El Salvador: la "limpieza" judicial del presidente Bukele refuerza su deriva autoritaria

El fin de semana el mandatario destituyó, con el apoyo del Congreso, a cinco jueces de la Corte Suprema y al fiscal general. Y no descarta seguir removiendo funcionarios.

 

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inició el fin de semana lo que denominó una "limpieza de casa" destituyendo, con el apoyo del Congreso, a cinco jueces de la Corte Suprema y al fiscal general. Ante el rechazo unánime de organizaciones civiles, organismos internacionales e incluso el gobierno estadounidense, Bukele adelantó que planea seguir removiendo funcionarios. "Al ser depuestos de sus cargos estamos hablando de que se configuró un golpe de Estado. Esta decisión elimina los últimos controles que quedaban para el ejercicio del control político del presidente y nos deja expuestos a graves violaciones a los derechos humanos", expresó en diálogo con Página/12 Eduardo Escobar, director ejecutivo de la ONG Acción Ciudadana.

La primera medida adoptada el sábado por la nueva Asamblea Legislativa, donde los aliados de Bukele tienen 61 de 84 escaños, fue destituir a los cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y nombrar inmediatamente a sus reemplazantes, en una clara violación a la legislación nacional. La Sala había rechazado varias medidas presidenciales relacionadas con el manejo de la pandemia al considerar que vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía.

"La Sala les hizo saber que los decretos que suprimían y limitaban derechos fundamentales debían ser promulgados por la Asamblea Legislativa, en aquel momento con mayoría de partidos no afines al gobierno de turno. Les ordenó también regular que si iba a haber una reactivación económica debía establecer un plan y hacerlo también en conjunto con el Legislativo, pero no quisieron hacerlo", recordó en ese sentido Xenia Hernández Castro, directora ejecutiva de la Fundación Democracia Transparencia y Justicia (DTJ). 

El Parlamento destituyó también al fiscal general, Raúl Melara, a quien cuestionó por una supuesta cercanía con el opositor partido de derecha, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Entrada la madrugada del domingo ya habían elegido a su sucesor, Rodolfo Delgado. "Esto simplemente fue una vendetta política. Las causas se pueden resumir en inconformidad con lo resuelto, simplemente es eso", simplificó Eduardo Escobar. 

Minutos después de la votación para destituir a los magistrados, el Tribunal Constitucional emitió un fallo en el que declaró inconstitucional la medida por atentar contra el sistema de gobierno. Pero, obviamente, el gobierno de Bukele no lo cumplió. "Como estamos en una situación de ruptura del orden constitucional, obviamente esto no se va a cumplir, y si se hubiera intentado cumplir recordemos que el presidente tiene los fusiles de su lado", argumentó Escobar.

El secretario general del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, afirmó en su cuenta de Twitter que el presidente salvadoreño "consuma un claro golpe a la democracia y da un paso más en dirección a la dictadura y autoritarismo". En tanto Rubén Zamora, exdiplomático y político, aseguró: "En mi larga vida política, nunca he visto que en 6/8 horas se viole tantas veces la Constitución ni las leyes del país".

El domingo la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó la "profunda preocupación" de su gobierno "por la democracia de El Salvador". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió a Bukele que garantice "la separación de poderes y el orden democrático". Por su parte el secretario general de la ONU, António Guterres, le exigió al mandatario salvadoreño que respete la Constitución y la división de poderes.

A las reacciones de la comunidad internacional, Bukele les respondió con su habitual sorna: "Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa... y eso no es de su incumbencia". 

Tanto los magistrados destituidos como el fiscal Melara habían sido electos por la anterior legislatura dominada por Arena y el FMLN, los partidos que se alternaron en el poder en El Salvador entre 1989 y 2019. "Esto no es improvisado. Hay un descontento con respecto a los últimos 30 años de administraciones que no lograron establecer conexiones directas con la población. El proyecto de la familia Bukele calza perfectamente con ese descontento popular", dijo a este diario el historiador Carlos Cañas Dinarte. 

Cañas Dinarte agregó que los enfrentamientos entre la presidencia y la Corte Suprema son históricos, aunque "desde el reestablecimiento de la democracia en 1982 nunca habíamos tenido una situación como la que se ha vivido el sábado". Las consecuencias que esta tensión entre poderes podría tener sobre la población salvadoreña son preocupantes. "Sin institucionalidad independiente no habrá adónde acudir si hay un acto ilegal dado por cualquier institución pública, o si se comete alguna violación de derechos a la vida", planteó Hernández Castro desde la Fundación DTJ.

"La propaganda oficial puede decir lo que quiera, pero la realidad es que en lugar de una refundación estamos viendo actos de encubrimiento de situaciones que se están viendo en el país: hay muchísimo desempleo y pobreza y las personas siguen tratando de irse fuera del país", aseguró Cañas Dinarte. Pese a todo, el historiador elige ser positivo al recordar que más de 500 personas se manifestaron el domingo en una de las plazas más importantes de San Salvador para protestar contra el gobierno de Bukele, "lo que constituye un caldo de cultivo para un movimiento que se puede potenciar".

Por Guido Vassallo

04 de mayo de 2021

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Salvadoreños mostraron su rechazo en las calles de la capital de su país ante las medidas tomadas por la Asamblea Legislativa de destituir a varios jueces de la Corte Suprema y al fiscal general. Foto Afp

Sociedad civil y oposición de El Salvador llaman golpe de Estado a las primeras acciones de las bancadas oficialistas

 

San Salvador., “Estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia”, replicó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al rechazar cuestionamientos de la comunidad internacional, luego de que con el apoyo del Congreso destituyó a un grupo dejueces de la Corte Suprema y al fiscal general, encendiendo las alarmas sobre intentos de concentración de poder.

"Condenamos categóricamente este golpe de Estado, avalado por el presidente Bukele y ejecutado por diputados de los partidos Nuevas Ideas, Gana, PCN (Partido de Concertación Nacional) y PDC (Partido de Democracia Cristiana)", todos aliados del gobernante, dijeron en un comunicado 25 organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, entre ellas gremios empresariales.

"Mediante la cooptación de la justicia pretenden consumar un ya incuestionable proyecto político autoritario en el que todos los poderes responden a una sola persona", agregaron, en momentos en que esta capital fue escenario de movilizaciones en repudio a las medidas del Legislativo.

"Hemos sido críticos del actuar del fiscal general, pero eso no significa que estemos avalando un procedimiento inconstitucional", consideró la diputada Dina Argueta, del ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

"Lo que se está haciendo en la Asamblea Legislativa, con una mayoría del pueblo que cedió su representación a través del voto, es un golpe de Estado", declaró el diputado René Portillo, de Arena.

La primera medida adoptada el sábado en la noche por la nueva Asamblea Legislativa unicameral fue, con 64 votos a favor y 19 en contra, destituir a los cinco miembros titulares y sus suplentes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, la más importante de ese tribunal, y designar a sus remplazantes, cuyos nombres ya tenía listos.

La Sala Constitucional, cuya misión es velar por el cumplimiento de la Carta Magna, frenó varias medidas presidenciales relacionadas con el manejo de la pandemia, la mayoría sobre regímenes de excepción, porque consideró que vulneraban derechos de la ciudadanía.

El enfrentamiento entre Bukele y los magistrados alcanzó tal intensidad que el mandatario los acusó de buscar, con sus resoluciones, asesinar "a decenas de miles de salvadoreños", y en cadena nacional llegó a decir de ellos: si fuera un dictador "los hubiera fusilado a todos". "Salvas mil vidas a cambio de cinco", dijo el 11 de agosto pasado, recordó El Faro en su portal (elfaro.net).

Media hora después de que la Asamblea Nacional destituyó a los magistrados, la Sala Constitucional emitió una sentencia en la que declaró inconstitucional la medida. "Es una destitución que no está precedida por las garantías procesales necesarias", afirmó y adujo que el intento por destituirlos era una forma de coacción del Ejecutivo, señaló El Faro.

Bukele rechazó ese fallo y comentó en sus redes sociales: "Que los magistrados destituidos saquen una resolución es como que Norman Quijano quiera llegar a legislar", en alusión al ex diputado de Arena que huyó del país luego que el ahora destituido fiscal Melara pidió su captura por sus presuntos víncu-los con pandillas, indicó El Faro.

También horas después de la decisión de los diputados, el abogado Aldo Cader Camilot, uno de los magistrados destituidos, publicó en las redes sociales una carta de renuncia en la que asegura que "jamás" ha estado vinculado ni ha respondido "nunca" a intereses de ningún partido político o de algún poder económico.

El Parlamento destituyó después al fiscal general, Raúl Melara, a quien cuestionó por tener filiaciones con la ultraderechista Arena. La madrugada del domingo eligió a su sucesor, Rodolfo Delgado.

Melara, destituido también por 64 votos a favor y 19 en contra, abrió investigaciones contra los ministros de Hacienda y Salud por el manejo de fondos y compras relacionadas con la pandemia. También realizaba pesquisas por una presunta negociación secreta entre Bukele y la Mara Salvatrucha-13, señaló El Faro.

Los nuevos magistrados y el fiscal fueron escoltados por la policía para asumir sus cargos de inmediato. Luego, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, ingresó entre aplausos a la sala de la Asamblea Legislativa.

