En el marco de los asesinatos y montajes judiciales contra los líderes y lideresas sociales por parte del Estado colombiano, tomó forma la campaña Ser líder social no es delito para denunciar estos hechos y, al mismo tiempo, ser pretexto para la unidad entre las comunidades organizadas y todo el pueblo colombiano, víctima potencial de esta estrategia estatal.

 

La campaña Ser líder social no es delito, nace a partir de la necesidad de promover la no judicialización de sus líderes y lideresas, como un elemento de represión estatal. Una estrategia de viejo cuño. El Estado colombiano utiliza la intimidación y las medidas privativas de la libertad para desarticular al movimiento social. Asimismo, otra condición de este abuso arbitrario del sistema judicial es despertar zozobra entre las comunidades y sus familias para desestimular la movilización y la organización social.

 

En los primeros seis meses de este año, han judicializado a 67 personas integrantes del Congreso de los Pueblos (CDP) en procesos efectivos. Es decir, los han llevados ante una instancia judicial para privarlos de la libertad. En el tema de asesinatos, 362 son los líderes asesinados en todo el país, situación que se concentra en el Pacífico y en el suroccidente colombiano.

 

Ante este panorama, procede preguntar: ¿por qué el Estado colombiano prefiere perseguir a los liderazgos sociales en vez de encargarse de solucionar las múltiples problemáticas que aquejan los territorios, entre ellas las altas cifras de homicidios? ¿Por qué el Estado no atiende las problemáticas que generan estos hechos? ¿cuáles son las prioridades del Estado? ¿Por qué el Estado no protege a estas comunidades?

 

Un ejemplo concreto puede verse en la región Pacífico, donde convergen varias situaciones, entre ellas las disputas por las zonas dejadas por las Farc, la cuales están siendo copadas por otros actores armados. Por otro lado, hay un proceso de exigibilidad de derechos en Buenaventura y Tumaco, escenarios de fuertes movilizaciones en los últimos años. Sin embargo, vemos que la respuesta estatal a estos procesos de articulación emergentes son la judicialización y el no cumplimiento de los acuerdos pactados con las comunidades.

 

Una campaña en defensa de la vida y la dignidad

 

La campaña Ser líder social no es delito está abierta a todas las comunidades, es una invitación a todas las organizaciones sociales y políticas que en estos momentos pueden ser víctimas de las acciones arbitrarias del Estado y de los actores paraestatales, quienes estigmatizan y criminalizan toda actividad social.

 

A nivel internacional se han impulsado acciones políticas en rechazo a estas capturas arbitrarias, ejemplo de lo cual son las cartas enviadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la carta de los 37 eurodiputados en rechazo al asesinato de los líderes y lideresas sociales y la vinculación de varios medios de información a esta campaña; el apoyo de muchas voces en el mundo alrededor de Julián Gil, el secretario técnico del CDP quien es uno de los últimos casos de montajes judiciales.

 

De igual manera, se desarrollan acciones espontáneas y organizadas de tipo político, social, jurídico, y comunicativo; pintas, piezas publicitarias; plantones frente a la Fiscalía, reuniones con la sociedad; encuentros de alto nivel con el gobierno nacional, para llevar a cabo una campaña integral en pos de proteger la vida de los activistas de los ataques jurídicos.

 

Las recomendaciones para blindar a las comunidades y al movimiento social, son: 1. Atender la autoprotección, protegiendo la información de terceros. 2. Las organizaciones están llamadas a protegerse bajo la unidad. 3. Hacer realidad la solidaridad: marchar, informar y denunciar en todos los medios y de todas las maneras posibles. Acciones y procederes indispensables para protegernos de manera colectiva de la estrategia represiva, violenta y destructiva del Estado en contra de los liderazgos sociales, y del crecimiento de la sociedad en la comprensión de sus derechos, así como en la exigencia de los mismos.

Publicado enEdición Nº249
Sábado, 28 Julio 2018 09:48

Interrogantes y escenarios

Interrogantes y escenarios

Con los mismos trucos de siempre, el gobierno que encabeza Juan Manuel Santos oculta su responsabilidad ante los más de 293 asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, ocurridos en el país entre diciembre de 2016 y el 5 de julio de 20181. El goteo inclemente de asesinatos no para. No cesa desde el momento mismo de la firma del Acuerdo de Paz (Gobierno-Farc) llevada a cabo en el Teatro Colón. Es un desangre constante que mancha la gestión del Nobel de Paz, y que acusa al poder con un dedo sin olvido. Nada de ¿asesinatos circunstanciales?, como quieren hacer creer.

 

Hace cinco o seis años, cuando estaba en curso el proceso de negociación entre el gobierno Santos y las Farc en La Habana, un funcionario de un organismo multilateral con oficina en el país nos sorprendió durante una conversación con la siguiente afirmación: “No descuiden, fortalezcan sus organizaciones, porque lo que viene para Colombia es la multiplicación de los atentados contra los líderes regionales”. Tales palabras resultaban más que preocupantes.

 

Para sustentar lo dicho, el funcionario podía tomar en cuenta pasajes y lecciones arrojadas por negociaciones de conflictos armados en otros países. Pero…, cuesta asumirla tan tajante. Si bien en ninguna parte los acuerdos son cumplidos a la letra ni en los lapsos firmados, el desarme llevado a cabo por las organizaciones insurgentes de tales países no daba paso a una matanza. De ahí que, para escuchar y asumir la observación del funcionario como inobjetable, no queda otra que dar por sentado que responde a los informes que el funcionario tenía, a partir de filtraciones de planes provenientes desde el poder, con seguridad, válidos para tal fin del paramilitarismo –en una renovada relación con organismos de la inteligencia policial y militar. En este marco, los años pasaron y aquello que el funcionario afirmaba se cumplió. Todos somos testigos.

 

Desde antes de la firma del Acuerdo de Paz, el país presencia un desangre continuo de sus liderazgos sociales. Pero el mismo se intensificó una vez sentaron sus firmas los responsables de las partes negociadoras. La extensión en territorio y el número de asesinados relacionados en el primer párrafo es más que escandaloso: una cifra que no deja de crecer. Los sucesos acaecidos desde enero hasta la primera semana de julio de 2018, con 123 asesinados, la ratifica.

 

De manera secuencial y ante el ataque de sicarios, líderes sociales de distinto carácter pierden su vida. Tal vez, la previsión que tenía el funcionario de una organización multilateral, que debe conocer bien el carácter del poder que está enraizado en Colombia, es la decisión de su dirigencia, con discurso, represión y sangre, de no darle paso a una sociedad realmente democrática. Como parte de tal designio, no permitir la consolidación de unos procesos sociales fortalecidos en el ámbito territorial, con conexión social y con capacidad de movilización no politiquera ni tradicional de toda esa muchedumbre, sumida en el empobrecimiento generalizado. Desmedido, prepotente, con alevosía, así parece que actúa el poder por estos días.

 

En la coyuntura que durante el mes de junio y comienzos de julio enlutó al país nacional, desatada seguramente con el cálculo de que pasaría sin eco nacional, anestesiados los millones que acá habitamos por el Mundial de Fútbol, la novedad –realmente escandalosa, por superar el asesinato y llegar a la masacre–­ son los 17 líderes asesinados2. Un atentado masivo e impune que sin duda refleja la decisión de varios factores del paramilitarismo no desconectados del Mando y la “previsión estratégica”, y de la contrainteligencia del actual gobierno, de presionar la continuidad de un dispositivo con “operaciones especiales” por parte del gobierno que asumirá su responsabilidad el 7 de agosto.

 

Reflexionando con el favor del tiempo, la previsión que con discreción hizo aquel funcionario hace emerger la duda sobre si ellos, en un juego de escenarios, consideraron que las fuerzas contrarias a una paz genuina también tuvieran tomada la decisión de que, una vez firmados los acuerdos, tendrían pendientes a sus gatilleros listos al plomo para contener y disuadir a la oficialidad media de las Farc. Una orden estratégica clara para impedir, llegado el caso, la posibilidad o intento de reconstrucción del proyecto de este grupo insurgente. Dicho escenario no es especulación.

 

En un encuentro casual, hace tres años, un general de Ejército cuyo ayudante Gracia portaba su maletín, le ‘aclaró’ a un grupo de turistas nacionales que en un lugar del Meta increpaba al ejército en sus comentarios, por no neutralizar y “entregarle el país” a la guerrilla: Afirmó el General que confiaran “en su Ejército”, que su atención y su inteligencia tienen la mirada puesta adelante para “salvar la Patria”. Por eso, ya no “tenían interés” en los nueve miembros del Secretariado, “viejos y preocupados por las prerrogativas del Acuerdo”. Tampoco, dijo, les causan inquietud “los 50 del Estado Mayor”, igualmente interesados en tales prerrogativas. “Desde hace rato, identifican y siguen a la generación de mandos con 30 años”. “Esos…” tienen vida, saben del manejo de armas y de terrorismo. Por eso, les recalcó a los turistas, que “su ejército” acumula los detalles del transcurso de su vida, de los lugares donde han estado, “de las direcciones y teléfonos de sus mujeres, de sus amantes, de sus familiares y allegados”… Confíen en su Fuerza Armada.

