Reconoce Ernesto Zedillo que se equivocó al combatir y no regular el uso de drogas

El ex presidente Ernesto Zedillo reconoció abiertamente haberse equivocado en la política de ¬"prohibición", "represión" y "criminalización" de drogas ejecutada durante su gobierno (1994-2000), en lugar de haber optado por regular su consumo.

Calificó de "muy lamentable" que algunos países, en el seno de las Naciones Unidas, pretendan continuar con esta política que ha fracasado rotundamente en todos los lugares en que se ha aplicado.

Primero al presentar el informe "Regulación: el control responsable de las drogas", elaborado por la Comisión Global sobre las Políticas de Drogas, y luego en una declaración, el ex mandatario dijo que se cometieron "terribles violaciones de derechos humanos" de los consumidores, pues el tema no fue visto como de salud pública, sino que se criminalizó.

Zedillo, quien visita muy poco el país y emite declaraciones con poca frecuencia sobre México, dijo no omitir su responsabilidad de lo hecho durante su gobierno, y reconoció: "Yo seguí una política equivocada" en materia de drogas.

En la presentación del informe, el ex presidente de Colombia César Gaviria, integrante de la Comisión Global, señaló que la política de prohibición de drogas "ha sido una pesadilla para México, para Centroamérica, para Colombia". Una pesadilla, añadió, en términos de muertos y el enorme daño que ha causado al tejido social, y la corrupción que ha propiciado.

Por ello, dijo, para América Latina no basta pedir una modificación frente al uso de drogas, sino que es necesario asumir una posición más radical, que es "presionar a Estados Unidos a que empiece a pensar en un cambio de política, porque nosotros no podemos seguir aportando decenas de miles de muertes sólo porque los estadunidenses no son capaces de dar ese paso".

En el informe, el tercero que presenta la Comisión Global –instancia dedicada al análisis de las políticas internacionales de drogas y constituida por 20 personalidades, entre ellas 12 ex gobernantes y dos premios Nobel–, se examina cómo pueden los gobiernos tomar el control de los mercados ilícitos de narcóticos mediante una regulación responsable, lo que debilita a las organizaciones criminales que ahora se benefician de ellas.

Gaviria refirió que Europa desde hace 20 años modificó sus políticas de drogas, que la llevó a salir de la violencia que conlleva el prohibicionismo. Y pese a que aún tiene un mercado ilegal de droga, en materia de uso avanzó dramáticamente.

"Esto se puede hacer y es lo que yo diría que México debería hacer, sin pretender hacerlo con todas las drogas y siguiendo un aprendizaje, donde vaya ensayando su propio camino", apuntó Gaviria.

De esta forma, ambos ex mandatarios señalaron que el documento, tras la revisión de múltiples experiencias en todo el mundo, sugiere a los estados una regulación del mercado de las drogas, pues la prohibición genera mafias y grupos ilegales que amenazan al Estado.

Zedillo apuntó que "con la prohibición también se han creado peores problemas de salud pública y terribles violaciones a los derechos fundamentales de las personas que usan drogas".

En su oportunidad, Ruth Dreifuss, ex presidenta de Suiza y actual presidenta de la comisión, dijo, en relación con México, que este informe no busca "interferir en asuntos internos".

 

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Aborto Legal, Ley en las calles pero no en el Senado

El miércoles 8 de agosto se cumplió una jornada histórica en la Argentina, ya que dos millones de mujeres salieron a las calles para colmar los alrededores del Congreso de la nación para escuchar un debate esperado por más de 40 años y que por fin lograba ser debatido por los 72 senadores. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por el No mayoritario, rechazando así la posibilidad de que las mujeres pudieran decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad.

 

La plaza del Congreso, la Avenida Callao, la Calle Rivadavia, la histórica Corrientes, la 9 de julio, todas abarrotadas de mujeres portando pañuelos verdes. Por todo lado se divisaba alegría, fuerza, diversidad, unidad en la lucha, en la libertad y la desobediencia. Un mar de generaciones se mezclaron para acompañar una jornada que marcará un antes y un después del feminismo en Argentina, a pesar de la negativa del Senado, pero lo hecho, hecho está, en tanto que la partida más importante no se jugó dentro del Senado sino en las calles, en donde ni la Iglesia por intermedio del papa Francisco y la represión policial, pudo invisibilizar al movimiento de mujeres que venía fortalecido de la reciente jornada del 13 de junio.

 

72 senadores se congregaron a debatir la media sanción aprobada por la Cámara de Diputados el día 13 de junio, sin embargo, los votos no cambiaron durante la jornada que se extendió por más 16 horas, dejando una votación de 38 votos en contra, 31 a favor y 3 abstenciones, lo que marcaría el destino de la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

 

30 minutos fue el tiempo estimado que tuvo cada senador para exponer los pros y los contra respecto a la ley. De todo se escuchó en ese recinto, desde los argumentos más lúcidos, hasta las más terribles apologías al patriarcado, el machismo y la religión. Ejemplo de esto fue la exposición del senador Rodolfo Urtubey del Partido Justicialista quien afirmó: “hay casos en los que la violación no tiene violencia sobre la mujer”1.

 

Por su parte la escritora Verónica Gago, en ensayo publicado por la revista Anfibia acertaba al decir que “Lo que el senador Urtubey (a quien hay que exigir desafuero ya) explicitó sin tapujos: que el hogar, en el sentido patriarcal, es el lugar donde la violación está permitida. Porque el hogar se constituye como “privado” cuando legitima el acceso violento y privilegiado por parte de los varones al cuerpo de las mujeres y a los cuerpos feminizados (lo cual incluye niñxs). Lo privado acá es lo que garantiza el secreto y la legitimidad (lo que el senador llama “no violencia”) de la violencia”2.

 

Otras intervenciones a favor de la ley, como la del director de cine y hoy senador de la nación Pino Solanas, demostraron a través de sus argumentos todo el entramado que existe respecto al disciplinamiento de los cuerpos y el goce, poniendo en evidencia el desprecio que sufren las mujeres al decidir sobre sus cuerpos y su sexualidad en una cultura patriarcal.

 

La senadora Cristina Fernández de Kirchner, quien en su periodo presidencial se negó a dar el debate sobre el aborto legal –porque estaba en contra de esta ley–, en esta ocasión no tuvo reparos al presentar su exposición a favor y anotó lo siguiente: “Algunos dicen que fue mi hija la que me hizo cambiar de opinión. No. La verdad, señores legisladores y legisladoras, me abrió la cabeza a abordar la cuestión feminista desde un lugar diferente”

 

En otro aparte de su discurso, concluyó: “Si quieren saber quiénes me hicieron cambiar de opinión fueron las miles y miles de chicas que se volcaron a las calles. Verlas abordar la cuestión femenina, criticar, pero también describir la realidad de una sociedad patriarcal, nos debe colocar a todos en un lugar distinto”3.

 

La mano oscura de la Iglesia apretó los hilos

 

La Iglesia argentina nunca mostró una posición a favor del debate sobre la interrupción del aborto en Argentina, mucho más cuando su cabeza está representada por el papa Francisco, quien después de saber sobre la media sanción aprobada el 13 de junio por la Cámara de Diputados, empezó a mover los hilos de las maquinarias políticas dentro del Senado para ganar la mayoría de legisladores para votar en rechazo a la media sanción y el proyecto de ley que había llegado de la Cámara de Diputados.

 

Ante este escenario, diputados y legisladores que estaban a favor de la ley y la campaña por el aborto seguro legal y gratuito, aceptaron introducir algunas modificaciones para que el proyecto ganará más votos a favor dentro del Senado y así poderle ganar a la Iglesia en su carrera por conseguir adeptos. Esas modificaciones fueron: bajar las semanas de interrupción del embarazo de 14 a 12; la introducción de un artículo para permitir la objeción de conciencia; el tratamiento de una asesoría profesional entre el pedido de la práctica del aborto y su realización; la modificación respecto de cómo funcionaría la ley en embarazos de adolescentes de entre 13 y 16 años.

 

Sin embargo, y a pesar de estos esfuerzos, esa mayoría no pudo conseguirse, ratificando así la votación negativa del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y poniendo como ganadora a la Iglesia, quien ratificó una vez más su poderío dentro de las bancadas del senado y afuera de este recinto, ya que varias senadoras y senadores sufrieron diversos ataques, desde llamadas telefónicas clandestinas, amenazas en redes sociales y hasta algunos episodios de violencia en contra de sus familias. Por otro lado, esas mismas escenas de violencia se replicaron al conjunto de mujeres que se actuaban en favor del aborto, desde insultos –en su mayoría por hombres en contra del aborto–, hasta hechos de violencia y agresión por parte de la fanaticada de católicos y religiosos que enfilaron a sus feligreses a no permitir que se siga replicando los mensajes del feminismo, ni sus símbolos en ningunas de las calles argentinas.

