El reto es unirnos y formarnos en la lucha mundial

En el marco del Foro: “Declaración de la ONU sobre derechos del campesinado: propuestas y desafíos en Colombia”, realizado en la Universidad Nacional del 2 al 4 de abril, participó la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo por medio de su delegado Diego Montón, activo del Movimiento Nacional Indígena de Argentina y del colectivo internacional de derechos campesinos de la Vía Campesina. Hablamos con Diego sobre el alcance que tiene la Declaración de los derechos del campesinado en las luchas campesinas.

Coordinador nacional agrario (Cna): ¿Cuál es la importancia de participar en el Foro de los Derechos del campesinado de la ONU?
Diego Montón (DM). Seguir apropiándonos de la acordado por la ONU, al tiempo que compartiendo tal logro con otros sectores sociales de manera que su concreción sea efectiva. Es importante resaltar que a partir de lo decidido por la Asamblea General de la ONU entramos en una etapa de como nos apropiamos en todos los territorios de esta herramienta para dinamizar y potenciar las luchas y también para establecer los puentes de dialogo de construcción de políticas publicas para la agricultura campesina.

Cna. ¿De qué manera podrían aprovechar los pueblos campesinos la Declaración de la ONU para potenciar sus luchas por su reconocimiento?
DM. Tenemos varias vías para ello. Por un lado, es una herramienta que nos permite dinamizar el trabajo de los territorios de base, concientizando que la ONU reconoce los derechos de los campesinos e incluso que instrumentaliza la reforma agraria como una política necesaria para que los estados la apliquen. Por otro lado, esta declaración contiene un compendio de obligaciones de los Estados para garantizar esos derechos, lo que implica que estas obligaciones deben transformarse en una orientación hacia donde tiene que ir la política pública y las políticas de los Estados. Por lo tanto, nos permite también dialogar con los Estados desde la lucha pero a su vez desde estos instrumentos internacionales.

Cna. ¿Qué hace falta para que esta Declaración pueda ser vinculante por parte de los países comprometidos?
DM. En principio, ya es una herramienta y puede y debe ser tomada en cuenta por los Estados. Pero más allá de ello, creo que hay dos elementos, el político que tiene que ver con la fuerza y la unidad social en torno a esto para traducirlo en fuerza política; el otro elemento es la jurisprudencia internacional, y que es la construcción de una convención internacional de los derechos campesinos lo que convertirá a esta herramienta en jurídicamente vinculante, es decir que podremos denunciar a los Estados por su incumplimiento. Pero creemos que para llegar a tal Convención todavía hace falta un largo recorrido donde le demos mucha vida y vigencia a la Declaración en cada municipio, en cada provincia, en cada país, tratando de articular resoluciones, legislaciones, políticas en torno a la misma y trabajando con aliados –como sindicatos urbanos, estudiantes– que vayan comprendiendo la importancia de esta declaración, no solo para los campesinos, sino para los pueblos en su conjunto, porque de ellos, de los campesinos, viene su alimentación.

Cna. ¿Políticamente hablando está completa la declaración o le hicieron falta algunos temas de la Vía Campesina?
DM. No, creo que para ser una declaración de la ONU, está completa, es de avanzada, incorpora muchos elementos pluriculturales que hace que el derecho internacional tenga una visión pluricultural. Oxigena el sistema de derechos humanos. Claro, a la hora de mirar las banderas, luchas y propuestas de Vía Campesina, es una herramienta diferente, porque no contiene todas las luchas de Vía Campesina. Pero para este momento histórico es una declaración que está completa.

Cna: Desde Nuestra América ¿qué se está impulsando para seguir posicionando la Declaración y para que los países la incluyan en sus políticas públicas?
DM: Bueno, estamos incorporando la Declaración a todos nuestros ejes de lucha. Este 17 de abril, día internacional de la lucha campesina, la Declaración y los derechos campesinos van a hacer parte sustantiva de las movilizaciones en todo el mundo, asociado también a retomar la campaña mundial por la reforma agraria. Estamos también retomando todo el proceso de formación política, incluyendo la Declaración como una herramienta más para el desarrollo y formación política de nuestros dirigentes.

Estamos en este tipo de foros y seminarios, hay uno más a fin de mes en Honduras. Estamos promoviendo que en todo el mundo se de esta interacción de universidad-academia-movimiento campesino-funcionarios para discutir sobre la Declaración, para que podamos ponerla en vigencia.

Cna: ¿Cuáles han sido los aportes de la academia con respecto a esta declaración?
DM: Bueno, han sido muchos los intelectuales que se han sumado y que acompañan, documentando también con métodos científicos las violaciones que íbamos denunciando, las caracterizaciones y las incidencias de la economía campesina en la economía global y abastecimiento de alimentos. Hay grupos independientes, yo destacaría la academia de Ginebra que estuvo acompañando muy firme el proceso con personas que se destacaban como expertos, y que le dieron esa complementariedad a la lucha campesina desde el mundo académico y científico y que nadie pudo rebatir en el seno del Consejo de Derechos Humanos.

Cna: ¿Considera que la lucha campesina en Nuestra América puede ser un aporte para la academia?
DM: Bueno, creo que cualquier científico o académico que se considere como tal, pretende que la teoría sirva para transformar la realidad hacia un mejor vivir de la humanidad. De eso se trata el movimiento social, es la fuerza que le da insumo a la teoría y después permite que la teoría se vuelva praxis para la transformación.

Cna: ¿Cuáles son los retos que le quedan al movimiento campesino mundial para consolidar su reconocimiento como sujeto político de derechos?
DM: Tenemos un grave reto en un contexto de grave descomposición del capitalismo financiero, con una gran crisis que se ha agudizado en todos los frentes y con una gran contraofensiva del capital en todo el mundo y en nuestro continente con más evidencia. Uno de los principales desafíos que tenemos es la construcción de la unidad en torno a una contraofensiva popular que nos permita recuperar escenarios en el continente, que nos rearticule en luchas a nivel regional. No olvidemos que la Celac como la Unasur han sido totalmente desguazadas en este contexto, eran elementos importantes con muchos déficits, pero que permitían revivir un horizonte de unidad e integración. Así que es fundamental profundizar las luchas, profundizar la formación política y las alianzas y la unidad entorno al socialismo en todo el mundo.

Publicado enEdición Nº256
Asumir el reto histórico de crear un nuevo ethos cultural y recrear la Universidad

El acuerdo firmado entre el gobierno nacional y los estudiantes, en diciembre pasado, tras dos meses de paro en las 32 universidades públicas del país, lo ha valorado la opinión pública como un éxito. Aunque transciende más lo simbólico que lo real, expresan algunos desde otra orilla. En todo caso, su peso y su significado lo señalarán los estudiantes en las asambleas citadas para los primeros días de reingreso a labores en todos y cada uno de los centros de estudio comprometidos en esta lucha.

 

La agenda de tal lucha –financiamiento, autonomía, democracia y garantías para la movilización–, en la práctica, quedó centrada en la primera de las reivindicaciones. Todas ellas mantienen vigencia y pueden ser elevadas para el debate en las mesas de trabajo aprobadas dentro del acuerdo, debates que deben llegar a un punto crucial: el futuro de la Universidad misma, con su carácter público y gratuito por establecer tras otras muchas jornadas de lucha que conocerá el país.

 

¿Cómo lograr este carácter público de la Universidad, abierta a los miles de estudiantes que terminan bachillerato cada año? ¿Cómo lograr que la educación superior, íntegra, sea una preocupación y una prioridad nacionales? ¿Cómo articular de manera virtuosa los ciclos educativos, para que todo el proceso educativo, desde 0 y hasta último nivel, constituyan apartes de un mismo tronco? ¿Cómo hacer para que su rol central esté inspirado en las necesidades y el proyecto de país que defina la sociedad toda? ¿Cómo conseguir que esté a la altura de las demandas de la crisis sistémica que vive la sociedad global en campos como el ambiental y el social? ¿Cómo diseñar sus retos actuales para que de verdad responda a los requerimientos de las revoluciones científica –tercera– e industrial –cuarta–, que hoy han llevado al sistema capitalista y su soporte central –democracia– a una crisis sin precedentes?

 

 Adentrarse –para buscar respuestas adecuadas a estos y otros muchos interrogantes– en el carácter del sistema educativo y de la Universidad en particular (pág. 8-9) es una pista para ello. Otro camino en tal senda (pág. 6) es la reestructuración del sistema educativo, poniéndolo patas arriba, como vía para generar un nuevo ethos cultural. Hacerlo con la potencia de lo social (pág. 10-11), sabiendo valorar los tiempos y la fuerza de las mayorías, es parte del método que nos llama a propiciar y saber articular agendas entre los sectores activos y alternativos de lo social, para entre todos arrinconar a quienes impiden que nuestra sociedad se encamine por un camino de justicia que tiene como base la satisfacción de los Derechos Humanos, todos, entre ellos el derecho a una educación plena, universal, gratuita, laica, abierta a lo mejor del conocimiento global, en que su dinámica diaria no esté marcada por la productividad, la eficiencia, las apariencias, todo aquello que pretende sumir en las formas a los estamentos universitarios para alejarlos del debate crítico, esencia misma de la educación.

 

Son éstos los interrogantes y los retos que hoy la sociedad puede encarar como un solo cuerpo y resolver de igual manera. Los tiempos lo permiten, y también las circunstancias en que irrumpimos.

 

Abrir las puertas para que así sea pasa por encarar debates en todos los niveles y en todos los espacios sociales, a la vez que copar el escenario nacional con las voces que compartan la necesidad de enfrentar estos retos.

 

El movimiento universitario que logró el acuerdo económico con el actual presidente Iván Duque presenta características inéditas. Es la primera vez que participan tanto directivas, como el profesorado y el estudiantado en un proyecto común: salvar la universidad pública. El vigor del movimiento tuvo como acicate superar un peligro existencial. La sociedad en su conjunto acompañó al movimiento en el proyecto.

 

La conciencia de ese peligro se fue incubando poco a poco. Habrá que reconstruir el proceso que convirtió el tema de las finanzas universitarias en asunto central para la supervivencia de la Universidad. En las reuniones de los rectores, que tiene como escenario el llamado SUE (sistema universitario estatal), los agobios presupuestales estaban siempre en primer plano. Aspu (Asociación de profesores Universitarios) denunciaba sistemáticamente el deterioro constante de los recursos del presupuesto general de la nación asignado a las universidades. Las organizaciones estudiantiles captaron las consecuencias de ese estado de cosas y se sincronizaron con las directivas y el profesorado.


Ese proceso de deterioro tuvo, sin embargo, un punto de inflexión: el programa Ser pilo paga (SPP) Recordemos brevemente cómo surgió ese proyecto. En el primer gobierno de Juan Manuel Santos se quiso imponer una reforma en la normativa universitaria para facilitar la creación de universidades con ánimo de lucro. Los estudiantes y un núcleo de profesores denunció inmediatamente el propósito último de la iniciativa: liquidar la universidad pública. Los estudiantes se organizaron en la Mane y enfrentaron en la calle la defensa de la Universidad. El Gobierno tuvo que dar marcha atrás en su propósito pero luego inventó el programa Ser Pilo Paga.

 

Este programa partía de un supuesto perverso. En una sociedad donde por la paga los magistrados dictan sentencias, proponerles a los jóvenes de las familias de los trabajadores que por la paga debían esforzarse para obtener un cupo en una universidad privada era una broma macabra. En términos financieros el programa que beneficiaba a 40.000 estudiantes costaba 3.5 billones, mientras la matrícula total de las universidades pública (611.000 estudiantes) recibía 2.93 billones. Esa desproporción en la asignación de los recursos develó el sinsentido de la política gubernamental y aceleró la toma de conciencia de la sociedad en su conjunto acerca del peligro existencial en que el gobierno colocaba a la universidad pública.

