Los programas de espionaje masivo de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) y la ofensiva del Gobierno de Barack Obama para evitar cualquier filtración interna están socavando la libertad de prensa y el derecho a la asistencia letrada en Estados Unidos. Esta es la contundente conclusión de un informe, difundido este lunes, por las organizaciones Human Rights Watch y American Civil Liberties Union.


"Las fuentes están menos dispuestas a hablar con la prensa y se está ralentizando la cobertura informativa", lamentó en el acto de presentación Alex Sinha, el autor del documento, basado en 90 entrevistas a periodistas, abogados y cargos gubernamentales en el último año. "Si EE UU fracasa en abordar estas preocupaciones con rapidez y eficacia, podría causar un serio y duradero daño a la democracia en el país".
La presión oficial está forzando a periodistas y fuentes a rescatar formas de comunicación del pasado u optar por técnicas similares a las que usan los criminales, como hablar mediante cabinas telefónicas, usar teléfonos móviles desechables o mantener encuentros en persona sin ningún teléfono móvil. Todo ello para evitar que las comunicaciones puedan ser analizadas por la Administración y ante el creciente temor que ese rastro digital pueda ser usado en su contra.


El Gobierno de Obama, deploró Sinha, ha acusado en los tribunales a más fuentes informativas que todos los otros gobiernos estadounidenses juntos. Desde que llegó a la Casa Blanca en 2009, el presidente demócrata ha sido más agresivo que sus predecesores en silenciar filtraciones de asuntos de seguridad: su administración ha llevado a ocho personas a los tribunales, no ha tenido reparos en espiar directamente a periodistas -como hizo en 2012 con reporteros de la agencia Associated Press- y, desde que el exanalista Edward Snowden destapó hace un año la recolección masiva de datos por parte de la NSA, ha redoblado sus esfuerzos en detectar "amenazas internas" de empleados gubernamentales que podrían filtrar información confidencial

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"Estados Unidos se presenta como un modelo de libertad y democracia, pero sus programas de espionaje están amenazando los valores que dice representar", subrayó el investigador. "El Gobierno tiene la obligación de defender la seguridad nacional, pero muchos de sus programas de vigilancia van más allá de lo que podría ser justificado como necesario y proporcionado".


En el terreno judicial, el informe alerta de que el escrutinio masivo ha puesto en duda la capacidad de los letrados de cumplir con su responsabilidad de garantizar la confidencialidad de la información de sus clientes. "Los abogados tienen mayores dificultades en conseguir que sus clientes confíen en ellos o en resguardar su estrategia legal", apunta.

El documento reclama a la Casa Blanca y al Congreso que limite el alcance de los programas de vigilancia, reduzca su secretismo y conceda mayor protección a los filtradores. En enero Obama anunció una reforma de la NSA que elimina progresivamente el programa de almacenamiento masivo de datos telefónicos y prohíbe la vigilancia de las comunicaciones de los jefes de Estado y de Gobierno de países amigos y aliados. En mayo la Cámara de Representantes aprobó una ley en ese sentido y la norma se está debatiendo ahora en el Senado.

Preguntado sobre si Obama es el principal culpable de la pérdida de libertad de prensa en EE UU, Sinha afirmó que el mandatario "tiene el poder" de hacer mucho más para acotar la presión contra los informantes y sus fuentes. Y comparando su actuación con la de sus predecesores, le disculpó en parte al enfatizar que Obama tiene acceso a un profundo abanico de información confidencial de la que carecían los anteriores presidentes, pero denunció que ha incumplido la promesa de ser la administración más transparente de la historia.


El diagnóstico de Human Rights Watch y American Civil Liberties Union coincide con el que hizo en mayo la organización Freedom House en su informe anual sobre libertad de prensa en el mundo. EE UU se mantuvo en la parte alta de la clasificación pero empeoró tres puntos por el mantenimiento de la "limitada voluntad" de alto cargos del Gobierno de proporcionar información a la prensa, alegando en ocasiones motivos de seguridad; el hecho de que los periodistas que cubren asuntos de seguridad afrontaron los "esfuerzos continuos de la justicia federal de forzarlos a testificar o entregar materiales que revelan fuentes"; y finalmente que se cuestionara la protección a la libertad de información tras las revelaciones de Snowden.

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EEUU hace una ley de Prensa para negar libertad de expresión a Wikileaks

 

La Primera Enmienda de la Constitución de EEUU dispone que "el Congreso no hará ley ninguna (...) que limite la libertad de expresión o de la Prensa". Pues bien, el Comité de Justicia del Senado estadounidense acaba de aprobar un proyecto de ley que hace exactamente eso, legislando inconstitucionalmente... con el único fin de amordazar a Wikileaks y negar a su creador, Julian Assange, los derechos que corresponden a todo periodista.