 

El paso del tiempo permite visualizar los pasos y la concreción de tal decisión. La multiplicación de disidencias de esta insurgencia, unas con vocación económica, pero otras con clara vocación política y apego a su Plan Estratégico, puede ser el elemento que le daría piso a tal escenario. El asesinato es reconocido. “Entre el 24 de noviembre de 2016 (fecha en que se suscribió el Acuerdo Final) y el 8 de mayo de 2018, en el país han sido asesinados 63 excombatientes de las Farc-EP en proceso de reincorporación, 17 familiares, y seis excombatientes de las Farc-Ep en proceso de reincorporación han sido desaparecidos forzosamente”. Así se ratifica3. La pregunta que surge entonces es: ¿Entre los muchos que fueron asesinados en la más cruel de las ofensivas de los últimos años contra el movimiento social, existen también líderes, reconocidos o sin reconocimiento, del rango medio de las Farc? o ¿con estos asesinatos ‘neutralizan’ una posible base social para un proceso de reconstrucción del aparato fariano en disidencia, que dispone de espacios de atracción en varios lugares con memoria de conflicto?

 

La revisión de los territorios donde fueron asesinados los últimos 17 líderes parece negar tal interrogante. La militancia social de los mismos es variada, sin una necesaria conexión con organizaciones ligadas relacionalmente a las Farc, pero sí confirma la tesis de que estamos ante la decisión de impedir la reconstrucción y la proyección de los tejidos sociales con mayor deuda social y de la tierra, imponiendo el miedo como estrategia. Y en esta forma, empujar a la renuncia en su activismo a muchos y muchas, y obligar al Eln a acoger el modelo oficial de desmovilización con la concentración de los guerrilleros en un solo punto del país.

 

Aunque en su más reciente ofensiva, con un cálculo errado, el paramilitarismo se encontró con un dolor y una solidaridad que hasta ahora no conocía el país, la misma que llevó, el pasado 6 de julio, a miles y miles de colombianos a alumbrar con velas la oscura noche que transita el país. Luces para la vida, como diría el maestro Simón Rodríguez cuando ofrecía las que él fabricaba.

 

Tales velas evidencian la disposición inclaudicable de un conglomerado nacional de seguir pugnando por la paz sin la venganza y el statu quo. La misma paz que parece estar hecha jirones, tanto por la transformación sufrida por los Acuerdos de La Habana a través de la cadena de remiendos de distinta índole –todos a favor del poder– como por el desangre ya anotado. El ritmo y la encrucijada en que parece estar el diálogo con el Eln reafirman esta realidad. Un sueño de paz que parece deshacerse ante los embates del poder. Sueño transformado en pesadilla, que desdice y sindica al gobierno saliente de conspirar contra el bien de la paz, para abortar el necesario avance hacia una sociedad que respete el derecho a la vida.

 

En todo caso, dentro de la condición de notoria mayoría electoral del nuevo gobierno –que le otorga ventaja para un “reacomodo del régimen”, a la par de sus formas de cooptación, control y violencia–, Iván Duque no tendrá las manos libres de Juan Manuel Santos. No las tendrá, aun con la fragmentación popular sin un referente colectivo, diverso, de convocatoria con carácter de mayoría, dada la dinámica social y política en el nivel popular y las limitadas influencias de los sectores revolucionarios que pasa y tiene un acelerón y un mayor cubrimiento. Un nuevo punto, en la proyección por la vida, la búsqueda de la paz y la configuración de ¡Otra Democracia!, con sus comunidades y territorios con identidad.

 

Tales límites y limitantes de y para el nuevo gobierno abren una puerta de acción, resistencia y levantamiento de opciones por parte de los sectores alternativos, tanto para retomar un sendero certero de paz como para darle paso a un posible gobierno de nuevas mayorías. El 2019-2020 será un período de tiempo de intensa confrontación social. Así allí cruzan todas las señales de la política, la economía y la resistencia del país nacional. ¡Bienvenido el nuevo gobierno!

 

1 www.indepaz.org.co/.
2 Los ataques contra los líderes se llevaron a cabo entre el 14 de junio y el 4 de julio. “Para Colombia se acabó el Mundial pero siguen las masacres”, www.desdeabajo.info.
3 Informe de derechos humanos: “Todos los nombres, todos los rostros”, junio 1 de 2018, www.marchapatriotica.org/todos-losnombres-todos-los-rostros/.

Publicado enEdición Nº248
Para Colombia se acabó el Mundial, pero las masacres continúan

Sucede en un país “en paz”. Entre el 2 de junio y el 4 de julio, 16 lideresas y líderes sociales y defensores de Derechos Humanos fueron asesinados por grupos paramilitares y afines. En lo corrido de 2018 los líderes asesinados suman 116. ¡Un genocidio que ya tiene que parar! Para las 6:00 pm del viernes 6 de julio, a las 6 pm, en diversidad de plazas públicas del país, está convocado el país a una movilización nacional en contra del plan macabro que está en marcha.

 

Con la fiebre del Mundial llega la euforia por las estadísticas y por las marcas batidas: número de goles, de asistencia a los estadios, del goleador, en fin. Colombia, ya eliminada de tal certamen, tiene sus propias marcas. En 20 días de competición la Selección consiguió 6 goles en 4 juegos, es decir 1,5 por partido. Alegrías y tristezas arrojó tal resultado por todo el país.

Mientras esto acontecía en Rusia con la selección de fútbol, en nuestro territorio nacional, en 33 días –entre 2 de junio y 4 el de julio– la sociedad colombiana padeció en silencio el asesinato de 24 líderes/as sociales y defensoras/es de derechos humanos; 16 de ellas entre el 14 de junio y el 3 julio (20 días), es decir 2 personas cada tercer día, en promedio.

Contrario a lo sucedido en Rusia, en este caso el país guardó silencio ante semejante récord; las caras largas y los llantos solo se vieron entre las personas cercanas a cada una de las víctimas, y un poco más allá, entre sus pares activistas; de manera sorprendente, mientras el espectáculo de la pelota era cubierto por todos los medios, el desangre de los líderes y lideresas apenas mereció una que otra columna, pero sin llegar a conmover al país como un todo.

Son contradicciones y paradojas: mientras que el Mundial sucede cada 4 años, la violencia nos toca todos los días, ¿será por eso que el primero es sensación y la segunda ya no nos impacta?

Un desangre con lectura territorial. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en lo que va corrido de este año son 116 los líderes/as y defensoras/es de derechos humanos asesinados. Así las cosas, en 186 días alcanzamos un promedio de 0,62 asesinados por día, es decir, cada 48 horas ocurre un asesinato por persecución política. Esta entidad también reportó que Cauca (78), Antioquia (43), Norte de Santander (21), Nariño (18), Valle del Cauca (16), Chocó (16), Risaralda (14) y Arauca (13), son los departamentos con mayor número de víctimas mortales por esta causa. Sin parecer que semejante realidad conmueva al país, un sector del mismo propone recolectar firmas para reclamar ante la Fifa las decisiones arbitrales que caracterizaron el partido contra Inglaterra. Cuesta creer semejante frivolidad.

Aunque las cifras ya son aterradoras, es preciso recordar que a diario son reportadas, en todo el país, amenazas de muerte dirigidas en contra de individuos o grupos de personas, ya sea vía telefónica o con panfletos. Y es que luego de que Iván Duque y el Centro Democrático ganaran las elecciones para la presidencia, se conocen amenazas contra algunas de las personas que participaron en la campaña presidencial del ex candidato Gustavo Petro, las cuales tienen como sitio de vivienda pequeños municipios de distintas coordenadas del territorio nacional; estas amenazas las colocan como objetivo militar.

Son contradicciones y paradojas que no parecen tener límite. Este 5 de julio el país habla de la recepción que le harán a los 23 “héroes” que dejaron en alto en Rusia el nombre del país; algunos se quejan porque quieren que el homenaje se realice en Barranquilla, sede de la Selección, otros se sienten indignados porque el artista encargado del espectáculo no es de su agrado. ¿Y las 24 personas asesinadas en estos últimos días por defender a los más débiles? ¿Y las 24 personas asesinadas en escasos 33 días por defender la tierra que es de todas y todos? ¿Y las 24 personas asesinadas por denunciar la injusticia o porque simplemente pensaron distinto? Silencio… ni asombro, ni dolor, ni inquietud, ni protesta…

Seguro, millones en Colombia saben a la perfección los nombres de los 23 jugadores inscritos para el Mundial, pero ninguno de los nombres de alguna de las 24 víctimas de la oleada criminal que mancha con sangre indeleble al actual Gobierno, y señala con interrogante al que asume el 7 de agosto.

1. ORLANDO NEGRETE. H. 02/06/2018. TIERRA ALTA. CORDOBA. Presidente de la Junta de Acción Comunal del Camu Las Delicias, CAMPESINO – COMUNAL.

2. CARLOS JIMMY PRADO GALLARDO. H. 02/06/2018. OLAYA HERRERA. NARIÑO. Directivo ASOCOETNAR, Representante legal de Satinga Joven y Delegado al Espacio Nacional de Consulta Previa por las Comunidades Negras del Pacífico Nariñense, CONAFRO y Marcha Patriótica. AFRO DESDENDIENTE. MAPA.

