Jueves, 23 Agosto 2018 15:11

Blancos, demasiado blancos

Blancos, demasiado blancos

Pese al paso de los años, el racismo no ha desaparecido de la sociedad, en particular de la gringa y, por el contrario, ha mutado, afectando o reforzando de múltiples maneras la cultura dominante. Asi lo resalta esta serie.

 

Una escena de Querida Gente Blanca (la película, 2014) sintetiza la trama principal de la segunda temporada de Querida Gente Blanca la serie, 2018). Sucede así: caminando por los tranquilos y grandes espacios verdes de la Universidad Winchester, el decano Dean Fairbanks, hombre negro, imponente y gran estratega, se encuentra frente a frente con Sam, mujer autodefinida negra, estudiante de producción audiovisual y voz principal de un programa radial llamado, precisamente, Querida Gente Blanca. El decano Dean no está contento, no se alegra al verla y ella lo sabe. Sabe que su programa levanta polvo entre la directiva y la comunidad de la Universidad (compuesta de personas blancas, especialmente hombres) y eso no le gusta al decano, quien ha escalado puestos siendo “prudente” con sus opiniones sobre el racismo. Ella espera el disparo. “Sam –dice el decano– tu programa es racista”. Sam ya sabe qué responder, lo ha tenido que hacer muchas veces: “Los negros no pueden ser racistas, prejuiciosos sí, pero no racistas. El racismo es un sistema de desventajas basado en la raza. No podemos ser racistas los negros porque no nos beneficiamos del sistema”. Racismo investido, ese concepto creado para deslegitimar las luchas afro, es precisamente lo que ataca Sam.

 

Contextualicemos. Querida Gente Blanca, una tragicomedia, es una serie de Netflix que se inspiró en la película homónima producida en el 2014. La película es buena, sí, hace las mismas denuncias de la serie, pero ésta, sin embargo, lleva a un nivel superior toda la estética, la trama y la perfección de los personajes de la película. Transcurre en la Universidad de Winchester donde se cree que el racismo es cosa del pasado, que ya no existe. Sam y todas las personas negras saben que no es así. Es más, Sam afirma que creer tal cosa es una forma de perpetuar el racismo y por eso crea un programa radial en el que le explica a los blancos, sarcásticamente, cómo se expresa su racismo, dice: “querida gente blanca, tener novio o novia negros para molestar a tus padres, es una forma de racismo. Querida… el número de amigos negros para no parecer racistas ha llegado a dos. Querida… cuando nos veas en los pasillos no nos toques el cabello ni hagas bromas al respecto, y, por favor, los negros no somos iguales, así que deja de cambiarnos el nombre”.

 

Una Universidad dividida

 

La casa Armstrong-Parker es el bastión de la comunidad negra organizada, reconocida por ser crítica y por liderar procesos contra el racismo. Su contraparte es la casa Davis, habitada en su mayoría por personas blancas adineradas que organizan fiestas en las que se disfrazan de personas afro, escuchan rap, hablan improvisando y portan armas, para “liberar su negro interno”. Esta es la trama de la casa Armstrong-Parker, donde Sam descubre la fiesta y decide denunciarla documentándola con su cámara. Pero al ver que no genera una respuesta, un cambio, sanciones o reprimendas, sino que, por el contrario, se intenta opacar el debate argumentando que se trata de una acción de “libre expresión”, Sam organiza una protesta el día de las donaciones a programas que ayudan a comunidades negras, todo para reducir impuestos. Pero las cosas se salen de control. Troy Fairbanks, hijo del decano y líder “obligado” de la casa A-P, se da cuenta del engaño de las fundaciones y ataca el edificio con una pala. Además, por causas desconocidas, durante la protesta la casa Davis es consumida por un fuego. Por todo esto, Sam va a hacer señalada como la culpable de incitar al desorden y motivar el odio entre las culturas.

 

A partir de ahí, en la segunda temporada, su drama consiste en ser el blanco de ataques de aquellos que la acusan de revivir un problema del pasado y de alentar al genocidio blanco. Durante toda esta temporada, con justa razón, su defensa será argumentar que no pueden sacrificar al mensajero, que ella lo único que hace es visibilizar el racismo, no crearlo. Entre tanto, ella, y todos los de la casa A-P, tienen que convivir con los nuevos huéspedes, los estudiantes de la casa Davis, convertida en cenizas. Esto va a servir para que las tensiones se intensifiquen y para que se resalten las diferencias culturales entre unos y otros. Así, en el programa Querida Gente Blanca y por los pasillos de la casa, el tema será el comportamiento de los blancos en comparación con el de las personas negras y viceversa. Sí, porque considerarse persona negra no es sólo cuestión de color de piel. Serlo implica consumir productos culturales de personas negras y pensar, actuar, vestir, hablar, y peinar como uno. Esto, que pareciera a simple vista como un simple Checlist, genera conflictos tanto personales como interculturales. Coco, esvelta mujer negra con gran espíritu competitivo, es criticada por Sam por alisarse el cabello, usar Victoria Secret, y en sí aparentar ser una mujer blanca elegante para poder ser aceptada. Pero Sam también comete algunos “pecados”. El primero y más significativo es mantener una relación con un hombre blanco al cual trata de mantener oculto, Gabe, asiste de clase y productor y realizador de un documental titulado ¿Soy racista? ¡Vaya tema! Ya se imaginarán la opinión de Sam al respecto.

 

Querida Gente Blanca también narra una serie de conflictos producto del racismo. Lionel encarna uno de ellos: ser un hombre negro homosexual. Lionel es, podría decirse, el segundo personaje más importante de la historia. Él es quien, a través de sus investigaciones como periodista, es el primero en descubrir la fiesta racista, desenmascarar a las fundaciones y, para esta segunda temporada, descubrir quién es AlttlvyW, representante de una logia de supremacistas blancos y el twittero que, oculto, ataca a Sam diciendo que ella es el producto de un mestizaje entre un hombre blanco y un simio. Es quien nos revelará en una tercera temporada todo sobre la organización clandestina negra que, al parecer, maneja los hilos del poder.

 

Por otro lado, Troy Fairbanks representa a las nuevas generaciones de líderes negros que se enfrentan a un mundo muy diferente al de sus padres y abuelos. Troy tiene una carga muy pesada. Continuar liderando la lucha por sus derechos, pero, al ser impuesta, entra en un conflicto existencial. No sabe quién es ni qué quiere. Por tanto, emprende una búsqueda de autoconocimiento que lo hará cometer muchos errores. Pero lo peor es que su comportamiento lleva a creer firmemente que la historia no es una secuencia progresiva al infinito ni que las victorias de ayer son inmodificables.

 

Por último, el conflicto que representa Reggie Green es una respuesta ante el creciente número de personas negras asesinadas por policías blancos racistas. En la primera temporada, Reggie fue amenazado por un policía que le apuntó a la cara con un arma, frente a los estudiantes asistentes a una fiesta universitaria. El hecho, claro, le generó un trauma. Durante la segunda temporada vemos a un Reggie distinto. No puede dormir y si lo hace la imagen del policía invade todos sus sueños. Al ver un uniformado, suda y le tiemblan las manos. Poco ríe y siempre se ve tenso. Peor aún si tiene que toparse constantemente con el policía que lo amenazó, dado que la universidad no consideró como un acto grave que un agente apunte a un estudiante desarmado y con las manos arriba.

 

De esto era de lo que hablaba la Sam de la película al director Dean. Si la víctima hubiera sido un estudiante blanco, diría, la historia del policía seria distinta. Pero al denunciarlo en Querida Gente Blanca la cuestionarían diciéndole si a ella le gustaría que hubiera un programa titulado Querida Gente Negra. Ante lo cual, ella respondería, como en efecto lo hizo: “no hace falta, grandes medios ya dicen lo que los blancos piensan de los negros”.

Publicado enEdición Nº249
Lunes, 16 Octubre 2017 17:37

Teoría de las irregularidades

Teoría de las irregularidades

La teoría de las irregularidades es algo que incluso en la comunidad de los estudiosos de la complejidad no termina por asimilarse plenamente. Hay otros lugares más comunes, como la ciencia de redes complejas, por ejemplo.


Ser occidentales, en la mejor tradición que se inaugura con Platón y Euclides, y todo lo que se sigue de ellos, consiste creer que existen regularidades en la naturaleza. Así, por ejemplo, que la naturaleza tiene leyes, que existen leyes de la historia, que la sociedad se hace posible sobre la base de normas, en fin, que los tiempos y el espacio son regulares y estables. Dicho con la mecánica clásica, que existen ciclos, periodicidades, movimientos pendulares. Que sean unos más cortos o más largos es algo que no altera para nada el cuadro general.


La idea de regularidad se traduce filosóficamente con la noción del “ser”, y políticamente con los conceptos de control y de manipulación. Sociológica o arquitectónicamente, se trata de la creencia de que existen y son necesarias las jerarquías. En fin, que el mundo y la naturaleza son estables.


En la comunidad de complejólogos —esto es, quienes trabajan en ciencias de la complejidad—, existen caotólogos y también fractalistas, por ejemplo. Pues bien, el padre de los fractalistas es B. Mandelbrot, el fundador de la geometría de fractales.