 

Precisamente, la argucia jurídica para violar la Constitución dentro de la ley consiste en diseñar la legislación con la pretendida función de dar protección federal al trabajo periodístico, pero emplearla en la práctica para definir quiénes son periodistas, de forma que queden excluidos los que Washington quiera clasificar como enemigos: los terroristas, los espías y agentes de potencias extranjeras... y Assange.

 

Mientras el borrador legislativo define como "periodistas cubiertos" –por el derecho a informar y a proteger sus fuentes de información– a los empleados o colaboradores de medios de comunicación y a los estudiantes de periodismo, su redactado excluye específicamente a "toda persona o entidad (...) cuya función principal, demostrada por la totalidad del trabajo de dicha persona o entidad, sea la de publicar documentos de fuentes originales que hayan sido reveladas sin autorización a dicha persona o entidad".

 

Esa disposición, que debería ser llamada la "cláusula Assange", según The Atlantic Wire, fue agregada sobre el texto inicial después de que el comité del Senado se pasara la mayor parte del verano debatiendo cómo evitar que las filtraciones de Wikileaks estuvieran amparadas por la libertad de información; intención proclamada por la senadora Dianne Fenstein y su colega Dick Durbin.

 

Pero otro de los senadores promotores de la ley, Chuck Schumer, objetó algo evidente: los blogueros y otros reporteros independientes quedarían excluidos de tan estricta definición de lo que es un periodista, ya que su articulado original incluso precisaba que sólo estarían protegidos los informadores empleados o contratados por un medio al menos tres meses en los últimos dos años, así como únicamente los freelance con una larga y probada trayectoria profesional.

 

Así que los senadores enmendaron el texto para redefinir a un periodista como alguien empleado o contratado por un medio durante al menos un año de los últimos 20, o durante tres meses de los últimos cinco años. ¿Y qué pasa con los blogueros y otros independientes? Pues que será un juez federal el que decidirá si se les puede considerar periodistas o no, y si su labor periodística está de acuerdo o no con la ley.

 

"Fuimos muy cuidadosos en este proyecto de ley para distinguir a los periodistas de aquellos que no deben tener protección, como Wikileaks y todos esos, y nos hemos asegurado de que sea así", subrayó Schumer.

 

Por consiguiente, serán los magistrados quienes, caso por caso, decidirán si se va a aplicar, o no, a determinado individuo una Primera Enmienda que fue concebida para hacer universal la protección del derecho a la libertad de expresión. ¡Diabólica estratagema para violar el espíritu de la Constitución fingiendo que se cumple la Ley!

 

Todas estas maniobras legislativas se producían mientras Assange presentaba ante el fiscal federal de Alemania sendas demandas contra EEUU por "interferencia ilícita" de Washington contra sus actividades periodísticas desde territorio alemán. Una, por haber utilizado los resultados de las operaciones ilícitas del espionaje estadounidense dentro de Alemania en 2009 para incriminar a la soldado Chelsea (antes Bradley) Manning y conseguir que fuera condenada a 35 años de prisión por filtrar a Wikileaks pruebas de crímenes de guerra de EEUU... que siguen impunes.

 

La otra demanda es reveladora de esa perversión de la Justicia que practica la Casa Blanca, al espiar y perseguir a todo el que se atreva a denunciar los abusos de EEUU.

 

El 27 de septiembre de 2010, Assange fue detenido al llegar al aeropuerto berlinés de Tegel, procedente de Suecia, y se le incautaron varios dispositivos electrónicos con pruebas de un crimen de guerra perpetrado por las fuerzas de EEUU en Afganistán, conocido como "la masacre de Granai", que en mayo del 2009 se cobró la vida de cerca de un centenar de civiles, en su mayoría mujeres y niños.

 

Claramente, la Policía alemana colaboró con Washington para que esa atrocidad pudiera permanecer impune, mientras que el que trataba de denunciarla lleva más de mil días sometido a arresto judicial sin cargos ni proceso, de los que más de 450 ha pasado recluido en la embajada de Ecuador en Londres. ¿Se atreverán los que le persiguen a comparar los supuestos delitos sexuales que le quieren imputar en Suecia (sin que haya mediado denuncia de las presuntas afectadas) con esas matanzas de mujeres y niños que hasta el día de hoy ellos mismos han conseguido que sigan impunes?