 3. JULIO CESAR MONTALVO. H. 02/06/2018. MONTELIBANO. CORDOBA. Hermano de la gobernadora indígena Meisa Montalvo Teherán, del cabildo la Meta Territorial del resguardo Zenú alto San Jorge. INDIGENA. ONIC.

4. YEISON RAMIREZ. H. 11/06/2018. VALLE DEL GUAMUEZ. PUTUMAYO. Presidente Junta de Acción Comunal vereda la Yet. CAMPESINO – COMUNAL.

 5. FRANCISCO JOSÉ GUERRA GUERRA. H. 11/06/2018. ITUANGO. ANTIOQUIA. Líder comunitario en calidad de presidente de la junta de acción comunal de la vereda El mandarino. CAMPESINO – COMUNAL.

6. HOLMAN MAMIAN. H. 12/06/2018. LA VEGA. CAUCA. Docente la Institución Educativa Santa Rita sede el Ventiadero del municipio de la Vega- Cauca. Afiliado a ASOINCA. DOCENTE.

 7. ARNULFO CATIMAY BLANCO. H. 19/06/2018. SANTA ROSALIA. VICHADA. Pueblo Saliva en Vichada. INDIGENA. ONIC.

8. CRISTIAN ANDREY RODRÍGUEZ SÁNCHEZ. H. 20/06/2018. HACARI. NORTE DE SANTANDER. Líder comunal. CAMPESINO.

 9. LUIS CARLOS CABRERA SEGURA. H. 20/06/2018. FLORENCIA. CAQUETA. Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Berlín. COMUNAL.

10. EVELIA FRANCISCA ATENCIA PEREZ. M. 21/06/2018. MAICAO. GUAJIRA. Docente sindicalista integrante de la Colombia Humana. DOCENTE - COLOMBIA HUMANA.

11. HECTOR SANTIAGO ANTELIZ. H. 21/06/2018. TEORAMA. NORTE DE SANTANDER. Actualmente el líder hacía parte de ASCAMCAT, como responsable de coordinar el Comité Veredal en San José. También se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal. CAMPESINO. MAPA.

12. JANER ALBERTO CORREA ARBOLEDA. H. 23/06/2018. TEORAMA. NORTE DE SANTANDER. CAMPESINO.

 13. ADRIAN PEREZ. H. 23/06/2018. CURVARADO. CHOCO. Hijo de reclamante de tierras. AFRO DESCENDIENTE.

 14. JOSE ABRAHAM GARCIA. H. 25/06/2018. ITUANGO. ANTIOQUIA. Presidente JAC Pascuita. CAMPESINO – COMUNAL.

15. JAMER ALBEIRO IDROBO NAVIA . H. 26/06/2018. EL BORDO. CAUCA. Integrante del comité Cocalero Vereda La Joaquina y COCCAM. PNIS.

 16. JULIO CESAR SUCERQUIA. H. 27/06/2018. ITUANGO. ANTIOQUIA. Miembro fundacional de La asociación de Comité de Barequeros del Norte de Antioquia. MINERO.

17. IVAN DE JESUS LAZARO MAZO. H. 29/06/2018. PUERTO LIBERTADOR. CORDOBA. Integrante de ACSUCOR y Marcha Patriótica, Ex secretario JAC Vereda Rogero . CAMPESINO. MAPA.

 18. LEONEDIS ALEISER SIERRA ORTIZ. H. 02/07/2018. TARAZA. ANTIOQUIA. Miembro la Junta de Acción Comunal de San Agustín Bajo, corregimiento de El Guáimaro, de Tarazá. CAMPESINO – COMUNAL

19. GABRIEL ADOLFO CORREA CHAVESTAN. H. 02/07/2018. BUENOS AIRES. CAUCA Concejal por el Partido Verde, trabajo en la Colombia Humana. COLOMBIA HUMANAL.

20. DAVID MEJIA PRIETO. H. 02/07/2018. LA MONTAÑITA. CAQUETA. Ex presidente Junta de Acción Comunal de Provivienda en el asentamiento Virgen del Carmen. CAMPESINO – COMUNAL

21. SANTA FELICINDA SANTAMARIA. M. 03/07/2018. QUIBDO. CHOCO. Presidenta JAC del Barrio Virgen del Carmen. COMUNAL.

22. LUIS BARRIOS MACHADO. H. 03/07/2018. PALMAR DE VARELA. ATLANTICO. Presidente ASOCOMUNAL Palmar de Varela. COMUNAL.

 23. MARGARITA ESTUPIÑAN USCATEGUI. M. 03/07/2018. TUMACO. NARIÑO. Presidenta JAC Barrio el recreo vereda Vaquerio Llorente. COMUNAL.

24. ANA MARIA CORTEZ MENA. M. 04/07/2018. CACERES. ANTIOQUIA. Coordinadora Municipal de la Colombia Humana.

 Por suerte, en Colombia, pese al constante desangre de sus liderazgos sociales, y a pesar de la indiferencia promovida por los medios de comunicación tradicionales, un sector no despreciable de su sociedad se preocupa por la violencia y el conflicto nacional que no cesan, preocupación que los lleva a dejar a un lado la euforia del Mundial para decir BASTA YA de este genocidio. Para hacer más evidente su rechazo y dolor, citan para este 6 de julio, a las 6 de la tarde, a la “Velatón nacional” en todas las plazas y parques principales del país.

El propósito es romper la indiferencia. Este será uno de los pasos para ponerle fin al amarillismo de los medios oficiosos que desinforman a la ciudadanía negando el contexto del conflicto y la misma ley del terror impuesta en la práctica, una ley que lleva a ampliar el silencio y la impunidad sobre estos hechos; una ley que promueven y desprenden desde el alto poder.

Entre el Mundial de cada 4 años y la vida diaria en nuestro país, estamos ante el momento para unirnos en una sola voz y exigir a la Procuraduría, a la Fiscalía, a las Fuerzas Militares, a los órganos de Derechos Humanos, y al presidente Santos, que se pronuncien al respecto, que investiguen los hechos y castiguen a los responsables y, no menos importante, que protejan a las personas que denuncien amenazas en su contra.

 

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Sábado, 31 Marzo 2018 10:08

Colombia en la cuerda floja

Colombia en la cuerda floja

El asesinato sistemático de líderes sociales con 282 víctimas en el 2017, la falta de garantías de derechos humanos, la corrupción, la falta de un gobierno abierto, entre otros aspectos importantes en un Estado de derecho, ubican a Colombia cada vez más por debajo de lo aceptable en el ranking anual del Índice de Estado de Derecho, de acuerdo con el World Justice Project.



El pasado 31 de enero, el World Justice Project (WJP)*, publicó el informe de Índice de Estados de Derecho 2017–2018, estudio realizado a partir 113 países considerados en ocho factores: Límites al poder gubernamental, Ausencia de corrupción, Gobierno abierto, Derechos fundamentales, Orden y seguridad, Cumplimiento regulatorio, Justicia civil, y Justicia penal. En Colombia, producto de quienes detentan el poder, la coyuntura nacional es cada vez más preocupante en términos de la violación de los derechos humanos y de los escándalos políticos y económicos, con una justicia que se queda corta cuando se trata de condenar a los agentes del poder.

 

Colombia en la cuerda floja. Las puntuaciones entre estos 113 países pueden compararse a nivel global y regional. En el rango global, Colombia se ubica en el puesto 72, y a nivel regional en el puesto 19, de 30 países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, hay algo que llama la atención y es el descenso que tuvo el país en los últimos años, que más allá de ubicarlo en un puesto, evidencia las graves problemáticas presentes, la falta de derechos y la ausencia de un control real y eficiente que garanticen una vida digna y una democracia real, un descenso de 10 lugares como el registrado por Colombia en tan solo 3 años significa que más allá de las cifras, la realidad es preocupante. En el 2016, el país se ubicó en el puesto 71 y en el 2015 en el 62. (Ver Tabla 1)

 

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Lo que significa que Colombia no está mejorando en términos de democracia y derechos fundamentales, sino que, por el contrario, es un país cada vez más absorto por la corrupción y los criminales que carcomen a cada uno de los estamentos políticos y sociales, sin que nadie salga afectado, excepto el pueblo mismo.

 

Si bien no hay Estados de derecho perfectos, Colombia, en su supuesta transición hacia la paz, tal como dice el dicho popular “tras de gorda, inflada”: tiene un gobierno que hace y deshace, según su conveniencia. Un gobierno, que como es público, es ilegítimo en tanto el patrocinio recibido por Santos de parte de Odebrecht –al igual que su anterior jefe Álvaro Uribe Vélez–; gobierno que no cumple con su compromiso de restituir la tierra a campesinos, comunidades afro e indígenas, afectadas por el conflicto armado, ni con proteger la vida de los líderes sociales, hoy amenazados, hostigados y asesinatos; país, por demás, donde las investigaciones sobre los falsos positivos y las famosas chuzadas no pasan de ser primicias de periódicos y canales de televisión.

 

Para entender los valores y los 8 aspectos evaluados por WJP, cabe aclarar que 1 es la mejor calificación y el rango por nivel de ingreso corresponde a otros países que ingresaron en el ranking junto con Colombia, tal como Albania, Turquía, Rusia, Rumania, entre otros.