La geometría de fractales es exactamente una teoría de irregularidades. Más exactamente, prácticamente la totalidad de los patrones en la naturaleza son irregulares. Y en la sociedad. La irregularidad se dice técnicamente como fractus, fractal. Posee una dimensión propia —o mejor, varias dimensiones (fractales)— y logra una comprensión inédita del mundo y la realidad, a saber: la naturaleza y la vida están marcadas o constituidas por intermitencias.


La marca de calidad de la naturaleza —como de la vida— es el cambio. Pero los cambios no son fijos, periódicos ni regulares. Por el contrario, son esencialmente imprevisibles, marcados por azar y contingencias, perfectamente aperiódicos. Análogamente al caos.


La idea de intermitencia significa que los sistemas irregulares son esencialmente abiertos, y que no existe, en absoluto, estabilidad alguna en sus dinámicas y estructuras. Los fractales son fenómenos o sistemas inestables y con turbulencias. El sello mismo de la complejidad.


Pues bien, la primera vez en la historia de la humanidad que la irregularidad nace es gracias a la geometría de fractales. Desde luego que existen aspectos técnicos, pero éstos pueden quedar aquí implícitos. La fractalidad de la naturaleza, y mejor aún, la multifractalidad apunta de manera precisa a la ausencia de cualquier tipo de estabilidad.


Digámoslo mejor: la estabilidad existe, pero sólo a escala local y en tiempos muy breves. En tiempos cortos y a escala local las cosas parecen permanentes, estables, regulares, sujetas a leyes. Pero la fractalidad permite una mirada en escalas múltiples, y esa multiescalaridad permite exactamente entender que la regla en el mundo y la naturaleza son los cambios, las transformaciones, la irregularidad.


Todas las teorías estándar habidas en la historia, en ciencia o en filosofía, así como todas las teoría normales vigentes en ciencias y disciplinas, actualmente son teorías de regularidades, de control, de estabilidad, de permanencia, de cambios graduales; en fin, de ciclos y periodicidades. Y por ello mismo no logran ver la complejidad del mundo y de la vida; esto es, el papel del azar y la aleatoriedad. En el “mejor” de los casos, la aleatoriedad es sometida a la teoría de probabilidades. Una teoría del control y del ser.


La geometría de fractales nace en ningún campo; o lo que es equivalente, en el cruce entre diversos terrenos. No nace más en la economía que en las finanzas, más en la matemática que en la termodinámica, o más en la geometría que la física estadística. Cuando la ciencia revolucionaria nace, no hay un sólo nicho donde haya sido engendrada. Esto es algo que Th. Kuhn no alcanzó a ver. Por el contrario, dada la riqueza y las dinámicas del conocimiento hoy en día, la ciencia revolucionaria engendra su propio nicho de nacimiento, que no es uno específico, sino uno donde se cruzan tradiciones, métodos, lenguajes. Este fue el nacimiento de los fractales, esto es, de la teoría de las irregularidades.


Un rasgo biográfico, pero al mismo tiempo sociológico e histórico permea el nacimiento de la ciencia revolucionaria. Se trata del alto inconformismo por parte del investigador o pensador, y de la capacidad para identificar la ciencia normal y alejarse rápidamente de ella. Dos condiciones que se dicen fácilmente, pero que es muy difícil de llevar a cabo. Al fin y al cabo, el precio del inconformismo es la soledad y el aislamiento. Algo de lo cual un investigador verdadero se precia más que se duele. También en la ciencia y en la academia prima, como decía Nietzsche, el espíritu gregario.


Pero, ¿cómo identificar claramente las fronteras del conocimiento?; esto es, ¿cómo ver el lugar en donde termina la ciencia normal y comienza... el vacío? Existen muy buenos indicios. Por ejemplo, la ciencia normal es aquello de lo que las mayorías hablan, o de lo que se ocupan “muchos”. La ciencia normal es aquella que está siempre a la mano, y que convoca fácilmente. La ciencia revolucionaria, por el contrario, sólo tiene indicios, vestigios, señales; pero nunca textos claros, establecidos.


Esto fue lo que experimentó B. Mandelbrot, y lo que es evidente ante una mirada sensible y reflexiva en el panorama intelectual y cultural en general. Tenemos con nosotros una teoría de irregularidades. Pero el triunfo de la misma no fue nunca algo evidente, aunque sí sólido y robusto. La biografía se mezcla con el momento social y con la situación histórica. De esa compleja amalgama nacen ideas nuevas, enfoques creativos, lenguajes novedosos.


La teoría de las irregularidades es algo que incluso en la comunidad de los estudiosos de la complejidad no termina por asimilarse plenamente. Hay otros lugares más comunes, como la ciencia de redes complejas, por ejemplo. La plena consolidación de la teoría de las irregularidades tiene lugar a partir de 1995. Una historia que no está muy lejos de nosotros, y apenas da sus primeros pasos. Pero agigantados.

“En cuanto a su cumplimiento, los acuerdos de paz van quedando en el limbo”

Uno de los principales aspectos de la coyuntura que atravesamos hoy en Colombia radica en la concreción del Acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc. La manera como el Congreso de la República está desarrollando cada una de las leyes a que obliga el Acuerdo deja mucho que desear, tanto que “Un proceder de esta naturaleza convierte a los acuerdos en un pliego de peticiones histórico e incumplido”, afirma Alirio Uribe, Representante a la Cámara.

 

Llego a la Feria del Libro para entrevistar a Alirio Uribe Muñoz luego de un acto cultural al cual está convocado; al ingresar a Corferias procuro no sentir el malestar suscitado por un evento que se supone de libertad e intercambio de ideas y sueños –parte del espíritu de los libros aquí encadenados; Feria a la que es obligatorio pagar varios miles de pesos para poder ingresar y donde, además, lo cobrado para poder exhibir la oferta editorial obstaculiza la presencia de las editoriales que funcionan como iniciativas culturales y no como empresas comerciales.

 

Acudo rápido al salón donde debe estar Alirio, a la hora justa señalada en la invitación. Al llegar me encuentro con la novedad que ya no es ahí. Tomo el camino hacia el nuevo salón, el auditorio está lleno. Me sorprende porque el diseño del evento parece concebido para que no llegue nadie.

 

Escucho las palabras de Alirio. En su voz se revela el dolor por tantos jóvenes sacrificados en la larga y antigua batalla brindada en nuestro territorio por el derecho a vivir una vida digna. Sus palabras traen a mi pensamiento las diversas geografías del campo colombiano –Sumapaz, Fusagasuga, el Magdalena Medio–, donde Gaitán forjó el movimiento por la restauración moral y democrática de la república. Los años han pasado y la mentalidad que se niega a democratizar el país aún se mantiene. Ayer respondieron con el magnicidio al clamor de un pueblo por la tierra y por vida digna. Respondieron con la represión y el exterminio. Abrazaron como su soporte ideológico y bandera guía, el anticomunismo y la doctrina del enemigo interior instaurada por el gobierno de los Estados Unidos. Con estos pilares desataron, potenciaron y prologaron durante décadas una confrontación que terminó engendrando una tenaza internacional, la misma que aún se sirve del conflicto para lucrarse y para mantener un feroz control social.

 

Al finalizar el evento, buscamos un lugar donde tomar un café y poder conversar sobre lo que está aconteciendo con el desarrollo legislativo de los acuerdos de paz.

 

Entre dilaciones y cambio de sentido

 

El Congreso de la República, me dice, tiene dos caras o tiene diferentes momentos: uno es el momento de la refrendación de los acuerdos, en el que hubo un apoyo total al proceso. Un 85 por ciento de sus integrantes respaldó los acuerdos. Pero otro es el actual, en el que la autonomía legislativa que debe comportar esta columna del poder liberal es utilizado por algunos sectores para seguir “renegociando” los acuerdos. Hay ejemplos que así permiten afirmarlo:

 

En el caso del Sistema de verdad, justicia reparación y garantías de no repetición, quedó legalizado como Acto Legislativo Nº 01/17, con el cual se eleva a rango constitucional la Comisión de Verdad, la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas y todo lo concerniente a la Justicia Especial de Paz (JEP). Con base en ese acto legislativo el Presidente expidió los decretos leyes el 5 de abril de este año, que crean el comité de escogencia de los miembros del sistema de justicia y paz, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y la comisión de la verdad, convivencia y no repetición.

 

¿Por qué los expiden como decretos legislativos? Porque el Congreso está en una actitud hostil al fast track, actitud adversa agudizada a pocos meses de su aprobación. Entonces, solamente lo que requiera reforma constitucional o leyes estatutarias pasará por este recinto. Y todo lo demás saldrá como decreto presidencial con fuerza de ley, pasando luego a revisión de la Corte Constitucional.

 

El problema con lo aprobado es que el ministerio de Defensa le metió redacción tratando siempre de eliminar la responsabilidad de mando de los militares, elevando su impunidad, para morigerar la responsabilidad de los empresarios y financiadores de la guerra. Y eso se notó en los temas incorporados por el ministerio de Defensa, manipulación de lo acordado que también se notó en los decretos reglamentarios que brindan la libertad a los militares; interés y énfasis que contrasta con las demoras para darle paso a lo ordenado por la ley de amnistía, con los indultos, con las salidas de los guerrilleros presos en las cárceles. (Ver recuadro, “El doble rasero”).

 

 

¿Qué falta por expedir y/o reglamentar en este tema del Acuerdo? Falta una ley estatutaria que es la que va a desarrollar la JEP. Esto es por Constitución, pues la justicia se reglamenta mediante leyes estatutarias; el Presidente no puede hacerlo de manera directa. Supongo que tendremos una ley estatutaria muy breve, que reglamenta la JEP, y después un decreto ley que reglamenta todo lo demás, lo fino, los detalles. Si tramitaran todo esto en el Congreso, vendría un nuevo recorte de lo acordado.

