MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

En un documento distribuido a todos los fiscales, Holder les solicitó que no usen recursos federales "en individuos cuyas acciones están en cumplimiento claro e inequívoco de las leyes estatales existentes relacionadas con el uso médico de la marihuana".

Los gobiernos de Alaska, California, Colorado, Hawaii, Maine, Maryland, Michigan, Montana, Nevada, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington son los estados que ya autorizan su consumo terapéutico.

Las nuevas directrices marcan un cambio de la política del ex presidente George W. Bush, que insistió en que se mantuvieran las leyes federales contra la marihuana, considerada una droga ilegal, sin tener en cuenta la normativa de cada estado sobre su uso.

El Departamento de Justicia deja claro que no se procesará a personas que cumplan con la legislación de los estados que permiten la marihuana para uso médico, pero no permitirá que se burle la ley.

"No será una prioridad usar recursos del Estado para perseguir legalmente a pacientes con serias enfermedades o sus cuidadores, si están cumpliendo con las leyes de los estados sobre la marihuana", dijo Holder.

No obstante hizo hincapié en que la policía y los fiscales continuarán trabajando para castigar a aquellos que se amparen bajo las leyes de estos estados para el uso de drogas ilegales o el tráfico de drogas.

"No vamos a tolerar a los traficantes de drogas que se escondan detrás de las leyes estatales para enmascarar actividades que son claramente ilegales", subrayó.

El documento de trece páginas fue enviado hoy a los fiscales de los 14 estados en los que está permitido el uso de la marihuana con fines médicos, así como a altos funcionarios de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y de la Agencia Antidrogas de EE.UU.

La declaración de Holder está en la línea con la política que se ha introducido con la administración del presidente, Barack Obama, para respetar las leyes aprobadas por los estados a este respecto. "No es nada sorprendente porque es la política que ha puesto en práctica el Gobierno desde el principio de esta Administración", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs.
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Jueves, 10 Septiembre 2009 06:28

Hipocresía

La palabra viene del griego y, como todos saben y la Real Academia dice, es el fingimiento de cualidades “o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan”. Es una práctica “normal” en el planeta y los años afinan cada vez más el olfato que la detecta. Voltaire opinó que “el hipócrita sonríe, el energúmeno ladra”. Claro que hay casos y casos. En todas partes se cuecen habas, pero hay lugares donde se cuecen habas solamente.

El 1º de este mes tuvo lugar un debate entre los tres candidatos a fiscal del distrito de Manhattan y dos de ellos, Cy Vance Jr. y Richard Aborn, admitieron que, además de marihuana, habían probado cocaína en su juventud (www.nydailynews.com, 2-9-09). Se ha convertido en un lugar común que parlamentarios y funcionarios estadounidenses confiesen que probaron marihuana alguna vez, pero algunos todavía vacilan en hablar de drogas más pesadas y pareciera que esto no hace mayor efecto en sus electores. Han pasado más de dos décadas desde que el juez Douglas Ginsburg, propuesto por Ronald Reagan para ocupar un sillón en la Corte Suprema, tuvo que retirar su candidatura porque una periodista reveló que había fumado marihuana en los ’60 y los ’70 “en algunas ocasiones”.

Tom Newman, director de comunicaciones de Drug Policy Alliance, institución que brega por “políticas nuevas en materia de drogas, basadas en la ciencia, la compasión, la salud y los derechos humanos”, denuncia un acto de hipocresía particular. El alcalde de Nueva York y opulento millonario, Michael Bloomberg, no sólo se dedica a borrar estupendas pinturas espontáneas de las paredes de la ciudad con camiones tanques que las rocían con un disolvente especial: declaró alguna vez que había fumado marihuana y aun que la había gozado, pero en el 2008 eran 40.000 los neoyorquinos presos por posesión de pequeñas cantidades del cannabis. (www.alternet.org, 7-9-09). Hay, desde luego, hipocresías más inusitadas todavía.

La semana pasada, el secretario de Defensa de EE.UU., Robert Gates, condenó de “la manera más enérgica” a la agencia Associated Press por dar a conocer la foto de un marine mortalmente herido en Afganistán (blog.taragana.com, 4-9-09). La foto muestra al cabo Joshua M. Bernard, 21 años, caído en una emboscada que los talibán tendieron en la provincia sureña de Helmand. Fue tomada por Julie Jacobson, que cumple su función periodística acompañando a los efectivos estadounidenses, y Gates se muestra muy indignado en la carta que dirigió a Thomas Curley, presidente de la AP.

“No alcanzo a imaginar –escribe, comprensivo, Gates– el dolor y el sufrimiento que la muerte del cabo Bernard ha causado a su familia.” Esta, según él, le había pedido que impidiera la difusión del documento gráfico. “Su falta de compasión y de sentido común (los de AP), al poner la imagen de su hijo agredido y exánime (Bernard) en la primera plana de muchos periódicos estadounidenses, causa consternación.” Y agrega: “No se trata de la ley, la política o el derecho constitucional, es una cuestión de juicio y de decencia común y corriente”. Vaya. Esta sí que es una hipocresía mayúscula. Si la foto de Bernard no hubiera aparecido en los diarios, para Gates sería un número más en la estadística de los miles de estadounidenses muertos en Irak y Afganistán.

La tierna indignación de Gates no abarca a las familias de los 52.000 militares norteamericano que combaten en Afganistán y menos, claro, a los 68.000 “contratados” –es decir, mercenarios– que llevan el número de las fuerzas armadas de EE.UU. a una cifra superior a las que instaló la ex URSS en nueve años de guerra. Y se espera que Obama envíe aún más tropas, lo que tampoco le importa mucho al jefe del Pentágono, más bien al contrario. Las bajas norteamericanas aumentan en Afganistán de mes en mes y, paralelamente, crece de mes en mes el rechazo a esa guerra de la opinión pública de EE.UU.

Una reciente encuesta de CBS muestra que el 48 por ciento de los entrevistados aprueba “la nueva estrategia” de Obama en Afganistán; en abril ese guarismo fue del 56 por ciento. El 52 por ciento opina que a EE.UU. le va mal en Afganistán, contra el 37 por ciento que estima lo contrario. Y lo más significativo: el 41 por ciento expresa la voluntad de que las tropas empiecen a regresar a casa, un rápido ascenso en comparación con el 33 por ciento en abril y el 24 por ciento en febrero de este año. La proporción de quienes están de acuerdo con enviar más tropas bajó del 39 por ciento en abril al 25 por ciento ahora (www.cbsnews.com, 1-9-09). Los jefes militares de EE.UU. y de la OTAN en el terreno quieren más contingentes para fin de año.

Gates protesta por la publicación de la foto de Bernard, pero la matanza de civiles afganos lo deja indiferente. No alcanza a imaginar el dolor y el sufrimiento de sus familias. Para eso le bastaría un poco de juicio, sentido común, compasión y decencia común y corriente.

Por Juan Gelman
 

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Washington, 24 de junio. El mercado mundial de la cocaína, con un descenso asombroso de su producción en países como Colombia, está sufriendo cambios de magnitud sísmica que, entre otros efectos, causa el horrible recrudecimiento de la violencia en naciones como México, según el Informe Mundial sobre las Drogas, de la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicado hoy.
 
El mercado mundial de la cocaína, que mueve 50 mil millones de dólares, está sufriendo cambios de magnitud sísmica, sostuvo el director de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), Antonio María Costa, en declaraciones que acompañaron la presentación hoy aquí del informe correspondiente a 2009.
 