El gobierno del presidente Joe Biden rechazó desde la noche del sábado los movimientos y el jefe de la diplomacia estadunidense, Antony Blinken, expresó ayer en una llamada telefónica a Bukele la "grave preocupación" de su país por la destitución de togados "y señaló que un Poder Judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática".

Según el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, la preocupación se extendió por la destitución del fiscal general, quien, de acuerdo con Blinken, "lucha contra la corrupción y la impunidad y es un socio eficaz de los esfuerzos para combatir el crimen tanto en Estados Unidos como en El Salvador".

La Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió que "cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional, están alterando la esencia de funcionamiento del mismo".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Bukele "garantizar la separación de poderes y el orden democrático", mientras Human Rights Watch consideró lo sucedido como un "asalto a la democracia".

El 9 de febrero de 2020, Bukele desafió al entonces Parlamento opositor, cuando, escoltado por el Ejército, llegó a la Asamblea para presionar por la aprobación de un crédito destinado a la lucha contra las pandillas.

Bukele, de 39 años, ha logrado capitalizar el descontento de la población respecto a los partidos tradicionales. Cuenta con apoyo popular y el respaldo de las fuerzas armadas.

Ello llevó a sus aliados a vencer en las elecciones parlamentarias del 28 de febrero pasado, dejando relegados a los partidos tradicionales Arena y el FMLN.

"La actuación de los diputados oficialistas confirma el temor de que el respaldo popular expresado en las urnas fuera utilizado para concentrar el poder en el Ejecutivo", aseguró en un pronunciamiento la influyente Universidad Centroamericana (UCA).

Para la UCA, la destitución "muestra la veracidad de los señalamientos de autoritarismo en el gobierno del presidente Bukele".

El relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, fue contundente: "Condeno los pasos del poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a los integrantes de la Sala Constitucional y al procurador de justicia".

Bukele rechazó las críticas y dijo que se sentía muy satisfecho con la primera plenaria y "el debut de labancada Cyan (Nuevas Ideas)", y advirtió que este es el comienzo para cambiar el país como ha prometido.

Nuevas Ideas arrasó en las urnas el 28 de febrero, propinando una derrota histórica a los dos partidos que han gobernado El Salvador durante las pasadas tres décadas. Desde el primero de mayo, el partido de Bukele gobierna 152 de los 262 municipios y a los 56 puestos que obtuvo en la Asamblea Legislativa, integrada por 84 miembros, se sumaron ocho de otros partidos.

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El expresidente brasileño Lula da Silva, el pasado 6 de marzo, en Ginebra. — Martial Trezzini / Efe

El exmandatario del Partido dos Trabalhadores, dispuesto a presentarse para ganar "a un fascista que se llama Bolsonaro".

 

La Corte Suprema de Brasil ratificó este jueves la decisión adoptada por uno de sus jueces, que anuló las condenas dictadas en primera instancia contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que recupera así todos sus derechos políticos y podrá aspirar a la Presidencia en 2022

La decisión fue tomada por ocho votos frente a tres y respaldó la posición del magistrado Edson Fachin, que el 8 de marzo había anulado a través de una medida cautelar las penas contra Lula, que sumaban casi 25 años de cárcel, por un conflicto de competencias.

Fachin consideró que los dos juicios en que Lula fue condenado a prisión, y otros dos en los que todavía no había sentencia, fueron irregulares, ya que se realizaron en los tribunales de la ciudad de Curitiba, a cargo del exmagistrado Sergio Moro (posteriormente, ministro de Justicia y Seguridad Pública entre 2019 y 2020 en el Gobierno de Jair Bolsonaro), que no tenían competencia sobre esos asuntos.

El argumento de Fachin, instructor en el Supremo de los procesos relacionados con la operación Lava Jato, fue que los casos por los que Lula fue juzgado no tenían vínculos con las corruptelas en la estatal Petrobras y por tanto estaban fuera de la jurisdicción de Curitiba, limitada a las causas relacionadas con la petrolera.

Esas causas se refieren a un apartamento y una casa de campo que Lula habría recibido a modo de soborno de empresas que, según la acusación, obtuvieron contratos fraudulentos con Petrobras; y a supuestas donaciones que esas mismas firmas hicieron a un instituto del expresidente en un contexto similar.

Lula, quien llegó a pasar 580 días en prisión por esos procesos ahora anulados, ha proclamado desde siempre su inocencia y también recurrido en otras instancias contra la jurisdicción de Curitiba.

"Desde hace cuatro años defendemos que los tribunales de Curitiba no podían juzgarme", declaró antes de conocer el fallo Lula, quien también reiteró que no le preocupa que los procesos sean reiniciados en Brasilia.

Lula, dispuesto a presentarse "para ganar las elecciones a un fascista que se llama Bolsonaro"

Una vez emitida la sentencia, Lula ha mostrado su disposición a presentarse a las elecciones de 2022 para disputar el liderazgo al ultraderechista Jair Bolsonaro, a quien considera un "fascista" y un "genocida".

Si es necesario y tengo que ser candidato en el 2022 para ganar las elecciones a un fascista que se llama Bolsonaro", lo hará, afirmó el exmandatario, quien señaló que, antes de valorar su candidatura, deberá "hablar mucho con las demás fuerzas políticas del centro y de la izquierda", en un proceso similar al que realizó Alberto Fernández para obtener la Presidencia argentina.

No obstante, Lula reconoció que no tiene que ser él el candidato progresista: "Yo tengo 75 años, yo me considero que tengo una buena salud, estoy bien físicamente, pero no tengo que ser yo obligatoriamente, podemos escoger a alguien que pueda representar los intereses progresistas del país", precisó.

"Yo nunca pensé que fuéramos a tener en Brasil un presidente de la República fascista y genocida, que es el mayor responsable de la pandemia", dijo en referencia a la gestión de Jair Bolsonaro sobre la covid-19, que ha situado a esa nación como una de las más golpeadas del mundo por el virus.

Bolsonaro "solo piensa en los militares y, por eso, yo creo que la democracia va a volver y espero participar en ese proceso que le devolverá a Brasil la esperanza y la alegría", agregó el exmandatario.

Bolsonaro: "Sólo Dios me saca de la silla presidencial y me saca, obviamente, quitándome la vida"

Jair Bolsonaro afirmó este jueves que "sólo Dios" le puede sacar de la "silla presidencial", en alusión a la posibilidad de que se produzca un juicio de destitución en momentos en que sube la temperatura política en el país.

"Sólo Dios me saca de la silla presidencial y me saca, obviamente, quitándome la vida. Aparte de eso, lo que estamos viendo pasar en Brasil no va a concretarse. En absoluto", dijo Bolsonaro.

El dirigente de Brasil hizo las declaraciones tras saber que el Supremo  estableció un plazo de cinco días para que el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, explique por qué no ha analizado las cerca de cien peticiones de destitución presentadas hasta el momento contra él.

En los últimos días, el líder ultraderechista ha subido el tono después de que el Senado, por decisión de la Corte Suprema, acordara instalar una comisión para investigar las omisiones en que pudo haber incurrido el Gobierno en el combate a la pandemia del coronavirus, que atraviesa su peor fase en el país, con más de 365.000 muertos por la enfermedad.

Bolsonaro también comentó la decisión de anular las penas de prisión contra Lula y comparó números de su Gobierno con el del líder del Partido de los Trabalhadores: "Si Lula vuelve, por el voto directo, por el voto auditable, todo bien. Pero piensa cómo será el futuro de Brasil con el tipo de gente que él va a traer para dentro de la Presidencia".

Y agregó: "Si Lula es elegido, en marzo de 2023, tres meses después, él va a elegir dos magistrados más para el Supremo Tribunal Federal. Creo que la conclusión cabe a todos ustedes".

brasilia

16/04/2021 09:27 Actualizado: 16/04/2021 09:55

EFE

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Fatou Bensouda: "La Corte Penal Internacional fue fundada sobre la máxima del Nunca Más"

La fiscal general del tribunal con sede en La Haya brindó una conferencia virtual

Nacida en Gambia, Bensouda lidera al único organismo permanente destinado a juzgar crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. A dos meses de dejar el cargo, realiza un balance de su gestión y reconoce que tomaron el legado del Juicio a las Juntas.

 

"La Corte Penal Internacional (CPI) fue construida sobre las duras lecciones que dejó la historia por las atrocidades espantosas que durante siglos permanecieron impunes", destacó Fatou Bensouda, quien lidera el primer organismo permanente capaz de juzgar a individuos por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Nacida en Gambia, Bensouda tiene bajo su órbita dos casos emblemáticos: los crímenes de guerra que involucran a las tropas estadounidenses en Afganistán, y aquellos que salpican a los soldados israelíes desplegados sobre territorio palestino. Pero tanto Estados Unidos como Israel no reconocen la jurisprudencia de la CPI, y el gobierno del expresidente Donald Trump llegó al extremo de aplicar duras sanciones financieras y retirarle la visa a Bensouda.