 

Como dice Assange, "ha llegado el momento de que cada uno se levante para poner fin a la guerra de Obama contra el periodismo, tanto en su país como en el extranjero".

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Hammond, Manning, Assange y el martillo de hierro de Obama contra la disidencia

Esta semana concluyó el juicio federal contra un activista cibernético y el de otro está por comenzar. Aunque los acusados de estos juicios son dos jóvenes, Jeremy Hammond y Bradley Manning, lo que debería ser juzgado es la creciente amenaza del secretismo con el que actúan el gobierno y las grandes corporaciones.

 

Hammond se enfrentaba a más de treinta años de cárcel acusado de cargos por hackear el sistema informático de una compañía privada de seguridad e inteligencia llamada Strategic Forecasting, o Stratfor, pero aceptó declararse culpable de un cargo de hackeo informático a cambio de una reducción de pena. Según explica su propio sitio web, Stratfor se dedica a "inteligencia geopolítica, previsiones económicas, políticas y militares". Sin embargo, luego de que Hammond y otros filtraran cinco millones de correos electrónicos de los servidores de Stratfor a WikiLeaks, se tornó evidente que la compañía se dedica ampliamente al espionaje de activistas a solicitud del sector empresarial. Coca-Cola contrató a Stratfor para espiar al grupo PETA, Personas por el Trato Ético de los Animales. Dow Chemical contrató a Stratfor para espiar a los activistas que dejaron al descubierto la participación de Dow en el desastre químico de Bhopal, India, en 1984, que se estima tuvo un saldo de ocho mil muertos y miles de heridos.

 

Está previsto que el 6 de septiembre se pronuncie la sentencia de Hammond, que se enfrenta ahora a una pena de hasta 10 años de prisión. Sus abogados solicitaron que se contemple el tiempo de reclusión que ya ha cumplido, 15 meses, algunos de los cuales fueron en aislamiento.

 

Por otra parte, a Bradley Manning le llegará finalmente su turno ante el tribunal militar de Fort Meade, Maryland. Afronta varios cargos vinculados a la mayor filtración de información clasificada de la historia de Estados Unidos. Manning se declaró culpable de hacer mal uso de la información y admitió haber transferido cientos de miles de documentos al sitio web WikiLeaks. Sin embargo, niega el más grave de los cargos, que aún se encuentra pendiente, el de "colaborar con el enemigo". Los fiscales piden cadena perpetua, sin embargo, de ser declarado culpable, el juez podría determinar para Manning la pena de muerte.

 

Los juicios contra Bradley Manning y Jeremy Hammond figuran entre las más notorias de una serie de causas que el gobierno de Obama ha abierto contra informantes y periodistas. El abogado Michael Ratner, presidente emérito del Centro para los Derechos Constitucionales y abogado de WikiLeaks y su fundador, Julian Assange, dijo en la puerta del tribunal tras la comparecencia de Hammond: "Esto es consecuencia del martillo de hierro con el que el gobierno está golpeando a la gente que deja al descubierto los secretos de las corporaciones y del gobierno, en realidad, los secretos de un imperio".

 

Bradley Manning explicó sus acciones y sus motivos en detalladas declaraciones que prestó durante las audiencias previas al juicio. Hay que escuchar con atención porque sus palabras fueron grabadas clandestinamente durante una audiencia: "Pensé que si el público en general, en particular la población estadounidense, tenía acceso a la información que contenían los cables, esto podría provocar un debate a nivel nacional acerca del papel de las fuerzas armadas y de nuestra política exterior en general". La primera publicación efectuada por WikiLeaks del material proporcionado por Manning fue el video que WikiLeaks tituló "Asesinato Colateral". La borrosa grabación, filmada desde un helicóptero de combate, muestra el asesinato de 12 hombres en tierra en Bagdad el 12 de julio de 2007. Dos de los asesinados desde el helicóptero de combate Apache de Estados Unidos eran empleados de la cadena de noticias Reuters, el camarógrafo Namir Noor-Eldeen, de 22 años de edad, y su chofer, Saeed Chmagh, padre de cuatro hijos.

 

Tras la muerte violenta y sin motivo de sus empleados, Reuters pidió explicaciones e invocando la Ley de Libertad de Información solicitó material relativo al ataque, todo lo cual le fue denegado. Manning vio el video mientras se encontraba posicionado en Irak e investigó las circunstancias en que tuvo lugar el ataque. Guardó el archivo de video. Según explicó ante el tribunal: "planeaba entregarlo en las oficinas de Reuters en Londres para ayudarlos a prevenir sucesos como ese en el futuro", dijo.

