El asesinato de María del Pilar Hurtado, reflejo de una crisis de país

Dos sicarios en motocicleta recorrieron las calles de Tierralta (Córdoba) buscando a María del Pilar Hurtado. Quizás estos dos fueron quienes llevaron los panfletos que amenazaban la vida de varias personas que se reusaban a abandonar sus techos, pues como miles en el país no tienen otra opción que armar sus casas y ranchos en tierras vacías que terminan siendo de “propiedad privada”, como los que ostenta Fabio Otero Paternina, padre de Fabio Otero, actual alcalde de Tierralta, quien meses atrás prometió titular tierras a las familias que habitan los lotes de su padre, pero que al final prefirió engañarlos y en vez de dialogar decidió enviar al Esmad para desalojar a las familias.

Quizás los dos sicarios no pensaron en las historias que hay detrás de aquellas personas que viven día a día las condiciones de la pobreza, de la falta de oportunidades para alcanzar vida en dignidad, quizás tampoco les interesa entenderlas. Quizás los sicarios conocen esas realidades en carne propia, pues a lo mejor las tuvieron que padecer en la niñez. Quizás decidieron alquilarse como “gatilleros” para dejar atrás ese pasado de angustias de hambre. El problema es que ahora son bestias que acatan órdenes sin pensar, y solventan su hambre con unos pocos pesos, estimulando su irreal sensación de poder con el miedo y el terror que producen con sus armas a todas las personas que intimidan.

La mujer, su nuevo objetivo, caminaba por la calle con uno de sus hijos cuando la encontraron. Los sicarios aumentaron la velocidad y en una esquina le propiciaron varios disparos. María del Pilar quedó tendida en el suelo, inmóvil, y la luz de sus ojos se nubló abandonando la vida, mientras que su pequeño hijo comenzaba a gritar desesperado al no entender lo que sucedía, desequilibrado al ver el cuerpo de su madre inerte. Sin duda, su hijo, marcado por tan brutal suceso, ya nunca será un niño feliz, tampoco de joven podrá gozar con espontaneidad los gozosos de la vida, pues la imagen de su madre, allí tendida, no lo abandonará. A él también le arrebataron la vida.

Historia de un conflicto errante

María del Pilar Hurtado cargaba consigo la historia del conflicto armado y social que vive nuestra sociedad. Según uno de los congresistas de la Comisión de Paz que visitó la zona, al tiempo que asistía al velorio de esta nueva víctima del poder, uno de sus hermanos de 15 años fue asesinado por los paramilitares y el otro murió prestando servicio militar. Algunos medios sostienen que al momento de su asesinato María trabajaba como recicladora y tiempo atrás participaba en la Fundación de Víctimas Adelante con Fortaleza (Funviavor), en donde denunció torturas, asesinatos y desapariciones en las denominadas “casas de pique” que existían en Puerto Tejada, Cauca, de donde fue desplazada al sur de Córdoba con sus cuatro hijos y su esposo.

Asentada en Tierralta, María del Pilar se fue a vivir con otras familias a un barrio de invasión, en donde comenzó a liderar la lucha por el derecho a la vivienda, pero lo que parecía una simple lucha por justicia trascendió a la violencia y la intimidación. En los primeros días del mes de junio apareció en el asentamiento un panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, con amenazas que en particular declaraban como objetivo militar a varias personas entre ellas a María; dos semanas después, el 21 del mismo mes, a sus 34 años, fue asesinada María del Pilar. Vale la pena recordar que el 25 de noviembre del 2018 la Defensoría del Pueblo había advertido a través de una alerta temprana, que la población que habita este municipio y otros como Montelíbano y Puerto Libertador, estaban en grave peligro, pues estaban a merced del grupo paramilitar.

El desangre de liderazgos sociales

El asesinato de María del Pilar se suma a la oleada de asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas sociales que se riega a lo largo y ancho del país, el cual se presenta como goteo diario de sangre que se va convirtiendo en río.

Una situación aterradora. Aunque para múltiples organizaciones sociales y de derechos humanos en Colombia los asesinatos suman más de 600 líderes y lideresas sociales desde la firma del Acuerdo de paz en 2016 hasta lo corrido del año 2019, la Defensoría del Pueblo apenas tiene un registro de 479. La situación es crítica y va en ascenso, pues según Carlos Negret –Defensor del Pueblo– entre abril de 2018 y el mismo mes de 2019, se han registrado 982 amenazas a líderes y lideresas sociales en todo el país. A esto debe sumarse que en lo corrido del año han sido asesinados más de 80 liderazgos sociales. Es necesario decir que desde la firma del Acuerdo con las Farc han sido asesinados 134 excombatientes, 34 de sus familiares y 11 están desaparecidos.

En el mes de junio del presente año los asesinatos no se detuvieron y siguieron los patrones de los meses anteriores (ver artículo: “Colombia. La ola de asesinatos contra el liderazgo social no para”), son muestra de ello el asesinato de Dagoberto Álvarez, quien se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Miraflores y quien había denunciado amenazas en su contra ante las autoridades y sería encontrado muerto el 2 de junio en Playa Belén, Norte de Santander, de igual manera Manuel Gregorio González Segura, campesino del programa de sustitución de cultivos ilícitos y miembro de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor), fue hallado muerto el 27 de junio con signos de tortura. Así mismo, el asesinato de población indígena continua presente, como lo demuestra el caso de Rocío García Pai, Leidy Jacqueline Burgos Pai y Robert Dionisio García Bisbicús, indígenas Awa asesinados el 7 de junio en el departamento de Nariño. En tal record también registran los asesinatos del indígena Nasa Carlos Biscue, acaecido en Caloto, Cauca el 23 de junio, y Uriel Piranga Valencia, indígena Coreguaje y autoridad en su comunidad, quien sería encontrado sin vida en el municipio de Pital, departamento del Huila.

De igual manera serían asesinados 4 excombatientes de las Farc en tan solo una semana, como lo registra la muerte de Anderson Pérez Osorio, quien se desempeñaba como líder juvenil y comunicador, asesinado en el departamento del Cauca, así mismo están Daniel Esterilla Grueso y Servio Delio Cuasaluzan, encontrados muertos en el departamento de Nariño.  

La situación crítica en Colombia no avizora una alternativa

Las denuncias a nivel nacional e internacional, los comunicados denunciando la grave situación de derechos humanos, parecen totalmente insuficientes, ¿Cómo se podría solucionar de raíz el problema? ¿Cómo confiar en una institucionalidad estatal que no actúa de inmediato, y cada vez es más claro que lo que está sucediendo hace parte de un mismo plan de carácter político militar? ¿Es posible que el conjunto de organizaciones y movimientos sociales construya otros mecanismos para detener esta masacre?

Con el caso de María del Pilar Hurtado o el de Dimar Torres hace unos meses, queda claro que estamos entrando de nuevo al encuentro con la degradación que caracterizó a los grupos paramilitares, quienes no temían en desmembrar, jugar fútbol con cabezas o masacrar a las comunidades para generar terror en el país y así lograr el control económico y político de las regiones. Esta nueva ofensiva, así puede deducirse, tiene dos propósitos: 1. Arrasar lo poco que queda de los Acuerdos de Paz firmados con las Farc y así reactivar un escenario de guerra; 2. Cubrir de miedo e inactividad colectiva en amplios territorios de la geografía nacional, garantizando con ello su control en las elecciones de octubre próximo.

Sin duda, debemos aprender de lo que está sucediendo. Ante el ataque dirigido y sistemático, ¿podría ser una opción pasar de liderazgos y vocerías individuales a liderazgos y vocerías colectivas? ¿acaso no daría más seguridad estar juntos que disgregados? ¿esto que estamos viviendo puede entenderse como un llamado a la urgente tarea de construir una ruta y agenda propia del conjunto de organizaciones y sectores alternativos, que se piensen más allá de la coyuntura electoral y busque por fin el encuentro con el país nacional? ¿no sería el tiempo de problematizar la democracia existente y su formalismo para así proponer otra democracia que realmente represente los intereses de la sociedad toda?

La oleada de muerte que recorre el país arroja victimas por doquier. De no encontrar, proponer y construir entre el conjunto social una alternativa de país que despierte el sentir de las mayorías, donde reine la justicia y la equidad para todos los connacionales, esta crisis “histórica” que padece Colombia, que se ve “tan natural” seguirá viendo nacer generaciones y generaciones de “Desquites”, como en la elegía del poeta Gonzalo Arango. Generaciones que vivirán una vida que no merecían, que vivirán muriendo, errantes, ya que no valorarán la existencia misma pues lo despreciarán todo.

Artículos relacionados

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36976-rios-de-sangre-inundan-el-pais.html

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36664-colombia-la-ola-de-asesinatos-contra-el-liderazgo-social-no-para.html

Notas consultadas

https://pacifista.tv/notas/maria-del-pilar-hurtado-si-era-lider-el-contundente-mensaje-tras-su-sepelio/?fbclid=IwAR1pDb-gfFoNMMaMJXRhTbJL8wpjv2FVRpp03MGYwy-oMfPnHlk6kGGKeis

https://www.semana.com/nacion/articulo/asesinato-de-maria-del-pilar-hurtado-eln-desmiente-version-de-mindefensa/620834

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-ultimo-adios-para-la-lideresa-maria-del-pilar-hurtado-articulo-867632

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/defensor-de-dd-hh-en-tierralta-denuncia-amenazas-y-deja-el-municipio-articulo-867519

https://prensarural.org/spip/spip.php?article24426

https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/3063-criomc-denuncia-asesinato-del-ex-cacique-uriel-piranga-valencia

https://canal1.com.co/noticias/la-lider-maria-del-pilar-hurtado-si-habria-recibido-un-panfleto-de-las-autodefensas-gaitanistas/

https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/3041-asesinatos-amenazas-a-lideres-y-lideresas-en-medio-de-la-asamblea-general-y-conmemoracion-de-los-29-anos-de-la-unipa-incrementa-la-crisis-humanitaria-que-vive-el-pueblo-awa

 

 

 

 

 

Publicado enColombia
La carta informe que encabeza un premio Nobel de la Paz ante crímenes de lesa humanidad en Colombia

 

Entre quienes encabezan una Carta / Comunicación con diversos antecedentes que ha sido dirigida a diferentes instancias internacionales de Derechos Humnos, está el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Madres de la Plaza de Mayo de la línea fundadora en Argentina, quienes junto a cerca de unas setenta organizaciones y personalidades de una quincena de países, hacen un ferviente llamado a la comunidad internacional democrática y de derechos humanos, para que se intensifiquen todas las diligencias necesarias para el cumplimiento del Estado de Derecho y el cumplimiento de las normas de derechos humanos y humanitarias en Colombia.