La fiscal general, sin embargo, se mostró satisfecha con el trabajo que viene realizando el tribunal con sede en La Haya. "Su creación es uno de los momentos de mayor orgullo en la historia de la humanidad", aseguró quien dejará su cargo en junio para ser reemplazada por el británico Karim Khan. Bensouda reconoció que en sus inicios la CPI retomó el legado del histórico Juicio a las Juntas realizado en Argentina en 1985. La abogada especializada en derecho marítimo manifestó que, como deuda pendiente, es necesario avanzar sobre delitos que habitualmente no son reportados: "los crímenes sexuales que involucran a mujeres y niños".

Bensouda participó del ciclo de conferencias online organizado por la Universidad Di Tella. Bajo el título "La importancia de una Corte Penal Internacional permanente y cómo apoyarla", la charla estuvo moderada por Alejandro Chehtman, director de la carrera de Abogacía de la Escuela de Derecho de esa casa de estudios. Bensouda se desempeñó como fiscal general y ministra de Justicia en Gambia. Casada y con tres hijos, uno de ellos ya fallecido, sustituyó en 2012 al argentino Luis Moreno Ocampo, fiscal general de la CPI desde su puesta en marcha en 2002. 

Los orígenes de la CPI se remontan a los juicios de Nuremberg y Tokio, que condenaron los crímenes sistemáticos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. "Los horrores del Holocausto shockearon la conciencia de la humanidad y demandaron la creación de una corte internacional permanente con la aspiración de asegurar que quienes cometieron estos crímenes, sin importar cuán poderosos fueran, debían rendir cuentas", planteó Bensouda. La fiscal gambiana explicó que la Corte "fue fundada sobre la máxima del 'Nunca Más'".

Bensouda destacó la importancia del juzgamiento a los militares en Argentina tras la sangrienta Dictadura iniciada en 1976: "El Juicio a las Juntas es un ejemplo de los esfuerzos de investigación y enjuiciamiento necesarios para investigar estas atrocidades". En 1998 más de 120 países firmaron el Estatuto de Roma y en 2002 el tratado entró en vigor con 60 ratificaciones, lo que significó el inicio de las actividades del tribunal internacional.

Estados Unidos en Afganistán

Antes de dilatar la entrega del mando a la nueva administración demócrata, el expresidente Donald Trump impuso sanciones a la CPI y le rechazó visados a Bensouda y a algunos de sus colaboradores. El motivo era evidente: la abogada había iniciado una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por militares estadounidenses en Afganistán. El viernes pasado el gobierno de Joe Biden, aún "en total desacuerdo" con la mirada de la CPI, levantó los castigos.

La fiscal general de la Corte explicó la forma en que las sanciones estadounidenses afectaron sus tareas cotidianas. "Hemos tenido que reorganizar la Corte para que no nos golpeara con tanta fuerza. A nivel financiero, las principales cuentas con base en Estados Unidos fueron cerradas", remarcó Bensouda, aunque valoró la forma en que la Corte reaccionó: "El equipo trabajó muy bien para conseguir transferencias económicas por nuevas vías. Conseguimos el asesoramiento legal que se necesitaba para ver cómo podíamos trabajar con eficacia sin tener que expulsar a parte del staff".

Pero lo más difícil, aseguró Bensouda, fue comprender que "las sanciones estadounidenses son merecidas por terroristas, por quienes violan derechos humanos, son para ellos y no para quienes trabajan para proteger la ley". Con la llegada de Biden al poder, la abogada apunta a "resetear la relación". Sin embargo, para evitar dificultades a futuro, Bensouda planteó la necesidad de "desarrollar un mecanismo que de forma sistemática proteja a la CPI y su integridad de cualquier ataque".

Ataque a territorios palestinos

El tribunal internacional también inició una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en los territorios palestinos de Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. El gobierno israelí es un aliado incondicional de Estados Unidos que también rechaza la autoridad de la CPI, al contrario de Palestina que acepta la jurisdicción de la Corte. El primer ministro Benjamin Netanyahu, actualmente juzgado por corrupción y fraude, criticó el inicio de la investigación y la calificó de "esencia misma del antisemitismo".

La CPI le dio en marzo a Israel y a los palestinos un mes para que puedan solicitar el aplazamiento de la investigación, siempre que puedan demostrar que están llevando a cabo sus propias averiguaciones. "En Palestina recibimos un pedido de investigación. Ellos aceptaron nuestra jurisdicción y la cuestión jamás estuvo relacionada a determinar si el territorio palestino es considerado o no un Estado", destacó Bensouda. La prestigiosa jurista evitó referirse a la férrea postura israelí, sin embargo aseguró: "Mi oficina exige actividades imparciales constantemente, no trabajamos bajo consideraciones políticas".

La pandemia y el rol del Estado

Consultada respecto a la posibilidad de encuadrar como crímenes humanitarios a la gestión de algunos gobiernos frente a la pandemia de coronavirus, Bensouda reconoció que "algunos líderes mundiales podrían haber respondido mejor", aunque para dar lugar a una acusación semejante "se debe detectar un ataque sistemático y directo a civiles e intención para hacerlo".

Sobre el caso particular del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, la fiscal general admitió que la CPI recibió "distintas comunicaciones" denunciando su gestión de la pandemia. En efecto, Bolsonaro fue denunciado por más de un millón de profesionales de la salud a fines de julio de 2020 bajo el cargo de "genocidio". Un mes más tarde, el cacique Raoni Metuktire, emblemático defensor de la Amazonia, le pidió al tribunal internacional que investigue al mandatario de ultraderecha por "crímenes contra la humanidad"

A la hora del balance de su gestión, Bensouda destacó que la oficina de la CPI alcanzó "un número importante de éxitos en litigios y decisiones históricas". Mencionó en ese sentido la sentencia dictada en la jurisdicción de la frontera Myanmar-Bangladesh, que le permitió mantener abierta una investigación por los presuntos delitos cometidos contra la minoría rohingya, que Naciones Unidas describió como ejemplo de "limpieza étnica".

Bensouda también aseguró que el procesamiento del expresidente de Sudán, Omar Al Bashir, por los cargos de "genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad", sirvió para confirmar que "nadie está encima de la ley". En Congo, la CPI "logró que por primera vez en la historia se declarara esclavismo sexual y violación de mujeres y hombres". Con una leve mueca de satisfacción, Bensouda consideró que "hay suficiente evidencia para creer que el trabajo de la CPI contribuye a la protección de los derechos humanos". 

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Lunes, 05 Abril 2021 05:32

Dios y el dinero

Dios y el dinero

Dado el peso simbólico que tiene la Semana Santa en la cultura occidental, es un tiempo propicio para que la Iglesia Católica y en particular el Papa utilicen la tribuna que le brindan las plataformas comunicacionales para renovar o reforzar sus mensajes. En esta ocasión Jorge Bergoglio usó cada uno de los momentos en los que pudo atraer la atención de las audiencias para ratificar las grandes líneas de su prédica, sin perder de vista tampoco la crítica situación de pandemia que atraviesa la humanidad. 

La mirada de Francisco se puede sintetizar en un párrafo de su alocución el domingo de Pascua hablando al mundo pero desprovisto de audiencias locales como resultado de las restricciones sanitarias. “La pandemia todavía está en pleno curso, la crisis social y económica es muy grave, especialmente para los más pobres; y a pesar de todo —y es escandaloso— los conflictos armados no cesan y los arsenales militares se refuerzan. Este es el escándalo de hoy”. 

Esa es la mirada de Bergoglio. El “escándalo” consiste en que siguen siendo los más pobres los afectados, desde antes por situaciones sociales y económicas, pero ahora también porque no acceden a una distribución adecuada y justa de las vacunas, como también lo señaló de manera explícita en otra parte de la misma alocución pascual en la que volvió a pedir por un “internacionalismo de las vacunas” que exprese la solidaridad internacional.

Para Francisco la pobreza y la desigualdad guardan estrecha relación con las guerras. “Todavía hay demasiadas guerras, demasiada violencia en el mundo” afirmó el Papa el domingo de Pascua en el Vaticano al impartir su bendición et-orbi.html">urbe et orbi (a la ciudad y al mundo) . Lo ha dicho en varios de sus documentos. Y esta misma semana lo ratificó en la ceremonia que anticipó el triduo pascual. “Los enfermos, los pobres y los descartados de este mundo son los crucificados de nuestro tiempo” sostuvo el Papa en la audiencia general del 31 de marzo celebrada en la biblioteca priva del Palacio Apostólico Vaticano. En la misma ocasión Jorge Bergoglio dijo que “hay dos señores en el mundo, dos, no más: Dios y el dinero. Quien sirve al dinero está contra Dios”.

Si bien el mensaje de Francisco en algunos casos sigue siendo críptico como el de sus antecesores en el pontificado y el de tantos líderes de la propia Iglesia Católica, el Papa Bergoglio hace un esfuerzo permanente para, por una parte, ofrecer su análisis y sus propuestas a los problemas que afectan a la sociedad mundial poniendo su mirada más allá de los límites de su propia comunidad religiosa y, por otra, para expresar con claridad su posición sobre estos temas.