Han disminuido los niveles de pureza y el número de incautaciones en los principales países consumidores, lo que ha aumentado los precios y ha hecho que fluctúen las pautas de consumo, añadió. Esta situación podría explicar el horrible recrudecimiento de la violencia en países como México, dijo.
 
El jefe de la UNODC también llamó a monitorear la situación en América Central, donde, advirtió, “los cárteles están luchando por un mercado que cada vez se hace más pequeño”.
 
De acuerdo con el reporte, Colombia, el país que produce la mitad de la cocaína a escala mundial, vio bajar 18 por ciento el cultivo de coca durante 2008, lo que supone un asombroso descenso de 28 por ciento en relación con el año anterior.
 
Con 845 toneladas, la producción mundial de coca se encuentra en el punto más bajo de los últimos cinco años, agrega el informe. Sin embargo, señala que su cultivo ha aumentado en Perú y Bolivia.
 
De acuerdo con la UNODC, más de 99 por ciento de los laboratorios de procesamiento de dicho enervante están ubicados en los tres grandes productores: Colombia, Perú y Bolivia.

Incautaciones en 2007

En 2007, la mayoría de las incautaciones de cocaína en el mundo tuvieron lugar en América (88 por ciento), seguida de Europa (11 por ciento). Concretamente, América del Sur fue responsable de 45 por ciento del total de decomisos y, dentro de esta región, más de 60 por ciento se hizo en Colombia.
 
Sin embargo, el reporte advierte sobre el incremento de incautaciones (de 10 toneladas en 2000 a 38 en 2007) en naciones del cono sur, lo que indica el creciente aumento de la importancia de esos países para el tráfico de cocaína.
 
El organismo de la ONU destaca asimismo que la tendencia del consumo de cocaína en Sudamérica contrasta negativamente con la de las otras grandes regiones consumidoras.
 
Si bien en Norteamérica el consumo de esta droga disminuyó y en Europa se estabilizó, en la región sudamericana todavía parece estar en crecimiento; Dentro de esta última zona, la tasa más alta de prevalencia es Argentina, que pasó de 1.9 por ciento en 1999 a 2.6 por ciento en 2006-2007 entre la población de 12 a 65 años, lo que la hace el segundo mercado de cocaína de Sudamérica en números absolutos, por detrás de Brasil.
 
América Latina también fue a contracorriente en los últimos años en materia de consumo de cannabis (mariguana), ya que, mientras que en Norteamérica la tendencia es a la baja, la otra mitad del hemisferio reportó un aumento, especialmente en 2007.
 
Sobre la producción y el consumo de heroína, señala que tiende a reducirse a escala internacional, mientras el éxtasis y las drogas sintéticas proliferan en los países en vías de desarrollo.
 
“Los mercados mundiales de cocaína, opiáceos y cannabis están estabilizados o en declive, pero se teme un alza de la producción y de la utilización de drogas sintéticas en los países en desarrollo”, señala la UNODC, cuya sede está en Viena. En lo relativo a la cannabis, el estupefaciente más consumido en el mundo, la producción y el consumo se estabilizaron, pero crece la concentración de THC, su sustancia activa.
 
En tanto, el cultivo de opio cayó el año pasado al nivel de 2006, gracias a un retroceso de 19 por ciento de las superficies sembradas en Afganistán, país que produce 93 por ciento del total mundial, lo que se tradujo, a causa de un aumento del rendimiento, en una baja de 6 por ciento de la producción, la cual fue de 7.7 millones de toneladas.
 
Pero lo más preocupante, señala el informe, es que la elaboración de drogas sintéticas entró en un nivel industrial en la región del Mekong, en el sureste asiático, de cuyos laboratorios salen “cantidades masivas de metanfetaminas, cristal meth y otras sustancias como la ketamina”.
 
La agencia calcula en 41 por ciento el volumen de cocaína decomisada en el mundo, contra 19 por ciento de opiáceos. A la cabeza se sitúa Irán, importante país de tránsito, con 84 por ciento de incautaciones de opio y 28 por ciento de heroína, en 2007, según las últimas cifras publicadas por la UNODC.
 
Al reconocer que la acentuación de la represión del mercado de la droga ha generado un mercado ilícito de amplitud macroeconómica que recurre a la violencia y alimenta la corrupción, Antonio María Costa se manifestó contra toda legalización de estas sustancias, considerando que sería un error histórico. Las drogas representan un peligro para la salud. Por ese motivo, están y deben seguir estando prohibidas, subrayó. Agregó que hay que luchar en primer lugar contra los narcotraficantes, no contra los consumidores.
 
Las personas que consumen droga necesitan ayuda médica, no tratamiento penal, declaró Antonio María Costa, quien precisó que la encarcelación de los toxicómanos representa, para la policía un derroche de dinero, en detrimento de la lucha contra los traficantes.

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Miércoles, 11 Febrero 2009 21:40

Romper el tabú de las drogas

Los ex presidentes de Brasil, Fernando Henrique Cardoso; México, Ernesto Zedillo, y Colombia, César Gaviria, pidieron ayer en Río de Janeiro la despenalización de la marihuana para uso personal, al mismo tiempo que han abogado por un "cambio de estrategia" en la lucha contra las drogas.

La intervención de los tres ex presidentes tuvo lugar durante la reunión, en calidad de líderes, de la tercera y última sesión de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, integrada por personalidades de 17 países, entre las que se encuentran los escritores Enrique Krauze y Mario Vargas Llosa, y creada por los tres ex mandatarios. Todos ellos insistieron en la necesidad de acabar con los prejuicios y los miedos que siempre rodean el problema del combate a las drogas sin llegar nunca a tomas de posición concretas y eficaces.

El documento final, firmado por todos los participantes, pide que se rompa el silencio sobre las drogas, que se acabe con el tabú y que se abra un debate en todo el mundo. "La violencia y el crimen organizado asociados al tráfico de drogas constituyen uno de los problemas más graves de América Latina" y "frente a una situación que se deteriora cada día con altísimos costos humanos y sociales, es imperativo rectificar las estrategias de la guerra a las drogas, aplicadas en la región durante los últimos 30 años", afirma el texto.

Convencidos de que la despenalización del uso personal de la marihuana sólo podrá ser realizada con eficacia a nivel mundial, los ex presidentes Cardoso, Gaviria y Zedillo se van a dirigir no sólo a los responsables de sus respectivos países, sino también a todos los Gobiernos de América Latina, así como en EE UU y la Unión Europea.

"América Latina sufre con el problema y tiene el derecho a exigir a los Estados Unidos responsabilidad", dijo a este diario Miguel Darcy, asesor de asuntos internacionales de la Fundación Henrique Cardoso, presente en la reunión.

Campaña de información

La comisión ha trabajado durante un año entero, recogiendo material sobre el asunto de la despenalización de la marihuana por toda América Latina y el resultado es que todo lo que se ha hecho para combatir la droga ha sido "ineficaz y negativo", con un balance de muertos y de ingentes gastos de dinero sin que nada haya cambiado.

El ex presidente brasileño, el sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que tanta importancia tuvo durante sus ocho años al frente del país en la modernización y democratización de Brasil, destacó que él y sus colegas habían pedido sólo la despenalización del uso de marihuana porque haber extendido la petición a las llamadas drogas duras habría sido además de poco realista muy poco eficaz.