 

Hammond y Manning se enfrentan a años de prisión y tienen en común su vinculación con WikiLeaks y su fundador, Julian Assange. Assange se encuentra requerido en Suecia para ser interrogado en relación a acusaciones por delitos sexuales, aunque no se han presentado cargos en su contra. Luego de perder su batalla contra la extradición a Suecia por parte de Inglaterra, el gobierno de Ecuador le otorgó asilo político y ha permanecido en la embajada de Ecuador en Londres desde junio pasado. En uno de los correos electrónicos filtrados de Stratfor se hace referencia a la existencia de una imputación formal secreta de Estados Unidos contra Assange: "No publicar. Tenemos una acusación sellada contra Assange. Favor de proteger".

 

Todo esto sucede en medio de crecientes revelaciones acerca de la extraordinaria intrusión por parte del gobierno de Obama en la privacidad de periodistas y el derecho de proteger a sus fuentes. La agencia de noticias Associated Press reveló que el Departamento de Justicia obtuvo confidencialmente dos meses de registros telefónicos de sus periodistas y editores responsables en el marco de un intento por descubrir la fuente de una filtración relativa a una conspiración para un atentado fallido. El corresponsal en jefe para Washington de Fox News, James Rosen, podría ser acusado de formar parte de una conspiración delictiva por presuntamente haber recibido de manos de una fuente información clasificada referente a Corea del Norte.

 

El Presidente Barack Obama y el Fiscal General Eric Holder utilizaron la Ley de Espionaje para acusar a informantes en seis oportunidades, más que todos los presidentes anteriores juntos. El ataque de Obama al periodismo y su implacable lucha contra los informantes representan una seria amenaza a los principios democráticos fundamentales sobre los que se fundó este país.

 

La tarea del periodismo es hacer que quienes detentan el poder rindan cuentas de sus actos. Nuestra tarea es ser el cuarto poder, no es estar al servicio del poder. Déjennos ser.

 

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

 

© 2013 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 750 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 400 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

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Ecuador desafía a Reino Unido y a EE UU al dar asilo a Julian Assange
El Gobierno ecuatoriano concedió este jueves “asilo diplomático”, es decir, acogida y protección a una persona por motivos políticos en una misión diplomática, al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Esta decisión, que fue desvelada en una conferencia de prensa en Quito por el canciller (titular de Asuntos Exteriores) ecuatoriano, Ricardo Patiño, supone un desafío político y jurídico a Reino Unido y Estados Unidos y augura el inicio de una larga crisis diplomática entre los países implicados que puede extenderse a diversos organismos internacionales.

Patiño, detalló en su conferencia de prensa en Quito los 11 motivos por los que su Gobierno ha aceptado la petición del exhacker australiano, que lleva casi dos meses refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Ecuador considera básicamente que Julian Assange puede ser víctima de una persecución política por su trabajo como activista de la “libertad de expresión”.

“No han sido ni el Reino Unido ni mi propio país, Australia, los que han permanecido firmes para protegerme de esta persecución, sino una nación latinoamericana valiente e independiente”, manifestó el propio Assange en unas declaraciones realizadas desde su refugio en la Embajada ecuatoriana de Londres, donde siguió en directo y muy emocionado la rueda de prensa en Quito que anunció la concesión del estatus de asilado político para el fundador de Wikileaks. “Hoy hemos asistido a una victoria histórica”, declaró el australiano, “pero nuestra lucha solo acaba de empezar”.

Por su parte, el Gobierno británico se ha declarado “decepcionado” por la decisión del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aunque ya la conocía, al menos la víspera, cuando el diario The Guardian pudo confirmarlo con fuentes de la Administración ecuatoriana. Una prueba de la profunda decepción de Londres se refiere a un gesto tan alejado de la proverbial sutileza de la diplomacia británica como amenazar a Ecuador, horas antes del anuncio de la concesión de asilo político, con despojar a su Embajada de la inmunidad que le confiere la Convención de Ginebra de 1961, bajo el argumento de que esa protección no debe amparar a personas acusadas de “delitos comunes”.

“No vamos a permitir que el señor Assange obtenga un salvoconducto seguro para abandonar Reino Unido, ni tampoco existe ninguna base legal para ello”, subrayó el secretario del Foreign Office, William Hague, quien ejerce asimismo de primer ministro en funciones ya que el jefe del Ejecutivo, David Cameron, se encuentra estos días de vacaciones en la isla de Mallorca mientras su número dos en el Gobierno, el liberaldemócrata Nick Clegg, también se halla en España, en concreto, en la localidad vallisoletana de Olmedo.