Pero más allá de su diagnóstico sobre los problemas de la comunidad internacional, Francisco no desconoce las dificultades de su comunidad, la Iglesia Católica, en particular las resistencias a su propio liderazgo y las luchas que se dan dentro de la institución eclesiástica. Hay pocas referencias directas al tema, pero el Papa busca los caminos para instalar la cuestión en agenda. Días atrás se pronunció de manera discrepante con la Congregación para la Doctrina de la Fe que había desautorizado las bendiciones de uniones de personas del mismo sexo. Ahora utilizó como vocero no oficial al fraile capuchino Ramiro Cantalamessa, a quien el Papa designó como predicador el jueves santo, para hablar de la división en la Iglesia. Mientras Bergoglio escuchaba en silencio, el sacerdote aseveró en esa ocasión que “la fraternidad católica esta herida” y no es por “el dogma o los sacramentos” sino por “la política y la ideología”. Nadie podría imaginar que Francisco no conocía de antemano las palabras del orador que él mismo seleccionó para la ocasión.

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El Lava Jato, Moro y la hipocresía de la corte suprema brasilera

La votación de la Corte Suprema por la sospecha de Moro, 5 años después del rol que tuvo el en el golpe institucional que llevó al juicio político a Dilma y la detención arbitraria de Lula, que le negó la posibilidad de presentarse a elecciones en 2018; todo esto conforma el retrato de la hipócrita “imparcialidad” de la justicia brasileña.

 

Con el cambio de voto de la jueza Carmen Lúcia , quien se había pronunciado a favor de Moro en 2018, la votación en segundo turno de la Corte Suprema votó hoy a favor de la sospecha sobre Moro, el ex ministro de Justicia de Bolsonaro, lo que debe conducir a la anulación de todos los procesos contra Lula , incluidos los casos del Triplex y también las donaciones realizadas al Instituto Lula. Detrás de este giro están los temores e intereses de distintas fracciones de la clase dominante ante un país en profunda crisis que puede conducir a mayores inestabilidades en la lucha de clases.

El Supremo Tribunal Federal (STF) ha trabajado con el Lava Jato desde sus inicios en 2014 y fue directamente decisivo para el avance del juicio político contra Dilma, rechazando la solicitud del entonces gobierno del PT y de los diputados de anular el proceso que se estaba llevando a cabo en la Cámara a principios de 2016.

En abril de 2018, en vísperas del juicio de hábeas corpus de Lula que sería realizado por el STF tras su detención arbitraria, el entonces comandante del Ejército brasileño, general Eduardo Villas Bôas, hizo una declaración en twitter, demostrando claramente la injerencia y la influencia de las Fuerzas Armadas en la política, presionando al STF para que no acepte tal habeas corpus. Entre otras cosas, el general afirmó que "cree que comparte el deseo de todos los ciudadanos en aras de repudiar la impunidad". En esa ocasión, el STF no solo subordinó total y silenciosamente las declaraciones abiertamente golpistas del alto mando del ejército, sino que también actuó en conjunto con los altos mandos militares para coordinar todas las operaciones antidemocráticas de la Lava Jato.

Hay que recordar que fue el STF el encargado de elegir al magistrado ponente de Lava-Jato. Juntos, los militares, golpistas de varios partidos, los principales medios de comunicación y la Corte Suprema con un rol protagónico, apoyaron y fortalecieron al Lava-Jato, el golpe institucional y allanaron el camino para el triunfo de Bolsonaro en 2018.

Por más obvia que sea la búsqueda del STF para “maquillar” la participación directa que tuvo, junto a los militares y al régimen poítico, en el rumbo autoritario en el que se enredó el país tras el surgimiento del Lava Jato en el 2014, existen evidentes debilidades, como como señalamos en un análisis reciente:

“Uno de ellos es el enorme debilitamiento del Lava Jato. El escándalo de Vaza Jato de 2019, que reveló todas las medidas autoritarias utilizadas para detener arbitrariamente a Lula, presentes en las conversaciones privadas entre los golpistas Sérgio Moro y Deltan Dallagnol, dio a conocer públicamente el fraude judicial que sostuvo el golpe institucional. Denunciamos este fraude desde 2014 como la esencia del Lava Jato: una operación proimperialista que allanó el camino para el establecimiento de un nuevo régimen basado en el golpe y abrió sectores estratégicos de la economía a las multinacionales extranjeras. El debilitamiento de Moro se profundizó después de su ruptura con el gobierno de Bolsonaro, que le otorgó el Ministerio de Justicia por otro año y medio. Al final, la Operación Lava Jato se disolvió en febrero de 2021. Utilizado para erosionar el régimen de 1988, la operación Lava Jato no pudo estabilizar un nuevo régimen en medio de la crisis económica mundial. Menos aún con las fuerzas desatadas en el régimen post-golpista, en el que Bolsonaro y las instituciones del golpe se disputaban quién sería el trazo decisivo de los contornos de este nuevo sistema político ”.

Desde el 2014 hasta ahora, uno de los objetivos más importantes de Lava-Jato y del golpe institucional y su curso autoritario fueron los ataques económicos, son los que quizás desangran a la gigantesca clase obrera brasileña, que en este contexto vive un nuevo registro diario con más de 3.000 muertos en 24 horas, víctimas de un virus que podría controlarse mucho más de no ser por la irracionalidad de los gobiernos y la búsqueda capitalista de lucro a toda costa. Desde entonces, han pasado reformas laborales y previsionales, subcontratación irrestricta, decenas de ataques a los derechos sociales, laborales y democráticos, siempre sobre la base de mucho chantaje, con el respaldo del Tribunal Supremo a todos ellos.

Durante la votación del día martes, los principales miembros del poder judicial hablaron insistentemente sobre la imparcialidad con la mayor rigidez que se pueda imaginar. Pero no han cambiado de opinión sobre ninguno de los atentados, ni siquiera sobre qué es democrático o no en un juicio, que fue y sigue siendo político en el caso de Lula. Lo cierto es que temen la magnitud de la crisis y cuánta inestabilidad puede generar, especialmente en una América Latina sumida en el desempleo y el empobrecimiento generalizado. El nuevo mundo con el viejo capitalismo despojado por la pandemia, obliga al régimen a repensar los factores restrictivos con los que puede contar:

“Por un lado, tanto el imperialismo extranjero como el régimen golpista brasileño buscan hoy preservar las conquistas del Lava Jato, descartando sus métodos. Esta es la mejor manera de continuar el régimen del golpe institucional y su agenda económica bajo un frágil aspecto “democrático”, desgastado por maniobras autoritarias desde 2016. Por otro lado, se hace más necesario que la burguesía brasileña cuente con frenos ante la posibilidad de fuertes disturbios sociales ante los dramáticos efectos de la crisis económica y de salud, que combinada con la errática política de Bolsonaro, colocan a Brasil como un paria en el mundo. El mayor dispositivo que cuenta la burguesía brasileña para la contención de la lucha de clases en Brasil se llama Lula ”.

Las batallas contra los efectos de la pandemia de coronavirus, el desempleo y los ataques económicos de los golpistas deben ir de la mano de la defensa de nuestros derechos democráticos, por eso denunciamos siempre la detención arbitraria de Lula y los crecientes mecanismos autoritarios en el régimen, como el caso de utilizar la Ley de Seguridad Nacional para perseguir a opositores en el gobierno de Bolsonaro. A su vez, depende de una política de independencia de clase que conozca a los enemigos, como el STF junto a todo el régimen golpista, y al mismo tiempo no confíe en la política de conciliación de clases del PT que, con solo conmemorar las decisiones institucionales de arriba, alimenta la trampa de espera pasiva por una falsa solución electoral en 2022.

Miércoles 24 de marzo | 01:57

Lava Jato.

Supremo Tribunal de Brasil declaró que Sergio Moro fue parcial en proceso contra Lula

Por tres votos a favor y dos en contra el Supremo Tribunal Federal de Brasil juzgó este martes como parcial la acción del juez Sergio Moro en el proceso que terminó con el encarcelamiento del expresidente Lula da Silva.

Martes 23 de marzo | 15:52

La jueza Cármen Lúcia, que se había pronunciado a favor del juez Sergio Moro en 2018, dio este martes una sorpresa al cambiar su voto y pronunciarse por la sospecha de la parcialidad de Moro durante los juicios que se le siguieron al expresidente Lula da Silva. De esta manera se anulan todas las condenas de Lula, incluidos los casos del Triplex, del sitio de Atibaia y también de las donaciones realizadas al Instituto Lula.

La segunda sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil había retomado este martes la sesión en la que se juzga la parcialidad del juez Sergio Moro, principal responsable de la operación Lava Jato, en los procesos que se abrieron contra el expresidente Lula de Silva.

Las sospechas sobre el accionar de Moro provienen del llamado Vaza Jato, una filtración masiva de mensajes de Telegram entre jueces y fiscales, publicada por el sitio The Intercept en 2019 donde queda clara la connivencia entre los distintos actores para llevar adelante la operación Lava Jato y en ese marco encarcelar a Lula.

El proceso contra Moro fue impulsado por el juez del STF Gilmar Mendes, inmediatamente después de que el Edson Fachin, también juez del Supremo Tribunal, anulara todas las condenas de Lula a principios de marzo.

El juzgamiento de Moro había quedado en suspenso el 9 de marzo, cuando uno de los jueces del Supremo Tribunal, Nunes Marques, pidió un tiempo para estudiar el caso hasta este martes cuando se retomó.

