Los jóvenes de Colombia, con poco o nada que perder, protagonizan uno de los estallidos con mayor represión policial de los últimos años en América Latina

Los jóvenes de Colombia, con poco o nada que perder, protagonizan uno de los estallidos con mayor represión policial de los últimos años en América Latina.

 

Ropa cómoda, documento de identidad, tarjeta bancaria, botella de bicarbonato con agua, pañoleta, mascarilla, algo de comer, agua, cuaderno, cámara, chaleco, máscara antigás, casco y carné de prensa. Esto es lo que guarda en su mochila Julieth Rojas, de 20 años, cada vez que va a cubrir las manifestaciones que empezaron el 28 de abril. Miles de personas, en gran parte jóvenes, salieron a las calles en contra de una reforma tributaria que pretendía ajustar el cinturón fiscal a los hogares más pobres, que suman más de la mitad de la población y que ya tenían serios problemas económicos antes de la pandemia. La represión policial no tardó en llegar, pero Rojas es firme: “La gente tiene más miedo a quedarse callada que a que la maten”. 

La presión de las protestas obligó al Estado a retirar la reforma tributaria tras cuatro días de movilizaciones y 21 homicidios de manifestantes, según publicó la ONG Temblores. El ministro de Hacienda y la titular de Exteriores dimitieron y el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció una mesa de negociación con el comité nacional del paro nacional, donde se agrupan las organizaciones convocantes, y también con el resto de sectores que participaban en la protesta. Sin embargo, muchos jóvenes han seguido en las calles al no sentirse representados y algunos exigieron reformas más profundas, como la de la policía.

Las oportunidades de futuro para la juventud colombiana se han ido reduciendo si se observa el deterioro de sus condiciones sociales y su percepción sobre lo que pasa en el país. Según datos oficiales de 2019, el 43% de los jóvenes menores de 24 años son pobres, ocho puntos más que la tasa nacional. La falta de oportunidades también es evidente con un desempleo juvenil que rozó el 30 por ciento durante los primeros meses de confinamiento. Esto se suma al clima de inseguridad en el que viven. Durante 2019, el homicidio fue la primera causa externa de muerte entre la población de 15 a 24 años, con casi 4.000 casos. 

Primera línea

Julieth Rojas es voluntaria en Primera Línea, un medio alternativo que nació durante las protestas de noviembre de 2019 para contar los abusos del Escuadrón Móvil de Antidisturbios (ESMAD), unidad especial de la policía que se despliega para contener manifestaciones y que hace uso excesivo de la fuerza de forma sistemática. Según un informe del observatorio de violencia policial de Temblores, la policía cometió 289 homicidios entre 2017 y 2019. Uno de los primeros reportajes de Rojas fue sobre una de estas muertes. 

Julieth Rojas es la más joven de las cuatro fotoperiodistas que tiene este medio, que con más de 300.000 seguidores en su cuenta de Instagram es toda una referencia dentro del movimiento. Esta estudiante precisa que el nombre del medio también hace referencia a los manifestantes que se colocan con escudos artesanales frente al ESMAD cuando hay cargas policiales para dar tiempo al resto de manifestantes a buscar refugio. Esta estrategia también se usó en las protestas de Chile de 2019.

Rojas y su equipo se reúnen cada vez que hay manifestaciones para revisar los lugares de las convocatorias y así repartirse las zonas para hacer una mejor cobertura. En su caso, suele cubrir la Plaza Bolívar. En este punto se encuentra el Congreso, el Palacio de Justicia y también el ayuntamiento de Bogotá. Esto hace que haya una mayor concentración policial. La joven explica que te pueden “encerrar muy fácil” por el tipo de calles que hay alrededor. Cuando se le pregunta por qué elige siempre esta zona, tras una pequeña risa, responde: “Uno se vuelve masoquista”. 

A pesar de tener chaleco y carné de prensa, le han “gaseado terriblemente”, explica refiriéndose a los gases lacrimógenos, y recuerda que al principio no tenían equipo de protección y terminaban “ahogados”. Es justo en ese momento cuando entran en juego las botellas que guarda en su mochila. “Cuando hay tropel (cargas policiales), pongo el bicarbonato con agua en la pañoleta y me lo pongo en la cara, eso ayuda muchísimo”, reconoce. La joven fotógrafa relata cómo, en sus primeras coberturas, se ponía cerca del ESMAD buscando protección pero aún así no se libraba del gas ni de que le apuntaran con sus armas aturdidoras. “Uno piensa que el chaleco y el carné de prensa ayudan, pero a ellos no les importa nada”.

La policía también tiene casos abiertos sobre violencia sexual a manifestantes, por lo que para jóvenes como Rojas documentar este tipo de protestas supone un riesgo mayor. “Da mucho más miedo”, reconoce mientras que recuerda un caso en el que la policía retuvo a una chica en un Comando de Atención Inmediata (pequeñas comisarías que hay en cada barrio). “Le hicieron firmar un documento para que no dijera nada de lo que había pasado”. Por eso, siempre sale en compañía de algún amigo u otra periodista de su equipo.

Esta estudiante de último año de periodismo consigue pagar “con las uñas” los 5.000 euros que vale la matrícula en su universidad privada. Cuando habla con gente de su universidad sobre la protesta, siente que muchos lo viven con cierta distancia: “Son personas que tienen muchos privilegios, la guerra no les atacó directamente ni la falta de oportunidades”. Rojas siente que el gobierno y los medios ocultan lo que pasa en el país: “Feminicidio, desplazamientos forzados, asesinatos de líderes sociales…”. Cuando llegó la reforma tributaria, según dice, los medios alternativos mostraron lo que podría pasar si se aprobaba y “la gente se puso las pilas, ese fue el detonante”. Aunque cree que los cambios van a llevar mucho tiempo, espera que al final “merezca la pena” haber salido a las calles. Reflexiona un momento cuando se le pregunta con qué imagen se quedaría de lo que ha visto hasta ahora, pero en seguida dice: “El amor de las personas por Colombia”. 

“Nos están matando”

La Defensoría del Pueblo, institución del Estado responsable de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, documentó 42 fallecidos durante las primeras dos semanas de protestas. Por su parte, la ONG Temblores registró 40 casos de homicidios cometidos presuntamente por la policía. Las redes sociales se llenaron de vídeos donde se denunciaban los abusos policiales con mensajes como “Nos están matando” y “SOS Colombia”.

Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, fue el escenario de algunas de las manifestaciones más importantes del país, en su gran mayoría pacíficas. Pero también fue el epicentro de enfrentamientos entre manifestantes y el ESMAD que la llevaron a ocupar las portadas de los medios internacionales. “Cali ha sido la punta de lanza de la resistencia”, afirma David Erazo, estudiante de sociología que también trabaja como repartidor de comida a domicilio, con lo que gana unos tres euros a la semana. Erazo se unió a la protesta desde el primer día y fue testigo de algunas de estas situaciones. 

 “Estábamos desayunando y un compañero nos dijo por WhatsApp que venía una tanqueta”, dice con tono calmado, mientras aclara que es algo habitual ver tanquetas en las universidades públicas y que “tiene experiencia previa” sobre lo que hay que hacer. Erazo continúa explicando que en ese momento, algunos de sus compañeros que tenían escudos caseros, algunos hechos de las mismas señales de tráfico, hicieron una primera línea de defensa “para evitar los ataques más directos”. Confiesa que, aunque trató de registrarlo con su cámara, lo principal en estas situaciones es “correr a un lugar lejano” y esperar a que todo se calme.

En esta ocasión tuvo suerte y también se escapó de las balas de goma, algo que no pasa siempre. Recuerda que una vez recibió impactos en los hombros. Estos enfrentamientos duran horas, explica, y aunque se supone que la policía tiene la orden de no apuntar a zonas sensibles del cuerpo, “ellos disparan directamente a la cara”. Los cuerpos policiales en Colombia dependen del Ministerio de Defensa y no del de Interior, por lo que hay una alta impunidad de los abusos policiales. Según Temblores, solo dos de las 127 investigaciones abiertas por homicidio entre 2017 y 2019 acabaron con una condena en firme.  

Erazo destaca cómo la juventud de los barrios más pobres de la ciudad salió de forma espontánea y que, según él, los jóvenes son los que más “han nutrido” a la protesta. Continúa explicando que Cali es una ciudad donde se concentran muchas personas que fueron desplazadas por el conflicto y llegaron a zonas “con acceso casi nulo a servicios básicos como alcantarillado y electricidad”. Según datos de 2018 del ayuntamiento de Cali, 205.000 personas desplazadas residen en la ciudad tras huir de la guerra. Cree que “la exclusión y la falta de oportunidades” que enfrentan estos jóvenes puede explicar que fueran ellos quienes se “abanderaron del paro”. En 2022 hay elecciones presidenciales y este manifestante tiene esperanzas de que sea el momento para “focalizar toda esa rabia en un gobierno popular”.

Dispuestos a llegar hasta el final

Nia prefiere no decir su apellido, tiene 20 años y ni estudia ni trabaja. Forma parte de ese grupo que se conoce como “Nini”, y que representa el 33% de la juventud entre 14 y 28 años. Vive en uno de los barrios más pobres de Cali. Antes trabajaba poniendo etiquetas a botes de pintura en una empresa pero la despidieron cuando llegó la pandemia. Durante la protesta, se unió a Escudos Negros, un grupo urbano que forma parte de la primera línea de resistencia y que realiza bloqueos en algunas calles de la ciudad.

Estos bloqueos son una estrategia de este tipo de grupos para presionar al gobierno ya que provoca desabastecimiento de alimentos, medicinas y gasolina en la propia Cali pero también en otras ciudades principales del país. Por su parte, el presidente de Colombia remarcó que son ilegales y dejó clara la postura del ejecutivo: “Aunque no se hagan con armas o agresiones físicas, son en sí mismos unos actos que son violentos”.

Nia se dedica a apoyar a diferentes bloqueos de la ciudad y tiene unas funciones muy específicas cuando hay un enfrentamiento con el ESMAD. “Ayudo a devolver gases (botes de gases lacrimógenos), con la leche y el agua con bicarbonato”, explica. Cuando se le pregunta qué opina de quienes critican esta forma de protesta, en su contestación se nota rabia: “Les diría que dejen de ser tan tibios, poco empáticos e ignorantes, que no les importa el país ni lo que está pasando”. 

Las demandas de estos grupos son variadas. Para ella, lo que quieren es un “verdadero diálogo de cambio” y si eso no pasa, pide la renuncia de Duque y Uribe. “Que se les baje el sueldo al salario mínimo a los congresistas, senadores y toda la gente del gobierno para que vivan con 800.000 pesos (180 euros) a ver si son capaces [de vivir] como el pueblo”, señala con ánimo encendido. El salario mínimo en Colombia en 2021 está fijado en unos 202 euros, seis euros más que el año anterior. 

Se despide con una declaración breve pero decidida: “Todos nosotros estamos dispuestos a llegar al final, dispuestos a dar la vida”.  

Resistencia desde la tierra

Los pueblos indígenas son un foco de resistencia en cualquier nueva movilización y en esta ocasión también se unieron a la protesta. Juan Sebastián Salazar, de 23 años, forma parte de la guardia indígena del pueblo Kite Kiwe, cuyas tierras están en una de las regiones más golpeadas por la guerra. Salazar es uno de los 20.000 defensores de la tierra que tiene esta guardia en esta zona y su función es velar por los derechos humanos en el país. “Este gobierno nos tiene doblegados por eso nos unimos al resto de los sectores y llegaremos victoriosos como pueblo”, afirma. Colombia es uno de los peores países para defender los derechos humanos pero esto es aún más peligroso para jóvenes como Salazar ya que son los tipos de liderazgo más perseguidos durante los últimos años. Entre la firma de los acuerdos de paz en 2016 y abril de 2021, hubo 317 homicidios de líderes indígenas, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y La Paz (Indepaz). 

Para Salazar, participar en política más que un derecho, es una tradición. “Desde los ocho años, empezamos con formación política en la escuela”. Quizás por eso hoy es uno de los líderes de su comunidad y como tal, tiene sus propias reclamaciones para su pueblo: “Un territorio donde no haya violencia por los grupos armados ilegales, con nuevas oportunidades, eso es lo que como jóvenes soñamos”, expone, al tiempo que exige que se respeten sus “usos y costumbres”. Sin embargo, considera que es difícil con un gobierno que “llega a la negociación y luego no cumple” mientras que en cada protesta son ellos los que se ponen “en riesgo”.

Este estallido no fue la excepción. Ante los constantes enfrentamientos que había con la policía en Cali, una caravana de unas 300 personas de la guardia indígena decidió salir de sus tierras y acompañar a los manifestantes en el epicentro de la protesta. Un poco antes de llegar a la ciudad, civiles armados atacaron al grupo, presuntamente bajo la permisividad de la policía que presenció el ataque sin defender a los manifestantes. “Llegamos a un sitio donde no nos dejaron pasar, nos bajamos a dialogar con las personas y ahí fue cuando coches de marca Toyota blindados se tiraron encima de nosotros”, refiere Salazar.