 

El reciente acuerdo entre el gobierno y los estudiantes ha sido valorado como un éxito y simultáneamente se han hecho las advertencias acerca de la necesidad de monitorear el cumplimiento del mismo y mantenerse vigilantes. Pero hay un componente del acuerdo que mira hacia el futuro. Se conformaron mesas de trabajo para tratar temas, por ejemplo, la función del Icetex, que permiten avanzar en una dirección más ambiciosa: el futuro de la Universidad misma. La Universidad arrastra una crisis que se remonta a cincuenta años atrás. Estamos recordando a Mayo del 68. La tensión esencial de esa crisis la crea el tránsito de la Universidad como institución para formar pequeñas élites a la Universidad como ciclo universal de formación de las nuevas generaciones.

 

Jean François Lyotard le dio forma sintética a las paradojas desencadenadas por esa perspectiva. En su famoso Informe sobre el saber donde formuló la pauta que nombró como Condición postmoderna, le decreta la muerte a la Universidad y le da partida de nacimiento a los institutos politécnicos. La dedicatoria de tal informe, que califica de “escrito de circunstancias” dice lo siguiente: “Tal y como está lo dedicamos al Instituto Politécnico de filosofía de la Universidad de París VIII (Vincennes), en el momento muy postmoderno en que esta universidad se expone a desaparecer y ese instituto a nacer”1.

 

Ahora bien, no todo Instituto tiene garantizada su existencia. Sólo los que cumplan los requisitos exigidos por los administradores de los negocios capitalistas. Lyotard sentencia: “El criterio de performatividad es invocado explícitamente por los administradores para justificar la negativa a habilitar cualquier centro de investigación”2. En esas condiciones generales, postmodernas, los jóvenes egresados de la agonizante universidad son parias que ni siquiera aparecen en las estadísticas: “[…] los jóvenes presentes en la Universidad son, en su mayor parte, parados no contabilizados en las estadísticas de demanda de empleo. Son, en efecto, excedentes con respecto a las salidas correspondientes a las disciplinas en las que se los encuentra”3.

 

Las políticas universitarias globales y sus diferentes formas locales, se han convertido en acuerdos entre administradores y empresarios. La retórica de la eficiencia, la productividad, los estándares, los créditos, es un indicador de ese hecho. Este modo de existencia espurio obliga a repensar la Universidad más allá de la lógica capitalista postmoderna. En el debate sobre la crisis civilizatoria y la emergencia de una nueva época la reinvención de la Universidad es una tarea al orden del día. El actual movimiento universitario de directivas, maestros y estudiantes debe asumir ese reto histórico.

 

En Colombia ese reto se esbozó en el debate que acompañó la elaboración de la Ley General de Educación y la Ley 30 de 1992. En el informe titulado “Al filo de la oportunidad”, el neurocientífico Rodolfo Llinás planteó lo siguiente hace ya casi dos décadas: “Las recientes crisis sociales y ambientales de los países industrializados demuestran que la productividad y los avances del conocimiento humano requieren una fundamentación en un contexto civilizador, cuyo fin ha de ser el bienestar social y el respeto por la vida. Esta lección importante señala que el desarrollo como avance económico, político y cultural debe significar un legado humano de información al servicio de estilos de vida inteligentes y garantes de la creatividad humana para futuras generaciones.

 

Lo anterior requiere una reestructuración y una revolución educativa que generen un nuevo ethos cultural, que a la vez permita la maximización de las capacidades intelectuales y organizativas de los colombianos. La manera innovativa de entender y actuar –no el simple saber y hacer– debe permitir que se adquieran nuevas habilidades humanas, basadas en el desarrollo de múltiples saberes y talentos, tanto científicos como artísticos y literarios, de nuevas formas de organización productiva”4.

 

Este reto es el que es necesario desarrollar y están dadas todas las condiciones para su realización exitosa.

 


 

1 Lyotard J. F., La condición postmoderna, Cátedra, Madrid, 1989, p. 11.
2 Ibídem., p. 88.
3 Ibídem., pp. 91,92.
4 Llinás Riascos R., Colombia: Al filo de la oportunidad, Ed. Magisterio, Bogotá, p. 25.

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Que lo urgente no impida asumir lo importante

Aunque no corresponde con las dinámicas históricas que nos indican que entre año y año no hay ruptura alguna y que lo que tenemos entre uno y otro mes (diciembre-enero) es continuidad (a no ser que en ese preciso momento del calendario ocurra algo extraordinario, como sucedió el 1º de enero de 1959 en Cuba), pese a ello las dinámicas culturales de nuestras sociedades han terminado por imponer el imaginario de que cada año trae su agenda y sus prioridades.

 

En esta lógica, el año hereda las luchas de movimientos sociales como los docentes de secundaria por su sistema de salud, así como por el cumplimiento por parte del Estado de la agenda firmada por el gobierno Santos. En los meses finales de 2018, Fecode trató de movilizar sus fuerzas, como precalentamiento para la disputa que les espera, sin lograr sintonía con sus bases. Tal vez el cansancio de un año de labores y el deseo de salir a vacaciones produjeron este resultado. Los primeros llamamientos de 2019 indicarán hasta dónde irá esta confrontación.

 

Con un recuerdo fresco de las hojas del calendario caídas hasta el pasado 31, también está la agenda firmada entre las comunidades indígenas y el anterior gobierno (en sus dos períodos). Como las denuncias de incumplimientos por parte de los pobladores del campo son constantes, ¿estarán dispuestos a copar autopistas como un recurso último para hacer valer lo firmado? ¿Estimulará su posible acción, o su pasividad, la decisión que tomen frente a la agenda electoral citada para octubre en todo el país?

 

Como habitantes del campo, en su mayoría campesinos, los raspachines y quienes tienen sembradas en su minifundio unas cuantas cuadras de coca están avisados de que este año, cada vez con más presión, desde el alto gobierno se operativizarán sus efectivos para erradicar por la fuerza estos sembrados, incluido el glifosato. ¿Presenciarán este suceso con pasividad los pobres del campo? ¿O revivirá en el sur del país el movimiento cocalero que años atrás se enfrentó a las políticas de erradicación inconsulta para hacer cumplir lo que sobre el particular quedó establecido en los Acuerdos de La Habana?

 

También con asiento rural, y producto de la decisión de los entes judiciales de que las consultas populares no tienen poder para impedir que la explotación minera tome cuerpo en uno u otro municipio, sometiendo así a los pobladores de gran parte del país al despojo, el desplazamiento; la contaminación de sus aguas, la tierra y el aire; la imposición de un modelo de desarrollo que no comparten, etcétera, queda abierta para esta parte de la agenda social de carácter alternativo el recurso de concentrar fuerzas y centralizar agendas. ¿Tomará cuerpo una coordinadora de todos los territorios afectados por tal decisión? ¿Optará esa coordinadora, de constituirse, por confrontar en las autopistas al gobierno nacional, como último recurso en procura de hacer valer la soberanía municipal sobre la nacional?

 

Las luchas universitarias, para ponerle coto a la desfinanciación de sus centros de estudio, produjeron unos resultados resumidos en el acuerdo firmado con el gobierno Duque en diciembre pasado, cuya valoración es motivo de polémica, y la decisión que sobre el particular tomen los actores sociales será noticia nacional en lo que resta de enero. Pero, más allá de tal particularidad, está a la orden del día el trabajo de potenciar el debate sobre la necesidad de una Universidad –y educación superior en general– gratuita (ver págs. 5-11), como concreción del esencial derecho humano al estudio, de mayor nivel y calidad, de acuerdo con los avances que la sociedad va conociendo. ¿Asumirá este reto el movimiento estudiantil como un solo cuerpo? ¿O, fracturado, producto de las decisiones que tome en las asambleas por celebrarse en estos días, una parte del mismo optará por una agenda pública de amplia actividad y otra por hacerle seguimiento al cumplimiento de lo acordado? ¿Qué sintonía encontrarán una y otra agenda, posibles, en la opinión pública?

 

El desangre del activismo social va pasando de goteo a chorro; a los centenares de activistas asesinados a lo largo de 2018, se suma la decena de los primeros días de enero, contados familiares de los mismos. Como todo año electoral, la acción promete no detenerse: es una acción abierta y despiadada por el control territorial, en lo cual también pesa el Acuerdo firmado con las Farc –como forma de violarlo–, así como la negociación rota en la práctica entre Gobierno y Eln, la que ahora tenía por asiento a La Habana. ¿Soportarán los movimientos sociales este desangre con denuncias y demandas legales? ¿Vendrá –o se incrementará– el exilio como recurso expedito para salvar la vida de algunos o muchos de quienes viven en zozobra ante las amenazas de supuestos grupos paramilitares? ¿Acudirán las organizaciones defensoras de Derechos Humanos a las instancias internacionales para denunciar al actual gobierno como genocida? ¿Potenciará la acción asesina, en contra de exguerrilleros de las Farc, el crecimiento de sus disidencias? ¿Es esto último lo que buscan quienes están detrás de la acción violenta, como táctica política para denunciar el incumplimiento de lo acordado por parte del otrora grupo insurgente?

 

Las agendas, como se ve, son continuidad de 2018 y mucho más atrás, pues en realidad la lucha por los derechos fundamentales de las mayorías marginadas se prolonga por décadas, viviendo en períodos específicos de las mismas alzas y bajas, o flujos y reflujos.

 

Como se puede ver, todas ellas son fundamentales para la vida –para sobrevivir– pero también para gozarla en dignidad, así como para trascender la democracia realmente existente Y todas ellas demandan que dejen de ser asuntos particulares de sus dolientes, para ser parte de una agenda nacional, coordinada, que las asuma como ingredientes de un proyecto de gobierno alterno, más allá de lo institucional, comprendiendo que sólo desde una agenda alternativa, no determinada por el inmediatismo ni por la institucionalización, es posible salir victoriosos de la arremetida oficial.

 

Queda en todo caso la preocupación de que el único aspecto de la agenda nacional, propio de este año, las elecciones territoriales por celebrarse el próximo 27 de octubre, como efecto del afán por lo estatal que ahora domina entre los sectores alternativos, termine por subsumir y opacar el resto de la agenda social, en ello, los aspectos relacionados pero también otros aquí no enunciados.

 

Como sabemos, la acción electoral es una gran exigente de energía y recursos de todo tipo. Tomar la decisión de que uno u otro activo de un proceso social asuma la candidatura para cualquier puesto de la administración pública implica reuniones de toda clase, en una primera instancia para lograr acuerdos y compromisos con sus pares y similares, y en una segunda y tercera etapas para dar a conocer propuestas y ganar apoyos ciudadanos. Todo un esfuerzo, descomunal, que no por ello –de salir airosa en sus propósitos– garantiza algo efectivo para la sociedad. Ya lo hemos visto: más allá de administrar unos recursos de la mejor manera, paliando las dolencias sociales, poco se puede hacer.

 

¿Persistir en esta ruta pese a los resultados obtenidos? ¿Conservar la constante de responder por reflejo a las iniciativas del establecimiento, lo cual termina por maniatarnos y legitimar aquello que pretendemos destruir? La crisis global que afecta al sistema capitalista indica que la manera más óptima para enfrentarlo es la construcción de una agenda alterna a la oficial, para actuar no por reflejo sino por voluntad propia. Y en esa opción, el centro de la acción pudiera descansar en la demanda de una democracia representativa, y asimismo directa, radical y plebiscitaria. Que la forma –las elecciones– le dé paso a la sustancia –democracia económica, social, ambiental, etcétera.

 

¿Podrán los movimientos sociales colombianos debatir esta realidad en forma desprevenida y con sentido propositivo en los primeros meses de 2019, actuando así para que la agenda heredada no quede sepultada por la institucional, que trae –con sus afanes– el último año de la segunda década del siglo XXI?