A continuación la carta.

https://drive.google.com/file/d/1fEhJWy8un6KegAeH48urEgyXjQAQqlRF/view?usp=sharing

 

Repudio internacional ante crímenes de lesa humanidad en Colombia / Solidaridad con víctimas y llamado internacional

 

Quienes suscriben la presente carta / declaración, emplazan al Estado Colombiano y sus gobernantes, encabezado por el Presidente de la República, Iván Duque, A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS; y a TODA la comunidad internacional democrática a que se intensifiquen todas las GESTIONES Y MEDIDAS necesarias para para la prevención y sanción de estos crímenes tal como lo establecen las LEYES EN DICHO PAÍS, así como los acuerdos internacionales suscritos por el mismo.

EXHORTAMOS IGUALMENTE A QUE SE RESPETE O RESTABLEZCA EL ESTADO DE DERECHO Y SE CUMPLA con las obligaciones en materia de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ante los sistemáticos crímenes de lesa humanidad en contra de líderes sociales, que implican además de asesinatos selectivos, amenazas de muerte, hostigamiento y persecución, abusos y violaciones, desplazamiento forzado de poblaciones, en su mayoría, en el marco de conflictos territoriales donde priman intereses de transnacionales extractivistas y a su vez, operan grupos ARMADOS mercenarios, sicarios, como también, descontroladas fuerzas de seguridad responsables de diversas acciones de violencia en contra de la población civil desarmada, principalmente rural indígena, campesina y afrodescendiente.

Dichos grupos bélicos paramilitares, son asociaciones ilícitas como Aguilas Negras, entre otras bandas criminales, que actúan bajo impunidad y políticas permisivas del estado colombiano, donde el poder judicial ha sido débil y las fuerzas de seguridad mantienen en sus filas a agentes estatales que han violado derechos humanos.

Frente a esta realidad, existe una desatención por parte del Presidente Iván Duque a las distintas recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos., tales como las efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos.

 

Alerta Humanitaria en Colombia

 

Se estima en más de 500 líderes sociales asesinados en los más de dos años que van desde la firma de los supuestos acuerdos de paz entre la exguerrilla de las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), con un alto número de asesinatos selectivos durante el periodo del actual Presidente Duque.

Como referencia, según informe al 20 de mayo del 2019 difundido por INDEPAZ (que se señala al final), se tiene un total de 837 personas asesinadas (702 líderes sociales y personas defensoras de Derechos humanos y 135 ex guerrilleros de las FARC – EP en proceso de reincorporación) entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de mayo de 2019. De las 702 personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos que han sido asesinadas en Colombia 132 de los casos ocurrieron en el año 2016, 208 en el año 2017, 282 en el año 2018 y 80 hasta el 20 de mayo del 2019.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha recibido 76 denuncias (hasta principios de junio) de asesinatos de defensores de los Derechos Humanos, según nota informativa e informe difundido el 11 de junio y que en su mayoría, involucra a líderes indígenas y afrodescendientes que encabezan la lista de víctimas de violencia en este País., número que se ha incrementado considerablemente.

Los diversos antecedentes difundidos por organizaciones de la sociedad civil se contraponen categóricamente a los anuncios presidenciales de fines de mayo al señalar el propio Presidente Duque a agencias de prensa “Que que en lo corrido de su mandato el asesinato de líderes sociales ha disminuido en el país, debido a las distintas herramientas que se han implementado para atacar este fenómeno”, existiendo múltiples indicadores que dan cuenta del absoluto fracaso en la implementación del “Plan de atención oportuna” del gobierno, así como otros programas inter gubernamentales como el de “Inclusión para la Paz en Colombia”, Programa de “Justicia para una Paz Sostenible”, Programa de “Fortalecimiento de las comunidades étnicas para la paz inclusiva” o el Programa de “fortalecimiento de la Comisión Étnica para la Paz y la Guardia Indígena”, implementados por La Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), los que no tan solo han sido infructuosos para garantizar la paz y el estado de derecho, más bien en las zonas de incidencias territoriales por medio de diversos organismos públicos y privados de estos programas, los crímenes y violaciones a los DDHH han aumentado, principalmente en zonas de conflictos territoriales que involucran intereses de transnacionales extractivistas.

 

Algunos de los últimos asesinatos:

 

En horas de la tarde de este 15 de junio se conoció el asesinato de Luis Carlos Valencia, líder social de 52 años del departamento del Valle del Cauca, información preliminar apunta a que su cuerpo fue hallado con cinco heridas ocasionadas por arma de fuego en la vía Restrepo, zona rural de Agua Mona, se desconocen los autores y los móviles del crimen.

El martes 11 de junio, fue asesinado a balazos el comunicador Libardo Montenegro, quien era locutor de la emisora Samaniego Estéreo, en el municpio de samaniego de Nariño. Dirigía un programa informativo matinal y por 20 años ejerció como comunicador.

En el marco de una Asamblea de la organización indígena UNIPA en el Predio El Verde de Nariño, realizada durante los días 4 y 6 de junio 2019, fueron asesinadas tres personas del Pueblo Awa: Rocío García Pai, madre de dos hijos, integrante del resguardo Hojal la Turbia de Tumaco; Leidy Jacqueline Burgos Pai, de 18 años, integraba la guardia indígena del Resguardo Honda Río Güiza, jurisdicción del municipio de Barbacoas; Robert Dionisio García Bisbicús, de 21 años de edad, con esposa y una hija, quien pertenecía al resguardo indígena de Gran Rosario ubicado en el municipio de Tumaco. La organización indígena UNIPA señaló: “Ya son más de 73 los líderes y lideresas que han sido amenazados y presentan un extremo riesgo contra sus vidas, sumando los 29 asesinatos entre agosto de 2016 a la fecha”.

El pasado jueves 6 de junio fue asesinado Julián Quiñones Uñate, líder comunal de Coveñas, Sucre, perpetuado por hombres en moto que le propinaron varios disparos que le causaron la muerte.

La comunidad campesina de Caloto, Cauca, denunció el 6 de junio que la Fuerza Pública asesinó a Jefferson Trochez, menor de 16 años de edad en la zona del Carmelo, en el marco de un procedimiento de desalojo en la vereda Vista Hermosa. El joven era campesino e integrante del movimiento de liberación de la madre tierra.

El pasado 5 de junio, en la vereda La piña en Puerto Asís, Putumayo fue asesinado el campesino Alneiro Guarín a manos de hombres armados que dispararon en cuatro ocasiones contra su cabeza. En mayo, fue asesinado Mauricio Lezama, cineasta, gestor cultural y consejero departamental de Cine de Arauca, hecho ocurrido en la vereda La Esmeralda, mientras trabajaba en un proyecto sobre las víctimas del conflicto armado.

Los asesinatos en junio también han involucrado a desmovilizados de la guerrilla. El jueves 13 de junio fue asesinado Rafael Polindara, quien se había desmovilizado de las Farc el Acuerdo de Paz. Los hechos se registraron en la vereda La Laguna, zona rural del municipio de El Tambo, Cauca. El hombre se encontraba limpiando la cuneta de una vivienda cuando desconocidos a bordo de una motocicleta se aproximaron y le dispararon en repetidas ocasiones. El 12 de junio en Tumaco, Nariño Alexander Saya Palacios, también desmovilizado de la guerrilla, quien fue ultimado por desconocidos, sumándose al asesinato el pasado 7 de junio de Jorge Enrique Sepulveda, también exintegrante FARC quien aguardaba a que iniciara su proyecto productivo de la mano de la ARN en Tierralta, Córdoba.

El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) dio a conocer el informe del monitor de Violencia Política en Colombia de mayo del 2019, reflejando un aumento significativo en el número de muertes asociadas a la violencia política.

 

Esta es la lista que dio a conocer Cerac en el informe sobre mayo del 2019 con respecto a asesinatos:

 

-Paula Rosero Ordóñez, personera de Samaniego, Nariño, fue asesinada con arma de fuego En el hecho murieron dos personas más que se encontraban en el lugar.

-Daniel Rojas fue asesinado con arma de fuego en zona rural de Caloto, Cauca. La víctima era el presidente de la Junta de Acción Comunal del resguardo López Adentro de ese municipio.

-Guillermo León Rengifo fue asesinado con arma de fuegoen Balboa, Cauca. La víctima era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Capitanes de ese municipio.

-Benedicto Valencia fue asesinado en Puerto Rico, Caquetá. La víctima presidia la Junta de Acción Comunal de la vereda Miraflores de ese municipio.

-Marco Antonio Adrada, fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Sauce en Leiva, Nariño, fue asesinado.

-Concepción Corredor fue asesinada en zona rural de Nunchía, Casanare. La víctima era integrante de la Comisión de Mujeres del municipio y del partido Alianza Verde. Fue presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Pradera de ese municipio.

-Joaquín Trujillo fue asesinado con arma de fuego en zona rural de Santa Marta, Magdalena. La víctima era defensor de derechos humanos de las comunidades indígenas de la comunidad Kogui y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Linderos de esa ciudad.

-María del Carmen Flores fue asesinada con arma de fuego en zona rural de Ocaña, Norte de Santander. La víctima era integrante de la Junta de Acción Comunal del barrio Colinas de ese municipio.

-Belisario Arciniegas García Fue asesinado con arma de fuego, era candidato al concejo de Morales, Bolívar por el Partido de la U.

-Jorge Enrique Corredor conocido como ‘Wilson Saavedra’, excombatiente de las FARC en proceso de reincorporación y militante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común también fue asesinado con arma de fuego

-Fue activado un artefacto explosivo al paso de una caravana del Juzgado Municipal de Tibú, Norte de Santander, en zona rural de ese municipio.

-Wilmar José Carvajalino, dirigente de la Cooperativa de Transportadores del corregimiento Micoahumado de Morales, Bolívar fue asesinado con arma de fuego.

-Carlos Enrique Serrano, docente de la Universidad del Cauca, fue asesinado con arma de fuego en Popayán.

La realidad sobre cientos de asesinatos en diversos territorios de Colombia se concentran mayoritariamente en el Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo y Nariño, gran parte serían perpetuadas por grupos sicarios y mercenarios paramilitares.

Amenazas de muerte y desplazamientos forzados

Cientos de dirigentes sociales han sido asesinados de manera selectiva en los últimos años en Colombia, miles han sido amenazados de muerte y decenas de desaparecidos y millones de desplazados, según han revelado diversos informes de derechos humanos en este último tiempo.

En los últimos años a causa de la violencia, millones de personas se han trasladado a otros territorios del país, siendo Colombia uno de los países con mayores desplazados en el mundo. La Defensoria del Pueblo de Colombia denunció el incremento de los desplazamientos masivos en el sur del departamento de Córdoba (norte), donde en los últimos días de mayo, más de 3.000 campesinos e indígenas resultaron afectados, de los cuales, 181 son niños y adolescentes.