Doce personas resultaron heridas, entre ellas una lideresa que recibió dos impactos de bala en el abdomen y tuvo que ser ingresada en cuidados intensivos. “Fue una experiencia muy dura, porque nosotros como guardia indígena solo tenemos los bastones de autoridad, y tener enfrente personas armadas da mucha rabia”. El líder indígena también es de los que cree que esta protesta ha sido la primera para muchos jóvenes y remarca cómo el ejemplo de lucha de los pueblos indígenas pudo ser importante para esto. “Nosotros somos referentes en hacer la resistencia, entonces los jóvenes se animaron a sumarse a esta gran causa, a esta gran lucha”, reflexiona.

Juvenicidio directo

La generación de jóvenes que tiene poco que perder se sienten cansados de ser los invisibles de este sistema. Esto hace que la confianza hacia el Estado esté muy fracturada. Según señala una encuesta del Observatorio de la Juventud en Iberoamérica, un 72% siente que el Estado es “poco o nada democrático”.

Para Germán Muñoz, profesor e investigador sobre juventud en la Universidad Nacional, hay una intencionalidad directa en provocar esta fractura: “Es una política de Estado contra los jóvenes, de asesinato sistemático y planificado”. Muñoz también es miembro de la Red Iberoamericana de debate y acción colectiva frente al juvenicidio y un estudioso de los estallidos sociales de los últimos años en la región. Explica que en Colombia hay un “levantamiento popular” de la juventud de los barrios más pobres. “Tienen hambre, rabia, están hastiados de la violencia policial, ya no aguantan más”. También critica los métodos del Estado: “Es una guerra de piedras contra armas sofisticadas de última generación de alta letalidad”. Muñoz se refiere a las tanquetas equipadas con municiones aturdidoras y perdigones que son “municiones letales” y que fueron creadas para enfrentamientos entre ejércitos, no contra manifestantes, según argumenta.

Por su parte, Rayén Rovira profesora e investigadora de la Universidad Nacional y también miembro de esta red, dice que hay un “juvenicidio directo”. Lamenta cómo la militarización de las ciudades está provocando que los hijos de las familias desplazadas por la guerra hacia las capitales sean ahora quienes están sufriendo “esa violencia que sus padres vivieron en los pueblos”.

El estallido de Colombia fue el primero de relevancia tras el parón que sufrieron las protestas que se extendían por Ecuador, Chile o Haití antes de la pandemia. Rovira piensa que el ejemplo colombiano puede “dar valor” a otros movimientos de América Latina para salir a las calles de nuevo: “Los jóvenes de Colombia fueron la chispa, quién sabe si de algo más que está por venir”.

Por Víctor Linares

6 jun 2021 06:00

Publicado enColombia
Marta Gómez: "Es muy triste ser de Colombia en este momento"

La cantautora presenta este domingo por streaming el espectáculo "Cuando todo pase"

El espectáculo hacía referencia originalmente a la pandemia, pero ahora adopta un nuevo sentido. Pese al desencanto frente a la crisis que vive su país, Gómez señala: "ahora los jóvenes en las calles están dando sus vidas para que nuestro futuro tenga algo de dignidad en un país tan injusto".

La cantautora colombiana Marta Gómez sigue con mucha preocupación lo que sucede en su país. Desde abril, la crisis social, económica y política se agravó en Colombia luego de que el presidente, Iván Duque, intentara imponer una reforma tributaria en plena pandemia. Organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles, agrupadas en el Comité Nacional del Paro, salieron a las calles para protestar e impidieron el impuesto. Pero denuncian abuso de poder, violaciones a los derechos humanos, desaparición de personas y militarización de parte del gobierno. “Por un lado, es una situación horrible de miedo y desesperanza. Y por otro, los jóvenes que están en la calle reclamando cosas tan lógicas, tan humanas y tan básicas, como el derecho a la salud y a la educación pública, inyectan esperanza y ganas de luchar”, dice Gómez desde Barcelona, donde reside desde hace más de diez años.

“Pero es muy triste y doloroso ver desaparecidos y torturas; son cosas que nosotros habíamos visto en Colombia siempre desde lejos, en el campo y en la guerra. Pero verlo ahora en las ciudades ha sido un golpe muy duro. Y para los que estamos lejos es muy frustrante ver a la población armada, con complicidad de la policía”, reflexiona la cantautora. “Y gracias a que las personas en la calle están filmando con el celular todo lo que sucede se han salvado muchas vidas, pero aun así hay muchos desaparecidos. Es muy triste ser de Colombia en este momento”, dice. Y la forma que encuentra de acompañar es seguir creando canciones, estar en contacto permanente con sus coterráneos y difundir el conflicto desde sus redes sociales. “El arte es lo que nos va a salvar como especie”, sostiene.

De este modo, la cantautora realizará este domingo al mediodía un concierto por streaming a través de la plataforma Passline. El espectáculo se llama "Cuando todo pase" y originalmente hacía referencia a la pandemia, pero ahora adopta un nuevo sentido. “Es muy bello, porque la canción surgió en la pandemia. Y cada vez que la canto pienso en la situación en Colombia y me encanta porque la música permite eso”, cuenta quien también está repasando veinte años de trayectoria. “En estos días se está celebrando el cumpleaños de Violeta Parra y buscando canciones de ella para cantar, me encontré con ‘La carta’ y pensé: ‘¡Parece que hubiera sido escrita hoy para Colombia!’. Por un lado, qué triste que la historia se repita; pero por otro, qué bello que la música tenga esa atemporalidad y nos dé fuerzas. Y que de las cosas más horrendas pueda salir algo de belleza”.

La compositora colombiana estará acompañada por el pianista Antonio Mazzei y el show se podrá ver en Argentina, Chile y Uruguay. La idea es repasar canciones de todos sus discos: desde Marta Gómez (2001) hasta El corazón y el sombrero (2011), en el que musicalizó doce poemas de Federico García Lorca en clave folklórica, además de canciones infantiles. “Quería que fuera un momento de unión en la familia. Y vamos a aprovechar las redes para leer todo lo que me dicen y componer juntos los versos de la canción ‘Cuando todo pase’”, adelanta esta cantora que profundiza en la canción popular latinoamericana. “Tengo tatuada una frase de una canción argentina en un brazo, ‘Canción para un niño en la calle’ (Armando Tejada Gómez), y en el otro tengo un dibujo de Violeta Parra”, resalta sobre su amor por Sudamérica. “A Uruguay nunca fui, pero escucho hace mucho tiempo la música de Rubén Rada, Jorge Drexler y Jaime Roos ¡Me muero por conocer!”, confiesa.

  -¿Y la música puede ser un buen canal para comunicar el conflicto en Colombia?

  -Yo espero que sí, siempre lo he pensado. De hecho me emociona cada vez que me mandan videos de las manifestaciones de personas cantando "Para la guerra nada". Que es una canción muy directa, que no tiene manera de desviarse. Por supuesto que la música es un bálsamo y espero que sirva como un abrazo, pero en días como estos a mí se me parte el corazón. La orquesta de jóvenes estudiantes de Cali, de mi ciudad, hizo un cacerolazo sinfónico y también se reunió a tocar algunas de mis canciones. Espero que la esperanza me vaya volviendo, pero la situación es muy dolorosa. Desde hace muchísimos años la población está absolutamente olvidada. Y ahora los jóvenes en las calles están dando sus vidas para que nuestro futuro tenga algo de dignidad en un país tan injusto.

Por Sergio Sánchez

06 de junio de 2021

Publicado enColombia
A propósito de las protestas sociales en Colombia. Autoorganización y acción colectiva

La crisis no se debe a las debilidades o torpezas de Iván Duque; tampoco a las propuestas de algún ministro, por colocar dos referencias que no son las únicas. La crisis es en realidad el resultado de un sistema de gobierno y de una historia de indolencia y falta de compromiso con el pueblo colombiano. La historia marca un derrotero por vida digna y democracia real que es necesario asumir como reto por lograr entre todas y todos.

 

Soprendente. Por varios días la noticia en el mundo dejó de ser la pandemia o los temas y problemas relacionados con las vacunas. Por la violencia estatal desatada, el tema alcanzó a ser el de las protestas en Colombia, con un número, hasta la fecha, de varias decenas de muertos, varias centenas de desaparecidos, numerosos casos de violaciones y la violencia sin límites del paramilitarismo aunado a las fuerzas de seguridad oficiales. La comunidad internacional está tan escandalizada como la propia sociedad civil en el país. Literalmente, el famoso episodio de “La noche de los lápices” –el dramático episodio que tuvo lugar durante la última dictadura argentina en la noche del 16 de septiembre de 1976 y sobre el cuál Héctor Olivera dirige la extraordinaria y escandalosa película con el mismo nombre–; pues bien, lo acontecido en Colombia es infinitamente peor que lo vivido con la dictadura, en Argentina.

La historia es una ciencia políticamente incorrecta. Pues bien, digámoslo sin ambages: de todas las élites de América Latina, de lejos, la más sanguinaria, la más violenta y asesina ha sido la colombiana, ya desde el siglo XIX hasta el presente*. Incluso sin haber vivido dictaduras a la manera de Chile, Brasil, Uruguay o Argentina, por ejemplo; incluso a pesar de no haber vivido las guerras de Guatemala y El Salvador; y además, asimismo de las masacres perpetradas en el Zócalo de México en 1968, no hay absolutamente ninguna élite nacional que haya sido tan violenta como la colombiana. Veamos.


Colombia: una olla de presión

La crisis emerge a raíz de la propuesta de una nefasta Reforma Tributaria por parte de Iván Duque. Digamos entonces: a fin de entender las protestas, la acción colectiva y todas sus derivaciones desde levantamientos hasta revoluciones, no son inicialmente las ideas las que mueven a los pueblos y a la historia: es el hambre, el sufrimiento, las penurias y las necesidades el motor de la protesta social en toda la línea de la palabra. Ayer, en la Colonia y los levantamientos de Los Comuneros, y hoy con ese engendro que es la Dian. (Entre paréntesis, con acierto, los movimientos sociales y políticos han puesto como causante de la crisis al grupo Aval, pero hace falta incluir a la Dian: una institución más que cuestionable en la historia reciente del país).

La crisis ya se venía cocinando mucho antes de la pandemia. Los ritmos de la historia se tejen con sutileza a través de los tiempos y siempre en la vida cotidiana.

Lo verdaderamente significativo es que el motor de las protestas sociales son los jóvenes. Al fin y al cabo, Colombia es un país demográficamente joven. Pues bien, el significado del fenómeno es elemental: los jóvenes no ven futuro en las actuales condiciones políticas, sociales y económicas. Y ante la ausencia de futuro lo natural es levantarse para abrir espacios, para construirlo y echar abajo todas las condiciones que lo impiden.


Colombia es el único país en América Latina, a excepción de Chile como resultado de la dictadura de Pinochet, en el que el 70 por ciento de la educación –colegios y universidades– es privada. Y la universidad pública, a su vez, se ha privatizado sutilmente. No hay educación. Adicionalmente, el sistema de seguridad social, independientemente de que se pertenezca al régimen subsidiado o al régimen contributivo, es 100 por ciento privado. Ese fue el resultado de la Ley 100 promovida e implementada por Álvaro Uribe. La pandemia puso en evidencia no la crisis de un virus, ni tampoco la necesidad de las vacunas, sino la crisis estructural del sistema de seguridad social.

Adicionalmente, las oportunidades de trabajo disminuyen. Durante el casi año y media de pandemia la pobreza se acerca al 50 por ciento de la población: un escándalo social, pero un drama humano.

Y mientras tanto, las estructuras y las causas de la violencia no desaparecen y por el contrario se fortalecen. El asesinato selectivo de líderes sociales, de excombatientes de las Farc, de ambientalistas y líderes de Ongs, queda en la impunidad y aumenta con el tiempo. Ni el Estado, ni el gobierno hacen nada real al respecto. En una palabra, se trata de la matanza sistemática y estratégica de jóvenes. El diagnóstico de la crisis se puede y debe ampliar sin dificultad. Hasta que la olla de presión explotó.


La acción precede a la organización

Siempre, en la historia, es la acción la que antecede a la organización; nunca al revés. La organización emerge al calor de las acciones, las cuales son esencialmente espontáneas y autoorganizadas. Así las cosas, la primera enseñanza fundamental de las protestas en estos días es que la acción colectiva ni pidió permiso, ni fue el resultado de partidos políticos –por ejemplo, Colombia Humana o el Polo Democrático–, como tampoco de sindicatos (CGT, CTC y otros) u organizaciones estudiantiles (la Mesa Estudiantil). Estas formas de organización fueron desbordadas y, desde luego, lo mejor que pudieron hacer fue interpretar correctamente el momento y adaptarse a él. Es lo que ha acontecido recientemente.

Sin embargo, al mismo tiempo, como resultados de dinámicas autoorganizativas –esto es, literalmente, de abajo hacia arriba–, emergen medios alternativos de comunicación, canales alternativos de participación, en fin, asambleas populares en barrios, veredas, en el campo y en la ciudad como jamás había sucedido en mucho tiempo en la historia del país. Esta es una historia en proceso, y lo mejor de la misma habrá de venir en el futuro inmediato y a largo plazo.

Mientras tanto, es evidente el descrédito de la gran prensa; con nombre propio, Rcn, Caracol, Semana, El tiempo, El País, y otros más, nacionales o regionales. Las gentes ya han aprendido a desconfiar de los medios, canales y estructuras tradicionales del poder. El mayor temor de la Institutionalidad consiste justamente en esto: en que los pueblos y las sociedades aprendan, y entonces cambien sus formas de acción y sus estilos de vida.


