hacer y la mayor pérdida de la imagen oficial, por efecto de la alta abstención y el desconocimiento a la gestión del Gobierno en La Habana. Con ofensiva en el nuevo escenario, saltó el Centro Democrático con imagen de cogobernar con respecto al conflicto y actor de ‘diálogo nacional’. Asumió un tono conciliador ante el país y las mismas Farc. Una iniciativa de amnistía para la guerrillerada y un “no queremos la guerra...”. Proceder que despreviene a una parte del país, y que obligó a Santos a radicalizarse.

 

Así, el Gobierno anunció que el cese de fuegos iría sólo hasta el día 30. Su efecto fue el que buscó Santos: hacer creer que al fin de mes, las hostilidades prenderían de nuevo sus fogonazos y sollozos. Con esta jugada, el Centro Democrático queda de nuevo con el balón en su cancha: debe concretar sus negativas y reformas con los Acuerdos de La Habana. Y no solo esto. También tiene que favorecerlas en el Congreso, para que las negociaciones Gobierno-Farc no lleguen a romperse. Temor que aborda a la opinión pública y señalaría un culpable, ya no tanto en las Farc –cuña que Santos usa para apretar a su otrora jefe y aliado.

 

Situación y factores de crisis, percibidos con preocupación y puntualidad por parte de la comunidad internacional y su debate por valijas, y por la ONU –bajo presión de tiempo, 8 de noviembre, día de la elección en Estados Unidos– no ajeno al acomodo último, o, a la acción de mantener el Premio Nobel.

 

Rectificación necesaria por parte de la izquierda

 

...no sólo con angostas atarrayas y tarimas/de oradores con oficio/y cada grupo aparte,/granizo y goterones escarlatas/sin soldador de todos los fragmentos,/añade otro difícil. (Turbulencia...)

 

En este tire y afloje con efectos hacia 2018, irrumpen los jóvenes bajo un interrogante más de fondo, ¿palpita en la nueva generación la decisión de ir hasta donde sea necesario? De inmediato exigen que la paz no quede refundida y haya respeto al cese bilateral de fuegos. Queja en común, con los impulsores del Sí. ¿Y qué es necesario, desde un sentido de ruptura de la naturaleza oligárquica del régimen y su intento de legitimar otro peldaño de 20-30 años? Ahondar la crisis del propio régimen, es la respuesta.

 

Tomar iniciativa en procesar con emplazamientos locales y cabildos y plazas tricolores, la exigencia de demandas que vayan más allá de los propios Acuerdos –en su caso, quienes aúpan el No, demandan revisarlos–, como son: 1. congelar el paquete legislativo de la reforma tributaria, 2. defender un aumento del salario mínimo –equitativo con necesidades básicas–, 3. levantar la bandera de un “estatuto de oposición” con garantías para la autonomía de los movimientos sociales, atento a formas de corrupción y cooptación, y 4. poner en marcha acciones de alerta –informativas y de neutralización social– frente al riesgo latente de una contraofensiva de los poderes nacionales y sus afirmaciones regionales con instrumentos de derecha extrema. Un desafío que de conjunto –ante las incapacidades de la izquierda–, parece un tanto distante.

 

Infortunadamente, parece más predecible que los sectores oligárquicos, aun con la fractura del bloque de poder que cruza, se salgan con la suya, y conjuguen un acuerdo que les tranquilice las aguas.

 

Paz ingenua..., Paz tricolor..., paz blanca (política) de Mesas..., paz de militante..., etcétera., y la paz que busca Colombia, tiene adjetivos. En todo caso, hacen falta territorios con un ordenamiento nuevo, inclusión y tiempo; para avanzar de manera cierta, en una paz mayúscula, de creación colectiva e integración primera del mapa colombiano.

 

Con el Eln en Mesa, queda en la calle y en debate abierto, un itinerario de participación social para lograr una paz mayúscula, con ¡Otra democracia, Sí!

 

Cómo salir de esta ...larga defensiva y despego con el pueblo/que postergan/la inmediata alternativa.
(Turbulencia...)

 

* Cartas sobre táctica. V.I. Lenin. p. 5, primer párrafo. Editorial Progreso. 1972

 


 

Recuadro 1

 

 

 


 

Recuadro 2

 

 

 

Publicado enEdición Nº229
¿Cómo le ponemos un alto al viraje político a la derecha?

Esta es una cuestión que la gente de izquierda y centroizquierda ha estado preguntándose por algún tiempo ya. De modos diferentes, la pregunta se hace en América Latina, en buena parte de Europa, en los países árabes e islámicos, en África austral y en el noreste asiático. La pregunta es de lo más dramática porque, en muchos de estos países, esto sigue a un periodo donde hubo virajes significativos hacia la izquierda.