Según Cardoso, se trata de llevar a cabo, junto con la despenalización de la marihuana, una campaña de información sin engañar, con un lenguaje claro y hasta chocante, si es necesario. Puso el ejemplo de cómo Brasil ha tratado el problema del sida, que a muchos escandalizó, pero que ha acabado produciendo resultados enormes. La despenalización de la tenencia de marihuana, como es el caso de España, debería llevarse a cabo junto con una fuerte campaña de disuasión a su uso como se hace con el tabaco, por ejemplo.

Colaboración con Obama

El ex presidente Gaviria recordó que en algunos Estados de Estados Unidos, como California, se ha comenzado a cambiar la política en cuanto a la tolerancia de la marihuana para fines terapéuticos, y en Washington existe un cierto consenso de que la política llevada a cabo hasta ahora sobre el combate a las drogas "ha fracasado rotundamente".

La comisión ha demostrado la esperanza de que el actual Gobierno estadounidense, bajo la batuta del presidente Barack Obama -tan cercano a las ansias de los jóvenes y que ya había tenido experiencias con la marihuana cuando era aún estudiante-, puede ayudar a replantear de forma nueva, creativa y realística, todo el tema de las drogas.

Sólo después de haber despenalizado el uso personal de la droga, pasando del miedo a la información verídica, sin convertir el tema en simple represión y cárcel, se podrá ser severos con la corrupción, la violencia engendrada por el tráfico de drogas, cada vez más alarmante, y contra los traficantes internacionales, insistió la Comisión.

JUAN ARIAS - Río de Janeiro - 12/02/2009
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Domingo, 16 Noviembre 2008 11:15

Cáñamo Now

Pero a diferencia de lo que sucede acá, en Estados Unidos la discusión no se limita a los aspectos médicos y criminalísticos que giran alrededor de la planta de marihuana, también llamada cáñamo.

Allá, en los últimos meses, el debate ha sido impulsado por aspectos económicos de candente actualidad, como la crisis de la industria automotriz, la caída en el precio de los commodities, los problemas de las economías regionales, la producción de energía alternativa y las relaciones comerciales con los países vecinos.

Todos esos temas atraviesan un juicio iniciado en junio del año pasado por dos granjeros en el estado de Dakota del Norte, que se ha convertido en un caso testigo para los defensores de la planta en Estados Unidos.

Los demandantes Wayne Hauge y Dave Monson no son dos hippies, sino más bien lo contrario. Monson, además de granjero, es un representante estadual por el Partido Republicano y vicepresidente de la legislatura de Dakota del Norte.

Los granjeros cuentan con el apoyo del gobernador republicano John Hoeven. También de la legislatura de Dakota del Norte, que en 1999 aprobó una ley que autoriza la plantación de cáñamo. Cuentan además con el aval del Departamento de Agricultura del estado, que en el 2006 completó su proceso para otorgar licencias, y a principios del año pasado extendió las primeras dos a los granjeros en cuestión.

También los apoya, o más bien los patrocina, Vote Cáñamo (Vote Hemp), un grupo de lobby en Washington D.C., que lleva gastados más de cien mil dólares en este caso.

El juicio es contra la DEA, la agencia federal antinarcóticos, que no reconoce las licencias y prohíbe terminantemente la plantación de cáñamo en todo el territorio norteamericano.

La semana pasada, tres días después de la noticia del pasaje de las distintas iniciativas pro marihuana, los granjeros ofrecieron una conferencia de prensa en el estudio de sus abogados en Bismark, la capital de Dakota del Norte. Como buenos republicanos, lo hicieron de riguroso traje y con una biblioteca jurídica como telón de fondo (foto). “Yo nunca fumé marihuana ni pienso hacerlo –dijo el granjero Hauge–. Yo quiero sembrarla por razones estrictamente económicas.”

A su turno, Monson dijo que el cáñamo es la cosecha ideal para rotar con el trigo y la avena que cosecha en su granja. Señaló que granjeros canadienses localizados a sólo 30 kilómetros de su propiedad están haciendo un gran negocio con la venta de fibras de cáñamo a las automotrices de Detroit, que las usan en los paneles de las puertas y como aislamiento en los asientos.

Y explicó que la variedad de cáñamo aprobada por el Departamento de Agricultura de Dakota del Norte no sirve para drogarse porque no contiene suficiente concentración de THC, la sustancia que produce el efecto narcótico. “El cáñamo (industrial) no tiene valor como droga”, apuntó el granjero.

El cáñamo sirve para fabricar una gran variedad de productos que se comercializan en Estados Unidos, desde sogas y telas hasta jabones y perfumes. La importación de semillas, aceites y fibras de cáñamo es legal, pero no así la producción de la planta.

Para la DEA, cualquier cultivo de cáñamo en suelo estadounidense es problemático. “El nivel de THC no importa. Si tiene THC, es ilegal”, dijo Garrison Courtney, vocero de la agencia, refiriéndose a la planta.

Sin embargo, los abogados de los granjeros aseguran que con el mismo criterio habría que prohibir las semillas de amapola que se utilizan en Estados Unidos para decorar pan, ya que contienen dosis ínfimas e imperceptibles para el organismo de opio, otra droga prohibida por la DEA. Los abogados también dijeron que el Departamento de Agricultura está en condiciones de monitorear las plantas de cáñamo para asegurarse de que no alcancen un límite de THC que sirva para la producción de droga.

Miles de negocios en Estados Unidos ya dependen de la importación de cáñamo y los expertos predicen un crecimiento mucho mayor si se legaliza la producción. “Yo creo que el mercado tiene un potencial explosivo”, dijo David Bronner, presidente de la firma Jabones Mágicos Bronner (Bronner’s Magic Soaps), de Escondido California. Citado en el periódico USA Today, el empresario dijo que gasta más de cien mil dólares por año en cáñamo canadiense para sus jabones, lociones y bálsamos.

Pero para usar cáñamo estadounidense, Bronner tendrá que esperar. En noviembre del año pasado una corte de Dakota del Norte falló en primera instancia en favor de la DEA. Los granjeros apelaron. La conferencia de prensa de la semana pasada fue para anunciar que habían presentado sus argumentos ante la Corte de Apelaciones.

“El juez no tendría que haber tomado una decisión sin escuchar testimonios sobre la diferencia entre el cáñamo industrial y la marihuana común –dijo Tim Pruden, el abogado de los granjeros–. Esperamos un fallo que diga que el cáñamo industrial no está sujeto a regulación de la DEA y que los granjeros pueden plantarlo sin ser acusados de un crimen.”

Claro que detrás del argumento jurídico aparece un razonamiento económico y por detrás, un planteo político. Por eso el abogado Purdon apeló al chauvinismo latente que siempre se manifiesta en tiempos de recesión.

“Es muy frustrante para nuestros granjeros mirar del otro lado de la frontera y ver cómo los granjeros canadienses producen cáñamo y viven de él”, se lamentó.

En las últimas semanas la caída en el precio del trigo ha castigado con particular dureza a los granjeros de Dakota del Norte, que por razones climáticas no tienen muchas opciones de cultivos.

La crisis también ha golpeado a las automotrices, que han sufrido pérdidas multimillonarias este año y que reducirían sus costos si pudieran abastecerse de cáñamo producido localmente. Pero hay más.

El paquete de reactivación que impulsa el presidente electo Barack Obama se basa en subsidios para el desarrollo de biocombustibles. El cáñamo es una fuente potencial de biocombustible. Al ser una especie muy adaptable puede plantarse en todo el país, aun en tierras agotadas o no aptas para otros cultivos. A diferencia del biocombustible en base a maíz que hoy se produce en Estados Unidos, el de cáñamo no afectaría la producción de alimentos.