La más importante lección de las protestas sociales actualmente

 

De lejos, el más importante aprendizaje de los procesos en marcha que deberán seguir siendo objeto, entre otros, de sociólogos y politólogos, de comunicadores y antropólogos, de psicólogos e historiadores, por ejemplo, es el hecho de que la gente ha perdido el miedo.

Tradicionalmente, el país estuvo manejado por tácticas y estrategias de miedo: miedo a las guerrillas, miedo a los comunistas, miedo a los sindicalistas, miedo a la pobreza, miedo al desempleo, miedo a la soledad y al desamor, incluso miedo al miedo, por ejemplo. Pues bien, el pueblo colombiano ha perdido el miedo, ya sabe que no tiene nada qué perder y sí todo por ganar. Nos encontramos, sin grandilocuencias, en una bisagra de la historia. Sólo que la historia de mide en densidades temporales que si bien anidan en la cotidianeidad la desbordan ampliamente.

Un pueblo que pierde el miedo sólo puede esperar la libertad. Ningún estudio al respecto es tan ilustrativo como la Ética de Spinoza; específicamente el tránsito del libro IV al Libro V. Un texto de obligada referencia para todos los amantes de la libertad. Spinoza, quien por libre fue recusado por católicos, judíos y protestantes a la vez. Hay que decir cosas muy importantes para ganarse odios semejantes. Spinoza jamás cedió, fue un espíritu libre, como muy pocos.


***

La crisis no se debe a las debilidades o torpezas de Iván Duque; tampoco a las propuestas de algún ministro; ciertamente, no es el resultado de los desmanes del Esmad y toda la ideología fascista que los soporta; tampoco es el resultado del uribismo y las acciones, desde el Congreso, del Centro Democrático y los partidos de gobierno. Afirmar algo semejante es olvidar que la política como las economía, las finanzas como los asuntos militares. se manejan sistemática y estratégicamente. La crisis es en realidad el resultado de un sistema de gobierno y de una historia de indolencia y falta de compromiso con el pueblo colombiano. Así las cosas, lo que emerge ante la mirada sensible no es únicamente el cambio del Congreso en las elecciones del 2022 y el cambio de gobierno. El tema de fondo es un cambio en la historia. Pero la historia nace y se alimenta de la vida cotidiana. Esa que el sistema imperante siempre desconoció y negó. La historia es el ámbito macro de la vida cotidiana, que es, en realidad, el mundo de la vida; el único mundo existente y posible.

* Al respecto, basta con una mirada a la amplia bibliografía sobre la historia de América Latina, incluyendo los estudios de los “violentólogos”. Una referencia reciente al respecto es: González Ibarra, J. de D., Maldonado, C. E., La complejidad y su entorno. Experiencias de México y Colombia, Morelos: Ed. Colegio de Morelos, 2021.

 

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Publicado enEdición Nº279
Miércoles, 26 Mayo 2021 11:04

Paro con asiento territorial

Paro con asiento territorial

Dicen que cuando las fieras se sienten acorraladas responden atacando y no agachando la cerviz. Así les ocurre a quienes controlan el poder en una sociedad, acostumbrados a privilegios y a ser acatados sin mayores reparos, a controlar las riendas de la cotidianidad; cuando se enfrentan a todo lo contrario y sienten que los espacios se les cierran, atacan con dureza y sin reparar con precisión en sus consecuencias.

Esa es la reacción que hemos visto del gobierno Duque a lo largo de màs de dos semanas de alzamiento juvenil y popular: como fiera, ha salido a defender el poder instituido, a defender privilegios, a intimidar a quienes ya no aguantan más engaños ni más violencia oficial, a quienes se cansaron de ver esculcados sus bolsillos, a quienes las promesas oficiales ya no les generan expectativa alguna, a quienes sueñan con un presente y un futuro mejores.

Es la del Gobierno una reacción cargada de terror, síntesis del autoritarismo que desde décadas atrás marca al régimen colombiano y no solo al actual gobierno. Como resultado, la defensa de privilegios va dejando a su paso decenas de asesinados, heridos, desaparecidos, prisioneros, amenazados, violadas. Pero tal reacción es insuficiente para contener la decisiva acción de una nueva generación de connacioinales que no quieren vivir como lo padecieron quienes le antecedieron. Asombroso: exponiendo su humanidad, jóvenes de ambos sexos han enfrentado por semanas el demencial ataque de la guardia pretoriana del establecimiento, que con cada acción pretende atemorizarles por medio del despliegue de guerra química, operaciones de civiles armados incluso con fusiles, disparos de balas de goma, así como de municiones letales, como otra suma de recursos ‘convencionales’.

Un aguante dinámico de esta nueva generación se traduce temporalmente en varios triunfos: el primero, y de impacto sobre todos los hogares, la renuncia gubernamental al proyecto original de reforma tributaria, disfrazado con el eufemismo de Proyecto de Solidaridad Sostenible, seguido de la caída del jefe de la cartera de Hacienda. Tales conquistas se complementan con el parcial reconocimiento de matrícula cero, propósito aún pendiente de redondear, tanto en el tiempo como en el sentido profundo de educación gratuita, que debe ir asociada al carácter de universal, intemporal, así como al fortalecimiento del sistema público universitario y, por tanto, sin que se le asocie al pago por demanda, como se acostumbra en la política oficial para así financiar con dinero público el negocio de la universidad privada.

Tales triunfos se alcanzan en medio del fragor callejero, mediante la unidad juventud/sectores populares; triunfo que en otro escenario no logra la llamada oposición en el Congreso, que, por ejemplo, ha pretendido obligar a la renuncia de varios ministros por medio de debates y denuncias que desnudan el maridaje con la corrupción o con el despliegue desmedido de fuerza de la aviación militar contra escuelas guerrilleras donde instruyen a jóvenes recién reclutados.
Esos procederes y esos frutos debieran llamar la atención sobre qué y cómo hacer, y asimismo dónde concentrar la imaginación y los mejores esfuerzos colectivos a la hora de proceder con la demanda –que debiera ser construcción– de una sociedad otra.

Una forma renovada de construcción social y política se impone, entonces, y para que alcance la dimensión que merece es necesario escuchar y aprender de la generación que ahora invade las calles, dejando a un lado los ideologismos y la pretensión de dirigirlo todo, tan común en las organizaciones de marca roja.

El presente actuar juvenil ya tiene antecedentes, marcados por sus preocupaciones ante el constante deterioro ambiental (en contra de la minería, en pro del cuidado/recuperación de ríos y otras fuentes de agua; por la protección de bosques, selvas, páramos y similares), con énfasis en la igualdad de género, el respeto de las variadas opciones sexuales, las relaciones horizontales –no machistas ni patriarcales–, en las que se haga más, mucho más, se viva y se experimente, por encima de las discusiones eternas que son marca de la generación antecedente. Pero también con nuevos valores: respeto por la naturaleza como ser vivo y las otras especies que la habitan, todo ello como parte de una nueva y renovada agenda política. Un proceder en el que su desinterés por las formas de expresión electoral es persistente, como lo reiteran en encuestas recientes (ver las realizadas por el Dane sobre asuntos culturales, como la comentada en la presente edición, pág. 18).

En estas condiciones, contando además con su reiterada desconfianza frente a los gobiernos y sus materializaciones, como lo confirman las aludidas encuestas, la renovación de expectativas sociales y políticas es indispensable pero, además, factible –no cabe duda–, para lo cual debemos enrutarnos por los senderos que esa nueva generación marca, si de hacerles caso a la vida cotidiana y a la historia se trata.


Un indispensable llamado de atención extendido a la desconfianza por todo aquello que es estatal. Si es así, otro timbre para generar formas de sociedad, donde lo alternativo no se centre en lo ideológico y político formal, sino que, sin esperar que las soluciones vengan de aquellos que nos oprimen, se priorice la construcción de formas autogestionarias de educación, salud, seguridad y, en general, economía. Tal vez aquello de que otro mundo sí es posible –y con él otra democracia– pasa por vivencias cotidianas a través de las cuales se va horadando el verticalismo imperante en lo estatal y desde lo estatal.

Un nuevo trasegar que debe enfocar su mayor atención en la construcción y el control territoriales, para el caso de las ciudades los barrios, de manera que la gente se sienta realizando su modelo de vida, con formas particulares de gobierno en todos los niveles. Es un devenir en el que deben ser desplegadas nuevas formas de formación política, con énfasis en la comprensión de los cambios que en muchos ámbitos están en curso, con escuelas de formación permanentes donde también se recupere el interés por elaborar lo que usamos cada día, recuperando y valorando el trabajo artesanal, las artes y oficios; enfrentando el “úselo y bótelo”, como marca de rechazo a las actuales formas de consumo, relacionamiento y vida impuestas desde hace cuatro décadas y con las que, por demás, se potenció el individualismo –cada uno compra, cada uno consume, cada uno desecha. El aprender a hacer también propicia el trabajo y el consumo en equipo, así como nuevos modos de organización solidaria, cooperativas y mutuales pueden tomar forma a través de este proceder.

Un conjunto así de retos demanda para su abordaje mucha sensatez y poco triunfalismo. Es cierto que el neoliberalismo está cuestionado pero lejos aún de desaparecer. Hay que recordar que esa modalidad de capitalismo materializa una fase del capital que, por tanto, es un entramado global, por lo que no es posible que un solo país se desconecte y funcione en autarquía. Se trata de una fase que, además de lo económico –extractivismo en general–, se materializa en lo cultural, en toda la amplitud de la palabra.

La exigencia de mucha sensatez y poco triunfalismo se debe extender al gobierno, que vive una crisis pero que no está ante su derrota total, como tampoco lo está su mentor, cuestionado en amplios sectores sociales, sobre todo académicos y estudiantiles pero todavía con margen de maniobra, mucho más si tomamos en consideración la reacción del empresariado crítico del gobierno, que, viendo en riesgo la continuidad de sus negocios producto del cierre de autopistas y otras vías, respondió de manera positiva al llamado de gremios para rodear al gobierno, “gústenos o no”. Ese empresariado, a la par de otros sectores sociales con intereses y privilegios grandes o pequeños por proteger, es proclive al modelo de fuerza que les ofrece el Centro Democrático.

Entonces, sin triunfalismos, el reto es llevar el paro y sus potenciales organizativos alternativos a la profundidad del ámbito territorial, para allí y desde allí consolidar lo conquistado y redondear lo que está aún por lograrse.

Tales retos y procederes demandan la participación de todos, hombres y mujeres de este país. ¡Bienvenidos y bienvenidas, de ser así, a una nueva etapa de construcción social, política; a una nueva etapa de relacionamiento con la naturaleza; de hacer real una democracia directa, radical, participativa, plebiscitaria. En suma: una nueva forma de construir país.

 

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Publicado enEdición Nº279
Miércoles, 26 Mayo 2021 10:53

Paro con asiento territorial

Paro con asiento territorial

Dicen que cuando las fieras se sienten acorraladas responden atacando y no agachando la cerviz. Así les ocurre a quienes controlan el poder en una sociedad, acostumbrados a privilegios y a ser acatados sin mayores reparos, a controlar las riendas de la cotidianidad; cuando se enfrentan a todo lo contrario y sienten que los espacios se les cierran, atacan con dureza y sin reparar con precisión en sus consecuencias.

Esa es la reacción que hemos visto del gobierno Duque a lo largo de màs de dos semanas de alzamiento juvenil y popular: como fiera, ha salido a defender el poder instituido, a defender privilegios, a intimidar a quienes ya no aguantan más engaños ni más violencia oficial, a quienes se cansaron de ver esculcados sus bolsillos, a quienes las promesas oficiales ya no les generan expectativa alguna, a quienes sueñan con un presente y un futuro mejores.

Es la del Gobierno una reacción cargada de terror, síntesis del autoritarismo que desde décadas atrás marca al régimen colombiano y no solo al actual gobierno. Como resultado, la defensa de privilegios va dejando a su paso decenas de asesinados, heridos, desaparecidos, prisioneros, amenazados, violadas. Pero tal reacción es insuficiente para contener la decisiva acción de una nueva generación de connacioinales que no quieren vivir como lo padecieron quienes le antecedieron. Asombroso: exponiendo su humanidad, jóvenes de ambos sexos han enfrentado por semanas el demencial ataque de la guardia pretoriana del establecimiento, que con cada acción pretende atemorizarles por medio del despliegue de guerra química, operaciones de civiles armados incluso con fusiles, disparos de balas de goma, así como de municiones letales, como otra suma de recursos ‘convencionales’.

Un aguante dinámico de esta nueva generación se traduce temporalmente en varios triunfos: el primero, y de impacto sobre todos los hogares, la renuncia gubernamental al proyecto original de reforma tributaria, disfrazado con el eufemismo de Proyecto de Solidaridad Sostenible, seguido de la caída del jefe de la cartera de Hacienda. Tales conquistas se complementan con el parcial reconocimiento de matrícula cero, propósito aún pendiente de redondear, tanto en el tiempo como en el sentido profundo de educación gratuita, que debe ir asociada al carácter de universal, intemporal, así como al fortalecimiento del sistema público universitario y, por tanto, sin que se le asocie al pago por demanda, como se acostumbra en la política oficial para así financiar con dinero público el negocio de la universidad privada.