La institución indicó que el desplazamiento masivo al sur de Córdoba ocurrió en el municipio Puerto Libertador, así como en Ituango, municipio de Antioquia. Según el organismo, entre el 1 de enero y el 21 de abril de este año, se han registrado en esta región al menos doce eventos de desplazamientos forzados. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó que los desplazamientos masivos de familias campesinas se han producido por amenazas de grupos criminales en la región.

Uno de los últimos registros sobre esta situación, es la que están viviendo habitantes del sur de Chocó quienes han padecido décadas de guerra y ahora se está activando una nueva. El domingo 2 de junio del 2019, la comunidad indígena de Pichimá Quebrada quedó atrapada en medio de un combate a causa de un enfrentamiento de grupos bélicos, generando un desplazamiento de 417 personas indígenas.

Los registros del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, según las cuales 145000 personas abandonaron sus hogares huyendo el año el 2018.

Territorios sin Paz, empobrecidos y asediados por transnacionales

En Colombia hay estimaciones que calculan que ha aumentado en más de un millón los pobres, siendo el caso más extremo la Guajira, siendo macabro la cantidad de niños wayúu que han muerto de hambre.

El 6 de junio de este año, a través de un fallo histórico (la sentencia T-302 de 2017), la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira, dada la afectación masiva y generalizada de los derechos de las niñas y niños del pueblo wayúu.

En la sentencia la Corte reconoció la vulneración de los derechos constitucionales a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la participación étnica de un número significativo de personas en La Guajira, “en especial de niñas y niños wayúu”, y culpó a las autoridades por su “prolongada omisión en el cumplimiento de sus obligaciones”.

Uno de los graves conflictos territoriales que viven comunidades Wayúu en la Guajira, se relaciona con las faenas de la empresa Carbones del Cerrejón. La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud de más de 30 comunidades wayuu en la Guajira, por la vulneración de sus derechos ocasionada por la desviación del Arroyo Bruno. El desvío de este importante afluente, el arroyo más caudaloso del río Ranchería, se inició con el taponamiento hidráulico del cauce natural y la construcción de un cauce artificial de 3.6 kilómetros. No obstante, la Corte Constitucional suspendió dichas obras, debido a que se comprobó que existen graves incertidumbres en la licencia ambiental respecto de los impactos ambientales, sociales y culturales del proyecto. La sentencia ordenó que estas incertidumbres deben ser resueltas por la Mesa Interinstitucional para determinar la viabilidad ambiental y social del proyecto y su continuidad.

Por otro lado, el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección (PAO) que ha venido implementando el Gobierno ha sido un fracaso para garantizar el derecho a la vida e integridad de cientos y miles de Defensores de Derechos Humanos, defensores de territorios, líderes sociales, comunales y periodistas, existiendo un gravísimo aumento de asesinatos selectivos, amenazas y diversas violaciones de derechos humanos en mayo y lo que va de junio de este año.

En el estado colombiano se destaca un fuerte intervencionismo de grupos de poder económico que involucra un violento asedio por parte de transnacionales extractivistas petroleras, mineras MADERERAS y de desarrollo energético, cuyos conflictos y masacres son de larga data.

En Colombia, es preocupante evidenciar el nivel de intervencionismo de la Agencia Internacional para el Desarrollo, más conocida como USAID y la encubierta acción de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) inyectando recursos en numerosas instituciones públicas y privadas, como fundaciones, Ongs, Corporaciones, sociedades, asociaciones, organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes, con el objetivo de obtener información estratégica e identificar a personas claves. Dicha información contempla ubicar o señalar zonas de intereses para industrias extractivas y energéticas, liderazgos sociales; zonas de conflictos o resistencia social, cartografías varias, medios de comunicación, memoriales históricos, “acompañamientos” a comunidades en temas de conservación, comunicación, derechos humanos, investigación, receptando numerosos informes, registros y monitoreos sobre las realidades territoriales , intervencionismo que en nada ha contribuido a la paz ni a la protección e integridad de líderes sociales, tal cual ha ocurrido por ejemplo a integrantes de comunidades indígenas en Nariño o guardias indígenas de diversos territorios.

El 13 de mayo del 2019, USAID anunció en Bogotá la entrega de 160 millones de dólares a Colombia, recursos que serán destinados a la implementación del acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y la exguerrilla Farc, en concordancia con el plan estratégico establecido por la Agencia el 2013 para sus planes de intervención del 2014 al 2018, que condicionó su implementación a acuerdos de paz y desmovilización de la guerrilla para la implementación de programas sobre procesos “democráticos y gobernabilidad”, “Justicia y DDHH”, programa de reintegración a la sociedad de ex combatientes” y procesos de “verdad”.

Otros programas de esta agencia sobre estas temáticas se denominan: “Inclusión para la Paz en Colombia”, Programa de “Justicia para una Paz Sostenible”, Programa de “Fortalecimiento de las comunidades étnicas para la paz inclusiva” o el Programa de “fortalecimiento de la Comisión Étnica para la Paz y la Guardia Indígena”, los que no tan solo han sido infructuosos para garantizar la paz y el estado de derecho, más bien en las zonas de incidencias territoriales por medio de diversos organismos públicos y privados de estos programas en el último tiempo, los crímenes y violaciones a los DDHH han aumentado, principalmente en zonas de conflictos territoriales que involucran intereses de transnacionales extractivistas.

Otra situación grave en Colombia, vinculado a crímenes estatales y la responsabilidad de agentes de fuerzas públicas con funciones activas en el estado, según lo denunciado por organizaciones internacionales de DDHH a través de FIDH quienes presentaron en mayo de este año a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) una comunicación donde le solicitan pronunciarse sobre la importancia de que el Presidente colombiano sancione la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y se abstenga de ascender a oficiales vinculados con hechos que están bajo examen preliminar. Obstaculizar el juzgamiento de integrantes de la fuerza pública en estas condiciones debería activar la competencia de la CPI, en particular, las referidas a ejecuciones extrajudiciales documentadas en la comunicación cometidas por integrantes del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”, bajo la comandancia del entonces Teniente Coronel Adolfo León Hernández Martínez entre diciembre de 2007 y junio de 2009, quien fue ascendidopor el Presidente Duque a Brigadier General al mando del Comando de Transformación del Ejército del Futuro.

La comunicación documenta 23 casos de ejecuciones extrajudiciales en los que fueron asesinadas 39 víctimas presentadas falsamente como “dadas de baja en combate”. A estas ejecuciones extrajudiciales se les denomina “falsos positivos”, une práctica extendida a mediados de los años 2000 que ocasionó la muerte de unos 5 000 civiles a manos del ejército.

Fin a las masacres y crímenes de lesa humanidad en Colombia

Como organizaciones y personas defensoras de derechos de diferentes países, exigimos la implementación de un estado de derecho en Colombia, el que debe asumir las normas de derechos humanos en los procesos jurídicos, las instituciones y las normas sustantivas . Señalamos que No puede existir ESTADO DE DERECHO si no se protegen los derechos humanos.

Exigimos la moratoria de concesiones para exploración y explotación extractivista de transnacionales en zonas de asesinatos de líderes sociales defensores de los territorios, con el fin que se resguarden y reparen los derechos humanos de las víctimas y se investigue la relación de los intereses de industrias mineras, petroleras e hidroeléctricas en crímenes y violaciones de derechos humanos de opositores a esos proyectos. Asimismo, invitamos a los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas a atender urgente la grave situación que enfrenta el territorio de la Guajira ante la crisis humanitaria que se vive y la masiva muerte de niños y niñas indígenas Wayuu a causa del hambre, salud y falta de agua.

Exigimos al Estado Colombiano y sus instituciones responsables, desmantelar y poner fin a toda asociación ilícita de bandas criminales, castigo y sanción a las redes de corrupción público y privado, en especial aquellas ligadas al narcoparamilitarimo e intereses transnacionales que buscan acaparar territorios y explotar recursos naturales atentando contra los derechos humanos de amplias poblaciones, particularmente indígena, campesina y afrodescendiente.

Denunciamos la desatención por parte del Presidente Iván Duque de las distintas recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos., tales como las efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 15 de enero del presente año, con llamados urgentes para la implementación de una serie de medidas tendiente a prevención, reparación y garantías para líderes sociales. Asimismo, las efectuadas por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, realizadas a fines del 2018 luego de una misión, con especial atención al rol de las empresas públicas y privadas en materias de derechos humanos.

Solicitamos a las representaciones de las diferentes organizaciones sociales y comunidades de Colombia vinculadas a la defensa de derechos humanos y territorios a asumir una mayor responsabilidad en términos de seguridad organizacional, considerado factores individuales de derechos humanos como también de tipo colectivo. Se hace el llamado a establecer y/o revisar medidas de seguridad, atendiendo el tipo de información compartida, velando por la integridad de sus integrantes, en especial aquella frente a cooperantes económicos ligados a intereses de transnacionales. e infiltraciones de agentes públicos y privados.

Denunciamos categóricamente, que en Colombia no existe Paz social, que hay crímenes contra la humanidad, con directa responsabilidad del estado y que engloban actos que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil inocente e indefensa, principalmente defensores de derechos humanos y de territorios.

Estos crímenes de lesa humanidad involucra asesinatos selectivos, desplazamientos forzados de poblaciones, torturas, violaciones y violencia sexual de mujeres, , persecución por motivos políticos y raciales, desaparición forzada de personas. Es urgente que la comunidad internacional defensora de derechos humanos y democrática, reaccione con urgencia ante estos hechos.

Al final, se comparten una serie de fuentes informativas relacionadas con la presente Carta / Comunicación.

Suscriben la presente:

Organizaciones Internacionales

- Word Rainforest Movement (WRM)

- Coordinadora LatinoAmericana de Cine y Comunicación Indígena (CLACPI)

- Observatorio Petrolero Sur (OPSur)

- Servicio Paz y Justicia América Latina / Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz

- III Misión Internacional de la Vía Campesina en Colombia

- Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)

Por Países:

Argentina

- Adolfo Pérez Esquivel (Argentina), Premio Nobel de la Paz

- Nora Cortiñas, (Argentina), Madres Plaza de Mayo – Línea Fundadora

- Mirta Baravalle (Argentina), Madres Plaza de Mayo – Línea Fundadora

- Elia Espen (Argentina), Madres Plaza de Mayo – Línea Fundadora

- Luciano Andrés Valencia, escritor e historiador (Argentina)

- Movimiento de Mujeres indígenas por el buen vivir

- Corriente Social y Política Marabunta (Argentina)

- Observatorio Petrolero Sur – OPSUR, sede Argentina

- Colectivo Desde El Pie (Argentina)

- Tomas Astelarra, periodista, Argentina

- María Vanda Ianowski, Docente Universidad Nacional del Comahue, Patagonia Argentina

- Poder Popular (Argentina)

- Proyecto CRECER CON ESPERANZA, Gral. Roca, RIO NEGRO, ARGENTINA

- Hermanas de la Misericordia de las Américas, Comunidad de Argentina

- Brasil

- Conselho de Gestão Ka'apor

- Centro de formação saberes Ka'apor

- Guarda de Autodefesa Ka'apor

- Bolivia

- Angela Fabiola Cossio Zambrana, Comunicadora Social e Investigadora en áreas multidisciplinarias.

