Los cinco retos para Colombia tras el desarme de las FARC

El Estado colombiano aún tiene conflictos que afrontar como la negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el modelo de desarrollo del medio rural y los nuevos conflictos que surgen en ciudades como Bogotá, Cali o Medellín.

 

El 31 de julio es la fecha límite para que la ONU extraiga los últimos contenedores del armamento con el que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han combatido contra el Estado colombiano por cinco décadas. Aún sin las FARC, la mayor y más longeva guerrilla del país, el Estado seguirá combatiendo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con una miríada de pequeños grupos armados surgidos de pasadas desmovilizaciones guerrilleras y paramilitares. Además, el país sudamericano tendrá que resolver el modelo de desarrollo del medio rural, histórica fuente de la violencia civil, y los nuevos conflictos que surgen en los cinturones de miseria de ciudades como Bogotá, Cali o Medellín. Estos son los cinco grandes retos del posconflicto colombiano:


1. La reincorporación de las FARC a la vida civil


Durante la X Conferencia de las FARC, en septiembre del año pasado, se acordó realizar el congreso fundacional del nuevo partido político para mayo de este año. Debido a los continuos atrasos del proceso de desarme, la fecha se ha pospuesto para agosto, aunque el delicado estado de salud del líder guerrillero Rodrigo Londoño, más conocido como ‘Timochenko’, podría provocar un nuevo aplazamiento.


En cualquier caso, es un hecho que la guerrilla se convertirá en un partido, aunque las alianzas con las que acudirá a las elecciones de 2018 son todavía una incógnita. La llegada de las FARC a la política legal ha provocado una división entre la izquierda parlamentaria entre quienes apuestan por acompañar a la nueva formación para reforzar los acuerdos de paz y los que la consideran un lastre, por su alta impopularidad en las grandes ciudades. Nada hace esperar que el partido de las FARC vaya a tener un papel relevante en la próxima legislatura y su mayor objetivo será que los acuerdos de La Habana se cumplan.


2. La negociación con el ELN y el fin del conflicto interno


Dirigido durante años por un cura español, el ELN tiene una tradición de lucha armada casi tan antigua como la de las FARC, aunque mucho más restringida territorialmente. El presidente Juan Manuel Santos anunció el inicio de la fase pública de las negociaciones en Ecuador hace nueve meses, aunque la tardía liberación de un secuestrado pospuso la instalación de la mesa a febrero de este año. Hasta la fecha, los avances han sido escasos.


Las conversaciones están enquistadas en torno al tema del secuestro, a cuyo fin el Gobierno condiciona la continuación de las negociaciones. El ELN, por su parte, ha propuesto un alto el fuego bilateral. Ninguna de las dos condiciones se ha cumplido por el momento y la guerra sigue vigente en regiones como Arauca y el Catatumbo, fronterizas con Venezuela.


3. El resurgir del paramilitarismo


A principios de julio, varios muros en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, aparecieron con pintadas que rezaban “De nuevo a las armas por la paz de Colombia”, firmadas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Grupos como las AGC, las Águilas Negras, o el Clan del Golfo, han venido reorganizándose y reforzando su presencia territorial desde la desmovilización de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006.


Principalmente centrados en el narcotráfico, estos grupos han comenzado a recuperar una agenda política de extrema derecha en los últimos años, amenazando a miembros de movimientos sociales, guerrilleros desmovilizados y defensores de los derechos humanos. Los asesinatos selectivos contra estos grupos han venido en aumento, aunque no se ha podido establecer la responsabilidad sobre los mismos. Si bien el proceso de paz con las FARC parece ya irreversible, el asesinato selectivo de excombatientes de esta guerrilla podría ser el golpe de gracia para las conversaciones con el ELN. Aunque algunas voces están llamando a iniciar procesos de paz con estos grupos y con las disidencias aún activas de guerrillas desmovilizadas como el Ejército Popular de Liberación, la respuesta del Estado ha sido meramente militar hasta la fecha.


4. El desarrollo de un campo sin guerra


La guerra interna de Colombia se desarrolló fundamentalmente en el entorno rural. A los combates entre guerrillas y Ejército se unieron las masacres paramilitares a finales de los 90, que buscaban acabar con la base de apoyo de la guerrilla. Además de un aumento sustancial en el número de víctimas civiles, la intervención paramilitar trajo un desplazamiento masivo de un entorno rural en que el Estado ha permanecido prácticamente ausente hasta ahora. Cómo desarrollar económicamente estas zonas devastadas por la guerra es uno de los grandes debates del posconflicto.


Mientras que el Gobierno de Santos ha apostado por un desarrollo vinculado al extractivismo y al monocultivo agrícola, este modelo se ha encontrado con una fuerte oposición por buena parte de la población rural. La creación de megaproyectos mineros y petroleros ha sido rechazada en varias consultas populares. Modelos que preserven la economía campesina a pequeña escala, como las Zonas de Reserva Campesina, los resguardos indígenas y los territorios colectivos de comunidades negras, se han presentado como alternativas al latifundio. El camino que tome el próximo gobierno será clave, aunque todo parece indicar que la desigualdad en el campo seguirá siendo fruto de conflicto en Colombia.


5. El conflicto se traslada a la ciudad


El desplazamiento masivo del campo a la ciudad que generó el conflicto armado durante las últimas dos décadas ha supuesto el crecimiento descontrolado de las ciudades por todo el país. Si las grandes ciudades no han podido evitar la generación de enormes cinturones de miseria, los conocidos como “barrios de invasión”, ciudades intermedias como Barrancabermeja o Buenaventura se han visto completamente desbordadas. La extrema desigualdad y la ausencia de oportunidades han hecho que el crimen y la violencia de todo tipo se disparen en los centros urbanos.


El proceso de paz con las FARC no ha tenido ningún efecto en las ciudades y la llegada de miles de excombatientes, como ya ocurrió con la desmovilización paramilitar, probablemente no hará sino empeorar la situación. De la búsqueda de un modelo que dé oportunidades a los jóvenes urbanos dependerá que Colombia pueda desarrollarse finalmente en paz o que un nuevo conflicto, de otra naturaleza, vuelva a llevar al país por la vía de la violencia.

 

Pablo Rodero
@PABLORODERO

Publicado enColombia
Sistemático, como acción y en defensa del poder tradicional

El gobierno nacional insiste en que es un fenómeno aislado. Las organizaciones sociales y de derechos humanos, aseguran que es sistemático. Los informes les dan la razón. El asesinato de líderes y restituyentes de tierra es alto y continuo. Torpeza o maldad de altos funcionarios inestabiliza aun más la dichosa paz.

 

Que el registro arroje uno o dos asesinados, puede suceder. Cuando son docenas, por lo menos debe causar sospecha. Pero cuando los crímenes superan cien, la alarma no debe apagarse. Los crímenes son más dolosos cuando los quieren negar.

 

No le bastaron los 60 estudios propios, realizados por el Ministerio de Defensa, para que el ministro Luis Carlos Villegas, asegure que entre el mar de crímenes contra dirigentes sociales sólo encontraron tres atentados. También para que el antiguo ministro del interior y hoy precandidato liberal Juan Fernando Cristo, salga al paso negando lo sistemático de lo ocurrido e indicando que los casos aislados tienen como origen la minería ilegal y el narcotráfico.

 

Se suma al coro oficial. El Fiscal General también que señaló tras “investigaciones pertinentes” no encontraron sistematicidad. La obstinación por negar lo evidente, los llevó en marzo pasado incluso a extender su versión sobre esta tragedia que enluta a la sociedad colombiana (en particular a los movimientos sociales y a las fuerzas alternativas), ante la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde aseguraron que es muy prematuro calificar como “acción prematura” el continuo de asesinatos.

 

Sorprendente. Entonces, ¿qué entienden por sistemático? Sin argumentos creíbles desconocen lo afirmado sobre el particular por tres informes independientes entre sí: Defensoría, Centro Nacional de Memoria y el Cinep.