 

Simbólicamente la avanzada por parte de la Iglesia y su discurso de defender a las dos vidas, empezó a ocupar lugares en las calles con pañuelos azules que también servían como una apología al nacionalismo, los medios de comunicación agrietaron el debate y terminaron haciéndose descaradamente más cercanos a los discursos pro vida, poniendo a circular en sus canales, emisoras y redes sociales mensajes aleccionadores hacia las mujeres que portaban el pañuelo verde y seguían a favor del aborto legal.

 

Este capítulo, ya es frecuente en Latinoamérica, ejemplo de esto es lo ocurrido en Colombia cuando sectores de la ultraderecha conservadora organizaron una serie de movilizaciones en contra de la supuesta ideología de género que estaba al interior de los acuerdos de paz de La Habana y que en la votación del plebiscito se expresaron con el NO, dejando a un lado la necesidad de formar a futuras generaciones en relación a la educación sexual.

 

Estos discursos se imponen, sobre todo en clases más populares, pues la mayoría de personas que portaban el pañuelo azul y que defendían el discurso de la Iglesia eran los mismos que hoy están sufriendo la fuerte crisis económica, el ajuste establecido por el FMI, la subida del dólar; los mismos que hoy protagonizan las escenas de discriminación, xenofobia y explotación por parte de la clase que se supone defiende la vida de un feto pero que después no se hace cargo en defender las vida de los que ellos mismos someten.

 

La lucha se multiplica

 

En el otro lado se vio un discurso muy otro, el cual se expresó en las calles de Argentina. Todos los espacios estaban colmados de verde, color que simbolizaba y defendía la decisión de los cuerpos de las mujeres para no ser tratadas como mercancías o como simples vientres dispuestos a la maternidad. Pañuelos que no solo defienden el feminismo sino la condición de clase de las que se han visto sometidas por el sistema capitalista –donde son doblemente explotadas por su condición de género– y en donde dominan los discursos patriarcales que tratan de limitar la libertad de la mujer al designio del patriarcado; esas mujeres fueron 2 millones en la calle.

 

No es casual que la escena global se haya dado cuenta del enorme acontecimiento al que asistimos durante este último periodo en la argentina, en la lucha de las mujeres por los derechos sexuales y reproductivos, acontecimiento recogido en portadas como las del New York Times y The Guardian, y reportajes como los de la revista Time4, dan cuenta de la magnitud de la movilización y del llamado masivo de las mujeres a ser escuchadas.

 

A pesar de no haber sido aprobada la legalización del aborto por el Senado, lo que demostraron las mujeres en las calles durante toda la noche de vigilia es que la lucha continúa en 2019, y que éste tan solo fue uno de los escalones que puso a soñar a las mujeres y que hizo posible la unidad en las calles en la disputa de los derechos sexuales y reproductivos.

 

El 2019 será un año de carácter electoral en donde es posible que veamos el tema del aborto como uno de los ejes de las distintas campañas de las/os candidatos presidenciales para tratar de ganar adeptos, ya que la organización feminista que acompañó en los debates y en las plazas hace que esta población se convierta en un grupo atractivo de interpelar por el número de personas, sobre todo de mujeres, que atrae y aglutina.

 

Aunque no se logró el propósito central que llevó a millones de mujeres a las calles, la votación negativa no puede leerse como una derrota absoluta para el movimiento feminista, sin duda es un gran triunfo porque luego de 40 años de haber sido construida esta ley, es la primera vez que se logra que el poder político la discuta, pero además es la primera que masivamente logró interpelar a la sociedad en su conjunto: medios de comunicación, Iglesia, escenarios académicos, artísticos, partidos políticos, movimientos sociales, etcétera.

 

Vienen nuevos escenarios para retomar fuerza y orientar propósitos. En octubre 12-15, en la provincia de Chubur, se realizará el XXXIII encuentro nacional de mujeres, un escenario que aglutina anualmente 170.000 mujeres y donde será el escenario para construir la ruta de movilización y acción a trabajar en los meses y años venideros respecto al aborto seguro, legal y gratuito, y otros 72 temas en relación a los cuerpos y la vida de las mujeres y las disidencias sexuales.

 

1 Ver intervención en: https://www.youtube.com/watch?v=-TqgzqzhakM
2 Ver en Revista Anfibia: http://www.revistaanfibia.com/ensayo/nos-tienen-miedo/
3 Ver intervención en: https://www.youtube.com/watch?v=Vo_POL_nXvc
4 Ver en: http://time.com/5358823/argentina-abortion-vote-latin-america/

Publicado enEdición Nº249
El momento de la verdad. La ley del aborto legal en Argentina cayó en el Senado.

La tramitación en el Senado del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo demostró el poder que sigue teniendo la Iglesia en Argentina, el enorme potencial de movilización que tienen los derechos de las mujeres, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, y el alcance trasnacional de la batalla por el aborto legal en el país. La Cámara alta rechazó asegurar este derecho a las mujeres y cuerpos gestantes, pero el proceso que llevó a la votación parlamentaria del jueves es irreversible.


Había que ser 2 millones en las calles. Ese fue el llamado de los feminismos durante la última semana; frente a un panorama adverso en el Senado, y las amenazas y presiones que sufrieron varios senadores en los últimos días, la consiga fue duplicar la presencia y que el grito colectivo resonara. Parecía difícil superar la épica del 13 de junio, cuando el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (Ive) obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, tras una vigilia histórica, pero se logró. La lluvia tenaz desde la tarde, el viento que hacía volar paraguas y el frío helado de la noche no impidieron que Buenos Aires y gran parte del país viera marchar, acampar, cantar y llorar a 2 millones de personas durante 16 horas, tiempo que duró el debate en Senadores. Pasadas las dos de la mañana, se confirmó lo que ya se sabía: no se había aprobado el proyecto de ley y no hubo sorpresas en las votaciones de los senadores. En contra de la Ive votaron 38 senadores, a favor 31 y hubo dos abstenciones y una senadora ausente en lo que fue una discusión en general pobre de argumentos y que por momentos resultó anacrónica. El debate en el Senado en la sesión del miércoles contrastó enormemente con lo que sucedía fuera de sus muros. Desde los movimientos feministas y la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito –la gran impulsora de la ley en los últimos 13 años– repetían: “La calle ya votó”, “ganamos en las calles”, “la historia se hizo acá afuera”, frases que recogen el espesor de una lucha y movida que desde hace meses tiene a gente en todo el mundo mirando con mucha atención. Desde la teórica de género Judith Butler hasta la actriz Susan Sarandon, pasando por el presidente de España, Pedro Sánchez, quien lamentó en Twitter el desenlace de la votación. Desde las kurdas revolucionarias hasta las uruguayas, chilenas, peruanas y francesas (y más) que se movilizaron frente a las embajadas de Argentina en sus países.

 

LA IGLESIA CONTRATACA

 

Pero el entusiasmo global no fue suficiente. Si bien la “marea verde” ya cambió para siempre el destino de las nuevas generaciones argentinas, en estos últimos dos meses quedó clarísimo el peso que tiene también la Iglesia Católica, la otra red global, en la sociedad y política argentinas. Y eso también se reflejó en las calles, donde la presencia de los autodenominados “defensores de las dos vidas” se multiplicaron con respecto a la vigilia que organizaron para la votación en Diputados el 13 de junio pasado. El ala reservada de la Plaza del Congreso a los representantes del pañuelo celeste (el símbolo que enarbolaron) esta vez fue mayor. Llegaron al miércoles más visibles y más virulentos. Se los vio caminar en grupos por las “zonas verdes” y tuvieron mayor presencia mediática. Después del 13J la Iglesia se despertó y redobló esfuerzos. Las Ong religiosas pusieron primera y el dinero evangelista fluyó con ganas. A la capital argentina llegaron decenas de ómnibus del interior, y las marchas y fetos gigantes se sucedieron. Esto mismo hizo que durante las semanas previas, y este miércoles en particular, los vendedores de pañuelos ampliaran su gama de colores a tres: los verdes, los celestes y los naranjas, que representan la lucha por la separación entre la Iglesia y el Estado, que según una creciente parte de la población, es el próximo paso a seguir.


Después de las declaraciones del papa Francisco –que comparó las prácticas de abortos con el nazismo–, las argumentaciones políticas cargadas de razonamientos religiosos dejaron muy claro el problema que arrastra Argentina desde su fundación. El naranja llegó para quedarse.
La inmensidad de jóvenes (muy jóvenes, al igual que durante las movilizaciones del 13 de junio) que colmaron las calles adhirieron a la campaña de secularización.


CONTRA EL VIENTO, LA MAREA

 

Mara, de 17 años, vestida toda de verde y con glitter en los ojos, se vino desde Villa Ballester con sus primos y una caja llena de cintas anaranjadas y verdes. La lleva colgada del cuello con un cartel que dice: “compañera, agarrá tus cintas contra el aborto clandestino”. “Fui a un colegio católico privado como muchos chicos de clase media, porque están subvencionados por el Estado y son más baratos que otros privados. Son mediopelo, pero a muchas familias les da seguridad, aunque no sean católicas. Entonces vos estás ahí y te están bajando línea religiosa cuando te tienen que estar educando. Empecé a militar con mis primas por el Ni Una Menos y ahora ya no pienso parar hasta que salga la ley del aborto y la Iglesia no forme más parte del Estado”, dice a Brecha. Mara está parada en la esquina de Corrientes y Callao. Son las cinco de la tarde, pero llegó pasado el mediodía. Llueve y se resguarda junto con decenas de personas bajo el techo de una pizzería.