Tales triunfos se alcanzan en medio del fragor callejero, mediante la unidad juventud/sectores populares; triunfo que en otro escenario no logra la llamada oposición en el Congreso, que, por ejemplo, ha pretendido obligar a la renuncia de varios ministros por medio de debates y denuncias que desnudan el maridaje con la corrupción o con el despliegue desmedido de fuerza de la aviación militar contra escuelas guerrilleras donde instruyen a jóvenes recién reclutados.
Esos procederes y esos frutos debieran llamar la atención sobre qué y cómo hacer, y asimismo dónde concentrar la imaginación y los mejores esfuerzos colectivos a la hora de proceder con la demanda –que debiera ser construcción– de una sociedad otra.

Una forma renovada de construcción social y política se impone, entonces, y para que alcance la dimensión que merece es necesario escuchar y aprender de la generación que ahora invade las calles, dejando a un lado los ideologismos y la pretensión de dirigirlo todo, tan común en las organizaciones de marca roja.

El presente actuar juvenil ya tiene antecedentes, marcados por sus preocupaciones ante el constante deterioro ambiental (en contra de la minería, en pro del cuidado/recuperación de ríos y otras fuentes de agua; por la protección de bosques, selvas, páramos y similares), con énfasis en la igualdad de género, el respeto de las variadas opciones sexuales, las relaciones horizontales –no machistas ni patriarcales–, en las que se haga más, mucho más, se viva y se experimente, por encima de las discusiones eternas que son marca de la generación antecedente. Pero también con nuevos valores: respeto por la naturaleza como ser vivo y las otras especies que la habitan, todo ello como parte de una nueva y renovada agenda política. Un proceder en el que su desinterés por las formas de expresión electoral es persistente, como lo reiteran en encuestas recientes (ver las realizadas por el Dane sobre asuntos culturales, como la comentada en la presente edición, pág. 18).

En estas condiciones, contando además con su reiterada desconfianza frente a los gobiernos y sus materializaciones, como lo confirman las aludidas encuestas, la renovación de expectativas sociales y políticas es indispensable pero, además, factible –no cabe duda–, para lo cual debemos enrutarnos por los senderos que esa nueva generación marca, si de hacerles caso a la vida cotidiana y a la historia se trata.


Un indispensable llamado de atención extendido a la desconfianza por todo aquello que es estatal. Si es así, otro timbre para generar formas de sociedad, donde lo alternativo no se centre en lo ideológico y político formal, sino que, sin esperar que las soluciones vengan de aquellos que nos oprimen, se priorice la construcción de formas autogestionarias de educación, salud, seguridad y, en general, economía. Tal vez aquello de que otro mundo sí es posible –y con él otra democracia– pasa por vivencias cotidianas a través de las cuales se va horadando el verticalismo imperante en lo estatal y desde lo estatal.

Un nuevo trasegar que debe enfocar su mayor atención en la construcción y el control territoriales, para el caso de las ciudades los barrios, de manera que la gente se sienta realizando su modelo de vida, con formas particulares de gobierno en todos los niveles. Es un devenir en el que deben ser desplegadas nuevas formas de formación política, con énfasis en la comprensión de los cambios que en muchos ámbitos están en curso, con escuelas de formación permanentes donde también se recupere el interés por elaborar lo que usamos cada día, recuperando y valorando el trabajo artesanal, las artes y oficios; enfrentando el “úselo y bótelo”, como marca de rechazo a las actuales formas de consumo, relacionamiento y vida impuestas desde hace cuatro décadas y con las que, por demás, se potenció el individualismo –cada uno compra, cada uno consume, cada uno desecha. El aprender a hacer también propicia el trabajo y el consumo en equipo, así como nuevos modos de organización solidaria, cooperativas y mutuales pueden tomar forma a través de este proceder.

Un conjunto así de retos demanda para su abordaje mucha sensatez y poco triunfalismo. Es cierto que el neoliberalismo está cuestionado pero lejos aún de desaparecer. Hay que recordar que esa modalidad de capitalismo materializa una fase del capital que, por tanto, es un entramado global, por lo que no es posible que un solo país se desconecte y funcione en autarquía. Se trata de una fase que, además de lo económico –extractivismo en general–, se materializa en lo cultural, en toda la amplitud de la palabra.

La exigencia de mucha sensatez y poco triunfalismo se debe extender al gobierno, que vive una crisis pero que no está ante su derrota total, como tampoco lo está su mentor, cuestionado en amplios sectores sociales, sobre todo académicos y estudiantiles pero todavía con margen de maniobra, mucho más si tomamos en consideración la reacción del empresariado crítico del gobierno, que, viendo en riesgo la continuidad de sus negocios producto del cierre de autopistas y otras vías, respondió de manera positiva al llamado de gremios para rodear al gobierno, “gústenos o no”. Ese empresariado, a la par de otros sectores sociales con intereses y privilegios grandes o pequeños por proteger, es proclive al modelo de fuerza que les ofrece el Centro Democrático.

Entonces, sin triunfalismos, el reto es llevar el paro y sus potenciales organizativos alternativos a la profundidad del ámbito territorial, para allí y desde allí consolidar lo conquistado y redondear lo que está aún por lograrse.

Tales retos y procederes demandan la participación de todos, hombres y mujeres de este país. ¡Bienvenidos y bienvenidas, de ser así, a una nueva etapa de construcción social, política; a una nueva etapa de relacionamiento con la naturaleza; de hacer real una democracia directa, radical, participativa, plebiscitaria. En suma: una nueva forma de construir país.

 

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A propósito de las protestas sociales en Colombia. Autoorganización y acción colectiva

La crisis no se debe a las debilidades o torpezas de Iván Duque; tampoco a las propuestas de algún ministro, por colocar dos referencias que no son las únicas. La crisis es en realidad el resultado de un sistema de gobierno y de una historia de indolencia y falta de compromiso con el pueblo colombiano. La historia marca un derrotero por vida digna y democracia real que es necesario asumir como reto por lograr entre todas y todos.

 

Soprendente. Por varios días la noticia en el mundo dejó de ser la pandemia o los temas y problemas relacionados con las vacunas. Por la violencia estatal desatada, el tema alcanzó a ser el de las protestas en Colombia, con un número, hasta la fecha, de varias decenas de muertos, varias centenas de desaparecidos, numerosos casos de violaciones y la violencia sin límites del paramilitarismo aunado a las fuerzas de seguridad oficiales. La comunidad internacional está tan escandalizada como la propia sociedad civil en el país. Literalmente, el famoso episodio de “La noche de los lápices” –el dramático episodio que tuvo lugar durante la última dictadura argentina en la noche del 16 de septiembre de 1976 y sobre el cuál Héctor Olivera dirige la extraordinaria y escandalosa película con el mismo nombre–; pues bien, lo acontecido en Colombia es infinitamente peor que lo vivido con la dictadura, en Argentina.

La historia es una ciencia políticamente incorrecta. Pues bien, digámoslo sin ambages: de todas las élites de América Latina, de lejos, la más sanguinaria, la más violenta y asesina ha sido la colombiana, ya desde el siglo XIX hasta el presente*. Incluso sin haber vivido dictaduras a la manera de Chile, Brasil, Uruguay o Argentina, por ejemplo; incluso a pesar de no haber vivido las guerras de Guatemala y El Salvador; y además, asimismo de las masacres perpetradas en el Zócalo de México en 1968, no hay absolutamente ninguna élite nacional que haya sido tan violenta como la colombiana. Veamos.


Colombia: una olla de presión

La crisis emerge a raíz de la propuesta de una nefasta Reforma Tributaria por parte de Iván Duque. Digamos entonces: a fin de entender las protestas, la acción colectiva y todas sus derivaciones desde levantamientos hasta revoluciones, no son inicialmente las ideas las que mueven a los pueblos y a la historia: es el hambre, el sufrimiento, las penurias y las necesidades el motor de la protesta social en toda la línea de la palabra. Ayer, en la Colonia y los levantamientos de Los Comuneros, y hoy con ese engendro que es la Dian. (Entre paréntesis, con acierto, los movimientos sociales y políticos han puesto como causante de la crisis al grupo Aval, pero hace falta incluir a la Dian: una institución más que cuestionable en la historia reciente del país).

La crisis ya se venía cocinando mucho antes de la pandemia. Los ritmos de la historia se tejen con sutileza a través de los tiempos y siempre en la vida cotidiana.

Lo verdaderamente significativo es que el motor de las protestas sociales son los jóvenes. Al fin y al cabo, Colombia es un país demográficamente joven. Pues bien, el significado del fenómeno es elemental: los jóvenes no ven futuro en las actuales condiciones políticas, sociales y económicas. Y ante la ausencia de futuro lo natural es levantarse para abrir espacios, para construirlo y echar abajo todas las condiciones que lo impiden.


Colombia es el único país en América Latina, a excepción de Chile como resultado de la dictadura de Pinochet, en el que el 70 por ciento de la educación –colegios y universidades– es privada. Y la universidad pública, a su vez, se ha privatizado sutilmente. No hay educación. Adicionalmente, el sistema de seguridad social, independientemente de que se pertenezca al régimen subsidiado o al régimen contributivo, es 100 por ciento privado. Ese fue el resultado de la Ley 100 promovida e implementada por Álvaro Uribe. La pandemia puso en evidencia no la crisis de un virus, ni tampoco la necesidad de las vacunas, sino la crisis estructural del sistema de seguridad social.

Adicionalmente, las oportunidades de trabajo disminuyen. Durante el casi año y media de pandemia la pobreza se acerca al 50 por ciento de la población: un escándalo social, pero un drama humano.

Y mientras tanto, las estructuras y las causas de la violencia no desaparecen y por el contrario se fortalecen. El asesinato selectivo de líderes sociales, de excombatientes de las Farc, de ambientalistas y líderes de Ongs, queda en la impunidad y aumenta con el tiempo. Ni el Estado, ni el gobierno hacen nada real al respecto. En una palabra, se trata de la matanza sistemática y estratégica de jóvenes. El diagnóstico de la crisis se puede y debe ampliar sin dificultad. Hasta que la olla de presión explotó.


La acción precede a la organización

Siempre, en la historia, es la acción la que antecede a la organización; nunca al revés. La organización emerge al calor de las acciones, las cuales son esencialmente espontáneas y autoorganizadas. Así las cosas, la primera enseñanza fundamental de las protestas en estos días es que la acción colectiva ni pidió permiso, ni fue el resultado de partidos políticos –por ejemplo, Colombia Humana o el Polo Democrático–, como tampoco de sindicatos (CGT, CTC y otros) u organizaciones estudiantiles (la Mesa Estudiantil). Estas formas de organización fueron desbordadas y, desde luego, lo mejor que pudieron hacer fue interpretar correctamente el momento y adaptarse a él. Es lo que ha acontecido recientemente.

Sin embargo, al mismo tiempo, como resultados de dinámicas autoorganizativas –esto es, literalmente, de abajo hacia arriba–, emergen medios alternativos de comunicación, canales alternativos de participación, en fin, asambleas populares en barrios, veredas, en el campo y en la ciudad como jamás había sucedido en mucho tiempo en la historia del país. Esta es una historia en proceso, y lo mejor de la misma habrá de venir en el futuro inmediato y a largo plazo.

Mientras tanto, es evidente el descrédito de la gran prensa; con nombre propio, Rcn, Caracol, Semana, El tiempo, El País, y otros más, nacionales o regionales. Las gentes ya han aprendido a desconfiar de los medios, canales y estructuras tradicionales del poder. El mayor temor de la Institutionalidad consiste justamente en esto: en que los pueblos y las sociedades aprendan, y entonces cambien sus formas de acción y sus estilos de vida.


La más importante lección de las protestas sociales actualmente

 

De lejos, el más importante aprendizaje de los procesos en marcha que deberán seguir siendo objeto, entre otros, de sociólogos y politólogos, de comunicadores y antropólogos, de psicólogos e historiadores, por ejemplo, es el hecho de que la gente ha perdido el miedo.

Tradicionalmente, el país estuvo manejado por tácticas y estrategias de miedo: miedo a las guerrillas, miedo a los comunistas, miedo a los sindicalistas, miedo a la pobreza, miedo al desempleo, miedo a la soledad y al desamor, incluso miedo al miedo, por ejemplo. Pues bien, el pueblo colombiano ha perdido el miedo, ya sabe que no tiene nada qué perder y sí todo por ganar. Nos encontramos, sin grandilocuencias, en una bisagra de la historia. Sólo que la historia de mide en densidades temporales que si bien anidan en la cotidianeidad la desbordan ampliamente.

Un pueblo que pierde el miedo sólo puede esperar la libertad. Ningún estudio al respecto es tan ilustrativo como la Ética de Spinoza; específicamente el tránsito del libro IV al Libro V. Un texto de obligada referencia para todos los amantes de la libertad. Spinoza, quien por libre fue recusado por católicos, judíos y protestantes a la vez. Hay que decir cosas muy importantes para ganarse odios semejantes. Spinoza jamás cedió, fue un espíritu libre, como muy pocos.


