El señor Ban Ki-Moon, Secretario de la ONU, en respuesta a las diligentes gestiones de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, inició en Colombia su gira por Latinoamérica. Y, tal como estaba previsto, llegó a tiempo para la ceremonia de firma de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, el pasado 10 de junio. No decepcionó a sus anfitriones: dijo todo lo que de él se esperaba. Se le daba así, a la ceremonia, el carácter de un hecho histórico. La imagen que el gobierno de Santos quería proyectar con esta feliz coincidencia, laboriosamente conseguida, es la del fin de cinco décadas de conflicto violento y el inicio de una época de reconciliación. “Hoy es un día de esperanza nacional”, exclamó el Presidente en plena exaltación oratoria, como buscando entre los colombianos un unánime acto de fe que, sin embargo, sigue careciendo de fundamento. Pocos días antes había caído asesinada en Medellín Ana Fabricia Córdoba, lideresa de las víctimas y de los desplazados que han venido reclamando una justa reparación. No era la primera. Más de medio centenar de personas han sido asesinadas desde que se anunció la oferta de restitución de tierras.

Este acontecimiento, al igual que muchos otros, nos retrata de cuerpo entero el actual régimen político. Los actos de gobierno valen más por lo que parecen ser que por lo que son. Y el manejo de las apariencias, virtud de la comunicación masiva, es algo que sabe hacer muy bien la familia Santos. Tal es la clave de la comprensión de lo que sucede hoy en este país. Los entendidos en materias jurídicas dicen que el Derecho tiene un efecto simbólico además de su efecto real o material. Para muchos, esta afirmación se reduce a lo que la sabiduría popular suele comentar: “La ley escrita es muy bonita pero no se aplica o no se cumple”. Sin embargo, en Colombia es peor. El efecto simbólico es lo primero que se busca, deliberadamente, y, con frecuencia, poco tiene que ver con el contenido de la norma. Y aquí lo simbólico no es meramente abstracto; tiene una fuerza social innegable. Aunque suene a juego de palabras, pudiera muy bien decirse que es más real que el efecto real. Tanto es así que, en muchos casos, es la sustancia de la que se hace la política. Así sucede con la Ley de Víctimas.

En efecto, no son pocos los que, incluso con buenas intenciones, llaman a respaldar dicha ley porque “algo es algo y peor es nada”. Reconocen, y ya se ha vuelto una frase de cajón, que “no es perfecta” pero que sería insensato rechazar lo que de ella se puede conseguir. En este caso, el sentido común encierra varios sofismas. Uno de ellos linda con la mala fe, pues supone que los críticos sencillamente están buscando la perfección, lo cual, más que insensatez, sería estupidez. Lo que en realidad está en discusión es el sentido de la ley tal como ha sido diseñada. Lo que, visto desde el ángulo meramente cuantitativo del monto de las reparaciones, de cuántas son las víctimas reparadas y de la extensión de tierras restituidas, se considera simples limitaciones. A la luz de los propósitos reales que se persiguen, se convierte en un mecanismo que oscila entre un programa lento y dificultoso de asistencia social (limitado por las disponibilidades presupuestales) y un programa de saneamiento de la titulación de tierras, con claridad y estabilidad jurídica, que facilite la inversión extranjera, encaminado a apuntalar un modelo de “desarrollo” rural basado en las plantaciones para exportación. Desde luego, no es esto lo que parece.