A partir de esta hora, prácticamente no se puede circular y eso que faltan ocho cuadras para el Congreso y como siete horas para que se termine el debate. Las carpas y escenarios con nombres de militantes feministas históricas, como Dora Coledesky, Diana Sacayán o Lohana Berkins, están atiborradas y allí habrá actividades durante 12 horas: conciertos, charlas, entrevistas públicas, lecturas de poesía, llenando de contenido a la vigilia. Otros lugares funcionan de refugio y centros de reunión. Así, el hotel Bauen, autogestionado por sus trabajadores desde la crisis de 2001, recibió en su bar y lobby durante toda la tarde y noche a miles de personas e integrantes de movimientos sociales, sobre todo aquellos que viajaron desde otras provincias y necesitaban recargar teléfonos, agua para el mate o descansar un poco de la intemperie. Hay una pantalla gigante y, sentadas en mesas y en el piso, jóvenes militantes, familias, niños y grupos de amigas siguen lo que pasa adentro del Senado. Los abucheos se alternan con los cantos de “ahora que estamos juntas/ ahora que sí nos ven/ abajo el patriarcado/ se va a caer/ se va a caer” que irrumpen en oleadas y retumban en el espacio cerrado.


Entre esa multitud está Nina Brugo, abogada laboralista y militante histórica del movimiento de mujeres, con su pañuelo y la cara pintada con brillantina violeta y verde. “Estoy impresionada porque estamos golpeando y dando puñetazos al patriarcado. Y seguiremos así hasta que el feminismo sea una realidad total en una historia de Argentina y América Latina”, asegura a Brecha.

 

“CUERPOS GESTANTES” 

 

Entre las feministas históricas y el activismo más joven se coló con fuerza en la discusión la perspectiva de la diversidad sexual, que aporta complejidad conceptual y pliegues a la discusión del aborto y la autonomía de los cuerpos. Así, el debate se enriqueció gracias a la visibilización de los varones trans y sus “cuerpos gestantes” (la expresión aparece en el proyecto de ley de Ive) y a la reivindicación del rol de las lesbianas y su militancia aguerrida por el aborto legal. También las personas trans tuvieron cosas que decir sobre la clandestinidad y un Estado que proscribía sus cuerpos y deseos. “No son solamente las mujeres que tienen la capacidad de gestar: la gran batalla es contra la Iglesia y la moral cristiana. Las diversidades sexuales históricamente hemos dado esas batallas”, comentó a Brecha Mariana, una militante joven de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt) desde uno de los stands.

 

VIRULENCIA EN EL SENADO 


Mientras afuera todo fue manifestación pacífica y proclama, adentro del Senado primó la virulencia, el autoritarismo y la prepotencia. Varias periodistas fueron revisadas y se les prohibió la entrada con pañuelos verdes. A los fotógrafos se les pedía “por orden de Michetti” (la vicepresidenta de Argentina y presidenta del Senado) que mostraran sus imágenes antes de salir, relataron a Brecha varios periodistas. Al grupo de diputadas de distintos bloques que militaron por el aborto legal (autodenominadas “las sororas”) se les negó la entrada al recinto y tuvieron que escuchar el debate en la calle. A la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, con 88 años y en silla de ruedas, también le prohibieron entrar. Cuando el senador Fernando “Pino” Solanas, en un discurso encendido con fuerte contenido feminista, le achacó esto a Michetti, la vicepresidenta dijo que saludó a Cortiñas y habló con ella diez minutos. Pero no la dejó pasar y Solanas le tuvo que prestar su despacho. El dispositivo de seguridad ordenado por Michetti se condijo con su apuro en terminar temprano la sesión y sus declaraciones de semanas anteriores. En una entrevista a La Nación (1-VII-18), mandó parir a las mujeres violadas (“no sé, que vayan al psicólogo”). También hizo todo para obstaculizar el debate. Quiso enviar la ley a la Comisión de Presupuesto (presidida por Esteban Bullrich, el senador que escribió un poema desde la perspectiva de un feto) y quiso evitar la trasmisión en vivo de las audiencias. Pero fue el senador peronista de Salta Rodolfo Urtubey el que se llevó el primer puesto, al afirmar que en las violaciones intrafamiliares no hay violencia: “Hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, sino que a veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador, por ejemplo, en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violencia, pero tampoco se puede hablar de consentimiento”. A los minutos, sus declaraciones ya eran titulares de todos los portales de noticias.


A los dichos de Urtubey se le sumaron la gran mayoría de las declaraciones en la Cámara alta, que, salvo escasas excepciones, estuvieron faltas de argumentos y cargadas de falacias –datos inventados, conspiración internacional, síndromes inexistentes–. También abundaron las referencias locales; a la supuesta “opinión” de las respectivas provincias de los senadores. Pero sobre todo las declaraciones de los legisladores fueron largas. Prácticamente todos los senadores se excedieron en el tiempo de exposición, lo que hizo que quienes se encargaron del cierre (destacó el discurso secular de Miguel Ángel Pichetto y la adhesión al feminismo de Cristina Fernández) arrancaran bien pasada la medianoche.


A las dos y media de la mañana, cuando se pasó a la votación y no se logró la aprobación de la ley, estallaron los fuegos artificiales de los militantes celestes. Aún con el micrófono abierto, se escuchó a Michetti exclamar: “¡Vamos todavía!”.


La marea verde se fue dispersando mientras se cantaba que tarde o temprano el aborto legal sería ley. Marta, una vecina del barrio de Balvanera, cansada y empapada no se sentía triste. Se veía venir el resultado. “Ya sacamos el debate a las calles. Tenemos más de 70 años y hoy vinimos con nuestras hijas y nietas. Tres generaciones militando por nuestros derechos. Esto antes era impensado”, comentó a Brecha.

 

EL DEBATE EN NÚMEROS


Del total de votos en el Senado del Frente para la Victoria, el 89 por ciento lo hizo a favor y el 11 por ciento en contra del proyecto de ley. Días anteriores a la votación, la senadora Silvia García Larraburu, de la provincia de Río Negro, se dio vuelta y no votó en bloque. Del oficialista Pro, el 40 por ciento de los senadores votó a favor y el 60, en contra; del Partido Justicialista, el 39 por ciento a favor, el 50 por ciento en contra y el 11 por ciento sin definir. La Ucr, a contrapelo de la defensa de los derechos civiles, votó con 73 por ciento a favor y 27 por ciento en contra. El resto (Frente Renovador; Pares, Frente Popular; Frente Cívico y Social, y proyecto Sur) votaron 38 por ciento a favor del proyecto de ley, 54 por ciento en contra y 8 por ciento de sus senadores no se definieron.


Durante el debate por la ley Ive, que empezó en Diputados el 10 de abril, pasaron por el Congreso 770 expositores. Según el relevamiento de la organización Economía Femini(s)ta, más de la mitad fueron médicos y abogados. En ambos casos se presentaron más en contra que a favor.


Según un informe del Centro de Estudios Sociales y Legales (Cels), que toma cifras del Ministerio de Salud de la Nación y el Conicet, en Argentina se practican entre 460 mil y 600 mil abortos clandestinos cada año. En los hospitales públicos de todo el país se registran 53 mil internaciones por abortos al año. Del total, alrededor del 15 por ciento corresponde a adolescentes y niñas menores de 20 años, y aproximadamente el 50 ciento a mujeres de entre 20 y 29 años.


La Constitución prevé, en su artículo 81, que todo proyecto de ley desechado por una de las Cámaras sólo podrá volver a tratarse durante las sesiones del año siguiente. El año que viene seguirán los mismos legisladores que el jueves de madrugada rechazaron el aborto legal. Pero 2019 será un año electoral y hay que ver qué impacto real tuvieron estas sesiones parlamentarias en la intención de voto de los electores.

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Pañuelazo por el derecho al aborto en Santa Fe, Argentina. 20 de julio de 2018

El pasado jueves 9 de agosto pudimos conocer los resultados de la votación en el Senado de Argentina sobre la Proposición de Ley en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Una Proposición de Ley aprobada en la Cámara del Congreso el pasado 14 de junio y que no ha conseguido sortear la votación de la Cámara Alta: 38 votos en contra frente a 31 a favor y dos abstenciones. Por tanto, el escenario no deja de ser desolador desde el punto de vista de la subjetividad jurídica y política de las mujeres en tanto en cuanto la interrupción voluntaria del embarazo sigue manteniéndose como delito penado con hasta cuatro años de cárcel por mor de la dicción literal de los artículos 85 y 86 del Código Penal.