Catalunya

- AlterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes

- SETEM Catalunya

Chile

- Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI)

- Movimiento por el Agua y Los Territorios, (MAT)

- Red por la Defensa de la Infancia Mapuche

- Coordinadora Nacional Indianista – CONACIN

- Juana Aguilera, Presidenta Comisión Ética contra la Tortura

- Andrés Figueroa Cornejo, periodista, Congreso de los Pueblos-Chile

- Alfredo Seguel, Comunicador Social / WallMapu

- Radio Placeres de Valparaíso

- Cooperativa Semilla Austral.

- Comité Socioambiental Coordinadora Feminista 8M

- Somos Cerro Blanco

- Convergencia Colombia Internacional- Nodo Chile

- La Paz se Teje en Colombia / Raíces de Resistencia / Chile

- Colombia Humana-Chile

- AGRUPACIÓN AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL ANTUKULEF., Región de Aysén, Patagonia

- Equipo de Comunicación Mapuche

- México

- Nodo de Derechos Humanos (México)

- Frente del Pueblo, organización Adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona,

- LA REALIDAD. ★ Comunicación social.Adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona,

- Mariano Estrada, Coordinador General – CLACPI, Palenque, Chiapas, México

- Malely Linares Sánchez, Doctorante del Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

- COLPAZ - México

Voceras y voceros del Colectivo por la Paz en Colombia desde México, COLPAZ:

-Luz Angélica Dueñas Checa

-Diana Patricia Caro Naranjo

-Lady Johanne Rondón Arévalo

-Ana Ximena Quigua Ruiz

-Eliana Cárdenas Méndez

-Luisa Ximena Zárate Cifuentes

-Javier Eduardo Bello Bravo

-Eduardo Correa Senior

-María Isabel Mazo

-Daniel Roberto Leones Reyes

-Leonor Cortés Bolívar

Nicaragua

- Jessica Martínez Cruz feminista autoconvocada

Paraguay

- Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas de Paraguay (FAPI)

- Hipolito Acevei, Dirigente Indígena FAPI (Paraguay)

- Perú

- Hugo Blanco, Revista Lucha Indígena

- Juan Carlos Giles Macedo– SEMBRAR

- Danilo Quijano, periodista, Perú

- Thomas Moore, Antropólogo, Puerto Maldonado, Peru

- Suecia

- Jorge Calbucura, Coordinador Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu / Suecia

- Uruguay

- Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, sede Montevideo

- USA / EEUU

- Armando Muyolema, profesor, Universidad de Wisconsin, Madison. USA.

- Friends of the peoples of colombia

Venezuela

- Centro de Promoción y Formación en Derechos Humanos Venezuela / (CEENPROFORDHV).

- Beatriz Bermudez, periodista (Venezuela)

 

*******************************

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Misión y recomendaciones de la CIDH a Colombia (Enero 2019) / https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/008.asp

- Misión en Colombia del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos (diciembre 2018) / https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/StatementVisitColombia3Dec2018_SP.pdf

Presentación en Riohacha del Informe Anual de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH sobre Colombia (11 de junio) / “Este año, hasta el 7 de junio de 2019, nuestra oficina recibió 76 denuncias de homicidios de defensores de derechos humanos; hemos ya documentado 26 de esos casos y 3 de ellos en la región Caribe”./ https://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/pronunciamientos/intervenciones-de-la-direccion/442-ano-2019/9051-presentacion-en-riohacha-del-informe-anual-de-la-alta-comisionada-de-la-onu-para-los-ddhh-sobre-colombia

- SEPARATA DE ACTUALIZACIÓN al 23 de Mayo de 2019 / Situación líderes/sa y defensores/as DDHH en los territorios (Indepaz) / http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2019/05/SEPARATA-DE-ACTUALIZACIO%CC%81N-mayo-Informe-Todas-las-voces-todos-los-rostros.-23-mayo-de-2019-ok.pdf

- Monitor de Violencia Política en Colombia mayo del 2019 (CERAC) / https://www.blog.cerac.org.co/monitor-de-violencia-politica-en-colombia

- Informe DDHH 2019 (enero - abril): Violencia camuflada: la base social en riesgo / https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/690-informe-ddhh-violencia-camuflada-la-base-social-en-riesgo.html

- Informe anual 2018, Sistema de Información sobre agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia SIADDHH – Programa Somos Defensores / https://somosdefensores.org/wp-content/uploads/2019/04/informe-somos-defensores-2019-espanol-web.pdf

- Informe sobre el abandono estatal de los wayúu de la Alta Guajira (DeJusticia) / https://www.dejusticia.org/entregamos-al-estado-una-radiografia-sobre-el-abandono-estatal-de-los-wayuu-de-la-alta-guajira/

- Entidades del Gobierno y Carbones del Cerrejón desacatan directrices y órdenes de la Corte Constitucional sobre la explotación y desvío del arroyo Bruno, el último gran tributario del río Ranchería en La Guajira / https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.cinep.org.co/Home2/images/interculturalidad/0706191ComunicadoMesaArroyoBrunoFinal_.pdf

- III Misión Internacional de la Vía Campesina en Colombia en el marco de los acuerdos de paz de 2016 / https://rmr.fm/informes-especiales/dio-inicio-en-colombia-la-iii-mision-de-solidaridad-de-via-campesina/

https://rmr.fm/noticias/no-tenemos-confianza-de-que-el-gobierno-colombiano-quiera-cumplir-los-acuerdos-de-paz/

https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-no-se-le-puede-negar-al-pueblo-colombiano-el-derecho-a-la-paz/

PRENSA

- “Terror corporativo” está matando en toda Colombia (Real News Network ) / https://youtu.be/e6WKvdnVorw

- Alto Comisionado de las Naciones Unidas alerta sobre el aumento de líderes indígenas y afrodescendientes en Colombia (12 de junio) / https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-onu-alerta-aumento-lideres-indigenas-afrodescendientes-asesinados-colombia-20190612135618.html

- Persecución e intimidación a autoridad indígena de Huellas Caloto. / https://nasaacin.org/boletin-ddhh-persecucion-e-intimidacion-a-autoridad-indigena-de-huellas-caloto/?fbclid=IwAR0qeqofW53_BYibWK7OfKM_KlJCqcAoDJetazcCxVHMVdHR8I1BkKyAYng

- Según el Presidente Duque, asesinatos de líderes sociales disminuyeron en su gobierno / https://www.vanguardia.com/colombia/segun-el-presidente-duque-asesinatos-de-lideres-sociales-disminuyeron-en-su-gobierno-HX1011999

Colombia: Falta de voluntad del Estado para juzgar crímenes de lesa humanidad debería activar la competencia de la CPI / https://www.fidh.org/es/region/americas/colombia/colombia-falta-de-voluntad-del-estado-para-juzgar-crimenes-de-lesa

- CIDH y las Oficinas de ONU Derechos Humanos expresan su preocupación por la situación de personas defensoras de derechos humanos en el primer cuatrimestre del año / https://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/comunicados-de-prensa/440-ano-2019/9047-cidh-y-las-oficinas-de-onu-derechos-humanos-expresan-su-preocupacion-por-la-situacion-de-personas-defensoras-de-derechos-humanos-en-el-primer-cuatrimestre-del-ano

- Colombia: Condena internacional por ataques y amenazas contra lideresas y líderes afrocolombianos e indígenas / https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/colombia-comunicado-internacional-de-condena-por-ataques-y-amenazas

- Presidente Duque afirma que adición de US$160 millones, por parte de Usaid, permitirá cerrar las brechas en los territorios / https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190513-Presidente-Duque-afirma-adicion-US160-millones-por-parte-de-Usaid-permitira-cerrar-las-brechas-en-los-territorios.aspx

- EE.UU. entrega 160 millones de dólares para implementar la paz en Colombia / https://www.efe.com/efe/usa/portada/ee-uu-entrega-160-millones-de-dolares-para-implementar-la-paz-en-colombia/50000064-3975496

 

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Colombia. La ola de asesinatos contra el liderazgo social no para

Transcurridos 20 días de la álgida jornada de movilización y resistencia de la Minga del Cauca transformada en Minga Nacional –10 de marzo al 5 de abril–, continúa la ola de amenazas, atentados y asesinatos contra líderes y lideresas sociales. Ante esta realidad, ¿qué le espera a los diferentes territorios del país en materia de Derechos Humanos? ¿existe una respuesta del Estado colombiano para enfrentar este modelo de muerte impuesto por el poder realmente existente en el país? ¿cómo responder desde los sectores alternativos a esta realidad?


Culminada la Minga Nacional –5 de abril– y avistándose el 25 de abril, día concertado para realizar un paro nacional, la arremetida guerrerista desata sus fuerzas por diferentes coordenadas nacionales en contra de diversos liderazgos sociales, así como de excombatientes de la otrora guerrilla de las Farc –en proceso de reinserción a la vida civil–, profundizando la grave situación de Derechos Humanos que desde tiempo atrás vive el país.


Ríos de sangre


No transcurrieron más de 8 días de culminada la Minga Nacional para que el poder cobrara con sangre el arrojo indígena y campesino que emplazó al establecimiento a cumplir sus palabras tantas veces comprometida y tantas veces irrespetada: el 11 de abril, con diez disparos que impactaron su cuerpo, acabaron con la vida de Policarpo Guzmán Marge en Argelia Cauca.


Polo, como lo llamaban sus más cercanos, vivió en carne propia, durante varios años, el conflicto que aqueja al país. Antes de asentarse en el departamento del Cauca fue desplazado de otras regiones por Los Rastrojos, sin embargo, persistía en la búsqueda de vida digna. Fue integrante y fundador de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia y se organizó en el Pupsoc y Marcha Patriótica. Había denunciado la presencia de paramilitares en la región y exigido al Estado que lo protegiera, pese a lo cual nunca llegó la protección y el desenlace fue contundente.


Un día después, el 12 de abril, la sombra de la muerte cubrió la casa del indígena Emberá Aquileo Mecheche Baragon en Rio Sucio, Chocó. A las diez de la noche de aquel día sujetos armados entraron a su casa y se lo llevaron, asesinándolo a pocas cuadras de su residencia con tres impactos de bala. Aquileo fue presidente del Cabildo Mayor Indígena del Bajo Atrato Camizba–Asorewa y desde hace siete años era rector de la Institución Educativa Indígena Jagual. Fue uno de los líderes de la Minga del Chocó, desarrollada en el mes de noviembre del 2018. Había recibido amenazas por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).