El problema para la izquierda son las prioridades. Vivimos en un mundo en que el poderío geopolítico de Estados Unidos está en constante decadencia. Y vivimos en un mundo donde la economía-mundo está reduciendo seriamente los ingresos del Estado y los personales, de tal modo que los estándares de vida de la mayor parte de la población mundial están cayendo. Éstos son los constreñimientos de cualquier actividad para la izquierda. Constreñimientos que la izquierda así no puede afectar.


Crecientemente, hay movimientos emergentes que hacen su llamado denunciando a los principales partidos políticos de centro. Estos movimientos llaman a promover políticas transformadoras radicalmente nuevas. Pero hay dos clases de tales movimientos: uno que podríamos llamar la versión de derecha y el otro la versión de izquierda. La versión de derecha podemos hallarla en la campaña presidencial de Donald Trump en Estados Unidos, la campaña contra las drogas de Rodrigo Duterte en Filipinas, el partido Ley y Justicia en Polonia y muchos otros. En cuanto a la izquierda, la prioridad número uno es evitar que tales movimientos tomen el poder del Estado. Estos movimientos son básicamente xenofóbicos y excluyentes y utilizarán su control del Estado para aplastar a los movimientos de izquierda.


Por otra parte, existen movimientos de izquierda que también se han estado organizando sobre la base de políticas transformadoras radicalmente nuevas. Éstas incluyen el intento de Bernie Sanders de obtener la nominación demócrata a la presidencia de Estados Unidos, el intento de Jeremy Corbyn de retornar al Partido Laborista británico a su respaldo histórico hacia el socialismo, Syriza en Grecia y Podemos en España, y muchos otros. Por supuesto que cuando estos movimientos se acercan a la obtención del poder, la derecha mundial (de corriente dominante o la que es radicalmente anti-establishment) se une para eliminarlos o forzarlos a modificar sus posturas de modos importantes. Esto fue lo que ocurrió con Syriza.


Así que esta segunda prioridad tiene sus limitaciones en sí mismas. Se ven forzados a volverse otra versión de los partidos de centroizquierda o social demócrata. Esto tiene una función: limita el daño a corto plazo para los estratos más pobres, minimizando el daño. Pero no ayuda a la transformación.


El objetivo de mediano plazo de establecer un nuevo sistema-mundo que sea relativamente democrático y relativamente igualitario requiere acciones políticas de otro tipo. Requiere que en todas partes se organice desde el nivel más abajo de la política y de ahí ir construyendo alianza hacia arriba, en vez de que se baje a partir del poder del Estado. Éste ha sido el secreto de la fuerza reciente de los movimientos antiestablishment de derecha.


Lo que hará posible que la izquierda establezca un sistema sucesor de nuestro actual sistema capitalista, ahora en decadencia definitiva, es una habilidad para combinar la política de alianzas de corto plazo que minimizan el daño que los presupuestos apretados le hacen a los estratos más pobres, una fiera oposición a que el control del Estado lo obtengan los movimientos antiestablishment de ala derecha, y la continua organización de la izquierda mundial de abajo hacia arriba en lo político. Esto es muy difícil y requiere una claridad constante en el análisis, opciones morales firmes para la clase de otro mundo posible que queremos y decisiones políticas tácticas con sabiduría.


Traducción: Ramón Vera Herrera

Publicado enInternacional
El PDA, ¿convertido en un cascarón electoral?
Las pugnas al interior del Polo Democrático Alternativo (PDA) lo han acompañado desde su nacimiento. La que hoy la afecta lo tiene al borde del fracaso. ¿Qué hacer para que realmente la izquierda construya un proyecto más allá de los intereses inmediatos de cada uno de los grupos así autodefinidos?

 

 

Sorprende, cuando menos. Mientras en Colombia vivimos tiempos de variaciones decisivas en el escenario político, tiempos en que la movilización social será cada vez más protagónica y más decisiva, la izquierda partidista aparece –una vez más– dividida y enfrentada, con indigencia en las ideas e indiferenciación en sus prácticas frente a las formaciones políticas tradicionales. Ausente también de su cotidianidad, un espíritu ejemplar capaz de suscitar entusiasmo en un pueblo de pueblos que desde hace tiempo clama por liderazgos colectivos que reúnan capacidad, imaginación, compromiso real y decoro.

 

Este desteñimiento del PDA, revela que la mayor parte de sus liderazgos están enzarzados en sus ambiciones personales, en el horizonte electoral del 2018, lo que les impide comprender y actuar de manera unida en un momento decisivo para la paz y la democratización del país.