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Que lo urgente no impida asumir lo importante

Aunque no corresponde con las dinámicas históricas que nos indican que entre año y año no hay ruptura alguna y que lo que tenemos entre uno y otro mes (diciembre-enero) es continuidad (a no ser que en ese preciso momento del calendario ocurra algo extraordinario, como sucedió el 1º de enero de 1959 en Cuba), pese a ello las dinámicas culturales de nuestras sociedades han terminado por imponer el imaginario de que cada año trae su agenda y sus prioridades.

 

En esta lógica, el año hereda las luchas de movimientos sociales como los docentes de secundaria por su sistema de salud, así como por el cumplimiento por parte del Estado de la agenda firmada por el gobierno Santos. En los meses finales de 2018, Fecode trató de movilizar sus fuerzas, como precalentamiento para la disputa que les espera, sin lograr sintonía con sus bases. Tal vez el cansancio de un año de labores y el deseo de salir a vacaciones produjeron este resultado. Los primeros llamamientos de 2019 indicarán hasta dónde irá esta confrontación.

 

Con un recuerdo fresco de las hojas del calendario caídas hasta el pasado 31, también está la agenda firmada entre las comunidades indígenas y el anterior gobierno (en sus dos períodos). Como las denuncias de incumplimientos por parte de los pobladores del campo son constantes, ¿estarán dispuestos a copar autopistas como un recurso último para hacer valer lo firmado? ¿Estimulará su posible acción, o su pasividad, la decisión que tomen frente a la agenda electoral citada para octubre en todo el país?

 

Como habitantes del campo, en su mayoría campesinos, los raspachines y quienes tienen sembradas en su minifundio unas cuantas cuadras de coca están avisados de que este año, cada vez con más presión, desde el alto gobierno se operativizarán sus efectivos para erradicar por la fuerza estos sembrados, incluido el glifosato. ¿Presenciarán este suceso con pasividad los pobres del campo? ¿O revivirá en el sur del país el movimiento cocalero que años atrás se enfrentó a las políticas de erradicación inconsulta para hacer cumplir lo que sobre el particular quedó establecido en los Acuerdos de La Habana?

 

También con asiento rural, y producto de la decisión de los entes judiciales de que las consultas populares no tienen poder para impedir que la explotación minera tome cuerpo en uno u otro municipio, sometiendo así a los pobladores de gran parte del país al despojo, el desplazamiento; la contaminación de sus aguas, la tierra y el aire; la imposición de un modelo de desarrollo que no comparten, etcétera, queda abierta para esta parte de la agenda social de carácter alternativo el recurso de concentrar fuerzas y centralizar agendas. ¿Tomará cuerpo una coordinadora de todos los territorios afectados por tal decisión? ¿Optará esa coordinadora, de constituirse, por confrontar en las autopistas al gobierno nacional, como último recurso en procura de hacer valer la soberanía municipal sobre la nacional?

 

Las luchas universitarias, para ponerle coto a la desfinanciación de sus centros de estudio, produjeron unos resultados resumidos en el acuerdo firmado con el gobierno Duque en diciembre pasado, cuya valoración es motivo de polémica, y la decisión que sobre el particular tomen los actores sociales será noticia nacional en lo que resta de enero. Pero, más allá de tal particularidad, está a la orden del día el trabajo de potenciar el debate sobre la necesidad de una Universidad –y educación superior en general– gratuita (ver págs. 5-11), como concreción del esencial derecho humano al estudio, de mayor nivel y calidad, de acuerdo con los avances que la sociedad va conociendo. ¿Asumirá este reto el movimiento estudiantil como un solo cuerpo? ¿O, fracturado, producto de las decisiones que tome en las asambleas por celebrarse en estos días, una parte del mismo optará por una agenda pública de amplia actividad y otra por hacerle seguimiento al cumplimiento de lo acordado? ¿Qué sintonía encontrarán una y otra agenda, posibles, en la opinión pública?

 

El desangre del activismo social va pasando de goteo a chorro; a los centenares de activistas asesinados a lo largo de 2018, se suma la decena de los primeros días de enero, contados familiares de los mismos. Como todo año electoral, la acción promete no detenerse: es una acción abierta y despiadada por el control territorial, en lo cual también pesa el Acuerdo firmado con las Farc –como forma de violarlo–, así como la negociación rota en la práctica entre Gobierno y Eln, la que ahora tenía por asiento a La Habana. ¿Soportarán los movimientos sociales este desangre con denuncias y demandas legales? ¿Vendrá –o se incrementará– el exilio como recurso expedito para salvar la vida de algunos o muchos de quienes viven en zozobra ante las amenazas de supuestos grupos paramilitares? ¿Acudirán las organizaciones defensoras de Derechos Humanos a las instancias internacionales para denunciar al actual gobierno como genocida? ¿Potenciará la acción asesina, en contra de exguerrilleros de las Farc, el crecimiento de sus disidencias? ¿Es esto último lo que buscan quienes están detrás de la acción violenta, como táctica política para denunciar el incumplimiento de lo acordado por parte del otrora grupo insurgente?

 

Las agendas, como se ve, son continuidad de 2018 y mucho más atrás, pues en realidad la lucha por los derechos fundamentales de las mayorías marginadas se prolonga por décadas, viviendo en períodos específicos de las mismas alzas y bajas, o flujos y reflujos.

 

Como se puede ver, todas ellas son fundamentales para la vida –para sobrevivir– pero también para gozarla en dignidad, así como para trascender la democracia realmente existente Y todas ellas demandan que dejen de ser asuntos particulares de sus dolientes, para ser parte de una agenda nacional, coordinada, que las asuma como ingredientes de un proyecto de gobierno alterno, más allá de lo institucional, comprendiendo que sólo desde una agenda alternativa, no determinada por el inmediatismo ni por la institucionalización, es posible salir victoriosos de la arremetida oficial.

 

Queda en todo caso la preocupación de que el único aspecto de la agenda nacional, propio de este año, las elecciones territoriales por celebrarse el próximo 27 de octubre, como efecto del afán por lo estatal que ahora domina entre los sectores alternativos, termine por subsumir y opacar el resto de la agenda social, en ello, los aspectos relacionados pero también otros aquí no enunciados.

 

Como sabemos, la acción electoral es una gran exigente de energía y recursos de todo tipo. Tomar la decisión de que uno u otro activo de un proceso social asuma la candidatura para cualquier puesto de la administración pública implica reuniones de toda clase, en una primera instancia para lograr acuerdos y compromisos con sus pares y similares, y en una segunda y tercera etapas para dar a conocer propuestas y ganar apoyos ciudadanos. Todo un esfuerzo, descomunal, que no por ello –de salir airosa en sus propósitos– garantiza algo efectivo para la sociedad. Ya lo hemos visto: más allá de administrar unos recursos de la mejor manera, paliando las dolencias sociales, poco se puede hacer.

 

¿Persistir en esta ruta pese a los resultados obtenidos? ¿Conservar la constante de responder por reflejo a las iniciativas del establecimiento, lo cual termina por maniatarnos y legitimar aquello que pretendemos destruir? La crisis global que afecta al sistema capitalista indica que la manera más óptima para enfrentarlo es la construcción de una agenda alterna a la oficial, para actuar no por reflejo sino por voluntad propia. Y en esa opción, el centro de la acción pudiera descansar en la demanda de una democracia representativa, y asimismo directa, radical y plebiscitaria. Que la forma –las elecciones– le dé paso a la sustancia –democracia económica, social, ambiental, etcétera.

 

¿Podrán los movimientos sociales colombianos debatir esta realidad en forma desprevenida y con sentido propositivo en los primeros meses de 2019, actuando así para que la agenda heredada no quede sepultada por la institucional, que trae –con sus afanes– el último año de la segunda década del siglo XXI?

Publicado enEdición Nº253
Asumir el reto histórico de crear un nuevo ethos cultural y recrear la Universidad

El acuerdo firmado entre el gobierno nacional y los estudiantes, en diciembre pasado, tras dos meses de paro en las 32 universidades públicas del país, lo ha valorado la opinión pública como un éxito. Aunque transciende más lo simbólico que lo real, expresan algunos desde otra orilla. En todo caso, su peso y su significado lo señalarán los estudiantes en las asambleas citadas para los primeros días de reingreso a labores en todos y cada uno de los centros de estudio comprometidos en esta lucha.

 

La agenda de tal lucha –financiamiento, autonomía, democracia y garantías para la movilización–, en la práctica, quedó centrada en la primera de las reivindicaciones. Todas ellas mantienen vigencia y pueden ser elevadas para el debate en las mesas de trabajo aprobadas dentro del acuerdo, debates que deben llegar a un punto crucial: el futuro de la Universidad misma, con su carácter público y gratuito por establecer tras otras muchas jornadas de lucha que conocerá el país.

 

¿Cómo lograr este carácter público de la Universidad, abierta a los miles de estudiantes que terminan bachillerato cada año? ¿Cómo lograr que la educación superior, íntegra, sea una preocupación y una prioridad nacionales? ¿Cómo articular de manera virtuosa los ciclos educativos, para que todo el proceso educativo, desde 0 y hasta último nivel, constituyan apartes de un mismo tronco? ¿Cómo hacer para que su rol central esté inspirado en las necesidades y el proyecto de país que defina la sociedad toda? ¿Cómo conseguir que esté a la altura de las demandas de la crisis sistémica que vive la sociedad global en campos como el ambiental y el social? ¿Cómo diseñar sus retos actuales para que de verdad responda a los requerimientos de las revoluciones científica –tercera– e industrial –cuarta–, que hoy han llevado al sistema capitalista y su soporte central –democracia– a una crisis sin precedentes?

 

Adentrarse –para buscar respuestas adecuadas a estos y otros muchos interrogantes– en el carácter del sistema educativo y de la Universidad en particular (pág. 8-9) es una pista para ello. Otro camino en tal senda (pág. 6) es la reestructuración del sistema educativo, poniéndolo patas arriba, como vía para generar un nuevo ethos cultural. Hacerlo con la potencia de lo social (pág. 10-11), sabiendo valorar los tiempos y la fuerza de las mayorías, es parte del método que nos llama a propiciar y saber articular agendas entre los sectores activos y alternativos de lo social, para entre todos arrinconar a quienes impiden que nuestra sociedad se encamine por un camino de justicia que tiene como base la satisfacción de los Derechos Humanos, todos, entre ellos el derecho a una educación plena, universal, gratuita, laica, abierta a lo mejor del conocimiento global, en que su dinámica diaria no esté marcada por la productividad, la eficiencia, las apariencias, todo aquello que pretende sumir en las formas a los estamentos universitarios para alejarlos del debate crítico, esencia misma de la educación.

 

Son éstos los interrogantes y los retos que hoy la sociedad puede encarar como un solo cuerpo y resolver de igual manera. Los tiempos lo permiten, y también las circunstancias en que irrumpimos.

 

Abrir las puertas para que así sea pasa por encarar debates en todos los niveles y en todos los espacios sociales, a la vez que copar el escenario nacional con las voces que compartan la necesidad de enfrentar estos retos.

 

El movimiento universitario que logró el acuerdo económico con el actual presidente Iván Duque presenta características inéditas. Es la primera vez que participan tanto directivas, como el profesorado y el estudiantado en un proyecto común: salvar la universidad pública. El vigor del movimiento tuvo como acicate superar un peligro existencial. La sociedad en su conjunto acompañó al movimiento en el proyecto.

 

La conciencia de ese peligro se fue incubando poco a poco. Habrá que reconstruir el proceso que convirtió el tema de las finanzas universitarias en asunto central para la supervivencia de la Universidad. En las reuniones de los rectores, que tiene como escenario el llamado SUE (sistema universitario estatal), los agobios presupuestales estaban siempre en primer plano. Aspu (Asociación de profesores Universitarios) denunciaba sistemáticamente el deterioro constante de los recursos del presupuesto general de la nación asignado a las universidades. Las organizaciones estudiantiles captaron las consecuencias de ese estado de cosas y se sincronizaron con las directivas y el profesorado.