Al siguiente día, 13 de abril, cuando aún la mañana estaba fresca, varios pistoleros llegaron al caserío Monte Lara, ubicado en Maicao (Guajira) y atacaron a las personas que se encontraban durmiendo en chinchorros, acabando con la vida de Samuel David González Pushaina, un bebé de siete meses, hijo de Carlos Enrique González –excombatiente de las Farc– y de Sandra Pushaina –indígena Wayúu–. En el mismo atentado también murió un familiar del exguerrillero.


En la misma semana –lunes 8 a domingo 14 de abril– también fue asesinado en el municipio de Ricaurte (Nariño) Fabio Roberto Paí Yascuarán, indígena Awá perteneciente a la comunidad Nalbú. La región donde vivía se encuentra en disputa entre diferentes grupos armados. Según fuentes gubernamentales la razón de la disputa es el control de rutas para el narcotráfico, lo que genera múltiples amenazas y controles a la libertad de tránsito en los territorios ancestrales del pueblo Awá. Hasta dos años atrás este territorio estaba bajo control de las otrora Farc.


Las denuncias por estos homicidios resuenan en amplias zonas del país, pero la impunidad no cede, y la violencia con blancos claramente establecidos prosigue con sus detonaciones: el 22 de abril en Norte de Santander cae asesinado Dimar Torres Arévalo –excombatiente fariano–, y la inculpación por autoría material recae sobre miembros del Ejército nacional. Según el comunicado de la Junta de acción comunal Vereda Campo alegre, municipio de Convención, a las 5 de la tarde de aquel día se escucharon algunos disparos que provenían de la base militar ubicada en la vereda Carrizal del corregimiento de Miraflores, hacia el lugar se desplazaron 80 personas de la comunidad y encontraron que los militares estaban abriendo una excavación al interior de la instalación militar, en donde pretendían enterrar el cuerpo de Dimar Torres. Días atrás –20 de abril– fueron hostigados con armas de fuego Ólger Antonio Pérez Quintero, directivo de la Asociación Campesina del Catatumbo –Ascamcat–, Nicolás López, del Comité de Integración Social del Catatumbo –Cisca– y Horacio Ramírez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Torcoroma.


¿Derechos Humanos?


La guerra continua en Colombia, en todas sus formas, entre ellas la psicológica. Al mismo tiempo que arrecia la ofensiva militar en contra de líderes sociales y excombatientes de las Farc, los panfletos firmados por las Águilas Negras reaparecen en los territorios de quienes se movilizaron en el mes de marzo. Estos panfletos expresan la relación de los grupos paramilitares con el establecimiento, pues defienden la institucionalidad y el gobierno de turno, criminalizan la organización social, el sindicalismo y a los defensores de Derechos Humanos, tildando a todos estos como guerrilleros. En el Cauca se están ofreciendo recompensas económicas por el asesinato de guardias indígenas y autoridades del Cric.


La situación que vivimos no es poca cosa. Según el informe anual de la ONG Programa Somos Defensores, el año 2018 fue uno de los más sangrientos para los defensores de derechos humanos en Colombia, pues se registraron 155 asesinatos, lo que supone un 46,2 por ciento más que en el 2017 en el que se presentaron 106 homicidios. Los departamentos en los que se registraron más muertes fueron Cauca (28 casos), Antioquia (24), Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10). A su vez, de los 155 asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos, 7 eran dirigentes sindicales, 6 afrocolombianos, 3 abogaban por las víctimas del conflicto armado, 3 líderes educativos, 3 defensores de la restitución de tierras, 2 del medioambiente y 1 Lgbti. Entre los responsables se encuentran grupos paramilitares, disidencias de las Farc, Eln y fuerza pública.


Debe recordarse que, según el informe presentado por Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde enero del año 2016 y hasta los primeros días del 2019, se estima que alrededor de 600 líderes sociales han sido asesinados en nuestro país. Así mismo es necesario mencionar que en los primeros 100 días gobierno de Iván Duque se han registrado 120 asesinatos de líderes. Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia se estima que durante este gobierno se han presentado 63 asesinatos de líderes indígenas y 153 amenazas. Además, son preocupantes las declaraciones del director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización de Colombia, Andrés Stapper, quien sostuvo que desde la firma del Acuerdo de Paz fueron asesinados 128 excombatientes.


¿Tiempo de inventar nuevos caminos?


Una disputa política por el control territorial. Este panorama que tenemos en materia de Derechos Humanos en Colombia, corrobora la existencia de un plan de asesinatos sistemáticos y selectivos contra líderes y lideresas sociales que dinamizan las inconformidades que aquejan a millones en el país, así mismo, evidencia una estrategia para generar miedo y terror en los diferentes territorios que están cansados de esta realidad, y que en medio de las dificultades están confrontando al gobierno del Centro Democrático, oponiéndose a los proyectos económicos, políticos y minero energéticos que se pretenden instalar por diferentes coordenadas nacionales.


De la misma manera, el asesinato de los excombatientes de las Farc evidencia el plan de exterminio contra las bases de la otrora insurgencia, los que con su activismo podrían generar en un futuro no lejano organizaciones sociales que confronten al régimen, o que ante los constantes incumplimientos de lo acordado decidan reagruparse en las llamadas “disidencias”.


No sorprende la respuesta del gobierno, pues en realidad los asesinatos y amenazas que se riegan por el país son funcionales a sus intereses. Lo que sí asusta es la falta de solidaridad de la sociedad colombiana, que pasivamente se queda observando, semana tras semana, el asesinato de otros líderes sociales. Esto trae algunos interrogantes: ¿acaso los movimientos sociales estamos desconectados del país nacional? ¿por qué el llamamiento a un paro nacional motiva la participación de los mismos sectores de siempre? ¿será que las metodologías que se están utilizando no son las que el pueblo colombiano está esperando y demandando? ¿cómo lograr discutir estos temas en el conjunto del movimiento social sin que se impongan los vicios de marginar, amañar o imponer las posiciones con la excusa de ser “mayoría”? Todo un reto por encarar.


Seguramente el país nacional va a sentir como propias todas estas luchas que se gestan desde los movimientos sociales, cuando realmente estos movimientos se aboquen al país, lo que implica superar las formas clásicas de la política, la misma que entiende y ve el poder en el Estado nacional, romper con lo cual demanda discutir y cuestionar la democracia liberal, así como las instituciones oficiales, las que están al servicio del poder tradicional y del status quo.

 

Artículos consultados


https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36595-colombia-denuncian-128-asesinatos-de-excombatientes-farc-tras-acuerdo-de-paz.html
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36645-asesinados-en-colombia-155-defensores-de-los-derechos-humanos-en-2018.html
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-mapa-de-los-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-184408
https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article24263
https://analisisurbano.org/a-tiros-mataron-a-lider-social-policarpo-guzman-mage-en-argelia-cauca/
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2965-tambien-victimas-de-multiples-vulneraciones-de-ddhh-el-pueblo-awa-del-municipio-de-ricaurte-narino
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2957-onic-denuncia-y-repudia-asesinato-de-dirigente-embera-aquileo-mecheche-baragon-de-camizba-asorewa
https://www.semana.com/opinion/articulo/asesinato-de-lideres-sociales-en-colombia-columna-de-ariel-avila/597203

 

 

 

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Colombia y México suman el 54% de los asesinatos de defensores de derechos humanos en todo el mundo

Front Line Defenders denuncia un aumento de la violencia contra el activismo en todo el mundo y la doble cara de la Unión Europea, que mira hacia otro lado mientras sus aliados cometen todo tipo de violaciones de los derechos humanos.

Con nueve asesinatos más que en 2017, en el pasado año se alcanzó un nuevo récord en la persecución de defensores de derechos humanos alrededor del mundo, al menos desde que se lleva la cuenta. En 2018, fueron asesinados 321 defensores, según los datos recopilados por Front Line Defenders (FLD) en su último informe.

De los 27 países en los que FLD registró asesinatos de activistas, Colombia se lleva la palma con casi la mitad del total, nada menos que 127 casos. Le siguen a mucha distancia México, Filipinas, Guatemala, Brasil e India. Más de tres cuartas partes de los asesinatos, un 77%, estuvieron motivados por el trabajo de los activistas en la defensa del derecho a la tierra, el medio ambiente y de los pueblos indígenas. La enorme mayoría de estos crímenes se han realizado “en el contexto de industrias extractivas y megaproyectos respaldados por los Estados”, denuncian desde FLD. Solo en Colombia y México se produjeron el 54% del total de asesinatos. Y en esta lista no están todos los casos. Es un informe incompleto: solo recoge las denuncias recibidas por Front Line Defenders.

No se tratan de “casos aislados”, señalan desde esta ONG. Los crímenes fueron precedidos de hostigamiento judicial, amenazas y ataques físicos. Según FLD, al menos el 49% de las personas asesinadas habían recibido previamente amenazas de muerte, y en otro 43% de los asesinatos hubo amenazas generalizadas contra personas o grupo de defensores en la misma área. “En la gran mayoría de los casos”, señalan en el informe, “las personas defensoras no recibieron la protección y el apoyo necesarios de las autoridades estatales desde que denunciaron las amenazas hasta el momento en que fueron asesinadas”.


Desde esta organización señalan que existe una tendencia hacia una “legislación restrictiva dirigida a sofocar el poderoso trabajo” de estos activistas. Algunos de los casos más graves se han dado en Bangladesh, donde la Ley de Seguridad Digital incluye penas de hasta 14 años por usar medios digitales para “causar daños al Estado”. En la provincia china de Xinjiang, el Gobierno ha legalizado el uso de campos de “reeducación” para la población minoritaria uigur. En Nicaragua, un cambio en la legislación antiterrorista ha permitido detener y acusar a manifestantes por delitos de terrorismo, denuncian desde FLD. En Hungría, el paquete legislativo que ha lanzado el Gobierno —conocido con el nombre de “Stop Soros”— criminaliza la asistencia humanitaria a las personas migrantes, señalan.


Doble discurso


También merece la censura de esta ONG el Gobierno militar de Egipto, que ha lanzado una ley de regulación de medios. Según esta norma, cualquier persona que tenga una cuenta de una red social con más de 5.000 seguidores será susceptible de ser vigilada y bloqueada si el Consejo Regulador considera que a través de ellas se publican o difunden “noticias falsas” o que “inciten a que se viole la ley”.

La “creciente hostilidad hacia la agenda de derechos humanos a nivel global”, sostiene FLD ha animado a los regímenes autoritarios de Medio Oriente “a intensificar sus medidas drásticas” contra las personas defensoras de derechos humanos. “Mientras tanto, los Gobiernos occidentales han seguido interesados en desarrollar lazos económicos, militares y de seguridad con los Gobiernos responsables de los peores abusos contra personas defensoras, entre ellos Arabia Saudita, Egipto, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos”.

Especialmente sangrante es el caso de Egipto, donde la situación para la sociedad civil “es cada vez peor”. Estos abusos no han evitado que este país norteafricano se haya convertido en el tercer destino de las exportaciones mundiales de armamento, después de India y Arabia Saudí.