 

Aspectos evaluados

 

Límites del poder gubernamental: mide la capacidad de decisión que tienen quienes gobiernan desde la instancia judicial, desde el poder legislativo, las sanciones por mala conducta, la auditoría independiente, los cheques no gubernamentales y la transición legal de la potencia.

 

Ausencia de corrupción: Este aspecto es especial, dada la coyuntura en el país. Con éste miden el nivel de corrupción presente en los estamentos judiciales, legislativos, ejecutivos y en las fuerzas militares y de policía; de estos, el poder judicial es el estamento con los mayores indicadores de corrupción.

 

Gobierno abierto: en este punto se evalúa el derecho a la información, la participación cívica y los mecanismos de queja y/o reclamo a los que puede acceder la población.

 

Derechos fundamentales: uno de los temas más sensible luego de firmados los acuerdos de paz. El World Justice Project, define este aspecto tomando como referentes la discriminación, el derecho a la vida y seguridad, el debido proceso legal, la libertad de expresión, la libertad de religión, el derecho a la privacidad, la libertad de asociación y los derechos laborales.

 

Orden y seguridad: en este caso se tiene en cuenta la ausencia del delito, ausencia del conflicto civil y la ausencia de la reparación violenta.


Cumplimiento regulatorio: se mide la reglamentación de efectiva aplicación, sin influencia inapropiada, sin demoras injustificadas y el respeto del debido proceso.

 

Justicia civil: corresponde a la accesibilidad y asequibilidad, no discriminación, sin corrupción, sin influencia gubernamental indebida, sin retrasos irrazonables y aplicación efectiva.

 

Justicia penal: evalúa los mismos aspectos de la justicia civil, con la variación de incluir las investigaciones efectivas, la efectividad del sistema correccional y la oportuna y efectiva adjudicación.

 

El espectro de la justicia en Colombia es cada vez más limitado y banal, a nivel internacional se evidencian las falencias gubernamentales y las denuncias e informes se quedan ahí, da lo mismo ver que Holanda, Dinamarca y Suecia ocupan los mejores lugares, países con los mejores gobiernos y condiciones de vida y, a su vez, ver países como Colombia donde la justicia y la democracia formal penden de un hilo y son cada vez más ajenas a la vida digna de las personas.

 

De acuerdo con el fundador y CEO del WJP, William H. Neukom “El Estado de Derecho es la base para que las comunidades gocen de paz, igualdad y oportunidades”, sin embargo, el pasado 7 de marzo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, se refirió a las 282 personas defensoras de los derechos humanos asesinadas en Colombia, registradas desde el 2016 hasta lo que va del 2018. El Alto Comisionado enfatizó en los más de 20 informes de crímenes en este primer trimestre del año, por lo que calificó de “alarmante” la situación, la cual esperan denunciar de manera oficial el 21 de marzo.

 

 

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Lo complejo del asunto

 

Firmados los acuerdos con las Farc, Colombia es agenda tanto para los medios de comunicación como para los distintos organismos internacionales. En su transición a la paz y una vez acordada la finalización de la confrontación armada con las Farc, las realidades de quienes habitan este país deberían ser muy distintas o por lo menos, muy lejanas a la muerte, la desaparición y hostigamientos sufridos durante años. Sin embargo, el panorama es desalentador y evidencia los verdaderos problemas de fondo.


Como otra parte del horror que vivimos, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente informó el pasado el 6 de marzo, el asesinato en nuestro país durante el 2017 de 32 defensores del territorio y el medio ambiente, a lo que el Alto Comisionado de la ONU precisó que no solo es la defensa del medio ambiente, también es la defensa de la vida, la salud, el agua, la higiene, la alimentación y demás derechos culturales, políticos y civiles. Cabe resaltar que son las comunidades campesinas, afro e indígenas a quienes más les violentan el derecho al territorio.

 

Ante tal problemática, la ONU plantea que el cambio empieza en cada uno de los colombianos, que solo así puede detenerse el asesinato de quienes luchan por una vida mejor; sin embargo, ante la amenaza de muerte que acecha constantemente a quienes lideran el verdadero cambio, una justicia y una democracia real de todos y para todos, hace falta cuestionar los modelos económicos y políticos a los que está sometida Colombia e, incluso, el mismo acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc.

 

Aunque, según William H. Neukom, “Ningún país ha logrado, mucho menos sostenido, un Estado de Derecho perfecto. El Índice de Estado de Derecho del WJP es un primer paso para establecer puntos de referencia, informar y encaminar reformas, y para enfatizar la importancia fundamental del Estado de Derecho”.

 

* El World Justice Project es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para fortalecer el Estado de Derecho en el mundo. Un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza, y protege a las personas de las injusticias. El Estado de Derecho es la base para alcanzar comunidades que gocen de paz y oportunidades, y es el fundamento para el desarrollo del capital humano, un gobierno responsable, y el respeto a los derechos fundamentales.

 

 

Publicado enEdición Nº244
Sábado, 31 Marzo 2018 09:45

La ternura de las preguntas

La ternura de las preguntas

Las sillas del auditorio eran más grandes que quienes las ocupaban, de suerte que sus piernas, como caminando en el viento, se balanceaban en el aire sin parar; algunos, tal vez con el deseo de sentirse más grandes, trataban de tocar el suelo con la punta de los zapatos. Mientras tanto, entre inquietos y ansiosos, sus miradas estaban fijas en la tarima donde se encontraban otros como ellos y ellas; allí, atentos, con ojos y oídos bien abiertos, escuchaban y miraban las exposiciones de sus pares.

 

En la tarima se encontraban otros y otras más grandes –en tamaño y edad–, que les presentaban una exposición sobre lo que implica ser un líder comunitario y la importancia del trabajo con y por la comunidad; traían experiencias de vecinos de sus barrios, así como de veredas cercanas, palabras a cargo esta vez de líderes comunales; entre una y otra experiencia también proyectaban videos de pueblos indígenas que en otras lenguas contaban sobre la vida colectiva, la defensa de la tierra y el agua, es decir, la defensa de la vida misma. Llegaron los aplausos.

 

Seguido de la presentación comenzó el dialogo de los adultos; el departamento de ciencias sociales había preparado cuatro preguntas para los panelistas, quienes tomaron la palabra por 45 minutos para compartir sus experiencias en juntas de acción comunal, procesos estudiantiles universitarios y comunicación alternativa –que de por sí eran creados desdeabajo–.

 

Luego de cada intervención el público aplaudía fuerte; aplausos que más allá de ovacionar la intervención del adulto, dejaba un mensaje de cuestionamiento, de decir estamos aquí, no se olviden de nuestra palabra. Finalmente llegó la última intervención y se abrió el espacio para que aquellos que estuvieron en silencio hicieran sus preguntas.

 

Solo hubo tiempo para tres intervenciones. Una niña de aproximadamente 12 años fue la primera en tomar el micrófono ante los ojos de sus compañeros, decidida, pregunta: “si el trabajo comunitario es tan bueno o importante ¿por qué no todo el mundo lo hace?” A continuación un niño de 9 años expresó: “¿De dónde sacan la felicidad para hacer su trabajo comunitario cada día?”. La última persona cuestiona: “He escuchado que el asesinato de líderes sociales y comunitarios en nuestro país no se detiene, ¿cuáles son las razones para seguir siendo un líder comunitario?, ¿cuáles son las soluciones para que esto deje de pasar?”.

 

Los panelistas quedaron por un momento congelados, sin respuesta a la vista; las preguntas del departamento de ciencias sociales fueron mucho más sencillas. Transcurrieron algunos segundos tras los cuales volvió a nacer la palabra y se tejió un dialogo enriquecedor para el auditorio, donde se dejó claro la importancia de seguir creyendo en un país diferente, con esperanza y vida digna para todas las personas; donde los proyectos sociales y políticos no vivan por la idea de una sola cabeza, sino que sean obra de liderazgos colectivos.

 

En el diálogo, quedó en cuestión el actual modelo de participación democrática, dejando en claro que la democracia debe ir más allá de las coyunturas electorales, de manera que llegue a ser un espacio de participación constante, donde las decisiones de la vida en temas como la economía, la educación, la naturaleza, la salud, sean tomadas en asambleas y por consensos.

 

Un diálogo lleno de sorpresas y aprendizajes. Allí, en ese auditorio, se sembró una semilla de que otro mundo es urgente y por lo tanto posible. Allí se vio que los niños y las niñas son fundamentales para las discusiones políticas, pues son quienes, sin temor, abordan otro tipo de preguntas y cuestionamientos. Con esa imaginación y con esa disposición, ellas y ellos son, como no, los motores para creer que otra democracia es posible.

Publicado enEdición Nº244
Jueves, 08 Febrero 2018 15:21

Los factores fundamentales

Los factores fundamentales

Como una experiencia de la cual hay que aprender, guarda la memoria nacional que solamente en los años 40 del siglo XX fue fraguada en nuestro país una voluntad colectiva para luchar por el poder y concretar un gobierno con vocación social y en pro de la justicia. Luego, todos los intentos han sido en vano. Para entonces, cientos de miles, tal vez millones de connacionales, sintieron el vibrar de sus fibras más íntimas al identificar sin medias luces a los culpables de su situación, pero también al percibir la posibilidad de un triunfo de los pobres sobre la oligarquía apropiadora de las riquezas nacionales, excluyendo de sus beneficios a la mayoría.