 

De los 120 líderes asesinados en los últimos 14 meses, así confirmados por las propias organizaciones sociales, el Estado, según la vicefiscal María Paulina Riveras, solo reconoce 60 casos. ¿Por qué no prenden el macabro metrónomo y pasan por alto su sistematicidad? Manipulación. Ahora señalan que los paramilitares fueron franquicias de matones del crimen común, según el Tribunal de Justicia y Paz.

 

 

El informe

 

El 2 de junio presentaron el informe “Asesinato a líderes sociales y restituyentes en el periodo 2005-2015”, a cargo del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, que es un programa de investigación en el que participan cuatro universidades: Nacional, Sergio Arboleda, Rosario y Sinú. El periodo que comprende el informe puede llevar a pensar que las muertes registradas corresponden, en su mayoría a los gobiernos encabezados por Uribe. Pero, sorpresa, las cifras más dramáticas las arroja el gobierno Santos. “Este fenómeno se mantiene, no ha cambiado e incluso tiende aumentar”. Así lo advirtió el profesor Francisco Gutiérrez del Iepri de la Universidad Nacional, quien pronostica la fatalidad de que en el próximo trimestre tengamos más muertes que lamentar. “No hay trimestre que no se hayan registrados asesinatos a líderes rurales y restituyentes de tierras”.

 

El hecho que los asesinatos no disminuyan no quiere decir que no estén localizados. En 10 departamentos se concentra el 77 por ciento de los casos registrados; sólo cinco de ellos –Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Córdoba y Nariño– concentran el 55 por ciento de las víctimas. Pero, más allá de la versión gubernamental, lo que está ocurriendo, sin duda, es sistemático, porque si bien puede que no exista un libro negro con listado rojo de sentencias, el hecho factual es que ocurre de manera reiterada. Frecuencia que, para la Corte Penal Internacional, ya significa sistematicidad, es decir, un patrón de violencia regular.

 

Sucesos que ocurren en zonas rurales donde predomina el paramilitarismo, donde, además, su realidad socioeconómica indica que predomina la desigualdad en la tenencia de la tierra, con población con necesidades básicas insatisfechas, con predominio de cultivos ilícitos, así como economía legal donde domina la ganadería extensiva. Zonas donde existe un acumulado de secuestros.

 

Llama la atención, en lo informado por estas universidades, que el 77 por ciento de los afectados son integrantes de organizaciones locales de base, curiosamente las víctimas participaban en espacios institucionales auspiciados por el Gobierno dignatarios de juntas comunales y consejos municipales, restituyentes del Programa del Ministerio de Agricultura (este último con 70 casos). Otras de las víctimas participaban de organizaciones campesinas, eran líderes de comunidades étnicas y afros, sindicatos rurales y agrícolas. También sufren los ataques parientes de líderes, que suman ya 31 casos.

 

En el 14 por ciento de los homicidios, los ataques son atribuidos a los herederos de grupos paramilitares, pero en el 58 por ciento de los casos se desconoce el atacante. La probabilidad de ocurrencia de este tipo de ataques se duplica si en la zona tienen presencia estos grupos armados; posibilidad que persiste y aumenta 13 veces más en los sectores más pobres según Necesidades Básicas Insatisfechas (viviendas inadecuadas, con hacinamiento, niños desescolarizados e inaccesibilidad a servicios públicos). La relación entre el Gini de concentración de tierras y la presencia de herederos del paramilitarismo triplica el fenómeno en los territorios señalados.

 

La evidencia es rotunda. El discurso oficial lo único que busca es negar la crueldad de las cifras, ocultando con su retórica que al Estado no le interesa o es débil para ejercer soberanía. La justicia es de papel. En los territorios locales dominan sectores económicos que acumulan matando. Los actores armados dominan sin que las autoridades del orden local y nacional intervengan. De hecho las muertes no inciden en los indicadores de desempeño de las instituciones locales. Que las víctimas hayan creído en la institucionalidad deja en el piso la garantía de la reparación.

 

Un reto y una esperanza es acatar con urgencia las recomendaciones del Observatorio: fortalecer los programas para la protección a líderes y lideresas, propiciar el acceso a tierras, fortalecer las instituciones para la implementación de los acuerdos, y poner en marcha una pedagogía de paz.

 

Edición N°236, junio 20 - julio 20 de 2017

Publicado enColombia
Sistemático, como acción y en defensa del poder tradicional

El gobierno nacional insiste en que es un fenómeno aislado. Las organizaciones sociales y de derechos humanos, aseguran que es sistemático. Los informes les dan la razón. El asesinato de líderes y restituyentes de tierra es alto y continuo. Torpeza o maldad de altos funcionarios inestabiliza aun más la dichosa paz.

 

Que el registro arroje uno o dos asesinados, puede suceder. Cuando son docenas, por lo menos debe causar sospecha. Pero cuando los crímenes superan cien, la alarma no debe apagarse. Los crímenes son más dolosos cuando los quieren negar.

 

No le bastaron los 60 estudios propios, realizados por el Ministerio de Defensa, para que el ministro Luis Carlos Villegas, asegure que entre el mar de crímenes contra dirigentes sociales sólo encontraron tres atentados. También para que el antiguo ministro del interior y hoy precandidato liberal Juan Fernando Cristo, salga al paso negando lo sistemático de lo ocurrido e indicando que los casos aislados tienen como origen la minería ilegal y el narcotráfico.

 

Se suma al coro oficial. El Fiscal General también que señaló tras “investigaciones pertinentes” no encontraron sistematicidad. La obstinación por negar lo evidente, los llevó en marzo pasado incluso a extender su versión sobre esta tragedia que enluta a la sociedad colombiana (en particular a los movimientos sociales y a las fuerzas alternativas), ante la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde aseguraron que es muy prematuro calificar como “acción prematura” el continuo de asesinatos.

 

Sorprendente. Entonces, ¿qué entienden por sistemático? Sin argumentos creíbles desconocen lo afirmado sobre el particular por tres informes independientes entre sí: Defensoría, Centro Nacional de Memoria y el Cinep.

 

De los 120 líderes asesinados en los últimos 14 meses, así confirmados por las propias organizaciones sociales, el Estado, según la vicefiscal María Paulina Riveras, solo reconoce 60 casos. ¿Por qué no prenden el macabro metrónomo y pasan por alto su sistematicidad? Manipulación. Ahora señalan que los paramilitares fueron franquicias de matones del crimen común, según el Tribunal de Justicia y Paz.

 

 

El informe

 

El 2 de junio presentaron el informe “Asesinato a líderes sociales y restituyentes en el periodo 2005-2015”, a cargo del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, que es un programa de investigación en el que participan cuatro universidades: Nacional, Sergio Arboleda, Rosario y Sinú. El periodo que comprende el informe puede llevar a pensar que las muertes registradas corresponden, en su mayoría a los gobiernos encabezados por Uribe. Pero, sorpresa, las cifras más dramáticas las arroja el gobierno Santos. “Este fenómeno se mantiene, no ha cambiado e incluso tiende aumentar”. Así lo advirtió el profesor Francisco Gutiérrez del Iepri de la Universidad Nacional, quien pronostica la fatalidad de que en el próximo trimestre tengamos más muertes que lamentar. “No hay trimestre que no se hayan registrados asesinatos a líderes rurales y restituyentes de tierras”.

 

El hecho que los asesinatos no disminuyan no quiere decir que no estén localizados. En 10 departamentos se concentra el 77 por ciento de los casos registrados; sólo cinco de ellos –Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Córdoba y Nariño– concentran el 55 por ciento de las víctimas. Pero, más allá de la versión gubernamental, lo que está ocurriendo, sin duda, es sistemático, porque si bien puede que no exista un libro negro con listado rojo de sentencias, el hecho factual es que ocurre de manera reiterada. Frecuencia que, para la Corte Penal Internacional, ya significa sistematicidad, es decir, un patrón de violencia regular.

 

Sucesos que ocurren en zonas rurales donde predomina el paramilitarismo, donde, además, su realidad socioeconómica indica que predomina la desigualdad en la tenencia de la tierra, con población con necesidades básicas insatisfechas, con predominio de cultivos ilícitos, así como economía legal donde domina la ganadería extensiva. Zonas donde existe un acumulado de secuestros.