Pero la versatilidad de la planta termina siendo el mayor obstáculo para su introducción masiva en el mercado norteamericano. En la industria médica, la droga THC no tiene sustituto como inductor de apetito para pacientes de cáncer. Las pastillas de THC que se venden en las farmacias se obtienen de plantaciones manejadas por el Departamento de Salud. El THC tiene otros usos medicinales, como bronquiodilatador e inhibidor de presión ocular, pero no ha sido aprobado para esos usos porque hay drogas alternativas que comercializan los grandes laboratorios.

Por su parte, el cáñamo industrial podría abastecer de materia prima local a varias industrias, no sólo la cosmética, la automotriz o la de biocombustibles.

Las prendas de cáñamo representan una amenaza para la industria del algodón, principal fuente de trabajo en las zonas rurales de Georgia y Alabama, acaso las más pobres del país. El cáñamo legal sería también un competidor durísimo para la industria maderera en la producción de papel y materiales de embalaje, ya que la planta crece rápido y no necesita tanto cuidado.

Pero la producción de materias primas es el eslabón más vulnerable en la cadena de valor, y por eso sus empresarios cuentan con fuertes protecciones y un gran poder de lobby a nivel federal.

Hasta ahora esos lobbies han tenido éxito suprimiendo el debate económico y han prevalecido los argumentos en favor del prohibicionismo, que apelan a la moral puritana de la ética protestante, pilar fundacional de la cultura estadounidense.

Pero los efectos del crac financiero, unidos a los aires de renovación que trajo Obama al movimiento de derechos civiles, amenazan con alterar esa ecuación. Las iniciativas aprobadas el 4 de noviembre son señales.

Las crisis siempre representan una oportunidad. Los granjeros republicanos de Dakota del Norte ya se dieron cuenta.

Santiago O'Donnell

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El Informe de la Comisión Global de Política de Drogas no busca cambiar las Convenciones de Naciones Unidas sino abrir un debate sobre la conveniencia de seguir manteniendo los supuestos conceptuales y ciertas políticas que se derivan de sus soportes teóricos. No tiene el Informe una pretensión maximalista y reúne tanto principios como recomendaciones que se mueven en un escenario pragmático de cambios razonables. Es evidente que hay temas no abordados en profundidad, sobre todo los relacionados con la producción de materia prima para su procesamiento, el tráfico, las violencias que se asocian a este y muchos otros elementos que intervienen en el agravamiento de los problemas relacionados con las drogas ilegales.



En general, toda la presentación de la Comisión busca establecer un marco para un debate global, tal como lo indica ahora su alcance, el cual ha dejado de ser ya una iniciativa de ex presidentes latinoamericanos para pasar a ser un grupo ad hoc, si se permite el término, de una sociedad civil global que no está de acuerdo con lo que se ha denominado “la guerra contra las drogas”.
 
No obstante lo anterior, el ejercicio que se propone es eminentemente analítico, es decir, abstrae un ámbito como es la economía ilegal de las drogas y las políticas que se han creado para su persecución. O sea que no aborda la complejidad del fenómeno puesto en la realidad, y es éste tal vez el principal factor limitante en la iniciativa que busca un “trazado de la cancha” para el debate. El problema en esta fase de ubicación del problema es ese: ¿Son suficientes los supuestos desde los cuales se establece el marco del debate sobre las drogas? Seguramente, no.
 
Veamos algunos puntos que limitan su alcance:
 
1.Se necesita establecer el grado de responsabilidad del marco global prohibicionista en relación con el agravamiento de muchas situaciones asociadas o relacionadas con las drogas, no como abstracción sino en su compleja composición real.
 
En el mundo real, las drogas y las políticas antidrogas se interrelacionan con una muy compleja gama de situaciones económicas, políticas, socioculturales y de conflictos internos cuya configuración no se puede reducir a una monocausalidad: la prohibición. Generalmente, las corrientes proclives a la legalización como respuesta central parten de ese supuesto: un sinnúmero de situaciones de violencia, corrupción, criminalidad, etcétera, se explican por la prohibición o se derivan fundamentalmente de ella. Esto se afirma generalmente como supuesto pero se entrega muy poca evidencia empírica.
 
Lo paradójico es que este mismo argumento les resulta útil a los prohibicionistas militantes: las drogas son la fuente de todos los males: violencia, corrupción, criminalidad, deforestación, contaminación, etcétera, y justamente por eso hay que prohibirlas. De modo que, si se cede en ese punto, lo que le espera a la humanidad es la hecatombe. Una metodología para encontrar un principio de solución a esa polarización es el análisis a fondo de casos nacionales, contexto en el cuál se pudiera intentar establecer cuánto incide la prohibición en el agravamiento de esas situaciones. Y no se trataría de dar ejemplos como soporte porque, del otro lado, igual se esgrimirían contraejemplos sin que el asunto de fondo se pueda resolver.
 
A ello hay que agregarle la compleja trama de situaciones referidas a cada nivel del circuito de drogas. Hay países típicos que condensan todo el encadenamiento “aunque de modo diferenciado” y que viven complejas situaciones cuyo desvelamiento sería un aporte a la discusión global sobre drogas y políticas antidrogas. Por citar sólo algunos: México, Colombia, Afganistán, Birmania, Estados Unidos, a pesar de que en éste no se libra una guerra como en los otros cuatro, donde se produce, se procesa, se trafica, se consume y se lavan recursos de la economía ilegal. Una de las limitaciones del Informe de la Comisión Global de Política de Drogas es justamente su sesgo hacia el ámbito del consumo, lo que limita los alcances de su pretensión: un debate global sobre la vigencia de la guerra contra las drogas. En forma dominante, el Informe carece de una mirada compleja desde los países del Sur.
 
La articulación de las drogas con situaciones de conflicto interno son escenarios ideales para observar la responsabilidad de la prohibición o de las drogas ilegales como tales, en su configuración problemática. De ahí la importancia de países como Colombia en ese debate. Pero tal perspectiva de tratamiento representa un reto político que difícilmente algunos miembros de la Comisión Global están dispuestos a asumir. Lo ponemos como un segundo problema no abordado en el Informe:
 
2.Las políticas antidroga han sido utilizadas como enfoque a través del cual se afiance una estrategia de seguridad global, que permita la prolongación de controles geopolíticos de orden regional. Igualmente, la estrategia de seguridad bajo una justificación antidrogas afianza poderes políticos de corte guerrerista y que violan derechos humanos.
 
Aquí se observa un punto crítico sobre el balance de responsabilidad entre el régimen prohibicionista y la vigencia de modelos militarizados de control social. Este impase se ve con claridad en situaciones nacionales críticas. Para dar unos pocos ejemplos: ¿Obedece el grave problema de seguridad y de violaciones a derechos humanos que enfrenta hoy México –en el fondo– a la ilegitimidad con que llega el gobierno de Felipe Calderón y que usó literalmente la guerra contra antidrogas para afianzarse en el poder o es un resultado de la implementación consecuente de la estrategia antinarcóticos? El primer argumento es sostenido entre otras personalidades por el ex canciller Jorge Castañeda y el opuesto por el gobierno de Estados Unidos.
 