La segunda sala del STF, precedida por Gilmar Mendes, cuenta con 5 jueces. Hasta este martes la votación estaba empatada en 2 a 2. Mendes y Lewandowski habían votado a favor de la sospecha de que Moro actuó en forma parcial, mientras que Fachin y Cármen Lúcia se contaban en contra de la sospecha (una posición que mantenían desde el año 2018, cuando empezaron los debates originales del caso).

Quién faltaba definir su voto era Nunes Marques, que había pedido tiempo para estudiar el caso y finalmente voto a favor de Moro, es decir, contra las sospechas de parcialidad. Lo hizo bajo el argumento de que los mensajes publicados por The Intercept en el Vaza Jato habrían sido obtenidos de forma ilegal, y por lo tanto si aceptara la sospecha de Moro legalizaría la "actividad de los piratas informáticos", dando lugar a la invasión de teléfonos móviles, llegando a hacer una comparación con las dictaduras.

Sin embargo, el resultado terminó quedando tres a dos en contra de Moro con el cambio de voto de la jueza Cármen Lúcia.

La imparcialidad de Moro, y por tanto la anulación total de toda condena contra Lula, aún puede ser votada en el pleno del STF, ya que la votación de este martes fue en la segunda sala, donde solo votaron estos 5 jueces.

En el argumento de su votación Carmen Lúcia insistió en que la imparcialidad de Moro habría sido solo en el caso de Lula, pero no el conjunto del operativo Lava-Jato, dejando de esta manera libre de culpa y cargo a este operativo lleno de ilegalidades y arbitrariedades.

Todo este proceso se da en el marco de las disputas entre diferentes actores del poder judicial que desde hace años arbitra y decide sobre la política nacional brasileña. El mismo STF que hoy vota contra Moro es el que permitió el golpe institucional contra Dilma Rousseff en 2016, manipuló las elecciones de 2018 en beneficio de Bolsonaro y avaló reformas neoliberales contra los trabajadores y los más pobres.

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Según el argumento de Cepeda, Diego Cadena habría manipulado testigos a favor de Santiago Uribe. Foto: Colprensa

Carlos Enrique Vélez, alias ‘Victor’ reiteró ante la Fiscalía cómo fueron los supuestos ofrecimientos y pagos que le habría hecho el abogado, a quien el ente investigativo llamó a juicio en el 2020 por estos mismos hechos.

 

El caso Uribe sigue generando controversia en el país. Después de que el pasado 18 de marzo El Espectador y Blu Radio revelaran partes del expediente completo que reposa en la Fiscalía sobre la investigación de falsos testigos, este sábado la cadena radial dio a conocer el testimonio de alias ‘Víctor’, un paramilitar condenado a 40 años de prisión.

Según lo informado, Vélez dice que Cadena le ofreció $200 millones de pesos, de los que habría alcanzado a recibir cerca de $50 millones, para declarar contra el senador Iván Cepeda y, así, beneficiar con su testimonio al expresidente.

Ante la Fiscalía, alias ‘Víctor’ explicó cómo fueron los supuestos ofrecimientos y pagos que le habría hecho Cadena, e incluso se molestó por tener que repetir su versión, ya que lo había hecho en otras ocasiones.

Blu Radio reveló que Diego Cadena visitó a alias ‘Víctor’ en junio de 2017 en la cárcel de Palmira y le ofreció $200 millones de pesos con dos propósitos: “uno, que declarara contra el senador Iván Cepeda y dos, que desmintiera a Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, quien ha declarado contra los hermanos Uribe. Alias ‘Víctor’ aceptó y firmó una carta que escribió Cadena”, señaló la emisora.

De igual forma, alias ‘Víctor’ agregó que la oferta no solo se la hicieron a él, sino también a otros exparamilitares que declararon en favor de Álvaro Uribe por medio de cartas gestionadas por Cadena, añadió ese medio.

Blu Radio publicó uno de los fragmentos de la declaración de Vélez, en ella se lee: ¿Usted firmó (la carta) de manera libre y voluntaria?”, le preguntó el fiscal a Vélez. “Claro –contestó él-, porque él me estaba ofreciendo”. “¿Cuánto le ofreció?”. “Como se lo dije anteriormente, $200 millones, no solo para mí si no para varias personas: lo que era alias Diana, Fosforito, varias personas, que le ayudaran a desmentir a Alberto (Guerrero)”.

El fiscal le preguntó “¿Ya le había pagado los $200 millones?”. “No, él no me dio toda esa plata”. “Entonces, ¿por qué le firmó la carta?”. Y ahí fue cuando Vélez dejó ver su molestia: “Última vez que contesto esas preguntas porque ya le he dado las mismas respuestas”.

Por último se supo que el exparamilitar le hizo a Cadena “un cronograma de las personas que le podían colaborar para desmentir a Alberto”.

Alias ‘Víctor’ agregó que Diego Cadena “lo que hizo fue manipular toda la información de la verdad de las reuniones que tuve con Iván Cepeda” y admitió que el entonces abogado del expresidente Uribe “me dio una carta a mí, yo le pasé esas consignaciones a la Corte (Suprema)”, aseguró Blu Radio.

Más adelante, en la declaración el exparamilitar señaló que alcanzó a recibir una parte del dinero que presuntamente le prometió Diego Cadena. La emisora aseguró que el entonces abogado de Uribe le consignó cerca de $50 millones y empezó a recibir los giros días después de esa primera visita en la cárcel.

Cabe resaltar que Diego Cadena ha manifestado en otras oportunidades que ese dinero no fue ningún soborno, sino que fue una “ayuda humanitaria”. Igualmente, ha indicado que fue por iniciativa suya y que el expresidente Uribe solo se enteró tiempo después.

El pasado jueves 18 de marzo, se reveló el expediente que tiene el despacho del fiscal Gabriel Jaimes y con el que buscará que un juez precluya la investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe. En ese folio de pruebas al que tuvo acceso El Espectador y Blu Radio, se destacó la declaración que entregó Diego Cadena, que ejerció como abogado de Uribe, ante la Fiscalía.

En la diligencia que se desarrolló el pasado 24 de febrero en la ciudad de Cali, Cadena acudió con su abogado Iván Cancino, para ser interrogado nuevamente sobre su papel en este proceso por supuesta manipulación de testigos ya que también está acusado.

En una parte del cuestionamiento el abogado Cancino se molestó con Cadena porque supuestamente no prestó atención a lo que le preguntaban y terminó contestando de manera equivocada una pregunta sobre los testigos del caso Uribe.

“Usted presentó estos testigos ante los procesos que se estaban tramitando”, preguntó el fiscal, a lo que Cadena respondió que “sí”, el agente contrapreguntó: “de todo”, a lo que Cadena respondió que “de algunos”. De inmediato, su abogado se agita, se quita el tapabocas y le dice: “Escuchá la pregunta hombre” y se le ve muy molesto.

Cadena entonces repite: “¿Que si yo presenté a los testigos?”, y Cancino repite: “la pregunta es que si usted presentó a los testigos, escucha”. Finalmente, Cadena cambia su respuesta y dice que no.

La escena ya sembró dudas sobre la diligencia, ya que después de este percance, el fiscal y el procurador presentes en ese momento, le aconsejan a Cadena que consulte al abogado cuando tenga dudas. “No tendría ningún sentido que lo acompañe su abogado si no lo puede consultar”, dijo el fiscal.

Blu Radio presentó esta grabación junto a El Espectador, en la que Cadena además relató que su trabajo como abogado del exsenador Uribe consistía en verificar la información que le entregaba el político: “Que digan la verdad incluso si me perjudica, me decía Uribe, y utilizaba una frase: que le digan la verdad al país. Yo recopilaba la información y se la entregaba al doctor Uribe o a su exasesor Fabián Rojas [quien hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de Uribe mientras este estuvo en el Senado] para que le dieran el destino correspondiente”.

En otro aparte, Cadena volvió a responder de manera equivocada. “¿Se acordó la búsqueda de testigos?”, preguntó el fiscal. “Sí, correcto”, contestó Cadena, lo que hizo reaccionar nuevamente a Cancino: “Ojo a la pregunta, usted tiene que entender la literalidad: ¿se acordó buscar testigos, encontrarlos?”. “No”, dijo Cadena. “Le pido el favor que piense la pregunta antes de responder, el objetivo es esclarecer, pero lo menos que quiero es que usted (inaudible)”, le indicó el fiscal a Diego Cadena. El funcionario judicial insistió en la pregunta, y esta vez, Cadena contestó: “Me abstengo, simplemente le puedo decir que se estaba verificando información”.

Además de esta declaración, entre las pruebas que recolectó la Fiscalía para pedir la preclusión del caso contra el expresidente, según ambos medios de comunicación, el ente acusatorio no tuvo éxito en determinar o descubrir información valiosa en las sim cards decomisadas a Juan Guillermo Monsalve y con las que hablaba por teléfono desde la Cárcel la Picota.

20 de Marzo de 2021

Publicado enColombia
Un grupo de trabajadores ayudan a excavar durante una jornada de exhumación en el cementerio del municipio de Dabeiba el 11 de marzo de 2021, departamento de Antioquia (Colombia). — Luis Eduardo Noriega A. / EFE

Vecinos de Dabeiba se dedican a excavar en puntos señalados por los forenses de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz en ese cementerio convertido en una enorme fosa común.