***

La crisis no se debe a las debilidades o torpezas de Iván Duque; tampoco a las propuestas de algún ministro; ciertamente, no es el resultado de los desmanes del Esmad y toda la ideología fascista que los soporta; tampoco es el resultado del uribismo y las acciones, desde el Congreso, del Centro Democrático y los partidos de gobierno. Afirmar algo semejante es olvidar que la política como las economía, las finanzas como los asuntos militares. se manejan sistemática y estratégicamente. La crisis es en realidad el resultado de un sistema de gobierno y de una historia de indolencia y falta de compromiso con el pueblo colombiano. Así las cosas, lo que emerge ante la mirada sensible no es únicamente el cambio del Congreso en las elecciones del 2022 y el cambio de gobierno. El tema de fondo es un cambio en la historia. Pero la historia nace y se alimenta de la vida cotidiana. Esa que el sistema imperante siempre desconoció y negó. La historia es el ámbito macro de la vida cotidiana, que es, en realidad, el mundo de la vida; el único mundo existente y posible.

* Al respecto, basta con una mirada a la amplia bibliografía sobre la historia de América Latina, incluyendo los estudios de los “violentólogos”. Una referencia reciente al respecto es: González Ibarra, J. de D., Maldonado, C. E., La complejidad y su entorno. Experiencias de México y Colombia, Morelos: Ed. Colegio de Morelos, 2021.

 

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Publicado enColombia
Portal de las Américas, 13 de mayo 2021 (Vía Twitter)

A grito limpio en contra de la reforma tributaria arrancó el paro el 28A. Asombroso, quienes entonaron el rechazo y llenaron las calles y plazas en su mayoría eran jóvenes que, ciertamente no pagan impuestos, o lo hacen en menor medida. Pero con su enérgico y convincente rechazo, que obligó al establecimiento a enterrar el proyecto radicado en el Congreso, quedó claro que sienten en carne propia la crisis económica que sobrecoge a la mayoría de los hogares colombianos.

Un potente rechazo que rompe la brecha espontáneamente creada entre generaciones. Un suceso que muchos padres de familia celebraron a través de entrevistas que circularon por redes, en los que comentaban con alegría y admiración la convicción con que la nueva generación de activistas dio vida a este paro, marcando con un triunfo su incursión antigubernamental.

Con idéntica energía, cientos de ellos empujaron rejas de almacenes de cadena en procura de alimentos, pero también dieron cuenta de oficinas de entidades privadas en las que ven y sintetizan el poder del capital que tanto daño causa a quienes viven al debe.

Vitalidad que trató de ser contenida a punta de bala, gases tóxicos, bombas de estruendo, garrote, y otras armas, es decir a punta de terror. Con inquina fueron perseguidos por las calles por la mal llamada “fuerza pública”, y sobre el piso fueron quedando cuerpos de alegres e indefensos retoños de vida. En Cali los asesinados se cuentan por decenas, pero también recibieron sobre sus cuerpos la acción de “la cara amable del Estado” en ciudades como Ibagué, Pereira, Bogotá y otras.

Pese al terror liberado desde las sacrosantas instituciones de la democracia formal, no renunciaron a continuar entonando exigencias, reclamos de vida digna, y en ello sus sueños de educación universitaria, de trabajo estable bien pago, denunciando el concubinato Estado-paramilitarismo, exigiendo el desmonte del Esmad, así como los privilegios de casta, de todo lo cual están hartos.

De esta manera, la renuncia al proyecto de reforma tributaria para contener ese inmenso alzamiento juvenil/popular que identifica en el de Iván Duque un gobierno de ricos y para ricos, sometido a un detestado personaje que la juventud siente e identifica con los peores males que padece el país, llega no por el peso y acción de actores sociales tradicionales sino como fruto de la masiva presencia de una nueva generación en las calles. Es así como, cual caja de pándora, la agenda de reivindicaciones queda abierta, planteándole también un reto a las llamadas organizaciones alternativas y de izquierda: asumir como propias todas estas demandas y contribuir para que más temprano que tarde sean una realidad. Y para que así sea, todas ellas deberían ser reivindicadas como prioritarias dentro de la agenda de negociación que se emprenda con el gobierno.


Voy por lo mío

“Yo siento que la gente sale a mercar, es que aquí hay mucha pobreza”. Así respondió un alcalde de un municipio de Cundinamarca a la pregunta de un periodista sobre el por qué de los saqueos a supermercados, en hechos ocurridos los días 29 y 30 de abril en el marco del paro nacional.

Una realidad vivida no solo en este municipio, sino en otros muchos, en los cuales con furia liberada miles de personas se volcaron a la calle a protestar en contra de las alzas en impuestos que traería la anunciada reforma tributaria, así como a rebuscar lo suyo, con afán individualista, sin esperar a que una posible reivindicación económica colectiva llegue como resultado final de la negociación del pliego de exigencias (llamado de emergencia) entregado al gobierno en el 2019 y precisado en sus prioridades en el 2021.

Es un proceder que resalta lo profundo de la crisis económica que afecta a la sociedad colombiana, pero también la insuficiencia de las medidas de “rescate” implementadas por el gobierno nacional y por las alcaldías para enfrentar la crisis de diverso orden potenciadas por la pandemia del covid-19,

Una reacción de furia que denota, asimismo, la desconfianza en cualquier promesa gubernamental, pero también la ausencia de una alternativa política y social que logre encausar la furia popular, ante lo cual lo que prevalece son las soluciones por cuenta propia.


Rabia con causa

Una detonación de inconformidades, de memorias colectivas, que en casos como el anotado pretende beneficios particulares, pero en otros demuestra sin duda alguna que el llamado pueblo porta en su memoria rabias acumuladas.
Desde el primer día de paro, su energía fue descargada contra todo aquello que representa al (mal)gobierno, todo aquello que le recuerda las injusticias y penurias cotidianas que no lo desamparan, pero también todo aquello que trae a su mente lo peor de los ricos, los mismos que hacen un negocio del empobrecimiento de millones.

Todo esto es palpable cuando se revisa el tipo de edificaciones atacadas, así como de otra infraestructura afectada por la acción de lo que desde arriba denominan “vandalismo” (a propósito, ¿existirá mayor vandalismo que el desplegado por los poderosos del país, que a su paso han dejado un país devastado y a millones padeciendo sus consecuencias?).

En efecto, cada día y en la medida que el alzamiento social progresaba, las municipalidades reportaban los efectos del proceder social: atacadas, destruidas o deterioradas unidades del transporte público, así como las estaciones dispuestas para abordarlo –paradoja, pero que es privado o funciona como si fuera un negocio–; atacados, incendiados o deteriorados peajes, así como CAI. Otros edificios y canales para la operación de algunas empresas también quedaron en el ojo de la furia común.

Un resumen parcial de esta acción indica que las gentes no están de acuerdo con la existencia ni con las tarifas que deben pagar por peaje, es decir, no comparten la privatización de las autopistas pues saben que en ello hay un inmenso negocio que ellas terminan pagando. Sienten que son objeto de robo cotidiano.


La información brindada por departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Cesar, Atlántico, Valle del Cauca, Caldas y otros dan como resultado que fueron dañados 28 peajes e incinerados 11 (ver infografía con listado, parcial pág. 10).

En unidades de transporte público los incinerados suman (26), deteriorados parcialmente o afectados en menor medida –pintados– un total de 92. Un sistema que dicen es público pero que las gentes no lo sienten así, como tampoco están satisfechas con el servicio que prestan ni las tarifas que tienen que pagar por usarlo. En realidad, la demanda es que el servicio de verdad sea público y funcione como tal, no como negocio, sea privado, estatal o municipal.

 

 

Por su parte, el total de Cai afectados alcanza en Bogotá a las 16 instalaciones. En otras ciudades la cifra no es clara.

Las edificaciones públicas atacadas son varias –entre alcaldías y otras instalaciones–, pero no existe un dato consolidado sobre este tópico.

Lo mismo ocurre con el núcleo de la acumulación capitalista, el sistema financiero, resumido en los bancos y cajeros automáticos, blancos de la rabia colectiva, pero sin el reporte de sus propietarios de cuántos fueron atacados a lo largo y ancho del país.

Más allá de las cifras exactas, lo importante de este proceder de jóvenes y adultos, es que con su actuar indican que no están conformes con el funcionamiento del gobierno, que anhelan otro tipo de gobierno y de sociedad, y que tienen claro que los gobernantes y apropiadores de lo público, como de los pocos ahorros hogareños, son los causantes de los pesares que viven cada día sus familias.

Lecciones extendidas. Por ejemplo, atacan, rechazan y castigan a la policía por sus arbitrariedades cotidianas, por la violencia con que proceden cuando salen de patrullaje y requieren a uno u otro por cualquier motivo. Proceder extendido a los agiotistas bancarios, chupadores de su sangre, de su esfuerzo diario para sacar adelante a sus familias.

Como puede verificarse, son reacciones juveniles y populares que se repiten una y otra vez cuando de protestas sociales se trata. Si así es, ¿por qué no toman nota del mismo aquella clase y funcionarios para quienes va dirigido el simbólico mensaje?

Para ser consecuentes con ello, para recoger el reiterado mensaje, ya es hora de citar por parte de las alcaldías cabildos abiertos para discutir y definir con sus poblaciones qué hacer con el transporte público, qué con los peajes, qué con la Policía, qué con la administración pública, qué con los impuestos. Si de democracia directa y participativa se trata, acá tienen un reto. Lo otro es seguir administrando lo público de espalda a las mayorías.


El pacificador

El alzamiento juvenil y popular alcanzó en Cali una escala hasta ahora no conocida. La ciudad fue tomada en sus barriadas populares por quienes las habitan, en especial en sus sectores más icónicos, bien por el cúmulo de marginados que las pueblan, bien por la difundida inseguridad de la que siempre hacen eco los medios de comunicación y el mismo gobierno (como estrategia de multiplicar el miedo y ahondar el control social), bien por sus historias de construcción o de resistencias armadas que allí tomaron cuerpo en otras épocas, etcétera.

Es en esta ciudad que se desata, en la jornada de apertura del paro, una acción contra el sistema de transporte conocido como MIO, la que claramente responde a un proceder no espontáneo pero que sí recoge el sentir popular. Y luego de ello múltiples protestas alcanzan a romper el desenvolvimiento cotidiano de la urbe. Su territorio queda fracturado por decenas de bloqueos para su movilidad, de la cual depende la reproducción del capital.

La respuesta que llega desde el alto gobierno es la militarización. La ciudad pasa al control del general Zapateiro, y su alcalde queda mudo ante el trago más amargo que hasta ahora haya tenido que tragar en su devenir político: ver cómo la violencia del “monopolio de las armas” se extiende por los territorios populares, dejando a su paso una estela de muerte y dolor: al 10 de mayo, según Indepaz, 28 asesinados; decenas de heridos por arma de fuego y los impactos de otras armas y 160 desaparecidos. El terror copó las barriadas bajo la repetida consigna: “a la culebra hay que descabezarla”. Sin duda, la lectura que el alto mando del ejército realizó de lo allí vivido, así como la burocracia de la Casa de Nariño, les indicó que detrás del alzamiento social estaba la guerrilla. En esta, como en otras ocasiones, la ideología es mala consejera.

Una masacre que desnuda la esencia de la oligarquía colombiana y ante la cual, como evidencia de rechazo y oposición ante el terrorismo de Estado desatado, debió renunciar su alcalde. Sin duda, el pueblo rechazaría su renuncia y lo refrendaría en su puesto, además con mando real sobre la policía. Incomprensible su silencio, su falta de comunicación con el pueblo caleño, silencio que le pesará en el futuro, cercano y lejano.

Lo sucedido en la capital del Valle, el proceder del mando militar y el silencio, pasividad, descontrol por parte del simbólico poder civil, dejan ante nuestros ojos una lección de poder real: el civil solo rige en tiempos de normalidad, con los límites que le marcan el gobierno central y el capital local e internacional, pero en épocas de anormalidad el civil es un estorbo, dando paso a los golpes de mano, más conocidos como golpes de Estado, en el caso vivido en Cali golpe de alcaldía. Realidad ya vivida a principios de este siglo en el amplio territorio de la Costa Atlántica donde las Fuerzas Armadas desplegaron planes especiales de guerra para erradicar a las Farc y bajo cuyo control quedó todo el ordenamiento territorial. Allí, sus alcaldes eran menos que un cero a la izquierda, y quienes realmente administraban eran los mandos militares.


“Gústenos o no, hay que rodear al gobierno”

Salvar a las instituciones, este fue el mensaje enviado a través de redes sociales por un empresario durante los primeros días de mayo. El mensaje recogía dos realidades: 1. Que la desatada ofensiva del santismo contra el gobierno Duque, para golpear a través de éste a su mentor, debía terminar –acción que alcanzó eco a través de algunos medios de comunicación que de manera abierta alentaron el alzamiento juvenil y social; 2. Que la economía estaba llevando al país a sus límites, y debían aprobar el actuar violento del Estado, si así era necesario, para “poner orden”.

Y la respuesta del establecimiento no demoró en llegar: acordaron bajarle la intensidad a la confrontación, silenciar las críticas y llamar a quienes protestaban a recapacitar pues “tienen derecho a la protesta, pero no a bloquear…”.