En la apariencia, sin embargo, está el veneno, o la trampa, en la que caen sus defensores de buena fe; no sus promotores, por supuesto, que desde el gobierno y en el Congreso hicieron, por lo demás, todo lo necesario para impedir la participación efectiva de las propias víctimas. Y por eso el respaldo político, así fuera basado en el “algo es algo”, no es inocuo. En realidad, la mencionada ley no parte de los principios de “verdad, justicia y reparación”; por el contrario, la reparación se ofrece prácticamente a cambio de la verdad y la justicia. No corresponde siquiera a la noción de justicia transicional; se niega el derecho de las víctimas al acceso a la administración de justicia. Y en cuanto a la verdad, se llega incluso a consagrar un aberrante centro oficial de Memoria histórica, dependiente de la Presidencia. Es por ello que no se trata simplemente de limitaciones. Ya la discusión jurídica lo ha demostrado ampliamente1. Obsérvese de paso que tanto las organizaciones sociales, las de derechos humanos y las académicas, como la bancada del Polo en el Congreso, hicieron el esfuerzo de buena fe de presentar sus alegatos siempre en términos de reformas con sus respectivas propuestas de articulado. Sin embargo, se impuso el proyecto oficial. Y con éste la apariencia que la propaganda se encarga de recrear.

El efecto simbólico perseguido se aprecia fácilmente en la presentación que Santos hizo en la comentada ceremonia. Un efecto multiplicado por ciertos debates. En efecto, tal como ha venido sucediendo en otros casos, la oposición de Uribe y del uribismo no hace más que resaltar virtudes que la ley no tiene. El principal blanco del ataque parece ser el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado. A su juicio, esto equivale a reconocer un status político de beligerancia a la insurgencia armada que debería ser simplemente una banda de terroristas narcotraficantes. Una cantinela que, repetida durante ocho años, ya logró sus efectos ideológicos en el pueblo colombiano. Sobre esa base, Santos se da el lujo de ser más astuto. Entiende muy bien que reconocer la existencia de un conflicto como un hecho no es suficiente para derivar las temidas implicaciones. Lo que cuenta es la caracterización del mismo. En el texto de la ley, se cuida muy bien de limitar la noción de responsabilidad del Estado. Elude la noción básica de la responsabilidad del Estado en el respeto y la garantía de los derechos humanos, así como su compromiso en el respeto al Derecho internacional humanitario. Pone en primer lugar, como fundamento de la reparación, el deber de solidaridad con las víctimas. Cuando aparecen acciones, se trata siempre de agentes individuales y aislados. En esta forma, en el reconocimiento del conflicto no se contemplan como actores la insurgencia y el Estado sino, en la perspectiva de la historia oficial, actores armados particulares, unos presumiblemente de izquierda y otros llamados, seguramente de manera impropia, “paramilitares”.

La construcción de esta historia oficial forma parte de este juego de las apariencias y del efecto simbólico buscado. Hay algo que no se dice en la ley y poco se comenta en los debates: la propuesta de reparación a las víctimas tiene una evidente relación de continuidad con la famosa ley de “justicia y paz”, que pretendió resolver, con espíritu de amnistía, la situación de los paramilitares. Un paso más en la construcción de la ficción del ‘posconflicto’. Contrariamente a lo que piensa Uribe, está adelantando mucho más Santos en el propósito de aislar a las farc: quedan en el mismo plano que las ahora llamadas bacrim, supuestamente “reductos” que, como aquellas, ya no tienen objetivos políticos. Sí hubo conflicto, pero ya no hay. Un argumento mucho más convincente, en especial ante la comunidad internacional. Por eso, con el mayor descaro, invita al señor Ban Ki-Moon a Soacha, para que pueda apreciar que los “falsos positivos” son “cosas del pasado”.

El contraste con la dura realidad es evidente. Sabemos que la retórica descrita no es más que una ficción. Como ha venido sucediendo durante años, el proyecto de apropiación de tierras y territorios continúa acompañándose de violencia. De represión oficial y crímenes paramilitares. Resalta hoy la violencia contra quienes exigen sus tierras y una justa reparación, pero desafortunadamente es apenas una parte de la violencia generalizada. No gratuitamente, la totalidad de las organizaciones y plataformas de derechos humanos y paz acaban de denunciar la persistencia de los ataques de que son víctimas (más de 20 asesinatos en lo que va corrido del año) y deciden suspender la interlocución con el gobierno en el llamado proceso nacional de garantías que venía desde el 2009. Sin embargo, la retórica tiene también una presencia real. Es parte de la confrontación política. Ignorarlo equivale a no entender nada de la política colombiana.