Téngase en cuenta el artículo 1 de la Proposición de Ley, donde se establece el reconocimiento del derecho a decidir voluntariamente sobre la interrupción del embarazo

En este punto, debemos tener en cuenta los siguientes párrafos del artículo 85, anteriormente mentado: “El que causare un aborto será reprimido: (…) 2º Con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer”. En la misma línea, leyendo el contenido textual del artículo 86: “Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo (...)”. A mayor abundamiento, repararemos en los supuestos de despenalización recogidos en el propio artículo 86 CP –cuya redacción data de 1921– en tanto que preceptúa: “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer en cinta, no es punible: 1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”. Por contra, téngase en cuenta la dicción literal de la Proposición de Ley objeto del presente texto, y, específicamente, sobre su artículo 1, donde se establece el reconocimiento del derecho a decidir voluntariamente sobre la interrupción del embarazo durante las catorce primeras semanas de gestación a todas las mujeres en el marco del ejercicio del derecho humano a la salud.

Cuesta comprender el porqué de la negativa del Senado teniendo en cuenta la dimensión internacional del texto constitucional argentino

Las lecturas propuestas obligan a reflexionar sobre el lugar que ocupan las mujeres en (y ante) el discurso jurídico y el lugar dónde dicho discurso –en general– las (nos) sitúan en relación al sujeto abstracto y universal. Cuesta entender la negativa a nivel parlamentario (y no sólo) en relación al reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad en el marco del reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Cuesta asumir el ostracismo jurídico al que se ven abocadas muchas mujeres –normalmente pobres o con escasos recursos– ante la negativa al reconocimiento de la autonomía corporal en el ámbito de la salud sexual y salud reproductiva. Pero es más, cuesta comprender el porqué de la negativa del Senado teniendo en cuenta la dimensión internacional del texto constitucional argentino (y su carácter normativo) tras la revisión de 1994, en donde incorporó una serie de tratados internacionales en materia de derechos humanos ampliando el corpus de derechos a nivel interno.

Recuérdese las obligaciones de los Estados Partes, en el marco de la diligencia debida, con respecto a la erradicación de la discriminación contra las mujeres que se derivan del artículo 2 de la CEDAW

De especial mención resultan la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966) y, específicamente, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979). Sobre este último texto tráigase a colación la delimitación normativa (y conceptual) de “discriminación contra la mujer”, y recuérdese que, con tal expresión, se alude a toda distinción o exclusión basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera. A su vez, recuérdese las obligaciones de los Estados Partes, en el marco de la diligencia debida, con respecto a la erradicación de la discriminación contra las mujeres que se derivan del artículo 2 de la CEDAW, en cuanto instan a llevar a cabo y desarrollar políticas encaminadas a eliminar cualquier forma de discriminación contra las mujeres y, de forma particular, a consagrar, en las constituciones nacionales (o cualquier otra legislación apropiada), el principio de igualdad y a asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de dicho principio.

Llegados a este punto –y de forma sucinta– reflexionemos sobre las siguientes interrogantes:

- ¿Qué efectos sobre la vida de las mujeres va a tener el seguir penalizando la interrupción voluntaria del embarazo en los términos de los artículos 85 y 86 del CP de 1921?

- ¿Qué mensaje se envía a nivel social en relación con la subjetividad jurídica y política de las mujeres?

- ¿Son las mujeres sujetos jurídicos/políticos en los mismos términos que los varones?

- ¿Ejercen las mujeres los derechos de ciudadanía –donde cabe englobar el derecho a la autonomía corporal– en los mismos términos que los varones?

- ¿Desconfía el Estado –en líneas generales– de las decisiones de las mujeres en el ámbito de su salud sexual y salud reproductiva?

- ¿Y tras el veto del Senado y la negativa al reconocimiento de la sexuación de los sujetos de derechos qué?

Por último, sólo quedan dos apuntes más: (1) la negativa del Senado constituye un acto de discriminación contra las mujeres en el marco de la CEDAW, incomprensible en pleno siglo XXI, y (2) evidencia la necesidad de constitucionalizar los derechos sexuales y reproductivos en el marco de un nuevo pacto constitucional en el cual las mujeres sean verdaderas artífices y destinatarias del pacto de convivencia social. Un nuevo pacto para este avanzado siglo que debe garantizar el derecho de todas las mujeres a la autonomía corporal y a decidir libres de coerción, discriminación y violencia sobre su maternidad.

* A continuación, y para completar el análisis, se incluyen dos cuadros en donde se recogen los votos a favor y en contra por Grupos Parlamentarios en el Senado y por sexo, respectivamente.

 


 

La deuda de América Latina con las mujeres: el aborto es ilegal o muy restrictivo en la mayoría de países

 

eldiario.es

 

  • En toda América Latina, el aborto solo es legal en 3 de 49 países: Cuba, Uruguay y Guyana
  • En República Dominicana, Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Surinam la interrupción del embarazo es ilegal en cualquier situación
  • En la mayor parte del continente esta práctica es delito, aunque las legislaciones de algunos países incluyen excepciones que tienen que ver con violaciones o malformaciones

 


Cristina Armunia Berges / Raúl Sánchez / Ana Ordaz

 

América Latina tiene una gran deuda con sus mujeres. El continente le debe al feminismo un gran cambio de legislación que permita a las personas, de manera libre y segura, acceder al aborto. Y se trata de un grito común que empieza en México y termina en Chile. En todo el continente (incluyendo los países caribeños con más de un millón de habitantes), solo 3 de 49 países cuentan con una legislación que legaliza el aborto. Esto significa que en el 92% de los países es ilegal esta práctica, aunque en algunos territorios operen excepciones en forma de supuestos.

La peor parte se la llevan los países centroamericanos. En República Dominicana, Haití, El Salvador, Honduras y Nicaragua, abortar es ilegal en todos los casos, es decir, no existen excepciones de ningún tipo en sus legislaciones. En El Salvador, por ejemplo, las mujeres pueden llegar a ser castigadas hasta con 30 años de prisión por abortar. Se enfrentan también a persecuciones que encabeza la iglesia, pero que también siguen ciertos sectores de la sociedad, simplemente por despertar sospechas.

El Código Penal de Honduras castiga con penas de tres a seis años de cárcel a las mujeres que produzcan o consientan una interrupción de su embarazo. Por ley, tampoco se pueden utilizar anticonceptivos de emergencia.ç

 

"Estamos trabajando en todas las regiones. Hicimos un gran trabajo en Chile y, en los países centroamericanos, lo que hacemos es denunciar internacionalmente las penas a cadena perpetua por abortar que se imponen por ejemplo en El Salvador. En estos países, el aborto está completamente penado", explica Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La mayor parte de los países latinoamericanos prohíbe el aborto con excepciones parecidas en cada territorio. Los supuestos más habituales en los que no es delito abortar son: violación o que corra riesgo la vida de la madre. Algunos países incluyen también malformaciones del feto, y unos pocos –tres de los países más pequeños del continente: Barbados, Belize y San Vicente y Granadinas– suman la inseguridad socioeconómica.

Las legislaciones más restrictivas, esto es, las que solo contemplan la legalidad del aborto en casos de violación o de que corra peligro la madre, las encontramos en países como México, Venezuela, Brasil, Paraguay o Chile.

 

De los 49 países analizados el aborto está totalmente prohibido salvo excepciones en 15 países. Se permite para salvar a la gestante en 13 de ellos, se permite por razones socieconómicas en 3 y es legal sin restricciones en otros 3. Cuba fue el primer país en legalizar el aborto en el territorio en 1968, después lo hizo Guyana en 1995 y, finalmente, Uruguay en 2012.

De los países que prohíben el aborto, Brasil, Chile, México y Panamá lo permiten en caso de violación. El resto lo prohíben incluso bajo este supuesto. En este punto, cabe recordar que en la Ciudad de México el aborto está despenalizado hasta las 12 semanas de gestación desde el año 2007. Esta competencia depende de los estados.

 

Dentro de los países que prohíben el aborto, es posible abortar si peligra la vida de la madre en Antigua y Barbuda, Brasil, Chile, Dominica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Venezuela. No sucede lo mismo en República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Suriname.

La OMS calcula que cada año se producen 22 millones de abortos no seguros y que cada año mueren 47.000 mujeres por complicaciones derivadas de abortos inseguros. Apuntan también que el 40% de las mujeres en edad de procrear vive en países donde el aborto está prohibido, restringido o es inaccesible.

 

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Jueves, 08 Febrero 2018 06:38

Drogas, un mundo sin fin

Drogas, un mundo sin fin

National Geographic Channel ha lanzado, vía Netflix, una serie de capítulos bajo el título Drugs, Inc. Se trata de un documental sobre el consumo y venta de drogas, además del combate respectivo, en diversas ciudades de Estados Unidos y de otros países como Canadá, Reino Unido, República Dominicana, Jamaica (con 10 veces más violencia por armas que el promedio de Estados Unidos), etcétera. Puerto Rico es un caso verdaderamente dramático por su deterioro social y de salud.