Como parte de ello, por todos los medios de comunicación empezó una repetición de llamados a desbloquear el país. Varias ciudades estaban en riesgo de desabastecimiento de gasolina, los precios de los productos más demandados en la canasta familiar estaban disparados, los empresarios avícolas reportaban la muerte por falta de alimento de miles de pollitos, otros miles fueron regalados; la leche se perdía en las haciendas; varias cosechas también quedaban en nada. Y las exportaciones, paralizadas, con el puerto de Buenaventura sin poder recibir ni despachar más mercaderías.


Es en este momento, ante tal realidad, que el paro pierde algunos aliados. El eco mediático mete miedo, presiona para que los bloqueos terminen –dejando en el aire un clima de que quien no desbloqueé bien merecido se tiene el proceder de los militares y de la policía, es decir, legitiman la represión que vendría.

El gobierno, por su parte, consciente de que el alzamiento no responde a ningún plan centralizado por organización alguna, y que en realidad está alimentado por decenas de intereses y reivindicaciones particulares acumuladas desde tiempo atrás, entabla negociaciones con unos y con otros, alentando la atomización organizativa y social, el primero de ellos con los camioneros que tenían cerradas importantes carreteras del país; luego son atendidos campesinos con distintas reivindicaciones, pueblos indígenas asentados en diferentes coordenadas territoriales, alcanzando acuerdos parciales que trascienden en aperturas de otras autopistas. Negociaciones que aún siguen en curso, con epicentro sobre el sur del país, en especial Cauca y Nariño, donde campesinos, comunidades afro y pueblos indígenas nasa, pastos y otros levantan banderas que van mucho más allá de reivindicaciones puntuales.

La preocupación empresarial y gubernamental por su economía no les brinda tranquilidad. Las cuentas proyectadas en los ministerios tienen grises sombras sobre la anunciada (el deseo puede con todo) y acelerada recuperación económica que llegaría a finales del 2021. Según sus datos las pérdidas económicas arrojadas por el paro suman 6 billones de pesos, y cada día de bloqueo las incrementa en 400 mil millones. Esos mismos son los que los convencen que el paro iba mucho más allá de las ciudades capitales y que el país estaba roto por todos sus costados producto del despliegue de fuerza por varios sectores sociales, no siempre ni en todos los casos coordinados y con iguales propósitos.

Es un afán de negociar, asumiendo a cada sector en paro por separado, que les arroja algún fruto, el primero de ellos bajarle la intensidad a la contradicción –y conspiración– intraclase; el segundo, lograr el desbloqueo de algunas autopistas y el rodar de camiones; el tercero, a partir del eco mediático al paro sin bloqueo, permear distintos sectores sociales para que rechacen el paro, dejando abierta la posibilidad de mano –más– dura contra quienes persistan con el cierre de autopistas y vías en general.

Y al tiempo que así actúan, la negociación con el comité del paro se encamina en medio de la misma ambivalencia o dilaciones que son características del establecimiento: que sí, pero no; que las demandas son tantas que de satisfacerlas arruinarían al país; que para negociar no pueden existir bloqueos, etcétera.

Una dilación que juega con el factor tiempo, confiados en que una mayor suma de días crea más presiones sobre quienes impulsan el paro; concentrando fuerza y represión sobre sectores cada vez más específicos. Las persecuciones, amenazas, señalamientos y en general guerra psicológica gana más espacio, colocando en su centro a la juventud, en especial a la universitaria, con varios de sus centros de estudio ahora en paro.

Las presiones no son pocas. El amplio espectro social inicial del paro se achica, y sigue ausente un liderazgo que logre recoger la dispersa protesta que se mantiene en diversas ciudades, con bloqueos internos o con incremento de la protesta en horas nocturnas.

En esas circunstancias, con la mesa de negociación nacional en plena tensión de fuerzas para definir sus condiciones y mecánica, corresponde evitar que el paro entre en languidez y saber recoger los triunfos hasta ahora logrados, así como algunos otros que puedan venir de la negociación, para lo cual le corresponde a quienes tienen la vocería del Comité Nacional identificar dos o tres propósitos que sean de amplio interés social, por ejemplo tarifas de servicios públicos, renta básica transitoria, plan de empleo de emergencia para por lo menos dos millones de jóvenes, es decir, reivindicaciones con las cuales y para las cuales las mayorías estén dispuestas no solo a apoyar de palabra sino de hecho.

En ese proceso, y conscientes que la negociación no dará frutos de un día para otro, debe proyectarse y prepararse: 1) cerrar el paro con una movilización/celebración. La juventud y los sectores populares la merecen, pero además la merece el cambio de proceder político que debe caracterizar a amplios sectores del campo alternativo, acostumbrados al fracaso, al esfuerzo y no a la celebración. 2) Hacerles un homenaje a todas las víctimas del terror oficial, tanto con la movilización como con un monumento por levantar en Cali, para cuyo diseño debe convocarse por medio de un concurso que financien los sindicatos del orden nacional, en unión con algunas Ongs que tienen acceso a importantes recursos económicos. 3) En esa movilización, convocar a todo el país a la concreción de un gran diálogo nacional popular (Ver “Hacia un real, amplio y democrático diálogo nacional” pág. 2), con sesiones en todo territorio o sitio de trabajo donde se encuentre, por lo menos, media docena de personas dispuestas al intercambio de ideas y diseño de propuestas. Deliberación e intercambio de ideas que puede entrelazarse con procesos vecinos, dándole cuerpo a una red de redes, que puede ampliarse o reducirse a conveniencia de quienes la integren.

Para ir depurando estas discusiones y propuestas, a los tres o cuatro meses de su funcionamiento debería realizarse una o dos asambleas por ciudad, y a los 6 una de todo el país, en la cual se armonice todo lo discutido y se entregue a la nación el borrador del plan por una Colombia al margen de la muerte y de cara a la vida, en dignidad. Una Colombia convencida de que otra democracia sí es posible.
¡Salud! Hay que celebrar el triunfo del alzamiento juvenil/popular, y darle continuidad al paro a través del enraizamiento territorial, base humana, política, cultural y organizativa para enfrentar nuevas jornadas de lucha en el futuro próximo. Un reto irrenunciable para concretar otras muchas demandas resumidas en el pliego de emergencia.

 

 

 


 

Los corazones en la buena
(para Lucas Villa Vásquez y los demás asesinados en las calles del país)

En la calle no se baila
ni se juega.
En la calle se trabaja
se produce
se transita

¡¡¡¡Con balazos le dijeron!!!!
No te subas a los buses
No invoques con alegría el vocablo de justicia.
No se desafía el infinito
desplazándote en las barandas de los puentes
como un pájaro.

No se canta,
ni se grita en las calles,
no se bendice al otro,
ni se abraza,
y mucho menos
se le dice “en los corazones en la buena”.

Quizá, siempre mamá,
al verlos salir a las calles:
eufóricos, valientes, coloridos e indignados,
con ganas de comerse a besos,
presiente el disgusto que envenena
las voluntades de los malos.

Alberto Antonio Berón Ospina (escritor)

 

 

 

 

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Publicado enEdición Nº279
Portal de las Américas, 13 de mayo 2021 (Vía Twitter)

A grito limpio en contra de la reforma tributaria arrancó el paro el 28A. Asombroso, quienes entonaron el rechazo y llenaron las calles y plazas en su mayoría eran jóvenes que, ciertamente no pagan impuestos, o lo hacen en menor medida. Pero con su enérgico y convincente rechazo, que obligó al establecimiento a enterrar el proyecto radicado en el Congreso, quedó claro que sienten en carne propia la crisis económica que sobrecoge a la mayoría de los hogares colombianos.

Un potente rechazo que rompe la brecha espontáneamente creada entre generaciones. Un suceso que muchos padres de familia celebraron a través de entrevistas que circularon por redes, en los que comentaban con alegría y admiración la convicción con que la nueva generación de activistas dio vida a este paro, marcando con un triunfo su incursión antigubernamental.

Con idéntica energía, cientos de ellos empujaron rejas de almacenes de cadena en procura de alimentos, pero también dieron cuenta de oficinas de entidades privadas en las que ven y sintetizan el poder del capital que tanto daño causa a quienes viven al debe.

Vitalidad que trató de ser contenida a punta de bala, gases tóxicos, bombas de estruendo, garrote, y otras armas, es decir a punta de terror. Con inquina fueron perseguidos por las calles por la mal llamada “fuerza pública”, y sobre el piso fueron quedando cuerpos de alegres e indefensos retoños de vida. En Cali los asesinados se cuentan por decenas, pero también recibieron sobre sus cuerpos la acción de “la cara amable del Estado” en ciudades como Ibagué, Pereira, Bogotá y otras.

Pese al terror liberado desde las sacrosantas instituciones de la democracia formal, no renunciaron a continuar entonando exigencias, reclamos de vida digna, y en ello sus sueños de educación universitaria, de trabajo estable bien pago, denunciando el concubinato Estado-paramilitarismo, exigiendo el desmonte del Esmad, así como los privilegios de casta, de todo lo cual están hartos.

De esta manera, la renuncia al proyecto de reforma tributaria para contener ese inmenso alzamiento juvenil/popular que identifica en el de Iván Duque un gobierno de ricos y para ricos, sometido a un detestado personaje que la juventud siente e identifica con los peores males que padece el país, llega no por el peso y acción de actores sociales tradicionales sino como fruto de la masiva presencia de una nueva generación en las calles. Es así como, cual caja de pándora, la agenda de reivindicaciones queda abierta, planteándole también un reto a las llamadas organizaciones alternativas y de izquierda: asumir como propias todas estas demandas y contribuir para que más temprano que tarde sean una realidad. Y para que así sea, todas ellas deberían ser reivindicadas como prioritarias dentro de la agenda de negociación que se emprenda con el gobierno.


Voy por lo mío

“Yo siento que la gente sale a mercar, es que aquí hay mucha pobreza”. Así respondió un alcalde de un municipio de Cundinamarca a la pregunta de un periodista sobre el por qué de los saqueos a supermercados, en hechos ocurridos los días 29 y 30 de abril en el marco del paro nacional.

Una realidad vivida no solo en este municipio, sino en otros muchos, en los cuales con furia liberada miles de personas se volcaron a la calle a protestar en contra de las alzas en impuestos que traería la anunciada reforma tributaria, así como a rebuscar lo suyo, con afán individualista, sin esperar a que una posible reivindicación económica colectiva llegue como resultado final de la negociación del pliego de exigencias (llamado de emergencia) entregado al gobierno en el 2019 y precisado en sus prioridades en el 2021.

Es un proceder que resalta lo profundo de la crisis económica que afecta a la sociedad colombiana, pero también la insuficiencia de las medidas de “rescate” implementadas por el gobierno nacional y por las alcaldías para enfrentar la crisis de diverso orden potenciadas por la pandemia del covid-19,

Una reacción de furia que denota, asimismo, la desconfianza en cualquier promesa gubernamental, pero también la ausencia de una alternativa política y social que logre encausar la furia popular, ante lo cual lo que prevalece son las soluciones por cuenta propia.


Rabia con causa

Una detonación de inconformidades, de memorias colectivas, que en casos como el anotado pretende beneficios particulares, pero en otros demuestra sin duda alguna que el llamado pueblo porta en su memoria rabias acumuladas.
Desde el primer día de paro, su energía fue descargada contra todo aquello que representa al (mal)gobierno, todo aquello que le recuerda las injusticias y penurias cotidianas que no lo desamparan, pero también todo aquello que trae a su mente lo peor de los ricos, los mismos que hacen un negocio del empobrecimiento de millones.

Todo esto es palpable cuando se revisa el tipo de edificaciones atacadas, así como de otra infraestructura afectada por la acción de lo que desde arriba denominan “vandalismo” (a propósito, ¿existirá mayor vandalismo que el desplegado por los poderosos del país, que a su paso han dejado un país devastado y a millones padeciendo sus consecuencias?).

En efecto, cada día y en la medida que el alzamiento social progresaba, las municipalidades reportaban los efectos del proceder social: atacadas, destruidas o deterioradas unidades del transporte público, así como las estaciones dispuestas para abordarlo –paradoja, pero que es privado o funciona como si fuera un negocio–; atacados, incendiados o deteriorados peajes, así como CAI. Otros edificios y canales para la operación de algunas empresas también quedaron en el ojo de la furia común.

Un resumen parcial de esta acción indica que las gentes no están de acuerdo con la existencia ni con las tarifas que deben pagar por peaje, es decir, no comparten la privatización de las autopistas pues saben que en ello hay un inmenso negocio que ellas terminan pagando. Sienten que son objeto de robo cotidiano.


La información brindada por departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Cesar, Atlántico, Valle del Cauca, Caldas y otros dan como resultado que fueron dañados 28 peajes e incinerados 11 (ver infografía con listado, parcial pág. 10).

En unidades de transporte público los incinerados suman (26), deteriorados parcialmente o afectados en menor medida –pintados– un total de 92. Un sistema que dicen es público pero que las gentes no lo sienten así, como tampoco están satisfechas con el servicio que prestan ni las tarifas que tienen que pagar por usarlo. En realidad, la demanda es que el servicio de verdad sea público y funcione como tal, no como negocio, sea privado, estatal o municipal.

 

 

Por su parte, el total de Cai afectados alcanza en Bogotá a las 16 instalaciones. En otras ciudades la cifra no es clara.