Ser sindicalista en Egipto también se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Según FLD, el régimen del presidente Abdelfatah el Sisi castigó reclamos laborales con “arrestos, desapariciones, palizas y torturas durante las detenciones, intimidación por parte de agentes de la seguridad del Estado, despidos masivos, retención de salarios y prestaciones, y juicios en tribunales militares”.

Todo esto no parece importarle demasiado a los principales gobiernos occidentales. De hecho, la Comisión Europea está estudiando destrabar el apoyo presupuestario a Egipto bajo la revisada Política Europea de Vecindad, suspendida tras el golpe militar en 2013.

También en Arabia Saudí se evidencia el doble discurso de la Unión Europea y el Gobierno español en lo que se refiere a derechos humanos. Mucho se ha hablado sobre la lucha para que las mujeres pudieran conducir en este país islámico, un derecho que conquistaron en junio del pasado año. Pero poco se sabe de la situación de las defensoras de derechos humanos Loujain al-Hathloul, Eman al-Nafjan y Aziza al-Yousef, que continúan detenidas tras desempeñar un papel activo en la campaña.

Tras su detención, los medios estatales acusaron a estas activistas de “traición”, “conspiración contra el Reino y la familia real” y “colaboración con agentes extranjeros”. Fueron víctimas, durante la detención, de acoso sexual, descargas eléctricas, flagelación y ahorcamientos, según denuncia FLD. Una de las defensoras intentó suicidarse varias veces.

Por Redacción El Salto

 2019-03-19 06:00:00

 

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Una violencia reiterada,  metódica y no aleatoria

Los asesinatos de quienes asumen el reclamo público de los derechos de sus comunidades prosigue en Colombia; más de trescientos caídos bajo las balas criminales fueron necesarios para que la Fiscalia reconociera algún grado de sistematicidad en los mismos. El informe acá comentado refiere patrones comunes en todos ellos, y teme que la violencia no cese en este año electoral.

 

El pasado 4 de febrero, en las instalaciones del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, presentaron el informe: “¿Cuáles son los patrones? Asesinatos a líderes sociales en el postacuerdo”, elaborado por el Cinep, la Confederación de Acción Comunal, Iepri-UN, Comisión Colombiana de Juristas, Programa Somos Defensores, Asociación Campesina del Catatumbo y Movimiento Ríos Vivos.

 

Aunque la intensión de elaborar el informe no fue la de consolidar una cifra, los registros son aterradores: Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018, las organizaciones sociales registraron 343 violaciones al derecho de la vida, de las cuales sólo el 10 por ciento de las personas afectadas había recibido amenazas. Lo preocupante es que el fenómeno va en aumento conforme pasa el tiempo. Es decir, es una realidad repetitiva, invariable y continua. Una violencia perpetrada de manera reiterada, metódica y no aleatoria. El informe, por lo tanto, desmiente que sea accidental o fortuita.

 

Para la concreción de estos crímenes, en la mayoría de los casos se utilizaron armas de fuego y fueron cometidos en las mismas residencias de las víctimas, lo que denota selectividad a la hora de ejecutarlos, así como seguimiento y planeación por parte de una estructura criminal organizada y con dominio territorial.


Aterrador también que los asesinatos sean antecedidos o seguidos por señalamientos en discursos estigmatizantes o negacionistas por parte de las autoridades locales, regionales y del orden nacional. Desconocen que las víctimas sufren el atentado por su condición de defensores de derechos humanos.

 

Para la ejecución de estos crímenes, la modalidad más recurrente es el sicariato: algún gatillero dispara mientras uno o más asesinos esperan al sicario para cubrir la fuga, dispuestos a actuar ante un posible testigo, o alguién que se interponga para impedir su acción o que intente dar aviso a las autoridades. También hay amenazas a familiares para que cesen sus denuncias. Los perpetuadores materiales gozan de altos índices de impunidad, mucho más los intelectuales.

 

 

Las víctimas son parte de sectores que están en condiciones sociales de vulnerabilidad y en una posición asimetríca con respecto al poder dominante en su región. El informe permite concluir, como constante, que los asesinados también pertenecen a grupos históricamente discriminados. Asimismo, evidencia elementos comunes y condiciones compartidas que definen posibles patrones identificables entre los crímenes, como por ejemplo que afectan intereses de grupos ilegales, pero también de sectores económicos formales.

 

Hay territorios donde la violencia es extrema, en el sentido que la tasa de homicidio supera diez veces el promedio nacional. Son territorios con presencia de cultivos de uso ilícito o rutas de narcotráfico, presencia de grupos paramilitares o zonas militarizadas. Territorios donde existen fuertes procesos sociales, se desarrollan actividades de extracción legal e ilegal de minería. Cercanas a las zonas de transición o espacios territoriales de reincorporación de las Farc, son zonas afectadas por desplazamientos forzado.

 

Una realidad de violencia creciente y sin signos de tomar un rumbo contrario. Violencia con orígen y procedencia visibles, pese a lo cual es desconocida o negada por el gobierno en sus patrones ya indicados, tal vez motivado para ello en el temor de que, al reconocer la sistematicidad tendría que aceptar la intervención de Naciones Unidas, quedando cuestionado el Estado en su responsabilidad.

 

Es una realidad sistemática que también cuestiona a los medios de comunicación, que prefieren apuntar sus lentes y micrófonos a Venezuela. Finalmente, una sociedad civil que parece perder su sensibilidad. Urge pues defender a quienes defienden.

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Una violencia reiterada,  metódica y no aleatoria

Los asesinatos de quienes asumen el reclamo público de los derechos de sus comunidades prosigue en Colombia; más de trescientos caídos bajo las balas criminales fueron necesarios para que la Fiscalia reconociera algún grado de sistematicidad en los mismos. El informe acá comentado refiere patrones comunes en todos ellos, y teme que la violencia no cese en este año electoral.

 

El pasado 4 de febrero, en las instalaciones del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, presentaron el informe: “¿Cuáles son los patrones? Asesinatos a líderes sociales en el postacuerdo”, elaborado por el Cinep, la Confederación de Acción Comunal, Iepri-UN, Comisión Colombiana de Juristas, Programa Somos Defensores, Asociación Campesina del Catatumbo y Movimiento Ríos Vivos.

 

Aunque la intensión de elaborar el informe no fue la de consolidar una cifra, los registros son aterradores: Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018, las organizaciones sociales registraron 343 violaciones al derecho de la vida, de las cuales sólo el 10 por ciento de las personas afectadas había recibido amenazas. Lo preocupante es que el fenómeno va en aumento conforme pasa el tiempo. Es decir, es una realidad repetitiva, invariable y continua. Una violencia perpetrada de manera reiterada, metódica y no aleatoria. El informe, por lo tanto, desmiente que sea accidental o fortuita.

 

Para la concreción de estos crímenes, en la mayoría de los casos se utilizaron armas de fuego y fueron cometidos en las mismas residencias de las víctimas, lo que denota selectividad a la hora de ejecutarlos, así como seguimiento y planeación por parte de una estructura criminal organizada y con dominio territorial.


Aterrador también que los asesinatos sean antecedidos o seguidos por señalamientos en discursos estigmatizantes o negacionistas por parte de las autoridades locales, regionales y del orden nacional. Desconocen que las víctimas sufren el atentado por su condición de defensores de derechos humanos.

 

Para la ejecución de estos crímenes, la modalidad más recurrente es el sicariato: algún gatillero dispara mientras uno o más asesinos esperan al sicario para cubrir la fuga, dispuestos a actuar ante un posible testigo, o alguién que se interponga para impedir su acción o que intente dar aviso a las autoridades. También hay amenazas a familiares para que cesen sus denuncias. Los perpetuadores materiales gozan de altos índices de impunidad, mucho más los intelectuales.

 

Las víctimas son parte de sectores que están en condiciones sociales de vulnerabilidad y en una posición asimetríca con respecto al poder dominante en su región. El informe permite concluir, como constante, que los asesinados también pertenecen a grupos históricamente discriminados. Asimismo, evidencia elementos comunes y condiciones compartidas que definen posibles patrones identificables entre los crímenes, como por ejemplo que afectan intereses de grupos ilegales, pero también de sectores económicos formales.

 

 

 

Hay territorios donde la violencia es extrema, en el sentido que la tasa de homicidio supera diez veces el promedio nacional. Son territorios con presencia de cultivos de uso ilícito o rutas de narcotráfico, presencia de grupos paramilitares o zonas militarizadas. Territorios donde existen fuertes procesos sociales, se desarrollan actividades de extracción legal e ilegal de minería. Cercanas a las zonas de transición o espacios territoriales de reincorporación de las Farc, son zonas afectadas por desplazamientos forzado.

 

Una realidad de violencia creciente y sin signos de tomar un rumbo contrario. Violencia con orígen y procedencia visibles, pese a lo cual es desconocida o negada por el gobierno en sus patrones ya indicados, tal vez motivado para ello en el temor de que, al reconocer la sistematicidad tendría que aceptar la intervención de Naciones Unidas, quedando cuestionado el Estado en su responsabilidad.

 

Es una realidad sistemática que también cuestiona a los medios de comunicación, que prefieren apuntar sus lentes y micrófonos a Venezuela. Finalmente, una sociedad civil que parece perder su sensibilidad. Urge pues defender a quienes defienden.

Publicado enEdición Nº254
Martes, 22 Enero 2019 06:22

Economía del exterminio

Economía del exterminio

Quienes ordenan los asesinatos de líderes sociales en Colombia buscan destruir las ideas, el conocimiento, la experiencia y el futuro de las comunidades

168 líderes sociales fueron asesinados en Colombia en 2018, según informó la Defensoría del Pueblo. Y en apenasdiez días de 2019 ya han sido asesinados Gilberto Valencia, Wilmer Miranda, Antonio Gutiérrez, Wilson Pérez, Maritza Quiroz y José Solano. Un desesperante goteo de nombres y cifras que se van acumulando y pronto desaparecen en una nebulosa de conjeturas, verdades a medias, silencios burocráticos, chismes y hasta hipótesis grotescas como la del ministro de Defensa, quien declaró hace unos meses que a los líderes sociales los estaban asesinando por “líos de faldas”.


En las calles de las ciudades de Colombia, un país predominantemente urbano, casi nadie sabe con exactitud qué son o qué hacen los líderes sociales en las regiones y mucho menos por qué los están matando. La calculada dispersión narrativa y las dudas que el propio discurso oficial arroja sobre estas personas no son precisamente el mejor estímulo para la solidaridad y la acción colectiva. Y es así como, día tras día, se va normalizando el horror. Mañana matarán a Pedro, pasado mañana a Fermina, el viernes a otro Wilson, el domingo a otro Pedro.