Entre 2012 y 2013 –se mencionó en la serie citada– el negocio de la droga equivalió a 350 mil millones de dólares anuales y las policías comunes y especializadas han llegado a la conclusión de que es un tema que está muy lejos de ser resuelto, si es que se resolverá. Combaten las drogas y sobre todo a quienes las suministran, pero están absolutamente rebasadas y reconocen que nunca van a ganar. Mientras exista demanda la oferta continuará y crecerá. Más todavía, el número de drogas y variantes de las mismas aumenta por días, incluso el de medicamentos con recetas y de venta libre que, mezclados con otros productos, son consumidos por personas para quienes la muerte no es una advertencia o foco rojo sino, en ocasiones, un estímulo para seguir consumiéndolas. Sorprendentemente, hay drogas que sus consumidores saben que los van a matar en cualquier momento y, conforme crece el número de muertos, aumenta la demanda. La locura. No hay límite en el horizonte ni solución a la vista ni en la imaginación de quienes se dicen expertos.

Detrás de las fachadas lujosas de residencias y edificios de algunas ciudades y barrios, hay un mundo de drogadicción y de venta callejera, por teléfono e Internet y hasta por correo para todas las clases sociales y niveles de edad, con muertos por todos lados y por diferentes motivos. No hay drogas sin armas y violencia, como tampoco hay prostitución masculina y femenina sin drogas u otros medios de dominación y control. Nada de esto ve el ciudadano común y corriente ni el turista que no busca ocasionalmente o por hábito drogas o prostitución. Ni siquiera la gente que vive en suburbios y zonas caras está a salvo de caer en la tentación de consumir alguna droga y muchas de esas sustancias son adictivas con sólo probarlas una o dos veces.

El mundo de las drogas no duerme ni descansa, sea donde sea y no sólo en Las Vegas, que presume de funcionar 24 por siete por 365. Hay drogas de cinco a 500 dólares la dosis, unas en las calles para los pobres y otras en su casa vía special delivery para ricos, igual sean músicos o actores que corredores de bolsa o hijos aburridos de millonarios. Los pobres, como en todos lados, se droguen o no, son obviamente los menos favorecidos, pero los pobres y drogadictos son verdaderamente lastimosos, peores que un perro callejero con sarna, tumores en el cuerpo y sin comida. Buena parte de ellos terminan tirados en las calles, vivos o muertos. Se les trata de ayudar (ocasionalmente), pero viven para las drogas y mueren por ellas. No hay modo de hacerlos abandonarlas, aunque algunos, muy pocos, lo logran. Muchos de ellos matarían a su propia madre por cinco gramos de crack o de heroína. Y los vendedores se justifican diciendo que ellos sólo suministran placer y que no obligan a nadie a consumir. Suelen decir, también a manera de descargo, que si no venden ellos otros lo harán. Y ni modo, así es; el negocio es el negocio aunque en él les vaya la vida o la libertad.

Las antiguas drogas, como las opioides, siguen usándose, y cada vez más fuertes. Tanto que muchos drogadictos consumen incluso carfentanilo, de uso veterinario para anestesiar elefantes (es 100 veces más potente que el fentanilo y 10 mil veces más que la morfina). Obviamente la mayoría de los consumidores de estas drogas muere en el intento de escaparse de su realidad, normalmente mala o sin alternativas. La cocaína sigue usándose también y representa, junto con la heroína, una de las drogas más redituables para las mafias que la producen y comercializan (de ambas, alrededor de 153 mil millones de dólares anuales en el mercado mundial). Sin embargo, el mercado estadunidense se ha visto invadido crecientemente por metanfetaminas que son fáciles de sintetizar y relativamente menos costosas que sus predecesoras. Son más poderosas que las anfetaminas y más adictivas que éstas. Ambas, como adicción, son sumamente peligrosas para los consumidores. Sus estragos son indescriptibles y muchos terminan como zombis. Buena parte de la producción de anfetaminas es mexicana, para depender cada vez menos de la cocaína colombiana y suele usarse inhalada o fumada en su formato de cristales molidos. El MDMA, también conocido como éxtasis, pertenece también a la familia de las anfetaminas y se consume principalmente en fiestas por sus efectos en el estado de ánimo (enorme alegría) e hiperactividad.

Hay ciudades, como Detroit (para sólo citar un ejemplo altamente significativo), donde la gente huye abandonando incluso sus casas, mismas que son ocupadas en corto plazo por personas que las usan para drogarse y morir en condiciones de degradación en todos los sentidos (40 por ciento o más de la población ha abandonado Detroit, más que otras ciudades con altos niveles de desempleo y de pobreza). Cuando uno ve series como Grey’s Anatomy, por mencionar alguna, uno no se imagina lo que realmente sucede con el trasiego y consumo de drogas en Seattle, Washington, donde supuestamente se desarrolla. Y así, lo mismo, en las principales ciudades de Estados Unidos y algunas también de Canadá.

¿Y qué pueden hacer las autoridades? Muy poco, incluso con la mejor intención y sin corruptelas de por medio. ¿Legalizarlas o no? ¿Tolerarlas o proscribirlas? No se sabe, bien a bien. El antecedente más citado es el del alcohol, su prohibición y el fin de ésta. El alcohol, como el tabaco, son legales, pero esto no ha impedido el contrabando ni el mercado negro, sobre todo de productos adulterados, más baratos que los de marca reconocida. El contrabando es un delito, como el trasiego de drogas, normalmente acompañado de armas y otros medios igualmente ilícitos. Se intenta legalizar o despenalizar el consumo de mariguana (en algunos lugares ya existe), pero como no es universal persiste el contrabando. Pero el consumo de cannabis, comparado incluso con el alcohol, es menos perjudicial socialmente, como el tabaco: no figuran en las estadísticas quienes hayan asesinado por conseguir un porro, una copa de ron o un cigarro. En cambio sí se sabe que por las otras drogas mencionadas los adictos son capaces de todo, incluso de morir en la calle por sobredosis o por deterioro físico y mental.

¿Qué hacer? Si no lo saben los expertos, menos yo. Por lo pronto se antoja falso aquello que dice que problema que no tiene solución no es problema.

rodriguezaraujo.unam.mx

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Empieza la transformación de las FARC en partido político

Después de 53 años de clandestinidad desde que en 1964 fueron creadas como respuesta a la represión contra la región de Marquetalia, por primera vez el himno de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) se escuchó en el centro de Bogotá.

Junto al himno nacional de Colombia, cientos de ex guerrilleros de las FARC, muchos de ellos asumiendo por primera vez y de forma pública su militancia, corearon un himno cuya estrofa principal dice "Guerrilleros de las FARC /con el pueblo a triunfar /por la patria, la tierra y el pan. Guerrilleros de las FARC /a la voz de la unidad / alcanzad la libertad".

De manera simbólica, el primer mensaje le correspondió a Pablo Beltrán, comandante y jefe de la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quien mediante un video dio la bienvenida al nuevo partido de las FARC, subrayando la necesidad de la militancia en tiempos difíciles. Fueron también varias referencias las que se hicieron en el primer día de Congreso a la necesidad de que se produzca un cese del fuego y se lleve adelante un proceso de paz entre el ELN y el gobierno colombiano.

Una vez dada la bienvenida a todas y todos los delegados al Congreso que dará a luz a un nuevo partido que debe tener un rol crucial en la política colombiana, tomó la palabra su comandante en jefe, Rodrigo Londoño, más conocido como Timoleón Jiménez Timochenko, quien nos dejó el mensaje de que una vez terminada la guerra, ahora toca construir la paz, pero todo ello sin renunciar al proyecto de sociedad de las FARC, que buscará un régimen político democrático que promueva el bienestar de la sociedad, desde el respeto a los derechos humanos y la justicia social.

Pero la intervención principal de la jornada inaugural le correspondería al comandante Iván Márquez, jefe de la delegación de paz de las FARC-EP durante los diálogos de La Habana que propiciaron el acuerdo con el Estado colombiano.

Tras rememorar negociaciones pasadas que no llegaron a buen puerto, como las de Uribe, o las de Tlaxcala, Caguán o Caracas, hizo un balance del momento actual del proceso de paz en Colombia. Márquez aseveró que la paz alcanzada no es perfecta, pues es una paz negociada, basada en acuerdos –precarios en muchos casos–, pero debe ser una paz que abra las grandes alamedas del buen vivir y el bienestar de las grandes mayorías.

Sin embargo, no hubo espacio para el triunfalismo en la intervención del negociador jefe de la ex guerrilla, muy crítico del gobierno colombiano, al que interpeló mediante la expresión latina pacta sunt servanda (lo pactado obliga), una forma de decir que los acuerdos son para honrarlos, y una crítica velada a los reiterados incumplimientos que se vienen dando a los Acuerdos de Paz de La Habana, ya depositados ante el gobierno de Suiza, y por tanto, imposibles de modificar. Márquez subrayó la manifiesta debilidad de un gobierno que cede a las presiones, y que no controla los diferentes resortes de un Estado que debe velar por la realización de lo pactado.

Respecto de lo acordado, se hizo especial énfasis en el de la reincorporación a la vida política una vez completado el ciclo de lucha armada, aunque dejando claro que este tema, la reincorporación, no se puede dejar exclusivamente en manos del Estado.