Con una pala, Jaime de Jesús Arango remueve más que tierra en el cementerio Las Mercedes. Cuando levanta pequeñas cantidades de material agita uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, mientras trata de encontrar parte de la verdad sobre los "falsos positivos".

Sus labores como sepulturero en este camposanto del municipio de Dabeiba, en el departamento de Antioquia (noroeste), varían durante las diligencias que realiza la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en diciembre de 2019 inició allí varias excavaciones tras recibir declaraciones de miembros del Ejército que reconocieron haber participado en estas ejecuciones extrajudiciales y desvelaron el lugar de las fosas.

"Es un trabajo diferente; acá no hay un familiar y no se sabe dónde quedó el doliente (difunto)", dice a Efe Arango, durante la cuarta jornada de exhumaciones y búsqueda de "falsos positivos", jóvenes, sobre todo de zonas humildes, llevados por el Ejército bajo promesas de trabajo y ejecutados para ser presentados como guerrilleros a sus superiores, y de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios.

Un cementerio convertido en fosa común

Arango explica que él y once personas más, la mayoría vecinos de Dabeiba, se dedican a excavar en puntos señalados por los forenses de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP en ese cementerio convertido en una enorme fosa común. Así lo muestran los escalofriantes hallazgos: 80 cuerpos han sido recuperados hasta el momento.

Esa escuadra de trabajadores, vestidos de verde, con picos, palas y carretillas, recibe la señal y entra a remover o a tapar, en un trabajo en equipo integrado por tres expertas forenses -antropóloga, odontóloga y psicóloga-, un topógrafo, un fotógrafo, un fiscal y algunos magistrados.

"La gente pregunta, pero uno no puede decir nada; no sabemos nada de (la identidad de los) cuerpos porque eso no nos pertenece a nosotros. No sabemos cuántos cuerpos hay en cada fosa", comenta el sepulturero, mientras un dron merodea haciendo imágenes aéreas para registrar las fosas y crear un mapa 3D del cementerio.

Intervención "casi arqueológica"

Un Cristo resucitado, ángeles y una cruz dan la bienvenida a los visitantes de este pueblo. Una capilla en la mitad, pequeñas cruces esparcidas, pálidas lápidas y otras coloridas, flores... Todos elementos comunes de un camposanto hasta que aparecen cintas amarillas y personal vestido de blanco moviéndose por áreas delimitadas con pinzas, brochas y otras herramientas.

En esa escena lúgubre sobresalen al fondo casas que cuelgan de una ladera pronunciada. Desde allí vigilan algunos vecinos y suena música vallenata a todo volumen como si fuera un sabotaje a las rigurosas labores judiciales.

La misma banda sonora que acompañó la entrega de los restos, en febrero del 2020, de la primera víctima identificada: Edison Alexander Lezcano Hurtado, un campesino y padre de tres hijos que tenía 23 años en 2002 cuando fue asesinado por el Ejército.

Durante las primeras diligencias en Dabeiba, expertos de Medicina Legal tomaron 150 muestras de ADN e hicieron entrevistas para cotejar las informaciones con los cuerpos exhumados. Ese proceso de recolección del material genético fue clave para la identificación y entrega de cinco víctimas a sus familiares.

En una de las fosas encontradas sobresalen 18 pequeñas banderas verdes y anaranjadas. Unas señalan restos con un "contexto funerario normal", mientras que las otras marcan, según la evaluación de los forenses, lo que no corresponde a un enterramiento realizado por una familia. No hay mortaja, restos de ataúd.

Identifican patrones

En la cuarta diligencia forense, realizada entre el 6 y el 13 de marzo, los forenses dieron con los restos de nueve personas, que se suman a los 80 cuerpos recuperados en este camposanto en Antioquia durante 15 meses de inspección, como parte del Caso 3 de la JEP.

En esta ocasión localizaron junto a los restos exhumados un pantalón de camuflaje. En otra fosa, el hallazgo incluyó una gorra militar juntos a los restos de un posible "falso positivo", que yacía sobre un entierro legal, en el que se ve un cuerpo en mejores condiciones y con ropa.

Durante su trabajo, la JEP encontró cuerpos en bolsas negras, desnudos, con heridas de arma de fuego en la cabeza, totalmente fragmentados. Unos aparecen con prendas militares y otros, amarrados de manos, pies y cuello, en estado de total indefensión.

"Se repiten los patrones", detalla el magistrado de la JEP Alejandro Ramelli, quien ordenó las exhumaciones en Las Mercedes cuando un militar reveló su participación en inhumaciones ilegales en Dabeiba. Abrió una "Caja de Pandora".

La JEP, creada por el acuerdo de paz de 2016 con las FARC para investigar crímenes cometidos durante más de 50 años de conflicto armado, elevó en febrero a 6.402 el número de "falsos positivos", concentrándose la mayoría de ejecuciones entre 2002 y 2008. "Hay un fenómeno macrocriminal inaceptable", afirma el togado.

Comienzo de una verdad

"La Puerta de Urabá", como es llamada Dabeiba, es uno de los territorios donde la guerra no tuvo piedad con ninguno de sus protagonistas. "Si hay un sitio emblemático del conflicto armado es Dabeiba", asegura Ramelli.

Situada en los límites de la estratégica región agroindustrial de Urabá, allí operaron varios frentes del Bloque José María Córdova de las FARC que se disputaban el control de esos territorios con paramilitares y con el Ejército.

Pese a esas huellas de la guerra, el alcalde de Dabeiba, Leyton Urrego, espera que no sean estigmatizados ni visibilizados únicamente por las fosas y la violencia. Quiere que sean recordados como un "pueblo pacífico que no busca venganzas", pero "quiere saber la verdad".

Mientras la JEP busca respuestas en Las Mercedes, los niños juegan en sus bicicletas en el parque principal de un territorio donde conviven actualmente exguerrilleros de las FARC, exparamilitares, población afro e indígenas, pero en especial, víctimas.

"Nosotros perdonamos, pero es muy difícil olvidar", dice a Efe el alcalde, y relata que la guerrilla no solo lo tiroteó años atrás, sino que además asesinó a su hermano y a la madre de sus hijos.

A su vez, el padre Carlos Arturo Sánchez, nombrado recientemente párroco de la iglesia encargada de la administración del cementerio, califica a las intervenciones de la JEP como una "obra grande y admirable" que una vez termine permitirá iniciar un "proceso de perdón y reconciliación" entre una comunidad que "permanece unida", pese a la violencia

DABEIBA

18/03/2021 19:58

Jeimmy Paola Sierra / EFE

Publicado enColombia
Jueves, 18 Marzo 2021 05:47

Lula vuelve: ¿y ahora qué?

Lula vuelve: ¿y ahora qué?

La anulación de las condenas contra Luiz Inácio Lula da Silva por parte de un juez de la Corte Suprema de Justicia alteró un escenario político ya atravesado por la crisis y la incertidumbre. El ex-presidente busca proyectarse nuevamente como estadista frente al desgobierno de Jair Bolsonaro en relación a la pandemia de covid-19. Pero hay que ver cómo opera el antagonismo «petismo»/«antipetismo» que atraviesa a la sociedad brasileña. Y si el Partido de los Trabajadores logra recuperar a sectores de clase media y trabajadora que perdió en los últimos años.

 

«Estoy viendo la destrucción del país. Estoy viendo la destrucción de la esperanza de los brasileños. Y estoy viendo que nosotros tenemos dificultades para reaccionar». Esa fue la primera definición política que dio Luiz Inácio Lula da Silva en Recife, Pernambuco, el 17 de noviembre de 2019, en su primer acto después de ser liberado de la prisión en Curitiba. Luego prosiguió hablando de su injusta prisión, del ex juez Sergio Moro, de la cadena O Globo y del «golpe» contra Dilma Rousseff. El énfasis —completamente justificable, dadas las circunstancias— estaba puesto en la persecución contra él y su partido. 

El Partido de los Trabajadores (PT) se encuentra desde hacía tiempo sin un discurso que interpele a las mayorías, como si no pudiese salir del arrinconamiento político y judicial y, por consiguiente, de la defensa de sí mismo. Del «no habrá golpe», al «Lula libre». Ahora, con la anulación de las condenas por parte de un juez de la Corte Suprema de Brasil, el ex-presidente recupera sus derechos políticos, lo que le ha dado al PT una posibilidad tangible de recuperar el poder y ello se reflejó inmediatamente en un cambio de postura. El partido fundado en 1980 ha estado enfocado principalmente en recuperar su carta más poderosa: el ex-presidente de origen obrero.

Con su liberación, el PT recuperó la capacidad de reacción. En el discurso de la semana pasada, luego de la anulación de las sentencias en su contra, Lula logró, después de mucho tiempo, poner el énfasis en el proyecto de país. La energía de la gestualidad estuvo centrada en criticar al gobierno y en desarrollar una propuesta, y no ya en la defensa de sí mismo. Lula logró recuperar densidad política y articular un discurso como construcción de sentido, pero también diálogo y articulación con otros sectores. No faltaron las referencias a la persecución, pero fueron como una introducción necesaria, dada la reciente anulación de las sentencias, para luego hablar de Brasil. «Vamos a dialogar con todos los actores políticos», anunció. Ese fue, evidentemente, el otro gran giro. Desde hacía mucho tiempo, el PT no mostraba vocación de dialogar con sectores más allá de los ideológicamente afines. Fernando Haddad, ex-ministro de Educación y ex-alcalde de San Pablo, fue mucho más contundente en una entrevista posterior a la CNN Brasil. En su opinión, Lula va a construir alianzas con un abanico lo más amplio posible de partidos, «no pensando en ganar las elecciones, sino pensando en gobernar».