Un segundo ejemplo es el diagnóstico que se hace hoy sobre el carácter transatlántico de la economía ilegal de la cocaína y que compromete al África, vía a través de la cual se busca extender un proceso de control militarizado cuyo perfil ya anuncia Washington. Un tercer ejemplo es la reiterada búsqueda de una estrategia militarizada de control de todo Centro América bajo el argumento ficticio de que las maras constituyen el corazón de la amenaza a la seguridad regional, mientras, de otro lado, el gran tráfico se maneja desde altas instancias estatales como Guatemala, Honduras e incluso, se denuncia, Nicaragua. Vale señalar cómo Washington concilia con el gran crimen organizado y que se maneja desde varios Estados, como en el caso de Guatemala, a cambio de acuerdos que flexibilizan aún más su intervención en zonas que son importantes para el control de la seguridad regional.
 
En estos pocos ejemplos, surge la pregunta: ¿Cuál es la responsabilidad del régimen antidrogas y cuál la de gobiernos que lo instrumentalizan para afianzar otras agendas, consideradas mucho más importantes? De esa intervención se deriva un sinnúmero de consecuencias con muy altos costos sociales, económicos, de gobernabilidad, en derechos humanos, etcétera.
 
Según lo anterior, ¿acabará un cambio del régimen antidrogas con tan graves situaciones de violencia o simplemente debilitará uno de los mecanismos políticos que legitiman situaciones graves de inseguridad regional pero sin que disminuyan la militarización y el agravamiento de los conflictos, etcétera? Así, ¿qué nivel de responsabilidad tiene el actual régimen antidrogas en situaciones tan entreveradas con una gama de intereses de diverso origen y pretensión?
 
3.El escenario previsible en el mediano plazo es un cambio en el régimen de control de la marihuana. ¿Qué sucederá con la cocaína y la heroína? Y, en este sentido, ¿cómo puede jugar, anticipándose, Colombia en ese escenario?
 
La argumentación de la Comisión Global es sólida en la búsqueda de un cambio de las políticas sobre el cannabis. Se pueden prever diversos escenarios en relación con ese cambio, favorecido por la existencia de un movimiento social y político de carácter global alrededor del cannabis, el incremento de la investigación de punta sobre sus usos medicinales, la existencia de regímenes de control permisivo en 13 estados de Estados Unidos y de una invaluable masa crítica en la experiencia de descriminalización de los Países Bajos, su ubicación en los estándares de peligrosidad frente a las demás drogas, desarrolladas por expertos independientes, etcétera.
 
Una aceptación del cambio de régimen, para el caso de la marihuana, por parte de las Convenciones Internacionales sobre Drogas, puede generar un efecto de estigma y radicalización mayores contra la heroína y la cocaína, consideradas en el tope más elevado de peligrosidad. Ello no haría cambiar un ápice la guerra contra el cultivo, el procesamiento, el tráfico y eventualmente el uso. No obstante, el uso problemático de heroína se ve mejor blindado ante la criminalización de los usuarios, dada la fortaleza de la investigación existente. Prácticamente, lo que se conoce como “reducción de daños” gira alrededor de la heroína casi en exclusiva. Pero ¿qué sucede con la cocaína? Los primeros intentos de extender la “reducción de daños” sobre la cocaína son bastante precarios y no tienen todavía, que se sepa, un sólido soporte científico.
 
Colombia, que debiera ser una potencia en investigación sobre coca y cocaína, carece de conocimiento de punta sobre estas sustancias. Lo único que tiene para mostrar es, por un lado, el viejo recetario de la guerra contra las drogas: fumigación, extradición, incautación, criminalización de usuarios, etcétera; pero también la permisividad en el uso de los dineros del narcotráfico para afianzar una guerra contrainsurgente, una descomunal contrarreforma agraria a través de la cual se lavaron miles de millones de dólares; unas estructuras de corte mafioso, consolidadas regionalmente y que se aprestan a enfrentar el primer intento de reversión de uno de sus mecanismos de poder: la concentración de la tierra. Se trata de una permisividad del Estado al narcotráfico en el control de los bienes incautados a ellos mismos, entre muchos otros.
 
Bajo estas consideraciones, el análisis de casos nacionales da una información rica en cuanto al proceso real de las drogas ilegales y las políticas supuestamente elaboradas para combatirlas. Pero, de nuevo, la pregunta: ¿Existe el espacio político para poner en la agenda temas y experiencias que contrasten a fondo con la vigencia del actual régimen antidrogas y la responsabilidad de poderes políticos que han hecho un uso en diversas direcciones, tanto de las drogas ilegales como de las políticas, para afianzar agendas que van mucho más allá de la prohibición? ¿No enriquecerá mucho más este debate, puesto desde esta orilla?
 
Publicado enEdición 170
El “combate contra las drogas” no deja hasta ahora más que un reguero de muertos, sociedades militarizadas, y el fetiche del dinero –corrupción– ensalzado y adorado. Las críticas y los cuestionamientos ante este modelo ganan espacio: tres ex presidentes latinoamericanos insistieron en febrero pasado en un cambio de paradigma. Las premisas de una alternativa a la política prohibicionista se están diseñando cada vez más en el nivel internacional.

En Colombia y buena parte de la región andina del continente, las drogas alucinógenas, en particular la marihuana y la coca, han sido asociadas al crimen. Tal visión implica que en nuestros países, bajo presión externa, se gaste una inmensa cantidad de recursos para perseguirlas y ‘castigar' no sólo a quienes las producen sino también a quienes las consumen.

Como se sabe, los resultados de tal persecución son cuestionables, lo que nos obliga a interrogarnos e ir más allá de lo evidente. Preguntarnos, por ejemplo: ¿Han tenido siempre las drogas igual connotación? ¿Cómo han sido vistos los consumidores?

Una primera revisión del tema, por ejemplo desde una óptica culturalista, nos muestra que nuestras sociedades se han construido sobre principios moralistas y religiosos que impusieron una visión maniquea de las conductas por seguir. Lo que llamamos droga y que hoy día ha adquirido un sentido peyorativo era un término general para designar a las plantas secas1 de uso medicinal. Antes del siglo XX, la droga circulaba libremente y se utilizaba en muchas culturas y rituales tradicionales, pero también como remedio, alimento o producto recreativo.
 
En los comienzos del siglo XX se empezaron a fomentar un pensamiento y unas estrategias prohibicionistas, estimuladas y presionadas por los Estados Unidos. Sobre el principio de proteger la salud de los ciudadanos, se diseñaron estrategias y se crearon leyes, convirtiendo en marginados a los consumidores.

Antecedentes y realidades


El organismo que encabezó el movimiento prohibicionista y fiscalizó las drogas fue la Sociedad de las Naciones (antecedente inmediato de las Naciones Unidas, ONU) a partir de 1921, a través de varias convenciones internacionales, la última en vigor desde 1988.

Hasta el día de hoy, la prohibición, animada por un sentimiento de miedo frente al consumo de drogas, fue la posición dominante, aceptada casi que uniformemente, tanto en lo particular (país por país) como en el nivel internacional, política dominante y con dignas excepciones, como es el caso de Holanda, donde el tema ha sido cogido por la cabeza: un asunto de salud pública regulado en su consumo por el Estado.

El leitmotiv del modelo dominante: hay que erradicar el consumo de droga mediante la represión e interviniendo al mismo tiempo la libertad individual, bajo el supuesto del interés general.

Con esta drástica política al mando, sin éxito ante su pretensión de bajar la producción y el consumo de drogas, se generaron externalidades negativas que gangrenan a la sociedad contemporánea. El desarrollo sin precedentes de mafias que manejan más de 500.000 millones de dólares2 ubica la economía de la droga en segundo lugar en el mundo, después de las armas. Prohibir las drogas tuvo como consecuencia automática la elevación de su precio, ya que, por ser ilícita, los traficantes cobran una prima de riesgo, generando así ganancias tan monstruosas que ni siquiera el encarcelamiento produce disuasión. El diplomático e investigador francés Pierre Charasse3 establece sobre el particular diferentes efectos generados por la política prohibicionista, según se trate de países productores, consumidores o de tránsito.