Ese proceso de deterioro tuvo, sin embargo, un punto de inflexión: el programa Ser pilo paga (SPP) Recordemos brevemente cómo surgió ese proyecto. En el primer gobierno de Juan Manuel Santos se quiso imponer una reforma en la normativa universitaria para facilitar la creación de universidades con ánimo de lucro. Los estudiantes y un núcleo de profesores denunció inmediatamente el propósito último de la iniciativa: liquidar la universidad pública. Los estudiantes se organizaron en la Mane y enfrentaron en la calle la defensa de la Universidad. El Gobierno tuvo que dar marcha atrás en su propósito pero luego inventó el programa Ser Pilo Paga.

 

Este programa partía de un supuesto perverso. En una sociedad donde por la paga los magistrados dictan sentencias, proponerles a los jóvenes de las familias de los trabajadores que por la paga debían esforzarse para obtener un cupo en una universidad privada era una broma macabra. En términos financieros el programa que beneficiaba a 40.000 estudiantes costaba 3.5 billones, mientras la matrícula total de las universidades pública (611.000 estudiantes) recibía 2.93 billones. Esa desproporción en la asignación de los recursos develó el sinsentido de la política gubernamental y aceleró la toma de conciencia de la sociedad en su conjunto acerca del peligro existencial en que el gobierno colocaba a la universidad pública.

 

El reciente acuerdo entre el gobierno y los estudiantes ha sido valorado como un éxito y simultáneamente se han hecho las advertencias acerca de la necesidad de monitorear el cumplimiento del mismo y mantenerse vigilantes. Pero hay un componente del acuerdo que mira hacia el futuro. Se conformaron mesas de trabajo para tratar temas, por ejemplo, la función del Icetex, que permiten avanzar en una dirección más ambiciosa: el futuro de la Universidad misma. La Universidad arrastra una crisis que se remonta a cincuenta años atrás. Estamos recordando a Mayo del 68. La tensión esencial de esa crisis la crea el tránsito de la Universidad como institución para formar pequeñas élites a la Universidad como ciclo universal de formación de las nuevas generaciones.

 

Jean François Lyotard le dio forma sintética a las paradojas desencadenadas por esa perspectiva. En su famoso Informe sobre el saber donde formuló la pauta que nombró como Condición postmoderna, le decreta la muerte a la Universidad y le da partida de nacimiento a los institutos politécnicos. La dedicatoria de tal informe, que califica de “escrito de circunstancias” dice lo siguiente: “Tal y como está lo dedicamos al Instituto Politécnico de filosofía de la Universidad de París VIII (Vincennes), en el momento muy postmoderno en que esta universidad se expone a desaparecer y ese instituto a nacer”1.

 

Ahora bien, no todo Instituto tiene garantizada su existencia. Sólo los que cumplan los requisitos exigidos por los administradores de los negocios capitalistas. Lyotard sentencia: “El criterio de performatividad es invocado explícitamente por los administradores para justificar la negativa a habilitar cualquier centro de investigación”2. En esas condiciones generales, postmodernas, los jóvenes egresados de la agonizante universidad son parias que ni siquiera aparecen en las estadísticas: “[…] los jóvenes presentes en la Universidad son, en su mayor parte, parados no contabilizados en las estadísticas de demanda de empleo. Son, en efecto, excedentes con respecto a las salidas correspondientes a las disciplinas en las que se los encuentra”3.

 

Las políticas universitarias globales y sus diferentes formas locales, se han convertido en acuerdos entre administradores y empresarios. La retórica de la eficiencia, la productividad, los estándares, los créditos, es un indicador de ese hecho. Este modo de existencia espurio obliga a repensar la Universidad más allá de la lógica capitalista postmoderna. En el debate sobre la crisis civilizatoria y la emergencia de una nueva época la reinvención de la Universidad es una tarea al orden del día. El actual movimiento universitario de directivas, maestros y estudiantes debe asumir ese reto histórico.

 

En Colombia ese reto se esbozó en el debate que acompañó la elaboración de la Ley General de Educación y la Ley 30 de 1992. En el informe titulado “Al filo de la oportunidad”, el neurocientífico Rodolfo Llinás planteó lo siguiente hace ya casi dos décadas: “Las recientes crisis sociales y ambientales de los países industrializados demuestran que la productividad y los avances del conocimiento humano requieren una fundamentación en un contexto civilizador, cuyo fin ha de ser el bienestar social y el respeto por la vida. Esta lección importante señala que el desarrollo como avance económico, político y cultural debe significar un legado humano de información al servicio de estilos de vida inteligentes y garantes de la creatividad humana para futuras generaciones.

 

Lo anterior requiere una reestructuración y una revolución educativa que generen un nuevo ethos cultural, que a la vez permita la maximización de las capacidades intelectuales y organizativas de los colombianos. La manera innovativa de entender y actuar –no el simple saber y hacer– debe permitir que se adquieran nuevas habilidades humanas, basadas en el desarrollo de múltiples saberes y talentos, tanto científicos como artísticos y literarios, de nuevas formas de organización productiva”4.

 

Este reto es el que es necesario desarrollar y están dadas todas las condiciones para su realización exitosa.

 


 

1 Lyotard J. F., La condición postmoderna, Cátedra, Madrid, 1989, p. 11.
2 Ibídem., p. 88.
3 Ibídem., pp. 91,92.
4 Llinás Riascos R., Colombia: Al filo de la oportunidad, Ed. Magisterio, Bogotá, p. 25.

Publicado enEdición Nº253
Lunes, 01 Octubre 2018 06:26

Postales estadunidenses (II y última)

Postales estadunidenses  (II y última)

“A veces la luz está brillando sobre mí / Otras veces apenas puedo ver / Recientemente se me ocurre: Que viaje tan largo y extraño ha sido…”: Grateful Dead

 

Nos despedimos de Chicago y cientos de kilómetros más hacia el oeste visitamos a dos amigos que viven en una granja en Wisconsin, un estado históricamente progresista pero que en años recientes se volteó hacia la derecha. Nos explicaron que el giro político se debía al fracaso de los demócratas y progresistas en cumplir con su compromiso de defender a los granjeros. Recordaron que el país perdió en sólo unas tres décadas 9 millones de granjas familiares, se impuso en su lugar un modelo corporativo de agricultura masiva donde ahora aproximadamente un millón de personas son responsables de casi el total de la producción agraria del país.

Pero lo que más les sorprende ahora aquí es una creciente corriente progresista que rechaza la cúpula política y que se identifica con el "socialismo democrático" de Bernie Sanders. En una reunión del Partido Demócrata local a la cual llegaron para medir las cosas, unas mujeres de la tercera edad les preguntaron que qué tipo de demócratas eran, que si eran de Hillary, y cuando respondieron delicadamente que más bien tipo Bernie, los abrazaron exclamando, "ahora sí podemos hablar clarito". Poco después, mientras uno atendía una mesa del Partido Demócrata local en una feria rural, le preguntó a una joven de 16 años que estaba dando vueltas por ahí si le interesaba la política. Respondió firmemente que en 2020 "ya podré votar y vamos a echar a todos estos, y lo voy hacer en honor de Elizabeth Cady Stanton (la filósofa y líder del movimiento de las mujeres por el voto en el siglo XIX) y porque se cumplirá el centenario de que las mujeres conquistaron el derecho al voto en este país". Lo dejó callado, "me estaba dando una lección de historia".

Comentan que “durante décadas evitamos usar la palabra ‘socialismo’ para no asustar y obstaculizar el trabajo de organización, y ahora resulta que es la palabra necesaria en el trabajo político local aquí”.

De ahí pasamos por los llanos de Minnesota y Dakota del Norte, paisajes que contienen largas historias de luchas de inmigrantes escandinavos; de granjeros, mineros, ferrocarrileros y empacadores de carne. Por aquí se oyen los ecos de antiguas luchas indígenas y las contemporáneas: al sur, Wounded Knee, símbolo de resistencia indígena en el siglo XIX como en el XX; al norte, la histórica movilización de Standing Rock hace poco mas de un año.

Pasamos por Idaho, un cachito de Washington y llegamos a la costa de Oregon. Estaciones de radio nos ofrecían un licuado de mensajes antimigrantes, programas cristianos con reverendos tratando de convencernos de que no era demasiado tarde para encontrar a Jesús (y enviarles donativos, mientras) y, de repente, radio en español con música, noticias y chismes mexicanos. Un espectacular en la carretera afirmaba: "Jesús sí existió, más allá de la duda razonable". Bueno saber. En una gasolinera perdida en medio de la nada se anunciaba "Coca-Cola hecha en México".

Oregon es tierra de John Reed y una gran tradición anarcosindical importada por inmigrantes europeos. El sindicato de estibadores en la costa fue fundado por comunistas (el primer líder fue un australiano) y sigue entre los más progresistas. En el pueblito turístico de Yachats en la costa hay una panadería que se llama Pan y Rosas. Ahora esas mismas luchas, para pan y rosas también, son libradas por mexicanos y otros latinoamericanos, entre otros inmigrantes.

En Portland platicamos con una extraordinaria luchadora por los derechos civiles, antiguerra, ambientalista, sindicalista desde los 60 hasta hoy día, quien nos contó cómo los jóvenes, junto con veteranos de luchas sociales, están creando un mosaico, aún fragmentado, de rebeliones unidas por un furioso "no" a lo que ahora se ha impuesto en el poder, y que de ahí esta brotando tal vez la última esperanza para este país en esta coyuntura.

En este viaje por una de las épocas más oscuras de este país, de repente se asomaba la luz del alba.

 

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Postales estadunidense I, David Brooks

24 de septiembre de 2018

Publicado enInternacional
Domingo, 05 Agosto 2018 09:08

Sí existe un sujeto campesino

Sí existe un sujeto campesino

Un debate abierto en Colombia es si el campesinado existe como sujeto con identidad propia. Acá unas ideas sobre el particular, para animar el intercambio de ideas y la construcción territorial campesina.

 

En Colombia ha sido histórico que el campesinado se movilice por la tenencia de la tierra y por trabajarla con fines populares. Sembrado de diversidad de productos que integran la canasta diaria de miles de familias, comercialización en redes locales, junto al despliegue de dinámicas sociales y políticas alrededor de la tierra, cuyo proceso crea otro tipo de relacionamiento entre las personas, con la naturaleza y con el resto de comunidades. Son particularidades de su cotidianidad y de cómo se construye territorio.

 

Son tan variados y extensos los ejemplos posibles de retomar para evidenciar las particularidades de su dinámica, que amerita un escrito extenso. Por ahora, en el presente, podemos mencionar, por ejemplo, el proceso de colonización campesina en los llanos colombianos a partir de los años 50 y 60 del siglo XX, dinámica social que desembocó en la consolidación de cooperativas y asociaciones campesinas con objetivos comunes de vida digna y movilización social contra el Estado1. En el centro del país, sobresale el asentamiento de comunidades campesinas en el Tolima, a raíz de la guerra declarada por el gobierno de Rojas Pinilla, campesinos obligados a conformar gobierno propio y cuerpos armados de protección2. Estas dos experiencias exponen el cuerpo de un sujeto social relacionado con el campo, sin ser indígena o afrodescendiente.