Lula dejó el poder el 1 de enero de 2011 con un 83% de aprobación y 4% de desaprobación, según el instituto Ibope. No es necesario volver sobre los tantas veces mencionados logros de su gestión. Los millones que salieron de la pobreza, la sexta economía mundial, la clasificación de Brasil como país emergente. Sin embargo, el regreso de Lula al poder es posible, pero está lejos de ser sencillo. ¿Cómo se explica esa dificultad si Brasil vivió uno de los mejores momentos de su historia durante su gobierno? «Nunca fuimos tan felices», decía la tapa de la revista Isto É de agosto de 2010. «Los brasileños son llevados por el sentimiento de bienestar, comprando más autos, viajando más, comprando casa propia y realizando sueños hasta entonces intangibles», explicaba la portada. Analizar las posibilidades de Lula para 2022 requiere repasar, al menos sucintamente, qué sucedió en estos años, por qué el PT perdió terreno entre el electorado, la fuerza del antipetismo y la posición actual de los otros jugadores, incluyendo al presidente Jair Bolsonaro.

Lula da Silva fue electo presidente por primera vez en 2002 en un país en el que, como indican los estudios del Instituto Datafolha, la mayoría se autodefine como conservadora y de derecha, pero en el que la izquierda siempre tuvo un espacio político considerable. Para lograr el triunfo fue necesario un viraje hacia el centro, una política de alianzas con el empresariado nacional y la ya famosa «Carta al pueblo brasileño», que selló su compromiso con el mercado. Luego de tres derrotas en las presidenciales (1989, 1994 y 1998), el PT rompió su techo electoral y los votantes le dieron a Lula, líder de un partido claramente ubicado en la izquierda, su primera oportunidad como presidente.

En 2005, el caso de corrupción conocido como Mensalão pareció acabar con las posibilidades de reelección. Pero estaba teniendo lugar la reconfiguración electoral que el politólogo André Singer describió luego en su artículo «Raíces sociales e ideológicas del lulismo». Sectores de clase media y de la clase trabajadora tradicional dejaron de apoyar al gobierno, pero este incorporó a sectores de bajos ingresos, históricamente conservadores, como resultado de la combinación de una serie de políticas: el plan Bolsa Familia, los aumentos del salario mínimo, los créditos, el aumento del consumo, las inversiones, el crecimiento del trabajo registrado. El fenómeno sería más notorio en el Nordeste, desde entonces la región donde el PT sería más fuerte en detrimento de San Pablo. A pesar del escándalo del Mensalão, que dejó raída la bandera anticorrupción del PT, en las elecciones de 2006 el pueblo brasileño le dio a Lula una segunda oportunidad para presidir el país. Y lo mejor vendría en ese segundo mandato.

David Samuels y Cesar Zucco explican en su libro Partisans, Antipartisans, and Nonpartisans: Voting Behavior in Brazil (Partidarios, antipartidarios y no partidarios: El comportamiento electoral en Brasil) que para entender cómo se manifiesta el sistema de partidos brasileño entre el electorado es necesario ir más allá de la identificación partidaria de los ciudadanos y observar con mayor detenimiento el fenómeno del «antipartidismo» —entendido como la oposición a un partido determinado—. Según los autores, el PT es el único que cuenta con cantidades significativas de partidarios entre el electorado, convirtiéndose en el principal ordenador de las preferencias. Los petistas y su contracara, los antipetistas, le dan sentido al sistema. Desde 1994, las elecciones presidenciales se ordenaron a partir del binomio Partido de los Trabajadores/ Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB, centroderecha), pero entre el electorado las identidades predominantes siempre fueron petismo/antipetismo. Esto explicaría la estrepitosa pérdida de votos del PSDB en 2018 y la emergencia de Jair Bolsonaro como representante del campo antipetista. Por consiguiente, analizar las posibilidades electorales de Lula en 2022 requiere, entre otras cosas, ponderar la correlación de fuerzas entre petismo y antipetismo.

Los últimos años de la política brasileña han sido de consecutivas victorias del antipetismo. La declinación del PT comienza, de hecho, luego de los gobiernos de Lula, con la ola de protestas de junio de 2013. En 2014, Dilma Rousseff ganó la reelección en segunda vuelta contra Aécio Neves por apenas tres puntos porcentuales de diferencia y, en 2015, la operación Lava Jato funcionó a todo vapor y el país entró en recesión al mismo tiempo que Dilma continuaba con el giro económico hacia la ortodoxia y el ajuste, abandonando sus propias banderas políticas. 

La consecuencia fue el derrumbe total de la aprobación del gobierno, las manifestaciones callejeras, la crisis económica y un escándalo de corrupción. Sin dudas, detrás del impeachment hay una serie de razones muy específicas. Como explica Fernando Limongi en su artículo «La crisis actual y el debate institucional», publicado en 2017, el objetivo de Michel Temer y Eduardo Cunha —los principales impulsores del impeachment— era escapar de la operación Lava Jato. Por ello, para destituir a la presidenta utilizaron el argumento del «maquillaje fiscal» y no los vinculados a las denuncias de corrupción. En 2016, la dimensión de la crisis era tal que hubo quien dentro del PT propuso cambiar el nombre del partido. En las presidenciales de 2018, el PT obtuvo 30% de los votos en primera vuelta, lo que lo situó en los niveles de la década de 1990. En las municipales de 2016, con todas las particularidades que tienen este tipo de comicios, el antipetismo fue contundente. En 2020 siguió mostrando, aunque en menor medida, su fortaleza. La semana pasada, según el Instituto de Opinión Pública Paraná Pesquisas, 57,5% de los brasileños dijo estar en contra de la anulación de las sentencias contra Lula. Según CNN/Real Time Big Data, el porcentaje era del 54%.

La operación Lava Jato no se reduce a la persecución judicial contra Lula y a todos los atropellos al debido proceso que fueron notorios desde el comienzo. La magnitud del esquema de corrupción descubierto hizo caer a políticos y ministros de diferentes colores partidarios, pero también a grandes empresarios. Eike Batista, el brasileño más rico, sexto en el ranking mundial de la revista Forbes en 2012, fue preso en 2017. La dimensión y el impacto del Lava Jato fue enorme. Lula puede no haber sido el jefe de la asociación ilícita como denunciaron los fiscales liderados por Deltan Dallagnol y su lamentable PowerPoint, pero los hechos de corrupción tuvieron lugar durante su presidencia. Su partido estuvo claramente entre los beneficiados.

La percepción de que esto es así parece ser el motivo por el cual la filtración de los chats entre Moro y los fiscales, iniciada a mediados de 2019 y que todavía continúa a cuentagotas, no movió el amperímetro de la opinión pública en favor de Lula. Pero la obscena parcialidad y las operaciones judiciales que muestran las filtraciones sí han cambiado la imagen que se tenía de Moro en la sociedad y el respeto a su figura que reflejaban los medios de comunicación. Lo más importante es que se incluyeron elementos que pueden carecer de valor probatorio (los mensajes fueron obtenidos de manera ilegal y ello los anula como prueba) pero que modificaron la actitud de los miembros de la Corte Suprema hacia Lula y la Lava Jato. Sin las revelaciones de los mensajes, era poco probable la anulación de las sentencias. Todo indica que la decisión del juez Edson Fachin de anular las condenas contra Lula por la cuestión de la jurisdicción tenía por objetivo evitar el tratamiento en la Corte de la falta de imparcialidad de Moro, tal vez dando la posibilidad de que la sentencia sea ratificada en el Distrito Federal. Fachin no pudo evitar que la Corte comience a tratar la falta de imparcialidad la semana pasada y el propio juez, otrora «lavajatista», dijo que los mensajes de Moro y los fiscales «no se pueden esconder debajo de la alfombra».

El clivaje petismo/antipetismo es fundamental, aunque tampoco lo explica todo. Lula tiene la capacidad de ampliar los apoyos del PT. De haberse podido presentar en 2018, su candidatura hubiese obtenido más que el magro 30% que consiguió Fernando Haddad en primera vuelta. Pero la fuerza del antipetismo impone límites. Y, al mismo tiempo, podría operar una disputa por la reconfiguración y el liderazgo del campo antipetista.

Es cierto que las preferencias políticas de los brasileños han ganado mayor complejidad con la emergencia del bolsonarismo, el cual ciertamente representa a la derecha radical. El bolsonarismo, que comenzó a tener volumen hacia 2016, tiene un núcleo del 20%. El 46% que obtuvo en la primera vuelta de 2018 fue un espejismo, algo que quedó de manifiesto con la inmediata caída de la aprobación una vez llegado al gobierno. Pero la aparición del bolsonarismo también ha dado lugar al surgimiento de los «ni-ni», aquellos que no quieren ni a Bolsonaro ni a Lula. De acuerdo a la reciente encuesta del IPEC, publicada en la revista Piauí, los «ni-ni» representan 20% del electorado.