 

En este punto también tenemos varios temas que competen a las víctimas, que para su implementación requieren una reforma de la ley de víctimas, del marco legal vigente. El que también saldrá por decreto ley, para así evitar más recortes.

 

Para la oposición

 

Sucede similar con el Estatuto de oposición, que fue aprobado incorporando el noventa por ciento de las propuestas presentadas por los pequeños partidos. Pero la reforma política, de fondo, deja la incertidumbre, hasta ahora: ¿será aprobada? ¿En qué condiciones?

 

¿Por qué esta incertidumbre? Porque la Misión Electoral elaboró una propuesta muy buena, pero no hay ambiente en el Congreso para aprobarla. Se presentó una reforma al artículo 108 sobre adquisición progresiva de derechos políticos, y hay que reconocer que fuimos escuchados y que el articulado fue mejorado en la ponencia que está en debate. Se crean tres categorías de participación: ciudadanos, movimientos políticos y partidos políticos.

 

Todo parece ir bien, pero cabe la crítica al ítem de la participación ciudadana, la fundamental por promover, pero afectada por cargas que pretenden derrumbarla. Su propósito es que a partir del 2019 los movimientos ciudadanos no puedan poner candidatos presidenciales. Hoy pueden hacerlo. Un evidente retroceso. A partir del 2019 los ciudadanos solo pueden postular candidatos a nivel municipal y departamental. Si quieren hacerlo a nivel presidencial deben convertirse en un movimiento político. Deben tener aparato, afiliados, requisitos..., y si alcanzan el umbral del 3 por ciento o más, pues ya es un partido, con todos los derechos. La parte critica de esta concepción es que privilegia la representatividad por sobre la participación. La participación hoy se da con la organización ciudadana, pero la reforma privilegia el partido político.

 

Enfatizo. La reforma era tan buena que fue imposible. Afectaba a todos los poderes: al Consejo de Estado, a la Procuraduría, al poder electoral... Sustraía al Consejo de Estado las funciones electorales. El Consejo de Estado maneja las pérdidas de investidura y define si una sanción de estas se tramita en seis meses o en cuatro años. Si le quitas esa prerrogativa al Consejo de Estado le quitas poder político. El Procurador puede destituir funcionarios de elección popular. El Registrador Nacional, una persona puesta por los partidos políticos y por el jefe de Estado, define quién es el Presidente, los gobernadores, los 1.200 alcaldes, los 100 senadores, los 160 representantes. El Registrador es quien entrega las fichas y dice: mire, usted ganó. Es el que cuenta los votos, los anula, o los aprueba. La reforma que presentaron suprimía el Consejo Nacional Electoral.

 

Todas las minorías felicitamos a la Comisión que presentó la reforma. Y bueno, comenzamos a negociar. Propusimos aprobar al menos ciertas partes para que empezaran a funcionar, no ahora, sino para dentro de cuatro años. Dejar intacto el Consejo de Estado y aprobar la reforma de los aspectos más problemáticos. El Consejo de Estado organizó una jornada de examen de la reforma y propuso sustraer funciones del poder electoral y entregarlas al judicial.

 

Como minorías, laboramos con la idea de “abramos un poco la puerta”, porque si nos colocamos en la posición de todo o nada, no obtenemos nada. Avancemos un poco, y más adelante miramos cómo avanzamos más. Avanzamos, por ejemplo, en el tema de financiación estatal.

 

Seguimos, en esta lógica, a la expectativa de qué sucederá con la reforma política. Entregamos una carta al Presidente pidiendo los temas de transición para nosotros, como minorías: voto electrónico, coaliciones, umbral, financiación estatal de la campaña, mecanismos de transparencia, de censo electoral... La pregunta es: ¿se van a modificar, o no, los aparatos de poder que afectan la democracia?

 

Todo este proceso nos permite comprender la complejidad de adelantar un movimiento de democratización. Cada institución procura de modo inercial conservar y elevar sus poderes. Hay necesidad de avanzar paso a paso.

 

Marco legal para las Farc, y otros actores

 

En la reforma política también se avanzó con una reforma constitucional para darle paso a la reincorporación política de las Farc; esta es la norma que establece que como partido tendrá cinco senados y cinco cámaras por ocho años, precisando en detalle las reglas para la reincorporación.

 

También viene el proyecto de acto legislativo que crea las circunscripciones especiales territoriales de paz: las diez y seis curules Cámaras que corresponden a los territorios en los que la gente nunca ha tenido participación. Por ejemplo, Catatumbo es una zona especial, se vuelve una circunscripción de paz, se elige un Representante y no puede ser postulado por partidos políticos, sino que debe ser postulado por organizaciones sociales, gente que lleve viviendo, por lo menos, tres años en la región, gente que no haya participado en ningún partido tradicional. Esto ya está casi listo.

 

También está en preparación una ley sobre participación ciudadana, donde se diferencia el accionar de los movimientos sociales ya establecidos como tales, de los ocasionales, así como de la participación ciudadana en general, enfatizando sobre el respeto a la vida de los dirigentes sociales; también la financiación de estos actores, etcétera. Para elaborar esta propuesta se llevó a cabo una amplia consulta por todo el país.

 

Avanza, de igual manera, una reforma al artículo 108 de la Constitución Nacional, que tiene que ver con la adquisición progresiva de los derechos para los partidos políticos, lo que nos ha consumido una cantidad enorme de tiempo. ¿Cuál es la dificultad? Quieres hacer una reforma política democrática derivada de un acuerdo de paz, y debes lograr el consenso del gobierno, el de las Farc, y después debes acudir a un Congreso en el que las minorías políticas tienen el 10 por ciento y las mayorías el 90 restante.

 

A marchas forzadas

 

El tiempo que tenemos para que esto proceda es poco, ya que el 16 de junio vencen las facultades extraordinarias del Presidente para expedir decretos legislativos que desarrollen los acuerdos de paz. Como las cosas en el Congreso no están avanzando con la disciplina y con la celeridad requerida, me imagino que el Presidente sacará ochenta decretos a las diez de la noche de aquel día. Dudo que tales decretos sean consultados en el mecanismo de coordinación que tiene el Gobierno con las Farc, y más dudas de que sean consultados con las organizaciones ciudadanas que resultan afectadas en cada tema de los acuerdos. Entonces, en esos decretos puede salir de todo, bueno y malo, concertado e impuesto. Además, todo pasará a la Corte Constitucional para su revisión, y no será extraño que más de un decreto caiga.

 

Hay un antecedente que brinda pistas sobre lo que puede venir: La Corte Constitucional envió un mensaje resaltando que los desarrollos de los acuerdos deben ser vía Congreso, como vía principal, y excepcionalmente por medio de decretos. Esta decisión nos inquieta porque, por ejemplo, la traumática aprobación del paquete de medidas de la JEP exigió que muchos temas fueran desarrollados vía decreto presidencial. Y esto, entonces, estaría en riesgo. La consecuencia final, final, de todo esto, es que los acuerdos van quedando en el limbo en cuanto a su cumplimiento. Un riesgo real, del cual veremos en pocos meses sus consecuencias.

 

Así vamos. Después del 20 de junio quedamos a órdenes del Congreso, porque será el único órgano que podrá desarrollar los acuerdos durante el segundo semestre. Y tendría que ocuparse de todo lo que esté pendiente, de lo que la Corte eventualmente tumbase, y no veo ningún ánimo en este Congreso para hacerlo, y menos con las elecciones del 2018 en ciernes.

 

Una paz maltrecha. Nosotros continuamos participando y generando los espacios de participación, en tierras, victimas... pero las cosas realmente van muy lentas. En tierras lo que quiere hacer el gobierno es sacar adelante su agenda agroindustrial neoliberal. Su visión de Zidres, de derecho de superficie, su visión de ciervos de la gleba, con un campesinado proletarizado al servicio de las multinacionales. Desconocimiento de la economía campesina, indígena, afrocolombiana. Si el gobierno, con las corporaciones y los gremios detrás, quiere revivir una reforma rural regresiva vía fast track, las Farc la rechazará y nuestras bancadas tampoco la aprobarán. Quedaremos en la bancada del Centro Democrático: votando no. Hoy estamos defendiendo la ley 160.

 

Insisto: una paz maltrecha. Un proceder de esta naturaleza convierte a los acuerdos en un pliego de peticiones histórico e incumplido.

 


 

Recuadro 1


El doble rasero

 

Hasta los primeros días de mayo han salido más o menos 300 presos de las Farc, de un total de 1.500 que deben salir. Esta coyuntura política y jurídica la aprovechan miles de presos para solicitar su excarcelación, lo cual puede congestionar los juzgados destinados para este fin. Se estima en 10.000 las solicitudes que pueden estar actualmente en revisión, solicitudes de presos por porte ilegal de armas y similares. Como es obvio, al final solo se otorgan beneficios a quienes estén en las listas del Gobierno. Para completar, los Jueces de Ejecución de Penas aprovecharon la urgencia del Acuerdo y como tenían un pliego de peticiones viejo, hicieron como hacen las bancadas en el Congreso, usan su poder. Los jueces hicieron paro y pasó entonces otro mes sin tramitar los indultos.