 

Desde su identidad y urgencia de tierra y otros recursos para construir vida digna, hoy en día el campesinado no deja desaparecer su tradición de lucha social por la tierra. Existen organizaciones sociales del sector que trabajan, organizan y se movilizan por el territorio. Asientan lugares propios, donde la cultura, valores, relaciones sociales, prácticas colectivas, instituciones legitimas, modelo de democracia se instalan en la cotidianidad, delimitando un espacio geográfico donde reproducen la vida. Este tipo de construcción de territorio genera unas dinámicas propias, diferenciadas de sectores como el obrero-sindical, estudiantil, Lgtbi, etcétera. Convivir y compartir en el campo, lejos o cerca de la ciudad, es un rasgo característico primario, pero no es el único, pues en materia de organización el método asambleario donde participa la comunidad, bajo el reconocimiento horizontal y respeto de la diferencia, canalizando así la deliberación y búsqueda de acuerdos comunes, define el cómo construir comunidad.

 

Asimismo, el ámbito cultural y económico también definen a este sector con una identidad que se aparta de otras, sin desconocer las hibridaciones con otras comunidades que no habitan el campo. En la economía esencialmente se busca un relacionamiento directo con el consumidor de los alimentos cosechados, a través de mercados organizados en veredas, pueblos o barrios, donde la producción se expone y comercializa dentro del diálogo con el consumidor. De igual manera, la reivindicación de superar la intermediación de terceros en la comercialización, está presente también en el trabajo productivo campesino. Aquí se articula el uso de insumos orgánicos en la agricultura, como también métodos autosuficientes en la finca, cuando se diversifica el cultivo. Por ejemplo, en una finca X se cultiva el cacao principalmente para la fabricación de chocolate, cuya totalidad de hectáreas se dispone para esta semilla, pero en esas mismas hectáreas se distribuyen otros alimentos a menor escala, con la finalidad de suplir el alimento de la familia, como el plátano, yuca, frutas, entre otros, lo que en el ámbito económico permite solucionar una parte de la alimentación de la familia, y disminuir el desgaste de la tierra.

 

Ahora bien, con el alimento se desprende el aporte sustancial como sector social a la humanidad inmediata y mediata, o local, regional, nacional y global, pues dedicar la vida para producir el alimento que otros adquieren es un rasgo fundamental del sector, rasgo que los potencia como individuos y que puede propiciar, a su vez, una conciencia de su papel en una sociedad dada, motivando de esta manera acciones solidarias en lo inmediato y mediato.

 

Al tiempo que así actúa, en gran cantidad de casos, de manera consciente o inconsciente, cuida la naturaleza buscando un equilibrio entre su agricultura diversificada con los ciclos naturales del territorio y el mundo. Esto, claramente, va en contravía del individuo individualista y consumista que crea la modernidad-colonialidad, que sin ser consciente del fin destructivo de las multinacionales (y del modelo) se provee de sus productos, socavando la vida planetaria3.

 

Los territorios campesinos agroalimentarios como figura organizativa, política y productiva del mundo rural

 

En aras de cimentar institucionalmente el ser campesino, la cultura propia, su economía y la canalización de un modelo de sociedad desde el sector, algunos territorios de Colombia han establecido la figura del Territorio Campesino Agroalimentario (Teca)4, para delimitar un lugar específico que la comunidad comparte, llevando a cabo allí el plan de vida común, que contiene los rasgos arriba expuestos. Pero además, la posibilidad de buscar las garantías de los derechos de los campesinos frente al Estado, el ordenamiento territorial para dirimir los conflictos por el acceso a la tierra y su distribución, más la decisión autónoma de ¿qué hacer con el territorio, sus riquezas naturales, el agua, las especies naturales, etcétera? Es una iniciativa que recrea la tradición campesina colombiana de tener y defender la tierra, para la producción y reproducción de la comunidad campesina bajo un gobierno propio, comunitario.

 

Entonces, desde la participación de las familias campesinas es así como se despliega el ámbito social-cultural, político-comunitario y productivo-ambiental5; en pleno ejercicio autónomo comienzan a crear puentes con la institucionalidad local y regional en representación de esta figura organizativa (legitima) para la elaboración de programas integrales de desarrollo u otro tipo de planes que promuevan la inversión apropiada de los recursos públicos y el bienestar de las comunidades rurales y urbanas; pero el diálogo sobrepasa también la localidad para ir hasta el Estado, quien sustenta una estrecha relación con el sector privado y transnacional, con el fin de llegar a acuerdos comunes para también encontrar el bienestar de las personas. Sin embargo, este diálogo se tensiona a tal punto que la movilización se despliega por parte del campesinado, sacando a la luz conflictos sociales potenciados por el modelo neoliberal.

 

Al igual que el reconocimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes, como sujetos y comunidades, el sector campesino busca por múltiples vías su reconocimiento ante el régimen legal y político, para potenciar su importante y vital aporte a la humanidad de producir alimentos y preservar la naturaleza. Aporte real y dinámica propia, que aun implica mucho camino por recorrer y conflictos por resolver para llegar a ese estado de reconocimiento y goce pleno de derechos.

 

Por lo pronto se afianzan este tipo de propuestas sociales, culturales, políticas, comunitarias y ambientales en los territorios, sin desconocer los avances de otras comunidades.

 


 

* Secretaría de Comunicación y Formación del Coordinador Nacional Agrario.
1 Castillo, Wilmar (2017). El territorio de Arauca es una apuesta por la vida. Revista Mexicana de Comunicación. N. 141
2 Buitrago, José del Carmen (2006). Guerrilleros, campesinos y política en el Sumapaz: el Frente Democrático de Liberación Nacional 1953-1956. Universidad del Tolima.
3 Entrevista al líder campesino del Comité de Integración del Macizo Colombiano -Cima-.
4 Proclamación del primer Territorio Campesino Agroalimentario en el Norte de Nariño y sur del Cauca.
Declaración del Territorio Campesino Agroalimentario Vida y Soberanía Popular. Consultado en https://cnagrario.org/2017/11/02/declaracion-territorio-campesino-agroalimentario-vida-y-soberania-popular-distrito-2-y-6-saravena-arauca/
Declaración del Territorio Campesino Agroalimentario del Pie de monte Araucano. Consultado en https://cnagrario.org/2017/11/20/declaracion-territorio-campesino-agroalimentario-del-piedemonte-araucano-distrito-1-municipio-de-fortul-departamento-de-arauca/
5 Elementos conceptuales para la construcción del enfoque político de la territorialidad campesina alimentaria. Consultado en https://www.cna-colombia.org/como-construimos-un-enfoque-politico-de-la-territorialidad-campesina/

Publicado enColombia
Viernes, 27 Julio 2018 17:18

Sí existe un sujeto campesino

Sí existe un sujeto campesino

Un debate abierto en Colombia es si el campesinado existe como sujeto con identidad propia. Acá unas ideas sobre el particular, para animar el intercambio de ideas y la construcción territorial campesina.

 

En Colombia ha sido histórico que el campesinado se movilice por la tenencia de la tierra y por trabajarla con fines populares. Sembrado de diversidad de productos que integran la canasta diaria de miles de familias, comercialización en redes locales, junto al despliegue de dinámicas sociales y políticas alrededor de la tierra, cuyo proceso crea otro tipo de relacionamiento entre las personas, con la naturaleza y con el resto de comunidades. Son particularidades de su cotidianidad y de cómo se construye territorio.

 

Son tan variados y extensos los ejemplos posibles de retomar para evidenciar las particularidades de su dinámica, que amerita un escrito extenso. Por ahora, en el presente, podemos mencionar, por ejemplo, el proceso de colonización campesina en los llanos colombianos a partir de los años 50 y 60 del siglo XX, dinámica social que desembocó en la consolidación de cooperativas y asociaciones campesinas con objetivos comunes de vida digna y movilización social contra el Estado1. En el centro del país, sobresale el asentamiento de comunidades campesinas en el Tolima, a raíz de la guerra declarada por el gobierno de Rojas Pinilla, campesinos obligados a conformar gobierno propio y cuerpos armados de protección2. Estas dos experiencias exponen el cuerpo de un sujeto social relacionado con el campo, sin ser indígena o afrodescendiente.

 

Desde su identidad y urgencia de tierra y otros recursos para construir vida digna, hoy en día el campesinado no deja desaparecer su tradición de lucha social por la tierra. Existen organizaciones sociales del sector que trabajan, organizan y se movilizan por el territorio. Asientan lugares propios, donde la cultura, valores, relaciones sociales, prácticas colectivas, instituciones legitimas, modelo de democracia se instalan en la cotidianidad, delimitando un espacio geográfico donde reproducen la vida. Este tipo de construcción de territorio genera unas dinámicas propias, diferenciadas de sectores como el obrero-sindical, estudiantil, Lgtbi, etcétera. Convivir y compartir en el campo, lejos o cerca de la ciudad, es un rasgo característico primario, pero no es el único, pues en materia de organización el método asambleario donde participa la comunidad, bajo el reconocimiento horizontal y respeto de la diferencia, canalizando así la deliberación y búsqueda de acuerdos comunes, define el cómo construir comunidad.

 

Asimismo, el ámbito cultural y económico también definen a este sector con una identidad que se aparta de otras, sin desconocer las hibridaciones con otras comunidades que no habitan el campo. En la economía esencialmente se busca un relacionamiento directo con el consumidor de los alimentos cosechados, a través de mercados organizados en veredas, pueblos o barrios, donde la producción se expone y comercializa dentro del diálogo con el consumidor. De igual manera, la reivindicación de superar la intermediación de terceros en la comercialización, está presente también en el trabajo productivo campesino. Aquí se articula el uso de insumos orgánicos en la agricultura, como también métodos autosuficientes en la finca, cuando se diversifica el cultivo. Por ejemplo, en una finca X se cultiva el cacao principalmente para la fabricación de chocolate, cuya totalidad de hectáreas se dispone para esta semilla, pero en esas mismas hectáreas se distribuyen otros alimentos a menor escala, con la finalidad de suplir el alimento de la familia, como el plátano, yuca, frutas, entre otros, lo que en el ámbito económico permite solucionar una parte de la alimentación de la familia, y disminuir el desgaste de la tierra.

 

Ahora bien, con el alimento se desprende el aporte sustancial como sector social a la humanidad inmediata y mediata, o local, regional, nacional y global, pues dedicar la vida para producir el alimento que otros adquieren es un rasgo fundamental del sector, rasgo que los potencia como individuos y que puede propiciar, a su vez, una conciencia de su papel en una sociedad dada, motivando de esta manera acciones solidarias en lo inmediato y mediato.

 

Al tiempo que así actúa, en gran cantidad de casos, de manera consciente o inconsciente, cuida la naturaleza buscando un equilibrio entre su agricultura diversificada con los ciclos naturales del territorio y el mundo. Esto, claramente, va en contravía del individuo individualista y consumista que crea la modernidad-colonialidad, que sin ser consciente del fin destructivo de las multinacionales (y del modelo) se provee de sus productos, socavando la vida planetaria3.

 

Los territorios campesinos agroalimentarios como figura organizativa, política y productiva del mundo rural

 

En aras de cimentar institucionalmente el ser campesino, la cultura propia, su economía y la canalización de un modelo de sociedad desde el sector, algunos territorios de Colombia han establecido la figura del Territorio Campesino Agroalimentario (Teca)4, para delimitar un lugar específico que la comunidad comparte, llevando a cabo allí el plan de vida común, que contiene los rasgos arriba expuestos. Pero además, la posibilidad de buscar las garantías de los derechos de los campesinos frente al Estado, el ordenamiento territorial para dirimir los conflictos por el acceso a la tierra y su distribución, más la decisión autónoma de ¿qué hacer con el territorio, sus riquezas naturales, el agua, las especies naturales, etcétera? Es una iniciativa que recrea la tradición campesina colombiana de tener y defender la tierra, para la producción y reproducción de la comunidad campesina bajo un gobierno propio, comunitario.