 

Llama la atención, en lo informado por estas universidades, que el 77 por ciento de los afectados son integrantes de organizaciones locales de base, curiosamente las víctimas participaban en espacios institucionales auspiciados por el Gobierno dignatarios de juntas comunales y consejos municipales, restituyentes del Programa del Ministerio de Agricultura (este último con 70 casos). Otras de las víctimas participaban de organizaciones campesinas, eran líderes de comunidades étnicas y afros, sindicatos rurales y agrícolas. También sufren los ataques parientes de líderes, que suman ya 31 casos.

 

En el 14 por ciento de los homicidios, los ataques son atribuidos a los herederos de grupos paramilitares, pero en el 58 por ciento de los casos se desconoce el atacante. La probabilidad de ocurrencia de este tipo de ataques se duplica si en la zona tienen presencia estos grupos armados; posibilidad que persiste y aumenta 13 veces más en los sectores más pobres según Necesidades Básicas Insatisfechas (viviendas inadecuadas, con hacinamiento, niños desescolarizados e inaccesibilidad a servicios públicos). La relación entre el Gini de concentración de tierras y la presencia de herederos del paramilitarismo triplica el fenómeno en los territorios señalados.

 

La evidencia es rotunda. El discurso oficial lo único que busca es negar la crueldad de las cifras, ocultando con su retórica que al Estado no le interesa o es débil para ejercer soberanía. La justicia es de papel. En los territorios locales dominan sectores económicos que acumulan matando. Los actores armados dominan sin que las autoridades del orden local y nacional intervengan. De hecho las muertes no inciden en los indicadores de desempeño de las instituciones locales. Que las víctimas hayan creído en la institucionalidad deja en el piso la garantía de la reparación.

 

Un reto y una esperanza es acatar con urgencia las recomendaciones del Observatorio: fortalecer los programas para la protección a líderes y lideresas, propiciar el acceso a tierras, fortalecer las instituciones para la implementación de los acuerdos, y poner en marcha una pedagogía de paz.

Publicado enEdición Nº236
El presidente Santos habla con una guerrillera durante su visita a una zona veredal.

 

Dos líderes sociales fueron baleados esta semana en Colombia, al igual que un integrante de las FARC. La Defensoría del Pueblo se mostró preocupada porque sigue corriendo la sangre de quienes defienden el acuerdo de paz.

 

Desde Medellín

 

Esta semana las muertes tras la puesta en marcha del Acuerdo de Paz en Colombia no dieron tregua. Dos líderes sociales fueron baleados al igual que un integrante de las FARC. La Defensoría del Pueblo se mostró preocupada porque sigue corriendo la sangre de quienes defienden el acuerdo de paz que pondrá fin a la guerrilla más antigua del continente. Y aunque los homicidios a manos de esa guerrilla cesaron provocando bajas en las estadísticas, va en aumento la violencia contra los pacifistas que lideran procesos campesinos, indígenas, de mujeres o afros, las poblaciones más vulneradas a lo largo de décadas conflicto armado interno y siglos de una violencia que no cesa aunque muestra cifras esperanzadoras y contradictorias a la vez.

Gracias al cese unilateral y luego bilateral al fuego entre gobierno y Farc, la tasa de homicidios de Colombia en 2016 fue la más baja registrada desde 1974. Sin embargo, aumentó el homicidio a líderes sociales en un 22%. Serían unos 12 mil asesinatos en todo Colombia el año pasado. Unos 130 a líderes, y 33 desde que comenzó la implementación de la paz, 1 de diciembre también llamado Día D.

En el tratado firmado en el Teatro Colón de Bogotá en noviembre pasado por el Presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño “Timochenko” máximo jefe de la Farc, se contemplan medidas de protección entre muchas una Comisión de Garantías para el ejercicio de la política desde todas las orillas del pensamiento sin temor al homicidio. Los casos que se sumaron esta semana, Gerson Acosta indígena del Cauca y Rubiela Sánchez en Antioquia, engrosan la lista dolorosa de quienes, sin armas, han resistido ciclos de violencia, expulsión de sus territorios, muerte de seres queridos y amenazas y hoy son alcanzados por las balas, sin protección del Estado. También el Acuerdo de Paz incluye la seguridad para los integrantes de Farc que salgan de cárceles y todos aquellos que están en zonas veredales y puntos de normalización (zonas de paz) y que próximamente regresarán a la vida civil. Ni lo uno ni lo otro se ha implementado y la Unidad para desarticular el paramilitarismo creada en la Fiscalía no muestra resultados después de que su primera directora, Alexandra Valencia, fuera despedida del cargo.

Organismos internacionales como Naciones Unidas han venido alertando sobre los grandes riesgos que corre Colombia por la falta de cumplimiento del gobierno en la implementación del ya firmado y refrendado tratado de paz.”El incumplimiento del Gobierno en el contexto del diálogo social ha generado pérdida de confianza, credibilidad y oportunidades valiosas para el progreso”, dijo Tod Howlando de la Oficina para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia recientemente levantando polémica. En dichos incumplimientos está también la construcción de campamentos y adecuaciones de las zonas de paz que debieron estar listos el DÍA D y aún continúan a medias. También, las amnistías e indultos que se esperaban por más de mil para esta fecha habiendo logrado apenas casi un centenar, pues los jueces empezaron negando las amnistías, luego salieron a paro, y ahora el alto gobierno entrega certificaciones de que quienes serán excarcelados son guerrilleros de a poco.

Ese fue el caso de Luis Alberto Ortiz Cabezas conocido como Pepe, quien llevaba apenas un par de semanas en su casa, cuando llegaron hombres armados y le propiciaron tres disparos. El primer ex guerrillero de las Farc asesinado se encontraba en la localidad de Tumaco, Nariño, al Sur del país. El secretariado de las Farc mostró su preocupación, entre tanto la Fiscalía dijo que investigará con prioridad este homicidio y envió un equipo especial a ese territorio por siempre complejo en materia de Derechos Humanos y poblado principalmente por negros e indígenas.

Desde la zona de paz donde se ubican las Farc, se emitió un comunicado que cuestiona el accionar del Estado. “¿Qué están haciendo las autoridades, en cuanto al cumplimiento de los compromisos acordados, en el sentido de combatir las bandas paramilitares al servicio de las mafias que se constituyen en amenaza real para la ciudadanía y los guerrilleros y milicianos excarcelados, que no cuentan con protección alguna; pasando por alto que la protección de la ciudadanía y de los excarcelados es condición para garantizar una paz estable y duradera y en cuánto a la protección de nuestro tránsito a convertirnos en un partido político civil, se refiere?”

En Tumaco las últimas semanas han sido convulsionadas por las protestas de los campesinos cultivadores de coca que protestan en vías públicas reclamando que, a pesar de que firmaron un acuerdo derivado de los Diálogos de La Habana para sustituir voluntariamente la hoja de coca, el Ejército está erradicando forzosamente. Los abusos de la Policía han sido evidenciados en videos que circulan en la web donde muestran a los agentes disparando contra la población civil y hombres campesinos heridos por doquier.

La preocupación se extiende hasta Chocó y Urabá donde tropas paramilitares continúan avanzando a caseríos lejanos sin que la Fuerza Pública llegue a dichos lugares a actuar contra éstos. Así lo han denunciado la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Por su parte Amnistía Internacional generó alertas esta semana que termina haciendo eco de dichas denuncias y exhortando al presidente Juan Manuel Santos y la Fuerza Pública a cumplir su mandato de proteger a sus ciudadanos.

Según la Comisión Interclesial también en Buenaventura, Valle del Cauca, los “paras” están abiertamente ocupando los territorios dejados por Farc. “El viernes 21 de abril, a las 10:00 p.m. en el asentamiento indígena Woaunaan Phobor, Corregimiento de Córdoba, kilómetro 20 de la vía Buenaventura, Cali, cinco hombres presuntamente de la estructura paramilitar de los Urabeños con armas cortas, vestidos con prendas oscuras y linternas, ingresaron al caserío de la comunidad y hasta la madrugada merodearon al rededor de las viviendas”, dice la Comisión en comunicado público.