El titular de Asuntos Exteriores británico considera que los derechos del exhacker australiano están totalmente garantizados por la ley europea en materia de extradición, que protege las condiciones seguras de su traslado a Suecia para ser interrogado sobre cuatro supuestos delitos por abusos sexuales y violación. Hague auguró que la resolución del caso llevará “una cantidad de tiempo considerable” y ofreció al Gobierno de Correa una “solución negociada” y en “términos amigables”.

No obstante, Hague no especificó esos términos mientras aparecen dudas para los expertos en legislación internacional sobre la resolución del caso, habida cuenta de la posición en la que se ha enrocado Londres. Semanas atrás, las autoridades de Ecuador revelaron que habían ofrecido a la justicia sueca la posibilidad de interrogar a Julian Assange por videoconferencia, porque al fin y al cabo todavía no se han formulado cargos en su contra. Sin embargo, la citada propuesta fue rechazada de plano por las autoridades del país nórdico.

Mientras tanto, el céntrico barrio londinense de Knightsbridge, donde está situada la Embajada de Ecuador en Reino Unido, se convirtió a lo largo de la jornada del jueves en un enjambre de policías, periodistas y defensores de la causa de Assange. Por su parte, Hague aseguró que las fuerzas de seguridad británicas no van a irrumpir en ningún caso en el recinto diplomático, aunque consideren que la legislación británica les brinda cobertura para ello.

“Estamos hablando de una ley aprobada por nuestro Parlamento nacional, que subraya nuestros compromisos con la legislación internacional”, señaló Hague sobre el Acta sobre Recintos Diplomáticos y Consulares, aprobada en el año 1987, que incluye la posibilidad de revocar la inmunidad diplomática a la Embajada de un país extranjero.

El titular del Foreign Office insistió en que no existe ningún pacto secreto con Estados Unidos, tradicional aliado de Reino Unido, para abrir la vía a que Assange acabe siendo extraditado al otro lado del Atlántico, tal como sostienen el afectado y su abogado, el exjuez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón, que se hizo cargo de la defensa en julio.
Pero poco antes de que realizara esas declaraciones, el propio Assange le recordaba, sin embargo, cómo otro implicado en las filtraciones de miles de cables diplomáticos en Wikileaks, el soldado estadounidense Bradley Manning, ha cumplido ya 800 días de detención sin apenas garantías legales o perspectiva de que se abra un proceso.

El canciller ecuatoriano ha afirmado al respecto que, si Julian Assange fuera extraditado a Estados Unidos, “no tendría un juicio justo” y podría ser juzgado por tribunales especiales o militares. “No es inverosímil que se le aplique un trato cruel y degradante”, añadió Patiño.

La ley británica de 1987

Patricia Tubella, LONDRES

El Reino Unido ha esgrimido ante el Gobierno ecuatoriano su potestad legal para entrar en el recinto diplomático de Londres, si bien espera que esa drástica medida no sea necesaria. La cuestión es si realmente cuenta con ese legítimo derecho. El grueso de expertos consultados ayer por la BBC cree que no.

La Convención sobre Relaciones Diplomáticas de Viena (1961) rige las relaciones diplomáticas entre países y reconoce los privilegios e inmunidades de los funcionarios que trabajan en las embajadas, asi como la inviolabilidad de esos recintos. Las policías y fuerzas de seguridad locales, por tanto, no pueden entrar en los mismos si no media el permiso expreso del embajador, que es el jefe de la legación.

El argumento de las autoridades britanicas, sin embargo, aduce su capacidad para revocar ese estatus diplomático de la embajada en virtud de la ley nacional de Recintos Diplomaticos y Consulares aprobada en 1987. Amenaza con invocarla ante la obligacion legal de extraditar al fundador de Wikileaks a Suecia, donde se le reclama para interrogarle sobre cuatro supuestos delitos sexuales.

Para el gobierno de Londres, Assange es reclamado por un delito común, mientras que Quito lo considera un perseguido politico. Diversos acuerdos internacionales, como la Convención Europea de Derechos Humanos, refuerzan la posición de Ecuador en ese punto, puesto que el país que considera la concesión de asilo de una persona es el que debe determinar si el solicitante corre peligro de lesiones o de muerte y, en ese caso, brindarle su protección.