 

Enconamiento

 

Aunque las contradicciones que estancan al Polo tienen una larga historia, las más recientes están potenciadas desde el mismo momento en que Clara López aceptó integrar “El gabinete del posconflicto”, actuando como Ministra del Trabajo.
El enfrentamiento entre tendencias al interior de la formación amarilla, larvado unas veces, enconado otras, ascendió a un nuevo nivel como expresión solapada de quién encabezará la campaña electoral del 2018: la ahora Ministra o el senador Jorge Enrique Robledo.

 

El debate estalló alejado de elaborados argumentos, o de una profunda reflexión sobre el panorama nacional, afincado, en cambio, en aquello que podemos denominar una “política de trincheras”. Es decir, una política donde no prima la cooperación u armonía de intereses al interior del Partido, sino un principio de autoayuda, en el que cada tendencia y/o político piensa en su propia supervivencia y el logro máximo de sus intereses y objetivos, sean personales o políticos.

 

Esto parece una obviedad para el realista que considera que la política siempre ha sido así. No obstante, para jóvenes aprendices de ella, con interés de construir a través de la democracia y con los partidos y movimientos que añoran alternativas para este país, tal realismo no sólo es una confirmación de los peores presagios, sino un llamado a liderar el cambio de estas dinámicas políticas.

 

La última jugada, en este enfrentamiento largo tiempo soterrado que ha convertido el PDA en una formación partidaria con los mismos vicios de los partidos tradicionales, y la misma ausencia de comunicación con la población, consistió en el nombramiento aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional de una directiva compuesta por Álvaro Argote como Representante Legal, y Gustavo Triana como Secretario General, con un Comité Ejecutivo integrado, además, por tres voceros políticos: Jaime Dussan, Alba Luz Pinilla y Antonio Peñalosa.

 

De esta manera, a través de una alianza con el samperismo –aún presente a través de la influencia que conserva Samuel Moreno Rojas desde su lugar de reclusión– el Moir aseguró el control del Partido, así como la nominación presidencial de Jorge Enrique Robledo para el 2018.

 

Todo a media luz. Si proyectamos que Clara López perseverará en su propia candidatura, podremos ver, una vez más, la penosa división de la izquierda electoral, quebrando un Partido que nunca esclareció, ni asumió responsabilidades –ante sus bases y ante el conjunto social– por el penoso suceso de corrupción que lo manchó, en cabeza de Samuel Moreno Rojas y hermano.

 

En algún momento habrá que aclarar: ¿Cómo llegó Samuel y su partido al PDA? ¿Quiénes defendieron su gestión hasta última hora, afirmando que se trataba de una persecución mediática de la derecha? ¿Cuánto daño ha causado el samperismo a la izquierda?

 

Opacamiento

 

En medio del fuego cruzado, hasta ahora el Partido ha logrado mantenerse unido sin imponer mayorías a ultranza, así como también ha conservado la dignidad ética en el caso del concejal Venus Albeiro Silva. Así y todo, el panorama del 2018 se aproxima sin que exista aún una alternativa de país que cautive al pueblo colombiano, como sí lo logran los éxitos de Catherine Ibarguen, Yuberjen y Figueroa en los Olímpicos, o Nairo en la vuelta a España.

 

Lejos de las luchas sociales. El PDA aparece, mayoritariamente, entonces, como un conjunto de barones electorales, con huestes de votantes unidos a los dispensadores de puestos o contratos. Una izquierda autodenominada como “oposición”, pero que actúa, pese a ello, igual en su trapicheo y en el comercio de votos que las formaciones políticas tradicionales, sin lograr encarnar ninguna diferencia en los valores ni en su práctica política.

 

Así, el PDA, que se construyó sobre la base de tendencias y simpatizantes, deja lejos de sus dinámicas cotidianas y de sus estructuras de gobierno interno a un conjunto de liderazgos de base, personas que brillan por su merito, por su labor juiciosa, por su conocimiento directo del país real, con capacidad para brindarle respuestas eficaces –con base en la participación–, a las necesidades inaplazables de las comunidades.

 

Pese a este potencial, es con votos clientelares como se miden las fuerzas dentro del Partido, casi siempre como primer y único criterio, de ahí que sean éstos hoy en día, en esa charla de pasillo de quién le da el voto a quién, los que tienen a más de uno contando y tranzando con otros, antes que argumentando. Por supuesto, en la democracia éste ha sido uno de los principales criterios de mérito identificados para dirimir las diferencias, esto es preferible a optar por el dinero o linaje como sucede en otros partidos. La crítica acá es que la discusión última sobre el liderazgo dentro de la organización siempre se dirige al plano de los votos clientelares, como viene sucediendo desde su mismo IV Congreso. Cada tendencia y persona tiene claro cuáles son sus intereses, y con base en ellos se resguarda y sale a atacar para conservar sus expectativas para el escenario electoral de 2018.