 

En esa experiencia, corta pero ejemplar, Gaitán logró poner sobre el tablero de la lucha política a dos actores que se batían como enemigos enconados, no sólo como contrarios: ¡Pueblo, contra la oligarquía! De esa manera, la gente sentía que la política había retomado su sentido más profundo: propiciar la cristalización del bien común, del interés general, y de ahí su disposición a seguir las orientaciones de aquel vigoroso dirigente político.


El momento crucial de tal movilización nacional fue interrumpido con el asesinato del líder, quien por distintos motivos no tuvo la capacidad suficiente para estimular y conformar una conducción colectiva del proceso que estaba liderando.

 

Tras su asesinato, se desató un huracán de violencia oficial contra un pueblo dispuesto a vengar a su líder. Era una violencia institucional por la cual nunca pagaron condena alguna sus promotores y facilitadores, enterrados al final de sus vidas como insignes figuras de la nación. Nada más manipulador de la memoria colectiva y de la realidad vivida y padecida por millones de connacionales.

 

Luego de esa experiencia, varios proyectos políticos de corte alternativo intentaron conectarse con el sentir nacional y erigirse en opción para el cambio, pero ninguna hasta hoy ha logrado su cometido. Ninguna consiguió fraguar una voluntad colectiva. Hasta hoy, cuando diversidad de organizaciones pretenden alcanzar ese sitial de honor, en un reto inmenso que, para quienes desde el presente miran el futuro, demanda cambios sustanciales en sus matrices políticas e ideológicas, pues, con las armaduras que vienen trajeados, no es posible sintonía alguna con las mayorías que alguna vez vibraron al agitar de Gaitán: ¡Pueblo, contra la oligarquía!

 

Los cambios por dar son varios, el primero de los cuales debe partir de refundar el sentido y el propósito de la política. No es para menos. Insertos en una revolución tecnocientífica de hondo espectro (la tercera), y una revolución industiral (la cuarta, en la segunda mitad del siglo XX vivimos la tercera), revoluciones que afectan nuestras formas de ver y conocer, de comprender y asumir la vida cotidiana, los relacionamientos sociales, el mundo del trabajo, los imaginarios sociales, las formas de comunicar e informar, las de consumo, las de transporte, las de control social, las formas de hacer la guerra, el medio ambiente, la producción de alimentos, el sentido mismo de la ciencia y la forma de abocarla, etcétera), no es posible que, en medio de tal magnitud de cambios, la política no termine conmocionada y afectada en sus bases más profundas, en lo que hasta ahora fue su sentido y sus propósitos: el gobierno y el Estado, la administración de la vida de los seres humanos y su cuidado, soportado todo ello sobre la división naturaleza-seres humanos.

 

Precisamente por los cambios en curso, por la necesidad evidente de superar esa separación con la naturaleza que viene desde hace tantos siglos y que a la humanidad le significó creerse el centro del universo, convencida de que podía hacer con la naturaleza y en ella todo aquello que pretendiera. El precio de tal ficción le aprieta hoy su pecho como pesado yunque, con factores de incontrolable contaminación ambiental, cambio climático, y otra infinidad de factores que ponen en riesgo la propia supervivencia de la especie humana y del planeta Tierra.

 

De ahí que una política de nuevo tipo, que de verdad esté por el cambio y la justicia, tenga hoy como misión fundamental la defensa de la vida de los seres humanos, así como del conjunto de especies que habitan en este planeta, y la casa que habitan –la naturaleza misma. Propósito tras el cual puede retomar y valerse del Estado pero no limitarse ni someterse al mismo, despertando y potenciando de manera sustancial un conjunto de relacionamientos humanos que proyecten la solidaridad a toda prueba en la especie humana y entre ésta y las demás formas de vida que puedan existir aquí o más allá de este planeta. Estamos, pues, con esta política, ante el final del antropocentrismo y, de su mano, ante el despliegue de una profunda revolución cultural en todos los órdenes hasta ahora conocidos, soporte indiscutible de una transformación política sistémica o de un simple cambio de gobierno.

 

Nueva realidad de la política que nos demanda, si de verdad queremos acercarnos a una comprensión de la misión que ahora le compete como fundamental, el estudio y el entendimiento de las bases de la vida misma, a saber: la ecología, la biología y las ciencias de la salud, y de manera supeditada la economía, la filosofía y otras áreas del saber que hasta ahora soportaron el quehacer político, entendido como administración del gobierno y el Estado.

 

Dejando a un lado el centralismo estatal, y con éste el Derecho, las leyes y toda aquella gramática que le da soporte, la política se debe situar en lo cotidiano de los seres humanos, buscando en formas garantizar la vida, la propia y la de las demás especies, propósito que va unido a una definición fundamental: que sea en dignidad. Para lo cual es indispensable socializar no sólo el trabajo sino, además, los ingresos, los saberes, la administración de la cosa pública. Es decir, una vez más queda claro que el poder no puede residir en pocas manos y menos en las de aquellos que lo apetecen para su beneficio. El ejercicio de la administración y la garantía de la vida deben ser asunto y responsabilidad del conjunto social –dejando de ser asunto de supuestos especialistas–, para lo cual ahora los dirigentes no pueden simplemente mandar sino que deben saber obedecer.

 

Nueva comprensión de la política que en nuestro país se encuentra con un escollo: una generación de dirigentes y activistas políticos está de salida por ley biológica, generación que no logra romper con la concepción que iluminó sus luchas, y de ahí que sigan enfrascados en la batalla por el Estado y el gobierno como eje de sus cotidianidades, facilitando de esa manera el control de la oligarquía sobre las mayorías, pues las disputas políticas se dan en el terreno elegido y decidido por quienes detentan el poder, bajo sus reglas y todo tipo de consideraciones interpuestas por los mismos.

 

Una generación que sale y otra que llega, pero sin una politización de nuevo tipo sino bebiendo sobre viejos idearios y referentes que la amarran y que desvían sus esfuerzos en un horizonte donde no es posible que obtengan triunfos de largo aliento. Nueva generación de activistas y líderes políticos que tiene ante sí, y como reto sustancial, al igual que Gaitán, construir en Colombia una voluntad colectiva, una unidad social, plural y dinámica, soportada en la recuperación de las particularidades y fortalezas regionales que caracterizan y son visibles en todas y cada uno de los territorios que integran este país, emprendiendo desde allí, a partir de tal sintonía, el reto de encarar la recuperación del sentido del bien común.

 

No es poca cosa, pues, tras este propósito, hay que confrontar y derrotar al neoliberalismo, y con ello rescatar el sentido y el valor de lo público, de lo colectivo, a la par de poner en tela de juicio la preponderancia del individualismo como vía para construir lo social –todo un contrasentido. Para así avanzar, hay que tallar de nuevo –ahora con todos y no a partir de un líder, como sucedió en los años 40 del anterior siglo– una voluntad general que, sabiendo identificar a los enemigos de hoy, logre desatar la pasión de las gentes para que, con su movilización, arrinconen a quienes hicieron de la política un negocio de familias que dio al traste con la felicidad de millones de compatriotas, no solo ahora sino también en el curso de muchas décadas, tantas como los dos siglos de vida republicana con que contamos.

 

De acuerdo a todos los signos e indicativos desprendidos del actual orden de cosas, el centro de esa acción por construir la indispensable voluntad colectiva descansa en la necesidad de confrontar la contracción vivida por la democracia (que, para el caso colombiano, nunca hemos vivido a plenitud), ideario de libertad izado, como se recordará, por los capitalistas hace ya dos siglos largos y que ahora, agotado como propósito, no pueden hacer realidad en tanto ni igualdad ni libertad ni fraternidad son ya posibles en el sistema capitalista; tampoco la justicia y otros propósitos básicos del orden social que esté por el respeto a la vida.

 

No es para menos, pues, como producto de las revoluciones tecnocientífica e industrial en curso, y como efecto de la financiarización que afecta al tejido social, la concentración de la riqueza y del poder le dan paso al autoritarismo como medio para que las minorías protejan el poder usurpado a las mayorías, así como los privilegios con que se embriagan cada día. No es casual, por tanto, que de la democracia no quede sino el letrero, ah..., y el rito electoral de cada tanto, el que básicamente ya nada decide, ya que lo trascendente para cada sociedad lo resuelven, en lo fundamental, los poderes realmente existentes en otras instancias ­–como los organismos multilaterales– que ya están por encima de la soberanía nacional.

 

Por tanto, retomar la divisa de la democracia, directa, radical, plena, como bandera colectiva para darle soporte a la tríada igualdad, libertad, fraternidad (leída como solidaridad), a la justicia, así como al conjunto de derechos humanos conquistados que sintetizan los básicos de que hay que gozar para vivir en dignidad, es el mayor de los retos que tienen quienes se disponen a la lucha contra la oligarquía y por darle cimiento a un país de iguales. Para ello, para sintonizarse con el país nacional, con aquel que vibró con Gaitán, es necesario salir a todos los rincones del territorio nacional (como lo propusimos en el editorial de noviembre pasado) para conversar con los de a pie, para escuchar sus razones y sus sueños, sus posibilidades y sus disposiciones, para con ello y entre todos dibujar el país que necesitamos y queremos, país por hacer realidad en las próximas décadas, dejando atrás no cien sino doscientos años de soledad, propiciados así por quienes, servidos de la violencia oficial, han llevado a millones de compatriotas a la infelicidad.