 

Hay otro grupo de prisioneros de las Farc que no tienen indulto, sino excarcelación, porque van a ser juzgados en el marco de la Justicia Especial. A ellos habría que llevarlos con vigilancia a las zonas veredales, aún en construcción, y el Inpec dice que no tiene dinero para llevarlos, o que no tiene guardianes para colocarlos en el terreno para que los cuiden. Aparece el Estado como un elefante que no puede cumplir con lo fijado en el Acuerdo.

 

Esto contrasta con la celeridad del Ministerio de Defensa para sacar de la cárcel a 1.200 militares, sentándose con el Fiscal y con el Gobierno para que expida un decreto especial que permita que el Fiscal General dé la salida a los militares.

 


 

Recuadro 2

 

Entre la norma y la realidad

 

La intención de las Farc, antes del 2 de octubre, era que los acuerdos integraran la Constitución; como tal opción se perdió con el No, fueron redactadas normas de salvaguarda. Una de ellas, ya aprobada como reforma constitucional, consistió en señalar que los acuerdos fuesen el parámetro de implementación, de interpretación, de legislar, de emisión de fallos judiciales. Se redactó una norma constitucional de salvaguarda en el sentido de que todo lo que se haga para desarrollar los acuerdos debe hacerse respetando de buena fe el espíritu y el texto de los acuerdos. Esto parece procedente, pero lo que uno siente es que gobierno, gremios, corporaciones, no les interesa el desarrollo de los acuerdos. Sabemos también que así los acuerdos estuvieran en la Constitución, o así los desarrollos legislativos de los acuerdos fueran perfectos, fueran armónicos, una cosa es tener la ley y otra la realidad. Entonces, en términos políticos, la lucha continúa.

 


 

Recuadro 3

 

Mirando hacia el 2018

 

El proceso de unidad de las fuerzas sociales y políticas en favor de los acuerdos sigue avanzando. Para el Polo va mal, porque la salida de Clara –si bien debilita a unos y fortalece a otros– genera alguna confusión dentro de la sociedad sobre la vigencia de este partido.

 

Más allá de ello, en el mediano plazo, y de manera más amplia, se continúa pensando y trabajando en función de las convergencias. Y así se trabaja sobre la reforma política. Se habla con todos los sectores y personalidades de fuerzas afines, se busca candidata o candidato que venga de estos sectores, por ello se continúa hablando con Petro, Fajardo, Robledo, Claudia, Navarro, con la ASI, los Verdes, con Marcha Patriótica, con Maíz, la Unión Patriótica, con las Farc sobre reforma política, se acompaña el proceso con el Eln. Falta una decisión que diga: vamos a hacer algo conjunto. Pero hay un diálogo que puede ir por bloques más o menos afines, a lo cual ayuda el ejercicio de reforma política vivido durante más de seis meses, el cual generó un ambiente de confianza con los liderazgos que podrían caber en un proceso de unidad. Desde el punto de vista legal, lo importante acá es lograr un marco favorable tal, una reforma que rija a partir de 2018, con lo cual los diálogos tendientes a la unidad podrían agilizarse.

 

También hay que tener claro que los políticos decentes, que existen al interior de los partidos tradicionales, también padecen el sistema. El presidente del Partido Conservador, por ejemplo, se queja de que un Senado está costando entre cinco y diez mil millones de pesos. La política así, se ha convertido en un mercado.

 

Un ambiente crítico y de cambio que podemos aprovechar. Creo que para todas las izquierdas hay un escenario de oportunidad por la gran corrupción y desprestigio de los políticos tradicionales y de sus partidos, tanto de Uribe como de Santos.

Publicado enEdición Nº235
Mapa de la homofobia en el mundo, elaborado por ILGA

 

LUCÍA VILLA @Luchiva


La expansión de la homofobia en el mundo es preocupante. Aunque en los últimos años ha habido avances, todavía 72 estados –un tercio de los países miembro de las Naciones Unidas- criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con legislaciones que, como en los casos de Irán, Arabia Saudí, Yemen o Sudán, llegan a aplicar incluso la pena de muerte.

Pero no son casos aislados. Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA), la mayoría de países en el mundo no tiene una normativa que proteja los derechos de los homosexuales. La asociación ha publicado este lunes un mapa que localiza qué países castigan estas relaciones, y cuáles protegen y reconocen sus derechos.

“Un simple vistazo al mapa muestra de manera rotunda la ausencia de disposiciones positivas en la mayor parte del mundo”, señala Lucas Ramón Menos, uno de los autores.

En efecto, la mancha roja, naranja y amarilla, que simboliza la criminalización a los homosexuales, se extiende por buena parte de Europa del Este, todo Asia, todo África (a excepción de Suráfrica, Seychelles y Cabo Verde), y buena parte de Centroamérica y América del Sur. Por el contrario, la protección y el reconocimiento a los gais, lesbianas y bisexuales está presente en los países del norte de América y algunos del Sur, en Australia y en la mayor parte de Europa.

Y algunas cifras siguen siendo alarmantes. Hay ocho países donde se aplica la pena de muerte a estos colectivos y cinco más donde la legislación lo permite, aunque no se aplica. Sólo nueve países contemplan la no discriminación por razones de orientación sexual en sus constituciones y únicamente tres prohíben las “terapias de reconversión”, los tratamientos para ‘curar’ la homosexualidad. Además hay 22 estados que tienen leyes “morales” contra los homosexuales y 25 que impiden o ponen barreras a la creación de organizaciones defensoras de los derechos gais en sus territorios.

“El actual caso de Chechenia nos ofrece el ejemplo más reciente y horrible de estos abusos, ya que los supervivientes han alertado sobre el temor a que se estén hackeando las cuentas en redes sociales de hombres que son percibidos como homosexuales o bisexuales, y usadas para identificar y contactar con otros que aún no han sido detenidos”, señala Renato Sabbadini, director ejecutivo de ILGA.

El trabajo de la asociación alerta también de la expansión del Daesh y de que, actualmente, existen hasta 19 estados donde las leyes tienen una base religiosa que funciona en paralelo al código civil.

Del otro lado, los autores reconocen también el avance de derechos en algunos países. Hay 72 países que han aprobado leyes para garantizar la no discriminación en entornos de trabajo, 43 que tienen leyes contra los delitos de odio, 23 estados permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo y 26 permiten la adopción (Austria, Finlandia y algunos territorios de Australia han incorporado estos derechos a su legislación en el último año).

Nuestro país es uno de los más avanzados. La organización reconoce a España como un territorio que protege y reconoce a los homosexuales, donde se permiten los matrimonios y adopciones, y donde se aplican leyes contra los delitos de odio o de discriminación en el trabajo. España, en cambio, no es uno de los países que ha prohibido las ‘terapias de conversión’ para homosexuales.

 

 

Publicado enSociedad
Sentencia del Tribunal Monsanto: “Daños a la salud y el ambiente, crímenes de guerra y ecocidio”

 

El martes fue el veredicto del Tribunal Internacional Monsanto, que sesionó en octubre de 2016. La multinacional fue hallada culpable por daños a la salud y el ambiente, crímenes de guerra y ecocidio.

 

Del 14 al 16 de octubre de 2016, en el Instituto de Estudios Sociales (ISS) en La Haya, Países Bajos, cinco jueces de distintas partes del mundo escucharon a más de treinta testigos y expertos de los cinco continentes. El Tribunal Internacional Monsanto de La Haya, de carácter exclusivamente ético, se puso como objetivo sentar bases jurídicas que permitan avanzar en un verdadero proceso contra la polémica multinacional química y agroalimentaria. Para ello se ha basado en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos adoptados por la ONU en 2011.

 

El veredicto del tribunal

 

El Tribunal concluyó que Monsanto se ha involucrado en prácticas que tienen un impacto negativo en el derecho a la alimentación. Las actividades de la multinacional afectan la disponibilidad de alimentos para individuos y comunidades, e interfieren con la habilidad de los individuos y comunidades de alimentarse a sí mismos directamente o a elegir semillas no modificadas genéticamente. Además, las semillas genéticamente modificadas no siempre son costeables para los agricultores y amenazan a la biodiversidad. Las actividades y productos de Monsanto causan daño al suelo, agua y al ambiente en general. El Tribunal concluye que la soberanía alimentaria también es afectada y resalta los casos en los cuales la contaminación genética de los campos forzó a agricultores a pagar regalías a Monsanto o hasta abandonar sus cultivos no-OGM debido a esta contaminación. Efectivamente hay una infracción al derecho a la alimentación debido al mercadeo agresivo de los OGMs los cuales pueden forzar a los agricultores a comprar nuevas semillas cada año. El modelo agroindustrial dominante puede ser criticado aún más fuertemente debido a que otros modelos –como la agroecología– existen y respetan el derecho a la alimentación.

La actividad de la empresa también afecta de forma negativa el derecho a la libertad indispensable para la investigación científica recurriendo a la intimidación, desacreditación de investigación científica cuando se formulan preguntas serias sobre la protección del ambiente y salud pública.

Con respecto a la creación del Agente naranja, arma química usada por EEUU en Vietnam, que mataba toda vida vegetal y provoca malformaciones en animales y humanos hasta hoy en día, sería cómplice de crímenes de guerra por ecocidio, si la ley internacional tuviese esa figura: "Si el delito de ecocidio se reconociera en el derecho penal internacional, las actividades de Monsanto posiblemente constituirían un delito de ecocidio en la medida en que causan daños sustanciosos y duraderos a la diversidad biológica y los ecosistemas, y afectan a la vida y la salud de las poblaciones humanas", advirtió el fallo.