1    Obviamente, no es posible aquí reproducir las argumentaciones, pero se pueden consultar, entre otros documentos, las consideraciones presentadas por el Movice en carta del 8 de marzo dirigida al Senado (www.movimientodevictimas.org), y el documento elaborado por el Instituto Internacional para la justicia transicional (ICTJ) el 10 de mayo.
Publicado enEdición 170
En la plenaria de la Cámara Baja, del 13 de diciembre pasado, la aprobada Ley de Víctimas hace caso omiso de las víctimas anteriores a 1991, cuando se presentaron grandes masacres y cuyas víctimas –los familiares de éstas– quedan así por fuera de una reparación justa. Se confía en que “en el transcurso del debate en el Senado puedan darse las modificaciones necesarias para lograr una ley ajustada a la jurisprudencia nacional y las normas internacionales, y que responda a las demandas de las víctimas” (1).

Aunque se avanzó en los alcances de la redacción original, pues el Proyecto de Ley de Víctimas –acumulado al de restitución de tierras– excluía a las víctimas de crímenes de Estado y el aprobado hasta ahora plantea que esta expresión se refiere a “toda persona que ha sufrido un daño como consecuencia de una violación a sus derechos humanos o por una infracción al DIH, [de todos modos] resulta discriminatorio al excluir en cualquier circunstancia a los actores armados al margen de la ley y sus familiares, desconociendo que ellos y ellas también son víctimas” (2), además de dejar por fuera a los victimizados anteriores a 1991, violando un acuerdo previo con el Gobierno para que se tuvieran en cuenta los hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985. Recuérdense, por ejemplo, los asesinatos de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal (1987), Luis Carlos Galán (1989), Bernardo Jaramillo Ossa (1990) y Carlos Pizarro Leongómez (1990), y las grandes masacres de la década del 80, incluido el genocidio contra la Unión Patriótica, atribuible al paramilitarismo.

Es necesario advertir la gravedad de que los hechos anteriores a 1991 queden ‘eliminados’ del campo de acción reparativa, y en tal sentido cabe recordar acontecimientos como las masacres de Segovia (1988, 43 asesinados), Mejor Esquina, Córdoba (1988, 38 asesinados, aunque otras fuentes hablan de 27), La Rochela (1989, 12 asesinados), Coquitos (25 asesinados) y sobre todo Trujillo, Valle (1990, 107 asesinados, descuartizados con motosierra). Tal exclusión es protuberante, y en este punto vale la pena mostrar que el Polo Democrático Alternativo (PDA) presentó 50 proposiciones en la discusión realizada en la Comisión Primera de la Cámara.

De otro lado, en el texto aprobado en la Cámara se ponen cortapisas al insistir en que el proceso de restitución de tierras debe tener fundamento en la sostenibilidad, esto es, en la capacidad fiscal del Estado para cumplir con quienes deben ser reparados. Como lo señala Iván Cepeda, vocero del PDA, cuando se trata de hacer concesiones a las multinacionales, como estímulo a la “confianza inversionista”, no se miden consecuencias en la disminución de las rentas oficiales, pero si se está discutiendo cuánto cuesta reparar a las víctimas del conflicto, los de la bancada oficialista “sacan calculadora” para hacer proyecciones matemáticas y cuestionar la viabilidad de propuestas de reparación.

De otro lado, según Cepeda, se deben cumplir al menos cinco aspectos a favor de las víctimas: a). Indemnización; b). Restitución; c). Volver a la situación original de las propiedades; d). Rehabilitación, o sea, servicios que le permitan a la víctima ser atendida médicamente; y e). Satisfacción. Igualmente, debe haber garantía de no repetición de los hechos. En este sentido, en la práctica, el Estado hará todo lo posible por ‘reducir’ el número de víctimas, siempre pensando en la “disponibilidad fiscal”.