 

 

Publicado enColombia
Miércoles, 22 Marzo 2017 07:48

Paz sin más muertes

Fotos con las víctimas de promotores de la paz.

 

El llamado más urgente fue el “desmonte del paramilitarismo” y la protección de los defensores de los derechos humanos, en la aplicación del acuerdo negociado entre las FARC y el gobierno.

 

Desde Medellín

 

Varias audiencias sobre Colombia se realizaron ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dos fueron solicitadas por organizaciones sociales y corporaciones jurídicas, y una más por la Fiscalía, quien expuso su estrategia de investigación ante las agresiones a defensores de derechos humanos, las cuales preocupan al país por el incremento suscitado a partir del acuerdo de paz con las FARC.

Con la vocería de la vice fiscal general María Paulina Riveros, ex negociadora de gobierno en los Diálogos de La Habana, el Estado expuso en Washington las que considera son las causas fundamentales de la violencia contra defensoras y defensores. Según la institución, la disputa por las rentas ilegales tras la salida de las FARC de los territorios es una de las principales razones. También, que ciertas disidencias de la guerrilla buscan mantener control territorial. En tercer lugar, la corrupción administrativa, así como la falta de creencia en las instituciones estatales. La falta de conectividad de los territorios apartados de los centros urbanos y la violencia como lenguaje transversal a la realidad colombiana, son las demás explicaciones para dichos homicidios.

Las organizaciones presentes reclamaron al Estado no contemplar entre las razones la existencia y avanzada del paramilitarismo en Colombia, y también criticaron y señalaron de peligroso el hecho de que el Ministerio de Defensa y la Fiscalía insistan en que no existe un patrón sistemático en dichos homicidios. En lo que van del año sumarían 26, mientras el año pasado fueron 80 según la ong Somos Defensores. Los abogados de organizaciones sociales presentes en la sala en la capital norteamericana, portaban fotografías de los hombres y mujeres baleados por promover el acuerdo de paz en sus territorios. Que la paz no nos cueste la vida, se leía en carteles que pegaron a sus mesas.

La Fiscalía explicó que a la fecha tienen 74 personas vinculadas a procesos por dichos homicidios, y de ellas 58 están privadas de la libertad. En cuatro casos, aseguran, ya tienen sentencia judicial y también existen ocho casos con órdenes de captura vigentes. En total, desde 2012 han sido 500 los líderes atacados según informe de la Defensoría del Pueblo, por eso los resultados de Fiscalía no fueron satisfactorios para las partes civiles presentes en la CIDH.

También se dieron audiencias sobre Garantías de no repetición en el Acuerdo de Paz en Colombia y una más sobre obligaciones estatales contra la impunidad y Justicia Especial de Paz en Colombia. Cada parte intervino durante veinte minutos antes los comisionados James Camalaro y José de Jesús Orozco. Allí participaron además el ministro del Interior de Colombia Juan Fernando Cristo y el embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González. Al respecto, la semana pasada la Oficina de Derechos Humanos de ONU en Colombia entregó su informe anual dejando sabores amargos. En él Tood Howland pidió a la CPI aclarar si cree que la interpretación del Congreso sobre la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) cumple con las obligaciones internacionales del Estado.

En la audiencia, Byron Góngora de la Corporación Jurídica Libertad aseguró que “generan mucha preocupación tantos beneficios para Fuerza Pública a cambio de nada” en la Jurisdicción aprobada la semana anterior en el Congreso de la República. Esta sufrió varios cambios pues la Justicia que se acordó en La Habana y se firmó en Bogotá el año pasado contemplaba similares condiciones para todos los actores del conflicto: guerrillas, Estado y particulares. Pero en su trámite de aprobación en el Congreso varios parlamentarios introdujeron modificaciones que, a juicio de las víctimas, revierten de impunidad a favor del EsTado y los empresarios. “Vuelven imposible la cadena de mando, por ejemplo en los casos de más de 5 mil víctimas en el caso de las ejecuciones judiciales (falsos positivos)” como lo expresaron los peticionarios en la Comisión ayer. “Alertamos libertades de militares sin compromisos claros ante la JEP” advirtió el abogado Góngora.

Por su parte, en la audiencia sobre Garantías de No Repetición, Yomari Ortegón del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo recalcó que dichas garantías “son la esperanza de que cada crimen sea el último” señalando que el sistema interamericano de DD.HH. y Naciones Unidos han señalado que éstas son fundamentales para garantizar una paz estable y duradera en Colombia. Las garantías de no repetición, explicó Ortegón, son el futuro y deben atacar las causas, realizar reformas estructurales, y, en casos como el Acuerdo de Paz, contemplan medidas que aún no son implementadas. El llamado “desmonte del paramilitarismo” y las garantías para la defensa de los derechos humanos son las más urgentes a juicio de los representantes de la sociedad civil que participaron en las audiencias de Washington ayer.

 

 

Publicado enColombia
Paramilitares en Colombia: un 'déjà vú' de sangre en tiempos de paz

Los grupos armados están copando las zonas que las FARC han dejado libres tras los acuerdos de paz. Las amenazas y asesinatos a líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos se han disparado y temen que el exterminio político de hace décadas se repita. Mientras, el Gobierno de Santos niega el paramilitarismo y habla de crimen organizado

 

El día en que lo iban a matar, Luis Plaza se dirigía a una asamblea de maestros en Cartagena de Indias. Ya había recibido 15 amenazas de muerte y el Gobierno colombiano le había asignado un escolta y un coche blindado, aunque tenía que compartirlo con otro amenazado. Era secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el departamento de Bolívar, el sindicato con más filiación del país, paraguas de 700 organizaciones sectoriales.


“Nos van a joder”, recuerda que le dijo a su guardaespaldas cuando dos personas en una moto le cerraron el paso en una calle. Siete balas impactaron en su coche, pero cuando el encapuchado apretó el gatillo, Luis ya se había hecho un ovillo en el suelo, pensaba en su familia y asumía que su nombre engordaría la larga lista de sindicalistas asesinados en Colombia. “Cuando vi que la moto no avanzaba supe que eran dos sicarios. Pese a su imagen turística, Cartagena se ha convertido en una capital del sicariato”, explica. Pero salió de aquella. Su escolta ─no se explica cómo ni cuándo─ mató a uno de los sicarios e hirió al otro en una pierna. Quién quería muerto a Luis sigue siendo una incógnita, aunque él insiste en que un empresario conocido como El Turco Hilsaca pagó 400 millones de pesos (125.000 euros) por su asesinato. Después de aquello, Luis pasó algunos meses en Asturias gracias a un programa de acogida para líderes sociales amenazados en Colombia.

El atentado sucedió en 2014, pero podría volver a pasar en cualquier momento. Por eso, Luis mantiene su escolta y su todoterreno blindado. Las amenazas, extorsiones y asesinatos a sindicalistas, líderes campesinos, activistas y defensores de los derechos humanos han ido aumentando en el país al tiempo que las FARC iban abandonando su actividad armada. Las matanzas han crecido tanto que, a muchos, la situación les recuerda a otra época: la del paramilitarismo impune de hace tres décadas, un oscuro déjà vú que ensombrece el proceso de paz. No hay acuerdo en cuanto a las cifras. El Programa Somos Defensores habla de 80 de estos asesinatos el año pasado. Amnistía Internacional ha contado 75. Otros colectivos como Marcha Patriótica ─el colectivo con más muertos sobre la mesa─ elevan a 125 el número de muertos. Durante el transcurso de este reportaje se han conocido al menos cuatro asesinatos. Demasiados, en cualquier caso.