 

Entonces, desde la participación de las familias campesinas es así como se despliega el ámbito social-cultural, político-comunitario y productivo-ambiental5; en pleno ejercicio autónomo comienzan a crear puentes con la institucionalidad local y regional en representación de esta figura organizativa (legitima) para la elaboración de programas integrales de desarrollo u otro tipo de planes que promuevan la inversión apropiada de los recursos públicos y el bienestar de las comunidades rurales y urbanas; pero el diálogo sobrepasa también la localidad para ir hasta el Estado, quien sustenta una estrecha relación con el sector privado y transnacional, con el fin de llegar a acuerdos comunes para también encontrar el bienestar de las personas. Sin embargo, este diálogo se tensiona a tal punto que la movilización se despliega por parte del campesinado, sacando a la luz conflictos sociales potenciados por el modelo neoliberal.

 

Al igual que el reconocimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes, como sujetos y comunidades, el sector campesino busca por múltiples vías su reconocimiento ante el régimen legal y político, para potenciar su importante y vital aporte a la humanidad de producir alimentos y preservar la naturaleza. Aporte real y dinámica propia, que aun implica mucho camino por recorrer y conflictos por resolver para llegar a ese estado de reconocimiento y goce pleno de derechos.

 

Por lo pronto se afianzan este tipo de propuestas sociales, culturales, políticas, comunitarias y ambientales en los territorios, sin desconocer los avances de otras comunidades.

 


 

* Secretaría de Comunicación y Formación del Coordinador Nacional Agrario.
1 Castillo, Wilmar (2017). El territorio de Arauca es una apuesta por la vida. Revista Mexicana de Comunicación. N. 141
2 Buitrago, José del Carmen (2006). Guerrilleros, campesinos y política en el Sumapaz: el Frente Democrático de Liberación Nacional 1953-1956. Universidad del Tolima.
3 Entrevista al líder campesino del Comité de Integración del Macizo Colombiano -Cima-.
4 Proclamación del primer Territorio Campesino Agroalimentario en el Norte de Nariño y sur del Cauca.
Declaración del Territorio Campesino Agroalimentario Vida y Soberanía Popular. Consultado en https://cnagrario.org/2017/11/02/declaracion-territorio-campesino-agroalimentario-vida-y-soberania-popular-distrito-2-y-6-saravena-arauca/
Declaración del Territorio Campesino Agroalimentario del Pie de monte Araucano. Consultado en https://cnagrario.org/2017/11/20/declaracion-territorio-campesino-agroalimentario-del-piedemonte-araucano-distrito-1-municipio-de-fortul-departamento-de-arauca/
5 Elementos conceptuales para la construcción del enfoque político de la territorialidad campesina alimentaria. Consultado en https://www.cna-colombia.org/como-construimos-un-enfoque-politico-de-la-territorialidad-campesina/

Publicado enEdición Nº248
Sábado, 14 Julio 2018 07:43

Por qué van mal los Derechos Humanos

Por qué van mal los Derechos Humanos

Una mirada heterodoxa sobre los derechos humanos, que busca ir más allá del papel de sustitutos que les asignan las sociedades capitalistas y el sistema neoliberal. Rhada D’Souza propone devolverle a la libertad, la justicia y la autonomía, la preponderancia que tienen en las luchas de los pueblos: “¿Qué hacían quienes luchaban por libertad en tiempos anticoloniales? Exigían alimentos, no derecho a la alimentación, exigían paz, no derecho a la paz, independencia nacional, no derecho a la independencia...”


¿Por qué ellos quieren derechos? En 1945, cuando se constituyó Naciones Unidas, se calculaban 28 derechos. Hoy existen más de 300. ¿Está mejor hoy la gente que trabaja, los obreros, los campesinos, los trabajadores independientes? Para cada problema económico, social o cultural los movimientos sociales y los académicos críticos piensan que hay un “remedio de derechos”.


Consideren este caso. La International Land Coalition (ILC) [una coalición agraria internacional] se formó en 1995 como alianza global que reconociera los derechos humanos a la tierra. La ILC incluye una membresía con muy diferentes expectativas en torno a los derechos agrarios. Están el G-7 y Estados del Tercer Mundo, organizaciones económicas internacionales como el FMI y el Banco Mundial, organismos internacionales como la OMC, la FAO, el PNUD y otros: instancias bilaterales o multilaterales de asistencia y organismos de desarrollo como NORAD de Noruega o el DFID del Reino Unido, organismos no gubernamentales como Oxfam, la Rainforest Foundation y Transparency International, además de ONG nacionales, movimientos de base y alianzas internacionales por la tierra como La Vía Campesina. Sabemos muy bien por qué el campesinado que une sus movimientos en la Vía Campesina exige derechos agrarios. Pero ¿por qué el BM, el FMI, la OMC, la FAO, los Estados del G-7 quieren que tales campesinos tengan derechos agrarios? Casi nunca preguntamos: ¿por qué quieren derechos ellos?


De hecho, los programas de Buena Gobernanza del Banco Mundial que gastan millones de dólares anuales buscan que los Estados del llamado Tercer Mundo se hagan de un sistema más eficiente de derechos. Entre 1990 y 1996 los programas de Buena Gobernanza del Banco Mundial reestructuraron en directo tales Estados para instituir un régimen de gobernanza basada en derechos. Para 2006, un sexto de los préstamos del BM se otorgaban a reformas en el sector público, 47% de los préstamos del BM y 74% de su organización hermana la Asociación Internacional de Fomento (AIF) tienen por lo menos un componente de programas de Buena Gobernanza.


Se calcula que entre 1993 y 2001 el BM financió 330 proyectos para darle peso al “imperio de la ley”, ligados a la OCDE, mediante reformas legales y jurídicas en más de 100 países gastando 3 mil 800 millones de dólares. Por qué el Banco Mundial, una organización establecida para promover mercados de capital, industrias privadas e infraestructuras físicas e institucionales del movimiento global de capital se interesa en financiar, de hecho coercionar a los gobiernos del Tercer Mundo para establecer derechos humanos y socio-económicos para la población. Es tiempo de que los movimientos sociales comiencen a preguntar: ¿por qué quieren ellos derechos?


La resurgencia de los derechos. Resurgieron los derechos a lo ancho del llamado Segundo Mundo (Europa oriental y Rusia) y en el Tercer Mundo al terminar la Guerra Fría. Por todas partes la gente tuvo embriagadoras expectativas de que la democracia y las libertades humanas se fortalecieran tras este periodo. Pero lo extraño es que la resurgencia de los derechos fue paradójica. La ola de derechos vino blandiendo la democracia en una mano y la expansión de la OTAN y guerras en la otra. Éstas se intensificaron como nunca antes al fin de la Guerra Fría. Las capacidades tecnológicas, las


técnicas de movilización al interior de los Estados y a nivel internacional, más la vigilancia global, fueron algo sin precedente. Tras la Guerra Fría el escenario para los derechos y los teatros de las guerras se movieron al Tercer Mundo que se volvió objetivo primordial. El uso de armamento letal, las duras sanciones económicas contra naciones enteras y la manipulación de las instituciones incluidos los medios, las organizaciones internacionales y los regímenes políticos vinieron a justificarse en nombre de los “derechos humanos”.


El antiguo significado de la democracia como el “mandato del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, se trastocó con el uso del “cambio de régimen”, como justificación para la guerra. Cambiar de régimen para establecer una democracia pervierte el pleno significado de ésta. Un cambio de régimen trae consigo las viejas prácticas coloniales de “la gobernanza de los poderes imperiales, por los poderes imperiales, para los poderes imperiales.


Empero, no muchos movimientos sociales hacen conexiones entre el “discurso de la democracia” y el “discurso de la guerra”. Los movimientos sociales tienden a pensar que para cada torcimiento, los derechos humanos son la solución. Lo que casi todos los movimientos sociales quieren cuando exigen derechos es justicia y libertad.


Sin embargo, la articulación de ideas en torno a la justicia y la libertad en el lenguaje de los derechos enreda los deseos profundos de la emancipación humana en las ideologías e instituciones del capitalismo y el colonialismo. Esto es así porque el lenguaje de los derechos humanos oculta que un régimen de derechos incluye un régimen de propiedad y de derechos humanos, incluye los derechos de las corporaciones y los mercados financieros así como los de los trabajadores.


El discurso de los derechos humanos nos invita a enfocar los aspectos humanos de los derechos y nos frena de cuestionar los derechos de las clases propietarias, las entidades corporativas y los mercados de capital. Es precisamente esta desconexión entre propiedad y derechos humanos lo que deja a los movimientos sociales en un dilema. Mientras más derechos tienen, menor poder parecen tener para cambiar sus destinos. ¿Cómo es que los derechos cumplen lo contrario de lo que prometen? Los derechos asignan lo que alguien merece y cuánto. ¿A qué tanta agua tienen derecho las corporaciones, los pueblos originarios, los trabajadores urbanos y a qué precio? ¿A cuánta tierra tienen derecho los campesinos, las comunidades indígenas, los dueños de las fábricas, los inversionistas y el Estado? En tal asignación la igualdad significa tajadas proporcionales. Las asignaciones proporcionales dejan con menos a los pobres y los desposeídos y las entidades corporativas se llevan más.


Así, los regímenes de derechos hablan el lenguaje de la igualdad pero crean desigualdades reales. Cuando los movimientos sociales piden derechos, se ven orillados a una discusión en torno a qué tajadas relativas debe asignarse a la gente que tiene el recurso natural o la riqueza social. Cuando las personas son orilladas a la discusión de cuál es la “tajada justa”, de a cuánta riqueza natural o social tienen derecho, se olvida el punto de que toda la riqueza natural y social producida por sus fatigas pertenece a la sociedad y a las comunidades que la producen. Se olvida que las entidades corporativas y los mercados son criaturas de la ley, que son hechas y deshechas por seres humanos, en tanto la naturaleza y la labor transformadora son atributos naturales de la vida humana.
Las personas corporativas vienen a ser tratadas igual que los seres humanos bajo la ley y emergen como rivales que exigen agua, bosques, tierras y mano de obra sobre una base igual que las personas naturales. Los discursos de los derechos humanos insisten en que debemos participar en conversaciones en torno a la asignación de naturaleza y mano de obra entre corporaciones y personas legales. Al hacerlo, los movimientos sociales se ven forzados a aceptar la personalidad de las corporaciones y los mercados. En vez de exigir la “deshumanización de las corporaciones, el discurso de los derechos humanos “humaniza” más a las corporaciones.


Las demandas de los movimientos sociales se desvían de las causas reales de la injusticia, la pobreza y la miseria. En lugar de demandar que las corporaciones sean despojadas del estatus que las iguala con los seres humanos, los movimientos sociales terminan conversando la posibilidad de que haya derechos iguales para las personas y las corporaciones.


Los movimientos sociales que buscan justicia y libertad necesitan indagar el .nexo entre propiedad y derechos humanos, entre la personalidad natural y la corporativa.


Los derechos y el poder de las promesas. Por qué tienen los derechos ese enganche tan poderoso en el imaginario de los movimientos sociales, los abogados progresistas y los académicos. Por qué tienen los derechos tal enganche en sus imaginarios aun cuando tales derechos tienen el récord de no cumplir sus promesas.


Yo sostengo que el enganche del concepto de los derechos en los imaginarios populares tiene que ver con su poder de promesa. Los derechos enarbolan la promesa de algo sin garantizar cosa alguna. El derecho a la igualdad de género en los sitios de trabajo significa que hombres y mujeres serán considerados para un cargo. Una solicitante mujer puede o no ser nombrada pero cabe la posibilidad de que logre obtener su puesto. El derecho a la propiedad no significa que a una persona sin techo se le otorgue una casa. Simplemente significa que si ella o él tienen dinero puede comprar una propiedad. Al mantener la posibilidad de que mañana sea mejor que hoy, los derechos nos invitan a renunciar a lo que tengamos hoy en aras de lo que podamos o no tener mañana. Los campesinos y los pueblos originarios son invitados a ceder sus tierras hoy porque mañana podrán beneficiarse de las riquezas del progreso y las ganancias.