En los países productores, el doctor Charasse insiste sobre la situación muy complicada de los campesinos que se ven obligados a cosechar marihuana, coca y amapola. “En los países productores, la prohibición pone ‘al margen de la ley' a millones de campesinos pobres que se dedican a la agricultura ‘ilícita' porque es la única que les asegura un salario mínimo vital […] Son las primeras víctimas de su actividad por ser tratados como criminales (y de a acuerdo a la ley lo son), por ser sometidos a la represión de las autoridades, a graves violaciones de Derechos Humanos, así como a la tiranía del narco”.

En los países consumidores, el problema de la droga no tiene punto de comparación con el de los países productores. “El problema –sigue Pierre Charasse– es social, en que lo fundamental debieran ser las políticas de salud pública, como la toma a cargo de la sociedad de los toxicómanos, la implantación de centros de rehabilitación y de ayuda […]”. Marginalización y precariedad son las consecuencias de la política prohibicionista.

En los países de tránsito, como los de Asia Central o como Rusia, señala que “los efectos de la prohibición son desoladores: violencia, corrupción, y toxicomanía”. Narcoestados, economías infladas por el poder del dinero sucio, políticos corruptos que hacen primar sus intereses particulares sobre los del conjunto social, hacinamiento en las cárceles y presupuestos asombrosos dedicados a la puesta en práctica de la guerra contra la droga. Estos son algunos de los efectos coyunturales y estructurales de esta orientación dominante sobre las drogas.

El costo humano y social también es tremendo: conflictos armados, miles de muertos y de personas desplazadas, de campesinos obligados a sembrar las plantas de las cuales se derivan las drogas, contaminación de ríos y deforestación de lo que antes eran zonas de protección ambiental o parajes rurales sin problemáticas ambientales, etcétera. Los efectos derivados de semejantes políticas prohibicionistas ya no son para probar. Es la realidad que se vive y se sufre día a día: Afganistán y Colombia son los dos países donde se evidencian estas y otras consecuencias, fáciles de percibir, comprobar y denunciar.

Esas políticas prohibicionistas que predominan no impiden la implementación de algunos paños de agua tibia, como la puesta en marcha de iniciativas de carácter social y de salud pública que se dirigen al adicto y el consumidor, proporcionándoles ayuda, concientización e información educativa sobre los efectos negativos del consumo. No se puede despreciar el efecto positivo de tales programas, pero el problema queda intacto en sus entrañas.

Así, ante una problemática que desgarra sociedades; ante un modelo prohibicionista que propicia la muerte de miles de personas cada año, y el encarcelamiento de cientos de otro tanto, el reto para quienes dicen que se preocupan por el presente y el futuro de sus sociedades consiste en extraer lecciones de lo sucedido, sin aferrarse por más tiempo a la aplicación de lo que demostró que causa más daño que la droga misma. ¿O será que algunos Estados y grupos de personas sacan tan grandes provechos de semejante situación que se olvidan de los principios éticos y humanistas sobre los cuales debiera estar fundada nuestra vida cotidiana?

El mundo de los últimos 30 años se ha construido sobre y alrededor de este sistema prohibicionista, que ha terminado por darle cuerpo a un amplio y profundo entramado mafioso, acabando por complicarlo todo. Aparte de los traficantes, otros actores también sacan provecho del dominio de esta estrategia. Se han establecido lobbies muy poderosos, como las industrias farmacéuticas o la de las armas, así como en el nivel de los propios Estados, especialmente con Estados Unidos, que usa la guerra contra la droga para justificar su geopolítica y garantizar sus dominios. El ‘plan Colombia', la instalación de siete bases estadounidenses en el territorio colombiano, la política que se desarrolla en México, el imperio de la DEA en América del Sur, los ‘premios' y ‘castigos' para quienes les abren o cierran sus Estados a su control, son ejemplos de tales estrategias. Hay tantos intereses y en tan variados niveles, que la política oficial prohibicionista parece ser inmutable en la práctica, pero no lo es.

Gabriel García Márquez, testigo en carne propia de la realidad del caso colombiano, llamó a “poner término a la guerra interesada, perniciosa e inútil que nos han impuesto los países consumidores y afrontar el problema de la droga en el mundo como un asunto primordial de naturaleza ética y de carácter político, que sólo puede definirse por un acuerdo universal con los Estados Unidos en primera línea”.

Hacia una legalización regulada bajo una óptica de salud pública


La prohibición no alcanza una meta importante: mermar el consumo de droga. Ante esta constatación, en los cuatros puntos cardinales del planeta se elevan voces de escritores, políticos, economistas, embajadores, médicos, etcétera, que denuncian el fracaso de la política de represión contra las droga. En febrero de 2010, esta propuesta de alternativa tuvo aún más resonancia cuando los ex presidentes latinoamericanos Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia) y Ernesto Zedillo (México) pidieron la legalización de la tenencia de la marihuana para uso personal. El hecho se presentó en el marco de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia.

La legalización regulada habrá de consistir en autorizar el consumo y la venta de drogas mediante el imperio de una autoridad internacional, controlando, además, la producción y la distribución de aquella. El doctor Charasse surgiere, por su parte, “decretar una moratoria inmediata, lanzar una conferencia de revisión de los convenios, exigir la cancelación de las listas incoherentes de sustancias y plantas prohibidas, como la cannabis o la coca, que son tan naturales como la vid o el tabaco, y crecen por todas partes. Un cambio de 180 grados permitiría poner el acento sobre políticas de salud pública de prevención y reducción de riesgos con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los expertos podrían proponer medidas de acompañamiento para atenuar los efectos previsibles, económicos y financieros, de la caída de los precios y el derrumbe de la narcoeconomía”.

Las Naciones Unidas pudieran ser, según el doctor Charasse, el “foro natural” donde se abra el debate hacia un cambio de paradigma. Pero es indispensable que una legalización regulada de la droga sea compensada por políticas muy rigurosas de salud pública, para evitar un aumento del consumo, por un lado, y por el otro curar a las personas que desarrollen dependencia física. Igualmente, se deberán impulsar programas de reconversión de la producción agrícola en los países productores, dirigidos a los campesinos que viven actualmente del cultivo de plantas básicas para la producción de drogas.

Controlada en parte por los Estados, éstos pudieran establecer un fuerte impuesto al consumo, tal como se hace con el alcohol y el tabaco, y cuyos recaudos se reinviertan en programas de salud pública y de educación, encaminados a crear conciencia en la población sobre sus infortunados efectos.

De legalizarse el comercio de las drogas, ya no se encontrarán las condiciones propicias para el desarrollo de una práctica ilícita, lo que, por ende, deberá provocar la involución progresiva del tráfico de aquéllas. Ello implicará una disminución de la violencia y de las muertes relacionadas con el narcotráfico. Como consecuencia, también habrá de desaparecer la confrontación entre países productores y países consumidores.

Del lado de los consumidores, bajará el número de enfermedades inherentes al consumo, así como el número de muertos por sobredosis, ya que se contará con un producto viable y más puro. Esta reorientación de políticas y esfuerzos debiera de sentirse, en el mejor de los casos, en el desestímulo de fenómenos como la prostitución, la “trata de blancas” y la propia marginalización.