Lo que sí es parte de los acuerdos y no se ha cumplido, es la amnistía para los guerrilleros. A pesar de haber sido liberados centenares de ex combatientes, es un asunto crucial para las FARC la liberación de todos y cada uno de los prisioneros políticos. Asimismo, fueron numerosas las referencias a Simón Trinidad, comandante del Bloque Caribe, extraditado por Álvaro Uribe a Estados Unidos en una operación que buscaba ligar a las FARC con el narcotráfico, y que actualmente cumple condena en el país norteamericano, a pesar de que se solicitó que pudiera ser parte del equipo negociador durante los diálogos de La Habana.

Pero también hubo tiempo en la intervención principal de la jornada inaugural para mirar al futuro, para trazar algunas de las líneas que se van a debatir durante los próximos tres días de congreso a puerta cerrada entre los más de mil delegados acreditados.

Tres fueron los ejes principales que Márquez colocó encima de la mesa para la discusión en su informe. En primer lugar, la expansión hacia lo urbano, dejar de ser una organización predominantemente de ámbito rural para apostar por una creciente y expansiva proyección en los centros urbanos del país. Un partido asentado en las ciudades que apueste por una economía alternativa.

En segundo lugar, y respecto del carácter de la nueva organización política, se propone crear un partido-movimiento, superando una falsa dicotomía entre partido de cuadros y partido de masas. La definición final la dará la propia praxis del nuevo grupo político, pero el compromiso es claro por una organización que se articule, y no necesariamente lidere, con las luchas reales a lo largo y ancho de Colombia.

Finalmente, y ya con las elecciones presidenciales de mayo 2018 en el horizonte, lo expuesto en el informe central al congreso fundacional no tuvo ninguna ambigüedad. El nuevo partido de las FARC-EP promoverá una convergencia política, una gran coalición que permita desnivelar la balanza en favor de las fuerzas que apuestan por la paz.

El mensaje final de Márquez fue el de la necesidad de la unidad, un guiño a los referentes políticos de las FARC-EP, Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, así como a Simón Bolívar: "Unidos seremos fuertes y mereceremos respeto, divididos y aislados pereceremos".

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Parece exageración pero no lo es; parece irreal pero tampoco lo es. En la sociedad de mercado, todos los obreros y empleados –en algún grado significativo– nos prostituimos al vender servicios laborales materiales o intelectuales, pues tales labores exigen esfuerzo físico, concentración mental, algún importante componente sentimental y afectivo y, en especial, una buena dosis de obediencia. Al decir del economista institucionalista Ronald Coase, a uno le pagan no sólo por trabajar sino, en particular, por ser aquiescente con los patronos. Los trabajadores más obedientes y que suelen hacer los trabajos más indeseables, los cuales van en contravía de sus ideologías políticas y sus valores morales, se comportan tan servilmente como lo hacen los mercenarios.

 

Una mercancía cualquiera no escoge, más bien es elegida por algún caprichoso consumidor. Una prostituta tampoco elige a su cliente, más bien es un objeto del deseo y capricho del cliente que tenga suficiente poder adquisitivo. En contravía del equívoco y sospechosamente inocente aserto del economista ultra liberal Milton Friedman, en el sentido de que en el mercado tenemos libertad de elegir, la evidencia muestra más bien que nos formamos en habilidades, funciones, modales y competencias que son demandadas por los que, al comprar nuestros servicios laborales, nos remuneran para servirles.

 

En la perspectiva de (Nussbaum, 1999) la similitud del trabajo sexual con otras ocupaciones es la obediencia a quien paga el servicio y las diferencias residen en la calidad de la relación contractual y prestigio social de la profesión. Quienes hoy ejercen la prostitución están sometidas a la estigmatización y al ultraje.

 

Los límites de la legalización del viejo oficio

 

Mientras el prohibicionismo y el paternalismo buscan extinguir la prostitución, la perspectiva liberal busca legalizarlo y regularlo. Por cierto, algunas tendencias feministas son compatibles con el prohibicionismo, pues sus exponentes encuentran que la prostitución es una expresión del machismo y se presta para que las prostitutas sean instrumentalizadas.

 

En la expansiva sociedad de mercado del siglo XX la prostitución se reconoce como una actividad económica más y en opinión de economistas liberales como (Posner, 1994), debe regularse y ofrecerse garantías y seguridad social. Países como Dinamarca y Holanda adoptaron esta visión y se preocupan por el control sanitario y la formalización de esta actividad donde sus practicantes además gozan de protección social y contribuyen al sistema impositivo. No obstante, la igualdad ante la ley es una quimera en un mundo donde imperan desigualdades extremas entre países y al interior de estos. Como acertadamente lo arguyen (Holmes, S. and Sunstein, C., 2013), los derechos humanos son costosos y dependen tanto de los propios recursos del individuo como de la solidaridad y los tributos sociales, y suele suceder que los migrantes pobres y los marginales sean tratados como ciudadanía de quinta sin protección ante la ley. La marcada diferencia en las clases sociales afecta el mercado ocupacional en general y, en particular, el de la prostitución.

 

Una importante paradoja del liberalismo es que los derechos y garantías suelen hacerse efectivos sólo para quienes tienen suficientes recursos monetarios e influencia. La ley no puede borrar las enormes desigualdades sociales, políticas y económicas.

 

En Colombia, después de reforma constituyente de 1991, se han dado pasos importantes hacia la regulación de la prostitución. Con la sentencia T-629 de 2010 se subrayó que el ejercicio de tal oficio no es punible, y se propuso una serie de medidas para que quienes lo ejercen se empoderen a través del conocimiento de sus derechos y deberes. No obstante, entre los años 2004 y 2013 según el Instituto de Medicina Legal, 238 trabajadoras sexuales fueron asesinadas, entre quienes el 9 por ciento tenía entre 10 y 17 años. El año pasado, a raíz de una acción de tutela tramitada por varias trabajadoras sexuales que fueron violentadas por la fuerza pública, la Corte Constitucional falló a su favor y ordenó al Ministerio del Trabajo regular el trabajo sexual en el país.

 

En Colombia la desigualdad socioeconómica y la segregación espacial también se manifiestan en la ubicación de ciertos oficios, entre ellos el que nos ocupa. La Secretaria Distrital de la Mujer en Bogotá, durante los años 2013 y 2015 llevó a cabo un registro de quienes ejercen el trabajo sexual y halló que el 95 por ciento son mujeres (los otros casos son hombres e intersexuales), y que el 50 por ciento se inició en tal labor entre los 18 y 25 años, y el 25 por ciento entró en condiciones de explotación sexual. Es decir que este oficio es esencialmente de las mujeres jóvenes porque, en opinión de ellas, en estos rangos de edad el oficio es más rentable.

 

Las personas en ejercicio de la prostitución está mayormente concentrado en la localidad de Los Mártires con el 26% de las trabajadoras sexuales de Bogotá. De ellas hay un porcentaje elevado (77%) que se encuentran afiliadas al régimen subsidiado en salud. En esta localidad en comparación con las otras el oficio está más concentrado. Los Mártires ha sido catalogada como de alto impacto y con el Decreto 187 de 2002 se reglamentó el permiso para ejercer estas actividades al interior de su territorio. Aunque esta población goza de protección constitucional el 50 por ciento de los registrados declara haber enfrentado alguna violación de sus derechos. Falta aún más para que las y los trabajadoras/es sexuales emprendan acciones colectivas que presionen la generación de actos legislativos que dignifiquen el oficio más antiguo de la humanidad, el oficio que tiene el mérito de unir el alma con el cuerpo.

 

Mercados de la felicidad y construcción de convivialidad

 

El recientemente fallecido filósofo Zygmunt Bauman afirmó en una de sus últimas entrevistas que: “[...] sea cual sea tu rol en la sociedad actual, todas las ideas de felicidad siempre acaban en una tienda. El reverso de la moneda es que, al ir a las tiendas para comprar felicidad, nos olvidamos de otras formas de ser felices como trabajar juntos, meditar o estudiar” (Bauman, 2016). Tal reflexión resume muy bien las teorizaciones de autores como Marcel Mauss (Mauss, 1990) y (Graeber, Fragments of an Anarchist Anthropology, 2006) pues en el intercambio mercantil cada comprador busca exprimir la utilidad del bien o servicio que le ofrece el vendedor, y entre ellos no se construye una relación social de amistad, convivialidad o de afecto. Pero cuando se construyen relaciones humanas, en particular de amistad y de afecto, hay un intercambio mutuo y obligado de presentes, detalles y regalos.

 

La prostitución es uno de los servicios más codiciados en los mercados de la felicidad, y podría ser una labor en la que, literalmente, se una el cuerpo con el alma, dada la intimidad e intercambio de caricias, afectos y secretos que comparten clientes y trabajadoras sexuales.