Los 11 motivos en los que se basa Ecuador para conceder asilo a Assange


El País Madrid 16 AGO 2012 - 16:04 CET


El Gobierno de Ecuador ha aducido este jueves 11 motivos por los que considera pertinente la concesión de asilo a Julian Assange. “Todas estas razones dan sustento a los temores del señor Assange de ser objeto de una persecución política por su defensa de la libertad de expresión”, ha manifestado el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño:

-Assange es un profesional de la comunicación que ha recibido premios internacionales por su defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa.

-Assange compartió información privilegiada con otros medios relativa a varios países.
-Existen indicios de que los países que elaboraron esa información quieren tomar represalias contra Assange por su divulgación.
- A pesar de las gestiones realizadas por Ecuador, esos países no han dado garantías de que Assange no iba a ser víctima de esas represalias.
- Ecuador considera que es factible que Assange sea extraditado a un tercer país fuera de la Unión Europea sin las debidas garantías.
-En ese caso, Assange no tendría un juicio justo ni serían respetados sus derechos humanos.
-El fiscal de Suecia ha tenido una actitud contradictoria en el caso por el que se le reclama en aquel país.
- Assange ha sufrido un menoscabo de sus derechos procesales durante la investigación.
-Assange no ha recibido asilo de su país (Australia).
-Existen fundados indicios de que EEUU y el Reino Unido no respetarían las leyes y tratados internacionales y aplicarían leyes nacionales para perseguir a Assange.
- Si Assange ingresara en prisión preventiva en Suecia, no podría defenderse y correría un grave riesgo durante ese periodo de ser extraditado a Estados Unidos.

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¿De qué lado está una empresa en una revolución? El papel de una compañía, en opinión del director de Amnistía Internacional España, Estaban Beltrán, no es fácil. Menos si enfrente están Gobiernos como los caídos en Egipto y Túnez, o los aún en pie de Libia, Siria, China, Irán... "Hasta ahora las empresas han colaborado con los Gobiernos en la represión" de las revueltas, ha manifestado Beltrán durante la rueda de prensa en la que la ONG pro derechos humanos ha presentado su informe anual 2011. Un estudio en el que han dedicado una mención especial a la ola de cambio en el mundo árabe.

Amnistía Internacional no ha dado nombres y apellidos, pero si ha sugerido ejemplos de lo que ha denunciado es un ejercicio de colaboración con los regímenes de puño de hierro. Egipto es uno de ellos. Allí, Vodafone (Vodafone/Raya), el operador de móviles más grande del mundo y el que suma más clientes en Egipto, desconectó la señal de Internet y telefonía para evitar el eco de las manifestaciones en las redes sociales o a través de SMS. Link Egypt, Telecom Egypt y Etisalat Misr, proveedores también de Internet, accedieron de igual modo a descolgar la Red. Las críticas hacia la actitud de Vodafone dieron paso a las denuncias de la propia compañía contra el Gobierno de Hosni Mubarak por obligarles a enviar mensajes cortos de apoyo al régimen egipcio.

La treta egipcia solo fue la continuación a los cortes selectivos de Túnez o la ralentización de la línea en Irán. Las empresas, ha instado Beltrán, "no tienen que colaborar en identificar a los individuos a través de la Red". El portavoz de la ONG ha recordado las delaciones hechas por Yahoo! en China y que sirvieron para condenar a los disidentes Wang Xiaoning y Shi Tao a 10 años de cárcel a cada uno.

"Las empresas que trabajan con móviles e Internet no pueden ser espectadores pasivos cuando se reprime", ha continuado Beltrán. Solución: Amnistía Internacional ha aprovechado la presentación de su informe para exigir "leyes internacionales para que las empresas no dañen los derechos humanos". En opinión de la ONG, a través de estas nuevas tecnologías se puede canalizar el ejercicio de libre expresión, el frente de batalla más "urgente" donde se debe librar la ola de revueltas que está sacudiendo el mundo árabe. "El cambio histórico", ha manifestado el presidente de la sección española de la ONG, Alfonso López Borgoñoz, "pende de un hilo". Según los datos del informe, Amnistía Internacional ha sido testigo durante el año de trabajo de restricción ilegítima de la libertad de expresión en 89 países.

La ONG con sede central en Londres ha señalado otros dos grandes riesgos en el avance de los derechos humanos de los países de Oriente Próximo y el Norte de África. En primer lugar, el "control restrictivo" de la inmigración hacia el Norte de las personas refugiadas que huyen de sus países en medio del conflicto. La directora adjunta de la sección española, Eva Suárez-Llanos, se ha preguntado por el destino de la mayor parte de los 700.000 refugiados de las revueltas árabes. "Solo 3.000 de esas personas han llegado a Europa", ha alertado. Suárez-Llanos ha informado además de que durante 2010, únicamente 5.000 personas recibieron la condición de refugiados en Europa.