¿Qué efecto fuera previsible con esta reconversión del modelo represivo del consumo de psicoactivos? La escasez de estudios acerca de la importancia de la narcoeconomía dificulta la evaluación del impacto de la legación del consumo en la economía mundial.

Según análisis del economista Luis Jorge Garay, los países productores no fueran los más afectados, toda vez que las ganancias derivadas del negocio de drogas favorecen en su gran mayoría a los países consumidores: los excedentes del narcotráfico se van al sector financiero de los países desarrollados, donde se invierten en los mercados internos de valores, bancos, acciones, sector inmobiliario y ciertos bienes de consumo, encareciendo los precios de todos estos activos e indirectamente de otros. Se pudiera proyectar, por tanto, que la desaparición de este dinero sucio conlleve severas pérdidas en estos sectores, pero también induzca un descenso de los precios artificialmente elevados por exceso de dinero.

El caso de Colombia


Según el Monitoreo de Cultivos de Coca 2008, publicado por la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Colombia es el primer exportador de cocaína del mundo, con una producción estimada en el 51 por ciento de la producción global (430 mil toneladas). La industria de la droga cuenta también, en menor escala, con cultivos de amapola y marihuana. Pero, como se plantea en El bazar de las cifras4, hay que ser muy cauteloso con aquellos y no caer en la trampa de la manipulación de datos y diagnósticos. Si comparamos las estimaciones de la ONUDD con los presentados por la embajada de Estados Unidos en Colombia, es evidente que no coinciden.

No es una exageración decir que la situación social, económica y política de Colombia ha sido y está afectada en extremo por la industria de la droga. Su peso es de tal nivel, que hoy se habla de “narcoparaestado”, aglutinante neologismo creado a propósito para este país, y que refleja la imbricación de tres intereses, mientras los únicos actores que debieran manejar el Estado son los políticos, de quienes se espera siempre que sean representantes legítimos del pueblo.

Pero en el caso colombiano ellos no pueden presumir de legitimidad ni de actuar por el interés general. Propietarios, aliados o representantes directos de los dueños de la tierra, como de las grandes fortunas del país, tras la protección de sus inmensas fortunas e intocables poderes, terminaron ‘cruzados' con los señores de la droga, atizados a la vez por ‘extraños' intereses internacionales. Así, en un supuesto “todos con todos” y “todos contra todos”, el país vio y sufrió la multiplicación de la violencia y la profundización de poderes regionales y locales, que en el curso de pocos años se transformaron en poder nacional. Los casos de los presidentes Samper y Uribe Vélez son, cada uno con sus particularidades, expresión de esta realidad que es necesario asumir y tratar con una estrategia diferente y con otras políticas.

Ocultando su propósito sustancial, la guerra contrainsurgente, Colombia se transformó en el país prototipo del “combate contra las drogas”. Entremezclando la lucha contra las guerrillas, contra el narcotráfico y contra el consumo personal, la política aplicada en el país para combatir a una u otra ha terminado por darles prioridad a la penalización y la guerra a muerte. Con las puertas abiertas para que los Estados Unidos pongan en práctica todos sus diseños de control y dominio, y bajo la supuesta ofensiva contra las drogas, en una sola década se permitió la implementación del “plan Colombia” y el “plan patriota”, y ahora se habilitan siete bases militares para que desde ellas opere el mayor y más potente ejército del mundo. Pese a todo ello, el narcotráfico no sólo conserva sus dominios sino que además los amplía.

Esa política “antinarcóticos” tiene un inmenso costo para el país. Por ejemplo, los efectivos de sus fuerzas armadas pasaron en pocos años de 300 mil a 430 mil unidades. En 2010, el gasto militar ha crecido hasta llegar al 5,6 por ciento del PIB (sin incluir los recursos estadounidenses para el ‘plan Colombia'), mientras en 2002 alcanzaba ‘apenas' al 4,6. El resultado de la política al mando les exige una elevada erogación a los más pobres del país: desplazamientos forzados, masacres de civiles, robo de tierras, intensivas fumigaciones aéreas con químicos, contaminación de amplias áreas sembradas con productos de pan coger; multiplicación de enfermedades cutáneas y de otro tipo, sin valoración de su impacto para el futuro de la sociedad colombiana; contaminación de ríos; ocupaciones militares; erradicación de cultivos, sin distinción entre quienes siembran para su procesamiento en gran escala y las comunidades indígenas, que lo hacen para usos rituales y medicinales, y los campesinos pobres que tienen pequeñas parcelas en una economía de supervivencia.

Hasta hoy, la política antinarcóticos estuvo centrada en destruir unidades productoras de droga, pero el 7 de mayo de 2010, el director de la Policía, general Óscar Naranjo, en entrevista con El Tiempo anunció “un nuevo nivel en la lucha contra el narcotráfico”. La estrategia se concentra ahora en el microtráfico y las redes de distribución de los centros urbanos del país. En esta nueva etapa se pretende atacar a las bandas delictivas en las ciudades colombianas, con el propósito de hacer caer la venta de estupefacientes. De ser así, y conscientes de la ineficacia de una estrategia que, en vez de paliar, agrava el problema, se puede concluir que está en marcha una operación para legitimar la ocupación militar urbana, tal como se llevó a cabo en zonas rurales.

La hidra


Un paso atrás. Aunque en Colombia los jueces habían ganado conciencia sobre el sentido real de esta problemática y la manera de enfrenarla, ahora se vuelve sobre territorios ya recorridos. En efecto, en diciembre de 2009 el Congreso de la República –faltando aún una vuelta para su total aprobación– prohibió la tenencia de la dosis mínima, despenalizada por la Corte en 1994. Tal criminalización propiciará mayor represión, empezando por la estigmatización de los drogadictos, como delincuentes y no como enfermos, tal como se debieran considerar. Con esta nueva decisión, ya se verá, las cárceles no darán abasto y las bandas dedicadas al comercio al por menor ampliarán sus dominios y sus ganancias. Mayor control y más dinero circulando debajo de los ojos de la sociedad propiciarán, no es exagerado suponerlo, que la policía y otros cuerpos de control social se verán expuestos a la corrupción y permeados por la misma.

Mientras esto sucede en el interior del país, hacia fuera gana intensidad su discurso que propagandea un pretendido ‘éxito' de la guerra contra la droga. Pruebas: la permanente capturas de capos, la reducción del área cultivada, la supuesta disminución de la violencia con origen en los narcotraficantes. No se puede negar la primera afirmación, pero lo que sí se puede hacer es relativizar tal éxito, no sólo porque descansa en la operatividad cada vez menos oculta de diversas agencias de los Estados Unidos y otros países en el territorio nacional, sino también porque tales detenciones no significan el fin del negocio y únicamente implican la renovación de sus ‘gerentes'. Al considerar esta realidad, no hay que pasar por alto que la vida útil de un narco está calculada entre 5 y 6 años

Sobre el segundo aspecto, la violencia, el profesor Garay explica que Colombia, comparativamente con otros países que también sufren el narcotráfico, como México, está en un nivel más complejo que la simple corrupción. Habla de “la captura y reconfiguración del Estado”5. “El narcoparamilitarismo ha ido infiltrando y cooptando espacios del Estado en el nivel local, regional y ahora nacional. No se requiere que haya guerra porque ya entraron [sic] en una dinámica de pactos políticos y administrativos avanzados, e incluso con actores legales que ya no implican este grado de violencia. Pero esto no significa que no exista; al contrario, hay formas más avanzadas, con unas consecuencias más graves, en contra de la estructura y la configuración misma del Estado”. Es la penetración profunda del narcoparamilitarismo en las entrañas de las instituciones nacionales.