Algunos podrán triunfar pero para la mayoría de la gente ese mañana dorado nunca se materializará. Los derechos producen ganadores y perdedores. Quienes ganan arguyen que los otros también pueden tener logros si se esfuerzan más. Quienes pierden se preguntan por qué deben ceder sus tierras, sus aguas, sus bosques y su mano de obra para que alguna pequeña minoría se beneficie. Así el atractivo y las asignaciones implícitas en la promesa siembran la discordia al interior de las comunidades y las sociedades. Con los derechos viene el litigio, los reclamos conflictivos y los intereses basados en una política divisionista.


Las ideas en torno a la sociedad, la comunidad y el bien común se tornan débiles conforme el individualismo y la competencia fragmentan la cohesión social.


Cuando la primera ministra británica Margaret Thatcher proclamó: no existe la sociedad, no hay tal cosa, expresaba una visión mundial del orden social basado en los derechos.


Otra razón importante para la elasticidad de los derechos en el imaginario popular surge de la historia socialista. Los socialistas nunca pensaron que los derechos fueran la única herramienta de emancipación. Karl Marx argumentaba que en los sistemas capitalistas los derechos organizaban las relaciones entre las personas y la naturaleza (tierra, bosques, agua) y entre las personas (capitalistas y obreros, empleados y obreros, obreros y campesinos). Como el capitalismo es un sistema basado en la producción e intercambio de mercancías, debe haber poseedores de derechos que tengan algo que ofrecer a cambio de algo más. Los derechos establecen relaciones sociales basadas en intercambios y contratos. Pero Marx argumentaba que la gente trabajadora podía tener beneficios limitados de los derechos.


Esto es así porque en las sociedades feudales la gente trabajadora no tenía ningún poder político ni decisión alguna en cómo les gobernaban. Aun las clases mercantiles europeas fueron forzadas a proteger sus derechos civiles y políticos cual si fueran derechos humanos universales aplicables a todos, con tal de ganar el respaldo de los trabajadores y los campesinos en su lucha contra el feudalismo. Marx argumentó que estos derechos civiles y políticos le abrieron a la gente trabajadora algún espacio político que pudieron usar para derrocar al capitalismo.


Así, en la tradición socialista, los derechos son útiles en tanto ayudan a la gente trabajadora a oponerse a sus amos. Cuando los movimientos sociales arguyen en favor de derechos, invocan los argumentos que prevalecieron en el siglo XIX. Pero el siglo XIX ya se fue.


El mundo ha destruido el capitalismo del siglo XIX y con éste las infraestructuras legales, institucionales y políticas que existían en aquel entonces. Las guerras mundiales también destruyeron el antiguo sistema imperial que existiera hasta el siglo XIX. En su lugar, las guerras mundiales establecieron lo que vino a conocerse como Nuevo Orden Mundial. El capitalismo del siglo XIX comprendía un gran número de industriales, empresarios y banqueros que competían entre ellos dentro de los confines institucionales de los Estados-Nación. Pero ese tipo de capitalismo industrial colapsó. De las cenizas de las guerras mundiales emergió una nueva clase de capitalismo transnacional, monopólico y financiero. El sistema imperial basado en el colonialismo colapsó también. En su lugar las leyes y las instituciones como Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el GATT, la OIT y otras establecieron un nuevo orden mundial que habría de facilitar el capitalismo financiero monopólico y transnacional.


El viejo colonialismo le abrió paso a nuevas formas de colonialismo controladas y dirigidas por el capital financiero localizado en los centros globales de la banca y la finanza.


Si los derechos establecían las relaciones sociales en las sociedades capitalistas y asignarían la riqueza natural y social creada por la mano de obra correspondiente a diferentes grupos sociales e individuos, entonces el Nuevo Orden Mundial exigió una reconstitución: nuevas relaciones sociales utilizando los derechos en una escala internacional.


Esto es exactamente lo que organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI y Naciones Unidas hicieron al terminar las guerras mundiales. Desde ahí hay una expansión de las leyes internacionales y de los organismos internacionales que legalizan e internacionalizan derechos más allá de los Estados-Nación. La internacionalización y legalización de derechos en el Nuevo Orden facilita el movimiento y las relaciones inter-estatales al interior de este orden. Cambia así el significado y el lugar de los derechos civiles y políticos.


Los derechos civiles y políticos en el Nuevo Orden Mundial. Los académicos críticos describen los derechos en términos evolucionarios como derechos de primera, segunda y tercera generación. Los derechos de primera generación son aquellos asociados con la carta de derechos fundamentales e incluye los derechos sociales y políticos. Los derechos de segunda generación son los derechos socio-económicos y los de tercera generación son los derechos colectivos y grupales, como los de los pueblos originarios.


Casi no paramos a reconsiderar cómo le está yendo hoy a los derechos de primera generación que emergieron en los siglos XVII y XVIII.


Consideremos las dos suposiciones más importantes en torno a la democracia según los entendidos de los siglos XVII y XVIII: que la democracia representativa se basa en la soberanía popular y que los gobiernos necesitan del mandato popular para gobernar. Internacionalizar estos dos derechos y extenderlos al Tercer Mundo transformó la naturaleza y el alcance de ambos derechos hasta convertirlos en su opuesto.


La democracia representativa se funda en la idea de elecciones libres y limpias, pero desde el fin de las guerras mundiales los poderes imperiales encabezados por Estados Unidos insistieron en que los Estados del Tercer Mundo debían seguir un modelo económico que le funcionaba al capitalismo financiero monopólico transnacional.


Los “campos” de la Guerra Fría se establecieron sobre el supuesto de que el llamado Mundo Libre, el mundo capitalista, era el único sistema aceptable. Tras la Guerra Fría promover la democracia fue la piedra angular de la política exterior estadounidense. Los poderes y organismos imperiales como la Fundación Nacional para la Democracia (patrocinada y administrada por el gobierno estadounidense) financió y promovió esta resurgencia de los derechos.


Uno objetivo central de la promoción de la democracia fue establecer sistemas electorales en el Tercer Mundo que obedecieran las leyes internacionales. El monitoreo internacional de las elecciones fue un elemento clave del proceso electoral en el Tercer Mundo. Naciones Unidas desarrolló unas elaboradas reglas para monitorear elecciones a nivel internacional y estableció instituciones que supervisaran el proceso. Una “industria global de elecciones” emergió proveyendo servicios electorales.


Cambridge Analytica y compañías semejantes (controvertidas por su rol en la campaña de Trump), son productos de esta industria electoral global. Hasta antes de la elección de Trump operaban sólo en el Tercer Mundo y así suponían que nadie las cuestionaría.


Desde sus inicios en 1990, 81 por ciento de las elecciones en el Tercer Mundo las monitorearon y certificaron con este régimen de monitoreo internacional electoral.
Pero qué pasa con la soberanía nacional, con los fundamentos de lo “político” democrático, cuando las elecciones las monitorean organizaciones internacionales públicas y privadas. Dónde queda el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, una consigna tan enquistada en nuestros imaginarios liberales.


El requisito de que los gobiernos cuenten con el mandato popular para gobernar presupone que la gente tenga la autoridad para revocar sus mandatos si los representantes faltan a sus obligaciones. Las democracias del siglo XVII y XVIII permitían que la gente castigara a los funcionarios públicos y a los líderes políticos de dos formas.


Primero, hacían arreglos constitucionales para que hubiera elecciones periódicas donde la gente tenía oportunidad de cambiar el gobierno. Segundo, preveían a nivel constitucional que hubiera una rendición de cuentas de los administradores y miembros del gobierno ante un aparato jurídico independiente. Las democracias, por lo menos en teoría, permitían que la gente sometiera a los funcionarios públicos y a los líderes ante la justicia si obraban mal.


La expansión del sistema de justicia penal internacional desde el final de las guerras mundiales (que culminó con el establecimiento de la Corte Penal Internacional en 2005), le arrebató autoridad a la gente para castigar a los funcionarios y los líderes políticos y la entregó a organismos internacionales controlados y administrados por poderes imperiales.


En cambio, los poderes imperiales utilizan su poder para hacer cambios de régimen; imponen sanciones económicas contra el pueblo de naciones enteras, establecen campos de tortura en bases militares por todo el mundo adonde vuelos de transporte clandestino trasladan gente del Tercer Mundo a ser torturada, en nombre de la democracia.


En el imaginario liberal de la gente, de los activistas y académicos los derechos se mantienen, fosilizados en el tiempo. Por eso los movimientos sociales deben actualizar su entendimiento y comprender los modos en que el capitalismo monopólico transnacional ha transformado el papel y el lugar de los derechos desde el fin de las guerras mundiales. El capitalismo financiero monopólico transnacional internacionalizó y legalizó los derechos de un modo que socavó seriamente los ya de por sí limitados espacios para la organización política y la movilización que tales derechos le ofrecían a la clase trabajadora en los siglos XVIII y XIX.


Un “cascarón vacío” conceptual. El concepto de derechos se usa de modo diferente en campos diversos por diversas razones. Lo invocan los movimientos sociales para lograr justicia social. Lo invocan los abogados para conseguir sus objetivos de ley según lo escrito en estatutos, disposiciones o la Constitución. Los académicos analizan derechos como concepto fundante de la moderna teoría política y social. En los movimientos sociales los derechos manifiestan sus aspiraciones. En el derecho y las instituciones, mantienen el orden y la disciplina y actúan como instrumentos de gobernanza. En la teoría política y la filosofía los derechos producen creencias ideológicas y visiones del mundo.


Los derechos juegan una variedad de roles y funciones en las sociedades modernas. Cada militancia propone ciertos supuestos de lo que son los derechos. Puesto que el lenguaje de los derechos es universal, cada militancia imagina que todo mundo entiende los derechos del mismo modo. Pero el concepto de los derechos no tiene sustancia en sí mismo. Como camaleón, los derechos asumen diferentes significados en diferentes contextos. El concepto de los derechos es como un cascarón vacío que diferentes actores pueden llenar con sus propios sentidos. Así, ocurre que los objetivos de justicia social de los movimientos se entrampan en los sentidos contrarios y los supuestos divergentes en el discurso de los derechos y eventualmente pierden el rumbo.


Los movimientos sociales y los académicos críticos arguyen con frecuencia: “nuestros derechos son mejores que los de ellos”. Tales argumentos matizados no funcionan en la práctica porque al final del día los sentidos opuestos terminan trasladados a leyes y los institucionalizan quienes controlan las instituciones.


Es esencial que los movimientos sociales y los académicos críticos tiendan conexiones históricas entre el capitalismo y los derechos, mapeen las transformaciones en el capitalismo y las transformaciones concomitantes en los derechos, y se muevan hacia sus propias metas.


Esto implica que no arrojemos la libertad y la emancipación a las ambigüedades de los derechos. Hay que ponerlas directamente en el centro del escenario donde los movimientos políticos pugnan por un cambio social.


Traducción: Ramón Vera-Herrera
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*Rhada D’Souza es catedrática en Derecho por la Universidad de Westminster, es litigante y activista por justicia social. Este trabajo es un resumen de su libro What’s wrong with rights? Social movements, law and liberal imagination (Londres, Pluto Press, 2018)

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Una triada para avanzar: sindicato, comunidad y medio ambiente

Una organización sindical con inquietudes e iniciativas en campos como la organización social territorial, el medio ambiente y la defensa del patrimonio público, clara evidencia de la renovación sindical en proceso, está representada en la Unión Sindical de trabajadores de Emcali (USE), sindicato filial de la federación Únete*. Acá un diálogo con su dirigencia.