 

Nuestras vidas valen más que sus ganancias

 

Desde comienzos del siglo XX, Monsanto ha comercializado productos altamente tóxicos que contaminan el medioambiente de manera permanente, y ha causado enfermedades y muertes a miles de personas en todo el mundo. Entre estos productos se encuentra el PCB, que forma parte de los doce contaminantes orgánicos persistentes (COP) y afectan la fertilidad humana y animal; el 2,4,5-T, uno de los componentes del Agente Naranja, que contiene dioxina y que fue utilizado por el ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam, causando malformaciones congénitas y cáncer hasta hoy; el Lasso, un herbicida que ahora está prohibido en Europa; y el famoso Roundup, el herbicida más utilizado en el mundo y elaborado en base a glifosato (reconocido por la IARC como potencialmente cancerígeno), que es el causante de uno de los mayores escándalos sanitario y medioambiental de la historia moderna. Este herbicida altamente tóxico, está asociado a los monocultivos transgénicos, principalmente soja, maíz y canola, destinados principalmente para la alimentación animal o para la producción de agrocombustibles.

El modelo agroindustrial promovido por Monsanto y otras empresas, además de ser responsables de enfermedades entre la población y extinción de especies, es responsable de al menos un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. También es en gran parte responsable del desgastamiento de la tierra y de la escasez de agua, de la extinción de la biodiversidad y la marginación de millones de pequeños agricultores.

En Argentina, aproximadamente 13 millones de habitantes de ciudades pequeñas y medianas están expuestos a estos agrotóxicos, con tasas de mortalidad por cáncer de hasta un 40 %, más del doble que las áreas no expuestas.

 

Los Estados son cómplices

 

Ya el Ministro de Agroindustria es productor agropecuario y fue vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). En este marco el 50 % del suelo cultivable, 15 millones de hectáreas, le pertenece solo a un puñado de 2 mil grandes propietarios, arrendando también muchas otras, llegándose a utilizar este “paquete tecnológico” mortal sobre mas de 20 millones de hectáreas.

Según un informe presentado recientemente por la ONG Greenpeace “al menos treinta funcionarios tienen vínculos con el oligopolio de la industria química”. Esta rama estaría encabezada por Monsanto-Bayer, Dow-Du Pont, Syngenta-ChemChina y BASF, que controlan el 60 % del mercado mundial de semillas y el 65 % de las ventas mundiales de agrotóxicos.

La lucha contra la muerte generada por el agromodelo debe ser una lucha contra el Estado y las grandes empresas del sector que lo sostienen, y para llegar hasta el final solo se puede confiar en las propias fuerzas de los trabajadores y sectores populares, así como en la coordinación con otros colectivos en lucha, independientes de los políticos que compartan intereses con empresarios y corporaciones responsables de la muerte y enfermedad de millones.

 

 

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Viernes, 03 Marzo 2017 08:30

Con las Zidres encima

Con las Zidres encima

“Esta es la ley más audaz de nuestra historia para garantizar el desarrollo del campo. Iniciamos el camino para convertirnos en la despensa de alimentos del mundo”. Así, sin rubor alguno, habló el presidente Santos el pasado 29 de enero en Orocué, departamento de Casanare, al momento de firmar la Ley que da carta blanca a las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), proyectadas sobre siete millones de hectáreas –baldías y otras conservadas por los terratenientes como engorde– localizadas en la Altillanura, La Guajira, el Urabá chocoano y la Mojana. Según lo proyectado, la ley será reglamentada en un mes.

Estas son las primeras zonas definidas como Zidres, luego, con seguridad, vendrán otras. 27 millones 700 mil hectáreas baldías existentes en Colombia, según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), así permiten vaticinarlo. Para su definición entrarán en juego los intereses económicos de terratenientes, comerciantes, empresarios de distinto orden y banqueros, que no casualmente adquirieron en años anteriores, de manera poco santa, miles de hectáreas de tierra en diversas partes del país (ver recuadro, Adelantados a las leyes).

Contrario a lo esperado por sus demandantes, que alegaban que tras ella vendrá una mayor concentración de la tierra, así como la violación de diversos derechos de los pueblos y comunidades que habitan en tales terruños, la Zidres, conocida como ley 1776 de 2016, fue declarada constitucional el miércoles 9 de febrero por la Sala Plena de la Corte Constitucional.

Negocio es negocio. El mecanismo establecido para aprobar en el futuro cercano o lejano las nuevas Zonas es la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), en unión con las autoridades locales, regionales y nacionales. Esta instancia definirá la aptitud del uso del suelo, los proyectos que allí pueden adelantarse (bosques, alimentos, ganadería, etcétera), las condiciones que deben garantizar los proyectos por implementar, definiendo al mismo tiempo el plan de inversiones e incentivos que requiera el territorio para atraer más inversionistas. Como instancia final, el Consejo de Ministros será quien revise y apruebe lo propuesto, pasando a expedir el acto administrativo respectivo.

 

Contradicciones

 

Según el gobierno, esta ley sintetiza toda una reforma agraria; un eufemismo, pues en la práctica y de manera contradictoria atiza la problemática que vive nuestro país desde siempre con la tierra. Así. Para los representantes del poder la nueva ley constituye el mecanismo para transformar en lugares productivos áreas geográficas que se encuentran aisladas de los centros urbanos más significativos; mientras para las organizaciones populares del campo es la vía para el despojo, su mayor concentración y el acrecentamiento de la marginalidad para los empobrecidos que habitan el campo. Contradicción irreconciliable, como puede concluirse.

Según estas organizaciones, la Zidres sustrae la tierra que estaba reservada para la reforma agraria y la destina para el agronegocio. Los campesinos entran al “negocio” pero como peones o empleados, así parezcan asociados.

El procedimiento ideado para este entuerto es elemental: un particular propone un proyecto asociativo dentro de un baldío o latifundio en engorde, para lo cual lo inscribe en el Ministerio de Agricultura, el cual lo coloca en consideración de un comité constituido por la Upra, en asocio con el Incoder y cualquier otra instancia que defina el Gobierno. Una vez aprobado, el músculo financiero del Gobierno entra en juego y construye carreteras, brinda crédito, construye distritos de riego, en fin, garantiza la infraestructura necesaria para que el negocio marche sin inconvenientes. La tierra será entregada en concesión o arrendamiento –u otra modalidad contractual existente para los bienes inmuebles de la Nación–, y en contraprestación el beneficiario paga el respectivo arrendamiento el cual irá al Fondo de Desarrollo Rural y Económico.

Como la participación gubernamental está orientada hacia el estímulo productivo, se supone que el canon o arrendamiento será bajo. Un símil que explique su funcionamiento pueden ser las zonas francas: facilitar todo al capital para que se apropie de grandes beneficios sin retribuir gran cosa al país. Todo un negocio del cual los pequeños asociados solo verán las cuentas. No hay duda. Con el paso del tiempo, aquellos campesinos que poseen alguna parcela, ante la falta de liquidez, seguramente perderán sus terruños. El monopolio terminará por imponerse.

 

Una historia de nunca acabar

 

La pugna por la tierra en nuestro país no tiene asiento en el presente. Desde que fungimos como república independiente el país vive la disputa entre grandes y pequeños o nulos poseedores de tierra. El trabajo esclavo, el servilismo, el terraje, comuneros, peonaje, y otras formas de control y sometimiento de los sin tierra da cuenta de ello. En su opuesto los terratenientes, siempre queriendo amasar más tierra, sin interés en que sean productivas pero sí en que les sirva para explayar su poder político y territorial. Así funcionó la República señorial, que parece extenderse hasta nuestros días. Problemática que está en la base del conflicto armado aún no resuelto en su totalidad, el mismo que el Acuerdo de La Habana no logró zanjar, dejando, contradictoriamente, la puerta abierta para lo pretendido por las Zidres.

Y tras este negocio, también el capital internacional. Tanto la FAO, cuyo director general José Graziano da Silva acompañó a Santos al Casanare, felicitándolo porque tanto seguridad alimentaria como el desarrollo rural quedaron incorporados en lo acordado con las Farc, como la Ocde, han definido políticas de todo tipo para el agro colombiano (ver, El mandato de la Ocde).

La realidad es tozuda, así pretendan aparentar lo contrario. La reforma agraria cada día está más distante en nuestro país, y los campesinos sin tierra, o con poca, tendrán que seguir luchando para que algún día se haga realidad. Las Zidres los niega y los desplazará, y el conflicto, como un todo, seguirá vigente. ¿Hasta cuándo?

 


El mandato de la Ocde

 

“En efecto, en el documento titulado, “Revisión de la Ocde de las políticas agrícolas: Colombia 2015. Evaluación y Recomendaciones de Política”, se enuncia: “El país está dotado de buenos recursos acuíferos y de tierras, pero necesita adoptar una serie de acuciantes reformas estructurales para acelerar las mejoras de la productividad y de la competitividad, y para facilitar la explotación de las oportunidades de exportación proporcionadas a través de los tratados de libre comercio de Colombia”.