Plaza, que ahora vive en la capital, Bogotá, asegura que ya ha sufrido varias situaciones de alerta recientemente. Cree que el posconflicto, como se denomina al escenario en Colombia tras los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno, va a ser duro, largo y mortífero para gente como él, porque falta voluntad política para acabar con el paramilitarismo, el sicariato y el narcotráfico. Factores que, en muchas ocasiones, son difíciles de diferenciar y se mezclan con los intereses de grandes empresarios, terratenientes e, incluso, políticos. Además, insiste, estos grupos están ocupando los territorios que controlaban las FARC antes del cese del fuego. Es lo normal cuando desaparece la única autoridad real que ha operado en gran parte de la Colombia rural, donde el Estado nunca llegó o sólo lo hizo para bombardear a la insurgencia. Muchos campesinos confían poco o nada en la protección de un Gobierno que les ha ignorado toda su vida. Muchos han reconocido a este diario en privado que votaron en contra de los acuerdos de paz porque no querían que las FARC se fueran, porque para ellos, el remedio podía ser peor que la enfermedad. Y es lo que está pasando.


El sector del magisterio, en el que Luis trabaja, es uno de los más castigados por eso que el Gobierno denomina “crimen organizado” o bacrim. Según la asociación de docentes ADEMACOR, más de mil profesores han sido asesinados en las últimas tres décadas en Colombia. Es tan habitual que, en la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, al norte del país, ADEMACOR ha levantado un monumento al maestro caído.


Según explica uno de sus portavoces, es el departamento con más docentes asesinados, obligados a cambiar de ciudad o extorsionados. Entre ellos está el presidente de la asociación, que en 2013 tuvo que huir de Córdoba por panfletos amenazantes de una organización paramilitar. En lo que va de 2017, tres profesores han sido asesinados en esta región caribeña y ha habido más de 20 amenazas, denuncian. “Esas son las cifras oficiales, pero hay más. La mayoría se calla. Si denuncias y no te trasladan o no te ponen protección, que es lo habitual, te conviertes en carne de cañón para los paramilitares”, añade.


Pero estas bandas criminales tienen nombre, apellidos, escudo, logotipo e, incluso, página web, aunque el Gobierno diga que no existen, que sólo son delincuentes cuyo único interés es el dinero y no la limpieza ideológica, el genocidio político. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o las Águilas Negras son los grupos paramilitares de extrema derecha que firman panfletos y mensajes a los amenazados en buena parte del país. Herederos de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), son el grupo que ataca a los maestros de Montería, por ejemplo, pero también a los campesinos del Cauca o de Magdalena Medio o los sicarios que usan los terratenientes para expulsar a campesinos de las tierras comunales. Pese a todo, el Gobierno sigue poniendo en duda su autenticidad. Quizás algún desalmado utiliza sus logotipos para asustar, para conseguir dinero sin siquiera pertenecer a ellos, insinúa el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto.


Negar la realidad


Para Fernández de Soto y su gobierno, este grupo recibe el nombre de Clan del Golfo y son, simplemente, narcotraficantes y mineros ilegales cuyos intereses chocan con los de activistas y campesinos. “Estos asesinatos nos preocupan y los investigamos todos pero no hay que entrar en una guerra de cifras. No creemos que todos sean asesinatos selectivos”, afirma mientras esgrime las positivas cifras de seguridad del país. “Estamos en el momento de mayor tranquilidad en 40 años, con una media de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nos acercamos a cifras normales. Nos estamos acostumbrando a vivir en paz”, argumenta.


No le falta razón al viceministro. De hecho, muchas víctimas coinciden con él. Hay menos muertes. El problema es que los que mueren están mucho mejor seleccionados. Al fin y al cabo, los líderes sociales serán los encargados de velar por el desarrollo de los acuerdos de paz con las FARC en lo que tiene que ver con la reforma agraria o la sustitución de cultivos ilegales. Eso les convierte, a ojos de los paramilitares, en guerrilleros de izquierda a los que exterminar, descabezar los movimiento y debilitar el proceso de paz. Luis Juarán, del sindicato agrario Fensuagro, afirma que han sido ellos, los civiles, quienes han puesto la mayor cantidad de muertos durante el proceso de paz. Su organización, muy vinculada al Partido Comunista, logró convocar grandes movilizaciones por una reforma agraria en los 80. Eso le costó el exterminio de su organización por parte de los paramilitares en regiones como Costa Atlántica, Magdalena Medio, Meta y Urabá. Hoy, de nuevo, ve morir a sus militantes y teme por su propia vida. No son recuerdos lo que lee en los periódicos.


Un caso similar es el de Óscar Aredo, un veterano agricultor y dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) en la región del Cauca, una de las más afectadas por el nuevo auge paramilitar. Su lucha es por la tierra y por los recursos naturales y sus enemigos son grandes empresas energéticas y mineros legales e ilegales; los megraproyectos que acaban con miles de campesinos desplazados. Él ya ha recibido decenas de amenazas, pero no tiene escolta. “Uno no se acostumbra nunca a la muerte, pero aquí no te queda más remedio”, afirma.


“El paramilitarismo está creciendo, las amenazas han aumentado y está habiendo muchos asesinatos. Desde enero hasta hoy ha habido alrededor de 20. El sábado (18 de febrero) nos mataron a un compañero en la localidad de Mercaderes”, lamenta. “Si el Gobierno no reconoce que existe el paramilitarismo no va a actuar contra él. Y si no acaba con los paramilitares, con el narcotráfico, con la minería legal e ilegal no va a haber paz en Colombia, porque son estos agentes los que están haciendo la guerra”, argumenta.


“Seguiremos asesinando ya que la lista es larga y lo lograremos. El norte, centro y sur del Cauca debe estar listo y así empezar el año nuevo sin castro-chavistas, sin defensores de derechos humanos, sin activistas, sin sindicalistas, sin Marcha Patriótica, sin LGTBI, sin colaborares de las FARC”.


Ése es uno de los párrafos de la octavilla que apareció sobre la mesa de la oficina de Elisabeth Yangana, miembro del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado Colombiano (SUNED). En el siguiente párrafo se especificaban algunos nombres. El suyo estaba en la lista. Lo firmaban las Águilas Negras y se despedían así: “La gente de bien y los inocentes nos lo agradecerán. Por un nuevo país”.


Yangana ha denunciado el paramilitarismo y su connivencia con sectores del Estado colombiano durante años. No le extraña figurar en esa lista, lo que le sorprende y le asusta es que el Gobierno no le de credibilidad a ese papel. Más aún cuando ella ha sufrido un intento de secuestro hace una década y cuando desconocidos en moto la persiguen a la salida de su actual trabajo. A su marido “lo desaparecieron” hace muchos años.


“Digamos que se habían calmado ─afirma sin poder contener un risa sarcástica─ pero el 13 de diciembre ya volvieron las amenazas. Nos persiguen y nos matan por ser de izquierdas, progresistas y reivindicar derechos sociales. Eso es sinónimo de ser de las FARC”, explica.


Tampoco le sorprende que el Gobierno quiera pasar definitivamente la página del paramilitarismo. La época en la que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) eran conocidas como la “sexta división” de las Fuerzas Armadas colombianas acabó con las imágenes de sus jefes entregando las armas tras aquel proceso de paz firmado con el expresidente Álvaro Uribe, en 2006. Según las cifras que presentó el Gobierno, más de 30.000 paramilitares se desmovilizaron y entregaron las armas. Asunto zanjado para Juan Manuel Santos, que recogió el testigo en el Ministerio de Defensa después de ese proceso de paz.


El engaño de los paramilitares desmovilizados


Pero pocos en Colombia confían en aquella desmovilización de los paramilitares. Ni siquiera quienes se acogieron a ese proceso se lo creen. Jorge Luis Hernández ingresó en las AUC cuando tenía 20 años. Hoy tiene 40 y su vida se parece muy poco a la de entonces. “Entré porque no tenía trabajo y un primo me dijo que me pagaban un buen sueldo”, explica. Pronto se dio cuenta de que combatir a la guerrilla y a la “subversión comunista” era sólo una parte de su trabajo. La otra consistía en hacerse con el control de la producción de coca y pasta base de cocaína. “Mi misión no era sólo combatir, yo no maté a nadie. Nos hacían vigilar las zonas cocaleras y los laboratorios”, reconoce en el descanso de una reunión de activistas por los derechos humanos a la que ha acudido en la ciudad de Sincelejo, departamento de Sucre.