 

En la lucha por venir, serán ellos y sólo ellos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, quienes dibujen con sus manos y sus piernas, con sus bocas y sus sentidos, con sus luchas, la democracia que requerimos, valiéndose para ello de talleres, debates de todo tipo, asambleas de diverso tamaño, protestas, bloqueos, etcétera, moldeando poco a poco la voluntad colectiva que se requiere para enfrentar y superar a quienes siempre han visto en la mayoría a sus enemigos, tratándolos como tales en infinidad de circunstancias y contextos.

 

Pensar que alguna organización o conjunto de organizaciones puede afrontar y concretar este reto, sin propiciar que en el centro de su acción estén las mayorías, potenciando para ello, para que ellas mismas sean quienes lideren y las organizaciones las que acompañen (manden obedeciendo), es todo un despropósito que no da cuenta del mismo sentido de una política de verdad renovada.

 

El reto es inmenso, así como las tareas por acometer. El propósito no da espera......

Publicado enColombia
Sábado, 20 Enero 2018 09:23

Los factores fundamentales

Los factores fundamentales

Como una experiencia de la cual hay que aprender, guarda la memoria nacional que solamente en los años 40 del siglo XX fue fraguada en nuestro país una voluntad colectiva para luchar por el poder y concretar un gobierno con vocación social y en pro de la justicia. Luego, todos los intentos han sido en vano. Para entonces, cientos de miles, tal vez millones de connacionales, sintieron el vibrar de sus fibras más íntimas al identificar sin medias luces a los culpables de su situación, pero también al percibir la posibilidad de un triunfo de los pobres sobre la oligarquía apropiadora de las riquezas nacionales, excluyendo de sus beneficios a la mayoría.

 

En esa experiencia, corta pero ejemplar, Gaitán logró poner sobre el tablero de la lucha política a dos actores que se batían como enemigos enconados, no sólo como contrarios: ¡Pueblo, contra la oligarquía! De esa manera, la gente sentía que la política había retomado su sentido más profundo: propiciar la cristalización del bien común, del interés general, y de ahí su disposición a seguir las orientaciones de aquel vigoroso dirigente político.


El momento crucial de tal movilización nacional fue interrumpido con el asesinato del líder, quien por distintos motivos no tuvo la capacidad suficiente para estimular y conformar una conducción colectiva del proceso que estaba liderando.

 

Tras su asesinato, se desató un huracán de violencia oficial contra un pueblo dispuesto a vengar a su líder. Era una violencia institucional por la cual nunca pagaron condena alguna sus promotores y facilitadores, enterrados al final de sus vidas como insignes figuras de la nación. Nada más manipulador de la memoria colectiva y de la realidad vivida y padecida por millones de connacionales.

 

Luego de esa experiencia, varios proyectos políticos de corte alternativo intentaron conectarse con el sentir nacional y erigirse en opción para el cambio, pero ninguna hasta hoy ha logrado su cometido. Ninguna consiguió fraguar una voluntad colectiva. Hasta hoy, cuando diversidad de organizaciones pretenden alcanzar ese sitial de honor, en un reto inmenso que, para quienes desde el presente miran el futuro, demanda cambios sustanciales en sus matrices políticas e ideológicas, pues, con las armaduras que vienen trajeados, no es posible sintonía alguna con las mayorías que alguna vez vibraron al agitar de Gaitán: ¡Pueblo, contra la oligarquía!

 

Los cambios por dar son varios, el primero de los cuales debe partir de refundar el sentido y el propósito de la política. No es para menos. Insertos en una revolución tecnocientífica de hondo espectro (la tercera), y una revolución industiral (la cuarta, en la segunda mitad del siglo XX vivimos la tercera), revoluciones que afectan nuestras formas de ver y conocer, de comprender y asumir la vida cotidiana, los relacionamientos sociales, el mundo del trabajo, los imaginarios sociales, las formas de comunicar e informar, las de consumo, las de transporte, las de control social, las formas de hacer la guerra, el medio ambiente, la producción de alimentos, el sentido mismo de la ciencia y la forma de abocarla, etcétera), no es posible que, en medio de tal magnitud de cambios, la política no termine conmocionada y afectada en sus bases más profundas, en lo que hasta ahora fue su sentido y sus propósitos: el gobierno y el Estado, la administración de la vida de los seres humanos y su cuidado, soportado todo ello sobre la división naturaleza-seres humanos.

 

Precisamente por los cambios en curso, por la necesidad evidente de superar esa separación con la naturaleza que viene desde hace tantos siglos y que a la humanidad le significó creerse el centro del universo, convencida de que podía hacer con la naturaleza y en ella todo aquello que pretendiera. El precio de tal ficción le aprieta hoy su pecho como pesado yunque, con factores de incontrolable contaminación ambiental, cambio climático, y otra infinidad de factores que ponen en riesgo la propia supervivencia de la especie humana y del planeta Tierra.

 

De ahí que una política de nuevo tipo, que de verdad esté por el cambio y la justicia, tenga hoy como misión fundamental la defensa de la vida de los seres humanos, así como del conjunto de especies que habitan en este planeta, y la casa que habitan –la naturaleza misma. Propósito tras el cual puede retomar y valerse del Estado pero no limitarse ni someterse al mismo, despertando y potenciando de manera sustancial un conjunto de relacionamientos humanos que proyecten la solidaridad a toda prueba en la especie humana y entre ésta y las demás formas de vida que puedan existir aquí o más allá de este planeta. Estamos, pues, con esta política, ante el final del antropocentrismo y, de su mano, ante el despliegue de una profunda revolución cultural en todos los órdenes hasta ahora conocidos, soporte indiscutible de una transformación política sistémica o de un simple cambio de gobierno.

 

Nueva realidad de la política que nos demanda, si de verdad queremos acercarnos a una comprensión de la misión que ahora le compete como fundamental, el estudio y el entendimiento de las bases de la vida misma, a saber: la ecología, la biología y las ciencias de la salud, y de manera supeditada la economía, la filosofía y otras áreas del saber que hasta ahora soportaron el quehacer político, entendido como administración del gobierno y el Estado.

 

Dejando a un lado el centralismo estatal, y con éste el Derecho, las leyes y toda aquella gramática que le da soporte, la política se debe situar en lo cotidiano de los seres humanos, buscando en formas garantizar la vida, la propia y la de las demás especies, propósito que va unido a una definición fundamental: que sea en dignidad. Para lo cual es indispensable socializar no sólo el trabajo sino, además, los ingresos, los saberes, la administración de la cosa pública. Es decir, una vez más queda claro que el poder no puede residir en pocas manos y menos en las de aquellos que lo apetecen para su beneficio. El ejercicio de la administración y la garantía de la vida deben ser asunto y responsabilidad del conjunto social –dejando de ser asunto de supuestos especialistas–, para lo cual ahora los dirigentes no pueden simplemente mandar sino que deben saber obedecer.

 

Nueva comprensión de la política que en nuestro país se encuentra con un escollo: una generación de dirigentes y activistas políticos está de salida por ley biológica, generación que no logra romper con la concepción que iluminó sus luchas, y de ahí que sigan enfrascados en la batalla por el Estado y el gobierno como eje de sus cotidianidades, facilitando de esa manera el control de la oligarquía sobre las mayorías, pues las disputas políticas se dan en el terreno elegido y decidido por quienes detentan el poder, bajo sus reglas y todo tipo de consideraciones interpuestas por los mismos.

 

Una generación que sale y otra que llega, pero sin una politización de nuevo tipo sino bebiendo sobre viejos idearios y referentes que la amarran y que desvían sus esfuerzos en un horizonte donde no es posible que obtengan triunfos de largo aliento. Nueva generación de activistas y líderes políticos que tiene ante sí, y como reto sustancial, al igual que Gaitán, construir en Colombia una voluntad colectiva, una unidad social, plural y dinámica, soportada en la recuperación de las particularidades y fortalezas regionales que caracterizan y son visibles en todas y cada uno de los territorios que integran este país, emprendiendo desde allí, a partir de tal sintonía, el reto de encarar la recuperación del sentido del bien común.

 

No es poca cosa, pues, tras este propósito, hay que confrontar y derrotar al neoliberalismo, y con ello rescatar el sentido y el valor de lo público, de lo colectivo, a la par de poner en tela de juicio la preponderancia del individualismo como vía para construir lo social –todo un contrasentido. Para así avanzar, hay que tallar de nuevo –ahora con todos y no a partir de un líder, como sucedió en los años 40 del anterior siglo– una voluntad general que, sabiendo identificar a los enemigos de hoy, logre desatar la pasión de las gentes para que, con su movilización, arrinconen a quienes hicieron de la política un negocio de familias que dio al traste con la felicidad de millones de compatriotas, no solo ahora sino también en el curso de muchas décadas, tantas como los dos siglos de vida republicana con que contamos.