Las reformas estructurales sugeridas están orientadas a incrementar la producción, a la competitividad y la sostenibilidad; las mismas se desarrollan en cinco ámbitos específicos: 1. Reformas estructurales a largo plazo: a. Priorizar inversiones estratégicas, b. no destinar presupuesto para financiar pagos directos en función de la producción y los subsidios a los insumos que resultan costosos, ineficientes y escasamente eficaces a la hora de promover el crecimiento sostenible y la competitividad en el sector, c. Aumentar la inversión en la infraestructura de transporte, d. Incrementar la inversión en infraestructuras de riego y mejorar la supervisión regulatoria sobre el abastecimiento, uso y almacenamiento del agua. e. Monitorear detenidamente los programas de financiación para evitar riesgos morales en la programación de créditos. 2. Mejorar los derechos sobre la tierra: Actualizar el sistema catastral; acelerar el registro de los derechos sobre la tierra; simplificar el sistema de tenencia de la tierra y aclarar las responsabilidades de las diferentes agencias relacionadas, mejorar la tributación sobre el suelo agrícola; llevar a cabo evaluaciones sobre el uso adecuado de la tierra, 3.Mejorar el marco institucional de la política agrícola: aseguramiento de la representación institucional a nivel local; fortalecer las fases de evaluación y monitoreo de políticas; mejorar las estadísticas disponibles para la toma de decisiones políticas; reforzar la coordinación entre quienes hacen las políticas y quienes se benefician de ellas. 4. Reforzar la innovación agrícola: revisar todos los planes de innovación; profundizar en la mejora de la recopilación y divulgación de información; fortalecer aún más el sistema de derechos sobre la propiedad intelectual; un mejor uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) que proporcione servicios más inclusivos e integrales: fortalecer la educación en el campo. 5. Mayor integración a los mercados internacionales: Reforzar el sistema sanitario y fitosanitario para promover el aumento de la competitividad de las exportaciones”.

“El anterior es un ámbito de incidencia que se superpone al Plan Nacional de Desarrollo y a los acuerdos entre el Gobierno y las Farc...”.

Ver, “El censo agrario del 2015 hace el diagnóstico para implantar las reformas”, Bolivar, Allan, https://www.desdeabajo.info/colombia/27062-el-censo-agrario-del-2015-hace-el-diagnostico-para-implantar-las-reformas.html#itemCommentsAnchor

 



Adelantados a las leyes

“Las Zidres vienen a legalizar las ilegalidades, al permitir la concesión de predios baldíos a empresarios y el desarrollo de enormes proyectos agroindustriales, eliminando por la puerta de atrás la Unidad Agrícola Familiar (UAF) como tope para la acumulación de predios provenientes de reforma agraria.

El caso más sonado es el de las compras de tierras del ingenio vallecaucano Riopaila Castilla, que compró 35 mil hectáreas de tierras con antecedente de baldío en los departamentos de Meta y Vichada, en una operación en la cual crearon una empresa fachada para cada predio que quisieron comprar. [...] Por nuestras denuncias de las tierras de Riopaila, el entonces embajador de Colombia ante Estados Unidos y socio fundador de Brigard & Urrutia Carlos Urrutia, tuvo que renunciar a su cargo diplomático en el año 2013.

[...] También se denunció que la entonces Ministra de Educación María Fernanda Campo participó de un proyecto de producción de caucho en el Vichada, gerenciado por su exesposo y también Exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde. En este proyecto se desvirtúan claramente los propósitos de los predios baldíos.

No obstante sus evidentes conflictos de intereses, Lizarralde promovió como Ministro de Agricultura un proyecto de ley con las mismas pretensiones de las Zidres, al cual tuvo que ser retirado del Congreso por el propio gobierno nacional. A Lizarral de lo sucedió en el Ministerio de Agricultura Aurelio Iragorri Valencia. En un debate de control político, yo había denunciado el caso de Pablo Valencia, a quien le habían adjudicado ilegalmente un predio baldío en La Primavera, Vichada. Pablo resultó primo del nuevo Ministro Iragorri, así que éste tuvo que declararse impedido para todos los temas relacionados con baldíos, incluyendo la Ley Zidres.

Otro hecho cuestionable relacionado con los acaparadores de tierras es que, además de quedarse con predios que no debían, han sido subsidiados por el propio Estado para estos fines. A Sarmiento Angulo por ejemplo, el principal banquero del país, le entregaron créditos subsidiados de FINAGRO por $35 mil millones. Sarmiento había comprado 13 mil hectáreas con antecedente de baldío en Puerto Gaitán y Puerto López. El crédito público y subsidiado alcanzó también para multinacionales del agro como Mónica Semillas, que recibió recursos ilegalmente, ante lo cual la Superintendencia de Sociedades le ordenó devolver $2 mil millones, gracias a nuestras denuncias.

La Misma Mónica Semillas le había confesado mediante una carta al entonces Presidente Álvaro Uribe cómo había tenido que crear varias empresas para burlar el tope de la UAF y quedarse con las extensiones que requería para su proyecto productivo en el Meta. Uribe no presentó denuncia alguna, sino que se dedicó a promocionar la Altillanura para que grandes empresarios vinieran a invertir allí, aun contrariando la ley”.

Ver, “Lo ocurrido con los baldíos en Colombia también es corrupción,” Arias, Wilson, www.wilsonarias.com, https://twitter.com/wilsonariasc?lang=es

 

Publicado enEdición Nº232
¿Cuánto cobran los legisladores en América Latina?

El aumento del 47% en las dietas de los diputados y senadores argentinos pone en evidencia la disparidad regional en los salarios


La inflación del 40% con que Argentina cerrará 2016 no es un problema para sus diputados y senadores. En un momento en que el Gobierno se ha negado a discutir subas salariales con los sindicatos, los legisladores cobraron un 47% más por su trabajo en el mes de octubre. La subida se ha sumado a otra del 31% aplicada en marzo, producto de un acuerdo salarial de todos los empleados del Congreso. Esta vez, los legisladores no han tocado su salario básico sino que han hasta duplicado asignaciones extraordinarias como pasajes de avión, desarraigo y representación. Esa cifra que se acuerda por consenso entre pares ha permitido a los congresistas sumar unos 2.600 dólares a los 5.600 dólares del sueldo. El aumento se produjo este mes, para sorpresa de muchos legisladores. El diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola decidió denunciarlo por considerarlo moralmente repudiable. “El salario general ha caído un 10%, las jubilaciones 15%, vivimos una situación de recesión económica complicada, con 200 mil despidos y un tarifazo que ha dolarizado los servicios públicos. El contraste es obsceno, inmoral”, dice Pitrola.


Sumados el salario y los ingresos extras, un legislador argentino puede ganar hasta 8.200 dólares, equivalente a poco más de 15 salarios mínimos de 8.060 pesos (537 dólares). El salario mínimo fue fijado en mayo pasado y ya ha quedado 3.000 pesos por debajo de la canasta básica de alimentos que calcula el INDEC para medir el índice de pobreza. La última medición oficial difundida a finales de septiembre determinó que el 32% de los argentinos son pobres. Cálculos no oficiales realizados por la Universidad Católica Argentina (UCA) establecieron que desde enero 1,4 millones de personas pasaron el umbral y no ganan lo suficiente para comer. “El salario ya aumentó 31% en marzo y ahora, sobre eso, subieron 100% los gastos de representación, pasajes y desarraigo. Eso en un país donde la mitad gana menos de 8.000 pesos por mes”, se quejó Pitrola.


El presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV), el kirchnerista Héctor Recalde, dijo que el aumento de las dietas es una "forma de financiar la política". Y en declaraciones radiales fue irónico con los pares que se quejaron por los aumentos. “Deben donar el excedente al Garrahan", dijo, en referencia a un hospital público infantil que es referencia en todo el país. El salario de los diputados y senadores argentinos se convirtió enseguida en tema de debate porque el escenario económico no es el mejor. Crecen los reclamos salariales, la inflación no cede y la economía no termina de despegar. El lunes, el INDEC difundió el índice de actividad industrial con una caída interanual del 7,3%. El dato más desalentador lo tuvo la construcción, el principal motor de empleo, con una baja del 13,1%. Con todo, los salarios legislativos en Argentina no son tan altos si se los compara con otros países de la región.


Los diputados y senadores de Brasil lideran el listado con un sueldo de 10.500 dólares por mes, cifra que se triplica cuando se le suman los 25.000 dólares que recibe para gastos en vivienda, teléfono y seguro médico. Tienen además cinco vuelos mensuales y 28.000 dólares para pagar hasta 25 asesores. En Brasil, el salario mínimo es de 250 dólares. El segundo escalón de legisladores más ricos lo ocupan los chilenos, con salarios de 10.200 dólares libres de impuestos. Como ocurre en Brasil y Argentina, esa suma sube considerablemente cuando se le agregan los gastos en oficinas parlamentarias en los distritos, teléfonos, autos, gasolina, aéreos y materiales de oficina y difusión que corren por cuenta del Congreso. El podio lo completan los congresistas colombianos, con 9.400 dólares por mes sin contar ingresos extras. El salario mínimo colombiano es de 234 dólares. Un poco más abajo se encuentra México, con un salario en el bolsillo de 7.000 dólares, cifra que puede ascender hasta los 15.000 dólares cuando se le añaden todas las prestaciones extraordinarias. El salario mínimo de los mexicanos es uno de los más bajos de la región: 100 dólares.