“Hoy sigue existiendo paramilitarismo, sólo ha mutado un poco. La mayoría de los mandos intermedios de las AUC no se desmovilizaron y son los que hoy ocupan las antiguas zonas de las FARC. Ni siquiera entregamos todas las armas. Yo tenía un rifle AK-47 y, cuando me entregué, me obligaron a hacerlo con un rifle viejo”, asegura. ¿Quiénes son los actuales jefes paramilitares? La pregunta le hace gracia. “Son los políticos. Siempre han sido ellos. Una prueba es que mi batallón obligó, durante las elecciones, a que la gente votara por Álvaro Uribe Vélez. Les amenazábamos y estábamos presentes en los colegios electorales para ver qué votaban”, afirma. Los políticos, responde. Esos que hoy niegan la existencia del paramilitarismo.

bogotá / popayán / cajamarca (colombia)
17/03/2017 22:32 Actualizado: 18/03/2017 08:00
JAIRO VARGAS
@JairoExtre

Publicado enColombia
Informe del Circ pone el dedo en la llaga sobre la paz en Colombia

“Nos preocupa el contexto de miedo en el que se vive en algunas zonas. Todavía no se puede hablar de paz”

 

Pese a los visibles avances en materia de reducción de la violencia desde el momento en que el Gobierno y Farc firmaron su acuerdo de paz, a la diversidad de organizaciones políticas y sociales les queda un reto aún más amplio por sobrellevar los cambios que exigen una verdadera paz democrática en Colombia. El último informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) así lo precisa, al revelar la consumación durante el 2016 de 838 infracciones al Derecho Internacional Humanitario, 18.671 personas afectadas, recomposición de grupos armados, el problema penitenciario, violencia intrafamiliar, aumento de hurtos y otros hechos, todo ello como una muestra de que las causas estructurales de la violencia siguen presentes.

Violencia armada sigue marcando las zonas más vulnerables del país

Para el Circ, el Incumplimiento en normas humanitarias en zonas históricas de conflicto está relacionado con la proliferación y reconstitución de grupos armados organizados, los que, más allá de la delincuencia común, mantienen viejos elementos propios del conflicto ygeneran un panorama de incertidumbre para el posacuerdo.

Según el informe, desde el 2013 hay registro de 301.900 víctimas de actores armados organizados, de los cuales la mayor cantidad, el 97 por ciento, son desplazados.

Para el Cicr, el asesinato selectivo de gran número de lideres sociales en el país sigue dejando mucho que pensar de la voluntad de paz de las élites regionales; la muerte de líderes sindicales, que según cifras de organizaciones no gubernamentales supera los 74 desde el año pasado, y los 120 lideres agrarios asesinados, que denuncian plataformas como la Cumbre Agraria, son algunas pruebas por analizar. Igualmente, las 29 personas que fueron registradas como desaparecidas por día durante el 2016 (10.610 en total), si bien son la menor cifra registrada desde el 2012, realzan esta grave violación de los derechos humanos como otro de los ejes centrales a trataren el país por parte de la Cicr, en los meses que faltan del 2017.

Restos de explosivos sembrados durante el curso de la guerra, también es un factor prioritario por atender.El Cicr recuerda que durante el 2016 la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonas (Daicma) registró 63 heridos y 11 muertos por la detonación accidental de explosivos. Aunque esta cifra es la más baja entre las registras durante los últimos 26 años de confrontación armada, el problema sigue siendo un reto en el posacuerdo, de las cuales lo más preocupante es que no existen datos exactos sobre la dimensión y ubicación de la amenaza.Hasta enero del 2017 se había priorizado para descontaminación con este tipo de artefactos 207 municipios; al momento solo 22 están en operaciones de desminado.

A mediados de 2016 el Estado comenzó a implementar una normativa del Ministerio de Defensa llamada Directiva 015, para combatir grupos armados organizados (Autodefensas Gaitanistas de Colombia, “Clan del golfo”, Ejército Popular de Liberación, “Pelusos” y “Puntilleros”). Sin embargo, la doctrina militar que acompaña la estrategia de copar las zonas dejadas libres por el repliegue de la inseurgencia mantiene en sus esquemas operativos la idea de un enemigo interno que ve en la población civil un elemento sospechoso, desencadenando claras violaciones al DIH. La delgada linea que separa a militares y paramilitares, y a éstos con los poderes regionales, son factores que inciden en la falta de efectividad para combatir estos grupos, pues las poblaciones marginadas cada vez se ven más solas en un campo empobrecido por la gran minería y el monocultivo, sin más alternativa que los cultivos de coca y similares, de los cuales estos mismos grupos se financian.

Dicha situación realza la necesidad de buscar soluciones, de fondo, al problema de miedo e inseguridad que acosa a los sectores populares en zonas donde el conflicto ha repercutido con mayor fuerza, y donde los acumulados políticos de los proyectos alternativos ponen su fe en una eventual apertura democrática para el posacuerdo. Algunas de las zonas así afectadas son: Catatumbo, Medellín, Sur del Magdalena, Buenaventura, Chocó, Nariño y Caquetá.

¿Somos un país naturalmente violento?

El ministro de defensa Luis Carlos Villegas reveló a finales del año pasado que la cifra de homicidios rondaba los 12.000 casos, casi 24,4 por 100.000 habitantes, la más baja en los últimos 42 años. Durane el 2015 se presentaron 1.150 casos menos que en el 2014, hecho muy lejano de lo vivido por Colombia en el 2005, uno de los más violentos, cuando fueron registrados 18.111 homicidios. Asimismo, el acuerdo de paz con las FARC y el cese de hostilidades significó que se redujeran los heridos en combate: según cifras del hospital militar, mientras en el 2011 hablábamos de una cifra de 424 heridos, en el 2016 fueron atentidos apenas 31 heridos, eso sin mencionar las cifras de secuestrados que cayeron exponencialmente en un 92 por ciento.

La visión en muchos sectores de la población, de que somos naturalmente violentos, noción común del conflicto, contrasta con estas cifras. Si bien muestran que el proceso ya tiene ciertas repercusiones en la vida diaria del país, esto no desencadena necesariamente un “posconflicto”, más bien una transformación del mismo, veamos:

En los 12 meses del año pasado, según el último censo delictivo de la Fiscalía, se denunciaron 314.511 casos, que comparado con el 2015 significa un aumento del 11 por ciento. Lo que más denunciaron las víctimas fue el robo de celulares (52.875), de motocicletas (28.757), de residencias (21.247), de establecimientos de comercio (20.885) y de carros (7.559), entre otros.

Asimismo, la Fiscalía alertó sobre el aumento de casos de violencia intrafamiliar: en 2015 se registraron 103.048 casos, mientras que el año pasado llegaron a 120.154 (16,6 por ciento más).

La disminución de los homicidios, los secuestros y los heridos en combate, si lo comparamos con el informe del Circ y al aumento de los hurtos o la violencia intrafamiliar, demuestran no un escenario de paz sino la transformación de la violencia en unposacuerdo que no se compromete con tocar las causas estructurales del sistema.

Más allá de las nociones provenientes de sectores de ultra derecha, que consideran esto como un problema superficial y criminal, es preciso reconocer que las formaciones sociales son parte de un sistema internacional más amplio, que se ven modificadas por los cambios profundos y complejos en la cultura, la política y la economía. Las principales variaciones coyunturales que afectan una formación social son la guerra y la paz, pero en Colombia, ante un panorama cada vez más crudo de exclusión y de desaleración de la economía, surgen grandes dilemas ante el significado real y profundo de la paz, y de que lo acordado con la insurgencia derive, en efecto, en una mejor condición de vida para los sectores populares.