 

Lo anterior no es excepcional. En el mundo entero la política sufre un alejamiento de las poblaciones producto de su sumisión al poder del dinero y su incapacidad de refundar las prácticas políticas para construir lo público al margen del Estado, fortaleciendo la capacidad de autogestión comunitaria.

 

Ocurre que se está requiriendo lo excepcional. En un país que ha asistido por años al cegamiento de la vida de miles de liderazgos sociales, es necesario formar una nueva generación de liderazgos en los que la juventud, por su honestidad, su capacidad y su audacia, ocupe un lugar principal.

 

Después de mucho intentarlo, el Moir logró vencer y controlar el PDA, en una alianza con personajes que encarnan una práctica política duramente cuestionada por sus zonas de penumbra ética; pero el PDA hace rato aparece como un cascarón dispuesto para las luchas electorales, un cascarón vacío de cualquier espíritu y contenido de alma popular, incapaz de enamorar al país en un escenario de posacuerdo armado, post-Farc, post-Santos y ¿post-uribismo?

 

En estas condiciones, ¿cómo avanzar hacia la construcción de una alternativa popular-nacional, mientras la preocupación fundamental de los dirigentes es por ganar el control de un cascarón, o por tener la satisfacción por el “éxito” logrado en las elecciones, por el honroso tercer lugar que permite acceder a un Ministerio.

 

Es urgente

 

Ante esta realidad, intentando conectar con la sociedad, con sus mayorías, es claro que requerimos renovar lo hoy existente. Necesitamos liderazgos que estén dispuestos a dialogar, y que no sufran los graves rezagos conceptuales de un mundo que atraviesa una fase en la que se decide la continuidad de la aventura de la vida en el planeta, un tiempo en el que emergen formidables respuestas a la pregunta: ¿Cómo habitar la tierra de otras maneras?

 

Liderazgos con valores que van mucho más allá de los sombreros que tengo en el armario, o las acciones en los clubes de elite, y los apartamentos que figuran a nombre de mi familia, o de mis socios clandestinos.

 

Liderazgos con una visión reflexiva de lo que significa la democracia, interesados en superar los métodos clientelares, mediante la deliberación, para alcanzar un piso de igualdad en oportunidades que reconstruya esta nación moldeada por la guerra y sus señores. Bajo este horizonte, la situación dentro del PDA es un ejemplo de lo sucedido dentro de la izquierda, donde los movimientos y partidos nos hemos preocupado más por satisfacer nuestra propia vanidad y orgullo de llamarnos “verdaderos revolucionarios”, o de mantener determinadas dignidades o maquinarias políticas, antes que conectarnos con las necesidades e intereses de la gente que sufre las consecuencias de gobiernos retardatarios.

 

Es por ello que no sólo necesitamos que se elija un presidente para el PDA, que en 2018 la izquierda logre salir unida o que se materialice el sí en el plebiscito. Para transformar este país necesitamos soñarlo de otra manera, y trazar senderos conjuntos hacia ese sueño. Necesitamos gestar una comunicación alterna a la imperante. Un Estatuto de Oposición que garantice la vida y el accionar a la diferencia. Una Ley de Medios, la eliminación del Servicio Militar Obligatorio y del Esmad, la renegociación de los TLC, la implementación plena de los Acuerdos de La Habana, una paz completa, educación pública gratuita, de calidad, una educación que privilegie de manera decidida la dimensión formativa, y el acceso al lenguaje como dimensión principal en la recreación de nuestras realidades, profundizar en la comprensión y la multiplicación de las economías solidarias, volver a la tierra, a su cuidado y curación, revalorar la dimensión femenina, el entendimiento cotidiano entre los vecinos, entre los diferentes, entre los iguales, entre todos y todas.

 

Y en este esfuerzo, ojalá, dentro de quienes queremos cambiar este estado de cosas, logremos aprender de estos errores, dando pasos ciertos, aquí y ahora, para el logro de estos fines. Con argumentos, esa es la política que puede cambiar “nuestra dirigencia”, y sacarnos del fango de las pugnas de poder dentro de nuestras organizaciones, que nos margina de la cercanía con la gente y el cambio.

 

* Integrante del Comité Ejecutivo del PDA

Publicado enEdición Nº228