Las edificaciones públicas atacadas son varias –entre alcaldías y otras instalaciones–, pero no existe un dato consolidado sobre este tópico.

Lo mismo ocurre con el núcleo de la acumulación capitalista, el sistema financiero, resumido en los bancos y cajeros automáticos, blancos de la rabia colectiva, pero sin el reporte de sus propietarios de cuántos fueron atacados a lo largo y ancho del país.

Más allá de las cifras exactas, lo importante de este proceder de jóvenes y adultos, es que con su actuar indican que no están conformes con el funcionamiento del gobierno, que anhelan otro tipo de gobierno y de sociedad, y que tienen claro que los gobernantes y apropiadores de lo público, como de los pocos ahorros hogareños, son los causantes de los pesares que viven cada día sus familias.

Lecciones extendidas. Por ejemplo, atacan, rechazan y castigan a la policía por sus arbitrariedades cotidianas, por la violencia con que proceden cuando salen de patrullaje y requieren a uno u otro por cualquier motivo. Proceder extendido a los agiotistas bancarios, chupadores de su sangre, de su esfuerzo diario para sacar adelante a sus familias.

Como puede verificarse, son reacciones juveniles y populares que se repiten una y otra vez cuando de protestas sociales se trata. Si así es, ¿por qué no toman nota del mismo aquella clase y funcionarios para quienes va dirigido el simbólico mensaje?

Para ser consecuentes con ello, para recoger el reiterado mensaje, ya es hora de citar por parte de las alcaldías cabildos abiertos para discutir y definir con sus poblaciones qué hacer con el transporte público, qué con los peajes, qué con la Policía, qué con la administración pública, qué con los impuestos. Si de democracia directa y participativa se trata, acá tienen un reto. Lo otro es seguir administrando lo público de espalda a las mayorías.


El pacificador

El alzamiento juvenil y popular alcanzó en Cali una escala hasta ahora no conocida. La ciudad fue tomada en sus barriadas populares por quienes las habitan, en especial en sus sectores más icónicos, bien por el cúmulo de marginados que las pueblan, bien por la difundida inseguridad de la que siempre hacen eco los medios de comunicación y el mismo gobierno (como estrategia de multiplicar el miedo y ahondar el control social), bien por sus historias de construcción o de resistencias armadas que allí tomaron cuerpo en otras épocas, etcétera.

Es en esta ciudad que se desata, en la jornada de apertura del paro, una acción contra el sistema de transporte conocido como MIO, la que claramente responde a un proceder no espontáneo pero que sí recoge el sentir popular. Y luego de ello múltiples protestas alcanzan a romper el desenvolvimiento cotidiano de la urbe. Su territorio queda fracturado por decenas de bloqueos para su movilidad, de la cual depende la reproducción del capital.

La respuesta que llega desde el alto gobierno es la militarización. La ciudad pasa al control del general Zapateiro, y su alcalde queda mudo ante el trago más amargo que hasta ahora haya tenido que tragar en su devenir político: ver cómo la violencia del “monopolio de las armas” se extiende por los territorios populares, dejando a su paso una estela de muerte y dolor: al 10 de mayo, según Indepaz, 28 asesinados; decenas de heridos por arma de fuego y los impactos de otras armas y 160 desaparecidos. El terror copó las barriadas bajo la repetida consigna: “a la culebra hay que descabezarla”. Sin duda, la lectura que el alto mando del ejército realizó de lo allí vivido, así como la burocracia de la Casa de Nariño, les indicó que detrás del alzamiento social estaba la guerrilla. En esta, como en otras ocasiones, la ideología es mala consejera.

Una masacre que desnuda la esencia de la oligarquía colombiana y ante la cual, como evidencia de rechazo y oposición ante el terrorismo de Estado desatado, debió renunciar su alcalde. Sin duda, el pueblo rechazaría su renuncia y lo refrendaría en su puesto, además con mando real sobre la policía. Incomprensible su silencio, su falta de comunicación con el pueblo caleño, silencio que le pesará en el futuro, cercano y lejano.

Lo sucedido en la capital del Valle, el proceder del mando militar y el silencio, pasividad, descontrol por parte del simbólico poder civil, dejan ante nuestros ojos una lección de poder real: el civil solo rige en tiempos de normalidad, con los límites que le marcan el gobierno central y el capital local e internacional, pero en épocas de anormalidad el civil es un estorbo, dando paso a los golpes de mano, más conocidos como golpes de Estado, en el caso vivido en Cali golpe de alcaldía. Realidad ya vivida a principios de este siglo en el amplio territorio de la Costa Atlántica donde las Fuerzas Armadas desplegaron planes especiales de guerra para erradicar a las Farc y bajo cuyo control quedó todo el ordenamiento territorial. Allí, sus alcaldes eran menos que un cero a la izquierda, y quienes realmente administraban eran los mandos militares.


“Gústenos o no, hay que rodear al gobierno”

Salvar a las instituciones, este fue el mensaje enviado a través de redes sociales por un empresario durante los primeros días de mayo. El mensaje recogía dos realidades: 1. Que la desatada ofensiva del santismo contra el gobierno Duque, para golpear a través de éste a su mentor, debía terminar –acción que alcanzó eco a través de algunos medios de comunicación que de manera abierta alentaron el alzamiento juvenil y social; 2. Que la economía estaba llevando al país a sus límites, y debían aprobar el actuar violento del Estado, si así era necesario, para “poner orden”.

Y la respuesta del establecimiento no demoró en llegar: acordaron bajarle la intensidad a la confrontación, silenciar las críticas y llamar a quienes protestaban a recapacitar pues “tienen derecho a la protesta, pero no a bloquear…”.

Como parte de ello, por todos los medios de comunicación empezó una repetición de llamados a desbloquear el país. Varias ciudades estaban en riesgo de desabastecimiento de gasolina, los precios de los productos más demandados en la canasta familiar estaban disparados, los empresarios avícolas reportaban la muerte por falta de alimento de miles de pollitos, otros miles fueron regalados; la leche se perdía en las haciendas; varias cosechas también quedaban en nada. Y las exportaciones, paralizadas, con el puerto de Buenaventura sin poder recibir ni despachar más mercaderías.


Es en este momento, ante tal realidad, que el paro pierde algunos aliados. El eco mediático mete miedo, presiona para que los bloqueos terminen –dejando en el aire un clima de que quien no desbloqueé bien merecido se tiene el proceder de los militares y de la policía, es decir, legitiman la represión que vendría.

El gobierno, por su parte, consciente de que el alzamiento no responde a ningún plan centralizado por organización alguna, y que en realidad está alimentado por decenas de intereses y reivindicaciones particulares acumuladas desde tiempo atrás, entabla negociaciones con unos y con otros, alentando la atomización organizativa y social, el primero de ellos con los camioneros que tenían cerradas importantes carreteras del país; luego son atendidos campesinos con distintas reivindicaciones, pueblos indígenas asentados en diferentes coordenadas territoriales, alcanzando acuerdos parciales que trascienden en aperturas de otras autopistas. Negociaciones que aún siguen en curso, con epicentro sobre el sur del país, en especial Cauca y Nariño, donde campesinos, comunidades afro y pueblos indígenas nasa, pastos y otros levantan banderas que van mucho más allá de reivindicaciones puntuales.

La preocupación empresarial y gubernamental por su economía no les brinda tranquilidad. Las cuentas proyectadas en los ministerios tienen grises sombras sobre la anunciada (el deseo puede con todo) y acelerada recuperación económica que llegaría a finales del 2021. Según sus datos las pérdidas económicas arrojadas por el paro suman 6 billones de pesos, y cada día de bloqueo las incrementa en 400 mil millones. Esos mismos son los que los convencen que el paro iba mucho más allá de las ciudades capitales y que el país estaba roto por todos sus costados producto del despliegue de fuerza por varios sectores sociales, no siempre ni en todos los casos coordinados y con iguales propósitos.

Es un afán de negociar, asumiendo a cada sector en paro por separado, que les arroja algún fruto, el primero de ellos bajarle la intensidad a la contradicción –y conspiración– intraclase; el segundo, lograr el desbloqueo de algunas autopistas y el rodar de camiones; el tercero, a partir del eco mediático al paro sin bloqueo, permear distintos sectores sociales para que rechacen el paro, dejando abierta la posibilidad de mano –más– dura contra quienes persistan con el cierre de autopistas y vías en general.

Y al tiempo que así actúan, la negociación con el comité del paro se encamina en medio de la misma ambivalencia o dilaciones que son características del establecimiento: que sí, pero no; que las demandas son tantas que de satisfacerlas arruinarían al país; que para negociar no pueden existir bloqueos, etcétera.

Una dilación que juega con el factor tiempo, confiados en que una mayor suma de días crea más presiones sobre quienes impulsan el paro; concentrando fuerza y represión sobre sectores cada vez más específicos. Las persecuciones, amenazas, señalamientos y en general guerra psicológica gana más espacio, colocando en su centro a la juventud, en especial a la universitaria, con varios de sus centros de estudio ahora en paro.

Las presiones no son pocas. El amplio espectro social inicial del paro se achica, y sigue ausente un liderazgo que logre recoger la dispersa protesta que se mantiene en diversas ciudades, con bloqueos internos o con incremento de la protesta en horas nocturnas.

En esas circunstancias, con la mesa de negociación nacional en plena tensión de fuerzas para definir sus condiciones y mecánica, corresponde evitar que el paro entre en languidez y saber recoger los triunfos hasta ahora logrados, así como algunos otros que puedan venir de la negociación, para lo cual le corresponde a quienes tienen la vocería del Comité Nacional identificar dos o tres propósitos que sean de amplio interés social, por ejemplo tarifas de servicios públicos, renta básica transitoria, plan de empleo de emergencia para por lo menos dos millones de jóvenes, es decir, reivindicaciones con las cuales y para las cuales las mayorías estén dispuestas no solo a apoyar de palabra sino de hecho.

En ese proceso, y conscientes que la negociación no dará frutos de un día para otro, debe proyectarse y prepararse: 1) cerrar el paro con una movilización/celebración. La juventud y los sectores populares la merecen, pero además la merece el cambio de proceder político que debe caracterizar a amplios sectores del campo alternativo, acostumbrados al fracaso, al esfuerzo y no a la celebración. 2) Hacerles un homenaje a todas las víctimas del terror oficial, tanto con la movilización como con un monumento por levantar en Cali, para cuyo diseño debe convocarse por medio de un concurso que financien los sindicatos del orden nacional, en unión con algunas Ongs que tienen acceso a importantes recursos económicos. 3) En esa movilización, convocar a todo el país a la concreción de un gran diálogo nacional popular (Ver “Hacia un real, amplio y democrático diálogo nacional” pág. 2), con sesiones en todo territorio o sitio de trabajo donde se encuentre, por lo menos, media docena de personas dispuestas al intercambio de ideas y diseño de propuestas. Deliberación e intercambio de ideas que puede entrelazarse con procesos vecinos, dándole cuerpo a una red de redes, que puede ampliarse o reducirse a conveniencia de quienes la integren.

Para ir depurando estas discusiones y propuestas, a los tres o cuatro meses de su funcionamiento debería realizarse una o dos asambleas por ciudad, y a los 6 una de todo el país, en la cual se armonice todo lo discutido y se entregue a la nación el borrador del plan por una Colombia al margen de la muerte y de cara a la vida, en dignidad. Una Colombia convencida de que otra democracia sí es posible.
¡Salud! Hay que celebrar el triunfo del alzamiento juvenil/popular, y darle continuidad al paro a través del enraizamiento territorial, base humana, política, cultural y organizativa para enfrentar nuevas jornadas de lucha en el futuro próximo. Un reto irrenunciable para concretar otras muchas demandas resumidas en el pliego de emergencia.

 

 

 


 

Los corazones en la buena
(para Lucas Villa Vásquez y los demás asesinados en las calles del país)

En la calle no se baila
ni se juega.
En la calle se trabaja
se produce
se transita

¡¡¡¡Con balazos le dijeron!!!!
No te subas a los buses
No invoques con alegría el vocablo de justicia.
No se desafía el infinito
desplazándote en las barandas de los puentes
como un pájaro.

No se canta,
ni se grita en las calles,
no se bendice al otro,
ni se abraza,
y mucho menos
se le dice “en los corazones en la buena”.

Quizá, siempre mamá,
al verlos salir a las calles:
eufóricos, valientes, coloridos e indignados,
con ganas de comerse a besos,
presiente el disgusto que envenena
las voluntades de los malos.

Alberto Antonio Berón Ospina (escritor)

 

 

 

 

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Publicado enColombia
Continúan los ataques contra la juventud popular caleña

Suman 24 los días en los que, jornada a jornada, la respuesta del poder dominante en Colombia ante las manifestaciones dignas y llenas de rabia de una juventud y sectores populares sometida/dos a la miseria y la exclusión, es la violencia policial y paramilitar más cruda que haya desplegado el poder en los últimos tiempos.


Centros de tortura y asesinatos, violaciones sexuales, mutilaciones oculares, desapariciones forzadas, guerra química permanente –mediante gases lacrimógenos–, allanamientos, tratamiento de guerra a la protesta civil, entre muchos otros crímenes de Estado, son las situaciones que han tenido que afrontar y padecer quienes habitan los barrios populares y las periferias urbanas del país, con especial énfasis sobre Cali.