 

En la antigua Grecia quienes se dedicaban a la prostitución eran mujeres libres, eruditas y prestantes en la sociedad. Después, con el cristianismo, se dio importancia al matrimonio con el fin de reducir prácticas como la masturbación, la prostitución, el incesto y la homosexualidad. Ya en la era victoriana se introdujo la preocupación por la moral y la salud pública.

 

Tanto en la práctica como en la teoría se ha planteado que las acciones de política pública deben traducirse en un incremento del bienestar de la población, incluso algunos hablan de incrementar la felicidad. Este tema es bien subjetivo, lo que puede hacer felices a uno no necesariamente se cumple con otros; para unos está asociado al tema de la riqueza material para otros la palabra se asocia al terreno emocional o espiritual. Aunque pueden existir muchas interpretaciones, una interesante para los hacedores de política pública es esta dada por Veenhoven: “La felicidad es un disfrute subjetivo de la vida como un todo, se puede alcanzar mayor felicidad para mayor número de personas por acción del gobierno”. Mientras cada vez más sociedades desarrolladas o en vías de desarrollo toman el ingreso como medida de felicidad hay otras como Bután que en lugar de PIB (Producto Interno Bruto) hablan de FNB (Felicidad Nacional Bruta) donde aspectos muy importantes como la equidad, el buen gobierno, la conservación del medio ambiente o la conservación de tradiciones y de valores de su cultura, son fundamentales en su registro.

 

El Departamento Nacional de Planeación de Colombia realiza la Encuesta de Percepción Ciudadana; con base en 9.710 entrevistados de las seis regiones y de las áreas metropolitanas de Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá estableció para 2016 que la región centro-oriente (que incluye a Bogotá y a los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander) es la segunda con mayor percepción de felicidad dentro del territorio nacional. Aunque esta zona se destaca por ser el principal polo de desarrollo del país, es importante resaltar que al interior de esta zona a las poblaciones segregadas necesitan las provean de condiciones de vida que incrementen su bienestar o su felicidad.

 

Bibliografía

Bauman, Z. (11 de November de 2016). El Mundo. Obtenido de elmundo.es/líderes: http://www.elmundo.es/papel/lideres/2016/11/07/58205c8ae5fdeaed768b45d0.html
Graeber, D. (2006). Fragments of an Anarchist Anthropology. Chicago: Prickly Paradigm Press.
Holmes, S. and Sunstein, C., (2013). The Cost of Rights: Why Liberty depends on Taxes . London: W. W. Norton & Company.
Mauss, M. (1990). The Gift: The form and reason for exchange in archaic societies. London: Routledge.
Nussbaum, M. (1999). Wheter from Reason or Prejudice. En M. Nussbaum, Sex and Social Justice (pp. 276-298). New York: Oxford University Press.
Posner, R. (1994). Sex & Reason. Boston: Harvard University Press.

Publicado enEdición Nº236
Viernes, 23 Junio 2017 15:21

¡Una guerra ganada!

En el año 2015 éste periódico informó sobre un grave problema en el proyecto hidroeléctrico Cañaveral–Sonsón (HidroArma). El título de aquel artículo “Expropiación en Cañaveral, ¿una guerra perdida?”**. Los hechos nos dieron la razón, y la noticia hoy es positiva, por ello el titular de esta nueva nota recoge una realidad diferente: ¡Una guerra ganada!

 

Nuestros lectores merecen un recuento:

 

- El proyecto Cañaveral–Sonsón estima generar 174 MW. a un costo aproximado de U$380 millones, con una vida útil de 100 años
- La ley 56 del 1981, Art. 10, ordena conformar una Comisión Tripartita.
- HidroArma no quiso escuchar al representante de los propietarios a la Comisión Tripartita, quien de manera juiciosa, ordenada y con pleno conocimiento expresó que a los avalúos comerciales para la compra de los predios deberían aplicarse la Ley 56/1981, 388/1997 y resolución 620/2008 del Instituto Agustín Codazzi (Igac). ¡Ni el representante del Igac quiso aceptar lo que le ordenaba el Instituto!
- Hidroarma se empecinó en no aplicar la resolución 620/2008 y adelantar en los juzgados un proceso de Expropiación contra los campesinos.
- El Juzgado Civil del Circuito de Sonsón, determinó que la compra a los campesinos se debería hacer según la resolución 620/2008. HidroArma apeló esta decisión y este proceso llegó al Tribunal Superior de Antioquia
- El Tribunal Superior de Antioquia, sala civil-familia, febrero/2017, en sus partes principales determinó lo siguiente (ver apartes de la Sentencia):

 

Apartes de la Sentencia

 

- Por las anteriores razones, no es legal que se hubiese designado un perito para la práctica de una experticia que no procedía en esa fase procesal; no había lugar para un periodo probatorio en esa materia. Eso correspondía realizarlo en la oportunidad señalada por el precepto 456 del Código de Procedimiento Civil, a la razón.

 

- El artículo 456 de la citada codificación dispone que para el avalúo del bien objeto de expropiación, y para determinar las indemnizaciones, el juez “designará peritos”. Ese precepto se armoniza con lo mandado en el artículo 212 de la Ley 56 de 1985, que ordena: “El juez, al hacer la designación de peritos en los eventos previstos en el artículo 456 de C. de P.C.”. Ambas normas tienen el carácter de especiales, luego, no pugnan con la norma general prevista en el artículo 24 de Ley 791 de 2003. Pero es que, además para los casos de expropiación, también están las normas especiales que exigen calidades especiales para los peritos que han de actuar en este tipo de asuntos; debe pertenecer al IGAC o a la Lonja de Propiedad Raíz; del avalúo comercial del inmueble objeto de expropiación? Para dar respuesta al interrogante, la Sala debe indicar que la norma especial para estos procesos que establece el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil, señala que el juez debe designar una pluralidad de peritos para que estimen el valor de la cosa expropiada y separadamente la indemnización a favor de los distintos interesados, lo que necesariamente obliga a la designación de dos peritos para hacer el respectivo avalúo.

 

[...] del avalúo comercial del inmueble objeto de expropiación? Para dar respuesta al interrogante, la Sala debe indicar que la norma especial para estos procesos que establece el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil, señala que el juez debe designar una pluralidad de peritos para que estimen el valor de la cosa expropiada y separadamente la indemnización a favor de los distintos interesados, lo que necesariamente obliga a la designación de dos peritos para hacer el respectivo avalúo.
- Por consiguiente, en dichos procesos siempre se deben designar dos peritos para que elaboren de forma conjunta el dictamen pericial donde se establezca la indemnización que se debe pagar a los interesados.

 

Acatando las anteriores normas, la Sala observa que de los dos peritos que la ley especial indica deben elaborar el correspondiente dictamen pericial en los procesos de expropiación, por lo menos uno de ellos debe tener unas calidades especiales y, por ende, debe ser designado de la lista de expertos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi ya que, además de conocer las normas, procedimientos, parámetros y criterios para la elaboración de los avalúos por los cuales se determina el valor comercial de los bienes inmuebles que se adquieren a través del proceso de expropiación por vía judicial (Decreto 1420 de 1998-9, tienen pleno conocimiento de las resoluciones internas expedidas por dicho Instituto y que operan como un manual metodológico para la realización y presentación de los avalúos, específicamente de la Resolución No. 620 del 23 de septiembre de 2008 expedida por el Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi “por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997”.

 

5.3. Ahora bien, siguiendo nuestra línea argumentativa, la Sala debe indicar que de acuerdo con el artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, al momento de elaborar el avalúo de predios a expropiar, o el predio; (iv) los timos de construcciones en la zona: (v) la dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios públicos domiciliarios, así como la infraestructura vial y de transporte; y, (vi) entre otras tantas que hacen referencia a la construcciones, a las obras complementarias existentes y a los cultivos3.

 

5.4. En este orden de ideas, la Sala de Revisión concluye que (i) las leyes 56 de 1981, 9ª de 1989 y 388 de 1997, son las disposiciones aplicables al trámite de adquisición de inmuebles (ii) para determinar el valor comercial del bien expropiado y la indemnización que se debe pagar a los interesados5, el juez civil debe aplicar la norma especial contemplada en el artículo 456.

 

¡Gran triunfo de la verdad y la ley!

 

¡Gran triunfo de los campesinos de Sonsón!

 

¡Gran derrota de la soberbia y la ignorancia de los empleados públicos!

 

Mayo 12 de 2017s

Publicado enEdición Nº236
Todo listo para los primeros millonarios de la marihuana

Los pasos hacia la legalización total multiplican los negocios en torno a la planta en Estados Unidos. California vota en noviembre una ley que puede ser definitiva


Desde hace tres años, Dan Humiston organiza una importante feria de negocios en Nueva York y Los Ángeles. Alrededor de un centenar de exhibidores, decenas de conferencias sobre legislación y marketing, un vibrante intercambio de ideas y cientos de potenciales inversores caminando por los pasillos dan fe de su éxito. Pero la feria tiene una peculiaridad. El producto principal, la marihuana, no se encuentra por ningún sitio. Es ilegal. Aun así, los asistentes al Cannabis World Congress están convencidos de estar en primera fila para una nueva fiebre del oro.