Otro sector a considerar es el de los «si-sí», aquellos que expresan que pueden votar tanto a Bolsonaro como a Lula. Según IPEC, alcanzan un 10% de la población. Este otro sector es uno de los motivos por el cual el primer perjudicado con el «regreso» de Lula es Bolsonaro. La predisposición a votar a uno o al otro (en algunos casos sin excluir a terceros) es un problema para el actual presidente, que todavía no encuentra un Norte claro para su gestión. Son varios los aspectos donde ese déficit se hace más perceptible: desde la ambivalencia entre apoyarse en su núcleo radical o buscar ser más amplio, hasta los cambios en el estilo y la estrategia de comunicación del presidente. Pero donde más se nota es en el terreno económico. Más allá del fuerte apoyo al sector agropecuario y algunas reformas de tipo liberal, a grandes rasgos el gobierno de Bolsonaro siempre se encuentra a medio camino entre la responsabilidad fiscal y el aumento del gasto o las privatizaciones y la intervención estatal. 

Si no hay solución para la creciente inflación, el desempleo y la inminente recesión, los «si-si» podrían darle la bienvenida a Lula. Como escribió Márcio Coimbra en enero pasado, Bolsonaro es más intuición que estrategia y ante la complejidad del escenario actual no se puede descartar que no llegue a la segunda vuelta de las elecciones que tendrán lugar dentro de casi un año y medio. Más que favorecer a Bolsonaro por vía de la polarización, la elegibilidad de Lula le mueve el piso al actual presidente de la mano de los «si-si».

Esto nos lleva a analizar el campo de lo que podríamos denominar como el de la «derecha tradicional». Aunque no tiene ningún presidenciable fuerte, por su tamaño y estructura en el nivel municipal y estadual, el PSDB puede volver a ser parte de un armado que dispute con el PT. Por fuera, danzan en las encuestas de intención de voto los nombres del propio Moro, fuertemente debilitado luego de su paso por el gobierno de Bolsonaro como ministro de seguridad pero que mantiene 10% sin moverse de su casa. Y en menor medida, Luciano Huck, conductor de espectáculos en O Globo, con entre 6 y 9%. Este sector, que no tiene nombres definidos y en el que abundan los hipotéticos precandidatos y la falta de coordinación, es sin embargo un potencial ganador con la participación electoral de un Lula que le quita votos a Bolsonaro. Pero el escenario no está para nada definido. Con Lula en el ring y el actual escenario económico, la tendencia es que Bolsonaro pierda fuerza y que Lula pueda alcanzarlo en intención de voto. ¿Cuál va a ser el tamaño de la sangría para el actual gobierno? ¿Qué tan duro es el núcleo bolsonarista? ¿A la derecha tradicional le alcanzaría con ganar el campo antipetista? Bolsonaro tiene por ahora la maquinaria y la iniciativa a su favor.

En la centroizquierda se destaca la figura de Ciro Gomes, con su proyecto de «desarrollismo nacional» y su estrategia de absorber el voto de la clase media desencantada con el PT. Con el carismático Lula en la cancha, el trabajo es más difícil para Gomes, quien por otra parte tiene poca llegada a los sectores de más bajos ingresos. Marina Silva ya no tiene el potencial que alguna vez tuvo (20% de los votos en 2010 y 2014), pero podría sumar como vicepresidenta, tanto para Gomes como para Lula. El Partido Socialista Brasileño (PSB) también está en una encrucijada importante con la vuelta de Lula. Sin este, el PSB se encaminaba a construir «fuera de los extremismos»; pero con Lula en la vereda de enfrente se le puede complicar retener el gobierno de Pernambuco (en la región del Nordeste) y este estado suele definir la estrategia de los socialistas.

En lo que concierne al PT y su relación con el electorado, la óptica para analizar la posibilidad de que Lula da Silva vuelva al poder no es la de la narrativa del «golpe» contra Dilma y la del líder popular que fue perseguido judicialmente e imposibilitado de competir en una elección que de otro modo hubiera ganado. El proceso de Brasil de los últimos años indica que el PT ha perdido terreno y que Lula ya no goza de la confianza de una parte considerable de la sociedad. Con él en el poder, Brasil vivió una de sus mejores épocas ¿Tendrá Lula una tercera oportunidad? 

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Jineth Bedoya, periodista y activista colombiana contra la violencia de género.CAMILO ROZ

Bedoya fue secuestrada, torturada y violada por paramilitares el 25 de mayo de 2000, cuando realizaba una investigación en la cárcel La Modelo, en Bogotá

 

El que era esperado en Colombia como un día histórico, el inicio de la audiencia pública virtual por el caso de la periodista Jineth Bedoya ante el más alto tribunal americano de derechos humanos, ha desembocado este lunes en una inédita acción del Estado colombiano. El país andino ha optado por recusar a los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y se ha retirado del juicio en el que se determina su responsabilidad por las amenazas, agresiones y violencia sexual que ha sufrido Bedoya, en el contexto de sus obligaciones internacionales con las mujeres periodistas.

La búsqueda de justicia de Jineth Bedoya ya cumple 20 años. La periodista, hoy subeditora del periódico El Tiempo, fue secuestrada, torturada y violada por paramilitares el 25 de mayo de 2000, cuando realizaba una investigación en la cárcel La Modelo, en Bogotá. Desde entonces se ha convertido en una de las principales voces contra la violencia sexual en América Latina y lleva una década al frente de la campaña No es hora de callar, con el propósito de que las víctimas alcen la voz y denuncien las agresiones.

El inicio de la audiencia de tres días había sido recibida con expectativa en Colombia. “Por primera vez un tribunal internacional, nada menos que una instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), escucha y seguramente se pronunciará sobre la violencia contra las mujeres periodistas en nuestro país y en el hemisferio y sobre la violencia sexual en Colombia”, señalaba el editorial de El Tiempo este lunes. “No es hora de callar ni de tolerar. Es hora de justicia plena”, apuntó. En el informe de fondo que envió a la corte en 2018, la CIDH concluyó que el Estado colombiano es responsable de múltiples violaciones a los derechos de Jineth Bedoya. Hace apenas dos años, dos paramilitares fueron condenados a 40 años de cárcel como autores materiales después de que ella se tuvo que convertir en investigadora de su propio crimen. Hasta ahora ninguno de los autores intelectuales del crimen han sido judicializados.

La comunicadora ha seguido recibiendo incesantes amenazas hasta el día de hoy. “Mi vida se destruyó, a mí me mataron la mañana del 25 de mayo”, relató en la audiencia con la voz entrecortada al señalar que el periodismo ha sido el oxígeno que le ha permitido seguir adelante. “He creído que la palabra es la mejor forma de transformar el dolor. Pero lamentablemente mi vida se acabó”, declaró. “¿Cómo se puede recuperar algo que queda quebrado en mil pedazos? Porque eso es lo que hace la violencia sexual”, apuntó en otro momento.

Bedoya relató en su declaración que agentes de la policía fueron quienes le sugirieron entrevistarse en la cárcel con jefes paramilitares, la trampa que ocasionó su secuestro, así como la revictimización que debió afrontar debido a que las autoridades la llamaron en 12 ocasiones a declarar sobre la agresión sexual. También declaró que la mayor medida de reparación que podría recibir es clausurar La Modelo, donde sistematicamente se han producido todo tipo de violaciones de derechos.

Después de varias horas de audiencia, el equipo de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que representa a Colombia, en cabeza de Camilo Gómez, anunció que se proponía presentar a la brevedad posible un escrito para recusar a cinco de los seis jueces, con el argumento de que sus preguntas prejuzgaban. “Aquí de lo que se trata es de la falta de garantías y objetividad en este proceso (…) Se trata de no prejuzgar a un Estado que se presenta con humildad ante la corte y que pone la cara ante la víctima, pero que espera de sus jueces la imparcialidad y la objetividad que son la esencia de la justicia”, dijo Gómez en su inesperado alegato al anunciar que se retiraban. “Esperaremos que el ilustre Estado de Colombia presente sus escritos y haga sus peticiones, las cuales serán resueltas oportunamente, y mientras tanto esta audiencia no se puede interrumpir y vamos a continuar”, zanjó Elizabeth Odio Benitez, presidenta de la Corte.

“Se trata de una conducta sin precedentes e irresponsable”, reaccionó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, en alusión a la decisión de Colombia de recusar a casi todos los jueces porque le molestaron las preguntas a la víctima. “El Gobierno de Iván Duque debería avergonzarse de lo que hizo ante la Corte IDH en el caso de Jineth Bedoya”, escribió en sus redes sociales.

“Las organizaciones que representamos a la periodista consideramos que la actitud del Estado demuestra la desidia contra las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y niega espacios dignos para acceder a la justicia”, señaló en un comunicado la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que acompaña el caso. El retiro del Estado es un acto sin precedentes que genera preocupación sobre su compromiso frente al juicio, así como sobre el sometimiento frente a la decisión que adopte la corte, apuntó la organización. “Además, esta actuación hace parte de una estrategia que busca deslegitimar a la Corte IDH y significa un nuevo obstáculo en el proceso, que continúa castigando a Jineth Bedoya por hacer escuchar su voz, resultando así en un nuevo intento de silenciarla”, concluyó la FLIP.

Por Santiago Torrado

Bogotá - 16 mar 2021 - 00:46 UTC

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