 

De acuerdo a todos los signos e indicativos desprendidos del actual orden de cosas, el centro de esa acción por construir la indispensable voluntad colectiva descansa en la necesidad de confrontar la contracción vivida por la democracia (que, para el caso colombiano, nunca hemos vivido a plenitud), ideario de libertad izado, como se recordará, por los capitalistas hace ya dos siglos largos y que ahora, agotado como propósito, no pueden hacer realidad en tanto ni igualdad ni libertad ni fraternidad son ya posibles en el sistema capitalista; tampoco la justicia y otros propósitos básicos del orden social que esté por el respeto a la vida.

 

No es para menos, pues, como producto de las revoluciones tecnocientífica e industrial en curso, y como efecto de la financiarización que afecta al tejido social, la concentración de la riqueza y del poder le dan paso al autoritarismo como medio para que las minorías protejan el poder usurpado a las mayorías, así como los privilegios con que se embriagan cada día. No es casual, por tanto, que de la democracia no quede sino el letrero, ah..., y el rito electoral de cada tanto, el que básicamente ya nada decide, ya que lo trascendente para cada sociedad lo resuelven, en lo fundamental, los poderes realmente existentes en otras instancias ­–como los organismos multilaterales– que ya están por encima de la soberanía nacional.

 

Por tanto, retomar la divisa de la democracia, directa, radical, plena, como bandera colectiva para darle soporte a la tríada igualdad, libertad, fraternidad (leída como solidaridad), a la justicia, así como al conjunto de derechos humanos conquistados que sintetizan los básicos de que hay que gozar para vivir en dignidad, es el mayor de los retos que tienen quienes se disponen a la lucha contra la oligarquía y por darle cimiento a un país de iguales. Para ello, para sintonizarse con el país nacional, con aquel que vibró con Gaitán, es necesario salir a todos los rincones del territorio nacional (como lo propusimos en el editorial de noviembre pasado) para conversar con los de a pie, para escuchar sus razones y sus sueños, sus posibilidades y sus disposiciones, para con ello y entre todos dibujar el país que necesitamos y queremos, país por hacer realidad en las próximas décadas, dejando atrás no cien sino doscientos años de soledad, propiciados así por quienes, servidos de la violencia oficial, han llevado a millones de compatriotas a la infelicidad.

 

En la lucha por venir, serán ellos y sólo ellos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, quienes dibujen con sus manos y sus piernas, con sus bocas y sus sentidos, con sus luchas, la democracia que requerimos, valiéndose para ello de talleres, debates de todo tipo, asambleas de diverso tamaño, protestas, bloqueos, etcétera, moldeando poco a poco la voluntad colectiva que se requiere para enfrentar y superar a quienes siempre han visto en la mayoría a sus enemigos, tratándolos como tales en infinidad de circunstancias y contextos.

 

Pensar que alguna organización o conjunto de organizaciones puede afrontar y concretar este reto, sin propiciar que en el centro de su acción estén las mayorías, potenciando para ello, para que ellas mismas sean quienes lideren y las organizaciones las que acompañen (manden obedeciendo), es todo un despropósito que no da cuenta del mismo sentido de una política de verdad renovada.

 

El reto es inmenso, así como las tareas por acometer. El propósito no da espera......

Publicado enEdición Nº242
Cientos de personas participan en una protesta en Buenaventura (Colombia).

 

170 defensores de los Derechos Humanos y reclamantes de tierras fueron asesinados durante 2017 en medio de una impunidad generalizada

 

Paradójicamente, la cifra de muertes de líderes sociales aumentó más de un 45 % el pasado año respecto a 2016, después de la aplicación de los acuerdos de Paz con la principal guerrilla colombiana, las FARC, que desarmaron, desmovilizaron y concentraron a sus efectivos según los acuerdos suscritos en La Habana. Prácticamente cada dos días caía durante 2017 un activista social bajo las balas de los sicarios, principalmente en las regiones del Cauca, Nariño y Antioquia.

La situación es tan preocupante al inicio de este 2018, que el propio Secretario General de la ONU, António Guterres acaba de alertar al Consejo de Seguridad sobre la situación en estas zonas de Colombia, en un momento en el que el propio Consejo tiene desplegado en el país un destacamento de asesores civiles y militares para el seguimiento del fin del conflicto. Guterres acaba de pasar el fin de semana en Colombia, con el tema de los asesinatos de líderes sociales como punto de la agenda con el Presidente Santos, junto al proceso de paz con la superviviente guerrilla del ELN.

El enviado de la Unión Europea para el proceso de paz colombiano, Eamon Gilmore, también ha pedido que el Gobierno "presione para que se tomen en serio los asesinatos y que la Fiscalía cree una Unidad especializada dedicada a esclarecerlos y combatirlos". Se estima que la impunidad en estos crímenes supera el 87 %, si se tiene en cuenta lo sucedido con los 458 que se produjeron hasta 2016.

Por su parte, el Gobierno de Juan Manuel Santos emitió en los pasados días un Decreto de "Alertas tempranas" para la prevención de asesinatos y atentados contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, así como la activación, de acuerdo con las autoridades locales, de "rutas de protección individual y colectiva".

Analistas de Organizaciones no Gubernamentales, la Defensoría del Pueblo y sectores próximos al Gobierno coinciden en que el Estado no ha sabido gestionar las consecuencias del proceso de desmovilización de las FARC, de forma que, de los territorios que ha abandonado la guerrilla durante el pasado año ,se han adueñado las bandas criminales y el paramilitarismo ante la ausencia de las autoridades estatales. Según editorializaba días pasados el diario El Espectador: "El Estado ha sido incapaz de suplir los vacías de gobernabilidad dejados por las FARC".

Para el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González: "El incremento de homicidios (contra líderes sociales) obedece a dos conflictos: el territorial y el de los recursos (minería ilegal, cultivos ilícitos), la mayoría utilizando sicarios con armas de fuego y en las zonas donde anteriormente las FARC habían regulado las relaciones sociales imponiendo su autoridad".

Por su parte, un informe de la Defensoría del Pueblo señala que las causas de los asesinatos de líderes sociales están relacionadas "con su estigmatización, la defensa de los territorios étnicos, la oposición a la expansión de la minería o la agroindustria y las reclamaciones sobre la propiedad de las tierras". También pueden estar relacionadas en algunos casos con la denuncia de abusos en la actuación de la fuerza pública. Esa parece ser la causa de uno de los últimos atentados mortales, el que sufrió el pasado diciembre José Jairo Cortés, líder de la zona rural de Tumaco y que había expresado críticas contra la violación de los derechos humanos de las poblaciones locales por parte de los policías antidisturbios que ocasionaron la masacre de siete campesinos.

La pasada semana, la organización especializada Front Line Defender difundió su informe de 2017 sobre el asesinato de defensores de Derechos Humanos en el mundo. El 67 % se produjo por la defensa de la tierra, el medio ambiente o los derechos de los pueblos indígenas. De los casos registrados, el 30% se produjo en Colombia, el país 'líder', seguido por México y Filipinas, y solo precedido por Brasil.

 

Publicado enColombia
Más de 280 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en 2016, según AI

 

Un informe de Amnistía Internacional documenta cómo han aumentado los ataques contra las personas que defienden los derechos humanos: en 2016 fueron asesinados 125 defensores más que el año anterior.

"En lugar de apoyarlos, muchos líderes los ponen en una situación de mayor riesgo con campañas difamatorias, el uso indebido de la justicia penal o presentándolos falsamente como personas opuestas a los intereses nacionales"

 

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este martes que al menos 281 personas de todo tipo y condición que trabajan para promover y defender los derechos humanos fueron asesinadas en 2016 en todo el mundo, frente a los 156 del año previo y los 136 de 2015, la mayoría de ellos en América.

"Mientras se continúa atentando contra la vida y la integridad de los defensores de los derechos humanos alrededor del mundo, los Estados están fallando en su obligación de respetar y proteger el derecho a la vida y el derecho a defender los derechos humanos sin miedo a represalias", alerta la ONG.

Según su informe Ataques mortíferos pero evitables: Asesinatos y desapariciones forzadas de aquellos que defienden los derechos humanos, desde 1998 un total de 3.500 activistas fueron asesinados en diferentes partes del globo.

Asimismo, la ONG recuerda que el asesinato es el último eslabón de una serie de ataques previos dirigidos contra estos activistas. "Los brutales ataques que se documentan en este informe son el final lógico de una tendencia alarmante", señala Guadalupe Marengo, directora del Programa Global sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de AI.

"En lugar de apoyar a los defensores y defensoras de los derechos humanos, muchos líderes globales los ponen en una situación de mayor riesgo mediante campañas difamatorias, el uso indebido del sistema de justicia penal o presentándolos falsamente como personas que se oponen a los intereses nacionales", prosigue.

 

La mitad de asesinatos son de defensores de la tierra

 

Más de tres cuartas partes de los asesinatos de defensores de los derechos humanos cometidos el pasado año tuvieron lugar en América, señala el informe, que recoge datos de la organización Front Line Defenders.

Según informaciones de diferentes ONG y agencias de la ONU recopiladas por AI, en Colombia se registraron 59 muertes y en Brasil 66, en su mayoría de indígenas y activistas que trabajaban en defensa del medio ambiente o los derechos territoriales. Casi la mitad de los asesinatos, el 49%, fueron perpetrados contra personas que trabajaban en asuntos relacionados con la tierra y el medio ambiente.