En segundo lugar, Estebán Beltrán ha solicitado a los Gobierno durante la rueda de prensa que "terminen con el juego de suma cero". Esto es, que no usen el pretexto de la protección de sus ciudadanos para dar la espalda a la represión en los países vecinos.
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¿Tiene pensado ir a Canadá? Podría ser obligado a detenerse y ser sometido a interrogatorio en la frontera. Me sucedió la semana pasada. Me dirigía a Vancouver desde Seattle para dar una conferencia en la Biblioteca Pública de la ciudad. El hecho de que me detuvieran e interrogaran en al fronetra provocó indignación en Canadá, e incluso fue noticia a nivel nacional. Este hecho tiene repercusiones graves para la libertad de prensa en América del Norte.

Fui manejando hasta la frontera con dos colegas. Mostramos nuestros pasaportes al guardia canadiense y respondimos las preguntas de rutina acerca del motivo de nuestro viaje a Canadá. Los ciudadanos estadounidenses no precisan visa para ingresar. El guardia nos ordenó de inmediato que estacionáramos el coche, que saliéramos del vehículo y que ingresáramos al edificio de aduana y migraciones.

Lo que siguió después fue una grosera violación de la libertad de prensa y de expresión. Primero, un guardia me exigió que le entregara las notas para mi conferencia. Quedé atónita. Le expliqué que hablo en forma improvisada. No se daba por vencido. Exigió las notas. Fui hasta el auto y le llevé una copia de mi nuevo libro, una recopilación de mis columnas semanales "Quebrar la barrera del silencio”. Le entregué el ejemplar y le dije que comienzo con la última columna del libro.

“Comienzo cada conferencia con la historia de Tommy Douglas”, le expliqué, “el difunto primer ministro de Saskatchewan, padre del sistema de asistencia de salud universal en Canadá”. Tommy Douglas es considerado el canadiense más destacado de la historia, y casualmente era el abuelo del actor Kiefer Sutherland, pero no llegué a explicar tanto.

“¿Qué más?”, me preguntó el guardia armado.

“Hablaré sobre el calentamiento global y la cumbre sobre el cambio climático en Copenhague”.

“¿Qué más?”, quería saber.

“Hablaré de las guerras en Irak y Afganistán”.

“¿Qué más?” El interrogador tomaba notas a mano, mientras otro guardia escribía en una computadora.

“Bueno, eso es todo.”

Me miró con escepticismo. “¿Va a hablar acerca de los Juegos Olímpicos?”, preguntó.

Quedé perpleja. “¿Quiere decir que si voy a hablar de que el Presidente Obama viajó recientemente a Copenhague para hacer lobby para que los Juegos Olímpicos se realicen en Chicago?”

Volvió a preguntar. “No entendió. Estoy hablando de los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010”. Nuevamente, desconcertada, dije que no tenía pensado hablar de eso.

El guardia me miró incrédulo. “¿Me está diciendo que no va a hablar sobre los Juegos Olímpicos?” Volví a afirmar que no.

El guardia y otros funcionarios, en clara señal de descreimiento, registraron nuestro auto en forma exhaustiva.

Cuando salí a ver, estaban revisando minuciosamente la computadora de uno de mis colegas.

Después de eso, me llevaron a un cuarto en el fondo del establecimiento y me tomaron una fotografía, luego llamaron a los demás, uno a uno. A continuación nos devolvieron nuestros pasaportes con los “documentos de control” engrapados dentro. Los formularios decían que debíamos irnos de Canadá en dos días y que teníamos que registrarnos en su organismo de frontera al partir. Cuando regresamos al auto, descubrimos que habían revisado nuestras pertenencias y nuestros documentos y que habían registrado al menos dos de las tres computadoras. Corrimos al evento, donde la gente había sido informada de nuestra detención. Llegamos una hora y media tarde, pero la sala aún estaba repleta. La multitud estaba enfurecida con su gobierno.