De ahí que, si queremos llegar a una verdadera paz es preciso que las amplias mayorías y las organizaciones sociales superen la indiferencia colectiva con las víctimas, sabiendo que todos vivimos y somos victimas del actualsistema. Fortalecer el tejido social desde abajo, superar la polarización en las ciudades, y construir un proyecto de país que ponga fin a los privilegios de quienes se benefician de la violencia y la exclusión social, es menester para lo próximos años.


Referencias:

https://www.icrc.org/es/retos-del-fin-del-conflicto-armado-y-del-acuerdo-de-paz-en-colombia

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/31/colombia/1483187941_964829.html

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16787723

https://www.desdeabajo.info/colombia/31030-cerca-de-la-paz-la-violencia-no-cede.html

Publicado enColombia
La ONU insta a Colombia y a las FARC a reconocer su responsabilidad por la violación de derechos humanos

Naciones Unidas denuncia el asesinato en 2016 de 127 activistas y critica la ley de amnistía

 

La ONU insta al Estado de Colombia y a las FARC a "reconocer plenamente su responsabilidad por las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario” para lograr un desarrollo eficaz del proceso de paz entre el Gobierno y la principal guerrilla del país. Esta es una de las 15 recomendaciones que la misión de Naciones Unidas formula en el informe anual presentado este jueves en Bogotá por el alto comisionado de la organización Todd Howland, quien ha denunciado que en 2016 fueron asesinadas 127 personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, de los que alrededor de la mitad tenían liderazgo en sus comunidades.

El estudio señala que “el acuerdo de paz cumple en términos generales con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos”, pero no lo considera suficiente ya que “el reconocimiento voluntario de responsabilidad por violaciones de derechos humanos del pasado contribuye a construir confianza en el proceso de paz”. La ONU recuerda el gesto del presidente colombiano y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Satos, que admitió “la persecución y violencia sistemáticas sufridas anteriormente por el partido político Unión Patriótica, y subrayó la responsabilidad del Estado de asegurar la no repetición” Y también concede que las FARC asumieron la responsabilidad de decenas de secuestros y asesinatos. “No obstante”, enfatiza Naciones Unidas, “sigue vigente el desafío del Estado y las FARC-EP de reconocer plenamente sus responsabilidades por las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el pasado, de tal forma que satisfaga los derechos de las víctimas”.


La organización, que supervisa la implementación del proceso de paz desde sus inicios, urge además al Gobierno y a la guerrilla “a garantizar la no repetición de las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que han caracterizado el conflicto armado”. Entre las recomendaciones destaca la necesidad de “avanzar hacia una solución negociada al conflicto armado” con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La segunda guerrilla de Colombia reivindicó un atentado en el centro de Bogotá hace menos de un mes. El informe “insiste en que todo uso de la fuerza por parte del Estado sea llevado a cabo de conformidad con el derecho internacional de derechos humanos, salvo las acciones en contra de los grupos guerrilleros clasificados objetivamente como grupos armados organizados”.


Críticas a la ley de amnistía


La ONU formula críticas también a la ley de amnistía aprobada por el Congreso colombiano el pasado diciembre. “La ley”, apunta el informe, “incluye referencias abstractas a los derechos de las víctimas, sin establecer mecanismos o procedimientos para asegurar su cumplimiento”. “También presenta disposiciones, ambigüedades y vacíos que no cumplen con las normas internacionales y socavan la centralidad que el Gobierno y las FARC-EP le habían dado previamente a los derechos de las víctimas. El Alto Comisionado está sumamente preocupado que estos factores, si no se abordan, pueden favorecer la impunidad para los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos”.


El alto comisionado de Naciones Unidas muestra su preocupación por el goteo constante de asesinatos de líderes sociales. En 2016 se registraron 389 ataques. Murieron al menos 127 personas, mayoritariamente en zonas con presencia histórica delas FARC y casi todas en territorios con ecosistemas económicos ilegales. Uno de los principales factores de violencia es, según la ONU, “el cultivo de uso ilícito, en particular coca”, que en los últimos años ha crecido exponencialmente. La desmovilización de la guerrilla ha dejado una suerte de “vacío” que están ocupando “grupos armados al servicio del narcotráfico”, a lo que se suma la “debilidad de la presencia del Estado de manera integral en el territorio”.


La organización considera que la solución pasa por “reconocer el asesinato de defensores de derechos humanos como una situación grave sobre la cual el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar la vida de los defensores”. Para ello, ve necesario reformar el tejido político y social de esas regiones. “La protección de la vida, y la disminución de la violencia, están directamente ligadas a las oportunidades de inclusión política y a la generación de empleo, salud y educación”.

 

Bogotá 16 MAR 2017 - 21:42 COT

Publicado enColombia
Lunes, 13 Marzo 2017 07:11

Cerca de la paz, la violencia no cede

Ruth Alicia López, víctima reiterada y fatal de la violencia.

 

EN LO QUE VA DEL AÑO, 30 DEFENSORES DE LA PAZ FUERON ASESINADOS EN COLOMBIA

 

Desde Medellín

 

”¿Y si me matan?”, empiezan a preguntarse líderes de todo Colombia ante la creciente ola de homicidios a los promotores del Proceso de Paz en territorios apartados del país donde la presencia de grupos ilegales ha sido histórica por el abandono del Estado. La paz negociada en La Habana y firmada en Cartagena y Bogotá les prometió protección para el ejercicio de la política y la oposición, y también iniciar acciones para desarticular el paramilitarismo. Pero, a tres meses de la firma del acuerdo, los avances han sido escasos mientras el baño de sangre se amplía por cada rincón del país llegando incluso a las ciudades.

El pasado 2 de marzo, por primera vez las balas alcanzaron una lideresa social en una ciudad capital desde la firma del acuerdo de Paz. Ruth Alicia López fue asesinada de ocho impactos con silenciador en una comuna popular de Medellín. Víctima de la guerra en tres ocasiones anteriores –desplazada de su natal Urabá, amenazada por paramilitares y detenida sin justa causa por el Estado– esta vez encontró la muerte cuando visitaba a su hermano y madre también líderes en sus convulsionados barrios. Ese mismo día, en Bello, la ciudad vecina de Medellín, fue asesinado un líder de juntas comunales, y dos días más tarde llegó la noticia del homicidio de los hermanos José Antonio y Luz Ángela Anzola en la provincia del Meta, llanos orientales.

Desde el llamado DÍA D, cuando inicia la implementación del acuerdo de paz y fue pactado por gobierno y la guerrilla Farc como el 1º de diciembre, han sido asesinados 27 hombres y mujeres que realizaron pedagogía de paz en sus territorios y campaña para ganar el plebiscito que finalmente perdió por el mayoritario voto en las capitales.

Estas personas han sido sobrevivientes del fuego cruzado en sus territorios que se negaron a abandonar para continuar defendiendo sus derechos en los campos, y estaban cumpliendo tareas de organizar las bases sociales en diversos lugares como Chocó, Cauca, Córdoba, Antioquia, Caquetá y Meta. Allí la aplicación de los acuerdos se está tornando difícil por los incumplimientos de gobierno y el avance de tropas paramilitares a los lugares que las Farc desocupó a inicios de año para concentrarse en las Zonas Veredales y Puntos de Normalización.

El panorama de homicidios preocupó a lo largo de 2016, cuando 80 defensores de la paz fueron asesinados en el país de acuerdo con datos consolidados por la ONG Somos Defensores; otros hablan de más de 100. Este año, apenas en dos meses y un poco más, estamos hablando de casi treinta. ¿Es este el comienzo de un nuevo genocidio como el ocurrido con la Unión Patriótica cuando 1500 militantes fueron asesinados? Es la pregunta desde que inició este Proceso de Paz y las muertes a líderes se dispararon.