Desde el techo de Brasil, Chile, Colombia y México se pasa al grupo de países cuyos legisladores reciben salarios en torno a los 5.000 dólares, como Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú, aunque los montos extras no son siempre comparables. Un diputado ecuatoriano que no viva en la capital, por ejemplo, recibe un bono de 700 dólares para pagar una vivienda y 4 pasajes de avión. Pero los peruanos y los argentinos hasta duplican su ingreso original cuando suman toda la dieta. Debajo de la lista están Panamá, El Salvador y Bolivia.


En todo caso, la comparación deja al descubierto la diferencia entre los salarios legislativos y los ingresos mínimos que establece la ley en cada país.“Las comparaciones con otros reflejan el mismo nivel de desigualdad que hay en Argentina. Nosotros decimes que un legislador debe cobrar cuatro salarios mínimos y si quiere cobrar más que suba ese salario mínimo”, dice Pitrola.

 

Buenos Aires 1 NOV 2016 - 13:32 COT

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“Está muy contenta, pero habla mucho de los prisioneros que ha dejado atrás en la cárcel”, dijo su padre.
Un tribunal militar, el único estrado judicial con competencia en los territorios ocupados, había pedido que la niña fuera acusada bajo los cargos de “tentativa de homicidio con premeditación y posesión de un cuchillo”.

 

 

Una niña de 12 años, la palestina más joven que Israel haya encarcelado jamás, según su abogado, fue puesta en libertad luego de haber sido condenada a una pena de cárcel por querer atacar a israelíes. Tras dos meses de prisión, Dima al Wawi dejó su encierro en Israel y fue llevada a un punto de control en Tulkarem, al norte de la Cisjordania ocupada, donde se reunió con sus padres. Con semblante serio, la niña fue recibida junto a sus familiares en la gobernación de Tulkarem, donde responsables palestinos denunciaron la situación de los prisioneros palestinos en Israel.

 

Originaria de Halhul, cerca de Hebrón, al sur de Cisjordania, la menor fue detenida el 9 de febrero, cuando los ataques con cuchillo de palestinos, a menudo perpetrados por jóvenes y, en ocasiones, chicas, eran casi diarios.

 

Un video de su arresto la mostraba ataviada con el uniforme escolar, acercándose a una colonia israelí en Cisjordania. Fue interrogada por un guardia de seguridad armado, en la entrada a la colonia, antes de que un colono, vestido de civil, tomara el cuchillo que llevaba la niña y la mantuviera en el suelo, hasta que fue detenida por los soldados israelíes.

 

Un tribunal militar, el único estrado judicial con competencia en los territorios ocupados, pidió que la niña fuera acusada bajo los cargos de “tentativa de homicidio con premeditación y posesión de un cuchillo” y la condenó finalmente a cuatro meses y medio de cárcel, más un mes y medio de prisión condicional, y a pagar una multa de 8000 shekels, unos 1900 euros.

 

El 11 de abril, el abogado de Al Wawi, Tariq Barghouth, anunció que la solicitud para que la niña fuera puesta en libertad anticipada había sido aceptada. La ley israelí autoriza a la justicia militar a juzgar a niños de más de 12 años, un hecho insólito en el mundo, según Unicef. El letrado de la niña criticó al tribunal militar por haber enviado a la niña a la cárcel en lugar de ofrecerle tratamiento para los presuntos problemas de conducta que un asistente social israelí hizo constar durante la vista.

 

“Está muy contenta, pero habla mucho de los prisioneros que ha dejado atrás en la cárcel”, manifestó el padre de la niña, luego de una campaña para exigir su libertad.

 

Sus familiares denunciaron que la menor fue internada con presos palestinos adultos y que su madre sólo pudo visitarla por primera vez el 28 de marzo, durante un lapso corto, de 45 minutos, y sin que hubiera contacto físico entre ambas.

 

Un vocero del Servicio Penitenciario israelí admitió ayer que el número de menores palestinos recluidos en cárceles israelíes había aumentado notablemente desde el estallido de la nueva ola de violencia en la región, que se desató en octubre, y confirmó así una información publicada por el diario Haaretz. Durante este estallido de violencia murieron 28 israelíes y 201 palestinos, en su mayoría considerados atacantes.

 

El número de palestinos de entre 14 y 16 años de edad encarcelados en Israel se multiplicó en más de 3, al pasar de 27 en septiembre a 98 en febrero. La cifra de menores de entre 16 y 18 años también aumentó drásticamente, y pasó de 143 a 324. Entre los adolescentes presos en Israel, incluso, hay cinco menores de 14 años.

 

Organizaciones defensoras de los derechos humanos critican el encarcelamiento de menores en Israel, que acusa a dirigentes palestinos de incitar a los jóvenes a la violencia y asegura que entre los palestinos que atacaron con cuchillos a israelíes en los últimos seis meses, había niños de solo 11 años, algo que los palestinos y los organismos de derechos humanos consideran aberrante.


 

Cuba debate

 

 

Cárceles israelíes acogen a unos 438 menores palestinos, algunos de ellos sin cargos

 

 

Según el Servicio Penitenciario de Israel, el número de menores palestinos en prisión por presuntos delitos relacionados con la seguridad ha aumentado de 170 que existían en septiembre hasta 438 registrados en febrero de este año.

 

Según el diario israelí Haaretz, el 54 por ciento de los detenidos (238) permanecerá en prisión hasta la edad de ser procesados, sin mencionar que siete de ellos fueron encarcelados sin imputársele ningún cargo, incluso uno que no llega aún a los 16 años.

 

Los grupos en defensa de los Derechos Humanos de la región aseguran que mantener encerrados a menores viola sus derechos y aumenta las posibilidades de que incurran en violencia o en alguna actividad terrorista.

 

Aunque en septiembre “no había ningún menor de 14 en prisión”, ya en febrero estaban cinco, incluida una niña, de 12 años, que será liberada -al parecer- este mismo domingo tras dos meses y medio encerrada.

 

El encarcelamiento de grupos de jóvenes entre los 16 y los 18 años aumentó su presencia en los centros penitenciarios israelíes, pasando de 143 hasta 324.


Los menores con edades entre 14 y 16 años pasaron de 27 niños en prisión a 98.

 


Las niñas también son encarceladas.

 

Las cifras detalladas por el Servicio de Penitenciaría israelí revela que en septiembre sólo había una niña en prisión, y que en febrero subió a 12, seis de ellas detenidas hasta que alcancen la edad para ser procesadas. Todas se encuentran en la prisión de Hasharon, reseña Europapress.

 

La mayor parte de los menores en prisión no están vinculados con ninguna organización terrorista. Unos 18 declararon pertenecer a la Organización de Liberación Palestina (OLP).

 

El coordinador de datos de la ONG B’Tselem, Itamar Barak, ha criticado duramente la política de Tel Aviv (segunda mayor ciudad de Israel) por encarcelar a menores de edad. “Es un sistema opresor que se basa únicamente en el encarcelamiento”, aseguró en declaraciones a Haaretz. “No hay ningún intento de ofrecer alternativas a la cárcel”, añadió.

 

“Qué aprende de la vida, del mundo y del conflicto israelo-palestino un niño de 14 ó 16 años que pasa un año en la cárcel. Lo único que hace es devolverlo a un ciclo de violencia”, advirtió el especialista.

 

Por su parte, la Asociación de Derechos Civiles de Israel, opina que “esta preocupante práctica (arresto de menores) va en contra de los principios de la Convención de Naciones Unidas por los Derechos del Niño y viola las instrucciones y los principios de la Ley israelí”.

 

 
Más ocupaciones ilegales de Israel.

 

Activistas israelíes denunciaron el pasado 14 de abril que el Gobierno de Benjamín Netanyahu aprobó la construcción de más de 250 viviendas ilegales en colonias aisladas de Cisjordania.

 

El portavoz de la ONG La Paz Ahora, informó que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el titular de Defensa, Moshe Yaalon, solicitaron el mes pasado a la administración civil israelí en Cisjordania que autorice por lo menos 250 nuevos alojamientos.

 

Según el derecho internacional, la construcción de viviendas civiles israelíes dentro de territorios ocupados o anexionados es ilegal. En 1967, el Gobierno sionista ocupó de manera ilegal Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, territorios que los palestinos aún reclaman.

 

(Tomado de Telesur)

 

 

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Lunes, 25 Abril 2016 06:14

“La salud por encima del delito”

“La salud por encima del delito”
En Portugal se aplica desde 2000 un enfoque sobre políticas de drogas, luego de la descriminalización del consumo. Queiroz señaló que bajó el consumo y se documentaron mejoras en la salud de los usuarios de drogas. El modelo es criticado por “medicalizador”.

 

 


Un ejemplo de tratar el consumo de drogas como un tema de salud pública es Portugal, que en el año 2000 descriminalizó –que no es lo mismo que legalizar el consumo de todas las drogas– y desarrolló un abanico de servicios de salud, sociales, y de reducción de daños, con buenos resultados. El consumo de sustancias ilícitas no aumentó como algunos temían, y se han documentado mejoras significativas en la salud de las y los usuarios de drogas. No obstante, hay voces que critican este modelo por su enfoque “excesivamente medicalizador” del problema. En una entrevista con Página/12, José Queiroz, director ejecutivo de la ONG portuguesa APDES, que trabaja desde una perspectiva de derechos humanos con programas de reducción de daños en drogas, analizó los alcances del cambio de paradigma, que rompió con la histórica criminalización de los consumidores, y detalló sus fortalezas y debilidades.

 

Queiroz conversó con este diario, en su último día en Nueva York, donde viajó para participar de los debates en torno a la sesión especial de la Asamblea General de la ONU en la que se discutió el futuro de las políticas sobre drogas a nivel mundial.