Por su parte, Francisco Thoumi6 explica que la industria de la droga exige la participación de campesinos, proveedores, vendedores, fiscales, abogados, así como el apoyo de redes y personas con funciones de integración, dominación y representación, a fin de lograr que su industria penetre y corrompa las instituciones. Pueden ser “políticos, policías, guerrilleros, miembros del Ejército, empleados banqueros, parientes leales o compañeros de infancia”.

Los ejemplos de connivencia entre narcotraficantes/paramilitares y políticos son flagrantes. En Colombia son incontables las evidencias. Por un lado, se patentiza con el financiamiento de las campañas electorales a la Presidencia y el Congreso de la República. En las últimas elecciones legislativas (marzo 2010), más de 80 candidatos al Senado estaban en curso investigativo por tener nexos con paras y narcos. Por su parte, las elecciones de 2002 y 2006 dejaron al descubierto el entramado de relaciones y de control regional urdido entre los dos niveles. Ya la campaña del 94 había mostrado tales alianzas. Pero mucho antes se habían conocido hechos como la financiación proveniente del cartel de Medellín. El control de importantes segmentos de la Policía por parte de los carteles, tanto en Cali como en Medellín, llegó a ser comidilla de las reuniones familiares.

Pero, por si quedaban dudas, un acontecimiento revelador de la vinculación entre la esfera pública y las redes del paramilitarismo y el narcotráfico fue la masacre llevada a cabo por un contingente del Ejército en marzo de 2004 contra la Policía, que perdió a 10 de sus efectivos en Jamundí (Valle de Cauca), masacre ordenada y pagada por el cartel del Norte.
    
Según Garay, la verdadera prueba de un real éxito de la actual política antinarcótica pudiera ser una sustancial reducción del ingreso de capital por venta de estupefacientes. Es muy difícil calcular el dinero que genera el comercio ilícito. Mientras el presidente Uribe Vélez afirma que el narcotráfico “hoy representa el 1 por ciento del PIB de nuestro país”7, los analistas lo estiman entre el 3 y el 5. Esta cifra demuestra que el narcotráfico se mantiene como una actividad muy poderosa, con graves consecuencias para el conjunto de la sociedad colombiana: intimidación, corrupción, captura y ‘reconfiguración' del Estado.

¿Legalización regulada en Colombia para combatir el narcotráfico?


Tres estrategias políticas se han experimentado para actuar frente al problema del narcotráfico en América Latina. La primera, plenamente vigente: una política de guerra frontal; la segunda, aplicada en México durante los gobiernos del PRI, consiste en aceptar un pacto de gobernabilidad tácito entre crimen organizado y esferas políticas. En términos comunes, “no nos hagamos daño mutuamente estableciendo una guerra explícita, porque es muy costoso para la sociedad, tanto en lo humano como en lo económico”. La última, que por ahora aparece como un planteamiento, propone una legalización administrada y controlada por el Estado. Suiza y Holanda ya la han puesto en práctica.

Como premisa de tal medida, los ex presidentes Cardoso, Zedillo y Gaviria pidieron un “cambio de paradigma” en el combate contra la droga y la legalización de la tenencia de marihuana para uso personal, la cual se pudiera entender como un primer ensayo para ampliarla a otras sustancias psicoactivas. Dos de las tres estrategias son para proscribir. La primera, porque ha demostrado que causa más daño que la droga misma. Definitivamente, Colombia y México no están en condiciones de avanzar en la lucha contra el narcotráfico, so pena de altos costos en vidas humanas y seguridad. Y la segunda, porque no es imaginable dejar fructificar conscientemente el narcotráfico vía acuerdos tácitos entre un Estado y el crimen organizado. Queda la tercera, expuesta antes, que tiene argumentos pero es un salto hacia lo desconocido.

De modo especulativo, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de la legalización regulada en Colombia? Ante todo, hay que tener en cuenta que este caso es particular y aislado por la intensidad de la intromisión de los actores ilegales en el aparato estatal. Según Ricardo Vargas, el nivel de infiltración es tan avanzado y los juegos de intereses tan fuertes, que nadie va a renunciar y dejarse quitar así de fácil una actividad tan generosa. Añade que su peso y sus efectos van más allá de la cooptación del Estado, y que su dominio se extiende a regalías en la tierra, la minería, el petróleo, en fin, a todo tipo de actividad lucrativa. “En el caso de Colombia, no hay que ponerle mucho optimismo a esa opción”, concluye.

Pero, pese a los análisis de los investigadores, hay que situarse en la realidad del país, en su guerra sin perspectivas de finalización; en la multiplicación de la población adicta, cada vez más marginada y excluida; en la narcopolítica, en la corrupción que cada vez penetra más instancias, etcétera, para obligarnos a considerar esta opción y la necesidad de luchar por ella.

En fin, se tratar de legalizar para reducir las ganancias de los grupos dedicados al comercio ilegal de estas sustancias, y por su conducto la capacidad de corromper y destruir. A menor ganancia, menor interés por mantenerse en el negocio. Aunque el efecto de esta política, en primera instancia, recaerá en los niveles bajos y pequeños de los traficantes, hay que intentarlo. De esto son conscientes quienes se acercan a la temática. Según Garay, “la legalización regulada no tendrá un efecto directo en el narcoparamilitarismo por el hecho de que los capos que ya estén enquistados y que han podido ir avanzado en su legitimación social van a seguir enquistándose, ya están en el establecimiento”.

Como propuesta para combatir a los más infiltrados, el economista sugiere que el trabajo se haga simultáneamente sobre los sectores que producen todos los incentivos para la corrupción sistemática, la captura y la reconfiguración del Estado: los sectores judicial, militar, policial, político, económico y social. “Habría que empezar por imponerles un verdadero castigo a los partidos y políticos vinculados al narcoparamilitarismo, pero, además, esto se tendría que impulsar desde la sociedad, mediante un pacto social, para cortarle raíz”.

Los narcotraficantes, los carteles de Colombia y México, controlan las rutas de Estados débiles, creando riesgos para la soberanía nacional y regional. Ahora, ya se encuentran en Costa Rica, Venezuela y Perú, y están llegando al África para entrar en el mercado europeo. La prohibición engendra el fenómeno del narcotráfico y su expansión. Su tratamiento es un asunto de seguridad nacional pero también internacional. El reto es básicamente uno: cambiar de paradigma para reducir su poder.

1    Según el Diccionario de Trevoux, 1752, pero todavía quedan dudas sobre la etimología exacta del término “drogas”.
2    Según el Informe mundial sobre drogas 2009, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
3    Ex embajador de Francia, Vicepresidente del Observatorio Geopolítico de las Criminalidades.
4    Vargas, Meza, Ricardo, El bazar de las cifras, Transnational Institute, Informe sobre las drogas, marzo de 2010.
5    De León-Beltrán Isaac, Garay Salamanca Luis Jorge, Guerrero Bernardo, Salcedo-Albarán Eduardo, La reconfiguración cooptada del Estado: Más allá de la concepción tradicional de captura económica del Estado.
6    Thoumi Francisco, El imperio de la droga, Editorial Planeta, p. 125, Colombia.
7    Discurso del presidente Uribe en el acto de instalación del Foro Económico Mundial para América Latina, Cartagena, 2010.
Publicado enEdición 157