Fue entonces que comencé a enterarme de lo que sucedía. Resulta que la ofensiva es generalizada. David Eby, director ejecutivo de la Asociación por las Libertades Civiles de British Columbia, me dijo “El departamento de policía está invirtiendo en forma secreta en nuevos equipos, nos enteramos solo de casualidad. Están invirtiendo en equipos como Dispositivos Acústicos de Largo Alcance (LRAD, por sus siglas en inglés). Este es el aparato que vimos que se utilizó contra los manifestantes durante la reunión del G20 en Pittsburg. Están gastando mil millones de dólares en diversos equipos y en personal y no tenemos idea de lo que se está comprando en términos de balas de goma, gases lacrimógenos, ese tipo de equipamiento. Además se aprobarán nuevos estatutos de la ciudad que restringen el contenido de los carteles que pueden portar las personas y una gran parte del centro de la ciudad. Los estatutos disponen que los carteles deben tener una licencia o que el contenido del mismo debe ser de celebración, y ‘celebración’ de hecho significa un término definido por los estatutos, que implica un cartel que aumente el sentimiento positivo o festivo acerca de los Juegos Olímpicos».

Según los críticos, la policía puede allanar un hogar si alguien coloca un cartel en contra de los Juegos Olímpicos en la ventana. Hay preocupación de que los sin techo sean obligados a irse de Vancouver, y también inquietud sobre la cantidad de financiamiento público que están recibendo los Juegos mientras los servicios sociales básicos no reciben lo suficiente. Los activistas que están en contra de los Juegos Olímpicos –y sus familiares y amigos– están siendo perseguidos, detenidos e interrogados.

Nuestra detención e interrogatorio no solo constituyeron una violación a la libertad de prensa, sino una violación al derecho del público a saber. Porque si los periodistas sienten que hay cosas sobre las que no pueden informar, que serán detenidos, que serán arrestados o interrogados, eso constituye una amenaza al libre flujo de información. Y es una pérdida para la población, una pérdida olímpica para la democracia.

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Por Amy Goodman
2 de diciembre del 2009

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2009 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Amy Goodman es la presentadora de “Democracy Now!”, un noticiero internacional diario de una hora que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en 250 emisoras en español. Es coautora del libro “Standing Up to the Madness: Ordinary Heroes in Extraordinary Times,” recientemente publicado en edición de bolsillo
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Viernes, 05 Diciembre 2008 08:42

Presos, 56 periodistas que laboran en Internet

Rebasan en número a los detenidos de la prensa escrita, revela comité para su protección


Como reflejo de la creciente influencia de reportajes y comentarios en Internet, ahora existen más periodistas de la red encarcelados que de cualquier otro medio. En un análisis anual publicado hoy, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) halló que 45 por ciento de trabajadores de medios encarcelados en el mundo son blogueros, reporteros que laboran para la red o editores de Internet. Esta categoría profesional resultó por primera vez la más amenazada en el censo del CPJ.

Según el reporte, hasta el primero de diciembre estaban recluidos 125 profesionales, dos menos que en la lista de 2007. China es el país con el mayor número de periodistas encarcelados, sitio que ha mantenido durante 10 años consecutivos. Le siguen Cuba, Myanmar (antigua Birmania), Eritrea y Uzbekistán, de una lista de 29 naciones. Según el comité, al menos 56 periodistas de Internet están encarcelados en el mundo, cifra que supera por primera vez el número de profesionales de prensa escrita.

Estos últimos, junto con editores y fotógrafos, constituyen la siguiente categoría profesional con más periodistas encarcelados, con 53 casos en 2008. Profesionales de radio y televisión y documentalistas integran el resto.

“El periodismo de Internet cambió el panorama de los medios y la forma en la que nos comunicamos”, declaró Joel Simon, director ejecutivo del CPJ. “Sin embargo, el poder y la influencia de esta nueva generación de periodistas de Internet ha captado la atención de gobiernos represivos y se aceleró el contrataque”.

En octubre, el CPJ se unió a compañías de Internet, inversionistas y grupos de derechos humanos para combatir la represión gubernamental en la red. Después de dos años de negociaciones, este grupo anunció la creación de la Global Network Initiative, la cual establece pautas para permitir que la libertad de expresión y la privacidad en la web sean protegidas por la Internet y las compañías de telecomunicaciones. Yahoo, Google y Microsoft se han unido a esta iniciativa.

“La imagen de blogueros que trabajan desde su casa en pijama puede ser atractiva, pero cuando alguien toca a la puerta ellos están solos y vulnerables”, señaló Simon. “Todos debemos luchar por sus derechos. El futuro del periodismo es la Internet, y nos hallamos en una batalla con los enemigos de la libertad de prensa que usan la cárcel para definir los límites del discurso público”.

El comité encontró que las acusaciones por supuestos delitos contra el gobierno, tales como subversión, divulgación de secretos de Estado y actuar en contra de los intereses nacionales, son las imputaciones más comunes para encarcelar a los periodistas alrededor del mundo.
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