Hay algo tristemente irónico en el hecho de que muchas de las fotografías difundidas tras los asesinatos muestran a estas personas en situaciones de alegría cotidiana. A Maritza Quiroz la vemos alimentando a sus ovejas, aferrada a un ramillete de hierbas medicinales o desgranando una mazorca, siempre con los ojos cansados del que ha visto demasiado y, sin embargo, le sonríe al futuro. ¿Quién querría asesinar a una mujer indefensa de sesenta años, desplazada por la violencia paramilitar, líder de las mujeres afrodescendientes y reclamante de tierras?


¿Qué clase de amenaza representaba Maritza Quiroz para quienes dieron la orden de matarla en su parcela, delante de amigos y vecinos?
Parte de la respuesta se encuentra en la denominación de líder social, o mejor, en lo que ese opaco sintagma no deja ver con claridad y es que los líderes sociales son en realidad creadores o sanadores de los territorios. Esa palabra, territorio, debe entenderse como una construcción intelectual, ecológica, política, cultural, donde las alternativas económicas están ligadas a unos usos responsables de la tierra y los recursos.


El concepto de territorio que, con sus diversas prácticas, han elaborado las comunidades campesinas, afrocolombianas o indígenas a lo largo y ancho de la geografía nacional es la principal amenaza para los intereses de una serie de actores tradicionalmente violentos: disidencias de las Farc, minería ilegal, clanes del narco, paramilitares y el viejo latifundio semiproductivo, que cuenta con una nutrida y poderosa representación en el gobierno actual. Más allá del intrincado relato de complicidades, conflictos, recelos o pugnas que puedan surgir entre estos actores, todos ellos comparten el rechazo a la noción popular y plebeya de territorio, hecha desde abajo por gente como Maritza Quiroz o José Solano, que, según recuerda la ecóloga Úrsula Jaramillo Villa en su cuenta de Facebook, “tenía en la cabeza el registro de todos los proyectos que se han hecho en la región, y recordaba minuciosamente por qué habían tenido éxito o fracaso. Tenía absolutamente claro el efecto catastrófico que la minería ilegal ha tenido sobre su comunidad, devastándola particularmente a través de los jóvenes que son seducidos con dinero fácil y prostitución.”


Quienes ordenan estos asesinatos buscan destruir las ideas, el conocimiento, la experiencia, en definitiva, el futuro de las comunidades, pues consideran que la misma noción de territorio y sus usos plebeyos representan un obstáculo que debe ser eliminado.


Para todos estos actores violentos, las comunidades no son más que un gran banco de cuerpos, asimilable solo como mano de obra barata, brazos armados desechables o a través de la explotación sexual; capital humano forzoso para un contexto económico y político que el antropólogo José Antonio Figueroa ha descrito como un capitalismo lumpen, basado en la administración de la muerte y donde el predominio de la acumulación primitiva y el despojo cancela cualquier horizonte modernizador y sustentable. Eso por no hablar de la catástrofe medioambiental.


Tampoco es casual que muchos de los líderes asesinados hayan participado de una u otra forma en los procesos locales derivados de los Acuerdos de Paz firmados entre el anterior gobierno y la guerrilla de las Farc: las comunidades rurales de todo el país saben que la implementación de esos acuerdos significaría un impulso para la consolidación de sus proyectos territoriales.


Por su parte, el gobierno de Iván Duque no parece tener una idea clara sobre lo que debe hacer con los Acuerdos. Obligado por los compromisos internacionales, ha anunciado que seguirá adelante con la implementación, mientras la presión interna, en especial la que proviene del gran latifundio ganadero y el ala dura del uribismo, que no ha ocultado su deseo de “hacer trizas” los Acuerdos, tiende a paralizar todas las iniciativas institucionales emprendidas por la administración anterior para llevar la paz –es decir, una presencia estatal integral- a todas las regiones.


Por desgracia, tras el atentado a la Escuela de Cadetes y la consecuente ruptura de negociaciones con el ELN, el escenario de la implementación es aún más incierto. Con sus recientes alocuciones, Iván Duque, hasta ahora insustancial y errático en cada amague de hacer creíble su rol presidencial, reactivó en pocas horas la vieja lógica del enemigo interno y la amenaza terrorista, algo que en Colombia suele venir acompañado de una escalada de violencia estatal y paraestatal, como se puede comprobar sin esfuerzo en los informes elaborados por el Centro Nacional de Memoria Histórica.


Todo hace prever que la ambigüedad del discurso oficial seguirá siendo cómplice del capitalismo lumpen y su macabra economía de exterminio.
En definitiva, el peor de los mundos para ser un líder territorial.

 

JUAN CÁRDENAS, escritor colombiano
22 ENE 2019 - 02:24 COT

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ONU pide a Iván Duque que responda a los asesinatos de líderes sociales

El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori, instó este domingo al presidente de esa nación sudamericana, Iván Duque, a responder con urgencia ante el incremento de asesinatos de líderes sociales.

El politólogo italiano se refirió en esta capital a la escalada de crímenes contra defensores de los derechos humanos y reclamantes de tierra en regiones como el departamento del Cauca, suroeste colombiano.


En los pocos días de 2019 hay muchos muertos y la mayoría en la región del Cauca, subrayó el representante de Naciones Unidas en alusión a los siete líderes asesinados en la primera semana del año.


Brunori aplaudió la reunión del Gobierno el pasado viernes en la que se evaluó el Plan de Acción Oportuna, estrategia lanzada para contrarrestar la violencia social en Colombia.
Sin embargo, consideró que deben acelerarse las medidas para garantizar un sistema de protección efectiva a los líderes sociales.


Según la Defensoría del Pueblo, desde la firma del Acuerdo de Paz hace dos años, han sido asesinados 358 colombianos por su posición política o estar vinculados a tareas de reivindicación social.


Organizaciones de derechos humanos estiman que esa cifra es incluso superior y rebasa las 400 víctimas, cerca de un centenar de ellas excombatientes de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.


La víspera, además, el fiscal general de la Nación, Néstor Martínez, reconoció por primera vez que hay un patrón de sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales en Colombia.

13 enero 2019 
(Con información de PL)

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La violencia azota Colombia dos años después del acuerdo de paz con las FARC

La ONU y la Unión Europea denuncian "la persistencia del asesinato de líderes sociales". Desde 2016 se registraron más de 300 casos

 

La familia Díaz Tapasco estaba a punto de ir a dormir. Eran las diez de la noche en el poblado del resguardo indígena de San Lorenzo, en el eje cafetero colombiano. Cuatro hombres encapuchados irrumpieron en la vivienda y descerrajaron a bocajarro al líder comunitario, su esposa y su hijo, coordinador de la escuela. La hija logró escapar. La matanza se produjo hace unas horas, este viernes, en una zona rural del municipio de Riosucio, en el centro del país, y es el enésimo episodio de una terrible rutina. Cuando se cumplen dos años de la firma de la paz con las FARC, la violencia sigue golpeando a Colombia,


El 24 de noviembre de 2016, el expresidente Juan Manuel Santos y el máximo líder del grupo insurgente, Rodrigo Londoño,Timochenko, pusieron oficialmente fin a más de medio siglo de conflicto armado. Terminó efectivamente una guerra, alrededor de 13.000 combatientes se desmovilizaron, entregaron sus fusiles y se integraron en un partido político. Pero el sentido último de los acuerdos consistía en impulsar una transición profunda, una nueva etapa de convivencia que, al menos en el campo colombiano, sigue pendiente. Cada organismo maneja sus cifras, pero la gran mayoría coincide en que desde ese día se han perpetrado más de 200 asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Esto es, casi uno cada tres días. Según el cálculo de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016, en plena fase de negociación, y el pasado 22 de agosto, las víctimas mortales ascendieron a 343.


Naciones Unidas y la Unión Europea, que han acompañado el proceso de implementación de lo pactado con las FARC, han denunciado este sábado que, pese a los indudables avances, la paz, real y tangible, aún queda lejos. Las dos instancias lamentan en un comunicado conjunto "la situación de violencia que siguen viviendo regiones como el Catatumbo, Nariño o el Cauca donde [...] las comunidades carecen todavía de garantías fundamentales". Esos territorios, ubicados en la frontera con Venezuela y en la costa del Pacífico, son el principal escenario de la disputa entre mafias, paramilitares, grupos de guerrilleros disidentes y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la principal organización insurgente aún activa en Colombia. Todos buscan hacerse con el control de las economías ilegales, empezando por el narcotráfico, en un país donde el año pasado los cultivos de coca superaron las 200.000 hectáreas. Es decir, más de tres veces la superficie de una ciudad como Madrid.


Los defensores de los derechos humanos y los líderes comunitarios son el eslabón más débil del ecosistema rural y así lo confirman el representante especial del secretario general de la ONU, Jean Arnault, y el enviado de la UE para la paz, Eamon Gilmore. "Una de las expresiones más negativas de esta violencia es la persistencia del asesinato de líderes sociales", señalan. El reto, en su opinión, consiste en desplegar el Estado allá donde todavía no lo ha hecho: "Incrementar la presencia de las instituciones estatales para hacer llegar a los territorios los dividendos de la paz a los cuales las comunidades aspiran: seguridad, educación, salud, tierra, infraestructura y oportunidades de desarrollo alternativas a las economías ilegales". "La tarea", continúan, "es inmensa, la articulación de todas las instituciones imprescindible, la contribución de los actores regionales a su propio desarrollo decisiva".


A ese horizonte de inseguridad se añaden las dificultades y los retrasos que han marcado la aplicación de los acuerdos. La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido heredero de la guerrilla, entro en el Congreso, pero está profundamente dividido. Dos de sus principales líderes, el ex número dos de la organización, Iván Márquez, y Hernán Darío Velásquez, El Paisa, están en paradero desconocido en señal de protesta por la detención de Jesús Santrich, otro excomandante que se encuentra a la espera de extradición a Estados Unidos por un delito de narcotráfico. Y, aunque Timochenko se muestra fiel al compromiso que asumió personalmente con Juan Manuel Santos, en una carta remitida ayer a Arnault resalta que "han sido muy reducidos los avances alcanzados en la implementación del acuerdo de paz, en particular en lo tocante al tema del acceso a la tierra".


El Gobierno del nuevo presidente, Iván Duque, quien ganó las elecciones con la promesa de modificar los acuerdos de La Habana, ha evitado conmemorar el segundo aniversario de la firma. El mandatario, no obstante, se refirió a la matanza de Riosucio y al asesinato de un niño de 13 años en la Comuna 13 de Medellín, antiguo territorio del cártel de Pablo Escobar. "Nos duele, nos toca el alma y le he pedido al ministro de la Defensa que tenemos que buscar la captura de quienes están detrás de ese terrible horrible crimen, que nubla ese territorio de paz y comunidad ancestral", enfatizó. "Esos hechos son los que queremos que no se sigan repitiendo en el país y por eso tenemos que trabajar articuladamente el Estado y la ciudadanía para denunciar y sancionar".