 

En un foro realizado el pasado 18 de mayo, la Unión Sindical de trabajadores de Emcali (USE) presentó ante diversos procesos y organizaciones sociales de “la sucursal del cielo” su larga experiencia de re-configuración y su apremiante preocupación de trascender más allá de sí mismos. Experiencia y proceso social digno de ser conocido a nivel nacional. Luego de lo escuchado acordamos con Roosevelt Lugo, presidente del sindicato y el equipo de trabajo comprometido en tal labor, una entrevista, para indagar más acerca del proyecto que lideran y poder llevar a otras organizaciones sindicales y otros sectores obreros del país los aportes de esta experiencia, ejemplar para toda la lucha popular.

 

desdeabajo (da). José Roosevelt ¿Qué nos puede contar de USE?
José Roosevelt (JR). Podemos hablar de la transformación que hemos inspirado para los trabajadores desde la organización sindical. Una transformación que no olvida los principios sindicales, la defensa del trabajo, la dignidad y, por supuesto, de las empresas, especialmente porque somos un sindicato del patrimonio público de todos los colombianos y siempre hemos tenido presente defenderlo. En concreto, la transformación para nosotros se refiere a un asunto que es mucho mayor: poner en blanco y negro aquellos proyectos de los que hablamos muchas veces como sociedad pero que no logramos realizar, quizás por falta de recursos, o de avanzar, desde las organizaciones sindicales, con posiciones firmes frente al gobierno.

 

USE, desde el derecho de negociación colectiva puso un artículo, el 61 de nuestra convención, que nos permite discutir no solo de derechos laborales sino también de derechos de orden social, en este caso de orden ambiental, comprometiendo unos recursos específicos para poder trabajar temas relacionados con el medio ambiente y el agua en nuestra ciudad.

 

Entonces, el sindicato propugna hoy por una política clara frente a temas de orden colectivo –en los que todos debemos coincidir como sociedad: la defensa del agua como patrimonio de todos, la defensa del medio ambiente y el derecho que tenemos de gozar dignamente de la naturaleza de manera igualitaria y responsable. Para que así sea, concretamos una articulación a través de proyectos, y a través de una vinculación de organizaciones sociales –tanto fundaciones como alianzas con otros sindicatos–, que son ricos en planes de transformación, pero que el gobierno nacional no pone recursos a su favor.

 

da. ¿Qué logros han tenido en lo que lleva de largo esta perspectiva en la organización sindical?
JR. Quiero destacar uno, que a su vez integra otros: es el acuerdo ambiental con una organización llamada Acuacali, una especie de Ong que trabaja por el río Cali y los otros 6 ríos que atraviesan la ciudad. Ahí hay una lucha contra la minería, legal e ilegal que contaminan las fuentes hídricas, haciendo un llamado de atención frente a la provisión de agua para la ciudad de Cali y todos los corregimientos atravesados por estos ríos.

 

Para este propósito y como primer aporte, USE contribuyó para pagos por compensación ambiental en aquellos sectores donde hay que hacer encerramientos o fincas privadas, concientizando a las personas en temas de compensación ambiental, en pro de que cambien un poco sus prácticas y puedan hacer reforestación, porque esas fincas tuvieron bosques y hoy ya no los hay. Ese proyecto lo trabajamos directamente en las veredas de Pichindé, en la Leonera y en Felidia.

 

La organización sindical invirtió cerca de 70 mil dólares en esto, cosa que ninguna organización sindical en el mundo ha aportado, y a partir de ello construimos el plan denominado maestros del agua, el cual ya tuvo la fase 1 y 2, y que lo volvimos diplomado con la intervención de la Universidad del Valle –sede Tuluá–, el cual fue dictado a los campesinos de la región, así como a trabajadores afiliados a USE y otros sindicatos, quienes obtuvieron el título de maestros del agua.

 

da. Todo suena muy interesante, ¿cómo han traducido estos espacios de formación en procesos sobre el territorio?
JR. Pues el otro aspecto, después del segundo diplomado, tiene que ver con el diseño de los planes estratégicos de los acueductos comunitarios, para lo cual el sindicato contribuyó para una organización que trabaja este tema en la parte alta de los farallones de Cali, en las veredas La Reforma, La Sirena y otros sitios cercanos a la ciudad.

 

Además, con Fecoser, que es la federación que agrupa 1.800 acueductos comunitarios en el Valle del Cauca, acompañamos la elaboración de una nueva normatividad jurídica, la ley de los acueductos comunitarios que ellos han impulsado. Es una labor que nos ha parecido importante, porque hay sitios donde las empresas de acueducto no llegan, el Estado no llega y le corresponde a la misma comunidad organizarse y utilizar el río u otras fuentes de agua con que cuente su territorio, con unas prácticas distintas, que a pesar de estar reguladas todavía no tienen en Colombia una ley propia, cosa que deja a las comunidades indefensas ante agentes externos.

 

Adicional a esto, en discusiones sobre el efecto de la minería que desvía ríos y que los contamina, también tuvimos una discusión. Hace 2 años fue firmado el Pacto social por el agua, con un llamado de atención sobre la parte alta de los farallones de Cali donde habían desviado la quebrada El Socorro en función de la minería. Debo destacar el trabajo de Sintracuavalle, Sintrambiente y demás organizaciones, logrando que el Batallón de Alta Montaña se pusiera las pilas pues les hicieron presión para que tuviera un poco más de control frente al tema de la minería.

Igualmente, la USE participó en lo que se llamó el Ecofestival Rio Cali, realizando a lo largo de varios kilómetros del río actividades de limpieza, además de promoción de temas de emprendimiento comunitario y temas de desarrollo cultural.


da. Bueno, entendemos que todo esto han querido convertirlo en una política ambiental de carácter más general, que es uno de los propósitos centrales de la organización sindical, ¿de qué trata esta política?
JR. Bueno, el 18 de mayo hicimos una convocatoria con distintas comunidades para crear un comité grande, un comité técnico para volver a tomar una iniciativa que se va a llamar: El foro por el agua y que tiene un subtema que es el agua como derecho fundamental, con el cual, en lo fundamental tratamos de incidir en la política pública del agua, construir una política del agua para ser vinculada en los planes de desarrollo, bien sea municipal, departamental o, incluso, en los planes nacionales, si lo logramos.

 

Pero este proceso no solo nos llevará al Foro por el agua, sino también a un simposio internacional por sesionar el año que viene, con organizaciones internacionales, como la internacional de servicios públicos, la organización de Waterlab y Contaguas, que es una organización en la que existen 45 mil mujeres, argentinas y uruguayas, que trabajan por el tema de la protección del agua y que luchan contra el fracking. Pero hay otra intencionalidad posible, que es llamar la atención poderosamente sobre lo que está pasando para poder que haya una economía más sostenible con el medio ambiente. Estos foros tratan de concienciar y USE lo está impulsando como filial de Únete.

 

da. Algo que ustedes mencionaron al principio es la importancia de la gestión que ha hecho USE para financiar todos estos proyectos, ¿qué tal ha sido el proceso de financiación y cómo funciona?
JR. Bueno, USE realiza una inversión de 270 mil dólares –casi 800 millones de pesos–, por invertir a lo largo de los años 2018–2022; para ello motivamos la construcción de un banco de proyectos desde las comunidades, buscando en todo momento tejer una articulación a través de la financiación que podamos brindar como organización sindical, como ya expuse, a través del artículo 61 que ganamos en la negociación colectiva.

 

Por eso hablamos que este es un sindicalismo también transformador, un sindicalismo que llega no solo con el convencimiento de la gente de que aquí hay una lucha de clases y de intereses comunes, sino también con un asunto que es lógico: la necesidad de recursos para poder avanzar, recursos que la organización logró pactar a través de la negociación colectiva. Esto nos permite estar en lo que estamos; podríamos hacer cualquier otro tipo de cosas, pero hoy estamos al nivel de lo que espera la gente: que el dinero que es de todos sea visible en los proyectos comunitarios, en los proyectos urbanos y rurales que necesita específicamente la ciudad.

 

da. ¿Cómo influye esta perspectiva de transformación organizativa al interior del trabajo sindical de la empresa?
JR. Todo es parte de la política pública que estamos iniciando, pero también es parte del trabajo sindical como actuación conjunta y organizada de los trabajadores, pues en el plano sindical seguimos en la defensa del patrimonio público en las empresas municipales de Cali, empresa que como todos sabemos es prestadora de servicios públicos, de energía, acueducto y telecomunicaciones.

 

Consecuentes con ello, organizamos entre los afiliados dispuestos una mesa técnica, una mesa digamos de profesionales de alto nivel, en la que estamos trabajando por un plan estratégico y una transformación integral de la empresa, para hablar de lo público con eficacia y eficiencia, pero también para superar graves problemas que tenemos al interior. Uno de los más grandes radica en la malformación política que permite que, efectivamente, a veces la gente incorporada a la empresa no cuente con grandes calidades, sino con amigos, incorporados por favoritismos políticos, por burocracia, lo cual no contribuye a una buena gestión en las empresas públicas.

 

Y en el plano sindical, pues seguimos construyendo, no solo presentando los informes como debe ser, una rendición de cuenta a todos los afiliados, sino también un plan estratégico que nos está llevando tanto a la transformación de la misma sede sindical, la cual queremos que funcione con energías renovables, sino también en distintas comisiones, desde los trabajadores afiliados, empoderándoles para poder presentar proyectos a la empresa, hecho que es una gran transformación, pues nosotros no solo nos quedamos en la protesta, sino que pasamos a la propuesta.

 

Con esto, consideramos, vamos ganando recorrido en el debate de lo que hay que hacer más allá de la empresa, en los barrios, veredas, en la ciudad, que es lo que hay que hacer con lo púbico; es así como, finalmente, le respondemos de manera eficiente y eficaz a todos los ciudadanos, pues son trabajadores/as como nosotros, no solo en materia de la prestación de los servicios públicos, sino también como le respondemos en la satisfacción de sus necesidades, ojo sin asistencialismo, sino generando niveles de conciencia ambiental y de clase, a través de proyectos que permitan que tengamos una matriz un poco más lógica y, sobre todo, más respetuosa frente a lo que esperan también las comunidades de nosotros.

 

da. En pos de lo que están impulsando, más o menos, ¿cuántos procesos comunitarios u organizaciones inscritas tienen en este momento en su convocatoria?
JR. Hoy hay 18 organizaciones inscritas, esto seguramente se va a ampliar con la convocatoria a los presidentes de junta de acción comunal y a los comuneros, pero la idea es que podamos avanzar en un comité ampliado donde cada uno de ellos tenga participación en el diseño de los proyectos, pues son ellos los que finalmente los van a presentar y ejecutar.

 

Aquí estamos como lo dice su periódico “desde abajo”, para poder en esa línea, más allá de un banco de proyectos en la organización sindical, satisfacer efectivamente las necesidades sociales y posibilitar a mucha gente que no tiene oportunidades, que presenten los proyectos y poner esos proyectos también no solo en el medio de comunicación adecuado para articularlos, sino poder seguirlos impulsando y avanzando con ellos, proyectos de sostenibilidad con innovación. Sabemos que hay mucha gente, en la mayoría de barrios de la ciudad, que no tiene posibilidades económicas para hacerlo, pero tiene la idea y tienen el conocimiento, les falta el tema del recurso, podemos hacerlo a través de un recurso limitado, pero que definitivamente algo les aportará, y sin arrodillarse a ningún partido político. Como ya está expresado, no solo para satisfacer necesidades, también para generar una matriz de concientización colectiva.

 

Para que así sea, estamos pensando con las universidades poder articular algo que nos parece fundamental: la cátedra del agua, en la cual debemos retomar la historia, que anteriormente la sacaron del pensum, y poner esta cátedra del agua en los colegios públicos y privados para tener una incidencia en el tema de la educación, respecto a lo que representa la naturaleza y el agua en la vida de todos; lo que busca USE es la armonía en todos los niveles.

 

* Federación Unión nacional de los trabajadores del Estado, los servicios públicos y la comunidad.

 

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