"En muchas partes de América Latina, donde el acceso a la sanidad y los derechos sexuales y reproductivos está fuertemente restringido, Amnistía Internacional ha documentado cómo los que defienden tales derechos han sido objeto de campañas de difamación, acoso, persecución injusta, amenazas y ataques físicos", reza el documento difundido este martes en Nueva Delhi.

En cuanto a los periodistas que perdieron la vida por su profesión, el pasado año se registraron 48 asesinatos, una cifra que asciende a 827 al referirse al periodo entre 2006 y 2015, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

AI también muestra su preocupación por los ataques contra el colectivo de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI). "Los defensores LGBTI sufren ataques por quiénes son y también por lo que hacen: pueden ser atacados por su orientación sexual o identidad de género real o percibida, además de por defender los derechos relacionados con el género y la sexualidad", según el informe.

Así las cosas, la organización, que también alertó de la prevalencia de desapariciones forzosas y maltrato cuando los activistas se encuentran bajo arresto, pidió a los gobiernos que implementen leyes de protección para estas personas.

Además, les pidió que ofrezcan medidas preventivas para los que han sido amenazados, y que lleven ante la Justicia a los autores de los crímenes contra los defensores de los derechos humanos.

 

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Martes, 26 Septiembre 2017 15:31

Con licencia para explotar y matar

Con licencia para explotar y matar

A medida que el negocio de explotación de la naturaleza aumenta, el asesinato de quienes se oponen a esta realidad se expande por todo el mundo. Un modelo que no se detiene ante sus efectos sobre el medio ambiente ni ante los intereses y derechos de comunidades locales. Una fórmula que se repite en varios países. Promesas inversionistas, gobiernos corruptos, criminalización de la defensa local del territroio y el ambiente, y la muerte de líderes sociales. Este es el modelo de desarrollo que nos quieren imponer.

“Defender la tierra”, así se titula el más reciente informe de Global Witness, una Ong dedicada a sistematizar las agresiones sufridas por los defensores del medio ambiente y de tierras comunitarias. Allí confirma que “el año pasado en el mundo, al menos 200 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados, siendo el año con mayores muertes registradas [...]. Esta tendencia no está sólo creciendo, se expande, con asesinatos diseminados en 24 países, mientras que los registrados en 2015 fueron en 16 países”1. Sus estadísticas relacionan que desde 2010 y hasta el 2017, casi se completan 1.000 asesinatos.

 

Entre los países más peligrosos para quienes legítimamente se empoderan para oponerse a los grandes megaproyectos y monocultivos aparecen Brasil, Honduras, Nicaragua, Filipinas, India, República del Congo y, obviamente, Colombia.

 

Violencia soterrada y abierta

 

El capitalismo es un modelo depredador, su afán de lucro no mide consecuencias ante la explotación. Desarrollo que mata, ese es el rostro que siempre ha tenido. Ahora que no funciona la eterna e incumplida promesa del “desarrollo” y el “bienestar colectivo”, es cada vez más común el uso de la fuerza para imponer proyectos extractivos, saltándose el derecho comunitario y colectivo a la consulta previa.

 

Uso de la fuerza y desconocimiento de derechos que no pasa impune; las comunidades, conscientes del peligro que corren sus territorios activa su legítima defensa, se movilizan, denuncian, encontrando como respuesta gubernamental la criminalización de sus liderazgos locales y de la misma protesta. Caen sobre ella, entonces, arbitrariedades, abusos y homicidios por parte del capital voraz. La metáfora histórica colonial de civilizado vs salvaje, sigue viva. El 60 por ciento de estos homicidios recaen sobre comunidades indígenas, hermanos mayores que luchan contra la idea de progreso.


Es una lucha desigual. La “incapacidad” estatal para garantizar los derechos y bienestar colectivo, se pasa por la faja la soberanía local, facilitando así que empresas nacionales y extranjeras impongan sus intereses. Lo que ilustran las estadísticas, es que son numerosos los procesos anómalos de consulta, que no son libres, ni previas, ni suficientemente informadas, ni logran el consentimiento colectivo. Los gobiernos presentan, cada vez más, acusaciones penales falsas contra activistas, sometiéndolos, a padecer allanamientos policiales, detenciones ilícitas, multas y encarcelamientos. La resistencia social termina convertida en delito penal.

 

Periscopio

 

Los Estados Unidos no registran muertes de defensores, pero su tarea cada vez es más obstaculizada y criminalizada, como denuncian sus comunidades indígenas, opuestas al fracking, a la construcción de oleoductos y a los monocultivos. Las leyes van en contra de la protesta, ilegalizándola; así lo constata el informe en cuestión, el mismo que registra alarmantes casos en África (República del Congo), donde los asesinatos afectan de manera notable a los guardabosques. En Asia (India), con grandes proyectos mineros y de tala de bosques, el mecanismo de violencia procede a través de una policía cada vez más vendida, lo cual la convierte en el cuarto lugar más mortal para los defensores del planeta.

 

En América Latina, en el 60 por ciento de los asesinatos de estos líderes están implicados los bancos, por ser inversionistas en las explotaciones de bosques, aguas y similares. Las muertes registradas durante el 2014 –con un promedio de dos a la semana– sumaron las tres cuartas partes de todos los asesinatos registrados en todo el mundo. Para el 2015, con un total de 122 asesinatos2, la región registró el peor de los años.

 

Resalta de manera preocupante en este informe, los casos de Nicaragua, donde 11 defensores fueron asesinados, convertido así en el país, percapita, más peligroso del mundo. Sólo una de estas muertes no pertenecía a comunidades indígenas centroamericanas. Un genocidio selectivo producto del interés por el canal interoceánico, bajo el dominio de la empresa china Hong Kong Canal Development Group (Hknd), con una concesión de 100 años de operación de un megaproyecto tres veces más grande que el Canal de Panamá, el que implicará el desplazamiento de 120.000 indígenas.

 

En Honduras, los asesinatos ejecutados durante el 2016 se elevaron a 14, crímenes que sumados desde el 2007, y hasta la fecha, alcanzan a 127. Desde el asesinato de Berta Cáceres –3 de marzo de 2016– han consumado otros siete homicidios, transformando a éste en el país más peligroso para el activismo ambiental. Ante estas acusaciones el gobierno presentó acciones legales en contra de Global Witness, apoyado para ello en los voceros de las industrias, básicamente criticando y cuestionando su labor por frenar el desarrollo del país y tener fines conspirativos.

 

mapa p7

 

 

Grafico p6

 

Colombia

 

Datos escandalosos los de estos países vecinos, pero el nuestro no rompe con el crimen en contra de este tipo de activistas sociales: acá el número de asesinados durante el 2016 creció en un 40 por ciento. Los 37 casos conocidos y documentados superan los registrados en Honduras y Nicaragua. Global Witness se pregunta por semejante cifra en tiempos de acuerdos de paz. La “debilidad” estatal es cómplice del poder de grupos locales; 22 de estas muertes son atribuidas a los paramilitares. Y el gobierno insiste en que no existe un fenómeno sistemático.

 

Entre los homicidios más recientes, es necesario recordar que el pasado 17 de enero fue encontrada muerta, apuñalada y baleada, con su esposo, la lideresa de Red Comunidades Construyendo Paz en los Territorios –Conpaz– Emilse Manyona, que denunciaba a paramilitares e intereses internacionales mineros y agroindustriales en el Valle del Cauca, en especial en territorio correspondiente al municipio de Buenaventura. Las presiones sobre las comunidades continúan: hace unos meses Jakeline Romero, lideresa de la comunidad Wayuú, comenzó a recibir amenazas por oponerse a la solicitud de las empresas del Cerrejón Glencore BHD Biliton y Anglo American para desviar el río Ranchería.


El capital no atenúa su voracidad. Ahora las comunidades ya no comen el cuento del “desarrollo”, que cual espejo busca deslumbrar. Y entonces, ahora el capital pretende desconocer los mecanismos de participación autónoma local, activando un modelo estatal que busca la criminalización de quienes asumen la legítima defensa de sus territorios. ¡Qué escenario de impunidad para el asesinato sistemático y selectivo de docenas de personas!


Nuestro futuro, colectivo, sin naturaleza ni defensa alguna, es incierto. Futuro envolatado ante un supuesto “desarrollo” que en realidad es destrucción ambiental, violencia contra las comunidades, desplazamiento de miles, sometimiento de los negados de siempre.

 

Estamos ante mundo civilizado que muestra su verdadero y salvaje rostro.

 

1 Global, Witness. (2017) “Defender la tierra. Asesintaos globales a defensores/as de la tierra y el medio ambiente en 2016” Paág. 6 disponible: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defender-la-tierra/.
2 Global Witness. (2016) “Entreno peligroso” disponible https://www.globalwitness.org/en/reports/terreno-peligroso/

 


Recuadro


¿Cuál es la causa de los ataques?

 

La lucha entre los gobiernos, las empresas y las comunidades locales por el uso de la tierra y los recursos naturales son la base de la mayoría de los asesinatos documentados por Global Witness. En algunos casos, identificamos a los sectores específicos que las personas defensoras habían o a los que se habían opuesto antes de su asesinato:

 

Sector Total
Minería y petróleo33
Explotación forestal 23
Agroindustria 23
Caza ilegal18
Agua y represas 7
Otros 4

 

 

Publicado enEdición Nº239