 

Por Francesco Manetto

Bogotá 24 NOV 2018 - 21:06 COT

 

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Movimientos sociales y el protocolo para la protesta pacífica

A partir del abuso de autoridad padecida en Colombia para contener y desestimular la movilización social, el pasado 31 de julio fue firmado el “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica”, que sirve para establecer derechos sociales, además de oportunidades políticas, para que la sociedad civil exprese sus demandas. Con lo firmado ¿qué pueden espera los movimientos sociales?

 

La firma de la resolución 1190 del 2018, también adoptada como “Protocolo para la coordinación de acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica”1, representa para la sociedad civil, especialmente para el sector de los movimientos sociales, un avance en términos de construcción de medios de defensa ante la represión que la Policía Nacional y el Gobierno Nacional acostumbran desplegar en contra de las protestas sociales.

 

Durante el proceso de construcción de este protocolo, llevado a cabo en Bogotá, participaron organizaciones sociales como La Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, la Mesa Nacional de Garantías, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, representantes del Gobierno como: el Ministro de Defensa, la ONU y el Ministro del Interior, además de algunos miembros de la Policía Nacional.

 

Fueron cuatros días para discutir, negociar y ratificar el Protocolo, pretendido desde hace cinco años por la Cumbre Agraria, que ve la necesidad de impulsarlo debido al asesinato de campesinos y líderes sociales a manos de agentes de la Policía y su cuerpo élite, el Esmad, en el curso de protestas, como la del Paro Agrario del año 2013.

 

Al respecto refirió Franklin Castañeda, presidente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos: “El paro fue tratado con tal nivel de salvajismo que en Bogotá tuvimos 29 personas heridas, una señora en silla de ruedas asesinada, un joven sin un ojo, más de 800 personas detenidas, el toque de queda fue declarado en varios municipios, prohiiendo a la gente salir de la casa; el presidente Santos pronunció un discurso ordenando que 8.000 militares custodiaran la seguridad de Bogotá, medidas que son propias de un estado de sitio”.

 

Ciclo de la protesta social en Colombia

 

Estos casos de abuso de autoridad están enmarcados en el “ciclo de la protesta” conocido por el país durante los últimos diez años, suceso de lucha por derechos paralelo al cual la represión era fortalecida y las vías institucionales para ejercer las demandas de la sociedad civil eran cerradas.

 

Los casos de abuso de autoridad generados por el Esmad se recrudecieron, tal como las cifras lo demuestran: “Entre 2002 y 2014 fueron registradas 448 agresiones con la presunta participación de integrantes de la fuerza pública, que dejaron cerca de 3.950 víctimas, entre ellas 137 casos de personas heridas, 91 detenciones arbitrarias, 107 reportes de amenazas individuales y colectivas, 13 casos de ejecuciones extrajudiciales y 2 de violencia sexual”2.

 

Para Franklin Castañeda: “Se ha vuelto normal, sin que haya mayor reacción social o mediática, que en Colombia en el marco del derecho a la protesta social varias personas resulten asesinadas. En el 2017 catorce personas perdieron la vida bajo este contexto, en el 2016 fueron ocho, en el 2015 fueron siete las que perdieron la vida, y recuerdo que en el 2013 fueron quince”.

 

Las cifras muestran la magnitud de la represión hacia la protesta social, y dan cuenta de un problema estructural, de una visión de Estado. Además, deja en claro el tipo de doctrina con la cual son formados los agentes de policía y los de su cuerpo élite, el Esmad, con la cual prima la criminalización de la protesta social, es decir, el activista es considerado un enemigo, no un ciudadano que levanta su voz en defensa de los derechos básicos.

 

Criminalización de la protesta social

 

La criminalización de la protesta no es un fenómeno contemporáneo, sino que es histórico, visible a través de las políticas de “seguridad” de varios gobiernos, es decir, estamos ante una política de Estado. Vale recordar la implementación del Departamento de Seguridad Nacional por parte del gobierno de Carlos Lleras (1970), también el Estatuto de seguridad con Turbay (1978); el Plan Colombia (1999) implementado por orden de Estados Unidos en el gobierno de Pastrana, y la Seguridad Democrática durante los gobiernos de Uribe (2006). Estas políticas tienen en común legitimar el exterminio del “enemigo interno” a través de la criminalización de la protesta social, interpretada como una acción de terrorismo, vinculada a grupos guerrilleros y no como acciones colectivas propias de la sociedad civil.

 

Este tratamiento ha conllevado a silenciar y aniquilar al otro/a diferente y diverso que se manifiesta con particularidades poblacionales y culturales, cuya expresión en el marco de un contexto de gobierno democrático debería ser posible. Además, la represión política no solamente ha deslegitimado las acciones colectivas sino que también sesga la comprensión del trasfondo de las problemáticas sociales por parte del conjunto social y, con ello, desvirtúa la necesidad de protestar cuando el acceso a diversidad de derechos está bloqueado, además de inyectar temor en amplios segmentos poblacionales.

 

Esta tendencia a la represión violenta de la protesta social, para mantener la “seguridad” y el orden, lleva al incumplimiento de los lineamientos reconocidos en cuanto a las armas que puede usar el cuerpo represivo, llevando a la indiferenciación entre armas letales y no letales. En este sentido, es imprescindible abrir en la sociedad el debate, ¿cuál es la fuerza que puede ejercer la policía y el Esmad?, ¿bajo cuáles criterios debe ser regulado el uso de la fuerza?, o ¿se regula la fuerza o la protesta social?

 

Estos cuestionamientos han sido transversales al debate sobre garantizar la protesta social como un derecho fundamental y, aunque las organizaciones sociales han planteado discusiones en torno al tema, el Gobierno se mostró evasivo, en tanto no cedió ante la demanda por la diferenciación del armamento letal y no letal.

 

Negociación del protocolo

 

Las evasivas gubernamentales, además de tener explicación por una política de control y protección del poder por parte de quienes lo detentan, son influenciadas por las presiones que sectores empresariales ejercen, como los comerciantes y el sector minero, quienes han manifestado la oposición a la protesta social, así mismo al desarrollo del Protocolo sin su revisión, pues para los sectores empresariales un Protocolo negociado abre la posibilidad de pérdidas económicas debido a las consecuencias de los bloqueos de las vías comerciales, al tiempo que pone en riesgo sus negocios mineros y extractivistas en general, al toparse con la oposición de amplios segmentos sociales a tales iniciativas por su impacto ambiental.

 

No obstante, aunque no fueron establecidas regulaciones profundas en torno al tema de la fuerza, se logró que nuevas interpretaciones sobre la protesta social como un derecho fueran reconocidas en el Protocolo, por ende en el marco cultural y político del gobierno nacional y su policía. Así pues, el tratamiento de la fuerza es referido en el texto así: “[…] El último recurso que la Policía Nacional puede ejercer […] El cuerpo de policía intervendrá solo cuando considere que su actuación es necesaria, atendiendo al principio de proporcionalidad, y a la garantía de los derechos de los manifestantes, y de todas las personas, inclusive de quienes no participan”4.

 

Aunque estas concepciones plantean nuevos discursos, debates y propuestas que entran en juego entre la sociedad civil y gobierno nacional, también surgen inquietudes sobre qué tanto el Protocolo garantiza que la fuerza sea utilizada sólo en casos extremos, puesto que puede ocurrir la situación hipotética en que la Policía Nacional arguya el uso de la fuerza por la “defensa” de los sectores de la sociedad que no participan de la protesta social.

 

Por otro lado, si bien el documento firmado es una resolución, no tiene suficiente peso normativo para no ser modificado. Sin embargo, es una ganancia para el movimiento social haber alcanzado la construcción de este Protocolo; el beneficio de uno similar acordado en Bogotá en positivo: desde su regulación en el año 2015, también por la Cumbre Agraria y la alcaldía de Gustavo Petro, no se volvieron a presentar casos de muertes u otros abusos de poder por parte de la policía y el Esmad al momento de sucederse protestas.

 

Cabe rescatar también que el Protocolo empodera a la sociedad civil para ejercer acciones de control y vigilancia en torno al tratamiento dado por la policía a la protesta social. en este sentido, uno de los puntos metodológicos claves acordados es la conformación de las Comisiones de Verificación (CVI), integradas por organizaciones de Derechos Humanos y otros grupos de la sociedad civil que cuentan con la posibilidad de ejercer acciones de observación y verificación durante la protesta social. Así es expuesto en el Protocolo: “Si durante el desarrollo de las manifestaciones, movilizaciones y protestas se presentan actos de violencia, las CVI podrán mediar, en coordinación con los funcionarios públicos presentes, con el fin de promover el respeto y garantía el ejercicio de la protesta, así como los derechos de los demás actores que participen o se vean afectados. Además, las CVI junto con otros actores de la civilidad pueden realizar ejercicios de informar y denunciar a través de grabaciones o fotografías de situaciones que den visibilidad al tratamiento inapropiado de la protesta social”5.

 

Con el Protocolo se ha abierto camino al andar, esto es significativo para la coyuntura sociopolítica actual, y la que está por venir con la transición de gobierno de Santos a Duque, pues la mayoría de las políticas del nuevo gobierno buscan la implementación, o fortalecimiento, de políticas que acentúan la violencia, la represión política, los conflictos y la desigualdad en el país.

 

Una muestra clara de estos propósitos es la propuesta del nuevo Ministro de Defensa sobre regular la protesta social a través de una ley estatutaria. Es claro que esta propuesta da cuenta de las intenciones de controlar el derecho fundamental y no la fuerza. Por otro lado, recientemente se radicó el nuevo proyecto de ley de tierras, el 0318 del 2018, que modifica varios aspectos que posibilitaban la democratización de la tierra a favor de los pequeños productores en la ley 160 de 1994, proyecto que en cambio acentúa la concentración de la tierra en beneficio de las multinacionales extranjeras y proyectos de agroturismo, dejando de lado las posibilidades para que el campesinado sea reconocido como sujeto político. Este proyecto de ley ha sido ratificado en el Congreso con 81 votos a favor y 23 en contra –los de los sectores alternativos–, lo que evidencia la reducida posibilidad de participación y visibilidad con que cuentan los movimientos sociales en el aparato estatal y gubernamental.

 

En consecuencia, la protesta y la movilización social es una alternativa clave para seguir demandando transformaciones sociales, de ahí que el Protocolo sea una herramienta eficaz para reducir y/o controlar la violencia oficial y para que el conjunto social enfrente y supere el miedo que le han inyectado para que no demande el respeto de sus derechos.

 

1 Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta como una expresión de los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica, 2018.
2 Ver https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/28878-por-que-es-necesario-desmontar-el-esmad.html
3 Rodríguez, E. C. (2017). Caminando la palabra. Movimientos Sociales en Colombia 2010-2016. Bogotá: Desde Abajo.
4 Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta como una expresión de los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica, 2018.
5 Ibídem.

Publicado enEdición Nº249
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