La Defensoría del Pueblo habla de 500 homicidios a defensores desde 2015. Y, tras la muerte de Ruth Alicia y uno más en Antioquia, produjo una alerta con la siguiente cifras: 120 líderes fueron asesinados en 14 meses (entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017). Es decir, ocho líderes por mes, dos cada semana. “Para quienes apoyaron el Acuerdo de Paz logrado en La Habana e invitaron a respaldarlo en las urnas, su papel se convirtió en un verdadero problema”, reporta la Revista Generación Paz, que lanzó una campaña llamada ¿Y si me matan? basada en cartas e investigaciones para presionar las respuestas de las autoridades frente a la horrenda matanza. Pues el Ministro de Defensa y el Fiscal General de la Nación han dicho que dichos crímenes no son sistemáticos y que en Colombia no hay paramilitarismo. Las autoridades intentan explicar cada homicidio como situaciones personales, “crímenes pasionales” o venganzas por supuestas cuentas pendientes que, a juicio de los defensores de Derechos Humanos, intentan desviar la atención del verdadero problema: La paz le está costando la vida a los campesinos, afroamericanos e indígenas que se han atrevido a promoverla públicamente.

Además de los homicidios, la Defensoría del Pueblo reportó 33 atentados y 27 agresiones. Las amenazas en panfletos sigue creciendo también en lugares como Ituango, en Antioquia, donde hay una zona veredal de normalización y las tropas “paras” ya están en las diversas áreas rurales de Ituango, a la par que rodaron papeles amenazantes a líderes sociales, y una decena de familias tuvo que desplazarse. En Chocó, la situación también es preocupante así como en Córdoba y Cauca, donde se dan las mayores cifras de personas asesinadas en el marco de sus liderazgos y este proceso de paz.

José Yilmar, Alberto, Alicia, Emilsen, Fabián, Hernán, Erika, Ángela y otros son para el gobierno nacional apenas nombres en una lista de gente que perdió la vida como miles de colombianos al año. Las investigaciones por sus crímenes no han ni iniciado en muchos casos, y el gobierno no se pone de acuerdo sobre cómo deberá dar con el paradero de los asesinos. Cada caso está en la Fiscalía de su región y no hay unión ni una cabeza para estudiar los patrones nacionales. Santos ha pedido a esta institución que agudice el filo de sus investigadores, pero aclarando que no tiene competencia para darle órdenes a la rama judicial. Entre tanto Policía y Ejército también siguen en silencio. Y la gente levantando la voz al mundo para pedir que salven a la vida de los líderes sociales que son, a la larga, la garantía de una paz verdadera para el país.

 

 

Publicado enColombia
© REUTERS/ Jose Miguel Gomez

 

Los siete mil combatientes de las FARC ya se encuentran en las 26 zonas designadas, donde entregarán las armas entre el 1 de marzo y el 1 de junio ante una misión de las Naciones Unidas. Para el mes de mayo las FARC realizarán un congreso para constituir un partido político legal con el que concurrirán a las elecciones.

 

Sin embargo el proceso de paz está siendo hostigado por una cadena interminable de asesinatos de dirigentes sociales. En 2015 fueron 105 asesinatos. En 2016 la cifra trepó a 116 muertos. Desde que el Congreso aprobó la paz el 1 de diciembre pasado, ya son 19 líderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados, entre ellos cinco mujeres. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo en cadena radial que los asesinatos de dirigentes sociales "no son sistemáticos" y que el paramilitarismo ya no existe en Colombia, ofreciendo garantías a los guerrilleros desmovilizados.

Héctor Mondragón, economista y asesor del movimiento campesino, indígena y de afrodescendientes, considera que "para entender lo que está pasando con los acuerdos de paz, es necesario identificar el poder político enorme que tienen en Colombia los acaparadores de tierras". La historia del siglo XX está marcada a fuego por el latifundio y la concentración de la propiedad de la tierra, a costa de la expropiación violenta de los campesinos.

"Los acaparadores de tierras han hecho su negocio con la guerra, no quieren por ningún motivo devolver lo que despojaron y quieren continuar el despojo. También les sirve la guerra a los que imponen grandes explotaciones mineras o petroleras o megaproyectos que lesionan gravemente el medio ambiente de los territorios, porque encuentran el pretexto y las condiciones precisas para asesinar a los líderes de las comunidades, lo cual hacen no solamente en Colombia sino en toda América latina y otras partes del mundo", sostiene Mondragón en referencia a las grandes multinacionales.

Este es el sector que se niega a aceptar la paz y que, en los hechos, está detrás de los más de 200 crímenes contra dirigentes y militantes sociales. El expresidente Álvaro Uribe actúa como el brazo político de las empresas mineras y petroleras, y de los terratenientes que se oponen a la paz. Entre sus objetivos figura neutralizar la 'consulta previa' a las comunidades indígenas y negras para la aprobación de proyectos extractivos, así como la economía campesina, familiar y comunitaria que los acuerdos de paz reconocen debe ser protegida.

Para este poderoso sector, las comunidades son un obstáculo a superar, así como cualquier tipo de asociación campesina, de la que recelan profundamente. Vale recordar que la guerra comenzó, hace más de medio siglo, como lucha por la tierra y que la guerrilla se inició como "autodefensas campesinas" contra las guardias privadas de los terratenientes, mucho antes de convertirse en un ejército guerrillero estructurado.

Un riguroso trabajo de cuatro investigadores de la Universidad de los Andes —Leopoldo Fergusson, Pablo Querubin, Nelson Ruiz y Juan Vargas— titulado 'La verdadera maldición del ganador', muestra que entre 1997 y 2014 el triunfo electoral de fuerzas nuevas de izquierda a nivel local fue respondido con un aumento significativo de la violencia paramilitar en esas zonas. El trabajo fue divulgado semanas atrás y en base a estadísticas consigue mostrar las causas de fondo de la violencia contra la izquierda.

"Mostramos que la elección por un margen estrecho de partidos de izquierda, previamente excluidos del poder local en Colombia, produce un incremento en los ataques violentos de paramilitares, más que triplicando la media. Interpretamos este aumento de la violencia como una reacción de facto de las élites políticas y económicas tradicionales, que buscan compensar el incremento en el poder político de los grupos tradicionalmente marginados", puede leerse en la investigación.

Constatan además que otros tipos de violencia no cambian con el triunfo de la izquierda, y que los niveles de violencia "no se modifican con la victoria de partidos de derecha en elecciones estrechas". Por eso concluyen que la violencia paramilitar está ligada a la inclusión de partidos de izquierda antes marginalizados y que eso sucede porque las instituciones son débiles, lo que le da una gran desventaja a la izquierda en el terreno electoral.

El domingo 26 de febrero un referendo popular mostró la oposición campesina y ciudadana a las mega-obras que sólo benefician a las grandes empresas. Los habitantes del municipio Cabrera, en Cundinamarca, acudieron masivamente a las urnas y expresaron su condena a las políticas que amenazan el páramo de Sumapaz, el más grande del planeta. Allí se planea construir una represa hidroeléctrica que, según los campesinos que necesitan el agua del río Sumapaz para sus cultivos, vulnera sus derechos como cultivadores.

Mil quinientos de los cuatro mil habitantes del municipio votaron en contra del proyecto. Cabrera es una población rural a poco más de cien kilómetros de Bogotá, una comunidad organizada con una tradición de lucha que se enfrenta ahora al consorcio italiano-español Emgesa-Enel-Endesa, que ya ha provocado daños en otras regiones del país.

El caso sirve como ejemplo de la potencia del campesinado colombiano y de las dificultades que tendrán los proyectos extractivos para imponerse en buena parte del país. En la medida que el presidente Juan Manuel Santos amarró el proceso de paz al desarrollo minero-energético del país, con la expectativa de cuantiosas inversiones multinacionales, los conflictos socio-ambientales están creciendo de modo exponencial.

A las dificultades inherentes a todo proceso de paz, se suman dos incertidumbres mayores. La primera es si la violencia paramilitar seguirá escalando o podrá ser revertida por la suma de iniciativas del Gobierno y de las organizaciones sociales. No será fácil desmontar aparatos que llevan décadas viviendo de la extorsión y el robo, aliados como están con los narcotraficantes.

La segunda es de carácter geopolítico, y consiste en las incertidumbres que genera la presidencia de Donald Trump, poco interesada en comprometerse con un proceso que —a los ojos de la Casa Blanca— no parece reportarle beneficios inmediatos.

 

 

Publicado enColombia