 

–¿En qué consiste la descriminalización del consumo de drogas?

 

–El modelo portugués puso la salud por encima del delito. Hay un intento de distinguir el uso del tráfico. Por lo tanto, se estableció una lista de sustancias con una cuantificación precisa de la cantidad que una persona puede poseer para un solo uso. Esto significa que esa persona puede ser o será objeto de una sanción administrativa. Para hacerlo, Portugal creó las Comisiones de Disuasión que sustituyeron a los tribunales en el abordaje del problema. Tienen la función de orientación y asesoramiento de las personas que fueron señaladas por las fuerzas policiales. El aspecto interesante de estas comisiones es que están bajo el paraguas del Ministerio de Salud, lo que da la oportunidad de poner a los usuarios en contacto con profesionales de la salud.

 

–¿Cómo se llegó a esa decisión?

 

–En pocas palabras, a causa de los fenómenos de hacinamiento de las prisiones durante los años 80, por la detención de usuarios de drogas, y el brote de VIH vinculado a drogas inyectables, algunos decisores políticos empezaron a darse cuenta de que debían hacer algo diferente frente al problema. La penalización del consumo de las sustancias ilícitas se orientaba principalmente a la población más pobre de nuestra sociedad, que era la que estaba siendo detenida y encerrada en las cárceles. En aquellos días, la heroína era la droga principal, seguida del “crack”. Así, José Sócrates, un joven secretario de Estado, más tarde Primer Ministro de Portugal, propuso la creación de un Comité de Sabios para estudiar un modelo legal innovador, que estuvo integrado por jueces, médicos, psicólogos, investigadores y dirigido por un profesor de Física llamado Alexandre Quintanilha. Joao Goulao, actual coordinador nacional de los Servicios de Drogas fue también parte de ese cuerpo. Propusieron y pusieron en práctica una estrategia participativa, abrieron el debate en las comunidades locales. Ese proceso participativo fue uno de los pilares fuertes de la aplicación de la nueva ley. Algunas voces de preocupación, que se oponían, sostenían que Portugal se convertiría en el nuevo paraíso de drogas y en consecuencia el número de usuarios aumentaría dramáticamente. Nada de eso ocurrió.

 

–¿Cuáles son los ejes de la política, más allá de la descriminalización del consumo?

 

–Junto a las Comisiones de Disuasión, el modelo portugués propone otros cuatro pilares: prevención, reducción de daños, el tratamiento y la reinserción. La idea principal es establecer un amplio paquete de servicios integrados basados en un paradigma con enfoque en la salud pública. Los profesionales de la salud comenzaron a desempeñar un papel importante reemplazando de alguna manera a los actores tradicionales como los agentes de policía, los jueces y abogados.

 

–¿Qué resultados han obtenido en estos años?

 

–Ahora nuestro modelo fue revisado, en virtud de un proceso de evaluación. Hay algunos resultados interesantes. En primer lugar, y desde un punto de vista simbólico, el modelo de despenalización introdujo la “moral de la libertad” para la utilización de drogas, sin ser penalizado por ello. En segundo lugar, desde una perspectiva social, podemos decir que el estigma en relación con los usuarios de drogas ha disminuido significativamente desde la aplicación de la ley. En tercer lugar y desde un enfoque de salud pública, hay resultados eficaces, como por ejemplo la disminución de las infecciones por VIH en personas que usan drogas. En 2000, los usuarios eran 1591, que es un gran contraste con los 43 registrados en 2014.

 

–¿Cómo impactó en esta política la crisis económica de los últimos años?

 

–Vimos recortes presupuestarios significativos sobre salud, educación y protección social. Por ejemplo, los servicios de reducción del daño, ejecutados por organizaciones de la sociedad civil, han sufrido una gran inestabilidad en estos años a causa de la falta de fondos. Lo que derivó en una situación precaria, compensada por el trabajo de los profesionales que han seguido desempeñándose en forma voluntaria durante un largo período de meses. Siguieron trabajando porque habían establecido una relación con los usuarios y no querían fallarles, porque creían en lo que hacían, y en especial en los principios de la reducción de daños: Humanismo, pragmatismo y actitud sin prejuicios. Sabían que eran el único vínculo que conecta con la sociedad a los usuarios de drogas, aquellos que no se han integrado en el sistema de salud. También vemos leyes que se están destruyendo lentamente como por ejemplo el Programa de VidaEmpleo, muy potente para integrar a los consumidores de drogas en el mercado laboral.

 

–¿Qué estrategias de reducción de daños han implementado?

 

–La reducción de daños ha sido uno de los más poderosos instrumentos utilizados para implementar el modelo portugués de descriminalización. Portugal tiene una ley específica que regula los servicios de reducción de daños, que estableció un sistema eficaz e integrado a lo largo del país. Para eso el Estado celebra convenio con la ONG de cada comunidad. Tenemos intercambio de jeringas, programas de metadona, educación entre pares en las prisiones, los equipos de reducción de daños en fiestas y testeo de drogas. No promovemos el uso de drogas, pero reconocemos que las personas consumen drogas y por lo tanto tienen el derecho a acceder a toda la información adecuada.

 

–¿Cuáles son los aspectos más positivos y los puntos débiles del modelo?

 

–El punto fuerte: el cambio desde una perspectiva de justicia que criminalizaba y encarcelaba a las personas hacia un enfoque de salud pública que trata a quien usa drogas ya no como un delincuente. Su punto débil es una excesiva medicalización del consumidor de drogas. Sabemos de hecho que un gran espectro de la población no tiene un uso problemático de drogas. Los servicios de salud tienden a crear una actitud paternalista sobre la persona que usa drogas. No vemos una verdadera potenciación de los usuarios; por lo tanto, no tienen tantas oportunidades de actuar como ciudadanos. Hay una exclusión efectiva de los consumidores de drogas del proceso de elaboración de políticas. En Portugal las ONG reclaman un nuevo modelo basado en la ciudadanía que podría reemplazar sin problemas el enfoque con eje en la salud pública. Es hora de una nueva concepción de nuestro modelo. Necesitamos presionar una vez más los límites de las convenciones internacionales que se basan en prohibicionismo.

 

 

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Difícil panorama para los latinos en EU en cuanto a acceso a servicios de salud

Casi la mitad de los migrantes latinoamericanos no tienen documentos para su estancia regular en Estados Unidos. Por esta condición son un grupo muy vulnerable, especialmente en cuanto a la atención de la salud física y mental.


Lo anterior se concluye en una investigación elaborada por especialistas del Consejo Nacional de Población (Conapo), de la Secretaría de Gobernación, y académicos de universidades de California involucrados en la Iniciativa de Salud de las Américas.


Las personas que carecen de seguro médico (migrantes en condición irregular), señala el estudio, tienen mayor prevalencia de diabetes. También se identificó que 14 por ciento de los latinoos se ha sentido afectados en su vida diaria con algún sentimiento desesperanzador o trastornos como estrés, ansiedad, falta de concentración e ideas negativas sobre sí mismos. La proporción es mayor entre quienes tienen 10 años o más radicando en aquel país.


La numeralia, derivada del estudio en mención, muestra lo siguiente: entre 2010 y 2014, el promedio anual de población que nació en Latinoamérica y radicaba en Estados Unidos era de 17.5 millones de personas. De éstos, se estima que 8.5 millones no tenían documentos.


Una proporción casi idéntica (8.4 millones) carecía de cobertura médica. De las personas en esta situación, 3.3 millones se hallaban en condición de pobreza; 1.9 millones fueron diagnosticados con diabetes mellitus y un millón trabajaban en actividades de la construcción.


De los 17.5 millones de latinos que viven en Estados Unidos, el grupo mayoritario es el de los mexicanos, con 11.8 millones de personas; en conjunto, le siguen los centroamericanos (3.1 millones) y los sudamericanos (2.5 millones).


La población latinoamericana que vive en Estados Unidos está constituida principalmente por personas en edad de trabajar, y en menor porcentaje por niños, adolescentes y adultos mayores.


El primer grupo, en su mayoría, se ubica en un nivel educativo básico, pues siete millones de inmigrantes mayores de 25 años tenían menos de 12 grados de estudios.


Se estima que 8.5 millones de migrantes no tenían documentos. Las personas con pocos años de escolaridad y con estado migratorio no autorizado cuentan con pocas opciones de empleo. A lo anterior se suma que una tercera parte, 5.5 millones, se encuentran en condición de pobreza, se indica en el estudio Migración y salud; perfil de los latinoamericanos en Estados Unidos, difundido esta semana por el Conapo.


Si bien en el cuatrienio señalado se ha reducido 18 por ciento el número de personas que no cuentan con acceso regular a atención médica, hasta ahora cuatro de cada 10 menores hasta de 16 años no tienen cuidados de salud; lo mismo pasa con cinco de cada 10 personas en edad laboral y uno de cada 10 en edad avanzada.


Los principales retos en la materia, señalan los autores del estudio, son la atención a la diabetes y obesidad; salud mental y envejecimiento. En este último punto (personas de 64 años o más) la situación podría perfilar un escenario complejo en los próximos años, sobre todo para los mexicanos.


Pese al escenario anterior, hay algunos avances como la puesta en marcha de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de la Salud Asequible, así como la Semana Binacional de Salud, para atender el tema sin importar el estatus migratorio.

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