Mientras el ministro miente, los criminales atacan


En medio de la moción de censura promovida por diferentes partidos políticos contra el ministro Diego Molano, éste declaró: “Hoy quiero mandar un profundo mensaje de afecto, de aprecio a todos aquellos jóvenes que están marchando en las calles de Colombia, tienen ellos una voz que quiere ser oída y hay una fuerza pública que garantiza su derecho a la protesta pacífica”. Y mientras el llenaba la sala parlamentaria de apariencias, demagogia y eufemismos, en la ciudad de Cali era asesinado Armando Álvarez, subgerente administrativo de la red de salud oriente de Cali, quien era denominado el “ángel guardián” de los heridos y familias que salían de Puerto Resistencia; así mismo se presentaba un ataque criminal contra varios de los 21 puntos de resistencia y unión que aún se mantienen activos en esta ciudad y en los que los jóvenes populares pasan días y noches exigiendo transformaciones efectivas a sus condiciones de vida, que no son solo de ellos sino de todos los marginados y marginadas, más allá de edad y sexo.

 

 


A esas mismas horas, en el punto de “Puerto Rellena”, hoy conocido como “Puerto Resistencia”, se presentaba un ataque que implicó un apagón desde las 6:30 de la tarde, el cual duró alrededor de 45 minutos, dejando sin energía los barrios: Mariano Ramos, República, La Unión, Antonio Nariño y Villa del Sur. En medio de la oscuridad, según habitantes del sector, comenzaron a circular vehículos y motocicletas desde donde disparaban contra los jóvenes y habitantes; tiempo durante el cual también fueron bloqueadas las señales de celular e internet, dejando incomunicada a toda la población.


Ante la caótica situación, los icónicos periodistas José Alberto Tejada Echeverri y Jonathan Buitrago del cada día más popular Canal 2, hicieron un cubrimiento especial desde el lugar de los hechos*, con entrevistas a diferentes habitantes de la comunidad (vecinos del barrio, mujeres religiosas, madres de familia, familiares de desaparecidos, colaboradoras de ollas comunitarias e integrantes de la primera línea), que denunciaban lo sucedido.

 


Entre las múltiples voces entrevistadas se escucharon frases como: “Apoyemos una universidad de los pobres para todos”; “No queremos guerra, queremos unir ganas y hacernos sentir”; “No estamos para generar daños y prejuicios a la comunidad, estamos porque desde hace mucho tiempo nos han vulnerado nuestros derechos”; “Estamos pidiendo un diálogo de cara al país, que se cumpla en el tiempo de manera efectiva”.

 


La situación es compleja y cada día más tensionante, lo que demanda escuchar, de manera urgente y con especial atención y disposición a concretar las peticiones y exigencias de estos jóvenes que incluso están dispuestos, como lo han demostrado hasta ahora, a perder incluso la vida en medio de los enfrentamientos, pues no tienen nada más que perder.

 

 


Es necesario que se detengan los hostigamientos permanentes, para que los jóvenes puedan encontrarse y construir allí sus asambleas, d las que deben salir sus propuestas y pliegos para dialogar con los diferentes gobiernos, tanto municipal como nacional, así como para que comuniquen al conjunto del país sus pensamientos y propuestas, las que según ellos y ellas no están representadas en los adultos, ni en los espacios políticos, como el Comité Nacional de Paro.

*Ver: https://www.youtube.com/watch?v=uIbGV9YFMAY

Publicado enColombia
https://www.dw.com/es/en-colombia-hubo-76-masacres-con-292-asesinados-en-2020-seg%C3%BAn-la-onu/a-56664554

Lo ocurrido en Colombia en el marco del paro nacional en curso desde el 28 de Abril, en ciudades como Cali, Bogotá, Palmira, Buga, Ibagué, Neiva, Villavicencio, Soacha, Popayán, Medellín, Pereira y más de 500 medianas y pequeñas ciudades, incluso comunidades campesinas e indígenas, configura un cuadro de campos de guerra con decenas de muertos, cientos de desaparecidos, centros de concentración y de tortura, con allanamientos ilegales, ametrallamiento de manifestantes –desde helicópteros– y residencias de los sectores inconformes, con artillería terrestre y aérea de última generación; las ciudades son ahora el teatro de operaciones militares a gran escala, guerra contra el pueblo que en los últimos 75 años ha dejado más de un millón de muertos del mismo pueblo, cientos de miles de desaparecidos, más de 8 millones de campesinos, comunidades negras e indígenas desplazados. Primero fue “contra el comunismo”, luego contra el “terrorismo”, después, “contra el narcotráfico, el terrorismo y el comunismo”; las mismas supuestas razones para despojar concentrar la tierra, la riqueza y el poder político de la feudal-colonialista, ahora narco-financiera y fascista oligarquía colombiana.

Hoy los beneficiarios de la guerra cambian el nombre a su “enemigo interno”, llamándolo “terrorismo vandálico”, cuyos miembros son los jóvenes de los sectores populares empobrecidos y desechados por esta sociedad, criminalizados por este Estado narco-fascista y apátrida; Estado y oligarquía que nunca han dejado de ser colonialistas, racistas, ladrones y genocidas, sobre todo, ahora que la “pandemia” es un instrumento de sometimiento, silenciamiento, aislamiento y control total de la población, especialmente sobre los sectores populares víctimas de las supuestas secuelas económicas y sociales de esa plandemia. Sin embargo, las causas de la grandiosa y heroica protesta popular no son de hoy, vienen desde el mismo momento en que la oligarquía usurpó el poder político y económico de este país, las cuales se intensifican a partir de los años 20 del siglo pasado con la entrega de nuestros bienes naturales y energéticos al capital extranjero y la dependencia económica y política del Estado oligárquico al sector financiero mundial (BM, FMI, BID, etc.) dependencia representada en la constante. onerosa y criminal deuda siempre pagada por el pueblo a través de paquetazos como el pretendido por estos días, que no solo nos quita los pocos recursos de nuestros bolsillos, sino, que nos reduce el pan, la educación y las capacidades de recuperación y sobrevivencia. Una política económica que se extiende en sus nefastas medidas a la desindustrialización, el abandono de la agricultura alimentaria, el sometimiento del campesinado pequeño y mediano al monocultivo y a la importación de alimentos, todo ello con efectos directos como el desempleo y miseria, causas de la presente crisis.

El heroísmo de los jóvenes populares surge de sus propias necesidades, de su exclusión, de sus capacidades negadas para crear y producir, de la injusticia y el hambre en que nacieron y crecieron, pues solo han “servido” como carne de cañón para la guerra, el narcotráfico y la delincuencia, instrumentalizados para su propia destrucción y la conservación de las comodidades, privilegios y el statu quo de la oligarquía tradicional y emergente; por esto, parafraseando a Marx, estos jóvenes no tienen nada que perder porque hasta el miedo se lo quitaron, porque han abierto los ojos físicos y mentales, ellos dicen: “nos disparan a los ojos porque saben que los abrimos”.

Cuando digo oligarquía y Estado, me refiero no solo al central de Bogotá, también a sus representantes o delegados en las regiones y ciudades de todo el país, especialmente a aquellos supuestamente elegidos mediante el voto popular, que se reclaman progresistas y demócratas, quienes se destacan por clamar al Estado central la represión y el terror, escudándose de las críticas del pueblo, con la excusa de que no tienen manejo de la fuerza pública (Cali, Bogotá…), en este momento se caen las caretas y quedan expuestas las verdaderas caras fascistas de esos personajes –alcaldes, gobernadores, congresistas, diputados, concejales–; claro, y por supuesto la catadura de la jerarquía militares-policial empezando por los jefes fascistas del Estado Iván Duque, Álvaro Uribe y sus séquitos de ministros, coroneles y generales, además de los narcotraficantes, los más grandes terratenientes, empresarios y del sector financiero para los que el Estado trabaja.

La Policía Nacional, principal protagonista de la masacre, es un cuerpo más del Ejército Nacional, entrenada, armada y con licencia para matar, no solo obedece a sus amos locales sino también a los norteamericanos –e isrraelies– quienes les dictan la doctrina y los protocolos de agresión; claro que toda su tropa –de subteniente para abajo– es extraída de los sectores populares y son también carne de cañón como los soldados rasos, por eso, al Estado no le importa de qué lado sean los muertos. El fascismo inculcado a las Fuerzas Armadas no es producto del discurso del nazi chileno, es simplemente la continuidad de la doctrina impuesta desde el Complejo Militar Industrial y del comando sur de USA durante más de 70 años, o ¿qué fueron el Frente Nacional, el Estatuto de Seguridad de Turbay y luego la Seguridad Democrática de Uribe? Lo que pasa es que la guerra y el genocidio los trasladaron a las ciudades (a partir de las ejecuciones extrajudiciales llamadas por los medios oficiales “Falsos Positivos); lo que continúan haciendo los paramilitares y el Ejército en los campos, ahora a la luz del día y de las cámaras web, pero que los grandes medios oficialistas no registran.

Desde que el Estado oligárquico colombiano se constituyó, ha existido respuesta popular a su avaricia y criminalidad, empezando con los artesanos y sus Sociedades Democráticas, luego los campesinos y los trabajadores de la agroindustria y la naciente industria, contra la oligarquía mercantilista; después, en el siglo XX, se sumarían los trabajadores del petróleo, del banano, los ferroviarios contra las multinacionales, y se crearon las insurgencias –como posibilidad de construir un nuevo Estado más equitativo, supuestamente democrático– respuesta continuada en el siglo XXI por el campesinado, la actuación del movimiento indígena y la lucha del estudiantado y las y los trabajadores, aportando cada uno su invaluable cuota de sangre y de desaparecidos; la lucha fue incrementándose en la medida que crecían la opresión y la explotación, con la mayoría de los dirigentes populares y demócratas perseguidos y asesinados.

Nuestro pueblo, como todos los pueblos del mundo, es valiente y creativo, especialmente su juventud, lo comprobamos hoy en la movilización masiva pacífica y alegre. con música, colores, danza y teatro, con sus sonrisas ante las máquinas de la muerte, ante la indiferencia de unos pocos escépticos en todas las calles del país. Se reavivó la solidaridad, se rebosó la fraternidad y la empatía, el pueblo en los barrios de Cali salieron con banderas y alegría a la ruta de las chivas a agradecer y despedir a la Minga Indígena que fue ultrajada y agredida por grupos narco-fascistas racistas llenos de miedo ante las inmensas marchas y concentraciones, en las que la Minga hizo presencia protegiendo a los caminantes protestantes; esos fascistas vestidos de blanco fueron impulsados, dirigidos por las mafias políticas, empresariales y militares dirigidas por el uribismo, pero no pudieron amilanar ni amedrentar a la juventud movilizada.

Este movimiento de dignidad y coraje está sentando un gran precedente en la lucha por construir un mejor país, justo, equitativo y solidario. En los puntos de resistencia de todo el país se palpó el compromiso solidario de las familias de los barrios circunvecinos con sus jóvenes, las ollas comunitarias que en muchos casos brindan alimentos a jóvenes y familias que en su pobreza les falta la comida; de igual manera por los corredores humanitarios circulan alimentos, medicinas y logística que permiten la provisión a las ciudades, como para sostener el movimiento; personal médico y paramédico se volcó en la asistencia sanitaria, muchos medios alternativos e independientes –youtubers, blogueros, twiteros hacen parte de una inmensa cadena de comunicación nacional e internacional–, transmitiendo en vivo y directo las marchas, grabando las agresiones de la fuerza pública, el vandalismo muchas veces agenciado por la policía y el ESMAD; nuestros jóvenes enseñan la democracia, no hay líderes individuales, las discusiones las hacen en colectivo y las decisiones las toman en asamblea, allí hay jóvenes –hombres y mujeres– de estratos 1, 2, 3 y 4 tomando los mismos riesgos –rotarse en la primera línea de fuego– asumiendo iguales responsabilidades, hasta las barras bravas de los equipos de futbol “rivales” confraternizan y participan de todas las actividades.

Este comportamiento de los y las jóvenes populares nos dan una lección de unidad, y solidaridad a quienes hemos estado por muchos años en la lucha política contra el Estado, la mayoría desde estrechos nichos partidarios, de tendencias y de sectas que en muchos casos nublaron nuestros iniciales objetivos humanista-humanitarios, además, no siempre nos apoyamos en expresiones de verdadera solidaridad, sensibilidad y afecto, nuestros sentimientos eran más de rabia y tristeza, generalmente alejados de nuestras familias e hijos en nuestras actividades políticas –creyendo que así los protegíamos.

Hoy los padre, madres y familias populares se sienten orgullosos de sus hijos e hijas rebeldes, les acompañan y animan a continuar la lucha. De todas maneras, las luchas populares son escuelas de formación y temple de la juventud, hay mucho qué aprender y compartir en experiencia y saberes entre las generaciones presentes; se necesita asumir cambios en nuestras culturas, tendientes a la autonomía, al autogobierno, a la economía y educación propias, al rescate de nuestras historias y de valores humanistas. Creo que este movimiento, con todas las víctimas por acción del Estado, con sus dificultades y errores, es un hito en el proceso de la construcción de un mejor país y de un mundo mejor.

Mayo 17 de 2021

Publicado enColombia
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