Hay otros factores importantes en la materialización de la ley que finalmente se apruebe. A la luz de la Sentencia T-025-2004 de la Corte Constitucional sobre desplazados, el Estado debe diferenciar entre los servicios a que éstos tienen derecho y la reparación en sí misma, cuyo deber a cargo del Estado no se puede eludir.

Otras debilidades
de la ley aprobada

No resulta claro en el proyecto de ley actual “cuáles son las garantías económicas y sociales para el retorno de la población que ha sufrido el desplazamiento. Abogamos por amplias reformas que promuevan mecanismos capaces de asegurar el retorno y la permanencia en los territorios” (3).

Hay algo bastante cuestionable en el texto aprobado por la Cámara: “La información que surja en el marco de los acuerdos de que trata este artículo no podrá, en ningún caso, ser utilizada como prueba en un proceso judicial”. Movice dice que “este aspecto se debe transformar; de lo contrario, se estaría negando una vez más el derecho a la justicia, elemento íntimamente relacionado con la reparación de las víctimas” (4).

La falta de voluntad política por parte del Gobierno desconoce, además, la aprobación del Proyecto de Ley número 303/10 Cámara y 209/09 Senado “para la ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Para dicha ratificación se logró mediante un acuerdo político de todas las bancadas del Congreso que esta iniciativa fuera aprobada por unanimidad tanto en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes como en la plenaria. La aprobación de este tratado por Colombia puede posibilitar que la Convención entre en vigencia al completarse los 20 Estados requeridos para ese fin. La ratificación de la Convención obliga a los Estados miembros a buscar a las personas desaparecidas, a lograr la verdad sobre lo ocurrido y reconoce los derechos de los familiares de las víctimas de este crimen de lesa humanidad” (5).

1     Representante Iván Cepeda Castro, en comunicado de prensa de su oficina, 14 de diciembre de 2010.
2     Pronunciamiento del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), s.f.
3     ídem.
4     ídem.
Informe de rendición de cuentas del representante a la Cámara Iván Cepeda.

De NN y otros delitos



Un suceso de innegable trascendencia, por todas sus implicaciones, se confirmó el pasado 15 de diciembre cuando la oficina del representante a la Cámara Iván Cepeda difundió el resultado del trabajo de agentes de la Fiscalía en Granada (Meta).
Ese día se aseguró el hallazgo de otros 66 restos de NN, correspondientes a 41 adultos y 25 menores, los que se suman a los de otras 412 personas no identificadas que han sido exhumadas en 182 tumbas y 110 bóvedas del mismo cementerio. De acuerdo con las denuncias, son más de 1.500 cadáveres NN los que reposan en tumbas sin abrir.

La investigación de la Fiscalía se puso en marcha como respuesta a un recurso constitucional de información que le había sido presentado por el legislador, previo al cual se supo en el Congreso de la República de personas sepultadas en la antigua zona de distensión, denuncias que en su momento fueron rechazadas por el Ministro de Defensa.

No a inmunidad para Álvaro Uribe

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) envió el pasado 15 de diciembre una misiva a Mr. Harold Hongju Koh, Consejo en Asuntos Legales del Departamento de Estado, en la cual solicita no brindarle inmunidad al ex presidente Álvaro Uribe, llamado para atestiguar ante las denuncias de crímenes cometidos con apoyo de la empresa Grummond.

El Movice sustenta su solicitud en el hecho de que Uribe ya no ejerce función pública alguna en Colombia, y recuerda “los ocho años de gobierno del ex Presidente [que] estuvieron caracterizados, como ha sido ampliamente difundido, por graves escándalos relacionados con violaciones a los derechos humanos”.

Y precisa la organización: “Extender la inmunidad en este caso iría en contradicción con las leyes de los Estados Unidos y crearía un lamentable precedente en contra de la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de la víctimas de crímenes que comprometen la responsabilidad del Estado colombiano y la de las empresas multinacionales estadounidenses involucradas con casos de violaciones a los derechos humanos”.
Publicado enEdición 165