“La industria del cannabis en Estados Unidos está explotando”, decía Humiston este jueves en la edición de la ferie que empezaba ese día en Los Ángeles. “Se ha abierto la puerta a muchos emprendedores para que tomen posiciones en distintos aspectos de la industria. Este es el momento de meterse, es una vez en la vida. Hay una industria que está emergiendo y necesita gente, necesita negocios”.


La progresiva legalización del uso de la marihuana en Estados Unidos, primero para uso médico y después para uso libre como una droga legal más, está creando todo un ecosistema económico alrededor de esta planta, cuyo cultivo y manipulación siguen siendo perseguidos por el Gobierno federal. Actualmente, 26 Estados permiten el uso medicinal de la marihuana, algo que permite al consumidor comprarla con solo una receta del médico. Tres más tienen propuestas en este sentido a punto de ser votadas.


Además, cuatro Estados (Washington, Oregón, Alaska y Colorado) permiten el uso recreativo en un mercado regulado y que paga impuestos como cualquier otro producto. Este noviembre, junto con las elecciones presidenciales, se votan medidas parecidas en otros cinco Estados. Y el más codiciado de todos es California. Según todas las encuestas, el Estado más rico y más poblado del país se dispone a despenalizar completamente la marihuana el próximo 8 de noviembre en las urnas. California, coinciden los expertos, es el punto de no retorno. “California forzará al Gobierno federal a enfrentarse a este asunto”, vaticina Humiston. El Estado rechazó una medida similar en 2010, pero actualmente las encuestas revelan un abrumador apoyo a la legalización, hasta el punto de que los propios políticos están haciendo leyes para anticipar esa regulación.


El principal argumento para la legalización es sacar de las sombras una industria que ya es de por sí gigantesca e imposible de perseguir para las agencias de seguridad federales. Los beneficios fiscales serían de “cientos de millones al año”, según los proponentes de la ley californiana. Colorado recaudó el año pasado 135 millones en impuestos al cannabis, un 77% más que los 76 millones de 2014, el doble de lo recaudado del alcohol. Colorado tiene 5 millones de habitantes y California 38 millones. La consultora especializada ArcView estima las ventas legales el año pasado en todo el país en 5.700 millones de dólares. Nadie sabe cuánto crecería eso si se incorpora el mercado ilegal. La perspectiva de un efecto similar, a mucha mayor escala, ha generado una verdadera fiebre del oro verde.


En la feria de negocios de Los Ángeles, decenas de personas acudían a dos seminarios simultáneos el miércoles por la mañana, uno sobre empezar tu propio negocio de marihuana y otro sobre cómo invertir en la industria. Entre los exhibidores, había desde cosméticos de cáñamo hasta bolsas empaquetadoras, servicios financieros, asesoría legal o consultoría de márketing. Chris Husong, por ejemplo, presentaba la línea de productos de Elixinol, aceites con esencia de marihuana presentados como un producto farmacéutico más. “Mucha gente necesita THC (el ingrediente psicoactivo, que alivia el dolor y la náusea)”, decía. Su compañía se esfuerza en la presentación y la dosificación porque “aún existe el estigma de la marihuana”, cuando puede utilizarse como cualquier medicamento.


Avis Bulbuyan se encontraba en la feria ofreciendo los servicios de SIVA, una consultora de negocios especializada en la industria de la marihuana. Explica que con una inversión de 200.000 a 300.000 dólares se puede montar un dispensario y, en general, obtener un retorno de la inversión del 40%. Reconoce que el hecho de que el producto en sí sea ilegal a nivel federal complica los negocios. Por ejemplo, es muy difícil encontrar servicios bancarios para un negocio de marihuana y la industria mueve grandes cantidades de efectivo. “Cuanto más se respeten las reglas, menos riesgo se corre por el lado federal”, dice Bulbuyan. Su hermano Kevin ya ha desarrollado una línea de productos medicinales de marihuana llamada Varavo, con exquisito empaquetado. Entre sus productos ofrece cápsulas de vaping con marihuana. Tener la misma imagen que los productos farmacéuticos es fundamental, en su opinión, para ganar respetabilidad y confianza entre los consumidores.


El uso libre de la marihuana ya no es una reivindicación solo de pacientes de dolencias como el cáncer. Es una necesidad para una industria ansiosa. La conferencia principal de la feria Cannabis World Congress estaba a cargo de Montel Williams, una personalidad de la televisión que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una cruel enfermedad degenerativa, y es una importante voz a favor de la legalización. Toma marihuana a diario, en distintas variantes. Y anunciaba también que va a montar su propia compañía de productos farmacéuticos. Para Williams, lo más importante de la legalización es que médicos y farmacéuticas puedan experimentar con la marihuana. Ahora mismo, cada paciente decide cuánto le viene bien y cómo lo toma. “Hemos desarrollado la ciencia los propios pacientes”, decía Williams a EL PAÍS.


Esos pacientes con vista para los negocios son hoy los expertos de referencia de esta industria a punto de explotar. Cheryl Shuman se promociona desde hace un par de años como ‘la reina de la marihuana de Beverly Hills’, hablando abiertamente de cómo tiene su propia plantación y es la suministradora de decenas de famosos. “Es el nuevo alcohol”, decía Shuman en una entrevista con este periódico durante un evento de networking con mujeres que quieren aprender a hacerse ricas en la industria. Shuman, que aspira a un programa de televisión, decía: “Quiero ser la Martha Stewart de la marihuana”.


“La industria ya está aquí. Lo que estamos esperando es la legalización de esa industria”, decía Dale Jones en una entrevista con este periódico en Oakland en 2014. Jones es la directora de la autodenominada Universidad de Oaksterdam, que es una reconocida escuela de negocios alrededor de la marihuana con sede en la ciudad vecina de San Francisco. Han tenido 25.000 estudiantes de 30 países distintos desde 2007. Para Jones, estamos en el mismo momento que al acabar la prohibición del alcohol. Los mejor situados en ese momento fueron los que hicieron más dinero. Los mejor situados ahora en la marihuana pueden ser los Jim Beam o los Jack Daniels de esta industria. Por el momento, estamos en la prohibición. “El primero que llegue puede hacer mucho dinero, pero también puede acabar en la cárcel”, advertía. Esa situación tiene muchas probabilidades de aclararse a partir del 8 de noviembre, y los primeros millonarios de esta fiebre podrán empezar a presumir de ello.

 

Los Ángeles 11 SEP 2016 - 14:38 COT

Publicado enInternacional
Jueves, 26 Mayo 2016 06:45

Avance del cannabis medicinal

Avance del cannabis medicinal
Es una de las principales naciones productoras de marihuana. Ahora, será legal su cultivo, comercialización y posesión con fines curativos. La ley aclara que no es una legalización sino la regulación para uso de pacientes con enfermedades graves o terminales.
 

 

La Cámara de Representantes de Colombia aprobó un proyecto de ley que reglamenta el uso de la marihuana con fines medicinales y científicos y aclara que no se trata de una legalización sino de su uso para pacientes con enfermedades graves o terminales.

 

A través del proyecto, que por tener diferencias con Senadores ira a conciliación antes de ser promulgado por el presidente Juan Manuel Santos, se aprobó el cultivo, la producción, fabricación, adquisición, importación, exportación, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, uso y posesión del cannabis para fines terapéuticos.

 

Además, regula lo relacionado con los derivados de la marihuana y los productos que la contengan, tales como cremas, pastillas y jarabes, entre otros artículos con los que se tratan diferentes enfermedades.

 

La iniciativa tuvo 84 votos a favor y 4 en contra, y la reglamentación del uso queda a cargo de los ministerios de Salud, Justicia y Agricultura.

 

Por su parte, el autor del proyecto, el senador del Partido Liberal Juan Manuel Galán, expresó su satisfacción por la aprobación de la ley y dijo en su cuenta de Twitter que “hoy ganaron los pacientes”.

 

Colombia es una de las principales naciones productoras de marihuana, como se conoce a los cogollos o flores femeninas del cáñamo, donde se concentran sus propiedades psicoactivas y de esta manera se suma a Chile, Puerto Rico y Uruguay, países latinoamericanos que ya cuentan con una legislación sobre el uso de la marihuana con fines terapéuticos y paliativos.

 

En febrero pasado el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) de Colombia comenzó el proceso de reglamentación del uso medicinal y científico de la marihuana, que el gobierno aprobó en diciembre de 2015. Ahora, la potestad de emitir las licencias para posesión de la semilla para siembra y cultivo de cannabis es exclusiva del CNE, en tanto que los permisos para producción, fabricación y exportación serán otorgados por el Ministerio de Salud y Protección Social.

 

Hasta diciembre el Código Penal colombiano permitía a cualquier ciudadano de ese país cultivar hasta 20 plantas de marihuana en su casa, siempre que fuese para su consumo privado.

 

Según los más recientes datos actualizados de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), la marihuana es la droga ilícita más consumida en el país, donde en los últimos cinco años su uso se ha duplicado hasta llegar al 15,2 por ciento de la población.

 

 

 

Publicado enColombia
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